- El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar requiere establecer acciones y estrategias medibles para evaluar los avances y resultados, señala
Mérida, Yucatán.- El presidente del Consejo Coordinador
Empresarial de Yucatán, Mario Can Marín, consideró que el Acuerdo para el
Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar es un primer
paso para tratar de alcanzar la estabilidad social y económica que el país
requiere, sin embargo considera que dicho acuerdo en primer lugar no incluye
objetivos puntuales a considerar.
Dijo que se requiere establecer acciones y estrategias
medibles para evaluar los avances y resultados porque en el contexto del alza a
la gasolina, para la iniciativa privada (IP), no es posible desembolsar más por
insumos energéticos.
Recordó que ya de por si la volatilidad del dólar ha
impactado en la elevación de los costos de producción, los cuales son absorbidos
por las mismas empresas y que implicaría la posible pérdida de maquila en
Yucatán.
Añadió que ya no es posible seguir exprimiendo a las
empresas con impuestos disfrazados como el de la gasolina, cuando son las
generadoras de empleos.
Nos preocupa la pérdida de plantillas laborales en las empresas, así como el cierre de empresas que no puedan seguir pagando esta serie de incrementos e impuestos que tienen que cubrir”, afirmó.
Señaló que dicho acuerdo debió contener que los impuestos se
reduzcan, como en el caso del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
(IEPS), el Impuesto Sobre la Renta; impactar en aquellas erogaciones de las
empresas para que de tal manera ahorren y así la IP pueda compensar dichos
incrementos.
Recordó que muchas empresas llevan más de un año sin elevar
sus precios, sorteando los incrementos que se han venido dando en los costos,
pero en este momento ya no es posible compensarlos.
Aclaró que no es que estén en contra del gobierno federal ni
de las cúpulas empresariales ni del acuerdo, por el contrario, “estamos a favor
de un acuerdo real, de compromisos concretos, medibles y cuantificables, en
beneficio de toda la sociedad mexicana”.
Indicó que preocupa a la IP la molestia generalizada de la
sociedad los incrementos que están sucediendo porque entienden el impacto en el
poder adquisitivo y su repercusión en
una disminución en las ventas de las empresas.
Asimismo, el cuestionamiento a la clase política que vive en
abundancia, sin ser sensibles al tema, evidenciando una brecha entre la clase
política y la ciudadanía.
Al CCE también le preocupa que muchos proyectos en Yucatán
que ya se encuentran en marcha no concluyan debido a los recortes, por lo que
el gobierno del Estado deberá priorizar su gasto para así absorber dichos
recortes que se pudieran dar y que hagan que los proyectos se concluyan.
Exhortamos a los tres niveles de gobierno a combatir la informalidad, que representa casi el 60% de la economía mexicana”, convocó Can Marín en representación del CCE.
También que se apliquen esquemas sencillos de pagos de
impuestos para las empresas, o que los programas sociales no se dupliquen y que
no sean utilizados con fines electorales y sí en beneficio de los más sectores
vulnerables.
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