- Se impedirá la discrecionalidad o cualquier consideración que privilegie la forma de acceder a las plazas o permanecer en las mismas: Ortiz González
En el nuevo
ordenamiento, aprobado en lo general, se describen los derechos y obligaciones
de profesores y directivos, así como los criterios, términos y condiciones para
su desarrollo profesional.
Con ello,
se busca asegurar un nivel suficiente de desempeño de quienes realizan
funciones de docencia, dirección y supervisión, además de garantizar la
formación, capacitación y actualización continua del personal mediante
políticas, programas y acciones específicos.
Al
presentar el dictamen, el senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la
Comisión de Educación, aseguró que esta Ley pretende armonizar el derecho
superior a una enseñanza de calidad y, al mismo tiempo, el respeto irrestricto
a los derechos laborales constitucionales.
Puntualizó
que estas modificaciones sólo son preliminares y se necesitará una segunda
generación de reformas que incluyan la revisión del modelo educativo, la
educación normal, el régimen de competencias y financiamiento.
“Hay voces
que señalan que no ha habido un proceso exhaustivo, lamento no coincidir, ya
que, se ha escuchado absolutamente a todos los actores, al magisterio en sus
diferentes corrientes, a los legisladores locales, federales, especialistas y
sociedad civil”, finalizó.
A nombre de
la Comisión de Estudios Legislativos, la senadora Graciela Ortiz González dijo
que el nuevo ordenamiento impedirá prácticas que han sido “perniciosas, que han
lastimado a la sociedad y que han lastimado a los maestros”.
Subrayó que
se impedirá la discrecionalidad o cualquier consideración que privilegie la
forma de acceder a las plazas o permanecer en las mismas por parte de los
maestros en el país.
Indicó que
las promociones y estímulos económicos, estarán sujetas a evaluaciones de
desempeño académico, con lo que “estaremos garantizando la calidad en la
educación, que es el anhelo de toda sociedad que aspira a tener mejores
condiciones de vida”.
Al dar a
conocer el posicionamiento del PRI, el senador Daniel Amador Gaxiola afirmó que
“esta nueva legislación no representa un atentado en contra de los derechos
laborales de los docentes, todo lo contrario, es un marco jurídico que obligará
al Estado mexicano a brindar a los maestros todo el apoyo para su superación
profesional y elevar su calidad de vida”.
Enfatizó
que en el Congreso de la Unión “seguiremos escuchando todas las voces,
dialogaremos con los maestros, pero bajo ninguna circunstancia podemos
claudicar en nuestro compromiso de mejorar la calidad de la educación”, por lo
que no hay marcha atrás en la transformación y democratización del sistema
educativo nacional.
Para
garantizar que la enseñanza se convierta en una verdadera palanca del
desarrollo, dijo, es fundamental elevar las exigencias para ejercer la función
docente en las escuelas del nivel básico y medio superior, “éste es el
verdadero espíritu de la Ley”.
Por Acción
Nacional, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa hizo un reconocimiento al
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pues “ha ido
reconociendo su responsabilidad y que no es su patrimonio la educación”.
De igual
manera, reconoció “a los cientos de miles de maestros que siguen en sus
escuelas y que laboran, que estudian, que utilizan el fin de semana para ir a
cursos y mejorar sus competencias, que ponen parte de sus sueldos para
acompañar a sus niños a los museos”.
No queremos
--manifestó-- decir que todos los profesores son la CNTE, que nos han puesto de
rehenes, no queremos perder la dignidad del Senado porque no podemos legislar
bajo la presión de quienes nos cierran las puertas, de los que violentan al
paso.
En su
turno, el senador perredista Raúl Morón Orozco aseguró que esta ley atenta
contra las conquistas laborales de los maestros y genera inestabilidad del
trabajo “porque todos los que ingresan al servicio estarán sujetos a un nuevo
estatuto laboral”
“Es
--agregó-- una ley de excepción laboral que trastoca derechos constitucionales
y adquiridos, así como el papel del sindicato”.
Lamentó que
un tema trascendental como este se haya discutido en tan sólo 25 minutos en las
comisiones dictaminadoras, por lo que pidió garantizar la dignidad del Senado
de la República y no subordinarlo a “apetitos autoritarios como en el pasado”.
A su vez,
el senador Gerardo Flores Ramírez, del PVEM, reconoció que “no se asumieron
compromisos específicos con los maestros de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE)”, pero hubo “la voluntad para escuchar sus
planteamientos en la mesa de diálogo que sostuvimos con ellos”.
Sin
embargo, consideró que los diálogos que se realizaron en días pasados con
profesores de la CNTE se ven reflejados en temas que “sin duda representan
beneficios para los maestros, como el respeto a sus derechos laborales”.
Dejó en
claro que no se aceptará que los “enormes avances y beneficios” que están en
discusión en el Congreso “se vean frenados por minorías que se oponen a tales
cambios y, mucho menos, cuando en contraparte se vulnera el derecho a la
educación de la calidad de los mexicanos”.
La senadora
Mónica Arriola Gordillo, de Nueva Alianza, expresó que “orientar nuestra
apuesta nacional únicamente a la evaluación sería una equivocación histórica
injustificable que provocaría la regresión del sistema educativo sacrificando
años de lucha social”.
Dijo que
aunque es innegable el desempeño del docente como el factor más relevante en el
proceso de aprendizaje, hacerlo responsable de la crisis estructural por la que
atraviesa el sector “constituye una posición simplista y limitada ante un
fenómeno mucho más complejo”.
Coincidió
en que éste es un tema prioritario, pero se ha reducido a colocar a la
evaluación como el factor determinante para alcanzar la calidad” y el debate se
basa en la necesidad de examinar a los maestros como si esto solucionara la
crisis que se enfrenta.
Por su
parte, el senador del PT, Manuel Bartlett Díaz, expresó que ésta es una reforma
laboral sancionadora que parte de la idea de recuperar la educación, “la cual
ha estado abandonada por el propio gobierno”.
Refirió que
la aprobación de estas leyes se dio bajo procesos que no legitiman la norma y
“no podemos seguir con este manejo porque
estamos desvirtuando al Senado de la República”.
Señaló que
se está acabando con el sistema democrático, cayendo en un sistema de poder que
está en los medios de comunicación “que manipulan a la población y nos vamos a
arrepentir”.
En opinión
de la senadora Layda Sansores San Román, de Movimiento Ciudadano, las protestas
de la CNTE “son sólo la punta de iceberg del descontento, inconformidad y
frustración que hay en las filas del magisterio”.
Reconoció
que “a México le urge una reforma educativa de gran calado”, pero sin la
descentralización, si no se democratiza la vida sindical, si no aporta más recursos
el Gobierno y no hay programas de infraestructura que acaben con el 40 por
ciento de aulas en estado deplorable no se cumplirá con este objetivo.
Reducir la
reforma al ámbito laboral docente, afirmó, “es un engaño”, pero si se persiste
en la evaluación como el eje de ésta, también se requiere examinar a todos los
que pertenecen al sistema, incluyendo al titular de la SEP.
Luego de su
aprobación en lo general, los senadores dieron paso a la discusión de los
artículos reservados por el PAN, PRD y PT.
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