También sería un instrumento de protección a grupos vulnerables, tendría como eje principal el respeto a los derechos humanos, abundó la legisladora durante el Foro de Parlamento Abierto “Ley de Amnistía”, que se realiza en la Cámara de Diputados.
La diputada indicó que, aunque a primera instancia pareciera que la ley de amnistía atiende asuntos de seguridad pública o justicia, se trata “de un pacto social y de la manera en que se está procurando reconstruir su tejido”.
“Se trata de la deuda de un Estado que abandona una visión punitiva en temas que definen su arreglo con la ciudadanía: aborto, consumo lúdico de marihuana, no criminalización de la protesta”, puntualizó.
Sostuvo que también se buscará darle un enfoque de reinserción y “reconocer que el Estado no asumió en el pasado su composición pluricultural y no garantizó que en los juicios promovidos contra integrantes de pueblos indígenas se respetaran las garantías esenciales del debido proceso”.
Asimismo, se pretende con dicha legislación “reinsertar al tejido social a diversos grupos de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión, discriminación y pobreza”, añadió.
“Es un instrumento de pacificación nacional, pues será también un modelo jurídico benéfico para todos los estados de la República que decidan replicar este esfuerzo”.
Barrera Badillo confió en que en dicho ejercicio de Parlamento Abierto se analizarán las propuestas con crítica constructiva para la elaboración la citada ley.
La presidenta de la Comisión de Justicia, diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), mencionó que al tratarse de una ley que trasciende en su aplicación a toda la República, es responsabilidad del Legislativo determinar con claridad las dificultades que puede tener este ordenamiento.
Relató que la iniciativa que el pasado 18 de septiembre remitió el Ejecutivo federal, tiene también el objetivo de extinguir la penalidad y las determinaciones impuestas a las personas sentenciadas y contra quienes se pudiera ejercitar acción penal hasta la fecha de la entrada en vigor de la ley.
Ello, por delitos de aborto, contra la salud por posesión y transporte de narcóticos en los casos que se traten de personas en estado de vulnerabilidad de comunidades indígenas que no hayan recibido derechos a una defensa legal en su idioma, robo simple sin violencia, y sedición o actos penalizados que sean de índole política por la participación en movimientos y protestas sociales.
Se propone que las personas que se beneficien cumplan tres condiciones: que sea su primera sentencia; que no hayan cometido delito de la privación de la vida, secuestro o infracciones contra la integridad personal; que no se hayan empleado armas de fuego.
La diputada añadió que no podrán obtener amnistía las personas procesadas o sentenciadas por delitos graves. En el régimen transitorio se precisa que la Secretaría de Gobernación promoverá en las legislaturas locales la creación de leyes de amnistía por delitos semejantes a los contemplados en la ley de ámbito federal.
Mencionó que se trata de un asunto que ha causado controversias, discusiones en la opinión pública y motivado debates, tanto por los alcances y precedentes de las conductas delictivas sobre las cuales se pretende suspender el ejercicio de la acción penal, como la forma en que se plantea.
Citlalli Hernández Mora, senadora de Morena, expresó que la propuesta marca una nueva etapa en el tema de imparcialidad y reconoce desde el Estado que ha habido injusticias, sobre todo a los sectores más vulnerables: mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, indígenas, entre otros, y que fueron encarceladas por su situación de vulnerabilidad, principalmente.
“Hay que reconocer que en este país no tenemos en prisión a las personas más peligrosas, a las y los criminales que realmente han cometido grandes delitos. Tenemos a mucha gente que, por su situación de vulnerabilidad, de pobreza y marginación han tenido que recurrir a una serie de circunstancias”, agregó.
Ejemplificó que en Guerrero, muchos jóvenes que conocen y que trabajan el campo son obligados por el crimen organizado a cultivar amapola; “entonces, el joven se pone frente a una realidad donde no hay condiciones laborales, no hay condiciones educativas y son presionados por el crimen organizado a sembrar amapola, pero cuando hay operativos no se captura a los grandes capos, sino a esos jóvenes. Las prisiones están llenas de esos jóvenes que no son los grandes criminales”.
Hernández Mora subrayó que hay una serie de discusiones que se pueden dar alrededor de esta iniciativa, como el buscar la liberación de mujeres perseguidas o encarceladas a consecuencia de las distintas modalidades del aborto, “eso pone sobre la mesa una gran discusión en torno a la despenalización del aborto”.
Indicó que una de las críticas que la sociedad civil plantea es el impacto en el fuero federal, porque muchos de los delitos son del ámbito común. “Muchas de las mujeres que están presas por aborto o que fueron detenidas porque fueron obligadas a transportar droga están en los estados; hay un transitorio que busca que en los estados se puede hacer una réplica o un acompañamiento de una iniciativa local”.
Es la oportunidad, subrayó, para discutir diversos planteamientos respecto de cómo funciona el sistema de justicia, en una serie de visiones punitivas que creemos que este nuevo proceso social y político tienen que replantearse.
“Hay quienes han tratado de decir que la ley busca liberar a secuestradores, homicidas y a grandes delincuentes, pero es totalmente falso. No busca liberar a nadie que haya hecho daño a otra persona, sino generar condiciones de justicia a quienes han sido vulnerables. Por ello, proponemos comunicar de mejor manera esta iniciativa y llamarla iniciativa Livera es decir Ley por la inclusión, verdad, reparación y amnistía”, abundó.
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