En un comunicado, la también secretaria de la Comisión de Igualdad de Género reconoció que garantizar la interrupción del embarazo es un pendiente legislativo que se debe resarcir y que ha sido postergado por muchos años.

En la LXIV legislatura dijo, varias diputadas y algunos diputados también han hecho propuestas para garantizar este derecho, “pero nos seguimos topando con grupos de personas fanatizadas en dogmatismos que nos niegan derechos y nos siguen condenando no sólo a la criminalización sino a la muerte”.

En tribuna, durante las efemérides, destacó que la Constitución Política garantiza que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”, sin embargo, limita el derecho a la salud de las mujeres al no considerar la interrupción del embarazo como un asunto de salud pública.

La por el estado de San Luis Potosí y feminista detalló que en la presente legislatura ha presentado cuatro veces y retirado en tres ocasiones una iniciativa que reforma el artículo 4, para garantizar a las mujeres el derecho a abortar, a decidir sobre su cuerpo.

“También presenté una iniciativa para reformar el artículo 73 de la constitución para que esta Cámara de Diputados modifique y derogue en el Código Penal Federal lo conducente para garantizar los derechos de las mujeres que también mandatan las recomendaciones internacionales entre lo que se encuentra la despenalización del aborto”.

Recordó que en abril de 2007 en la Ciudad de México aprobó la despenalización y comenzó a ofrecer el servicio en hospitales públicos e instituciones de salud.

“Esto fue posible gracias al impulso de los grupos feministas y al gobierno del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el entonces Distrito Federal”. Y agregó que el 28 de septiembre del año pasado el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó la despenalización del aborto, convirtiéndose en la segunda entidad donde se permite esta práctica.

• Acusan al Presidente López Obrador de buscar manejar según su parecer 70 mil millones de pesos
• La desaparición de los fideicomisos replanteará un paso más en la escalada destructiva de nuestras instituciones y continuaremos con el despilfarro de los ahorros que había realizado la sociedad en los últimos años: Ortega

Ciudad de México.- Por considerar que se trató de un procedimiento irregular y un albazo, el Grupo Parlamentario del PRD, junto a sus pares de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Revolucionario Institucional, así como el legislador sin partido, Carlos Morales, abandonaron la reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde se discutió el dictamen para desaparecer 109 fideicomisos y fondos públicos equivalentes a casi 70 mil millones de pesos que el Presidente López Obrador busca manejar según su parecer.

En un comunicado, con la representación del PRD, el diputado Antonio Ortega Martínez acusó que “la desaparición de los fideicomisos replanteará un paso más en la escalada destructiva de nuestras instituciones y continuaremos con el despilfarro de los ahorros que había realizado la sociedad en los últimos años”.

“Los costos de la pésima política de desarrollo económico y gestión de las finanzas públicas-advirtió- se quieren cargar a instituciones que no tienen ninguna culpa de no ser parte de las prioridades del Ejecutivo federal”.

En este marco, Ortega acusó al Presidente y al secretario de Hacienda, Arturo Herrera de no hablar claro. “Ellos saben, desde el segundo trimestre que se cayeron los montos de recaudación. Saben que este desplome se consolidará en los informes del tercero y cuarto trimestres; que no se alcanzarán los montos establecidos en la Ley de Ingresos y, mucho menos, se podrá atender el presupuesto” determinado para este 2020.

Advirtió, incluso, a Morena y sus aliados que, debido a este error que pretenden consumar, “nos vamos a volver a reunir a mediados de año para reconocer que, de nueva cuenta, las estimaciones de ingreso y presupuesto no se van a cumplir; pero para entonces ya no habrá fondos de estabilización. No habrá guardaditos para atender las urgencias. ¿Y de dónde vamos a poder solventar las exigencias?”

Está claro -dijo- que no hay ninguna demanda de corrupción en ningún fideicomiso de todos los que existen en este momento. El INAI, que es la institución obligada a recibir los referencias del Estado, de la administración de los fideicomisos para cualquier duda, aclaración ¿cuántas solicitudes de información ha respondido en el último año? ¡12 mil 532 solicitudes, y se han respondido 12 mil 499! ¡El 98 por ciento! ¿Dónde está la opacidad? ¿Dónde está la corrupción?

¿Dónde está esta insistencia de que son “figuras que ocultaban, que eran “expresiones de corrupción y que mejor este recurso debe dedicarse a la crisis sanitaria”?

“La pregunta que también se hace: ¿Dónde está establecido que estos recursos van a ir a atender el problema sanitario? La iniciativa no prevé ningún lineamiento ni reglamento para el uso del dinero, ni mucho menos para su rendición de cuentas”.

“No se engañen. Hay una bolsa para ser manejada de manera discrecional. Sólo el Presidente sabe cómo hará uso de esos 70 mil millones de pesos. Serán manejados, sin duda, con mayor opacidad, mayor discrecionalidad, mayor arbitrariedad de lo que acusan a los fideicomisos”, remató.