- “Y estamos orgullosos de haber hecho esa aportación”, dice su presidente Antonio Loret de Mola Gómory
Mérida, Yucatán.- El nuevo impuesto del 8% por ciento en infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública, el cual se cobrará en los recibos de luz cada dos meses, aprobado por el Congreso local por iniciativa del gobernador Mauricio Vila Dosal fue una propuesta de la Coparmex Mérida, reveló su presidente Antonio Loret de Mola Gómory.
“Y estamos orgullosos de haber hecho esa aportación”, dijo a los reporteros que asistieron a un almuerzo con distintos medios de comunicación por motivo de las próximas festividades de Navidad y víspera de Año Nuevo, como agradecimiento por su cobertura de los distintos eventos de Coparmex Mérida.
La propuesta del nuevo gravamen, un impuesto del 8% que se cobrará a los ciudadanos en los recibos de luz, se realizó en el seno del Consejo Consultivo de Presupuesto y Gasto del Gobierno del Estado.
Acompañado por el dirigente entrante de la Coparmex, Fernando Ponce Díaz, expuso que los ciudadanos podrán decir que, al cumplir con sus obligaciones (y pagar ese nuevo impuesto), tendrán el derecho de exigir mayor seguridad para sus familias y la autoridad está obligada a cumplir.
“Esos pesos que hoy le quitamos a la gente van a regresar con creces a la sociedad, y también reconozco que por primera vez alguien asumió un costo político por hacer algo de carácter general a toda la sociedad; no es fácil y podemos verlo con claroscuros, pero nosotros consideramos que puede traer muchos más beneficios que perjuicios y, en la medida que (la población) tenga seguridad, se van a ahorrar esos pesos que pueden ser extorsionados o injustamente quitados por gente que se puede infiltrar a la sociedad yucateca”, señaló.
Por otra parte, consideró que, entre los pendientes para Yucatán, está reencauzar el Sistema Estatal Anticorrupción, así como ajustar el Consejo Consultivo de Presupuesto y Gasto del Gobierno del Estado, al considerar que es una herramienta nueva, valiosa, que es un ejemplo para todo el país y que se integró como primer acto de gobierno ante una exigencia del sector empresarial, particularmente de la Coparmex.
–El pendiente es que ha sido imperfecto y habrá que ajustarle en el camino su operatividad, pero hoy tenemos un Gobierno del Estado mucho más abierto y entendido de que debemos compartir en tiempo y forma la información para poder cada día tomar mejores decisiones en pro de la sociedad yucateca, del fomento al desarrollo social y económico y, evidentemente, a favor de los yucatecos que más necesitan de nuestra solidaridad y subsidiaridad.
Mencionó que otro pendiente importante en el tema de seguridad es la participación ciudadana y de prevención del delito para llegar juntos, sociedad y gobierno, a comunidades que lamentablemente no viven un clima de seguridad, ni siquiera en el entorno familiar.
Expuso que es bienvenido el crecimiento y desarrollo social y económico, pero no a cualquier costo, “pues si bien le damos la bienvenida a la gente que está viniendo a Yucatán, los yucatecos no estamos dispuestos a perder nuestros principios y valores que forman parte fundamental de nuestra convivencia pacífica y armónica.
–Sin duda, hay un acierto extraordinario en Yucatán en cuanto a la seguridad pública y la seguridad jurídica, a diferencia de otros Estados que no las tienen, así como también el respeto a la libre expresión de la que ustedes son garantes para que eso se dé, porque en otros Estados los reporteros y la gente viven en la zozobra, apuntó.
En cuanto a las inconformidades del sector hotelero por los impuestos aprobados, señaló que todos son bienvenidos, incluso los que no estén de acuerdo a todas las decisiones, “pero lo que no podemos hacer es permitir que entre nosotros nos faltemos al respeto y, en ese sentido, en la diversidad de opinión del sector empresarial se van a fortalecer todos y cada uno de los sectores productivos del Estado”.
En el Consejo Consultivo de Presupuesto y Gasto del Gobierno del Estado participan dirigentes locales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Aguilar Baqueiro; de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Mérida, Michel Salum Francis; de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Alberto Abraham Xacur; de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Antonio Loret de Mola Gómory; así como el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán A.C., Enrique Salazar Durán.
También, los representantes de las Universidades Autónoma de Yucatán (UADY), Manuel Escoffié Aguilar, y Marista, Margarita Soberanis Villa. También los representantes de la sociedad civil Alberto Reyes Carrillo, Álvaro Garza R. de la Gala y Amenoffis Acosta Ríos.
Por parte del Gobierno del Estado participaron las secretarias General de Gobierno, María Fritz Sierra; de Administración y Finanzas (SAF), Olga Rosas Moya, y de la Contraloría General del Estado, Lizbeth Basto Avilés. También, el director de la Agencia de Administración Fiscal del Estado (AAFY), Juan Carlos Rosel Flores; el coordinador general de Asesores del Gobernador, Álvaro Juanes Laviada; el secretario técnico de Planeación y Evaluación (Seplan), Rafael Hernández Kotasek; el consejero Jurídico del estado, Mauricio Tappan Silveira ,y el director jurídico de la SGG, José Carlos Puerto Patrón.
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