“Se adiciona un último párrafo que establecerá que toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad, y el Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará el suministro de la energía eléctrica a través de una tarifa social justa”, señala la propuesta.

El vicecoordinador de esa bancada, Ricardo Mejía Berdeja, y el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, señalaron en rueda de prensa que es urgente terminar con el cobro excesivo por el servicio de tarifas eléctricas.

Con la propuesta de Movimiento Ciudadano, el gobierno deberá tener el 100 por ciento de la cobertura de energía eléctrica en el país, por ser un derecho humano, indicó Villanueva Albarrán.

Dijo que con una “tarifa social justa”, eliminando la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) y aplicando el costo kilowatt/hora como lo genera la industria termoeléctrica e hidroeléctrica, se garantizaría un decremento en el recibo de luz hasta en un 80 por ciento.

De acuerdo con datos de la Comisión Federal de Electricidad, sólo el 89 por ciento de la población cuenta con electricidad, es decir, de una población de 112 millones de habitantes, sólo reciben servicio 99 millones y quedan fuera 13 millones de personas.

El diputado federal dijo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene más de 200 mil quejas por las irregularidades en los recibos de luz, las cuales no han sido desahogadas.

El diputado Mejía Berdeja dijo que siguen a la espera de reunirse con el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Francios Rojas Gutiérrez, para que aclare cómo se hace el cobro de tarifas eléctricas para los usuarios.

México, DF.- El vicecoordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que la cifra de 53 mil 300 millones de mexicanos que viven en pobreza es resultado del fracaso del modelo económico del país.

“Es una vergüenza que pese al cúmulo de programas sociales, nuestro país lejos de disminuir (los pobres) en número absolutos, éstos siguen aumentando, casi la mitad de la población en México está en pobreza”, dijo en declaraciones a la prensa.

El diputado comentó el informe que presentó ayer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), respecto al incrementó de la pobreza en un punto porcentual de 2010 a 2012, al pasar de 52 millones 813 mil personas a 53 millones 349 mil personas.

Indicó que un dato alarmante del estudio es que hay 21.2 millones de jóvenes en esa situación, los que los convierte en “carne de cañón” para la delincuencia organizada.

Mejía Berdeja subrayó que mientras el país esté en esa situación de desigualdad social, no habrá estrategia policiaca que tenga efectos positivos.

México, DF.- - El presidente de la Comisión Especial de la Alimentación, Ricardo Cantú Garza (PT), pidió cambiar la política económica que se aplica en el país desde hace 30 años y afirmó que la eventual aprobación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos disparará el número de pobres.

Si el gobierno federal quiere reducir la pobreza debe abandonar la política económica de los últimos 30 años, situación que se verá reflejada en sus propuestas de reforma fiscal y energética, que se discutirán en los próximos meses, indicó en declaraciones a la prensa.

No es con más programas sociales ni con “obras caritativas de despensas” como se abatirá la pobreza en México, sino con una nueva política que impulse el crecimiento y que dé poder adquisitivo al salario de los trabajadores, agregó.

El diputado petista comentó el informe que presentó ayer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), respecto al incrementó de la pobreza en un punto porcentual, de 2010 a 2012, al pasar de 52 millones 813 mil personas a 53 millones 349 mil personas (unos 500 mil mexicanos más).

Cantú Garza señaló que esos datos del Coneval corresponden al sexenio anterior, pero la política económica de la actual administración “va en el mismo sentido”, por lo que no se esperan cambios significativos.

Rechazó la eventual aplicación del IVA a alimentos, en el marco de la reforma fiscal, y dijo que aprobarse “aumentará la pobreza, porque los sectores mas empobrecidos gastan un porcentaje alto en alimentación y si se encarecen en un 16 por ciento, su capacidad de adquirirlos disminuirá”.

Subrayó que aún cuando la eventual propuesta del Ejecutivo federal sea el de establecer una canasta básica exenta del gravamen, su fracción se opondrá a la medida y no aceptará que se afecte la economía de las clases más desprotegidas.

Aseguró que el IVA es un impuesto inequitativo porque pagan lo mismo ricos y pobres y se pronunció por “cobrar más (impuestos) a quienes más ganan”.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) establece que en “México tenemos un paraíso fiscal en los sectores del altos ingresos”, comentó.

Recordó que el IVA surgió en México en la década de los 80s y dijo que antes de esa medida el poder adquisitivo de las clases medias y bajas era mayor que la actual.

México, DF.- Diputados del PRD exigieron a las autoridades federales y estatales esclarecer el asesinato del activista de derechos humanos, Herón Sixto López, registrado este mes en Oaxaca, quien se destacó por defender a los pueblos indígenas mixtecas y triquis.

En un comunicado, se informó que el secretario de la comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Carlos de Jesús Alejandro (PRD), presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, que sesiona mañana miércoles en el Senado, para que se investigue y castigue ese crimen.

El llamado se realizará a la Secretaría de Gobernación y al gobernador de la entidad, Gabino Cué, además de invitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que investigue la probable comisión de actos ilícitos y omisiones por parte de autoridades de distintos órdenes de gobierno en este caso.

El pasado 15 de julio, varios desconocidos encapuchados sacaron por la fuerza de su oficina a Herón Sixto López, de 43 años de edad y abogado del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas (Coapi), se presentó una denuncia formal en el Ministerio Público de Juxtlahuaca,

Cinco días después, el 20 de julio, fue localizado su cuerpo sin vida en las montañas del municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca, con seis impactos de bala.

“Es claro que la manera en que fue ejecutado por sus captores fue un mensaje de escarmiento y una advertencia de terror para todos aquellos que defienden a campesinos indígenas pobres”, señaló el diputado perredista.

Dijo que desde hace meses era víctima de constantes amenazas a través de mensajes enviados directamente a su teléfono celular y con personas cercanas a él, hechos que fueron denunciados ante el Ministerio Público de Juxtlahuaca, sin que a la fecha se tengan resultados de la investigación.

De Jesús Alejandro aseguró que el activista daba asesoría y orientación jurídica en las comunidades más marginadas de la mixteca baja oaxaqueña para que los agentes municipales obtuvieran los recursos asignados por la federación.

También brindaba apoyo para la gestión de obras y asesoría legal a las personas en situación de violencia familiar.

El legislador del PRD indicó que el estado de Oaxaca sigue ocupando los primeros lugares en violencia contra los defensores de los derechos humanos, pues Sixto es el segundo activista asesinado en la región Mixteca en los últimos años.

Recordó que los asesinos de Alberta "Bety" Cariño “permanecen en la impunidad, gozando de libertad y muy probablemente cometiendo nuevos crímenes, pues ahora hay versiones de diferentes testigos que los relacionan con una reciente emboscada ocurrida en La Sábana, donde murió un niño de dos años”.

El punto de acuerdo que se presentará ante la Comisión Permanente también lo suscriben las diputadas y los diputados Miguel Alonso Raya, Víctor Reymundo Nájera Medina, Lizbeth Rosas Montero, Alfa González Magallanes y Margarita Elena Tapia Fonllem, del PRD.

Subrayó que la suplantación de identidad está considerada como uno de los ilícitos de más rápida expansión en los últimos años, pero el esfuerzo por detener esta conducta ha sido disperso y escaso.

Precisó que en el Código Penal Federal no está tipificada la suplantación de identidad, que se ha vuelto una práctica común a partir de la falsificación de documentos, apertura de cuentas y el incremento de la clonación de tarjetas de crédito.

Consideró que el desarrollo acelerado de las tecnologías ha permitido la reproducción, resguardo y transmisión de datos en medios digitales, lo que ha facilitado su sustracción a través de programas informáticos y que sean aprovechados y utilizados con fines delictivos.

El país, dijo, no cuenta con estadísticas para conocer la gravedad del problema y no se responsabilizan ni el Instituto Federal de Acceso a la información y Protección de Datos (IFAI), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (CONDUSEF).

En 2011, el monto reclamado por los usuarios ante la CONDUSEF por posibles fraudes con sus tarjetas de crédito y débito, transferencias electrónicas o cheques, ascendió a 476 millones de pesos, y se estima que los bancos anualmente reembolsan 800 millones de pesos por cargos no reconocidos por el cliente, mencionó el diputado.

Monreal Ávila resaltó que las consecuencias de la suplantación rebasan en muchos casos la pérdida económica del afectado, pues compromete su historia crediticia, prestigio y hasta su identidad social y es molestado por despachos de cobranza y acreedores que no toman en cuenta el fraude del que fue objeto.

El legislador sostuvo que actualmente se vive en una constante zozobra por el delito, ya que nadie tiene seguros sus bienes fundamentales, “y la única seguridad parece radicar en el combate efectivo de la criminalidad aplicando el derecho penal”.

Por ello, propuso adicionar el artículo 287 bis del Código Penal Federal para que se le imponga una pena de dos a seis años de prisión y de 500 a 700 días de salario mínimo a quien se apropie de manera ilícita de datos personales para suplantar la identidad de otra persona, con o sin su consentimiento, con el propósito de generar un daño patrimonial u obtener un lucro indebido para sí o para otro.

Además, dijo, se aumentaría en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior, a quien se valga de la homonimia, parecido físico, similitud o semejanza de la voz para cometer el delito.

México, DF.- La diputada Flor de María Pedraza Aguilera (PAN), presidenta del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), se pronunció por reducir la mortalidad materna por enfermedades hipertensivas.

Señaló que está pendiente la respuesta al exhorto hecho al Ejecutivo, al Consejo de Salubridad General y a los gobiernos de las entidades federativas y el Distrito Federal para que intensifiquen las acciones sobre la prestación de servicios y atención médica integral de esas enfermedades durante el embarazo, el parto y el puerperio o cuarentena.

En conferencia de prensa, Pedraza Aguilera remarcó que debe darse cumplimiento al plan de los Objetivos del Milenio (ONU) suscrito por gobierno mexicano para reducir la mortalidad por esta causa en el 2015.

Mencionó que promueve ante las Comisiones de Salud y Seguridad Social su iniciativa para que los servicios de salud presten atención expedita a las mujeres en edad gestacional que presenten una emergencia obstétrica, así como se apoye de manera gratuita las que se encuentran en situación de alta marginación.

En su participación, Jacqueline Tovar Casas, presidenta de la Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna AC, destacó que en el año 2000 México firmó, junto con 185 países, los ocho objetivos del Milenio. El quinto concierne a la mejora de la salud materna, a fin de reducir a 22 las muertes por cada 100 mil nacimientos.

Expuso que en México cada tres minutos una mujer muere a consecuencia de preclampsia, enfermedad hipertensiva que, además, es la primera causa de cesáreas, junto a otros factores como la eclampsia, las hemorragias y las infecciones obstétricas.

Refirió que el Fondo de Población de las Organización de las Naciones Unidas registra mil 207 muertes maternas al año, 80 por ciento de las cuales son prevenibles; los estados con mayor incidencia son Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

Los esfuerzos de la sociedad civil y los organismos públicos no han sido adecuados, en la creación de políticas públicas enfocadas en la prevención y atención disciplinaria de los médicos.

Jacqueline Tovar afirmó que es necesario realizar el tamiz genético prenatal en mujeres embarazadas y que se intensifiquen las medidas preventivas y la atención de enfermedades hipertensivas durante el embarazo, parto y puerperio, además de promover el Día Nacional de Salud Materna y Perinatal.

Guadalupe Ramírez Rojas, representante del Observatorio de Mortalidad Materna en México, dio a conocer los resultados sobre el seguimiento del Convenio de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica.

Dijo que el Convenio fue firmado en mayo de 2009 por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Salud, con el objetivo de brindar de manera expedita, inmediata y gratuita la atención a cualquier mujer que presente una emergencia obstétrica, sin importar su afiliación médica.

Mencionó que estos estudios arrojaron que las mujeres embarazadas no cuentan con información al respecto, al igual que las instituciones.

Por último Héctor Javier Sánchez Pérez, también del Observatorio de Mortalidad Materna en México, sostuvo que los resultados del Trabajo del Grupo de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas realizadas por este organismo permiten verificar la calidad de las instituciones médicas.

Sostuvo que a partir de estas evaluaciones se ha recomendado que la Secretaría de Salud impulse el fortalecimiento de las rectorías nacional o estatal orientadas en el proceso de planeación, aplicación y comprobación de los recursos en aéreas administrativas y de atención médica.