Mérida, Yucatán.-  Feministas yucatecas emplazaron al gobernador Mauricio Vila a retirar y sustituir en la terna para elegir a magistrados del Tribunal Superior de Justicia a Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova, para recuperar el espíritu de la Ley 3 de 3 contra la Violencia.

A las y los legisladores del Congreso del Estado a vigilar la observancia y cumplimiento de la Ley 3 de 3 y que, en congruencia con su voto por unanimidad otorgado para la aprobación de esta; pidan el retiro Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova de la terna en cuestión, para recuperar el espíritu de la Ley 3 de 3 contra la Violencia.

En un comunicado, las feministas María Eugenia Núñez Zapata, Rita Farjat Vázquez, Ligia Vera Gamboa, Lydia Laucirica Guanche y Layda Rodríguez Torres, de AMISY; Yndira Sandoval Sánchez y Patricia Olamendi Torres, de Todas México emplazan al gobernador yucateco a cumplir con la Constitución y cumplir con la ley 3 de 3 contra la violencia firmada por él y publicada en el Diario Oficial del Estado.

COMUNICADO

 Mérida, Yucatán, 4 de diciembre de 2023

C Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán.

H. Congreso del Estado de Yucatán

H. Tribunal Superior de Justicia

H. Opinión Pública

Considerando:

Que la Aprobación en Yucatán de la Ley 3 de 3 Contra la Violencia refrendó a Yucatán como la cuna y baluarte del feminismo en el país al convertirse en un faro guía a nivel nacional sobre este tema.

-Que en la reciente ceremonia del día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, el gobernador “presumió” dicha ley.

-Que las y los legisladores de esta Legislatura del Congreso del Estado se han manifestado orgullosos de la aprobación por unanimidad de la ley.

¿Qué ha pasado en el camino?

El Ejecutivo envió al Legislativo las ternas para la selección de DOS Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y en una de ellas se incluyó una persona que NO CUMPLE los criterios emanados de la Ley 3 de 3 ; por lo tanto, como feministas

EMPLAZAMOS :

—- Al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, Lic. Mauricio Vidal Dosal a respetar la Constitución Política de Yucatán y cumplir con la ley 3 de 3 contra la violencia firmada por él y publicada en el Diario Oficial del Estado.

- Para que el Ejecutivo, en respeto a esa Ley, RETIRE - SUSTITUYA de dicha terna al C. Lic. Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova, quien NO cumple los requisitos de la ley 3 de 3 contra la violencia,

- A las y los legisladores del Congreso del Estado a vigilar la observancia y cumplimiento de la Ley 3 de 3 y que, en congruencia con su voto por unanimidad otorgado para la aprobación de esta; PIDAN el retiro Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova de la terna en cuestión, para recuperar el espíritu de la Ley 3 de 3 contra la Violencia.

Las feministas todas, nos mantendremos pendientes de lo que ocurra en la sesión en el Congreso del Estado con la firme convicción de agotar todos los caminos legales para el cabal RESPETO y cumplimiento de esta Ley.

Por el Yucatán de Elvia Carrillo Puerto

Atentamente

AMISY

María Eugenia Núñez Zapata

Rita Farjat Vázquez

Ligia Vera Gamboa

Lydia Laucirica Guanche

Layda Rodríguez Torres

TODAS MÉXICO

Yndira Sandoval Sánchez

Patricia Olamendi Torres

Entre los delitos electorales por VPCMRG, están el amenazar o intimidar a las mujeres con el objeto de obligarlas a presentar su renuncia a una precandidatura, candidatura o al cargo para el que hayan sido elegidas

Ciudad de México.- La Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPCMRG), constituye un delito electoral, por lo que debe ser denunciado ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), de la Fiscalía General de la República (FGR), señaló el Fiscal Electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, destacó que en el proceso electoral 2023-2024 más de 10 mil cargos de elección popular serán para las mujeres, de ahí la importancia que ciudadanos, servidores públicos y candidatos conozcan la ley en la materia, para evitar que por desconocimiento incurran en un delito electoral.

De acuerdo con el artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales -integrado por catorce fracciones- quienes cometen violencia política contra las mujeres pueden recibir sanciones que van de 50 a 300 días de multa y prisión de uno a seis años.

Entre los delitos electorales por VPCMRG, están el amenazar o intimidar a las mujeres con el objeto de obligarlas a presentar su renuncia a una precandidatura, candidatura o al cargo para el que hayan sido elegidas; limitarles o negarles recursos o prerrogativas para el desempeño de sus funciones, así como restringirles o anular su derecho al voto.

Otra de las conductas delictivas, señaló el funcionario, consiste en la distribución de propaganda político electoral que degrade o denigre a las mujeres, basándose en estereotipos de género, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales.

En este sentido, la FISEL lleva a cabo en colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de la Función Pública, el curso de “Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, con la finalidad de que las personas servidoras públicas tengan las herramientas para distinguir estas conductas, denunciarlas y erradicarlas; así como sugerir acciones ciudadanas para combatir ese tipo de violencia.

En la primera capacitación que se realizó el 20 de noviembre, se inscribieron 19 mil 591 personas servidoras públicas. Los cursos continuarán hasta el 21 de abril del próximo año.

Este y otros delitos electorales pueden ser denunciados de manera presencial en la Fiscalía Electoral o mediante sus sistemas de atención ciudadana: FISETEL (800 833 7233) y en la página de internet fisenet.fgr.org.mx.

• Preocupación por el incremento, al doble, de los casos de feminicidio en Yucatán, lo que debe ser una alerta para las autoridades.
• Hay jueces que revictimizan a las mujeres y desde la toga, desde los juzgados, la violencia institucional es criminal: María Eugenia Núñez

Mérida, Yucatán.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY) calificó como “espeluznante” las cifras de 2,882 mujeres asesinadas en México este año y expresó su preocupación por el incremento, al doble, de los casos de feminicidio en Yucatán lo que debe ser una alerta para las autoridades.

Anunció que en las próximas semanas estarán visibilizando una denuncia al Consejo de la Judicatura del Estado el caso de jueces que tienen años en juicios de guardia y custodia, y de pensión alimenticia, así como aplaudió la no ratificación del juez de control Rómulo Antonio Bonilla Castañeda.

--“Hay jueces que revictimizan a las mujeres y desde la toga, desde los juzgados, la violencia institucional es criminal. Los casos que pasan entre la denuncia y la sentencia no deben de seguir pasando en el estado de Yucatán”, expuso María Eugenia Núñez Zapata, en conferencia de prensa acompañada por Lidia Laucirica Guanche.

Denunció la violencia institucional que sufren las mujeres que, en muchos casos, pudieron evitarse si el auxilio fuera pronto, a tiempo, y “muchos de estos casos se revictimiza a las mujeres si vemos la actuación de algunos jueces”.

--“Hacemos un llamado al Consejo de la Judicatura para que revise los tiempos de cumplimiento de los jueces, de todos los jueces, y como el caso del juez Antonio bonilla Castañeda no sean ratificados por tener un largo historial de victimización en contra de las mujeres y también de revictimización hacia la sociedad por juicios tan prolongados hacia los hijos de estas mujeres, hacia las madres y las familias de todas las mujeres que son víctimas  de violencia en el estado de Yucatán”, dijo.

Sobre las cifras difundidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2,882 mujeres víctimas de muerte violenten de enero a octubre de 2023, Núñez Zapata señaló que “esta es una cifra espeluznante. Esta es una cifra que contradice todos los discursos políticos de quienes desde el poder deberían estar ocupados en reducir estas cifras que marcan a México como un país peligroso para la vida de las mujeres”, destacó.

Igualmente consideró que los casos de feminicidio se han incrementado notablemente en Yucatán, esto tomando en consideración que hay casos que la autoridad desecha como feminicidio.

También pidió a las autoridades electorales y partidos políticos observar el cumplimiento de la ley 3de3 en Yucatán.

--Ninguna persona, sea hombre o mujer que tenga antecedentes de violencia sea candidata o candidato, ningún caso de elección popular, o relevo de funcionarios, que vigile muy bien los antecedentes de las personas a quienes se les nombre funcionario. Ningún agresor o agresora puede ser funcionario o candidato”, señaló.

Sobre el 25 de noviembre, pidió que sirva como reflexión para que toda la sociedad en Yucatán “trabajemos juntos de la mano, para impedir que la violencia siga avanzando, para frenar la impunidad que se da en los casos de violencia, pero sobre todo, para que trabajemos juntos de la mano la sociedad y las autoridades en la construcción de una sociedad libre de violencia para las mujeres y para toda la sociedad en el estado de Yucatán”.

Delitos vinculados con violencia en contra las mujeres del año 2022 y de enero a septiembre 2023

Delitos de Feminicidio 5 en 2022, 10 en 2023.

Homicidio Doloso mujeres 4 en 2022, 3 en 2023.

Homicidio culposo mujeres 22 en 2022, 13 en 2023.

Total muertes mujeres 31 en 2022, 24 en 2023.

Lesiones Dolosas mujeres 32 3n 2022, 18 3n 2023.

Lesiones culposas mujeres 2 en 2022, 1 en 2023.

Delitos de violencia  familiar 125 en 2022, 120 3n 2023.

Delito de violación contra mujeres 44 en 2022, 35 en 2023.

Total de delitos en contra de mujeres 171 en 2022, 174 en 2023.

Llamadas al 911 por violencia familiar 3,402 en 2022; 2,462 en 2023.

Llamadas al 911 por violencia de pareja 3,394 en 2022; 2,629 en 2023.

Llamadas al 911 por incidentes de violencia contra la mujer (acoso, hostigamiento, cibernética) 2,885 en 2022; 1,878 en 2023.

Total de llamadas por violencia a mujeres 9,681 en 2022; 6,969 en 2023.

YEIMY BERENICE LAVADORES CANUL, DE 25 años de edad, de Mérida, Yucatán. Fue reportada por su madre como desaparecida el 4 de enero de este año tras una llamada de su jefe JOSHUA “N" para verse en una plaza comercial del oriente de esta ciudad , Aparece el día José 7 de enero al interior de un pozo en San Tecoh, al sur de la protocolo de inves ciudad. De ahí se establece el tigación las investigaciones para posible feminicidio. Tras se gira orden de aprensión para su jefe JOSHUA “N” , quién ya había salido del Estado de Yucatán, posteriormente por los medios se hace de conocimiento que tras investigación Yoshua “N" aparece mue “suicida do” en un Motel rto en Ecatepec Estado de México, donde lo acompañaba otra mujer (su esposa). carpeta de inv.GS/007/2023

Jakeline de 27 años que aparece muerta junto a su esposo Joshua en Ecatepec, lo que se trataría de otro feminicidio, vinculado al feminicidio de Yeimi, carpeta de inv.GS/007/2023

María Petronila E.N. 51 años de Tixkokob, trabajadora de una maquiladora, 28/02/2023, se activa para investigación protocolo de feminicidio, detenido un sujeto Félix Edgardo C. De 19 años asesino, aún en investigación.

4/03/2023 Fátima Pech Vázquez 31 años de Motul, trabajadora de una maquiladora, se activo el protocolo de investigación de feminicidio detenido sujeto último en tener contacto con ella.

8/03/2023.Glendy A.F.N de 30 años Chichimila Yuc. Su pareja con quién tenía una relación e hijos le dio muerte con una pala. (Precisamente en el día internacional de la mujer)

1/07/2023 Teofila Canche Noh, 50 años. Sucila Yucatán Aún se está investigando la muerte con indicios tras el estudio forence de feminicidio. Ya fue detenido su pareja Lázaro A.N.

25/07/2023 Niña de 10 años es ultimada por su padrastro con un disparo en Dzilam. La menor se interpuso entre su madre y el arma. La madre fue envenenada y el padrastro se suicidó

27/07/2023 Litzy C.Ch. de 20 años Ultimada por su pareja en Sihunchen, Mpio de Abalá

29/08/2023 B.C.P.U. de 29 años fue Ultimada en el cuarto de un hotel por asfixia por Andrés M.G.

31/08/23 feminicidio y suicidio en gran san Pedro Cholul mata a su mujer por discusión y luego se suicida.

Las cifras de feminicidio para 2023 en el observatorio de nuestro colectivo nos da como resultado 10 mujeres muertas a manos de personas conocidas o parejas sentimentales, dijo.

--“Evidencia que son casos extremos de la violencia intrafamiliar que sufren muchísimas más mujeres de las que se reportan o muchísimas mas mujeres de las que acuden al llamado del 911.

“Con referencia a 2022 la diferencia fueron en ese año 5 feminicidios, lo que nos preocupa en el incremento al doble de feminicidios, para este 2023. Lo que debe ser una alerta para las autoridades”, aseveró.

• En Yucatán vamos de avanzada, con leyes en favor de los derechos de las mujeres y acciones como la creación de los 106 Institutos Municipales de la Mujer:  Castillo Espinosa

Ciudad de México.- “En Yucatán vamos de avanzada, con leyes en favor de los derechos de las mujeres y acciones como la creación de los 106 Institutos Municipales de la Mujer, el rediseño de los Centros Regionales Violeta y la entrega de los Distintivos Violeta”, puntualizó María Cristina Castillo Espinosa, titular de la Secretaría de las Mujeres, al participar en el conversatorio “La importancia de la participación política de las mujeres en México a Cien Años de la elección de las primeras mujeres diputadas en Yucatán”, organizado por el Senado de la República.

Ante diputadas y diputados locales, senadoras y senadores reunidos en el Instituto Belisario Domínguez del Senado, Castillo Espinosa señaló que, como ha impulsado el Gobernador Mauricio Vila Dosal, todos estos logros son resultado del trabajo en equipo y sumando esfuerzos con la sociedad civil, sector empresarial y los poderes legislativo y judicial.

--“Como lo hicieron Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib Cicero y Beatriz Peniche Barrera hace 100 años, hoy nos toca a todas las personas abrir brecha, ser agentes de cambio y trabajar de la mano para un Yucatán más justo, igualitario y donde todas las mujeres tengan acceso a una mejor calidad de vida”, afirmó Castillo Espinosa.

Reconoció el trabajo y la disposición de cada diputada y diputado que, sin importar colores o partidos, han trabajado para que Yucatán tenga leyes de avanzada como la 3 de 3, contra la violencia vicaria, la legislación que regula los Institutos Municipales de la Mujer y reformas al Código Penal para endurecer las sanciones para quienes cometan feminicidio.

--“Gracias a todas y todos por sumarse a la causa de las mujeres. Hoy más que nunca nos sentimos orgullosas de contar con estas alianzas que han puesto de nueva cuenta a Yucatán en los ojos de todo México al ser un estado pionero en legislación feminista”, expresó.

Asimismo, recordó que fruto de la lucha de las mujeres, el estado es la cuna del feminismo en México pues fue sede, hace 107 años, del primer Congreso Feminista. También tuvo a la primera mujer regidora y a las 3 primeras diputadas electas hace 100 años.

En su intervención, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo felicitó a Yucatán no solo por el legado y su historia feminista, sino por el trabajo colaborativo en favor de mejores condiciones para las mujeres.

Estuvieron presentes diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias de la LXIII Legislatura de Yucatán y demás senadores invitados.

• Esa práctica fractura el tejido social: Karla Amozorrutia Nava
• La CIGU realiza 400 actividades como parte del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Ciudad de México.- No hay excusa para quedarse quietos, es urgente actuar para ayudar a eliminar la violencia contra las mujeres, considera la directora de Gestión Comunitaria y Erradicación de las Violencias, de la Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU) de la UNAM, Karla Amozorrutia Nava.

Esta práctica afecta de manera individual, colectiva y el tejido social se fractura. Cuando una persona de nuestra comunidad la vive impacta en las relaciones sociales de las demás, por eso todas, todes y todos tenemos la responsabilidad de eliminarla, enfatiza en entrevista la académica.

En ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas a partir de 1993, la profesora de la Facultad de Filosofía y Letras explica:

--“La agresión contra ellas y las niñas sigue siendo una de las violaciones a los derechos humanos más extendida y generalizada en el mundo. Se calcula que en el orbe casi una de cada tres féminas (736 millones) ha sido víctima de abuso físico y/o sexual, al menos una vez en su vida”.

Esta cifra se empata con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) en 2021 la cual refiere que de las de 15 años y más que han asistido a la escuela, el 32 por ciento ha padecido algún tipo de ataque a lo largo de su vida como estudiante, añade la pasante del Posgrado en Lingüística Hispana.

Ese porcentaje es elevado, es decir, las afectadas llegan a ser dos personas de cada cinco y que sea el espacio educativo donde se vive ese fenómeno nos pone en un lugar de responsabilidad. Como instituciones de educación superior debemos atacar esta problemática con todos los mecanismos que podamos ir construyendo, resalta Amozorrutia Nava.

La adolescencia es el momento de cambios fisiológicos y cognitivos que las hacen más vulnerables a estas formas de coacción que están normalizadas, no se identifican claramente y tampoco es sencillo nombrarlas, comenta.

Por ello, la UNAM trabaja especialmente en generar una cultura de prevención a partir del bachillerato. Ha impulsado una serie de cambios estructurales y normativos que enfatizan que la violencia hacia la mujer es considerada en la legislación de esta casa de estudios como una causa grave de responsabilidad, y quien la ejerza en cualquiera de sus modalidades puede ser sancionado.

Para que los estudiantes se concienticen e identifiquen los tipos de agresiones, la Universidad implementó desde hace tiempo acciones claras para seguir trabajando en generar una cultura que pase por la sensibilización, capacitación del cuerpo docente, así como de las asignaturas en la currícula, destaca Amozorrutia Nava.

El objetivo, prosigue, es que los integrantes de la comunidad sepan cómo ayudar a alguien que experimente estas problemáticas, y es ahí donde corresponde a los educadores la posibilidad de analizar esto, desnaturalizar esas prácticas, romper con los estereotipos y roles de género, así como tener mayor claridad de que ninguna agresión puede existir.

En los espacios universitarios el tipo de daño que más se ve es el psicológico y es difícil identificarlo, porque puede ir desde un comentario machista, una sistemática humillación, denigración, hasta un chantaje de un compañero, colega, novio o alguien con quien se tiene una relación sexo-afectiva.

Los ataques contra las mujeres y las niñas no son aislados, por lo que siempre se entrecruzan con dificultades de índole sexual, físico, económico (suelen ser dependientes financieros), discriminación; muchas veces los agresores son las personas con las que tienen una relación parental (madre, padre y otras figuras del ámbito familiar).

Amozorrutia Nava comenta que como parte del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la CIGU, a través de su sitio https://coordinaciongenero.unam.mx/actividades-25n-2023/ muestra las más de 400 actividades organizadas por la Universidad en diversos espacios que se extenderán hasta el 10 de diciembre.

• Piden que patrones otorguen permisos hasta por tres meses con goce de sueldo a mujeres víctimas de violencia extrema

Ciudad de México.- La diputada Paloma Sánchez Ramos (PRI) promueve una iniciativa para adicionar las leyes federales del Trabajo y de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el objetivo de que las mujeres puedan solicitar permisos hasta por tres meses con goce de sueldo cuando sufran de violencia extrema y que otorgarlos sea una obligación de los patrones.

La iniciativa, turnada a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Igualdad de Género, resalta que cada día más de 150 mujeres en México son víctimas de lesiones o maltratos. Asimismo, a diario los servicios de emergencia reciben casi mil llamadas de ayuda por alguna forma de violencia y “ninguna de ellas puede, en este momento, pedir en su trabajo que le permitan ausentarse para salir de su entorno de violencia”.

Actualmente, la legislación no contempla que ir a un refugio sea una causa de licencia para el trabajo. “En este momento, las mexicanas que son víctimas de violencia extrema no tienen derecho a ausentarse con goce de sueldo mientras reciben el tratamiento físico y psicológico apropiado y necesario”.

Detalla que el periodo en lograr un trabajo funcional para la recuperación de una víctima es de tres meses de contacto cero con el exterior. Esto permite crear un entorno adecuado para cambiar la perspectiva de la víctima sobre su vida, la de sus hijos y sus relaciones en torno a la violencia.

“De ahí que, por ejemplo, sin un permiso directo del patrón, cualquier trabajadora se vería imposibilitada de ausentarse por tres meses sin ser despedida”, indica.

El documento explica que los refugios o centros de justicia que funcionan como espacios temporales ofrecen servicios de protección, alojamiento y atención con perspectiva de género a mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema, a fin de que recuperen su autonomía y alcanzar un plan de vida libre de violencia.

Dichos refugios, agrega, en su mayoría son operados por organizaciones de la sociedad civil, que reciben recursos del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Actualmente, con excepción de Baja California Sur, Colima, Tabasco, Tamaulipas, Sonora y Zacatecas, las demás entidades federativas cuentan con al menos un refugio.

Subraya que, gracias a estos espacios temporales, las mujeres cuentan con una herramienta que les ayuda a encontrar protección, seguridad, hospedaje, alimentación, vestido, calzado, servicios de enfermería, asesoría jurídica y atención psicológica, así como programas que les permiten reeducarse y capacitarse para adquirir habilidades y conocimientos para una nueva vida libre de violencia.

Por ello, destaca la importancia de reformar dichas normas legales, a fin de que mujeres cuenten con mayores herramientas que les ayude a salvar su vida y a salir del círculo de la violencia.

• Previamente se celebra el foro “Mujeres empresarias”, espacio de reflexión sobre el aporte económico y social que realizan las mexicanas emprendedoras
• Mi compromiso es seguir impulsando una agenda legislativa donde las mujeres estemos al frente y nuestros derechos al centro: Julieta Vences

Ciudad de México (Notilegis).- La Comisión de Igualdad de Género, presidida por la diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), reconoció el trabajo de mujeres empresarias a favor de la igualdad sustantiva, así como los aportes y luchas de las mujeres del medio político mexicano. 

En este contexto, se celebró el foro “Mujeres Empresarias”, donde se escucharon testimonios, luchas colectivas, acompañamientos por una participación efectiva de las mujeres mexicanas en los espacios económicos y de la vida pública, y posteriormente se entregaron preseas de CONMUJER 2023, a destacadas emprendedoras, políticas y activistas.

La diputada Vences Valencia refirió que legislativamente se ha avanzado con normativas tan importantes como la Ley 3de3; además de impulsar legislación sobre el cuidado y reducción de la brecha salarial, para lograr un piso parejo entre mujeres y hombres.

En ese tenor, reconoció el trabajo de las empresarias que han demostrado que ser mujer no impide asumir cargos importantes en espacios de decisión y estrategia económica.

Asimismo, que las emprendedoras mexicanas han “abierto espacios para que las mujeres puedan tener más oportunidades, además de inspirar a otras con su ejemplo”.

Durante la entrega de preseas, subrayó las acciones que han emprendido las galardonadas, pues es a través de sus emprendimientos y trabajo, que se avanza en el empoderamiento de las mexicanas.

La diputada Amalia García Medina (MC) reseñó que la desigualdad no es inevitable, se ha construido durante milenios, pero somos nosotros quienes podemos cambiarlo. La respuesta a una generación es abrirle puentes y puertas a la siguiente.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Aleida Alavez Ruiz, expresó que lugares como el foro propician una agenda en común y un reconocimiento entre compañeras de lucha.

A su vez, la secretaria de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena), destacó el potencial transformador de las mujeres, quienes se esfuerzan por cumplir una “tarea titánica” a favor de una sociedad más justa para todas y todos

Esmeralda Cabeza de Vaca, de la Fundación para la Atención de las Mujeres, coincidió en que en México ha habido un avance muy importante en la igualdad de género, pero falta mucho para que se consolide.

Dijo que en muchas áreas las mujeres enfrentan todavía la violencia, y “éste es el momento de pisar el acelerador para construir un país más próspero, más democrático y desterrar todas las prácticas que todavía bloquean el desarrollo de la mujer. En México hay grandes empresarias. Las mujeres podrían aumentar sus ingresos con un valor global de 17 millones de dólares en el mundo ejecutivo empresarial. Las empresas encabezadas por mujeres invierten 50 por ciento, pero adquieren un 20 por ciento más de ganancias y hay grandes oportunidades de negocio al año”.

Mónica Chávez, fundadora del Consejo Nacional de Mujeres Empresarias, afirmó que, en México, hasta antes de la pandemia, únicamente 27 por ciento de las mujeres trabajaba, en contraste de los hombres, con el 73. La actividad de la mujer es principal en el cuidado de ancianos y niños en el hogar; las mujeres sólo tienen tres cuartas partes de los derechos otorgados a los hombres en movilidad, trabajo, matrimonio, empresariado, derechos de la propiedad y jubiliarios.

Indicó que las empresas se benefician enormemente en los cargos de liderazgos para las mujeres, se ha demostrado que tienen más eficiencia en funciones ejecutivas y hay más ganancias.

• Las mujeres mayores son quienes menos acuden a los CEJUM. En la región occidente (Jalisco) es donde más se registró la asistencia de niñas y adolescentes (0-14 años)
• Los CEJUM existen en 31 entidades y, a pesar de las elocuentes cifras de la persistencia de la violencia, las mujeres víctimas de violencia no recurren a las instituciones

Por Sara Lovera
(saraloveralopez@gmail.com)

México, noviembre (SEMlac).- A cinco años de esta administración, los 65 Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM), creados hace 12 años, sólo ofrecen cinco de los 16 servicios que anuncian, están desarticulados jurídica y administrativamente, sin suficiente personal, sin unidad metodológica para atención integral de las violencias contra las mujeres y escasea la capacitación lo que genera revictimización; además, sólo alcanzan a atender a 65.000 mujeres, sostiene el grupo Equis Justicia para las Mujeres.

Dice, además, que apenas 11 por ciento de quienes vivieron violencia de pareja y buscaron apoyo o información acudieron a un CEJUM, hay problemas para atender la demanda, proveer servicios, exceso de rotación del personal y carencia de la especialización que se requiere para atender algunos casos.

Aunque en 12 años la cantidad de centros creció siete veces, principalmente en la pasada administración con 31, en esta se fundaron sólo 17, menos del 25 por ciento. Los hay en 31 entidades, no existe en Tabasco. Entregarlos en mayoría a Gobiernos estatales impide su coordinación, hoy es tiempo de revertir los obstáculos para su funcionamiento.

Equis Justicia para las Mujeres los observa desde hace una década, comprueba que el gasto público que se les asigna no es suficiente para ofrecer una atención integral a las mujeres violentadas y dicho gasto proviene de distintas fuentes, tanto como su naturaleza jurídica, lo que repercute en el acceso al presupuesto y dificulta su operación.

Pensados para ofrecer profunda e integral a las violencias machistas, sin embargo pone énfasis en las denuncias penales, no las cobija y frecuentemente son canalizadas a refugios, por lo que las mujeres reciben una atención diferenciada y, muchas veces, no terminan su proceso. Se quedan a medias.

A pesar de todo ello, el análisis de Equis señala que estos centros sí funcionan para atender y prevenir la violencia contra las mujeres, por lo que deberían estar en el presupuesto de 2024, clara y contundentemente.

Muchas usuarias manifestaron recibir buen trato, cuando dependen de las secretarias de gobierno de los estados, cuando dependen de las fiscalías, no, porque carecen de perspectiva de género y las revictimizan. Equis hace recomendaciones para corregirlo.

Otra característica, observada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF, 2020) es que debían tener una metodología de operación homogénea, ahora cada centro tiene su propio manual de operación, lo que dificulta, entre otras cosas, reportar sus gastos.

Los centros son uno de los instrumentos principales de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia: sin embargo, hasta el pasado 8 de mayo no estaban regulados, en esa fecha se incorporó la figura CEJUM en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, y pasaron a depender oficialmente de la Secretaría de Gobernación. Antes su planeación fue limitada.

El segundo informe sobre los CEJUM 2018-2021, realizado por Equis, el primero lo hizo en 2017, advierte la que, a pesar de recurrir a la demanda de información vía transparencia, solamente 23 de los 65 centros dieron información suficiente.

El informe, de 111 páginas editadas en un libro, concluye que se hizo porque se aspira a fortalecer sus servicios mediante la actualización de su modelo de atención -que data de hace una década-, la certificación en integridad institucional, la promoción de estrategias de vinculación y la creación de otros Centros en zonas de alta incidencia de violencia contra las mujeres.

Desarticulados, sin homogeneidad y poca incidencia, a pesar de que a lo largo de su vida, 70 por ciento de las mujeres mexicanas han experimentado una situación de violencia, en particular de tipo psicológico y sexual; en espacios comunitarios (46 %) y escolar (32 %), ha crecido consistentemente desde 2016, cuando reportaron valores de 39 y 25 por ciento, fue como los dejó la responsable de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Fabiola Alanís Sámano, encargada de los centros durante casi tres años y quien renunció la pasada semana para buscar un puesto electoral.

No hubo escucha

Equis Justicia para las Mujeres afirma que a pesar de que se advirtió a las autoridades de las carencias y la situación de los CEJUM, en el informe de 2017, y otros parciales, la condición de los centros no ha cambiado, muchos los sostienen los gobiernos estatales; con estructuras diferenciadas y resultados diversos.

El informe construido con investigación, participación de organizaciones feministas y especializadas, también incluyó entrevistas con las titulares. Por ejemplo, sobre el presupuesto asignado a los CEJUM, puesto que impacta en su funcionamiento diario.

Advierte la organización que "no afirmamos que la calidad de los servicios mejore únicamente si los Centros de Justicia reciben más dinero; sin embargo, las titulares de las direcciones reconocieron que les ayudaría a aliviar diversas necesidades. En un ejercicio hipotético en que les pidieron que distribuyeran un billete de 100 pesos (5,5 dólares) en aquello que consideraban primordial, obtuvimos que lo usarían para contratar más personal; otras también hablaron de la adquisición de materiales y mobiliario, insumos para las usuarias y el mejoramiento de las instalaciones.

Algunas consideraciones

El resumen pormenorizado de atenciones reveló que estos centros no alcanzan a atender más de 65.000mujeres al año, sin una clara dirección.

En un diagnóstico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021) se advirtió que la competencia de los CEJUM para obtener recursos económicos, humanos y materiales está determinada por su capacidad institucional, los actores que intervienen y el lugar que ocupan en la estructura gubernamental. Se reconoce que no disponen de infraestructura completa y que apenas ofrecían cinco servicios.

La Auditoría Superior de la Federación (2020) identificó 15 instrumentos que conforman la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, coordinados por 10 instituciones. Así puede leerse en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014.

El vínculo de los CEJUM con las Fiscalías perpetúa la idea de justicia relacionada con la persecución y sanción de los delitos. Estas son instituciones que oscilan entre la promoción de la denuncia, por un lado, y los desincentivos para las mujeres víctimas de violencia una vez que han decidido hacerlo, por otro. Supimos de casos en que las usuarias sufrieron malos tratos, como regaños, gestos, cuestionamientos o minimización de sus relatos y desaliento para continuar con sus procesos.

La adecuada actuación del personal a cargo de la atención de las usuarias de los Centros de Justicia puede garantizar su permanencia en el proceso, pues factores como la falta de capacitación, el cambio constante de personal o la falta de personal especializado afecta negativamente, al reproducir estereotipos nocivos asociados a la justificación y minimización de la violencia que viven las víctimas

Este informe busca proporcionar a los gobiernos de los estados, así como a las Legislaturas locales, elementos para un mejor entendimiento de la importancia de los Centros como instituciones que previenen y atienden las violencias, así como para impulsar la reforma de sus marcos normativos y garantizar asignaciones presupuestales, guiados por el principio de progresividad, que permitan que estas instituciones reviertan los obstáculos que impiden su óptimo funcionamiento.

En 15 entidades recurren al protocolo nacional de atención a usuarias y a su protocolo local. Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala y Veracruz operan usando sólo el protocolo nacional. En Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos y Querétaro se utiliza el instrumento estatal.

No se obtuvo información de Colima y Sinaloa. Se recomienda fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones de los Centros de Justicia, pues su visión crítica y cercanía a las mujeres víctimas de violencia les permite identificar con mayor facilidad obstáculos de acceso y mejora de los servicios. También se recomienda crear e implementar mecanismos de participación ciudadana que involucren más a las usuarias de los CEJUM, tomando en consideración sus distintas características y construyendo en conjunto servicios que se adapten a sus necesidades e ideas en torno a la justicia.

Información sobre las regiones: Según los datos que recabamos, la región centro mostró un incremento en el número de usuarias que acudieron a los CEJUM entre 2018 y 2019, pero a partir de esa fecha se registró una disminución; en el norte tuvo lugar el fenómeno contrario; en la zona occidente se presentó un alza constante, especialmente notoria de 2019 a 2020, lo mismo que en el sureste del país.

Se reconoce también que no disponen de infraestructura completa y que apenas ofrecían cinco servicios, falta personal especializado.

La mayoría de las usuarias de los Centros de Justicia tienen una edad que oscila entre los 15-29 años y los 30-44 años. Las mujeres mayores son quienes menos acuden a los CEJUM. En la región occidente (Jalisco) es donde más se registró la asistencia de niñas y adolescentes (0-14 años)

Testimonio: Si alguna mujer de una comunidad indígena acude al Centro, se le juzga por su apariencia física e incluso hay un trato discriminatorio porque el lenguaje que se utiliza es distinto al español, asumiendo que no se les entiende porque, al hablar español, lo hacen de forma muy pausada. Las usuarias no quieren volver a preguntar o incluso señalan que son mayahablantes. Es muy difícil para las usuarias llegar al Centro de Justicia para las mujeres, toda vez que está ubicado sobre el periférico que rodea todo el municipio de Mérida. Y las que se trasladan del otro lado de la ciudad tienen que tomar dos camiones, dos autobuses, lo cual les lleva aproximadamente una hora, hora y media. Aparte del desgaste no sólo emocional, psicológico, porque la mayoría no cuenta con un vehículo para trasladarse, si no también afectando su economía

Violencia sexual: Con datos de nueve entidades, durante 2021 en promedio una de cada 10 usuarias vivió actos que dañaron su cuerpo o su sexualidad, según se define en la LGAMVLV, aunque esta proporción es mucho mayor en San Luis Potosí.

La falta de datos desagregados acarrea dos consecuencias inmediatas. Por un lado, invisibiliza las vivencias y experiencias propias de ciertos grupos de mujeres, lo que dificulta atenderlas satisfactoriamente y, por otro, impide revertir estigmas, prejuicios y prácticas discriminatorias, así como analizar las desigualdades. Los hombres también acuden a los Centros de Justicia. En su mayoría se trata de niños y adolescentes hijos de las mujeres víctimas de violencia. Casos como el de Chihuahua, donde todos los usuarios tenían más de 60 años. Podría tratarse de los padres, las parejas u otros familiares de las mujeres afectadas por los hechos violentos e incluso hombres víctimas de violencia.

Con información de nueve estados es posible identificar hasta 11 tipos de violencia; no obstante, las violencias psicológica, física y económica fueron las más detectadas entre las usuarias.

La violencia feminicida, por otro lado, sólo fue mencionada por la Ciudad de México y Chihuahua. En el CEJUM de Ciudad Juárez reportó que el total de sus registros de violencia corresponde a esta categoría.

En relación con el número de servicios proporcionados por los Centros de Justicia, los datos entregados por 17 entidades dejan ver que la atención jurídica es la más frecuente, seguida de la atención psicológica, de trabajo social y médica; esto podría confirmar la importancia de la denuncia como medio de acceso a la justicia.

Datos de 12 estados evidencian que, pese a tener características específicas, suelen reportarse como referencia casas de emergencia, albergues, casas de tránsito o casas de acogida.

De especial preocupación son los obstáculos para acceder a los servicios de los CEJUM. "Identificamos que tiene un papel relevante su ubicación geográfica porque, en los casos en que sólo hay un Centro en el estado, implica desplazamientos largos o costosos para las usuarias".

"Su localización dentro de las Fiscalías o en instalaciones contiguas también puede desincentivar a las mujeres de acudir a ellos, particularmente si la atención se condiciona a la interposición de una denuncia. A lo anterior se añade el desconocimiento sobre sus servicios, pues los esfuerzos de difusión suelen centrarse en las redes sociales, con poco impacto a nivel municipal".

Sobre la calidad de los servicios, las entrevistas revelaron que falta de personal en prácticamente en todas las áreas que conforman los CEJUM, tanto por la demanda de atención como por la obligación de proveer servicios, la rotación y la especialización que se requiere para atender algunos casos.

También se mencionaron aspectos como los tiempos de espera, la carencia de transporte y combustible, alimentos, insumos de aseo personal y para bebé, mobiliario y equipo. A esto se suman las experiencias de maltrato a las usuarias relatadas en testimonios, entre regaños, gestos, cuestionamientos o minimización de sus relatos y desaliento para continuar con sus procesos, en especial al presentar su denuncia.

A las tres horas de espera, con la usuaria desesperada porque su hija e hijo tenían hambre […], pensó en regresar a su casa […]. Me comuniqué con la entonces directora del CEJUM para solicitar que interviniera y le brindaran atención. Eso cambió la situación, salieron a buscar a la usuaria, quien ya estaba fuera del lugar, le levantaron la denuncia. Las siguientes siete horas fue un ir y venir de llamadas.

La ausencia de un enfoque diferenciado en la provisión de servicios, por otra parte, puede agudizar la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia. Por mencionar algunos datos, apenas dos entidades dijeron contar con baños accesibles, tres con sillas de ruedas, siete con intérprete de lengua de señas y cinco con rampas de acceso. Sobre la disponibilidad de intérpretes y traductores de lenguas indígenas, cinco estados manifestaron tener personal propio, mientras que 16 se auxilian de otras instituciones y les convocan cuando es necesario. Por último, también tuvimos conocimiento de que suele rechazarse a las usuarias de sustancias psicoactivas, pues no se sabe cómo tratarlas.

Los CEJUM existen en 31 entidades y, a pesar de las elocuentes cifras de la persistencia de la violencia, las mujeres víctimas de violencia no recurren a las instituciones. Por ejemplo, apenas 11 por ciento de quienes vivieron violencia de pareja y buscaron apoyo o información acudieron a un Centro de Justicia en parte, al desconocimiento de sus servicios entre las mujeres en general y también entre sus usuarias. No obstante, la mayoría de quienes sí recurrieron a ellos (84 %) dijeron haber sido tratadas bien y con respeto; aunque esta percepción disminuyó seis puntos porcentuales respecto a la medición anterior (INEGI, 2022a).

Antecedentes: Informe nacional 2018-2021

Los primeros CEJUM iniciaron operaciones en 2011, en Chihuahua, Campeche y Chiapas. Desde entonces, su número ha aumentado sostenidamente.

Su creación se relaciona con el cumplimiento de las recomendaciones hechas por la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, luego de su visita a Ciudad Juárez en 2005 (Consejo Económico y Social, 2006), en relación con prestar servicios de protección y apoyo para las víctimas, sus familias y las mujeres en riesgo, así como con el informe de fondo presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2007, con motivo del Caso González y otras ("campo algodonero") vs. México (CIDH, 2009), en que solicita adoptar una política integral, coordinada y de largo plazo para prevenir y reparar la violencia contra las mujeres.

En 2012, cuando apenas se contaban siete Centros de Justicia en México, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó mejorar su capacidad y ponerlos al alcance de todas las mujeres y niñas.

Al final del sexenio 2012-2018 ya había 48. En 2017, Equis Justicia para las Mujeres, A.C. (en adelante, Equis), publicó su primer informe sobre el tema. En él se destacó la heterogeneidad de los CEJUM respecto a los documentos por los que fueron creados, sus dependencias de adscripción y herramientas operativas, así como los recursos económicos y humanos de que disponían.

El pasado 8 de mayo de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), en materia de Centros de Justicia para las Mujeres, que venía gestándose desde 2016 con el impulso de diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC), entre ellas EQUIS. Esta normativa incorpora una definición precisa de los CEJUM, para quedar así

"Son espacios multidisciplinarios e interinstitucionales que brindan, de manera gratuita, atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos menores de edad, desde las perspectivas de género, derechos humanos, intercultural, diferencial e interseccional, mediante la prestación de servicios en un mismo lugar, con la finalidad de promover y garantizar su acceso a la justicia, el ejercicio pleno de sus derechos humanos y su empoderamiento (Segob, 2023, art. 5º)

Autoras:

Directora general Fátima Gamboa Estrella, subdirectora ejecutiva Maïssa Hubert Chakour, coordinadora del Área de Políticas Públicas Nancy Carmona Arellano, Investigación y análisis Nancy Carmona Arellano, Daniela Cuéllar Sánchez, Aranza Gamboa Altamirano, Alejandra Ramos Lezama, Mónica Rebollo López.

Revisión APIS Sureste: Fundación para la Equidad, A.C., e integrantes del Observatorio Ciudadano de Centros de Justicia para las Mujeres: Colectivo Mujer y Utopía, A.C., Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C., Grupo de Estudios sobre la Mujer "Rosario Castellanos", Incide Femme, A.C., Kóokay Ciencia Social Alternativa, A.C., Observatorio Ciudadano Nacional de Violencia, A.C.

• En lo que va del 2023, la Secretaría de las Mujeres ha incrementado en un 96% el número de servicios que ofrece a mujeres de todo el Estado, comparado con el mismo periodo de 2022.

Mérida, Yucatán.- Resultado del trabajo coordinado con las autoridades municipales, a las acciones de difusión y los recorridos casa por casa, en lo que va del 2023 la Secretaría de las Mujeres ha incrementado en un 96% el número de servicios de atención y prevención de la violencia que se ofrecen a las mujeres en todo el estado.

María Cristina Castillo Espinosa, titular de la Secretaría de las Mujeres, señaló que desde el día uno de esta administración, desde la Semujeres no se han escatimado recursos ni esfuerzos para que las mujeres tengan a su alcance servicios de calidad, con un trato oportuno, cálido, humano y profesional que les permita tener una vida libre de violencias.

--“En este Gobierno hemos trabajado sin descanso para que todas las mujeres tengan un desarrollo pleno, seguridad y bienestar para ellas y sus familias. Desde la Semujeres trabajamos todos los días para que cada mujer que vive en Yucatán tenga una mejor calidad de vida”, aseguró.

Informó que, de enero a septiembre de este año, se ha brindado más 42 mil 364 servicios de atención jurídica, psicológica y de trabajo social a mujeres que acuden a los Centros Regionales Violeta ubicados estratégicamente en todo el estado.

Castillo Espinosa dijo que esto demuestra la confianza de las mujeres en los servicios que se ofrecen en estos espacios “las usuarias pueden estar seguras que somos sus aliadas, que tenemos personal calificado para darles acompañamiento cuando lo requieran y que no las dejaremos solas en ningún momento”, apuntó.

Recordó que los servicios y programas integrales y gratuitos para mujeres en situación de violencia están disponibles para todas las mujeres que así lo requieran a través de los Centros Regionales Violeta ubicados de forma estratégica para darle una cobertura oportuna a todo el Estado.

Los Centros Regionales Violeta se ubican en Mérida, Buctzotz, Celestún, Chankom, Dzemul, Dzilam de Bravo, Espita, Halachó, Homún, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Maxcanú, Mayapán, Motul, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, Quintana Roo, Sotuta, Tahdziú, Tecoh, Tekax, Temax, Ticul, Tixcacalcupul, Tizimín, Umán, Valladolid y Yaxcabá.

De igual manera, se cuenta con las 106 Instancias Municipales de la Mujer, con quienes la Semujeres trabaja de manera coordinada para brindar atención integral y oportuna a las mujeres en todo el Estado.

“Sabemos que un elemento fundamental para que las mujeres puedan romper con el círculo de la violencia es su independencia económica por lo que se han realizado más de mil 400 sesiones de talleres para la autonomía y el empoderamiento de las mujeres en los que se promueve el emprendimiento y capacitación para el autoempleo”, afirmó.

En el periodo que se informa, se han impartido 61 sesiones de talleres de sensibilización y reflexión sobre prevención de la violencia contra las mujeres en escuelas y espacios públicos, así como 11 rallys de la prevención “Preventlón”.

Estos talleres se realizaron en Abalá, Akil, Celestún, Dzitás, Huhí, Kinchil, Maxcanú, Mérida, Progreso, Sacalum, Seyé, Tecoh, Tekax, Ticul, Tizimín, Tzucacab, Umán, Valladolid y Yaxcabá. Las sesiones de reflexión fueron en los municipios de Abalá, Akil, Celestún, Chocholá, Espita, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Seyé, Tekax, Umán y Valladolid.

Este año, también se han realizado 8 “Olas Violeta”, que son ferias de servicios de la Semujeres y otras dependencias de Gobierno para llevar acciones de empleo, pláticas informativas, talleres y acercar acciones lúdico-recreativas a las mujeres y sus familias.

En marzo se realizó un Volanteo Violeta masivo, de manera simultánea en 13 municipios, con la finalidad de promocionar los servicios que brinda la Secretaría de las Mujeres de manera gratuita a través de los Centros Regionales Violeta.

--“Continuaremos trabajando sin descanso para erradicar la violencia de género y para que las mujeres cada día tengan más y mejores oportunidades, pues sabemos que nosotras somos pieza importante en el desarrollo de Yucatán”, finalizó.

Con estas acciones, la Semujeres refrenda su compromiso de continuar trabajando con todas las dependencias del Gobierno estatal, escuelas, universidades, organizaciones civiles y alcaldías para continuar impulsando acciones transversales para prevenir delitos y garantizar tanto la seguridad como una mejor calidad de vida, para las mujeres y sus familias.

• Juezas y jueces de paz, titulares de los Institutos Municipales de la Mujer y policías municipales reforzaron sus conocimientos para ofrecer una atención profesional más cercana y con perspectiva de género.

Mérida, Yucatán.- Más de 180 juezas y jueces de paz, titulares de los Institutos Municipales de la Mujer y policías municipales concluyeron la capacitación “Rutas de Atención Municipal a la Violencia contra las Mujeres”, impulsada por la Secretaría de las Mujeres y el Poder Judicial del Estado.

María Cristina Castillo Espinosa, titular de la Semujeres, indicó que este trabajo coordinado tiene como antecedente el convenio de colaboración signado en marzo pasado con el objetivo de lograr la igualdad entre mujeres y hombres, así como de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

“De abril a septiembre, hemos trabajado fuertemente con el Poder Judicial para que personal estratégico encargado de la atención a las mujeres pueda reforzar sus conocimientos y ofrecer una atención profesional más cercana y con un trato humano, y sensibilizado”, dijo.

Asimismo, señaló que las y los policías municipales, así como juezas y jueces de paz suelen ser ese primer contacto entre las mujeres en situación de violencia, por lo que es primordial que puedan ofrecer una atención integral y contribuir con la justicia comunitaria con perspectiva de género; por ello agradeció la disposición del Poder Judicial para sumar esfuerzos en pro de las mujeres.

“En estos meses de arduo trabajo pudimos constatar el compromiso del funcionariado público por trabajar de la mano en acciones integrales para fortalecer nuestros mecanismos de atención a las mujeres en situación de violencia”, añadió.

Al dar la bienvenida al auditorio del Tribunal Superior de Justicia a quienes participaron en las mesas de trabajo de las Rutas de Atención a la Violencia, la magistrada presidenta del Poder Judicial María Carolina Silvestre Canto Valdés, destacó que la institución tiene el compromiso de colaborar con los poderes del estado, las instituciones públicas y privadas, así como con la sociedad civil, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

“Mejorar la capacitación de las y los jueces de paz en la resolución de conflictos comunitarios y capacitarlos en temas relevantes como la adecuada atención a la violencia y las formas de erradicarla representan un medio fundamental para mantener la paz y promover el desarrollo social donde no existen juzgados de primera instancia y es fundamental en la actual mejora e innovación de los procesos de las funciones del servicio público de impartición de justicia que se fortalece con la digitalización y modernización administrativa.

También recalcó que el Poder Judicial desempeña un papel crucial al emitir medidas y órdenes de protección en los términos establecidos por la legislación, garantizando el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y se ha enfocado en fortalecer el tejido organizacional que lo asegure como un espacio libre de violencia contra las mujeres.

Durante las mesas de trabajo realizadas en Mérida, Motul, Izamal, Tizimín, Tekax y Valladolid, las personas participantes pudieron intercambiar experiencias y crear sus rutas de atención municipal para la mejora de la atención de acuerdo a las necesidades de niñas, adolescentes y mujeres.

Además, se abordaron temas como tipos y modalidades de la violencia de género, primeros auxilios psicológicos, NOM 046, así como de los servicios integrales y gratuitos que se ofrecen a través de los 34 Centros Regionales Violeta.

“Todos estos temas me ayudan para que pueda brindar una mejor atención a las mujeres y canalizarlas de forma adecuada, nos sirve mucho toda esta capacitación para saber cómo ayudar a las mujeres en situación de violencia”, dijo Julián Pech Estrada, juez de paz de Tekantó.

Por su parte, Ana Patricia Hass Chan, directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Dzitás, mencionó que la capacitación “es algo que nos va a fortalecer como equipo, el tener estas herramientas es muy importante para poder dar un servicio agradable y con la información correcta para las usuarias”.

En las mesas de trabajo, se contó con la participación de personal de los municipios de Abalá, Acanceh, Akil, Cacalchén, Cansahcab, Cantamayec, Celestún, Cenotillo, Chacsinkín, Chemax, Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Chikindzonot, Chocholá, Chumayel, Conkal, Cuncunul, Cuzamá, Dzán, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzitás, Dzoncauich, Espita, Halachó, Hocabá, Hoctún, Homún, Hunucmá, Ixil, Kantunil, Kaua, Kinchil, Kopomá, Mama, Maní, Maxcanú, Mayapán, Mocochá, Muna, Muxupip, Opichén, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Río Lagartos y Sacalum.

Así como San Felipe, Sanahcat, Santa Elena, Seyé, Sinanché, Sotuta, Sudzal, Suma, Teabo, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekantó, Tekit, Tekom, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Temozón, Tepakán, Timucuy, Tinum, Tixcacalcupul,Tixkokob, Tixpéhual, Tixméhuac, Tunkás, Tzucacab, Uayma, Ucú, Xocchel y Yaxkukul.

• Layda Sansores, gobernadora morenista de Campeche, incluida en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género

Por Libertad López
(semmexicoedicion@gmail.com)

México, septiembre (SEMlac).- Consejeras electorales, mujeres urbanas y de comunidades y pueblos indígenas e investigadoras examinaron la condición en que mexicanas de distintos contextos viven al participar en política. Sin duda, dijeron, la violencia por razón de género se acentúa en municipios de población originaria. Ellas identifican, además, a mujeres que la ejercen contra otras mujeres.

El examen se hizo en la presentación del libro "Diálogos interculturales para la participación política de las mujeres" en homenaje a Dalia Barrera Bassols, a la que asistieron autoras, participantes y consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE).

Aunque no se dijo, ahí está el ejemplo de Layda Sansores, gobernadora morenista de Campeche, incluida en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), en julio pasado.

Por la contradicción entre la vida real y los derechos políticos de las mujeres en paridad, mujeres pertenecientes a comunidades indígenas de Oaxaca dijeron que "aunque la paridad entre mujeres y hombres es lo ideal, esta no debe ser a costa de ellas", de la tranquilidad y la vida de las mujeres, donde las autoridades todavía se eligen por usos y costumbres.

El libro se presentó en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) que cumple 80 años, y ahí las consejeras del INE destacaron la importancia de reconocer las diferencias, en interculturalidad, ahí quedó claro que las indígenas tienen formas diferenciadas de entender y de habitar el mundo y, por ende, de vivir la participación política, en un contexto machista.

"Ello muestra que se requiere de un trabajo institucional en donde participen autoridades electorales nacionales y locales para dar una protección adecuada, de denuncia y que las mujeres puedan ejercer sus derechos libres de violencia", consideró la consejera.

En la presentación realizada por ambas instituciones, la consejera Claudia Zavala Pérez aseguró que el diálogo del INE con la ciudadanía y las instituciones implica que "nosotras y nosotros construyamos a partir de cada una de las circunstancias y las diferencias", al reconocer las distintas necesidades de las mujeres en su contexto.

Los diálogos realizados en 2019 y referidos en el libro, precisó, se presentan en cuatro espacios en los que se abordan temas como: las mujeres en las comunidades y la participación política comunitaria; los aportes de los trabajos de las mujeres en cada una de sus comunidades y en sus municipios; cómo se recorren los caminos para llegar a ocupar ciertos cargos y cómo ejercer los cargos antes, durante y después.

"Vamos a encontrar en esta plática mucha riqueza, pero en la lectura también, por lo que les invito a que nos podamos apropiar de ella. Porque cuando nosotros lo leemos y lo interpretamos, acorde con nuestra propia circunstancia, se genera una riqueza excepcional", dijo la consejera Zavala.

Durante la bienvenida en las instalaciones de la ENAH, el director de la institución educativa, José Luis Castrejón Caballero, subrayó que en el 85 aniversario de esa institución es un honor contar con la presencia del INE, "tan importante en estos momentos y desde hace ya algunas décadas de su creación, antes IFE".

Mujeres indígenas enfrentan mayores retos al participar en política

La presentación del libro estuvo a cargo de la coautora Maricela Zurita Cruz, quien pidió que, en la participación política de las mujeres, se deben analizar los contextos interculturales y sostuvo que a las mujeres indígenas les implica mayores retos participar en política con respecto a los hombres.

"Nos implica luchar contra el machismo de adentro, también luchar con el machismo, el clasismo y el racismo de afuera y entonces aquí queda evidencia de que no es lo mismo hablar de participación política de las mujeres en ciudades como esta, en instituciones como el INE, en los gabinetes de gobierno, en un partido político, en un municipio que se rige por sistemas normativos internos, a una comunidad como la mía, donde el pueblo determina quién debe ser el corazón del pueblo", aseveró.

Zurita reconoció a las mujeres cuya bandera es la lucha por la participación política. En los contextos donde las personas aspiran a ocupar un cargo, exhortó, las instituciones deben garantizar que se cumpla con las reglas establecidas para ello y, donde los cargos no se buscan, sino que se asignan por una asamblea comunitaria, que no sea a costa de la dignidad o la vida de las mujeres.

Al comentar la obra, la consejera Claudia Zavala mencionó que "lo gratificante de la experiencia que deja la lectura del libro es que esas voces, que suenan en todo lo alto, no pretenden lanzar un alarido, tampoco ocultarse en un susurro, pero sí construir una comunicación entrañable".

Un 70 por ciento de los casos de VPMRG se registran a nivel de pueblos y municipios

"Si bien no todas las mujeres quieren participar en política, es necesario dejar en claro que todas tienen derecho a la participación política sin violencia, lo que debe reconocerse en todos los sistemas normativos", estableció la consejera Humphrey Jordan, quien señaló que este libro permitió a mujeres indígenas expresar su visión sobre la forma en que viven y se desarrollan en su comunidad.

Lograr la participación política de las mujeres indígenas en condiciones de igualdad

Los Diálogos interculturales para la participación política de las mujeres, donde ellas comparten testimonios, no se refieren sólo a los cargos y sistemas normativos de Oaxaca, sino que plantean retos y responsabilidades como sociedad para hacer posible la participación política de las mujeres indígenas en condiciones de igualdad, agregó la consejera Rita Bell López Vences.

Asimismo, invitó a leer la publicación y reflexionar sobre la participación de las mujeres en todos los cargos: "como directoras, como magistradas, como consejeras, debe haber un espacio para cada una de ellas y que ejerzan en condiciones de igualdad".

Como autoridades, dijo, "tenemos responsabilidad para dar seguimiento, acompañamiento, revisar y fortalecer sus propias instituciones para que, desde sus usos, costumbres y cosmovisión, tengan acceso a la justicia".

En la presentación también participaron las coautoras del libro Carolina María Vásquez García y Flora Gutiérrez, quienes coincidieron en que es importante escuchar la participación política de las mujeres desde su propia voz, que la academia tiene una función fundamental en la implementación de políticas públicas y destacaron el reconocimiento de la interculturalidad, como una apuesta por la lucha y transformación del Estado y de una sociedad monocultural y unilineal.

Posteriormente, se realizó una sesión de preguntas y respuestas moderada por la directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, Flor Dessiré León Hernández. Al término de la sesión, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos.

Rinden homenaje a Dalia Barrera Bassols

Como parte del programa, las y los asistentes rindieron un homenaje póstumo a la profesora-investigadora en la División de Posgrado de la ENAH, Dalia Isabel Barrera Bassols, quien lamentablemente falleció el 13 de abril de 2023.

Barrera Bassols fue investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por más de 40 años, economista de formación y doctorada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante su trayectoria, la académica especialista en estudios de la mujer, de género y feminismo, coordinó diversos proyectos de políticas públicas, equidad de género y de diagnóstico sobre la participación política de las mujeres.

Además, impartió seminarios especializados y talleres sobre estas materias y participó en la formación de nuevas generaciones de estudiantes. Dalia Barrera Bassols fue una constructora de democracia, como da cuenta su trabajo dentro y fuera de la academia, con el que buscó el empoderamiento político de las mujeres y de los sectores históricamente excluidos del ejercicio de sus derechos.

• La diputada Martínez Díaz (Morena) propone adicionar el Código Penal Federal

Ciudad de México.- Con la finalidad de tipificar y sancionar con prisión de 2 a 4 años y hasta 200 días multa el delito de acoso cibernético, así como el pago de la reparación integral de los daños y perjuicios ocasionados, la diputada Esther Berenice Martínez Díaz (Morena), presentó una iniciativa que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal. 

La propuesta, remitida a la Comisión de Justicia para dictamen, incorpora un capítulo III denominado “Acoso Cibernético y Protección de la Privacidad” al Título Decimoctavo de dicha norma, para establecer en el artículo 287 Bis que “comete el delito de acoso cibernético el que realice algún tipo de asedio a través de tecnologías digitales que tenga por objeto perseguir, atemorizar, intimidar o humillar a otra persona. 

Asimismo, el artículo 287 Ter describe que “será sancionado con prisión de 2 a 3 años y de 800 a mil días multa al que, a través de cualquier medio digital viole la privacidad de cuentas personales, acceda a la información personal sin la debida autorización o inserte ilegítimamente datos en una cuenta que no le pertenece”. 

En tanto, el precepto 287 Quáter instituye que los delitos previstos en el Capítulo III denominado Acoso Cibernético y Protección de la Privacidad, serán perseguibles de oficio.

Con la reforma, asegura, se busca contribuir a la erradicación de la impunidad en este tipo de conductas negativas perjudiciales a la sociedad y estar en la posibilidad real de proteger la seguridad de las personas en el ciberespacio y por ende el orden social y jurídico.

La legisladora subraya que al no existir el tipo penal de ciberacoso no se le podrá castigar a quien lo comete; por eso es innegable la tipificación de esta conducta, considerando la nueva revolución tecnológica presente en todos los ámbitos de la vida, por lo que se debe visibilizar en la ley.

Expone también que existe otro tipo de conductas de impacto negativo en la sociedad, que se realizan igualmente a través de medios digitales. Se trata de los ciberataques personales en donde se asedia a las personas, se les persigue, se vigilan, incluso, se hackean sus cuentas y se ataca a su intimidad.

En su argumentación, Martínez Díaz indica que la creciente propagación de la conectividad global presenta un riesgo grave de que aumenten las tasas de delitos cibernéticos, entre ellos, los que vulneran la ciberseguridad, la intimidad y la información personal que amenazan la paz y la seguridad de las personas.

El ciberespacio, añade, sin duda se ha convertido en un campo fértil para la delincuencia, los ataques pueden realizarse desde cualquier parte. Cada ciberdelito es distinto, ya que puede ser de carácter financiero o con fines sexuales. 

Refiere que, en México, de acuerdo con el Inegi, el porcentaje de la población de 12 años y más que utilizó internet en 2022, fue del 79.5 por ciento. De este universo, 20.8 por ciento reportó que había sido víctima de ciberacoso, lo que equivale a 17.4 millones de personas; la población que sufrió en mayor medida estos ataques cibernéticos fueron las mujeres, pues 9.8 millones de 12 años y más fueron ciberacosadas.

Puntualiza que, a nivel nacional, las situaciones de ciberacoso fueron: contacto mediante identidades falsas, mensajes ofensivos, insinuaciones o propuestas sexuales, llamadas ofensivas, provocaciones para reaccionar de forma negativa, suplantación de identidad, rastreo de cuentas o sitios web, críticas por apariencia o clase social, amenazas sobre publicar información personal, audios o videos para extorsionar. 

Las plataformas que registraron un mayor número de ataques en la red fueron Facebook con un 44.5 por ciento, WhatsApp 37.9 por ciento, messenger 23.5 por ciento, Instagram 10 por ciento, y en menor medida Twitter, tiktok, telegram y YouTube.

Las personas que acuden a denunciar este tipo de agresiones ante el ministerio público, policía o con el proveedor del servicio, apenas hay registro del 10.5 por ciento; no obstante, en los informes de incidencia delictiva de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no se registran estas conductas.

• El compromiso es crear conciencia y visibilizar las problemáticas que cada día viven miles de ellas
• Ciudad de México.- La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emitió un pronunciamiento con motivo del Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad. 

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI), en funciones de presidenta, señaló que en México las mujeres con discapacidad representan alrededor de un 10 por ciento de la población y en 2020 se estableció este día nacional en honor de la activista Gabriela Brimmer, “ejemplo de lucha y superación para todas las personas con discapacidad”. 

Resaltó que este pronunciamiento se hace también con el propósito y compromiso de crear conciencia y visibilizar las problemáticas que cada día viven miles de ellas, lo que obliga a redoblar esfuerzos y revisar las estrategias para garantizar sus derechos fundamentales. 

Reconoció que, si bien en los últimos años se ha avanzado en la estructuración de un marco jurídico e institucional encaminado al cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad, aún persisten graves rezagos que es importante atender con el mayor compromiso y responsabilidad. 

Mencionó que desde 2011 se cuenta con una Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual establece las condiciones para que el Estado asegure su plena inclusión en un marco de respeto, igualdad y equiparación de igualdades, pero la realidad nos sigue enviando señales en sentido diferente. 

Confió en que el análisis del próximo Presupuesto de Egresos de la Federación exista la apertura de todas las fuerzas políticas para destinar recursos suficientes en rubros sensibles como la educación de niñas, niños y adolescentes con capacidades especiales, movilidad y transporte, y atención especializada para la rehabilitación. 

Asimismo, para continuar impulsando las reformas legislativas necesarias que permitan garantizar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.     

Alcalá Ruiz destacó que, por primera vez, como resultado de una acción afirmativa, “contamos con valiosas y valiosos legisladores que representan esta causa, reconocemos en ellos su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos de este grupo social que día a día enfrenta múltiples formas de discriminación y exclusión por razón de género y discapacidad”.