- Por unanimidad, integrantes de la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia aprueban el dictamen; se turnará al pleno
En primera instancia, en la comisión de Vigilancia de la
Cuenta Pública y Transparencia se aprobó el dictamen para expedir la Ley de
Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado que, como se denomina, revisa y
fiscaliza la cuenta pública y la información financiera gubernamental, además
de establecer las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado (ASEY).
En la jornada legislativa y en la misma comisión, también se
aprobó el proyecto de convocatoria para continuar con el proceso para elegir a
los tres nuevos consejeros consultivos del Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP), toda vez que
no se cumplió con el número mínimo de candidatos registrados para conformar las
ternas correspondientes.
En comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación se
aprobó el dictamen que modifica la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, todas del Estado.
De la misma manera se dio el aval al dictamen para expedir
la Ley de Responsabilidades Administrativas que tiene como objetivo distribuir
competencias entre los distintos órdenes de gobierno, establecer principios y
obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos, así como
establecer faltas administrativas graves y no graves, entre otros términos.
Además, el presidente de la comisión, Henry Sosa Marrufo
informó que el diputado Elías Lixa Abimerhi (PAN) le hizo llegar una carta con
una iniciativa-dictamen a fin de modificar la Constitución Política del Estado
relacionada con la elección de magistrados, aprobada por unanimidad.
En otro punto, se solicitó elaborar el proyecto de dictamen
de la iniciativa para modificar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del
Estado, signada por el PRD.
En la comisión de Justicia y Seguridad Pública, se dio el
aval al dictamen para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado que determina su integración, organización,
atribuciones y funcionamiento como organismo constitucional autónomo, máxima
autoridad en materia de lo contencioso, administrativo, fiscal y
responsabilidades administrativas.
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