- Aparecen errores en el trabajo del Catastro Municipal que afectan los derechos y garantías de familias en Tixcuytún.
Mérida, Yucatán.- Un caso de límites de propiedad entre dos
particulares en la comisaría de Tixcuytún, exhibió presuntas y graves
irregularidades en la base de datos de la Dirección de Catastro Municipal, que
no hizo valer documentos expedidos por el propio titular Heide Zetina Rodríguez
y trajo como consecuencia la violación de los derechos humanos de dos personas
de la tercera edad, con discapacidad visual, y quedaron encerradas en el predio
que habitan.
La privación de la libertad del matrimonio conformado por
Jorge Góngora y Carmen Brito, de 67 y 71 años de edad, respectivamente, que se
dio la noche de este lunes pasado, generó la molestia e indignación de la
población de esa comunidad porque conocen que los afectados son personas
discapacitadas de la vista.
Como respuesta a este hecho, habitantes de la comisaría, que
se dijeron indignados, se reunieron y bloquearon la calle 22 la mañana de este
martes para exigir la presencia del alcalde Renán Barrera Concha y resolver el
atropello a los derechos humanos del matrimonio.
El acto, catalogado de inhumano por pobladores de la
comisaría, se inició cuando la señora María Concepción Canto Riegos mandó
cerrar sin ningún permiso la tarde de este lunes, su predio que se ubica en la
calle 20 por 15.
La cerca de púas llegó hasta el límite del terreno,
invadiendo la prolongación de la calle 15 y cerrando el único acceso que tiene
la vivienda del matrimonio de la tercera edad, según los documentos que exhibió
el señor Raúl Hernán Ferreiro Albertos, dueño del terreno afectado.
Incluso los documentos que presentó, expedidos por Catastro
Municipal, indican un mapa de la ubicación del terreno, la proyección de la
calle 15, material que contiene sellos municipales con fecha del 15 de abril de
2013.
Al lugar se apersonaron el Secretario de la Comuna Alejandro
Ruz Castro y Heide Zetina, quienes en ningún momento hicieron valer
documentación oficial del propio ayuntamiento, defendieron el argumento que
iban a "checar" cuál era la condición del terreno bardeado.
A pesar que señalaron en innumerables ocasiones que lo
importante eran los derechos humanos del matrimonio de la tercera edad, en
ningún momento los funcionarios municipales hicieron algo para retirar el
alambre de púas, dejando encerrada y privada de su libertad a la pareja
discapacitada.
"Es indignante el hecho de que el Secretario y el
Director de catastro se hayan retirado del lugar dejando encerrada a la pareja
de la tercera edad. El director de Catastro municipal si tenía conocimiento de
este problema porque el estaba en funciones en la administración de César
Bojórquez cuando este terreno fue adquirido y ahora nuevamente está en ese
cargo", manifestó el regidor priista Rubén Segura Pérez, quien se
apersonó, a solicitud de los vecinos, al lugar al igual que sus compañeros de
bancada Marisol Gómez García presidenta de Grupos Vulnerables en el Cabildo, Gustavo
Espadas Espinosa, Luis Castillo López y Alejandra Cerón Grajales.
Segura Pérez agregó que este caso abre grandes interrogantes
sobre la garantía y certeza de tierras adscritas a la Comuna meridana y sus 47
comisarías.
La privación de la libertad de don Jorge y doña Carmen
motivó que también se solicitara la presencia de los representantes de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), a través de dos
visitadores que levantaron el acta correspondiente de hechos.
"Es inadmisible el atropello de los derechos humanos de
esta administración municipal panista. Vamos a solicitar una explicación y
fincar las responsabilidades correspondientes a los causantes de este
atropello. No es posible que el propio ayuntamiento no haga válidos sus propios
documentos donde ellos mismos proyectaron la existencia de la calle 15, esto es
una burla para la sociedad", señaló Marisol Gómez.
Para calmar los ánimos enardecidos de los habitantes, uno de
los dos funcionarios panistas, Heide Zetina, señaló públicamente que el predio
invadió la calle 15 debido a que el Registro Agrario Nacional (RAN), al
parecer, marcó el límite del terreno junto al afectado, por lo que necesitaba
"checar" cual era la situación.
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