• Los poderes del Estado tienen la obligación de actuar sin dilación por los derechos humanos de las mujeres, indicó
  • La diputada participó en el evento conmemorativo “67 Aniversario del Voto de las mujeres en México”

Ciudad de México.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, afirmó que la violencia es el rostro visible de la discriminación, y las mujeres que aspiran a cargos públicos y las que ya los ejercen se enfrentan cotidianamente a la discriminación estructural.

Al participar en el evento conmemorativo “67 Aniversario del voto de las mujeres en México”, organizado por el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aseguró que los poderes del Estado tienen la obligación de actuar sin dilación como lo señalan los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres, por el deber ineludible de remontar la discriminación y la violencia institucional.

Subrayó que se trata de una deuda del Estado con las mujeres, de una discriminación institucional que, incluso, ignora los efectos de la pandemia, al no tener una respuesta medianamente a la altura del desafío que le impone la carga adicional de trabajo doméstico y de cuidados a las mujeres. 

“No podemos ignorar que parte de la violencia y discriminación se practica también limitando la posibilidad de ejercer el voto activo, lo que suprime la posibilidad de construir una idea o toma de posición sobre una preferencia electoral”, precisó.

La diputada Sauri Riancho señaló que no son sólo las leyes y las normas, sino también las formas como se interpretan o ignoran los preceptos normativos cuando se diseñan y ejecutan las políticas públicas y en la forma en las que se fijan las prioridades del gasto público. 

“Aquí mismo, en la Cámara de las Diputadas y los Diputados son las mujeres quienes se han ocupado principalmente de estos desafíos como ocurre en la mayor parte de los países; por ello, se vuelve imprescindible apuntalar nuestra democracia efectiva y el desarrollo sostenible con los liderazgos de las mujeres en el ámbito político”. 

Estimó que el derecho al sufragio de las mujeres no puede darse por sentado cuando se tiene enfrente una serie de restricciones y cargas adicionales de trabajo no pagadas. “Muchas mujeres se han convertido en asistentes escolares, enfermeras domésticas o cuidadoras de doble tiempo completo”.

Comentó que hay un núcleo duro de la desigualdad en torno al trabajo no remunerado que realizan las mujeres en sus hogares, a ese trabajo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha dicho que de comprarse en el mercado significa alrededor del 18 por ciento del Producto Interno Bruto; el total de esa estimación es de 24 por ciento y, de ese porcentaje, las mujeres realizan el 75 por ciento. 

En el ámbito del ejercicio de los derechos políticos, añadió, se requiere de los liderazgos femeninos en los procesos de elección popular, pero también en el desempeño de los cargos públicos; una poderosa razón que muestra la urgencia de contar con una política nacional de cuidados. 

La tarea no es sencilla porque impone progresividad, pero también un sentido de urgencia en la eliminación de los obstáculos que enfrentan la mayoría de las mujeres, afirmó.

La Legislatura de la Paridad se ha empeñado en poner en el centro de su agenda a la igualdad sustantiva, porque la garantía del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres está vinculada directamente con la igualdad de género.

“Que la conmemoración del 67 aniversario del sufragio femenino sea ocasión para reafirmar la voluntad para seguir desmontando obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos de las mujeres y oportunidad de representar nuestro compromiso hacia la igualdad sustantiva”.

Iniciativa 3 de 3 contra la Violencia

La diputada Dulce María Sauri Riancho reconoció al Instituto Nacional Electoral por hacer realidad la iniciativa 3 de 3 contra la Violencia, cuyo propósito central es contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres en el ámbito político.

También resaltó el compromiso asumido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para garantizar los derechos políticos de las mujeres, con la medida adoptada para la conformación de un registro nacional de personas que han perpetrado violencia política en razón de género.

“Apoyamos la iniciativa 3 de 3 contra la Violencia, porque sin duda ayudará a prevenir la violencia política. Esas agresiones, dijo, vulneran la libertad y vida libre de violencia de las mujeres.

Estamos frente a una cultura que ha naturalizado la violencia. “Ahora, se trata de impedir que quienes aspiran a un cargo público por asignación o designación, y tengan antecedentes, denuncias o sentencias puedan continuar provocando violencia en las contiendas electorales o en el desempeño de su cargo”, agregó.

Subrayó que se trata de una iniciativa de garantía de no repetición y de prevención. El ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres pasa por el férreo compromiso de las instituciones del Estado para protegerlos y avalar la interdependencia con otros derechos humanos que se vulneran cuando la discriminación o la violencia están presentes en sus vidas.

DIPUTADA DULCE MARÍA SAURI RIANCHO

Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Mensaje virtual en el evento conmemorativo “67 Aniversario del Voto de las Mujeres en México”

Muy buenas tardes. 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral; 

Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

Consejeras y consejeros del INE; 

Magistradas y magistrados, así como también a todas aquellas y aquellos que se han conectado a este evento conmemorativo de los 67 años del voto de las mujeres. 

Permítanme, en mi primer lugar, reconocer al INE por el esfuerzo para hacer realidad la iniciativa “3 de 3 contra la violencia”. Como ustedes saben, su propósito central es contribuir decididamente a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres en el ámbito del poder político. 

Reconocemos también el compromiso asumido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para garantizar los derechos políticos de las mujeres con la medida especial adoptada para la conformación de un Registro Nacional de Personas que han perpetrado actos de violencia política por razón de género. Por esa determinación, el INE habrá de integrar un directorio, como una medida preventiva que permita brindar mayor protección a las mujeres. 

Apoyamos plenamente la iniciativa “3 de 3” la cual, sin duda, contribuye a la prevención de la violencia política, pero no sólo eso; esas conductas inadmisibles contenidas en la iniciativa “3 de 3” ciertamente vulneran el derecho de las mujeres a la libertad y a la vida libre de violencia, pero no se restringen al ámbito político. Esto es así porque los agresores no actúan selectivamente; en muchos casos son los mismos agresores que afectan y vulneran los bienes jurídicos que debe tutelar el Estado, el de las familias a una sana convivencia y el de la libertad y la seguridad sexuales. 

Son quienes actúan en los centros de trabajo y suelen ser los mismos que, en su momento, violentaron a sus compañeras en los espacios escolares o académicos porque estamos frente a una cultura que ha naturalizado la violencia. 

Ahora de lo que se trata es de impedir que quienes aspiren a un cargo público de elección o por designación y tengan antecedentes, denuncias o sentencias, ya sea como deudores de pensión alimenticia, como acosadores o hayan ejercido algún tipo de violencia en razón género, incluso en el ámbito familiar, puedan seguir ejerciendo actos de violencia en las contiendas electorales o en el desempeño de sus cargos públicos. 

Se trata de una iniciativa de garantía de no repetición y de prevención secundaria. 

El ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres pasa por el férreo compromiso de las instituciones del Estado para protegerlos y para garantizar la interdependencia con otros derechos humanos de las mujeres que se vulneran cuando la discriminación y la violencia están presentes en sus vidas. 

Sabemos que este es un problema estructural, pero ello no le quita un ápice de responsabilidad al Estado mexicano. La garantía del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres está vinculada directamente con la igualdad de género; por ello, la Legislatura de la Paridad se ha empeñado en poner en el centro de su agenda a la igualdad sustantiva. 

La violencia es el rostro visible de la discriminación. Las mujeres que aspiran a cargos públicos y aquellas que ya lo ejercen se enfrentan cotidianamente a la discriminación estructural. 

Este tiempo de pandemia nos ha dejado muy claro que en situaciones de crisis las mujeres recienten más sus efectos. 

El derecho al sufragio de las mujeres no puede darse por sentado cuando se tiene enfrente una serie de restricciones y cargas de trabajo no pagado adicionales que muchas mujeres están enfrentando ahora que se han convertido en asistentes escolares, en enfermeras domésticas, en cuidadoras de doble tiempo completo.

No podemos ignorar que parte de esa violencia y discriminación de las que estamos hoy aquí hablando, se practica también limitando la posibilidad de ejercer el voto activo, suprimiendo la posibilidad de la construcción de una idea o toma de posición sobre una preferencia electoral. 

Los poderes del Estado tienen la obligación de actuar sin dilación, como lo señalan los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres y el deber ineludible de remontar la discriminación y la violencia institucional. Y tenemos que hacerlo por todos los cauces, con imaginación y creatividad; son nuevos tiempos que exigen nuevas respuestas. 

¿Cómo hacer para que las candidatas pueden equilibrar de alguna manera su vida familiar demandante como no había ocurrido en mucho tiempo por los efectos de la pandemia, con sus aspiraciones políticas? Esto es algo que no podemos ignorar. 

Estos cuestionamientos nos conducen al núcleo duro de la desigualdad, al trabajo no remunerado que realizan las mujeres en sus hogares, a ese trabajo que ya el Inegi nos ha dicho que de comprarse en el mercado significa nada más y nada menos que alrededor del 18 por ciento del Producto Interno Bruto; el total de esa estimación es de 24 por ciento y, de ese porcentaje, las mujeres realizan el 75 por ciento. 

Se trata de una deuda del Estado con las mujeres, de una discriminación institucional que, incluso, está ignorando los efectos de la pandemia al no tener una respuesta medianamente a la altura del desafío que le impone la carga adicional de trabajo doméstico y de cuidados a las mujeres. 

En el ámbito del ejercicio de los derechos políticos se requiere de los liderazgos femeninos en los procesos de elección popular, pero también en el desempeño de los cargos públicos, una poderosa razón que muestra la urgencia de contar con una política nacional de cuidados. 

Las mujeres que buscan participar en la política se enfrentan a una discriminación estructural que aún pervive en el quehacer del Estado. No son sólo las leyes y las normas, son también las formas como se interpretan o ignoran los preceptos normativos cuando se diseñan y ejecutan las políticas públicas y en la forma en las que se fijan las prioridades del gasto público. 

Aquí mismo, en la Cámara de las Diputadas y los Diputados, son las mujeres quienes se han ocupado principalmente de estos desafíos como ocurre en la mayor parte de los países. Por ello, se vuelve imprescindible apuntalar nuestra democracia efectiva y el desarrollo sostenible con los liderazgos de las mujeres en el ámbito político. 

La tarea no es sencilla, impone progresividad, pero también un sentido de urgencia en la eliminación de los obstáculos que enfrentan la mayoría de las mujeres. 

Que la conmemoración del 67 Aniversario del sufragio femenino sea ocasión para reafirmar la voluntad para seguir desmontando obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos de las mujeres y oportunidad de refrendar nuestro compromiso hacia la igualdad sustantiva.