Ciudad de México.- La Cámara de Senadores expresó su rechazo a las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América, relativas a la posible designación de organizaciones criminales mexicanas como terroristas.

En un pronunciamiento al que dio lectura la presienta de la Mesa Directica, Mónica Fernández Balboa, el Senado de la República también rechazó cualquier intento de intervención por parte de otros Estados y ratificó su postura irrestricta por la defensa de la soberanía y la unidad nacional.

Los senadores respaldaron las gestiones del Ejecutivo Federal para defender la vía del diálogo y la cooperación como mecanismos para cumplir con las responsabilidades compartidas y que permitan a México y a la Unión Americana hacer frente a los asuntos comunes que afectan a la región.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que el Senado se pronuncia sobre las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos dispone:

PRIMERO. El Senado de la República expresa su rechazo a las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América relativas a la posible designación de organizaciones criminales mexicanas como terroristas.

SEGUNDO. El Senado de la República ratifica su postura de irrestricta defensa de la soberanía y la unidad nacional y rechaza cualquier intento de intervención por parte de otro Estado.

Asimismo, reitera que la aplicación coactiva de la ley en nuestro territorio y, en particular, la persecución de los delitos cometidos en México compete exclusivamente a las autoridades nacionales, sin perjuicio de la cooperación con otro Estado, en los términos del derecho internacional, sin que ello implique ningún tipo de intervención extranjera. Tal cooperación, empero, jamás implicará que gobiernos extranjeros asuman atribuciones que sólo corresponden al Gobierno de México.

TERCERO. El Senado de la República asume que, en todo momento, el Gobierno de la República honrará y defenderá los principios de política exterior consagrados en nuestra Constitución y que han dado identidad y dignidad al pueblo de México: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

CUARTO. El Senado de la República manifiesta su pleno respaldo a las gestiones del Ejecutivo Federal a fin de defender la vía del diálogo y la cooperación como mecanismos que permitan a México y a los Estados Unidos de América hacer frente a los asuntos comunes que afectan a la región, particularmente el tráfico de armas, el crimen organizado trasnacional y sus operaciones financieras, así como cumplir con las responsabilidades compartidas.

Ciudad de México.- El Senado llamó a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con los estados, actualice las bases de datos del personal de cada centro de educativo y dé seguimiento a los trabajadores no identificados, a fin de eliminar los casos que involucran pagos con el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) a personas no asociadas.

En el dictamen aprobado se explica que el FONE es el fondo mediante el cual la Federación cubre el pago de nóminas correspondientes al personal que ocupa las plazas transferidas a las entidades federativas y que realizan funciones destinadas a educación básica y normal. 

Menciona que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el informe especial “Pase de Lista del FONE 2017”, donde señala que del total de plazas, 808 mil 483 corresponde a docentes; 226 mil 428 a personal administrativo, 73 mil 628 a directivos y 14 mil 650 a supervisores.

La ASF notificó que ocho de cada 10 trabajadores marcaron asistencia en su Centro de Trabajo, lo que significa una ausencia de 173 mil 776 personas. “Tomando en cuenta ese criterio, sólo nueve de las 32 entidades federativas acreditaron más del 90 por ciento de personal identificado en actividades en su centro de trabajo”, se agrega.

Precisa que de los 173 mil 776 casos de personal con inasistencia, la principal justificación estuvo ligada al cambio de adscripción con 85 mil 782, es decir, casi el 50 por ciento.

Aunado a ello, la ASF detectó un aumento en el uso de recursos en rubros, como el pago a trabajadores con incompatibilidad geográfica.

También se menciona que hubo un aumento de 0.7 por ciento en la cantidad de centros de trabajo, cuyo personal es pagado con recursos de este fondo de aportaciones, además se observa una mayor existencia de centros de trabajo en zonas urbanas que en rurales.

La auditoría demostró que los estados que concentran el mayor número de plazas son: la Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, Jalisco, Guerrero, Puebla, Guanajuato y Tamaulipas, tal como se muestra a continuación

Ante esta situación, las y los senadores consideraron indispensable que las instancias de educación de los estados instauren mecanismos que permitan eliminar estas prácticas que dificultan la excelencia educativa y afectan los recursos públicos.

Se debe poner especial atención a los pagos de personal con incompatibilidad geográfica y al que está dado de baja. También es menester actualizar las bases de datos de los empleados en cada centro educativo y dar seguimiento al personal no identificado, ya que a través de esta información las autoridades podrán fiscalizar el ejercicio del gasto e identificar posibles irregularidades, precisaron.

Ciudad de México.- El Pleno del Senado exhortó al Ejecutivo Federal a que garantice y promueva los derechos fundamentales de consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas de las entidades federativas de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, en el proyecto denominado: "Tren Maya", tomando en consideración los estándares que, en materia de consulta, existen en el ámbito nacional e internacional.

El dictamen señala que existe evidencia de que 42 municipios se verán afectados por la construcción del proyecto denominado "Tren Maya", de los cuales la cuarta parte es indígena y pertenecientes a unos 50 pueblos.

 Estos municipios, detalla, tienen grados de marginación alta y muy alta, lo cual se manifiesta en que la población en pobreza es el 52 por ciento en Tabasco, 70 en Chiapas, 51 en Campeche, 35 en Quintana Roo, y 51 en Yucatán. En este último, revela, se han construido desarrollos turísticos, carreteras, centros de diversión y ciudades, sin que hasta le fecha se les pida su opinión sobre si están o no de acuerdo.

El texto indica que se debe consultar a las comunidades indígenas, pues tienen derecho al consentimiento libre, previo e informado sobre un proyecto gubernamental que afectará su vida, su cultura y sus territorios; así como de que se les informe sobre los beneficios de esta obra y los daños que, en su caso, les pudieran ocasionar y como serán compensados.

En este sentido, considera fundamental que se dé a conocer a dichas comunidades el procedimiento para realizar la obra, brindar la información lo más completa posible, convocar a las autoridades e instituciones representativas de los indígenas, los tiempos y etapas de esta consulta, en observancia de lo señalado en la legislación ambiental y los ordenamientos ecológicos vigentes.

Al hablar a favor del dictamen, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN, celebró la decisión que tomó el titular del Ejecutivo para consultar a dichas comunidades. Además, dijo que el exhorto es pertinente, pues mañana inicia la consulta en Palenque, Chiapas.

La legisladora pidió escuchar a los pueblos indígenas, y solicitó a las y los senadores participar de cerca en la consulta, pues será determinante en la decisión que tomen estas comunidades.

Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, (CONAVIM), informe cómo se atiende y previene la violencia en contra de las mujeres, particularmente, a las indígenas y afromexicanas. 

En la exposición de motivos, la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, señala que, de acuerdo a cifras reveladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH), durante el primer mes de este año, ocurrieron en promedio nueve asesinatos de mujeres al día. En contraste, las cifras de los años 2015 y 2016 registraron siete feminicidios diariamente.

La CONAVIM expone que la violencia en contra de las mujeres indígenas, ocurre entre múltiples estructuras de opresión y potencializa las desventajas, las exclusiones y desigualdades entre las féminas indígenas.

En el documento, se detalló que entre la población indígena aún prevalecen prejuicios hacia la cultura de la denuncia. Hay un mínimo registro de quejas, debido a que las indígenas desconocen sus derechos y los procedimientos para denunciar. Además que se acostumbran a la violencia y terminan por observarla como algo normal. Otro factor que incide negativamente, es que se les niega la atención, y por ser monolingües, no tienen acceso a un traductor.

 Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, el 45 por ciento de víctimas de trata, son niñas indígenas que son engatusadas por el crimen organizado para ser explotadas, violadas o vendidas.

Debido a todo lo anterior, el Senado de la República hace un llamado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para que le envíe un informe de esta situación en un plazo de 30 días.

Ciudad de México.- El Senado de la República solicitó al Director General del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Cuauhtémoc Sánchez Osio, emitir un informe sobre el recorte de personal llevado a cabo desde mayo de este año, y que en algunos casos contaban hasta con 30 años de antigüedad.

 Además, piden que se considere la reincorporación de los servidores públicos que se han visto perjudicados por esta decisión, en la medida de su capacidad presupuestaria.

Dichos despido han sido efectuados por vías no legales, tales como las llamadas telefónicas y mensajes de texto, lo que generó incertidumbre jurídica a los trabajadores, ya que están regidos por el artículo 123 de la Constitución.

Algunos de los estados afectados son: Estado de Chiapas, Campeche, Coahuila, Jalisco, Guerrero, Puebla, Nuevo León, Morelos, Yucatán, Veracruz, Nayarit, Tabasco, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Baja California, Colima, Durango, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Hidalgo, Aguascalientes, Quintana Roo, Estado de México, Oaxaca y las Oficinas Centrales de la Ciudad de México.

La afectación recayó en las tareas de levantamiento de datos de matrícula y calificaciones, difusión de campañas en las comunidades, capacitación de instructores y asesoría pedagógica, lo que perjudica la calidad de la educación impartida a niños, niñas y jóvenes.

Ciudad de México.- Diputados del PAN exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador informar sobre los recursos públicos utilizados para brindar asilo político al ex mandatario de Bolivia, Evo Morales Ayma, y respetar el principio de no intervención en la soberanía de esa nación.

Asimismo, acusaron al ex presidente boliviano de realizar proselitismo político desde México, que polariza a la población de ese país, por lo que pidieron que se le cierren los recursos y espacios públicos.

En conferencia de prensa, informaron que con este objetivo presentarán en los próximos días un punto de acuerdo, en el que solicitarán que se realice una investigación sobre los recursos públicos destinados para la protección del boliviano y descartar que haya un desvío de dinero.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas llamó al titular del Ejecutivo federal a cumplir los tratados internacionales que están al mismo nivel que la Constitución y no intervenir en la soberanía de Bolivia que, dijo, vive violaciones continuas a sus derechos humanos e informe sobre los recursos públicos suministrados para que Evo Morales tenga cabida en México.

“Es una pena que el gobierno de México haya decidido manifestarse en contra del pueblo de Bolivia y permita que desde esta nación se hagan manifestaciones continúas llamando a la polarización en este pueblo hermano de Latinoamérica. Tendrá que darnos cuentas del operativo para darle asilo político a un dictador”, apuntó.

Subrayó la importancia de que se restaure el Estado de derecho, el orden democrático, y no sigan las violaciones de derechos humanos de ciudadanos de Bolivia

“Quien viola la Constitución, las leyes, no merece tener un espacio en ningún tipo de función pública y hoy Evo Morales debería estar siendo procesado por los delitos que ha realizado en contra del pueblo de Bolivia y lo mismo exigimos para nuestro país hermano de Venezuela, que está sufriendo”, aseveró.

La diputada Sarai Núñez Cerón sostuvo que la salida de Evo Morales de la presidencia de Bolivia no fue un golpe de Estado, sino la reacción de un pueblo que libremente se opuso a un gobierno empecinado en conservar el poder a toda costa, que conscientemente ignoraba el hartazgo de sus ciudadanos.

Condenó la violencia en Bolivia e hizo votos por que regrese la paz, la seguridad, la estabilidad y el Estado de derecho a ese país, y se respeten las decisiones que los ciudadanos bolivianos han tomado.

“Lamentamos que el gobierno de López Obrador y Morena ignoren al pueblo boliviano que hoy repudia la reelección de Evo Morales. Es cierto, México tiene una tradición histórica de recibir asilados políticos, pero a quien se recibía era a los perseguidos de los regímenes autoritarios, hoy López Obrador está asilando al propio dictador en persona”, enfatizó.

El diputado Carlos Castaños Valenzuela, integrante del Grupo de Amistad México-Bolivia, acusó al gobierno federal y a Morena de “solapar y proteger a un tirano que ha oprimido a su pueblo”, lo que, resaltó, es “inconcebible”.

“Morena como gobierno ha invertido recursos públicos en traer al tirano a México, en protegerlo, en pagar todo aquello que se le ha antojado al tirano e incluso le han ofrecido eventos hasta en este Congreso, aplaudiendo todas sus determinaciones contrarias a la libertad hacia los bolivianos. Todo esto lo repudiamos en el PAN”, indicó.

Cuestionados sobre si su bancada pretende exigir la expulsión de Evo Morales del país, los diputados panistas señalaron que analizarán qué instrumentos jurídicos son procedentes en este caso.