Es un grave error intentar legislar por protagonismo o capricho: PRI

Sentenció que el Artículo séptimo transitorio es contundente en materia de Anticorrupción que establece que los Sistemas de Anticorrupción de las Entidades Federativas deberán conformarse de acuerdo con las leyes generales que resulten aplicables, las constituciones estatales y las leyes locales.

Recordó que la LXI Legislatura no está en condiciones constitucionales para legislar en materia de anticorrupción sin antes establecerse las leyes generales que dictará el Congreso de la Unión, antes del 27 de Mayo del próximo año, y de ahí, se cuenten 180 días posteriores para que los congresos estatales hagan las adecuaciones normativas correspondientes a sus leyes locales, como lo indican los artículos transitorios en el tema.

Detalló que estos artículos transitorios no pueden entenderse aislados uno del otro, es necesario realizar una interpretación gramatical, sistemática y funcional, los cuales son de carácter obligatorio porque así lo ha establecido el máximo tribunal del país que expresa que los artículos transitorios forman parte del ordenamiento jurídico y su observancia es obligatoria.

“Como legisladores debemos tener mucho cuidado en la interpretación del análisis legislativo, de no ser así, caeríamos en un grave error en la hermenéutica jurídica”, recalcó

Sosa Marrufo insistió que es necesario fijar una postura definitiva de la exigencia sin fundamento por parte de la Fracción Parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado sobre la iniciativa para legislar en materia de anticorrupción.

Recalcó que la Fracción Parlamentaria del PRI se realiza este análisis con toda la objetividad, responsabilidad y seriedad que el caso amerita porque la corrupción es un problema que le corresponde a todos los ciudadanos.

Aclaró que existen precedentes jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indican que el Congreso del Estado va en el camino correcto en el trabajo legislativo en el tema que se atiende, es decir, se necesita en primera instancia el surgimiento de las directrices normativas que le otorgará a los estados las leyes generales, como lo estable las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Federales.

“El hecho de que el Congreso de la Unión no haya modificado la legislación que regula la materia no actualiza una omisión legislativa ni afecta la seguridad jurídica de los gobernados”, precisó.

En referencia a la acusación de contar con la iniciativa antes de iniciar su proceso legislativo, el diputado Sosa Marrufo recordó  que fue la misma diputada de Acción Nacional quien la presentó en tribuna del Salón del Pleno de la LXI Legislatura ante todos los legisladores el pasado 17 de Noviembre del año en curso.