- Voto en contra del PVEM, PAN, Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza; a favor Morena, PRD y dos priistas: Benjamín Medrano e Ivonne Ortega. Abstención de Movimiento Ciudadano.
- "Votaré en pro del dictamen porque va a favor de mi dignidad como ser humano, como homosexual y como diputado federal": Medrano
El secretario de la comisión, Edgar Castillo Martínez (PRI),
refirió que votado en contra por la mayoría, conforme al artículo 82 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, el dictamen se considera como total y
definitivamente concluido.
Éste fue leído al inicio de la reunión de la comisión e
incluía tres iniciativas: del Ejecutivo federal, presentada el 18 de mayo; de
la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (Encuentro Social), el 8 de septiembre,
y la del legislador Francisco Martínez Neri (PRD), propuesta el 4 de noviembre.
El documento base fue el del Ejecutivo federal, cuyo
propósito era incorporar en la Constitución Política que: “Toda persona mayor
de dieciocho años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser
discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición
social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana”.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales,
diputado Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), enfatizó que debido al cálculo
político electoral, se dio marcha atrás a una iniciativa que podría denominarse
progresista. “Una reforma de la que deberíamos sentirnos orgullosos; porque los
derechos de las minorías no se ponen a votación, se amplían y reconocen, y es
el Congreso quien debería tutelarlos”.
Señaló que la reforma, la cual cumple con todos los
requerimientos para modificar la Constitución, amplía los derechos humanos que
han sido parte de una lucha milenaria. “Es absurdo decir que porque se trata de
una materia civil, la discusión debe irse a los estados. Tenemos la oportunidad
de tutelarlos, respaldarlos y ampliarlos, lo otro es una argucia para evitar
manifestarse sobre algo”, sostuvo.
El de familia no es un concepto de la religión católica, es
universal y cada persona tiene derecho a construirla como decida; plantear que
el matrimonio debe tener como fin último la reproducción, es como si
planteáramos que las personas de 70 años no se pueden casar. “De qué lugar
estamos: en los de ampliación, protección y reconocimiento de los derechos, o
de quienes legislan por cálculo político electoral”, cuestionó.
Virgilio Caballero Pedraza (Morena) señaló que la pandemia
del SIDA representa hoy en día un alto costo para el Estado por los recursos
económicos, médicos y la pérdida de vidas que genera, por lo que aseguró que el
matrimonio igualitario contribuirá a reducir este costo a partir de reconocer e
incluir en la vida económica, social, cultural y política a todas las personas
sin importar su orientación sexual para combatir el estigma, la discriminación
y la homofobia, además de contribuir a disminuir los crímenes de odio.
El diputado Ángel II Alanís Pedraza (PRD) se pronunció a
favor de la iniciativa porque garantiza el derecho de las personas del mismo
sexo a contraer matrimonio en igualdad de condiciones que las parejas
heterosexuales. Refrendó el compromiso de su partido con el avance del
reconocimiento universal y progresivo de los derechos humanos, la igualdad y la
no discriminación, ya que responden a una realidad social, por lo que se debe
dar reconocimiento y certeza jurídica a todas las personas por igual con
independencia de sus preferencias sexuales.
La diputada del PRD, Evelyn Parra Álvarez, votó a favor del
dictamen porque “es una lucha de izquierda de muchos años”. La Ciudad de México
se transformó y actualmente las personas con diferentes orientaciones pueden
contraer matrimonio; estimó que debe ser así porque las realidades son otras y
el mundo está cambiando y “nosotros no vamos en contra de los derechos humanos
sino que los protegemos”.
Del PVEM, Lorena Corona Valdés dijo que su partido no se
opone al matrimonio entre personas del mismo sexo; sin embargo, argumentó que
en términos del artículo 124 de la Constitución Política, las entidades
federativas son competentes para legislar en la materia, por lo que “resulta
inconveniente que la autonomía local se vea disminuida por la centralización.
“No debemos adoptarnos facultades en detrimento de las entidades federativas”,
afirmó.
El diputado Benjamín Medrano Quezada (PRI) afirmó que no
puede estar en contra de un dictamen por el que la comunidad gay ha luchado, a
pesar de que son los estados quienes tienen la facultad potestativa de
dictaminar al respecto. “Esta es una decisión personal, votaré en pro del
dictamen porque va a favor de mi dignidad como ser humano, como homosexual y
como diputado federal”, sostuvo.
De Movimiento Ciudadano, Víctor Sánchez Orozco, mencionó que
se trata de un tema de trascendencia nacional que debe ser discutido
abiertamente en el Pleno de la Cámara de Diputados, por lo que se deben
escuchar y respetar todos los puntos de vista. Advirtió que los diputados de su
partido decidirán de manera individual el sentido de su voto. “Afrontaremos
esta votación con absoluto respeto a la libertad de conciencia, no daremos paso
a imposiciones”, acotó.
El diputado Cándido Ochoa Rojas (PVEM) decidió votar en
contra del dictamen, ya que, aseguró, presenta una serie de contradicciones
frente a la Constitución General, además que la unión de las personas es un
apartado regulado en los códigos civiles estatales. “Cómo se va a desarrollar
la familia si la exposición de motivos dice que la procreación no es un
elemento decisivo del matrimonio”, cuestionó.
El diputado de Acción Nacional, Javier Antonio Neblina Vega,
consideró innecesaria una modificación a la Carta Magna para regular el
matrimonio entre personas del mismo sexo: el camino adecuado son los Congresos
locales quienes tienen a su cargo las reformas a sus códigos civiles, por lo
que informó que su voto sería en contra.
Agustín Basave Benítez, PRD, enfatizó que la principal razón
para votar a favor es la no discriminación, que señala el artículo 1 de la
Constitución. “Nada impide que quienes tengan una fe religiosa, mantengan las
reglas de su creencia y permitan en ella solamente casar hombres con mujeres,
pero el Estado va en un carril diferente y no puede discriminar a quienes
tienen una orientación sexual diferente”.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (PES) manifestó su
postura en contra del dictamen, al contener inconsistencias, por ejemplo, al
pretender que el matrimonio civil tiene como objetivo garantizar el amor. “Se
confunden derechos con sentimientos y no discriminación”. El principal
problema, sostuvo, es que se legalizaría un experimento que no tiene nada de
científico; una compensación a una minoría de grupos privilegiados
discriminados.
El diputado independiente, Manuel Clouthier Carrillo,
consideró que el dictamen debería precisar que las personas que busquen
contraer matrimonio sean mayores de edad –no establecer los 18 años de edad- y
sobre cómo formar una familia dependa de los estados que, sin violar los
derechos humanos, lo lleven a cabo en la legislación al respecto.
Del PAN, José Hernán Cortés Berumen se pronunció en contra
del dictamen. Hay distintas reflexiones importantes sobre si hay o no
discriminación al establecer que las personas deben tener 18 años de edad para
contraer matrimonio. Agregó que existe un andamiaje jurídico que debe
respetarse y, si bien la Suprema Corte emite sus interpretaciones, también la
Cámara de Diputados debe expresar sus opiniones sobre el tema.
El diputado Rodrigo Abdala Dartigues (Morena) indicó que el
matrimonio igualitario está basado, principalmente, en la no discriminación y
no se puede privar a un grupo de personas por alguna orientación sexual a sus
derechos fundamentales.
En su turno, el diputado Braulio Mario Guerra Urbiola (PRI),
precisó que la postura de su partido es en sentido contrario al dictamen “para
no polarizar y sí para armonizar, construir ventanas y salidas a encuentro de
los razonamientos y criterios nacionales e internacionales que permitan
establecer las diversas modalidades que existen para quienes pretenden y
quieren un proyecto de vida en común”. Aclaró que el PRI dice sí a los derechos
humanos y a buscar alternativas constitucionales que pueden darse a partir de
una discusión más amplia.
Del PRD, el diputado Daniel Ordoñez Hernández dijo que, ante
una iniciativa progresista del Ejecutivo, “le dice no su propio partido y le
dicen que está mal hecha, incompleta y es deficiente, no tiene argumentos
jurídicos sólidos”, cuando se trata de una iniciativa “bien sustentada”. Estimó
que el tema no es de una argumentación jurídica, sino de posturas políticas,
éticas y morales y enfatizó que los diputados tienen la obligación de adecuar
la norma jurídica a la realidad social.
Del PRI, la diputada Ivonne Ortega Pacheco explicó que su
voto a favor se basa en que ese tipo de matrimonio civil es una expresión de la
igualdad ante la ley, establecida por la Constitución, por lo que es un tema de
derechos y no de prácticas religiosas. “Para ejercer ese derecho, tienen que
recorrer un camino tortuoso y, en muchos, casos ampararse”, precisó.
El diputado Alejandro Ojeda Anguiano apuntó que, aunque la
propuesta del Ejecutivo es correcta, falta aún más por hacer debido a que más
allá del matrimonio igualitario hay que reconocer la diversidad de familias.
“El Estado laico tiene que prevalecer en todo momento y las instituciones
públicas deben actuar apegadas a una absoluta neutralidad. Los dogmas que
pretende imponer el credo en temas de familia, son inadmisibles”.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Social, diputada
Araceli Damián González (Morena), aseguró que esta iniciativa permitiría que
derechos en seguridad social se aplicaran de manera indistinta, ya que, aunque
los institutos ya lo hacen de alguna manera, esto no está aún reconocido en la
ley. “No puede haber ningún tipo de discriminación en materia de derechos
humanos ni imponer a otro el concepto de familia, ni de vivir felices”,
enfatizó.
Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada de Nueva Alianza,
planteó posponer la discusión, en tanto existan mejores condiciones para su
aprobación, con un debate de argumentos progresistas y “no consignas, miedos y
chantajes”; no obstante, dijo, la propuesta del Ejecutivo busca garantizar “un
derecho que, actualmente, se le niega a un grupo de la población y que busca
ser reconocido”.
Por el PRD, el legislador Ángel II Alanís Pedraza llamó a
votar a favor del dictamen, ya que, dijo, sólo existe una raza humana. Además,
cuestionó: ¿por qué “muchos no están a favor de la propuesta del Ejecutivo
federal, cuando normalmente se ve que hay unidad con el Presidente de la
República, y en este momento, no se visualiza?”.
La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (Morena) afirmó
que la Constitución es clara, al establecer que todos los mexicanos tenemos los
mismos derechos; sin embargo, lamentó que “aquí se quiera desconocer esta
garantía por fanatismo religioso y por el fenómeno Trump. Es atroz que
satanicemos y discriminemos de esta manera a jóvenes, hombres y mujeres que
tienen derecho a amarse y ser felices, y más que en pleno Siglo XXI se tenga
este tipo de discusiones”.
El diputado de Morena, Vidal Llerenas Morales, consideró
preocupante que no sean el raciocinio y la propia ley los que determinen las
políticas públicas, sino una combinación de influencias de parte de las
iglesias y el cálculo político lo que decreta la acción legislativa. Exhortó a
los diputados a poner los derechos humanos de las personas antes de cualquier
cálculo político, “cuando el propio presidente de la República tuvo el valor de
proponer la iniciativa”.
La diputada Martha Sofía Tamayo Morales (PRI) aclaró que no
se busca dar marcha atrás a los derechos adquiridos por los mexicanos,
cualquiera que sea su preferencia sexual, y “tampoco estamos en contra de una
postura presidencial”. Afirmó que están a favor de respetar los derechos de las
minorías, conforme a lo establecido en la Constitución, pero “también queremos
que exista una postura de parte de este Congreso, que de forma responsable
pueda emitir una conciliación entre los grupos de mexicanos actualmente
enfrentados por este tema”.
Puntos del dictamen sobre matrimonios igualitarios
Al inicio de la reunión, se dio lectura al dictamen que
señalaba: “la Comisión de Puntos Constitucionales consideró procedente adoptar
la iniciativa del Ejecutivo, en los términos propuestos, a fin de que se
reconozca desde la propia constitución el derecho que tienen personas de
distintos sexos para contraer matrimonio”.
La finalidad es, entre otras cosas, no sólo el respeto a los
derechos de aquellos que tienen una posición distinta, en cuanto a la orientación
sexual, sino incidir en la percepción de la ciudadanía. Se dice, en la
propuesta del Ejecutivo, que es la apreciación social la que se trata de
modificar mediante la normativización de este tipo de reconocimiento de
derechos, agregó.
Refiere que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), han emitido
criterios jurisprudenciales que son obligatorios para el Estado mexicano, en el
sentido de reconocer la diversidad y orientación sexual, la posibilidad de que
puedan contraer matrimonio e, incluso, establece la opción de acceder a la
adopción.
Señala que debe considerarse el derecho al matrimonio como
una garantía fundamental, basada en lazos afectivos, sexuales, de identidad,
solidaridad y compromiso mutuo de quienes desean tener una vida en común,
poniendo énfasis en que no es la procreación la finalidad que se debe buscar
con esta institución.
Menciona que, de acuerdo con sus criterios, la SCJN
establece “que (cuando) se pretende vincular los requisitos del matrimonio a
preferencias sexuales, violenta y discrimina a las personas. Si la finalidad
del matrimonio no es la procreación, se tiene que respetar el derecho de
cualquier persona que quiera unir su vida con otra”.
La SCJN, continúa, hace énfasis en que en el momento de que
una pareja de personas que pudieran ser del mismo sexo, tienen también derecho
a adoptar porque a pesar de que la propia Constitución establece en varios
artículos, fundamentalmente en el 4º el Interés Superior del Niño, que debe
permear en todas las políticas públicas, “es esto lo que se debe atender, al
momento de la decisión que pudiera tomar un juez, caso por caso, para poder
adoptar a una persona menor de edad”.
Sostiene que la iniciativa que presenta el presidente de la
República está orientada a esos criterios jurisprudenciales, tanto de la CIDH
como de la SCJN.
Se ajusta también a la recomendación 23-2015, emitida por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el pasado 6 de noviembre de
2015, sobre el matrimonio igualitario.
Insta al Congreso de
la Unión, es decir, a las cámaras de Diputados y Senadores, a adecuar los
correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar, “con el fin de
permitir el acceso al matrimonio a todas las personas, y en condiciones tales,
que se impida cualquier tipo de discriminación en términos del quinto párrafo
del artículo 1º de la Constitución Política”.
El dictamen hace una consideración sobre el uso de la
palabra matrimonio.
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