- Piden excepciones a normas que lo permiten
Por: Anayeli García Martínez
Ciudad de México (Cimacnoticias) En México, una forma de
proteger los derechos de las niñas es la disposición de contraer matrimonio a partir
de los 18 años de edad, sin embargo, organizaciones civiles pidieron al Comité
de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) reconocer que
deben existir excepciones a esta norma.
Este fue un debate que se desató, y no se profundizó,
durante el 70 periodo de sesiones del Comité CEDAW, que se realizó en la sede
de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, del 2 al 20 de julio, donde algunas
organizaciones civiles abogaron por mantener excepciones a la edad para
contraer matrimonio mientras que otras aseguraron que esto violaría los
derechos de niñas y adolescentes.
Si bien el tema no fue el foco de la evaluación del Noveno
informe periódico de México, que se realizó el viernes 6 de julio, en reuniones
a puerta cerrada las expertas preguntaron sobre éste, a lo cual respondieron la
maestra en Estudios de Género por El Colegio de México, Cynthia Galicia Mendoza
y la abogada e integrante del Grupo de Información en Reproducción Elegida
(GIRE), Rebeca Lorea. Ambas con perspectivas distintas.
En el informe que el Estado mexicano presentó ante el
organismo internacional se explica que la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, vigente desde 2014, estipula la obligación de establecer
18 años como edad mínima para contraer matrimonio. Además, actualmente 29
entidades federativas han armonizado sus legislaciones, sin ningún tipo de
dispensa a esta norma.
Actualmente, según informó la secretaria ejecutiva del Instituto
Nacional de las Mujeres, Marcela Eternod a las expertas, sólo Baja California,
Querétaro y Sonora mantienen dispensas a esta disposición.
En este contexto las organizaciones GIRE, Fundación Mexicana
para la Planeación Familiar, Internacional Planned Parenthood Federation
Western Hemisphere Region y Data Cívica presentaron un informe alterno donde
expusieron que la prohibición absoluta del matrimonio adolescente no aborda los
problemas que se buscan resolver y coloca a esta población en una situación
peor que si les permitiera casarse.
Para estas agrupaciones, según la información pública que
presentaron, si bien es positivo que los Códigos Civiles estatales establezcan
los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, la posibilidad de excepciones
debe ser reconocida y mantenida (en los estados donde todavía se consideran),
con el fin de garantizar los derechos de las adolescentes.
Las organizaciones a favor de las dispensas consideran que
el sistema “prohibicionista” se basa en argumentos falaces como el que las
mujeres jóvenes se casan con hombres mucho mayores, lo que constituye una forma
de violencia que debe ser evitada; que estos matrimonios causan aumentos
significativos en las tasas de deserción escolar y que existe una relación entre
el matrimonio y las tasas crecientes de embarazo adolescente.
Estas agrupaciones sostienen que el matrimonio entre menores
de edad en México es un fenómeno poco común que disminuye cada año, y las
diferencias de edad entre los cónyuges cuando uno de ellos es menor de edad no
son tan grandes. En 2015, por ejemplo, aseguraron que las mujeres menores de
edad que se casaron, en su mayoría tenían 17 años y se unieron con hombres de
20 años.
En segundo lugar, señalaron que no hay relación entre el
embarazo adolescente y las tasas de deserción escolar porque en México la
principal causa de abandonar la escuela es la falta de recursos económicos.
También expusieron que restringir el matrimonio ignora la autonomía progresiva
y obstaculiza el acceso derechos como seguridad social, inmigración y asuntos
relacionados con impuestos, entre otros.
Cabe decir que desde 2016 existe una Acción de
Inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (22/2016),
recurso interpuesto por la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes,
quien impugnó la reforma que aumentó la edad para casarse por considerar que en
ciertos casos, sin mencionar cuáles, se deben permitir las uniones entre
adolescentes de 16 a 18 años de edad.
Por su parte, la Catedra Unesco de Derechos Humanos de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó un informe al Comité
CEDAW donde expuso que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) en 2015 se registraron 400 mil 954 personas entre los 12 y 17
años en alguna situación conyugal: casada, unión libre, divorciada, viuda,
etcétera, 81 por ciento eran niñas y mujeres adolescentes y 19 por ciento niños
y hombres adolescentes.
A decir de esta agrupación, las niñas y adolescentes no se
casan con sus pares sino con hombres mayores y además aún se autorizan
matrimonios de menores de edad ya sea por desconocimiento de las leyes, por
corrupción o por la costumbre y por conceptos discriminatorios contra las
mujeres.
Al mantener las dispensas, expuso la Cátedra en su
documento, se deja sin protección a las niñas de cualquier edad para ser forzadas
a contraer matrimonio e incluso, para esta organización, estas uniones sí se
encuentran directamente relacionadas con el embarazo adolescente, la violencia
sexual y el embarazo a edades tempranas.
Con estas consideraciones, esta organización pidió al Comité
de expertas recomendar que se eliminen las dispensas o cualquier previsión
legal en las entidades federativas que permiten contraer matrimonio entre y con
niñas, niños y adolescentes y fortalecer las leyes que castigan los abusos
sexuales, entre otras medidas.
Durante la evaluación del 6 de julio, la experta de Mauricio
e integrante del Comité CEDAW, Aruna Devi Narain, preguntó a la comitiva
mexicana cómo estaban las normas sobre matrimonio y qué hacia México para
cambiar la cultura del matrimonio infantil y evitar que las niñas fueran
forzadas a casarse con su secuestrador o violador.
A esta interrogante respondió la coordinadora de Operación
del Secretariado del Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Claudia Alonso Pesado,
quien dijo que las tres entidades que aún mantienen dispensas tuvieron
elecciones locales en este año por lo que esperan que con los nuevos cambios se
reinicien las gestiones de armonización legislativa.
Por su parte la ministra Margarita Luna Ramos, dijo que en
breve habría una resolución sobre la Acción de Inconstitucionalidad y el debate
de excepciones a la norma que estableció la Ley General que protege a la niñez.
En este contexto, en las Observaciones finales del Noveno
informe periódico de México, las expertas dijeron que preocupa la
implementación efectiva de esta disposición sobre edad mínima para casarse a
nivel estatal y los informes sobre casos de matrimonio forzado, particularmente
en comunidades indígenas.
Por ello el Comité recomendó al Estado garantizar que la
edad mínima para contraer matrimonio, de 18 años para niñas y niños, se refleje
en las leyes de todos los estados y se aplique efectivamente en todo el país y
que se realicen campañas integrales de sensibilización para desafiar las
actitudes culturales que legitiman el matrimonio precoz. Asimismo pidieron
mecanismos para registrar todos los matrimonios, especialmente en las zonas
rurales, remotas e indígenas. 18/AGM/LGL
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