- Las decisiones que se tomen estriban en el pleno respeto a la autonomía del banco central y las indispensables precauciones contra el lavado de dinero
- La legisladora participó en el primer día del Parlamento Abierto en el que se analiza la iniciativa
Ciudad de México.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, reconoció que la iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México pretende resolver problemáticas del mercado cambiario de nuestro país, como la situación que enfrentan algunas instituciones bancarias nacionales ante la dificultad de actuación con sus corresponsales en el exterior.
Al participar en el primer día del Parlamento Abierto de Análisis respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Banco de México, en materia de captación de divisas extranjeras en efectivo, subrayó que luego de conocer la propuesta en diciembre pasado, las voces de alerta sobre distintas aristas de dichas reformas tuvieron resultado.
Por ello, continuó, los grupos parlamentarios tanto de esta Cámara como del Senado de la República decidieron la creación de una comisión bicamaral con el propósito de escuchar, revisar y fortalecer las determinaciones legislativas sobre la reforma.
Manifestó: “en la Cámara de Diputados recogimos la preocupación que se presenta por la presencia de billetes y monedas del extranjero, principalmente de los Estados Unidos de América, que entran a la economía mexicana tanto por las remesas como por el turismo y que son recibidas principalmente por personas y familias en condiciones de vulnerabilidad”.
La diputada Dulce María Sauri subrayó que las decisiones que se tomen estriban en la conciliación de las demandas y necesidades con el pleno respeto a la autonomía del banco central y con las indispensables precauciones contra el lavado de dinero que, en los flujos financieros globales, buscan encontrar una pequeña grieta para vulnerar la estrategia para evitar la invasión de recursos de procedencia ilícita.
En este intercambio de ideas, surgió la inquietud respecto de nuestros compatriotas en la Unión Americana que, mes con mes, envían dólares a sus familias que, al recibirlos por transferencia electrónica o en efectivo, registran una mengua por el tipo de cambio al que son adquiridas.
--“Estamos en la posibilidad de abordar responsablemente una situación que, de ser resuelta en forma adecuada, representará una auténtica medida de justicia social para quienes mandaron el año pasado, alrededor de 40 mil millones de dólares americanos. Y por otra, contribuirá a resolver problemas operativos de las instituciones bancarias nacionales”, indicó.
La diputada presidenta planteó que dentro de las posibles soluciones está considerar medidas de política monetaria y de regulación bancaria. Que la Comisión de Cambios, donde confluyen Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con la Comisión Nacional Bancaria, estudien y resuelvan mecanismos para atender el problema de migrantes y remesas, con el apoyo de la Banca de Desarrollo, en especial del Banco del Bienestar.
--“De esta manera se podría disminuir el costo de transacción, recoger y resolver los problemas manifestados por distintos sectores de la sociedad y –muy importante- preservar la autonomía del Banco de México”, explicó.
Estoy cierta de que con la participación de la sociedad en general, de representantes de la academia, del Banco de México, de la Asociación de Bancos de México, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros, se dará mayor certeza al trabajo legislativo, y un mayor sustento para las determinaciones que habrán de tomar ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Objetivos del Parlamento Abierto
Añadió que el objetivo de un Parlamento Abierto es hacer accesible la participación ciudadana en el Congreso y garantizar el derecho a la información; además, obliga a tener un mecanismo de rendición de cuentas en todos los órganos colegiados y trabajo individual de todas y todos los legisladores.
Durante la actual legislatura se han realizado diversos ejercicios así, pero todavía falta recorrer camino para pasar de la forma al fondo; es decir, incidir en los procesos de toma de decisión, que en el trabajo parlamentario significa reflejar los planteamientos recogidos en los foros, en los dictámenes.
Diputada Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Mensaje de la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, en la parte inaugural del Parlamento Abierto de Análisis respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Banco de México, en materia de captación de divisas extranjeras en efectivo.
Muy buenas tardes, un saludo muy cordial a todas y todos los legisladores y señalar algunas consideraciones en esta sesión inaugural del parlamento abierto.
La principal característica de un parlamento abierto como el que está por dar inicio, es hacer accesible la participación ciudadana en el Congreso de la Unión, garantizando el derecho a la información con políticas de transparencia parlamentaria. Un parlamento abierto obliga a establecer un mecanismo de rendición de cuentas en todos los órganos colegiados y en la actuación individual de las y los legisladores. Así lo ha entendido la Cámara de Diputados.
Pero todavía falta recorrer camino para pasar de la forma –parlar, hablar- al fondo, esto es, incidir en los procesos de toma de decisión que en el trabajo parlamentario significa reflejar los planteamientos recogidos en estos foros, en los dictámenes que se ponen a consideración del pleno. Tenemos que superar el ejercicio formal, una especie de “muro de las lamentaciones” o de “diálogo de sordos”, hasta lograr el intercambio de puntos de vista, posiciones y planteamientos que incidan en las iniciativas –en este caso, minutas- puestas a consideración de las comisiones.
Esta ocasión es una excelente oportunidad. Nos reúne el análisis de la Minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley del Banco de México en materia de captación de divisas.
Recordemos que el Banco de México se fundó el 1o de septiembre de 1925, durante el gobierno del Presidente Plutarco Elías Calles, después de un duro debate en el Constituyente de Querétaro sobre la posibilidad de la creación de un banco central que, de acuerdo al espíritu liberal de la iniciativa del Jefe del Gobierno Constitucionalista, Venustiano Carranza, contradecía su propósito.
Fue Rafael Nieto quien logró convencer a los constituyentes de la necesidad de establecer en el artículo 28 constitucional, la excepción a la tajante prohibición sobre los monopolios. Así, el Banco de México nace con la facultad de crear moneda, tanto mediante la acuñación de piezas metálicas como a través de la emisión de billetes, así como la de regular la circulación monetaria, las tasas de interés y el tipo de cambio. En 1994, casi 69 años después de su fundación, se estableció en la Constitución su carácter de órgano constitucional autónomo, con la reforma al artículo 28, con el claro mandato de mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional.
En diciembre pasado, días antes de concluir nuestro trabajo legislativo del periodo pasado, la Cámara de Diputados recibió la minuta que envió nuestra colegisladora. En aquella ocasión hubo oportunidad de conocer el punto de vista sobre la misma por parte de relevantes actores del ámbito financiero y bancario, comenzando por el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León.
Las voces de alerta sobre distintas aristas de las reformas puestas a consideración de la Cámara de Diputados tuvieron resultado, pues los grupos parlamentarios tanto de esta Cámara como del Senado de la República decidieron la creación de una comisión bicamaral con el propósito y objetivo de escuchar, revisar y fortalecer las determinaciones legislativas sobre la reforma.
En la Cámara de Diputados reconocemos que la iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México pretende resolver problemáticas del mercado cambiario de nuestro país, como la situación que enfrentan algunas instituciones bancarias nacionales ante la dificultad de actuación con sus corresponsales en el exterior.
Por otra parte, en la Cámara de Diputados recogimos la preocupación que se presenta por la presencia de billetes y monedas del extranjero, principalmente de los Estados Unidos de América, que entran a la economía mexicana tanto por las remesas como por el turismo y que son recibidas principalmente por personas y familias en condiciones de vulnerabilidad.
En este intercambio de ideas ha surgido la inquietud respecto a nuestros compatriotas en la Unión Americana que, mes con mes, envían dólares a sus familias que, al recibirlos por transferencia electrónica o en efectivo, registran una mengua por el tipo de cambio al que son adquiridas. Estamos en la posibilidad de abordar responsablemente una situación que, de ser resuelta en forma adecuada, representará una auténtica medida de justicia social para quienes mandaron el año pasado, alrededor de 40,000 millones de dólares americanos. Y por otra, contribuirá a resolver problemas operativos de las instituciones bancarias nacionales.
El arte en estas decisiones estriba en la conciliación de estas demandas y necesidades con el pleno respeto a la autonomía de nuestro banco central y con las indispensables precauciones contra el lavado de dinero que, en los flujos financieros globales, sólo buscan encontrar una pequeña grieta para vulnerar la estrategia para evitar la invasión de recursos de procedencia ilícita.
Me atrevo a plantear que, dentro de las posibles soluciones a perfilar, pudieran ser consideradas medidas de política monetaria y de regulación bancaria. Que la Comisión de Cambios, donde confluyen Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con la Comisión Nacional Bancaria, estudien y resuelvan mecanismos para atender el problema de migrantes y remesas, con el apoyo de la Banca de Desarrollo, en especial del Banco del Bienestar. De esta manera se podría disminuir el costo de transacción, recoger y resolver los problemas manifestados por distintos sectores de la sociedad y –muy importante- preservar la autonomía del Banco de México.
Estoy cierta de que con la participación de la sociedad en general, de representantes de la academia, del Banco de México, de la Asociación de Bancos de México, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros, se dará mayor certeza al trabajo legislativo, y un mayor sustento para las determinaciones que habrán de tomar ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Muchas gracias por su atención, buenas tardes.
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