Mérida, Yucatán.- El cumplimiento de una orden judicial del
Juzgado Tercero de Distrito, que se llevó a cabo por tercera ocasión en la
comisaría de Chablekal, una diligencia de desalojo auxiliada por la fuerza
pública, derivó este martes en un enfrentamiento entre familiares de los desalojados.
La presencia policiaca fue para salvaguardar la integridad física
de los funcionarios judiciales y de las personas que intervienen en la propia
diligencia.
La SSP informó que este procedimiento fue violentado por
grupos que, sin promover recurso
judicial alguno, se opusieron nuevamente a su realización con el propósito de
impedir que se cumpliera la citada resolución judicial.
La diligencia derivó en un fuerte enfrentamiento entre
habitantes del lugar y la policía, pues los primeros arrojaron piedras a los
agentes y éstos respondieron con granadas de gas lacrimógeno.
Los agentes del orden detuvieron a cuatro personas, pero no
pudieron evitar que la multitud saqueara una tienda de abarrotes.
El Juzgado Tercero de Distrito otorgó una orden de desalojo
del predio número 104 de la calle 20 con 21 de Chablekal, un terreno de
aproximadamente 20 por 70 metros con una vivienda que colinda con la plaza
principal, en donde habita Salvador Euán Chi, de 96 años de edad, con otros
familiares, entre los que se encuentran Paulino Euán Kumán, de 62 años, uno de
los hijos del nonagenario.
La señora Mili Esther Uh Canché, manifestó que es la tercera
vez que intentan desalojarlos porque Antonio Chalé Euán, alias “Malaco”, un
sobrino del propietario del predio, falsificó firmas y le vendió la propiedad a
Román Zapata Brito, quien gestionó la orden de desalojo.
Los agentes detuvieron a Pedro Antonio Euán Flores, de 54
años; Javier Canché Novelo, de 40 años; Pedro Antonio Euán Santana, de 36 años
y a Poncho, un joven de 15 años de edad.
En el sitio fueron detenidos Martha Capetillo Pasos y a
Jorge Fernández Mendiburu, representantes del grupo Indignación A.C., quienes
fueron esposados y subidos en la parte trasera de una patrulla, mientras que
Cristina Muñoz Menéndez exigía a los uniformados que los dejaran en libertad,
ya que era un atropello su detención.
Los policías les quitaron las esposas a Martha y Jorge y les
indicaron que bajaran de la patrulla, pero estos se negaron y pusieron como
condición que soltaran a los otros detenidos.
Mientras tanto, los lugareños saquearon la frutería San
Román, propiedad de Román Zapata Brito, quien gestionó la orden de desalojo.
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