Mérida, Yucatán.- El Poder Judicial del Estado de Yucatán, a través de su Enlace Nacional  y la Comisión de Igualdad de Género, invita a todo el público a la conferencia “Ley de Paridad y Participación Política de las Mujeres” que se realizará el próximo lunes 25 de junio del presente  a las 17:30 horas en el auditorio “Víctor Manuel Cervera Pacheco” de la sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado en la colonia inalámbrica de esta ciudad de Mérida.

La ponente para este evento será Gina Villagómez Valdés quien es doctora en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, con mención honorifica, además cuenta con la maestría, igualmente en Antropología Social, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Actualmente se desempeña como investigadora y docente del Centro de Investigaciones Regionales “Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán. Asimismo la Dra. Villagómez Valdés ha impartido una gran cantidad conferencias y ha participado en numerosas mesas de opinión enfocadas a tratar el problema de la violencia contra la mujer.

La conferencista es también autora de numerosas obras entre las que destacan “Mujeres que mandan. Familia, empresa y liderazgo femenino en Yucatán”; “Familia y Violencia. Políticas  de atención a la violencia domestica en Mérida” y “Varones y masculinidades en transformación”.

Entre los temas que se desarrollarán en la conferencia se encuentran: los orígenes de la Ley de Paridad y Participación Políticas de las Mujeres, los mecanismos y protocolos de atención, la violencia política hacia las mujeres, las instancias competentes en atender situaciones de violencia política a la mujer y las prácticas naturalizadas por la sociedad que constituyen  actos de violencia contra la mujer.

Esta conferencia forma parte de las acciones que coordina cada mes, por el “Día Naranja” instituido por la ONU para destacar el papel de las mujeres en diversos ámbitos, la magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega, titular de la Comisión de Igualdad de Género del Poder judicial del Estado y Enlace Nacional ante la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia  de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El evento que tendrá lugar este lunes 25 a las 17:30 en el Poder Judicial de Yucatán es de acceso gratuito y abierto a todo público. La sede del Tribunal Superior de Justicia se ubica en la Avenida Jacinto Canek s/n por calle 90  Colonia Inalámbrica de esta ciudad de Mérida.

En audiencia oral realizada el día de ayer en el Centro de Justicia Oral de Mérida, el juez de control del sistema penal acusatorio y oral, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, determinó como legal la detención de un hombre y una mujer, a quienes los fiscales, en la misma audiencia, imputaron los delitos ya mencionados.

Asimismo, los fiscales solicitaron la imposición de las siguientes medidas cautelares, las cuales fueron aprobadas por el juez: presentación periódica para firma cada 15 días de mes; prohibición de salir del Estado; sometimiento y vigilancia a cargo del Centro Estatal de Medidas Cautelares; la colocación de un brazalete electrónico y la exhibición de una garantía económica de 5,000 pesos para el hombre  y 3,000 pesos en el caso de la mujer.

Conforme al debido proceso y por solicitud de los imputados y su defensa la audiencia de vinculación se celebrará el 26 de junio a las 12:30 horas.

Los  hechos a que se refiere este caso ocurrieron en un domicilio de la colonia Santa Rosa, cuando la actuaria se apersonó para cumplir con la entrega de una notificación a dos mujeres demandadas por la vía ejecutiva mercantil, ante quienes, al llegar al predio, cumplió el protocolo establecido y leyó el acta correspondiente a la demanda en la que se les solicitaba el pago de un adeudo o el señalamiento de bienes para su cobro, así como el emplazamiento para presentarse ante el juzgado correspondiente.

Sin embargo, al momento de notificar a la segunda demandada en el mismo predio, la cual se negó a identificarse y agredió verbalmente a la actuaria, se aproximaron a la funcionaria judicial dos hombres quienes la jalaron del cabello, la tiraron al piso y junto con la mujer notificada continuaron golpeándola, por lo que ésta salió del domicilio para llamar a la policía. Si bien pudo terminar su obligación de informar y entregar la documentación y notificar a ambas demandadas, las personas que la agredieron siguieron amenazándola e incluso destruyeron los documentos oficiales entregados y dos fojas del expediente original.

Al lugar arribaron elementos del sector sur de la policía estatal quienes, ante las visibles amenazas y golpes que seguían profiriendo en contra de la servidora judicial, procedieron a la detención de la pareja y su presentación al Ministerio Público, donde la actuaria agredida presentó la denuncia de hechos.

En dicha ceremonia, celebrada el pasado viernes en el salón de plenos de la sede del Tribunal Superior de Justicia, el Magistrado Presidente exhortó a la servidora pública a continuar por el camino de la excelencia y prontitud, con sentencias justas y apegadas a derecho, pero sobre todo que resuelvan los conflictos de las personas que acuden al servicio de administración de justicia.

La jueza Ceballos Cruz, quien previamente fue ratificada por el pleno del Consejo de la Judicatura, continuará en esta posición por un nuevo período de cuatro años que comprende de 16 de junio de 2018 al 16 de junio de 2022. Actualmente se encuentra asignada al juzgado mixto de Tekax.

En la ceremonia estuvieron presentas las Consejeras  y Consejero de la Judicatura Sara Luisa Castro Almeida, Melba Angelina Méndez Fernández, Silvia Carolina Estrada Gamboa y Luis Jorge Parra Arceo, así como las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Mygdalia Rodriguez Arcovedo, Ligia Aurora Cortés Ortega, Luis Felipe Esperón Villanueva y Santiago Altamirano Escalante.

Mérida, Yucatán.- El Poder Judicial del Estado de Yucatán firmó esta tarde un acuerdo de colaboración con la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES) del Gobierno del estado, que le permitirá obtener el registro para validar la oferta educativa de su Escuela Judicial y que se amplía con la oferta, por primera vez, de posgrados a nivel de maestría en diversas ramas del derecho.

En la ceremonia protocolaria de la firma de este importante convenio, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Marcos Alejandro Celis Quintal, recordó  que en 2011, con base en una reforma a su ley orgánica, se instauró la Escuela Judicial, la cual durante todo este tiempo ha hecho un esfuerzo para capacitar y actualizar a nuestros colaboradores y a servidores públicos de otras instituciones a través de cursos, diplomados y talleres.

Explicó que si bien la ley facultad a la Escuela Judicial para expedir títulos, se hacía necesario este convenio con la SIIES para someter las reglas de análisis de calificación de sus planes de estudios de forma coordinada con la Secretaria y asegurar que sean de la más alta calidad.

De eso se trata este convenio, de que estos estudios sean revisados y a través de los Acuerdos de Validez Oficial puedan tener la garantía de la calidad educativa que queremos para nuestro personal porque la excelencia es uno de los grandes principios que rigen la carrera judicial y eso significa que el persona debe contar con los más altos conocimientos, las mejores herramientas cognoscitivas, las mejores habilidades, para desempeñar su trabajo de manera eficaz y de manera efectiva, apuntó el magistrado Celis Quintal.

Con la representación del Gobernador Rolando Zapata Bello, la Secretaria General de Gobierno, Martha Leticia Góngora Sánchez,  señaló que ante una sociedad exigente de resultados cada vez más rápidos y eficaces en materia de investigación y justicia,  los servidores públicos están obligados a actualizarse y profesionalizarse constantemente.

 Aseguró que la coordinación entre Poderes, como es el presente convenio, es una vía  que ayuda a rendir mejores cuentas a la ciudadanía.

Celebró el paso importante que dio el Poder Judicial en la profesionalización y pronosticó que a mediano plazo sea un ícono de especialidad jurídica en la sociedad yucateca generando mejores prácticas y seguir siendo un referente a nivel nacional.

Por su parte, el Dr. Raúl Godoy Montañez, titular de la SIIES, celebró que el Poder Judicial adoptó la postura orientada a la investigación y agregó que las maestrías que se implementarán son en beneficio de la sociedad ante la continua evolución en las diversas materias judiciales. Y planteó la posibilidad y disposición de la Secretaría para analizar la información que surge en el Poder Judicial con un enfoque de investigación.

En su oportunidad, el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Luis Felipe Esperón Villanueva, señaló que el presente convenio pretende fortalecer las funciones académicas y administrativas del Poder Judicial del Estado para que el Departamento de Formación, Capacitación y Profesionalización y la Escuela Judicial desarrolle programas de posgrado de calidad, que permitan mejorar el proceso de formación educativa del personal.

Agregó que uno de los objetivos de este convenio es que la Escuela Judicial logre su registro y forme parte del Sistema Educativo Nacional  ante la autoridad federal, incluyendo el diseño de la reglamentación y el registro de los planes y programas de estudio.

En la ceremonia estuvieron presentes los Magistrados y Magistradas del Tribunal Superior de Justicia, Mygdalia Rodriguez Arcovedo, Ligia Aurora Cortés Ortega, Leticia del Socorro Cobá Magaña, Adda Lucelly Cámara Vallejo, Ricardo de Jesús Ávila Heredia y Santiago Altamirano Escalante.

También estuvieron presentes las Consejeras y Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Melba Angelina Méndez Fernández, Silvia Carolina Estrada Gamboa, Sara Luisa Castro Almeida y Luis Jorge Parra Arceo, así como el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Carlos Pavón Flores y el Director General de Educación Superior, Ricardo Enrique Bello Bolio.

En representación de la presidenta de la junta de Gobierno y Coordinación política del Congreso del Estado estuvo presente el Lic. Izmael Magaña Mata y por la titular de la Defensoría Pública el Lic. José Manuel Cáceres.

Mérida, Yucatán.- El Poder Judicial del Estado de Yucatán anunció la firma de un Convenio marco con la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES) del Gobierno del Estado para el registro de estudios de posgrado en el ámbito jurídico.

Dicho convenio será firmado en una ceremonia protocolaria a realizarse el próximo viernes 15 de junio en la sede del Tribunal Superior de Justicia en esta ciudad, con la presencia de las autoridades de ambas instancias, encabezadas por el Dr. Raul Godoy Montañez, titular de la SIIES y el presidente del Tribunal Superior y del Consejo de la Judicatura Marcos Alejandro Celis Quintal y magistradas y magistrados de este alto Tribunal, junto con los consejeros y consejeras del pleno del Consejo de la Judicatura.

El convenio permitirá al Poder Judicial obtener el registro para validar la oferta educativa que, por primera vez, ofrecerá a profesionales que quieran cursar estudios de maestría en la modalidad presencial en su sede.

Los programas de estudios de maestrías que se ofertarán se definieron de acuerdo con las necesidades propias del quehacer judicial y versan sobre temáticas de vanguardia, tendencias y reformas normativas, así como a las propias necesidades de la sociedad en relación a la protección efectiva de sus derechos.

Los estudios de  maestría propuestos son un referente regional en la formación, especialización y profesionalización de las personas involucradas en el servicio de justicia y que les permitirá  elevar el nivel de excelencia en su desempeño profesional y responder así las necesidades de los ciudadanos.

Esta  oferta educativa servirá para capacitar y actualizar de manera profesional y especializada a los miembros del Poder Judicial y a quienes aspiren ingresar a él pero también a todos aquellos profesionistas que se encuentran inmersos en el sistema de justicia.

En la conformación de esta nueva oferta educativa tomó parte personal especializado del Poder Judicial, entre ellos los Doctores Luis Alfonso Méndez Corcuera, Roberto Ariel Rodríguez Vázquez; Mtras. Ninette Lugo Valencia y Lourdes Reyes Arce; Magistrado César Andres Antuña Aguilar, Lic. Alejandra Gabriela Rivera, Mtro. Eder Aarón Pinto Pat, Raul Edilberto Bardales Alcocer y el Abog. Jesús Rivero Patrón, así como el Mtro. Christian Pérez Flores, todos bajo la coordinación del Magistrado Dr. Luis Felipe Esperón Villanueva.

Mérida, Yucatán.-  El Poder Judicial del Estado de Yucatán y la editorial Tirant Lo Blanch México firmaron esta mañana un convenio de coedición que tiene como objetivo difundir la cultura jurídica en el sureste del país y darla a conocer en todo el mundo.

La ceremonia estuvo presidida por el Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Yucatán, Marcos Alejandro Celis Quintal, quien dijo que este Convenio se suma a uno marco que se había firmado el año pasado con esta importante casa editorial para publicar las obras de autoría de expertos del Poder Judicial del Estado. “Con la firma de esta tarde se aterriza este convenio por medio del cual se difundirá la cultura y el conocimiento jurídico y judicial con el acompañamiento de la editorial Tirant lo Blanch”, apuntó.

Particularmente se refirió al caso de la edición del Código de Familia comentado, el cual se podrá publicar bajo la firma Tirant Lo Blanch México y que representa un referente en el ámbito jurídico, ya que Yucatán es de los pocos estados que cuenta con un Código de familia separado el Código Civil, luego de una reforma de 2013 en el sistema de justicia familiar.

Por su parte el Director editorial Tiran lo Blanch México, Alejandro Cubí Sánchez, reconoció la labor de todos los integrantes del Poder Judicial para impulsar este proyecto, particularmente del magistrado presidente Celis Quintal y el magistrado Rivero Evia. Apuntó que la región sureste se caracteriza por contar con una amplia oferta de investigación en el ámbito jurídico, la cual encontrará una vía de difusión con este tipo de convenios.

Tirant Lo Blanch es un nombre comercial desarrollado por seis sociedades entre las que se encuentra la signataria del convenio de hoy que es Editorial Tirant Lo Blanch S.L. dedicada a la edición, distribución e importación de contenidos en formato papel ó en formato digital.

En el presídium de la firma de este convenio realizada en el auditorio “Víctor Manuel Cervera Pacheco” del Tribunal Superior de Justicia también estuvo presente el Magistrado Rivero Evia; el director de legislación y normatividad del Gobierno del estado Mtro. Javier García Gómez en representación del Gobernador del Estado; y el Secretario General del Congreso del Estado, Lic. Martín Chuc Pereira.

Asimsimo los Magistrados, Consejeros del Consejo de la Judicatura, jueces y personal del Poder Judicial del Estado.

Mérida, Yucatán.- El correcto manejo de indicios en una posible escena del delito es clave en el esclarecimiento de los hechos, por eso el Poder Judicial del Estado continúa con la capacitación hacia personal de emergencias médicas, quienes suelen ser los primeros en arribar a lugares donde pudo haberse cometido un hecho delictivo.

Esta mañana se inauguró el curso “Manejo de indicios para personal de emergencias médicas: primer respondiente” en el que participaron 120 personas pertenecientes a la Delegación Yucatán de la Cruz Roja, a quienes se otorgó capacitación con respecto al sistema penal acusatorio y oral y particularmente las obligaciones y responsabilidades que tiene un “primer respondiente”, es decir, aquella persona que es la primera en llegar a una posible escena de un delito.

El Poder Judicial del Estado de Yucatán ya había realizado una capacitación de esta naturaleza el año pasado con la participación de 220 personas de media docena de instituciones de atención médica públicas y privadas, que sumados a las de hoy hacen un total 340 personas quienes ahora conocen las generalidades el sistema penal, así como las responsabilidades que pueden tener en posibles escenas del delito, lo que incluye el resguardo de eventuales pruebas y su posterior participación como testigos.

La inauguración del curso estuvo a cargo del Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia Luis Felipe Esperón Villanueva; en representación de la Sra. Michelle Byrne asistió la Lic. Dianela Alcocer Méndez, coordinadora estatal de delegaciones y también estuvo presente Arturo Ferraez  Cohuó, coordinador estatal de capacitación de la delegación local de ese organismo internacional de emergencias y rescate.

El temario para este curso que inició y concluye hoy con un total de 7 horas, incluye los siguientes temas específicos: características del proceso penal acusatorio y la relevancia de los indicios como elementos probatorios; los indicios en la investigación delictiva; el primer respondiente; procesamiento  de los indicios  encontrados en cadáveres y su utilidad para el personal médico y testigos expertos  como fuente de información  relevante  para la cadena de custodia  y para la investigación.

Impartieron esta capacitación, además del propio Magistrado Esperón Villanueva, los Mtros. Christian Pérez Flores, Raúl Edilberto Bardales Alcocer, Mario Vivas Pinzón y el Dr. Jorge Gilberto Salvador Ruiz. 

Mérida, Yucatán.-  Con el fin de homologar criterios ante las solicitudes de medidas de protección por parte de personas que han sido o pueden ser víctimas de violencia, el Poder Judicial del Estado de Yucatán sigue trabajando en la capacitación y actualización de jueces y personal de juzgados, lo que permitirá resolver más acertadamente las medidas a tomar cuando se presentan estas solicitudes.

Durante este mes de junio se inició para tal efecto el “Seminario sobre las implicaciones de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Yucatán” que imparte el Dr. Jorge Rivero Evia, presidente de la sala civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y que fue propuesto al pleno por la Comisión de Desarrollo Humano que preside la consejera de la Judicatura Silvia Carolina Estrada Gamboa.

El objetivo es sensibilizar y hacer conciencia en los juzgadores acerca de las medidas que se adoptan para enfrentar casos de violencia de género y cómo deben valorarse las solicitudes que se reciben de forma directa en los juzgados, en el contexto actual.

“Buscamos llegar a establecer estándares de la prueba o pruebas con los que el juzgador pueda decidir si otorga o niega una orden de protección, siempre aplicando la perspectiva de género”, explicó el magistrado.

Esto implica tener presentes no sólo las leyes locales y nacionales que protegen a las mujeres, sino también la jurisprudencia o resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el juzgador puede tomar como referencia y tener presentes los principios que se deben proteger, tales como el derecho fundamental de las personas a vivir en un entorno familiar libre de violencia.

En las sesiones, que iniciaron el pasado 4 de junio y continúan el 11 de este mismo mes, se abordan cuestiones como la prevalencia de la violencia familiar en nuestro país y cómo afecta a personas de todas las edades, sexo, niveles culturales, creencias y posición económica.

También hizo referencia a la evolución de las leyes nacionales y locales que incluyeron la violencia familiar como delito y en su momento como causal de divorcio. Igualmente se tratan aspectos relativos a la resolución del juez ante la duda o falta de pruebas en la solicitud y cómo apoyarse para determinar las  medidas más idóneas, acorde con lo previsto en las leyes actuales, sea el Código Nacional de Procedimientos penales, el Código de Procedimientos Familiares del Estado, la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia vigentes y los tratados internacionales en la materia.

El magistrado Rivero Evia reiteró que la violencia familiar no solo se genera de varones hacia mujeres  y tampoco es privativo del matrimonio, ya que puede ocurrir en cualquiera que sea el régimen de la convivencia.

Por tal razón las leyes siguieron actualizándose hasta el marco legal vigente en la actualidad que protege a cualquier persona que sufra violencia en cualquier contexto y en diversas formas que pueden ser: económica, física, patrimonial, psicológica, sexual, feminicida y cualquier otra análoga. Todas estas bajo contextos diversos: familiar, laboral, escolar, en la comunidad, institucional y violencia política.

Unidad de Comunicación Social y Protocolo del Poder Judicial del Estado de Yucatán

El departamento de Formación y capacitación del Tribunal Superior de Justicia lanzó una convocatoria abierta no sólo para personal del Poder Judicial del Estado, sino también de otras instituciones para participar en este programa, cuyo objetivo es proporcionar herramientas en temas de relevancia jurídica relacionados con la aplicación y protección de los derechos humanos y la ética en el quehacer jurisdiccional.

El primer tema de este importante ciclo “La Aplicación de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos” será impartido por el Dr. Emilio Maus Ratz, investigador y académico. En su exposición analizará las fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como los Tratados internacionales de Derechos Humanos más relevantes y su aplicación. También explicará algunos criterios de interpretación relevantes, tanto a nivel nacional como internacional.

Maus Ratz es licenciado y Maestro en Gobierno y Políticas Públicas en Derecho por la Universidad Panamericana. Doctor y Maestro en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad de Colonia (Alemania).Ha participado en la elaboración de diversos dictámenes, estudios legislativos y publicaciones en México y el extranjero sobre derecho mexicano, derechos humanos y derecho comparado.

Este mismo día María Emilia Montejano Hilton, investigadora del Instituto Panamericano de Jurisprudencia de la Universidad Panamericana, presentará la “Guía de Aplicación de Tratados Internacionales de Derechos Humanos, para Jueces, Magistrados y operadores del derecho”, del Centro de Ética Judicial, un organismo sin fines de lucro “que conjunta a la comunidad jurídica para proporcionar herramientas al servicio del Sistema Judicial Mexicano, en la aplicación y protección de los derechos humanos”.

Las conferencias posteriores tendrán lugar como sigue:

El 9 de agosto el Dr. Esteban Guevara Montiel abordará el tema “Protección de los derechos de las personas con discapacidad” con el fin de analizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad tanto a nivel internacional como nacional, con el objeto de examinar si las normas nacionales cumplen con los parámetros que establecen los instrumentos internacionales para garantizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

El 28 de septiembre el Dr. Javier Saldaña Serrano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México disertará sobre los principios básicos de Ética Judicial que rigen la actuación de los jueces y del personal jurisdiccional, aplicables en su labor  para la efectiva salvaguarda de los derechos de todas las personas.

El 26 de octubre el Dr. Marcos Del Rosario Rodríguez, del Poder Judicial de la Federación, hablará del control de convencionalidad, en el que analizará la aplicación de este control en México, su contenido y alcances. Igualmente explicará la distinción entre el control de convencionalidad que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el control de convencionalidad en el orden interno de nuestro país.

Del Rosario Rodríguez  es Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, cuenta con Maestría y estudios de posgrado en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Juicio de Amparo. Es profesor de posgrado y licenciatura en las materias de Teoría Constitucional y Derecho Procesal Constitucional y ha impartido cursos y seminarios en diferentes universidades e instituciones nacionales e internacionales.

Es profesor titular de posgrado de la Universidad de La Sabana, Colombia, e investigador visitante en Fordham University Law School, en los Estados Unidos de Norteamérica, donde llevó a cabo una estancia doctoral. Igualmente, es Investigador Nivel 1, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y miembro del Ilustre Colegios de Abogados de la Ciudad de México.

Finalmente, esta serie incluye el tema “Interés Superior del menor” a cargo de la Dra. Carla Roel Olvera y que será impartido el  29 de noviembre y en el que se analizará la protección del principio del interés superior del menor a nivel internacional y nacional, así como los alcances e implicaciones del reconocimiento de dicho principio en nuestro marco jurídico.

Las inscripciones están disponibles en línea en la página www.poderjudicialyucatan.gob.mx

Mérida, Yucatán.- Los jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado Rubí Guadalupe González Alpuche, Diana Yadira Garrido Colonia, Santos Alfredo May Tinal y Kenny Martins Burgos Salazar rindieron hoy compromiso constitucional en esta misma responsabilidad, luego de que fueron ratificados para un nuevo periodo de cuatro años.

Ante magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Consejeras y Consejeros de la Judicatura, el Presidente de ambos órganos de gobierno, Magistrado Marcos Alejandro Celis Quintal, tomó compromiso a los cuatro servidores judiciales a quienes reconoció este logro, obtenido por su alto desempeño.

“La institución está segura de que estamos en buenas manos y que sacarán adelante la encomienda que ahora asumen, como lo han hecho en periodos anteriores”, expresó el magistrado Celis Quintal.

Dijo que este grupo de juezas y jueces es un ejemplo de juventud y experiencia en ambos sistemas penales, en cada uno de los cuales hay retos para lograr que la justicia se imparta de forma adecuada, protegiendo a toda la sociedad.

En el sistema tradicional, dijo, uno de los retos es abatir el rezago y tener la capacidad de sacar adelante el trabajo aún cuando se siguen recibiendo expedientes nuevos y atendiendo los que hay y en el caso del sistema acusatorio y oral uno de los grandes desafíos es que el juez tenga la capacidad para resolver de inmediato decisiones importantes tales como la imposición de las medidas cautelares solicitadas o la vinculación de un imputado, entre otras.

El juez debe velar porque se garanticen los derechos de los imputados pero también los de la sociedad que resiente el daño de los delitos, por eso tenemos que tener un equilibrio para velar por los altos intereses de la sociedad en nuestro trabajo diario, audiencia por audiencia.

Los periodos de ratificación de la jueza González Alpuche va del 1 de junio del presente hasta el 31 de mayo de 2022 y para los jueces Garrido Colonia, Burgos Salazar y May Tinal el periodo comprende del 2 de junio del presente al 01 de junio de 2022.

Mérida, Yucatán.-  El Poder Judicial del Estado presentó esta mañana el plan de estudios de la especialidad en el sistema integral de justicia penal para niñas, niños y adolescentes en el auditorio “Víctor Manuel Cervera Pacheco” del Tribunal Superior de Justicia.

La ceremonia fue presidida por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Marcos Alejandro Celis Quintal, quien explicó que el plan de estudios tratará todos los aspectos de la justicia penal juvenil y reiteró que con estas acciones el Poder Judicial de Yucatán se convierte en pionero en la justicia  nacional para adolescentes.

Por su parte, el Magistrado de la Sala Unitaria de Justicia para Adolescentes, Santiago Altamirano Escalante, resaltó que los delitos que cometen los adolescentes sí tienen consecuencias ya que la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes está diseñada para sancionar aquellas conductas, después de un debido proceso y respetando los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

En su oportunidad, la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano del Consejo de la Judicatura, Silvia Carolina Estrada Gamboa, señaló que el programa educativo que hoy se presentó concluirá en dos semestres,  y constará de tres orientaciones formativas: la niñez y adolescencia, conflicto con la ley y la impartición de justicia y resaltó que esta especialidad es la punta de lanza en la oferta de programas de posgrado desde  el Poder Judicial del Estado.

La invitación para tomar este importante programa es abierta al público en general y podrán obtener información únicamente en las oficinas de la Comisión de Desarrollo Humano ubicado en la segunda planta del Centro de Justicia Oral de Mérida o a través del número 9-30-06-50 extensión 3921. Las inscripciones estarán abiertas del 23 de mayo hasta el 1 de junio del presente año, en esta misma comisión.

Esta especialidad, que fue aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura a propuesta de la presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano Silvia Carolina Estrada Gamboa, tiene el objetivo de desarrollar en sus estudiantes competencias específicas para la comprensión y el ejercicio profesional en el sistema integral de justicia para adolescente  a través de una formación enfocada en los aspectos biopsicosociales, las tendencias globales y la evolución tecnológica que afectan la forma de vida de la niñez y del adolescente.

Entre los temas que se abordarán son: la evolución del sistema de justicia para adolescentes, seminario de justicia oral con adolescentes, proceso de reinserción social, seminario de derechos humanos, desarrollo evolutivo, niñez y adolescencia en el Siglo XXI, psicopatología del niño y del adolescente y los procesos asociados a las conductas  disociales.

Asimismo, al término de la presentación de la especialidad se llevó a cabo la conferencia titulada “La nueva adolescencia: factores sociales y su relación con el conflicto con la ley” impartida por  la maestra María de Lourdes Paredes Buenfil quien comunicó al auditorio sobre la adolescencia del siglo XX la cual se encuentra supeditada por las tecnologías de comunicación y las redes sociales. De igual manera, reconoció el aumento en la violencia en los delitos que comenten los adolescentes y  comentó sobre la importancia del monitoreo parental para la prevención del delito en los adolescentes.

Por su parte, el juez de control del sistema de justicia para adolescentes, el maestro Luis Alfredo Solís Montero fue el encargado de cerrar el evento con la conferencia “Retos para la impartición de justicia en el sistema integral de justicia penal para adolescentes” donde realizó un análisis de la evolución del  sistema judicial para adolescentes que pasó de un sistema tutelar, es decir que el Estado se convertía en tutor del joven infractor, hacia un sistema garantista, acusatorio y oral.

Finalmente, resumió que los principales retos se encuentran relacionados con el transporte de las víctimas y los imputados debido a que únicamente existe un Centro Especializado en Justicia para Adolescentes en todo el estado y este se encuentra localizado en Mérida por lo que las partes se tienen que trasladar desde municipios lejanos hacia la capital y finalizó que otro gran reto es la falta de elementos policiacos para evitar que los jóvenes acusados de un delito se acerquen a las víctimas.

En entrevista con Cimacnoticias la abogada tabasqueña mencionó que fue víctima de acoso laboral y violencia económica por parte Jorge Javier Priego, tras denunciar, en 2014, que las juezas, Guadalupe Cadena Sánchez y Elena Lastra Osorio, quienes son parte del TSJE, no conocen los tratados internaciones de los derechos de las mujeres, debido a que no los aplicaron al analizar el caso de abuso sexual en contra una de sus hijas, quien fue violentada por el exentrenador del Instituto del Deporte de Tabasco, Felix Miguel Rojas Romero.

La abogada señaló que el Poder Judicial de Tabasco le negó medidas de protección a su hija, aun cuando la casa del agresor estaba a sólo 50 metros de distancia de la suya; además ordenó careos entre la víctima y su agresor, revictimizándola; les notificó resoluciones relevantes hasta un año después; se negó a recibir las pruebas testimoniales del padre y hermana de la víctima.

Después de denunciar las irregularidades y no ser escuchada, la abogada tabasqueña realizó una huelga de hambre afuera del recinto del TSJE. Del 25 de abril al 1 de mayo no consumió alimentos sólidos con el fin de evidenciar la deficiente respuesta de las instituciones y del Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, ante el acoso laboral que padeció y ante las violaciones al debido proceso en el caso de su hija.

Durante su protesta, mencionó fue intimidada y acosada de forma constante por personas enviadas –infirió ella– por el presidente del TSJE, quienes le tomaban fotos y le pedían información personal. Además, afirmó que el Gobernador de Tabasco declaró que su huelga sólo era un “escándalo mediático”, audio que escuchó en un programa de radio llamado “Telereportaje”. 

La abogada esclareció que desde 2016, Javier Priego Solís inició conductas de acoso laboral contra ella para inducir a su renuncia, la aisló de su lugar de trabajo, no le permitió realizar funciones relacionadas con su excargo de coordinadora del Comité de Compilación, Sistematización y Criterios Aislados y Jurisdisrprindenciales Locales, donde elaboraba observaciones a los  códigos civiles de Tabasco, pues sus homólogas, encargadas de hacer la repartición de trabajo en su área, Ana Ruth Zurita Sánchez y Thelma Romero Olive la ignoraban y humillaban.

De acuerdo con Odina de Jesús sus compañeras la avergonzaban y desvalorizaban su cargo frente a sus compañeros de trabajo.

En ese mismo año, agregó, el presidente del TSJE inició un proceso para suprimir una de las tres plazas en su área, donde ella sería la única sin ser ratificada, sin embargo ésta no se aprobó. En 2017 Tum Pérez fue incapacitada por el Instituto de Seguridad Social de Tabasco (ISSET) por una enfermedad en las vértebras.

A su regreso, en 2018, al TSJE se le negó su bono de antigüedad de 30 años como trabajadora del TSJE. El presidente del TSJE alegó que tenía muchas incapacidades, de las cuales se dudaba su autenticidad, y dijo que tenía dos actas contra donde la acusaban de “no hacer una anotación en el cuaderno del Gobierno de Tabasco” y “gritarle a una compañera”, hechos que sucedieron hace 29 años.

Ante ello la abogada interpuso un amparo en el TSJE para que se le pagara lo justo, sin embargo éste sigue en proceso.

Aseguró que con esos dos pretextos el presidente se valió para inciarle un proceso en su contra por faltas administrativas y así poder rescindirla definitivamente del TSJE, el 25 de abril, día que comenzó su huelga de hambre. Ese día, recordó, un notario, del cual desconoce su nombre; su homóloga, Ana Ruth Zurita; y una actuaria, Graciela Jiménez, le entregaron un oficio. La actuaria le dijo: “licenciada me están mandando a notificarle su cese, disculpe”.

No obstante, Tum Pérez afirmó no haber firmado el oficio con el propósito de demandar al TSJE (en un periodo de 30 días) ante el Tribunal Administrativo de Conciliación de Tabasco, acción que presentará esta semana. “Esperaré la respuesta del TSJE a mis demandas, con base en ello tomaré acciones futuras”, precisó.

Todas estos hechos fueron denunciadas por Tum Pérez en diversas instituciones como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión de Equidad de Género del Congreso de Tabasco, entre otras, quienes, dijo, se han amparado bajo la excusa de que el presidente del TSJE no quiere recibir sus documentos.

La abogada resaltó que en la anterior administración del TSJE, bajo la presidencia de Rodolfo Campos Montejo, vivió acoso laboral por las actividades que realizaba: elaborar los criterios de las Salas Civiles del Tribunal, en las cuales se evidenciaba la corrupción en el trabajo desempeñado por el ex magistrado, sin embargo –explicó– una vez anulada esta tarea el acoso hacia ella cesó.

Odina Tum Pérez pidió se respeten sus derechos laborales y se le ratifique en el cargo que ostentaba desde hace 16 años, se brinde justicia al caso de su hija y hace un llamado a organizaciones civiles para proporcionen medidas de seguridad pues teme represalias hacia su familia. Además, expresó va a dirigir una carta al director de Bancomer de Tabasco para obtener un plazo en el pago de la hipoteca de su casa, ya que ella es quien solventa los gastos de su hogar.

DENUNCIA POR ACOSO SEXUAL

El proceso de abuso sexual contra su hija, explicó la abogada, se ha dilatado 4 años en trámites. En 2016 el agresor fue sentenciado a pagar una fianza por abuso sexual, lo que permitió que saliera en libertad. Esta resolución fue gracias a que la jueza, Thelma Elena Lastra Osorio eliminó “el agravante” de la relación de autoridad entre la víctima y el agresor, al decir que “éste no entrenaba a la hija de Tum Pérez”.

Es por ello que la abogada interpuso un amparo en busca de que el proceso se reponga y haya una sentencia justa. El caso ahora está en manos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito en Tabasco.

Asimismo, comentó, el agresor es de nacionalidad cubana, sin embargo, no se le otorgó su derecho a la asistencia consular cuando fue acusado de abuso sexual, en este caso, explicó Odina de Jesús, es necesario que las autoridades le garanticen servicios de protección consular porque de lo contrario en cualquier momento él puede alegar violaciones al debido proceso y ser absuelto por una irregularidad del TSJE.

Odina de Jesús señaló que esta negligencia, de no darle asistencia consular al acusado, fue cometida por el Ministerio Público y por la jueza del TSJE, Thelma Elena Lastra Osorio, a pesar de que ellos sabían que el acusado no radicaba en México de manera regular, información notificada por el Instituto Nacional de Migración, Delegación Tabasco.

De acuerdo con la abogada, el hostigamiento en su contra y su cese laboral se debe a que ha denunciado omisiones e irregularidades de la autoridad. 18/AE

En la inauguración, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Marcos Alejandro Celis Quintal, recordó que la solución de conflictos a través de la mediación es un derecho de las personas plasmado en la Constitución, que se ha ido materializando poco a poco con el trabajo que desde hace varios años realizan los operadores del sistema judicial, para lograr acuerdos amistosos a través del diálogo.

A través del taller “La nueva generación de habilidades socio-cognitivas en la práctica de la mediación y el fortalecimiento interno del mediador”, se busca consolidar la práctica de la mediación como mecanismo alterno de solución de controversias a través de procesos de intervención y gestión de conflictos desarrollados mediante diferentes técnicas, tácticas y habilidades socio-cognitivas.

La capacitación está a cargo de Graciela Frías Ojinaga quien es maestra en Gestión de Conflictos y Mediación en Organizaciones Complejas y de la Salud por la Universidad de Barcelona, España. 

Asimismo, la maestra Frías Ojinaga cuenta con más de 16 años de experiencia en el ámbito de mediación de conflictos siendo instructora del Diplomado y Especialización de Mediación en diferentes estados de la República Mexicana, así como panelista en diferentes congresos internacionales de mediación.

El curso, que cuenta con la presencia de mediadores institucionales y privados, inició hoy con el tema “Conciencia propia: conciencia de mi quehacer de mediador y empoderamiento a través de habilidades especificas”  y continuará con los temas “Conciencia del otro: modernidad líquida vs. nuevas formas de gestión de conflictos” y “Técnicas para la facilitación de diálogos”.

El taller se imparte en las instalaciones de la Escuela Judicial en el recinto del Tribunal Superior de Justicia los días 25, 26 y 27 de abril de 16:00 a 21:00 horas y el sábado 28 de 9:00 a 14:00 horas.

En la inauguración estuvieron presentes el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, el magistrado Marcos Alejandro Celis Quintal; las consejeras Silvia Carolina Estrada Gamboa, Melba Angelina Méndez Fernández, Sara Luisa Castro Almeida; y el consejero Luis Jorge Parra Arceo.

Mérida, Yucatán.- El sábado pasado inició el curso “Uso y manejo de hidrantes contraincendios” dirigido a funcionarios judiciales en la sede del Tribunal Superior de Justicia. Este evento forma parte de las acciones impulsadas por la Unidad de Protección Civil del Poder Judicial de Yucatán y se realiza como seguimiento al curso “Primeros Auxilios: seis acciones para salvar una vida nivel II”.

El coordinador de la Unidad de Protección Civil de la institución, el magistrado Luis Felipe Esperón Villanueva reconoció el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública, en especial de la Dirección de Siniestros y Rescaté, y externó su agradecimiento al titular del organismo, el comandante Luis Felipe Saidén Ojeda por brindar el apoyo técnico necesario para la capacitación del personal del Poder Judicial en el manejo y control de incendios.

Esperón Villanueva se comprometió a seguir realizando actividades de capacitación para el personal del Poder Judicial, así como la impartición de un curso similar con otro grupo de servidores públicos con el fin alcanzar un número mayor de personal que cuente con los conocimientos necesarios para actuar en caso de un incidente de este tipo.

El taller fue impartido por el personal de la Dirección de Siniestros y Rescate y se tocaron temas como el uso y manejo de hidrantes; el funcionamiento de alarmas de incendios, las técnicas de control de siniestros entre otros tópicos relacionados.

Al finalizar la plática, los servidores públicos pusieron en práctica lo aprendido mediante la simulación de un incendio el cual fue sofocado con los hidrantes y mangueras con las que cuenta actualmente el inmueble del alto tribunal de Yucatán.

Este encuentro nacional es parte de una estrategia interinstitucional para generar espacios de reflexión, diálogo e intercambio de experiencias entre los operadores del sistema penal en relación a casos en los que se involucren integrantes de comunidades indígenas y para lo cual, el Código Nacional de Procedimientos penales (CNPP) en el artículo 420, prevé un procedimiento especial para pueblos y comunidades indígenas.

Este Primer Encuentro Nacional es coordinado por el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán con la colaboración de la Coordinación de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal (CDHIGAI-CJF) y la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (UCNSJP)

Los participantes de este evento discutirán y detectarán problemáticas, examinarán rutas de acción, reformularán esquemas de atención para armonizar criterios y proponer buenas prácticas entre los distintos operadores del sistema de justicia penal.

En este Primer Encuentro Nacional participarán titulares de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas; representantes de los órganos encargados de la consolidación del sistema; operadores locales y federales involucrados en la atención penal de personas indígenas; funcionarios del Poder Ejecutivo, integrantes de policías municipales y estatales; ministerios públicos, defensores, académicos, peritos, juzgadores, mediadores y asesores de víctimas, así como autoridades tradicionales que resuelven los conflictos de orden penal al interior de sus comunidades.

Algunos de los temas que se abordarán en este importante evento serán la acreditación de la condición de persona indígena en el proceso penal; la aceptación de las partes para que se apliquen los usos y costumbres; bienes jurídicos indígenas que puedan protegerse a través de usos y costumbres en materia penal; usos y costumbres que puedan aplicarse para resolver el conflicto penal y sus excepciones y el trámite para la declaratoria de la extinción de la acción penal por usos y costumbres y sus efectos.

Mérida, Yucatán.- Por iniciativa de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), el Poder Judicial del Estado de Yucatán participa en la conformación de una propuesta de Código procesal civil y familiar de aplicación nacional que se presentaría el Poder Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión para coadyuvar en el avance de la reforma de justicia cotidiana que busca implementar la oralidad familiar y civil en todo el país.

El magistrado presidente de la sala civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, Jorge Rivero Evia, informó que en una reciente reunión en Nayarit para tratar estos temas, Yucatán fue integrado a una comisión que da seguimiento a la implementación de la oralidad familiar y civil y por la que actualmente es el Congreso de la Unión la instancia que puede legislar en esta materia.

La comisión de Conatrib para la oralidad familiar y civil está conformada también por  otros estados, entre estos Nayarit como cabeza de la misma con la representación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de ese estado Pedro Antonio Enríquez Soto.

El magistrado Rivero Evia explicó que los estados se encuentran trabajando también en el cálculo de los costos que tendría esta reforma que implica que las judicaturas estatales y la federal atiendan todos los casos en materia civil y familiar  mediante un procedimiento basado en audiencias orales.

Recordó que Yucatán ya aplica el procedimiento oral en la atención de asuntos familiares bajo un código procesal local vigente, el cual  se reemplazaría cuando se publique el federal. En este tema Yucatán es un estado muy avanzado, a diferencia de otros estados que aún no han implantado la oralidad en esta materia, expresó.

Sin embargo, dijo, aún nos falta poner en marcha la oralidad en los asuntos civiles, lo que significa un reto a nivel de inversión en infraestructura, capacitación y sistemas.

Durante la firma de la carta de intención entre el Gobierno del Estado y el consorcio Intelinova, que convierte al territorio en el primero en iniciar este proceso en el país, el titular del Ejecutivo, Rolando Zapata Bello, explicó que se ha puesto énfasis en que todo esfuerzo presupuestal tenga una aplicación práctica en la vida productiva del estado.

Acompañado del director adjunto de Desarrollo Regional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Federico Graef Ziehl, subrayó que con el acuerdo se crea un vínculo entre el ecosistema de innovación de Yucatán y su ambiente de seguridad y paz social.

“Esto permitirá fortalecer el sistema de justicia, realizar nuevas acciones preventivas y brindar a las y los ciudadanos un mejor acceso a la justicia para seguir avanzando por este rumbo de innovación, seguridad y justicia, el rumbo de bienestar”, acotó en presencia del titular de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (Siies), Raúl Godoy Montañez.

En ese sentido, el Gobernador remarcó que el nuevo Sistema de Justicia ha tenido grandes avances pero a su vez reporta retos que se busca solventar con el uso de la ciencia. La meta es, continuó, que quien cometa un delito sea identificado, perseguido, capturado, puesto a disposición de las autoridades y sometido a juicio con pleno respeto a sus derechos humanos y, según el caso, que sea sentenciado.

“A Yucatán siempre se le ha asociado a su cultura ancestral, gastronomía y la trova, pero hoy  tiene un nuevo rostro porque posee un ecosistema propicio para la investigación, innovación y el desarrollo tecnológico al servicio de la sociedad para generar bienestar a la población”, apuntó.

Finalmente, Zapata Bello destacó la relevancia que da Yucatán a la formación de capital humano altamente especializado para interpretar los procesos y análisis del cúmulo de información que se acopia mediante los sistemas informáticos automatizados, para darle una utilidad práctica con un beneficio social.

En el acto celebrado en el vestíbulo de la Biblioteca Central del Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, Godoy Montañez detalló que la propuesta de la carta de intención surgió de la necesidad de una gestión sistémica de todas las carpetas de investigación, por lo que haciendo uso de la ciencia se podrá elaborar un diagnóstico desde el momento en que ocurran las denuncias y su seguimiento.

En ese sentido, el representante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Rodrigo Meneses Reyes, especificó que el objetivo es construir desde un enfoque multidisciplinario un mapa de datos con un número único de carpeta de investigación, unificando criterios entre quienes intervienen en los procesos penales. Añadió que, además, buscará desarrollar bases más robustas para un registro más confiable y metódico de los mismos.

La intención es abonar a una mejor impartición de la justicia, haciendo uso de la ciencia y la tecnología, en este caso a través de un consorcio, la cual es una política pública del Conacyt, pues este órgano actualmente posee 18 corporaciones en las que participan todos los centros públicos de investigación para atender necesidades de sectores como el automotriz, textil, agroalimentario y energético, para resolver problemáticas regionales, abundó Graef Ziehl.

Agregó que el Sistema de Justicia Penal mexicano experimenta una de las reformas más ambiciosas, la transición de un modelo punitivo a un modelo acusatorio, cuyo diseño ha sido heterogéneo y fragmentado, por lo que se pretende alinear criterios en el tratamiento de la información entre las diferentes instituciones que forman parte de los procesos penales.

Como parte de la agenda, también se efectuó la inauguración de las instalaciones del Laboratorio Nacional de Geointeligencia y del consorcio Conacyt Intelinova en Yucatán. Éste último conjuga algunos de los más importantes institutos académicos y científicos del país.

En éste participan las instituciones referidas así como los Centros de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec), y de Investigación en Matemáticas (Cimat), y juntos brindan soluciones a retos públicos y privados mediante el desarrollo de nuevos protocolos.

Después de cortar el listón, Zapata Bello recorrió las áreas de recepción y de programación, oficinas, cubículos,  sala de juntas equipada con dispositivos inteligentes para la consulta de información y la zona que alberga los servidores, cuya capacidad de almacenamiento es de un petabyte y de procesamiento de 130 teraflop.

Al terminar, el director General Infotec, Sergio Carrera Riva Palacio, y el investigador titular del Centro Geo, Oscar Sánchez Siordia, compartieron al titular del Ejecutivo la relevancia del nuevo Laboratorio, toda vez que se fortalece e impulsa la innovación y el uso de las modernas tecnologías para darles un uso en las políticas públicas en beneficio de la sociedad, pues a través de éste se articulan varios programas del Conacyt.

En el encuentro se enumeró las actividades que se articulan de manera conjunta entre Intelinova y el Conacyt a favor de la entidad y que ya se realizan en las recién abiertas instalaciones. Ejemplo de ello son el apoyo al Laboratorio Nacional de Geointeligencia y las cátedras Conacyt, que suman más de 100.

Además, están proyectos como el Fondo Mixto (Fomix) Yucatán, con el cual se obtuvo estas instalaciones; el monitoreo de dinámicas territoriales en regiones prioritarias del país, que en breve se llevará a cabo en la entidad, y un estudio que se efectuará sobre el impacto de la Zona Económica Especial (ZEE) de Yucatán.

En el marco del curso “Justicia Restaurativa” los pasados 8 y 9 de marzo, en el que se capacitaron los servidores judiciales que integran el equipo el Centro estatal de Solución de Controversias (CESC) del Poder Judicial del Estado, expuso que  actualmente los fenómenos, conflictos y  situaciones que viven las familias son multi causales, es decir, son causados por una serie de elementos relacionados entre sí. Esto significa que para dar una correcta explicación y ofrecer soluciones a los conflictos, los servidores públicos como es el caso de los facilitadores judiciales, tienen que ampliar sus conocimientos.

Sólo así será  posible dar un enfoque más humano a la  justicia, tal como mandan la Constitución y los Tratados internacionales.

Por ejemplo, el actual sistema acusatorio da un papel preponderante a la víctima y nos damos cuenta que la víctima tiene necesidades específicas y especiales y que para darle un adecuado tratamiento se requieren conocimientos de sociología, antropología, trabajo social, incluso la neurociencia, es decir, acercarnos a un cúmulo de disciplinas que nunca serán suficientes para entender la relación que viven una víctima y un victimario, expresó la especialista.

González Lozano, quien actualmente es Directora adjunta de la Dirección general de prevención del delito y servicios a la comunidad de la subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, tiene un Doctorado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias por la Universidad de Baja California y además es Doctora en Derecho por esa misma Universidad. Igualmente es maestra en Ciencias Sociales por El Colegio de Sonora y Licenciada en Economía.

En una entrevista apuntó que las relaciones sociales son cada vez más complejas y, en términos generales, las sociedades “nos hemos olvidado de las buenas prácticas que tenemos como humanidad para resolver y negociar conflictos por la vía pacífica, porque vivimos con prisas, estrés, desconfianza”.

Nos hemos olvidado de que la comunicación entre las personas significa la posibilidad de negociar con el otro para tomar acuerdos y acciones a seguir que son de beneficio individual y social, incluso grupos sociales como los  mayas tienen prácticas para ponerse de acuerdo y les permiten sobrevivir y tomar rumbo, pero creo que nosotros nos hemos olvidado de eso y es parte de lo que se busca en el sistema penal actual, retomar buenas prácticas, expresó.

Dijo que la convivencia armoniosa y los arreglos entre las personas como los que se buscan en el Centro de mediación del Poder Judicial, permiten que “nos desgastemos menos en las controversias y busquemos soluciones más efectivas, rápidas y avanzar como grupo humano”.

Este curso se enmarca dentro de las actualizaciones del CESC que dirige la Lic. Elma Gabriela Avila Miranda y cuya buena marcha recae en la Comisión de Desarrollo Institucional que preside el Consejero de la Judicatura Luis Jorge Parra Arceo.

Mérida, Yucatán.- Trámites más ágiles sobre patria potestad y adopciones, así como todo lo relacionado con acciones que garanticen los derechos de la niñez y la adolescencia, se pueden realizar desde ahora en la nueva sede del Juzgado Séptimo de Oralidad Familiar, único en su tipo en el país ya que se encuentra en el mismo edificio que la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa).

El Gobernador Rolando Zapata Bello y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Marcos Celis Quintal, inauguraron el lugar en el que se erogó más de 1.5 millones de pesos y que al encontrarse en el mismo sitio que la Prodemefa significará un ahorro de tiempo y recursos.

Con ello se evitará que usuarias y usuarios tengan que desplazarse al órgano jurisdiccional para la atención de los asuntos que sean de competencia en primera instancia de los procedimientos familiares, ofreciendo trámites más ágiles, asegurando la prioridad en el ejercicio de los derechos de infantes y adolescentes, destacó el mandatario durante la ceremonia.

Acompañado de la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Yucatán, Sarita Blancarte Canto, explicó que en un hecho inédito, el organismo asistencial y el Poder Judicial en la entidad suscribieron un convenio de colaboración que establece las bases de coordinación para operar este espacio en las instalaciones que ocupa la Prodemefa.

Ante personal de esta instancia y la dependencia, Zapata Bello apuntó que de esta manera se provee de mejor infraestructura para una justicia pronta y expedita en la atención de asuntos que involucren niñas, niños y adolescentes, en lo particular asuntos de pérdida de patria potestad y adopciones, a fin de garantizar sus derechos.

A ese propósito, recordó, se suma el Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán (Cecofay), órgano auxiliar de la Prodemefa, dependiente del DIF, cuyo objetivo es facilitar, en un sitio neutral e idóneo para el encuentro de infantes o adolescentes con sus familiares no custodios, según lo autorice la autoridad judicial o la misma Procuraduría.

En su intervención, Celis Quintal expresó que en 2017 casi el 30 por ciento de los asuntos que se conocieron en Primera Instancia del Poder Judicial fueron de esta índole, por lo que las autoridades redoblan y suman esfuerzos para atender a este sector.

"La ruptura de la unión matrimonial no debe traducirse en una ruptura entre la convivencia padres e hijas e hijos, por lo que las autoridades deben garantizar que esa convivencia sea sana y armoniosa, generando las herramientas para tal fin y de la sociedad teniendo la mejor disposición para que así sea", puntualizó.

Al terminar el acto protocolario, Zapata Bello efectuó un recorrido guiado por la titular del Juzgado, Maricela Rivas Buenfil, para conocer la Sala de Oralidad y las áreas de Enlace y Atención al Público y la del personal.

El nuevo espacio está ubicado en la colonia San José Vergel de esta ciudad, en lo que fue la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), institución que otorgó todas las facilidades para ocuparlo. Como se recordará, operaba desde el 26 de marzo de 2017 en el edificio ubicado en la calle 35 por 62 del Centro, con competencia territorial en los municipios de Mérida, Hunucma y Ucú.

Además de brindar a la población instalaciones decorosas, el cambio de sede redundará en un ahorro para la economía familiar y en tiempo, toda vez que diversos trámites implican el traslado entre el Juzgado y la Prodemefa, con lo que también gastarán menos. A la par, el Gobierno de Yucatán cumple con la Ley General de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.

Mérida, Yucatán.- Servidores judiciales y de instituciones estatales, federales y militares, estudiantes y público en general, se dieron cita en la proyección de la película “Talentos Ocultos”, evento organizado por el Poder Judicial del estado para poner de relevancia el papel de la mujer,  en ocasión del pasado Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.

La magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega, enlace de igualdad de género del Poder Judicial del estado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN) y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), dio la bienvenida a las decenas de personas que acudieron a esta proyección gratuita, con la que se busca difundir el valor que tiene la mujer en los diversos ámbitos: social, político, familiar y hacer conciencia sobre la lucha que han tenido que pasar a lo largo de la historia para hacer valer sus derechos políticos, civiles y humanos en general.

En representación del gobernador del Estado Rolando Zapata Bello estuvo presente la directora jurídica del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres Clara María Esperanza Pereira. Igualmente estuvieron presentes la titular de la Prodemefa Irene Torres Ortegón y la Mayor Enfermera Martha Olivera Hernández, representante de la X Región militar. Por la IX Zona naval acudió el capitán José Alberto Díaz Hernández.