• El Estado Mexicano omite cumplir con los derechos en la ley y los compromisos internacionales.
• Mario Luis Fuentes Alcalá y Saúl Arellano Almanza presentaron los resultados del Índice de los Derechos de la Niñez 2022
• En la Facultad de Derecho comentaron el texto Raúl Contreras Bustamante, Mónica González Contró y Elena Azaola Garrido.

Por Sara Lovera
(saraloveralopez@gmail.com)

México, enero (SEMlac).- Más de 42 millones y medio de niñas, niños y adolescentes en México fueron abandonados por el estado mexicano, sin derechos, sufren pobreza, abandono, mala educación, violencia y carecen de cobertura en salud y vacunación, sostienen Mario Luis Fuentes Alcalá y Saúl Arrellano Almanza, de México Social.

En un informe, califican esta situación de irracional, absurda, incomprensible e indignante, agudizada en los últimos cinco años, con desigualdades regionales que evidencian una diferencia entre las y los niños de Baja California y Chiapas de 300 por ciento; pero la pobreza infantil es grave en entidades como Oaxaca, Veracruz, Puebla o Durango.

Plantean los autores que, además, el Estado Mexicano omite cumplir con los derechos en la ley y los compromisos internacionales. Hablar de violencia es hablar de un crecimiento hasta de más del 64 por ciento en violencia sexual contra las niñas en sus hogares.

El estudio elaborado por estos investigadores se llama "Índice de los derechos de la niñez 2022, cinco años de incumplimiento de derechos" y plantea que es una realidad lacerante si se considera que, de acuerdo con el censo, la población más grande del país, de 42 millones 561.974, es de niños, niñas, adolescentes de cero a 19 años.

Mario Luis Fuentes Alcalá califica lo encontrado en el estudio de "inapropiado", donde es claro que estamos en "un país que no quiere a sus hijos/hijas, al que sus hijas/hijos le son indiferentes, al que no le importa tener expectativas sobre sus niños y niñas. Y dramático como irracional, absurdo, incomprensible".

El estudio, que puede hallarse en la página de México Social, sostiene que el promedio de cumplimiento de todos los derechos de la infancia medido indica que fue de 0,558 lo que significa que estamos con los niños/niñas y apostamos por su futuro a medias, a pesar de que la economía es la número 16 en el mundo y podría brindar mejores condiciones de vida a sus Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).

Agrega que este Índice de los Derechos de la Niñez muestra que México sigue siendo un país en el que existen condiciones generalizadas de incumplimiento de los derechos de NNA.

El estudio se hizo con base en la información oficial disponible, y puede sostenerse que no existe un solo ámbito de derechos en el que el país haya tenido un buen desempeño. Lo más preocupante de esta situación es que se trata de una cuestión histórica, estructural y sistémica a la que este gobierno de la 4T no le ha dado importancia.

Si la situación de vida, salud y educación es dramática, también lo es la violencia contra este sector de la población, que ha crecido en cinco años en 46 por ciento. El Índice destaca que, hasta ahora, México ha sido incapaz de construir un entramado institucional integral que haga realidad los derechos que nuestra Constitución y diversas leyes reconocen para los NNA.

Los investigadores Fuentes Alcalá y Arellano Almanza que forman parte, además, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, consideran necesario poner en el centro de los derechos humanos a las niñas, niños y adolescentes, hoy no garantizados, como tampoco se puede hablar de una infancia digna.

Menos se ha logrado una estrategia de desarrollo; además, los menores de edad no son tomados en cuenta, a pesar de constituir el grupo poblacional más grande y tiene que ver con una mirada "adulta céntrica".

Los hallazgos que se tienen en la investigación que da origen al estudio, se muestra cómo, al menos desde el 2008, cuando se llevó a cabo la primera medición multidimensional de la pobreza y hasta el año 2020, de forma constante, el 50 por ciento o más de la población menor de 18 años en el país vive pobreza y pobreza extrema, sin que alguna medida impacte esta situación, como becas o dinero directo.

Este Índice muestra claramente las dramáticas condiciones en que vivía la niñez mexicana, justo al inicio de la pandemia de la covid-19 y del confinamiento obligado; por lo que, en posteriores mediciones, podrá compararse con toda precisión cuál fue el impacto que tuvo la pandemia en el grado de cumplimiento de sus derechos.

El Índice, acentúan los autores, es una herramienta útil desde muchos puntos de vista que, si hubiera políticos interesados en la infancia, tendrían aquí un punto de partida valiosísimo para emprender numerosas acciones.

El resumen que hacen los autores no podría ser más contundente: "La evidencia que se presenta caracteriza a México como un país inapropiado para la niñez, pues las condiciones en las que viven las personas menores de 18 años son, sin caer en un exceso retórico, dramáticas".

El texto hace un llamado a la indignación frente a la inaceptable y dolorosa realidad que describe, con datos y números demoledores, esas estadísticas simples no logran transmitir las realidades complejas ni el dolor que implica vivir bajo condiciones tantas veces indignas e infrahumanas que padece la mayoría de los niños y niñas en el país.

Especial atención requieren los NNA indígenas quienes cuentan con los indicadores más bajos en el cumplimiento de derechos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020 había 1.96 millones hablantes de lenguas indígenas entre los tres y los 19 años de edad. De ellos, 338.880 no eran hablantes del español por lo que se requiere garantizarles el derecho a una educación bilingüe.

Otro grupo que se enfrenta a condiciones más difíciles para el cumplimiento de derechos es el de NNA que cuentan con alguna discapacidad, limitación o condición mental. De acuerdo con INEGI, en 2020, estos eran un total de 2.97 millones de NNA de 0 y los 19 años de edad, lo que representa al siete por ciento de la población de este grupo de edad. El estudio da cuenta que la pobreza afecta más a la infancia que a cualquier otro grupo etario, además de ser una condición estructural e intergeneracional.

Lo más grave

Entre 2008 y 2020, poco más del 50 por ciento de los NNA fueron considerados en circunstancias de pobreza multidimensional mientras que para el resto de la población el porcentaje fluctúa alrededor del 44 por ciento. De igual modo, mientras que el porcentaje de la población mayor de 18 años considerada no pobre o no vulnerable fue en 2020 de 25,8, para los NNA el porcentaje fue de 17,9.

El estudio describe la pobreza y las condiciones de vulnerabilidad de la niñez, entre ellas, la carencia de seguridad social en su hogar, así como de ingreso laboral, nutrición de calidad, rezago educativo, servicios en la vivienda o ser hablante de alguna lengua indígena.

El Índice contiene datos tan demoledores como los siguientes: cuando los NNA registraron simultáneamente carecer de seguridad social y de servicios de salud, presentaban 96,9 por ciento de probabilidades de ser considerados/as como pobres; mientras que, cuando se registró simultáneamente vivir en áreas rurales, habitar en viviendas donde se cocina con leña, carecer de seguridad social y hablar alguna lengua indígena, el porcentaje de probabilidad de ser pobre fue de ciento por ciento.

Este último dato muestra las profundas desigualdades que persisten en el país sobre todo si se toma en cuenta que, a nivel nacional, el promedio de NNA en situación de pobreza en 2016 fue de 50 por ciento.

Pero este promedio esconde la diferencia en la proporción de NNA en pobreza entre Chiapas, que es de 84,5 por ciento y Baja California Sur, con 23,7, es decir, una diferencia de 3,56 veces. Para 2020, el porcentaje de NNA en situación de pobreza se incrementó en cinco puntos porcentuales al pasar de 50,3 a 55,6.

NNA en situación de violencia

Otro grave problema que afecta también a la infancia es la violencia. El Índice reporta que de 2016 a 2021, 7.752 NNA perdieron la vida a causa de lesiones provocadas de manera intencional y desglosa con todo detalle tanto los números absolutos como las tasas por 100.000 habitantes de cada entidad federativa.

En relación con las carpetas de investigación sobre denuncias de casos de violencia familiar, se observa un incremento de 46 por ciento en tan sólo cinco años, de 2016 a 2020 (de 191.000 casos a 254.000) y un incremento de 64,5 por ciento en las agresiones de tipo sexual.

Se trata de un fenómeno que ha ido escalando de manera dramática por lo que queda claro que las medidas que se han tomado para detenerlo resultan insuficientes y muestran, sobre todo, un nivel preocupante de deterioro del tejido social y una falta de entendimiento de los resortes que activan esta violencia.

El estudio no sólo constituye una denuncia, sino que arriesga hipótesis para entender la violencia, una de ellas: que la pobreza no es necesariamente su principal detonante, y que hay diversas formas de ejercicio de la violencia que no están ligadas a condiciones socioeconómicas, sino a factores como la salud mental y la presencia o no de una ética de respeto, solidaridad y protección de la otredad.

Hace unos días, se hizo una presentación del estudio en la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, donde Fuentes Alcalá expuso que en los hogares y las viviendas existe una fractura de origen, limitada por la pobreza; mientras que las escuelas se han erosionado y transmiten estereotipos y abusos. Dijo que "la educación es la otra tragedia".

Se analizó cómo en la educación la pandemia tuvo efectos demoledores que se suman a los acumulados por la falta de un proyecto educativo sólido con metas precisas que permitan trazar una ruta para superar los profundos rezagos y desigualdades que la educación tiene en el país. Los autores consideran que se puede hablar ahora, al comienzo de 2023, de un escenario catastrófico para la educación y para la salud.

• Se proponen mecanismos de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, para garantizar la integridad de la población infantil

Ciudad de México.- La diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN) propuso crear la Alerta de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, con un enfoque preventivo y la implementación de mecanismos de respuesta inmediata para la atención, sanción y erradicación de la violencia infantil.

Lo anterior, mediante una iniciativa también suscrita por las y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y publicada en la Gaceta Parlamentaria, que adiciona los artículos 145 Bis, 145 Ter, 145 Quáter, 145 Quinquies, 145 Sexies y 145 Septies de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Define la Alerta “como el conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales, realizadas entre las diversas autoridades para establecer medidas que articulen la identificación, detección, atención, prevención y reducción de los principales factores de violencia contra niñas, niños y adolescentes, para garantizar una respuesta rápida y eficaz de las diferentes autoridades del Estado”.

Sus objetivos son incorporar mecanismos de coordinación entre las autoridades federales, municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con el fin de garantizar la vida, la integridad, la libertad, la seguridad y el acceso a la justicia para las niñas, niños y adolescentes.

De igual forma, proponer acciones conjuntas para su prevención, atención y sanción. Para ello, destaca la necesidad de monitorear, identificar y advertir oportunamente los riesgos de violencia; propiciar escenarios de información pública sobre las acciones y logros frente a riesgos y situaciones relacionadas, así como unificar y coordinar estrategias con todas las entidades federativas, para lograr mayor eficacia.

La legisladora Gómez del Campo señala que la Alerta se emitirá cuando exista un contexto de violencia contra niñas, niños y adolescentes, caracterizado por el incremento persistente de hechos o delitos que involucren violaciones a sus derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad en un territorio.

También cuando existan omisiones documentales y reiteradas por parte de las autoridades gubernamentales del cumplimiento de sus objetivos en materia de prevención, atención, sanción y acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes.

Su trámite se podrá iniciar a solicitud de organismos públicos autónomos o internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil o grupos de familiares de víctimas. Asimismo, a partir de la identificación por parte del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y del incremento persistente de hechos o delitos que involucren violaciones de sus derechos fundamentales. 

La Declaratoria de Alerta deberá presentarse al Gobierno Federal a través de la Procuraduría Federal de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes. Para su levantamiento, se deberá acreditar fehacientemente su cumplimento, mediante la incorporación en las políticas públicas o legislación, y/o de la disminución sostenida de la violencia identificada. 

En su argumentación refiere que, de acuerdo con la organización Save The Children, en 2021 se cometieron en México más de 27 mil 772 delitos contra este sector: dos mil 450 homicidios (siete diarios), más de 107 feminicidios de niñas y adolescentes (nueve al mes) y 13 mil 758 lesiones. En tanto que, al primer trimestre de 2022, hubo 595 homicidios y aumentaron 83.52 por ciento los reportes de violencia familiar.

Gómez del Campo agregó que México está en deuda con las niñas, niños y adolescentes, porque las diferentes formas de violencia que se ejercen sobre ellas y ellos no deben tolerarse ni por instituciones gubernamentales ni por la sociedad.

• La propuesta impulsada por Corona Nakamura plantea reformar el artículo 55 constitucional

Ciudad de México.- Con la finalidad de promover la participación de las y los jóvenes en el quehacer legislativo, la diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM) presentó una iniciativa para reformar el artículo 55 de la Constitución Política.

La propuesta enviada para su análisis a las comisiones unidas de Reforma Política-Electoral, de Puntos Constitucionales, y de Gobernación y Población, busca establecer que para ser diputada o diputados se deben tener 18 años de edad cumplidos el día de la elección.

De acuerdo con la iniciativa, con esta adecuación normativa se busca eliminar cualquier acto discriminatorio en contra de las y los jóvenes al permitirles el derecho de ser votados y abonar en el proceso de profesionalización que requiere los actores políticos de país.

Al llevar a cabo esta reforma, todos los congresos locales se verían en la necesidad de armonizar sus ordenamientos con lo establecido en nuestra Constitución y crecerían las posibilidades de que se redujera también la edad para acceder al cargo de diputadas o diputados locales.

El documento argumenta que es fundamental que la juventud tenga una participación real y efectiva por un cargo de representación popular en la vida política y democrática, como es el de legisladora o legislador ya sea federal o local.

La diputada Corona Nakamura considera que la edad actual para poder acceder a una diputación federal deja al margen y excluye el disfrute del derecho de ser votado a nuestra población de entre 18 y 20 años de edad; esto representa, según cifras oficiales, al menos el 4.13 por ciento de nuestro padrón electoral, es decir, aproximadamente a 3 millones 603 mil 40 jóvenes.

Enfatiza que son casi cuatro millones de jóvenes que ya tienen el derecho de votar y que también podrían ser votados para acceder al cargo de diputada o diputado local o federal, pero que injustificadamente se les niega esa posibilidad.

• Indispensable, sensibilizar a la sociedad sobre este tema y que esta fecha sea a favor de la primera infancia, niñas, niños y adolescentes que han perdido la protección y cuidado de una familia, asevera la diputada del PT Shirley Vázquez
• Crucial, acompañar este día con acciones que permitan una política pública integral humanizada y con estándares de calidad para que la niñez huérfana mejore su calidad de vida, señala

Ciudad de México (Notilegis).- La diputada federal Shirley Vázquez Romero (PT) informó que impulsa una iniciativa para declarar el primer domingo de noviembre como “Día Nacional de la Niñez Huérfana”.

En un comunicado, indicó que el objetivo es hacer un atento llamado a los poderes del Estado para vigilar la situación actual en la que se encuentran las niñas, niños, adolescentes y primera infancia, que viven sin cuidado parental y salvaguardar sus derechos.

Por esa razón, la legisladora consideró que es indispensable sensibilizar a la sociedad mexicana acerca de este tema, conjuntamente con los tres órdenes de gobierno, para que sea una fecha a favor de este sector vulnerable de la población que, por diversas circunstancias, han perdido la protección y el cuidado de una familia.

Aseguró que la intención de este día es acompañarlo con acciones concretas que permitan llevar a cabo una política pública integral humana y con altos estándares de calidad, para que la niñez huérfana tenga la oportunidad de habitar en familia, sean restauradas sus vidas y, de forma integral, mejore su calidad de vida.

Vázquez Romero reveló que otra realidad que corresponde a esta problemática tiene que ver con los huérfanos de feminicidio, niños invisibles que sortean un camino de dolor, duelo e incertidumbre, en medio de una burocracia institucional.

Por lo anterior, dijo que es ineludible que el Estado garantice la protección plena a estas víctimas de violencia, a quienes les fueron arrebatados su padre y madre al mismo tiempo y se encuentran en estado de indefensión.

La diputada por Sonora resaltó la necesidad de un tratamiento y procedimiento especial que sea veraz y eficiente, que acompañe su salud integral y se dé acompañamiento a través del acogimiento familiar.

“Seamos un país que acoge al desprotegido, que abra los brazos al huérfano, con mayor agilidad en la adopción. Hagamos visible este problema, por una primera infancia, niñas, niños y adolescentes sanos, respetados, amados y no vulnerados”, concluyó.

• Jazmín Belén Sánchez, de Izamal y Kimberly Rosario Borges Interián. de Dzan, ganan primer lugar en el segundo Concurso de Oratoria por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente

Mérida, Yucatán.- “Promover acciones que garanticen el bienestar de la niñez y adolescencia en el estado es parte de nuestras tareas como promotores”, dijo Yoshi Genai Solís Canché, a nombre de la Red Estatal de Niñas, Niños y Adolescentes DIFusores de los Derechos 2022-2023.

Ante sus compañeras y compañeros, reunidos para la toma de protesta en el auditorio de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Yoshi destacó que dicho esquema le ha dado la oportunidad de desarrollarse en diferentes ámbitos, que la han inspirado a seguir luchando por sus sueños y animando que más infantes y jóvenes se involucren en temas de interés general para la entidad.

--“Invito a la niñez y adolescentes de Yucatán a formar parte de esta gran Red, a través de la cual nos brindan un espacio para conocer, aprender y divertirnos, pero también para decir lo que sentimos y pensamos”, señaló.

En su intervención, María Teresa Boehm Calero, directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), destacó que, como autoridades, se tiene el propósito de brindarles las herramientas necesarias para garantizar su bienestar, así como implementar estrategias entre las comunidades, que permitan su inclusión y participación.

La jefa del Departamento de Atención a la Infancia y la Familia (DAIF), Alejandra Cruz del Rosal, destacó que integran la Red 180 estudiantes de primaria y secundaria de 22 municipios: Cacalchén, Cansahcab, Chocholá, Dzan, Dzilam González, Dzitás, Dzoncahuich, Ixil, Izamal, Muna, Motul, Oxkutzcab, Peto, Samahil, Suma de Hidalgo, Tahmek, Tekantó, Tekax, Tixkokob, Umán, Valladolid y Río Lagartos.

Mediante este programa, se brinda espacios de participación activa y reconocimiento a la labor que efectúan estos sectores en sus localidades, con tal de que se desarrollen con seguridad dentro de la sociedad, en pleno conocimiento de sus derechos y obligaciones, para que se sumen a las actividades junto con la dependencia estatal.

Se recibió 29 propuestas de 15 municipios, Cacalchén, Chocholá, Dzan, Dzitás, Dzoncauich, Izamal, Mérida, Motul, Muna, Suma de Hidalgo, Tahmek, Tekax, Tixkokob, Umán y Valladolid, y se seleccionó, como primer lugar a Jazmín Belén Sánchez de Izamal y Kimberly Rosario Borges Interián de Dzan, en segundo, Frida Camila Castillo May de Umán y tercero, Dariana Itzel Pacheco de Tekax.

Cabe mencionar que, previamente, se coordinó mesas de trabajo, en que las y los participantes tuvieron la oportunidad de conocer y opinar sobre diversos temas en torno a sus derechos. Para más información sobre esta estrategia, las y los interesados pueden comunicarse con el DAIF, a los teléfonos (999) 927 71 35 y 927 18 56, extensiones 101 y 103, de lunes a viernes, entre las 8:00 y 15:00 horas

• Se trata un ejercicio que busca consolidar la cultura política de las nuevas generaciones, destaca Ricardo Monreal.

Ciudad de México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, inauguró el Parlamento Juvenil 2022 del Senado de la República, un ejercicio que busca consolidar la cultura política de las nuevas generaciones, y proporcionar a quienes participan las herramientas y conocimientos sobre el trabajo legislativo.  

Ricardo Monreal destacó la importancia de que “la cultura política de la generación que nos va a relevar se vaya consolidando, y el hecho de participar en estos parlamentos juveniles ayuda a construir un mejor debate, más respetuoso, más elevado, de mayor nivel para la sociedad”.  

Explicó que las 64 mujeres y los 64 hombres, de las 32 entidades de la República, que participarán en el Parlamento Juvenil 2022 se adentrarán en las actividades del Poder Legislativo, en el análisis de leyes, en la discusión político-parlamentaria.  

Además, subrayó la necesidad de que quienes releven a la clase política actual tengan un compromiso social, que beneficie a la gente, al medio ambiente, así como un legado de solidaridad para la población que más lo necesita, “que nos sacudamos el egoísmo” para construir una mejor sociedad.  

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que, para estar en la política “se requiere una causa, pregúntense cuál es su casusa, la mía es la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de las minorías; además, se requiere generosidad en la política, hacer equipos”.  

El coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a analizar e impulsar las iniciativas propuestas por quienes participan en este ejercicio parlamentario. También enfatizó que “las grandes transformaciones del mundo y del país se han hecho en equipo, por lo que mientras más unidos estén, más logros van a obtener”. 

La coordinadora parlamentaria del PT, Geovanna Bañuelos de la Torres, destacó que “estamos travesando un momento en la historia y la vida electoral de nuestro país, donde hay espacios reservados exclusivamente para los jóvenes”.  

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, dijo que la política es un instrumento importante para la transformación, “que no debe dejarse en manos de malos políticos” y que requiere de la participación de todas las personas que “abracen una idea, una causa”, que estén dispuestas a luchar por ella. 

La senadora Sasil de León Villard, coordinadora de Encuentro Social, comentó que actualmente, las mujeres están en cada espacio de decisión de país, no sólo en el Senado o en la Cámara de Diputados; por eso exhortó a las jóvenes a aprovechar esta experiencia, para que en el futuro sean quienes estén al frente de municipios, alcaldías, escaños y otros espacios de representación. 

En tanto, la directora del Parlamento Juvenil 2022, Cristal Pelayo Rodríguez, dijo que estos tres días de capacitación parlamentaria serán de intenso trabajo, porque desarrollarán la misma labor que las y los senadores, como la participación en comisiones especializadas, la elaboración de iniciativas y puntos de acuerdo, así como en el proceso de dictaminación, debate y votación de las propuestas legislativas. 

Comentó que este tipo de ejercicios, que impulsa el Senado a través de la Junta de Coordinación Política, es una apuesta al conocimiento, talento e interés de las y los miles de jóvenes que desean ser parte del relevo generacional del Congreso, e incidir en la vida pública del país. 

Jennifer Martínez Murillo, presidenta del Consejo de Santa Cruz Tanaco, dijo que en este Parlamento se lograrán ideas de cambio, con la perspectiva juvenil, pues “somos uno de los sectores poblacionales más importantes del país, sin lugar a duda, uno de los motores con más fuerza que está empujando el desarrollo y bienestar del México”.  

• Firman carta de intención para desarrollar actividades académicas, científicas y de investigación.

Mérida, Yucatán.- Con el objetivo de fortalecer las acciones de protección y restitución de los derechos, de la niñez y adolescencia yucatecas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) firmaron una carta de Intención para realizar acciones conjuntas, relacionadas con la salud psicológica y social de estos sectores.

En una primera etapa se ofrecerán talleres e intervenciones en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede), con herramientas como terapias del juego y prácticas clínicas supervisadas.

La directora General del DIF, María Teresa Boehm Calero, destacó, que a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado (Sipinnay), se dará seguimiento a las acciones que se implementará.

“Este tipo de alianzas son valiosas para la atención integral de la niñez y adolescencia de Yucatán; como Gobierno del Estado, reforzamos nuestro compromiso de continuar con las acciones necesarias para promover, proteger y restituir sus derechos, con el apoyo de los diferentes sectores” señaló.

Por su parte, el rector de la UADY, José de Jesús Williams, agradeció la confianza de la dependencia en esta casa de estudios, para participar en beneficio de la infancia y adolescencia, así como en la atención de sus problemas, cuya complejidad implica la necesidad de conformar equipos multidisciplinarios.

“Como universidad pública que somos, debemos aportar las capacidades, sensibilidad y disposición, que tenemos en nuestras y nuestros docentes, para trabajar de la mano con el DIF Yucatán y las diferentes instituciones que demandan este tipo de profesionales”, remarcó.

Atestiguaron María Elena Rivas Acevedo, secretaria Ejecutiva del Sipinnay; Teresita de Jesús Anguas Zapata, titular de la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay), y Gustavo Adolfo Estévez Rivera, encargado del Caimede.

También, Jesús Esteban Sosa Chan y Reyna Faride Peña Castillo, director y jefa, respectivamente, de la Unidad de Posgrado e Investigación en la Facultad de Psicología de la UADY, entre otras autoridades y personas invitadas especiales.

• Reconocen el talento de las y los 40 participantes, estudiantes de 18 secundarias y preparatorias tanto públicas como privadas

Mérida, Yucatán.- Con su video titulado “¡Vive tu vida, antes de dar vida!”, Juliette Abigail Ramírez García, de Mérida, ganó la tercera edición del Concurso de Spot Publicitario “Previniendo es mejor”, que organizó el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán, en el marco del Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes.

Durante la final, en el Centro Cultural “Olimpo”, la titular de la dependencia, María Teresa Boehm Calero, reconoció el talento de las y los 40 participantes, estudiantes de 18 secundarias y preparatorias tanto públicas como privadas, Telebachilleratos y Colegios de Bachilleres del Estado (Cobay), de Samahil, Umán, Kanasín, Temozón, Espita, Ucú, Izamal, Muna, Dzemul y Tecoh, entre otros municipios.

“Tienen derecho a vivir y disfrutar cada etapa de su vida plenamente, pero teniendo la información y herramientas necesarias para poder tomar sus propias decisiones durante su desarrollo, considerando también el apoyo de la experiencia de las personas adultas, principalmente al interior de los hogares”, expresó la funcionaria.

Igual, premió a los equipos que ocuparon segundo y tercer lugar, respectivamente: Karen Quintal, Renata Toh, Yasury Euan y Wendy Sima, de Chocholá, por “Somos muy chicas/os para algo tan grande”, y Mía Briceño Torres, América Valencia López, María Fernanda Guzmán Castillo e Ivana Aurora Ascencio Bacelis, de esta ciudad, con “Recomendaciones para prevenir el embarazo en adolescentes”.

La convocatoria se publicó en los perfiles oficiales del DIF en redes sociales, del 29 de agosto al 13 de septiembre, dirigida hacia adolescentes de 12 a 18 años de edad, que residan en la entidad. Se calificó cuatro aspectos para seleccionar 12 finalistas: creatividad y originalidad, transmisión del mensaje, claridad en las tomas y audios, así como lenguaje inclusivo y con perspectiva de género.

Por su parte, la jefa del DAIF, Alejandra Cruz del Rosal, expuso que, en este año, 29 demarcaciones se involucraron en el plan de prevención del embarazo: Chocholá, Cacalchén, Motul, Mocochá, Oxkutzcab, Peto, Tecoh, Tekax, Tekantó, Umán, Valladolid, Izamal, Tixkokob, Ucú, Santa Elena, Buctzotz, Tizimín, Baca, Ticul, Cantamayec, Mayapán, Opichén, Muna, Samahil, Kaua, Temozón, Tunkás, Sucilá y Mérida.

Quienes tengan interés en acceder a más información sobre este programa, pueden comunicarse con personal de dicha área, de lunes a viernes entre las 8:00 y 15:00 horas, a los teléfonos (999) 927 71 42, 927 71 35 y 927 18 56, extensiones 101 y 1

• Participaron mujeres y hombres de Puebla, Estado de México, Oaxaca y de la Ciudad de México

Ciudad de México.- Este sábado se clausuró en el Senado el taller “Rompiendo el Rol”, en el que jóvenes de diferentes estados del centro y sur del país analizaron las acciones, medidas y políticas públicas para frenar la violencia de género y romper el machismo, que impiden la participación de las mujeres en la solución de los problemas nacionales. 

En este encuentro participaron mujeres y hombres de Puebla, Estado de México, Oaxaca y de la Ciudad de México, quienes aportaron ideas para solucionar estos problemas que aquejan a gran parte de la sociedad mexicana. 

La vicepresidenta de la organización integrada por mujeres “Poderosas Unidad X México”, Sofía Gabriela López Madero, dijo que “en un futuro los jóvenes tomaremos puestos de tomas de decisión y así podremos cubrir las carencias de injusticia que hemos presenciado, y hacer lo posible porque todos gocemos de los derechos que merecemos”. 

López Madero también informó que en este primer taller participaron, durante siete sábados, 70 jóvenes, quienes realizaron 15 proyectos sociales, con el propósito de acudir a escuelas y comunidades rurales a impartir pláticas sobre perspectiva de género. 

• I Curso de Posgrado Regional de Periodismo, Género y Dinámicas Demográficas: "Embarazo adolescente y sus intersecciones múltiples".
• El grupo de 35 periodistas debatió sobre otros factores asociados al embarazo y la nupcialidad temprana en el país y en sus provincias de origen

De la redacción

(semlaccu@enet.cu)

Las Tunas, Cuba, septiembre (SEMlac).- La presencia de discursos homogéneos sobre los fenómenos demográficos, que no particularizan en las diferencias por región, género, zona de residencia o edad, entre otras, estuvo entre las debilidades identificadas por periodistas durante un curso de posgrado celebrado la pasada semana en Las Tunas, a poco más de 600 kilómetros al este de la capital.

Íntimamente relacionada, la persistencia de discursos heteronormativos en medios de prensa, derivada de una insuficiente capacitación en género de periodistas y directivos, ha puesto obstáculos al tratamiento de asuntos como la baja fecundidad o el embarazo adolescente, coincidieron colegas participantes del I Curso de Posgrado Regional de Periodismo, Género y Dinámicas Demográficas: "Embarazo adolescente y sus intersecciones múltiples".

Además de recibir entrenamientos en el empleo de estadísticas y actualización sobre el comportamiento de las dinámicas demográficas en Cuba, el grupo de 35 periodistas pudo debatir sobre otros factores asociados al embarazo y la nupcialidad temprana en el país y en sus provincias de origen: Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Una deuda que arrastramos de nuestra formación como periodistas es aprender a mirar las estadísticas con lentes de mayor complejidad y poniéndolas en contexto según el lugar y el momento concreto en que se construye la noticia, reflexionó Dixie Edith Trinquete, periodista y profesora del Centro de Estudios Demográficos (Cedem), de la Universidad de La Habana.

"Por ejemplo, al cierre de 2021 en Cuba la fecundidad adolescente disminuyó. Pero si publicamos la cifra de manera aislada podemos construir un discurso sesgado de logros, solo desde ese único número", explicó Trinquete.

Si bien disminuye el nivel de la fecundidad adolescente, esta bajada resulta muy lenta para nuestras condiciones educativas o sanitarias. Y, sobre todo que, si bien en los últimos dos años la cifra efectivamente ha disminuido, el aporte de las madres de estas edades a la fecundidad general del país ha crecido, precisó la periodista.

O sea, si en 2019 los partos de madres de entre 15 y 19 años representaban el 16,7 por ciento del total de nacimientos en Cuba, en 2020 esa cifra subió a 17 por ciento y en 2021 a 17,1; lo cual indica un "escenario de preocupación", argumentó Trinquete, quien coordina la Cátedra de Periodismo y Demografía del Instituto Internacional de Periodismo José Martí (Iipjm).

Para la psicóloga Livia Quintana Llanio, asociada de programas del Unfpa, cada vez es más evidente la necesidad de atender los determinantes y vínculos de esta problemática desde una mirada articulada, además de concebir la prevención teniendo en cuenta las opiniones y demandas de los grupos de adolescentes.

Cuba cerró 2021 con 49,2 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años, una estadística que incluye los partos de niñas menores de 15. Pero justo las seis provincias donde el curso focalizó sus miradas superan la media nacional: Camagüey (54,2), Las Tunas (59,3), Holguín (58,7), Granma (68,2), Santiago de Cuba (57,7) y Guantánamo (64,5).

Profundizar en las implicaciones específicas que tiene el embarazo adolescente en las familias, instituciones educativas, jurídicas, de salud y la sociedad de esos territorios y qué relación guarda con las desigualdades de género y las violencias, en cada caso, quedó como desafío para quienes participaron de la capacitación.

Convocado por la cátedra de Periodismo y Demografía y la de Género "Mirta Aguirre" del Iipjm, en alianza con el Cedem, el curso también exploró las repercusiones individuales y sociales que se derivan del embarazo temprano y el papel de la comunicación y los medios de prensa en ese escenario, con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), Oxfam, la Embajada de Francia en Cuba y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El encuentro, que cerró el 2 de septiembre con un diagnóstico de comunicación y un taller de proyectos periodísticos, también contó con el apoyo de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (Uncj), especialistas de universidades de las provincias participantes y de los Observatorios Demográficos territoriales.

Reposicionar la comunicación

Los procesos demográficos, y en particular la fecundidad temprana, se sostienen en decisiones de las personas y las familias, por lo cual son necesarios procesos articulados y consecuentes de comunicación y sensibilización, insistieron conferencistas durante el curso.

Una necesidad es incluir los temas en las agendas editoriales de los medios, pero también en las individuales de los periodistas, pues ello visibiliza el reto del aprendizaje propio, y no solo de la necesidad social del tratamiento de los temas, argumentó la periodista Adalys Ray, presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) en Las Tunas y una de las conferencistas.

A su juicio, partir de perspectivas de género para el ejercicio periodístico es esencial, pero se complejiza ante una cultura profesional más preocupada "por la portada del día, la noticia del momento, el titular más inmediato y no siempre por la innovación y las conceptualizaciones críticas y humanistas más actuales", precisó Ray.

Por su parte, Ariel Terrero, director del Iipjm y también profesor, instó a no prejuzgar una realidad antes de investigarla, pues ello puede llevar a errores que restan credibilidad.

"Los datos estadísticos no son para confirmar lo que uno piensa, sino para mostrar patrones de la realidad, que luego debemos investigar y consultar con fuentes especializadas", precisó Terrero.

Para la psicóloga Aida Torralbas, de la Universidad de Holguín, se necesitan más investigaciones de corte cualitativo, narrativas, que relacionen fenómenos como el embarazo adolescente con problemáticas como la violencia de género y otros elementos directamente relacionados con su comportamiento.

"En los medios, en particular, se necesitan abordajes que sacudan, que conmuevan, y no reiterar siempre los mismos discursos, de las mismas maneras", recomendó Torralbas.

Durante la evaluación participativa del curso, la baja percepción del riesgo del embarazo adolescente a nivel social en la mayoría de los territorios foco de análisis, derivada de herencias y patrones culturales muy patriarcales, fue identificada como una amenaza que impone desafíos múltiples a los medios.

Periodistas y especialistas llamaron a seguir promoviendo la capacitación de género y el acceso a fuentes estadísticas, esenciales para poder realizar abordajes sistemáticos y de calidad sobre estos asuntos.

"El curso ha propiciado el intercambio sobre un fenómeno convertido en problema social y la construcción colectiva de rutas para el tratamiento de estos temas desde los medios de comunicación", opinó Iris Hernández Rodríguez, periodista de Las Tunas.

• La diputada de Morena, María Eugenia Hernández, indica que este lunes se realizó la segunda sesión del Seminario virtual “Implicaciones Éticas de la Innovación Tecnológica y de la Actividad Científica”, en el que se abordó el tema “El principio precautorio, los derechos humanos y las prácticas agrícolas libres de agrotóxicos”
• Coincide con expertos en que el principio precautorio apoyaría a evitar el daño ecológico, a los suelos del país y la afectación a los derechos humanos de los mexicanos

Ciudad de México (Notilegis).- La diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena), coordinadora temática de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de su bancada, consideró necesario proteger a las niñas y niños, quienes son la población más vulnerable frente al uso de químicos dañinos en las prácticas agrícolas con agrotóxicos.

Lo anterior, durante la segunda sesión del Seminario virtual “Implicaciones Éticas de la Innovación Tecnológica y de la Actividad Científica”, organizado por dicha coordinación en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que se llevó a cabo este lunes, en el que se abordó el tema “El principio precautorio, los derechos humanos y las prácticas agrícolas libres de agrotóxicos”.

La diputada coincidió con los expertos en que elementos como el principio precautorio apoyaría a evitar el daño ecológico, a los suelos del país y la afectación a los derechos humanos de los mexicanos.

“Sin duda, las y los legisladores tenemos tareas pendientes para asegurar un ambiente sano para los niños y niñas que se encuentran en especial riesgo frente a los daños ambientales y que a menudo son incapaces de defender sus propios derechos”, afirmó.

Refirió que el 2018 la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), publicó el informe del relator especial sobre la cuestión de derechos humanos, relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgo, limpio, saludable, con énfasis en los derechos de los niños y la protección del medio ambiente.

“En dicho informe se señala que los efectos de los daños ambientales afectan el disfrute pleno de los derechos humanos de las niñas y niños, sin embargo, la Unicef (United Nations International Children's Emergency Fund) ha exigido a los gobiernos estados realizar gestiones integrales para eliminar las sustancias peligrosas del medio ambiente”, añadió.

Explicó que el uso de químicos en la agricultura provoca diversos problemas de salud, entre ellos discapacidad, mortalidad prematura y daños ambientales, pero la población de menores de cinco años es la más vulnerable y afectada.

Puntualizó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “de los 5.9 millones de muertes de niños menores de cinco años en el 2015, más de 1.5 millones pudieron evitarse reduciendo los riesgos ambientales. Además, la cuarta parte de morbilidad se atribuye a exposiciones ambientales de los menores a los contaminantes”.

Finalmente, resaltó que dicho encuentro es un esfuerzo entre legisladores, científicos y especialistas para revisar las oportunidades de acción que pueden promoverse para coadyuvar en avanzar por los derechos a un ambiente sano, en especial para proteger a las niñas y niños.

Por su parte, la diputada Araceli Celestino Rosas (PT) recordó que en 1992 el principio o enfoque precautorio fue establecido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la Declaración de Río, la cual establece que cuando “haya peligro de daño o irreversible la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

Por lo anterior, dijo que el uso del agroquímico glifosato, el cual es un herbicida que genera afectaciones en especies nativas como el maíz, las abejas, el suelo y microorganismo, así como en el agua, es causante de diferentes tipos de cáncer como el de vejiga, próstata, leucemia y Linfoma no Nodgkin.

Comentó que uno de los argumentos de quienes elaboran dicho producto es que no existe la evidencia científica suficiente que permita concluir que causa daño en los seres humanos y en el medio ambiente, sin embargo, argumentó que en el principio precautorio se señala que, aunque no se tenga dicha certeza, se tienen que emprender acciones para contrarrestar la problemática que vaya generando.

“De ahí radica la importancia de este seminario para que los excelentes ponentes nos detallen con mayor precisión el uso de este principio precautorio, darán ejemplos de cómo agrede este agroquímico y temas muy relevantes”, expresó la también secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Armando Hernández Cruz, director general de la Sexta Visitaduría de la CNDH, expuso que el principio precautorio está dirigido principalmente al desarrollo sostenible; sin embargo, dijo, tiene una vinculación y enfoque en el ámbito de los derechos humanos, a fin de poder exigir a las autoridades nacionales la construcción de políticas públicas para prohibir el uso de los agrotóxicos para mejorar las condiciones ambientales, la vida y salud de las personas.

“La obligación de los estados y del Estado mexicano tienen que ver con la construcción de políticas públicas con enfoque social, de derechos humanos, desarrollo sostenible y medio ambiente para tomar las mejores decisiones y diseñar la manera en que se pueda satisfacer el derecho humano a la alimentación sin que se afecte la salud, la vida y el medioambiente”, comentó.

Hernández Cruz comentó que la Sexta Visitaduría de la CNDH ha procurado evitar violaciones a derechos humanos ambientales y han sido en materia de distintas recomendaciones emitidas hacia las autoridades encargadas de garantizar el derecho al medio ambiente sano, y que permita el desarrollo sustentable de los mexicanos.

Por su parte, Alejandro Rosillo Martínez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, explicó que el principio precautorio y de derechos humanos en el caso del uso del glifosato, es una forma de protección de dichas obligaciones ligado con el decreto sobre las restricciones de comercialización, importación y uso del glifosato, del 31 de diciembre de 2020, ya que dicho principio se vuelve una garantía de derechos humanos que tiene que ver con el andamiaje que ha sido creado a partir de la reforma constitucional del artículo primero.

Por lo anterior, comentó que el principio de precaución significa una herramienta del Estado para controlar, detener esos poderes innominados que tienen consecuencias graves en los derechos humanos de las personas y busca proteger diversos derechos con base al principio de interdependencia como la vida digna; a la alimentación suficiente, de calidad, accesible, inocua, nutritiva y culturalmente adecuada; al acceso, disposición y saneamiento de agua potable suficiente; a la salud; a la libertad reproductiva y derechos culturales, por mencionar algunos.

“Este decreto en comento cumple con las características de que es idónea, necesaria y proporcional; prohibición y eliminación gradual; valoración de alternativas; métodos de toma de decisiones y seguimiento y control, investigación y difusión de información de manera continua para la protección de los derechos humanos”, concluyó.

A su vez, Manuel Ángel Gómez Cruz, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral, Universidad Autónoma de Chapingo, comentó que como una alternativa se ha realizado la producción de naranja orgánica sin agrotóxicos como el glifosato, el cual se tiene que seguir prohibiendo en los cultivos de alimentos para evitar las afectaciones del medio ambiente.

Por lo anterior, dijo que la producción orgánica no implica sacrificar el rendimiento, sino que, por el contrario, se puede producir a gran escala sin agrotóxicos, lo cual contribuye a alcanzar la autosuficiencia alimentaria con productos sanos, nutritivos, suficientes, de calidad, culturalmente adecuados y libre de sustancias tóxicas.

• Urge también fortalecer mecanismos de prevención y vínculos familiares para erradicar la violencia, afirma el Grupo Parlamentario

Ciudad de México (Notilegis).– El Grupo Parlamentario del PVEM propuso reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a fin de incluir el concepto de crianza positiva.

Lo anterior ante el incremento de casos de maltrato infantil, discriminación, humillación, golpes, revictimización, daño a la intimidad, abandono, violencia sexual y homicidio que sufran los menores de edad, explicó la bancada en un comunicado.

Tiene el propósito de dar una orientación asertiva a los responsables de ejercer la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia de los menores en México, así como a quienes por su actividad o profesión los tengan bajo su cuidado.

La diputada Eunice Monzón García señaló que es indispensable cambiar el futuro de la infancia, ya que, lamentablemente, la violencia contra los infantes sigue incrementándose. A principios del 2022 las cifras eran alarmantes y se registró un aumento en este tipo de violencia, incluyendo el homicidio.

Destacó que, de acuerdo con el Informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), sobre los indicadores de la situación de niñas, niños y mujeres en México, en 2015 la mayoría de los hogares empleaba una combinación de prácticas disciplinarias violentas, lo cual era reflejo del deseo de los cuidadores de controlar la conducta de los menores de cualquier forma.

El documento señala que un 53 por ciento de los niños y niñas fueron sometidos a agresión psicológica, mientras que aproximadamente un 44 por ciento tuvo un castigo físico. Las formas más severas de castigo físico (golpes en la cabeza, las orejas o la cara, o bien, golpearlos con fuerza y repetidamente) son, en general menos comunes, sin embargo, el seis por ciento de los niños y niñas fue sometido a un castigo.

Monzón García sostuvo que, ante ello, es urgente el fortalecimiento de los mecanismos para garantizarles justicia a los niños, niñas y adolescentes, así como la implementación de estrategias de prevención que atiendan las causas estructurales de la violencia.

Asimismo, es necesario el fortalecimiento de los vínculos y valores familiares, además de la implementación de la crianza positiva para evitar el castigo corporal y humillante.

“Se trata de reconocer la factibilidad de concentrar en una noción no sólo la prevención, la atención y el combate de toda forma violencia física o verbal, sino de poner a disposición de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes un modelo de crianza de carácter indicativo -no limitativo- para el cuidado, protección y educación de los menores”.

La propuesta busca también establecer que corresponderá a las autoridades federales y locales de manera concurrente desarrollar el modelo de crianza positiva.

De acuerdo con la iniciativa, crianza positiva se define como “aquellas prácticas de cuidado, protección, formación y guía que posibilitan el desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, espiritual, ético, cultural y social de las niñas, niños y adolescentes, gracias a que se realiza de acuerdo con la evolución de las facultades, la etapa del ciclo vital de desarrollo, las características y circunstancias de la niña, niño o adolescente, sin recurrir a la violencia, sino respetando sus derechos humanos”.

Mérida, Yucatán.- Una vez que fueron valorados los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE), M.M.G., fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio y lesiones, ambos cometidos por culpa tras los hechos ocurridos el pasado 12 de agosto en la carretera federal Mérida-Chetumal.

En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Kanasín, los fiscales de litigación aportaron los datos de prueba que permitieron a la Juez Primera de Control decretar el auto de vinculación a proceso por los delitos mencionados, otorgando además un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe recordar que durante la etapa inicial esta representación social estableció que los hechos ocurrieron en el tramo carretero Telchaquillo-Tekit, cuando el encausado conducía un tracto camión a la altura del kilómetro 37 de la carretera federal y colisionó contra un vehículo Dodge que se encontraba en el acotamiento, causando la muerte de tres personas y dos más resultaron con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.

Antes de dar por concluida la audiencia, fue ratificada la medida cautelar de prisión preventiva, misma que se mantendrá vigente hasta resolver la presente diligencia penal, por lo que el acusado permanecerá privado de su libertad hasta esclarecer su participación en los hechos.

• La legisladora del PT cree que las y los jóvenes que viven en México son quienes definirán el rumbo del país 

Ciudad de México (Notilegis). - La diputada Magdalena Núñez Monreal (PT), al inaugurar los trabajos del “Primer Congreso de Jóvenes ODS x México”, refrendó su compromiso para contribuir a que acciones e iniciativas que este sector poblacional impulse se materialicen, a fin de transformar la dinámica social actual.

“Ustedes tienen en su naturaleza el espíritu de transformación y cambio, y es nuestra responsabilidad ayudarlos para que en el futuro sea una realidad que vivan libres de violencia, en equilibrio con la naturaleza y se desarrollen con responsabilidad social”, afirmó.

La legisladora expresó que las y los jóvenes que viven en México son quienes definirán el rumbo del país en los próximos años, por eso se deben crear condiciones para que el desarrollo económico sea sostenible y sustentable, y el ambiente y las relaciones sean comunitarias, solidarias y corresponsables.

Durante este encuentro que se realizó en la Cámara de Diputados, y en el que también se conmemoró el “Día Internacional de la Juventud”, la petista resaltó la importancia de tener una visión más regional, a fin de evitar que las y los jóvenes emigren de sus lugares de origen.

“Es necesario potenciar las capacidades del desarrollo de las regiones para arraigar a la población, porque se ha demostrado que los flujos migratorios han generado grandes problemas en ciudades que concentran gran cantidad de personas; por ello, hay que detonar la economía en cada comunidad”, concluyó.

• Llama Karina Barrón a trabajar en la agenda pendiente de los niños y las niñas

Ciudad de México.- En el marco de los festejos del Día de la Niña y el Niño, la diputada Karina Barrón (PRI) afirmó que es importante recordar que hay una agenda pendiente con las y los pequeños, ya que sus necesidades no son satisfechas y el ejercicio pleno de sus derechos, no es tal cual .

Por ello, exhortó a los distintas órdenes de gobierno a trabajar y sumar esfuerzos para lograr una política pública verdadera, donde realmente ellos sean los protagonistas.

Barrón Perales manifestó en un comunicado su preocupación por el robo de infantes, el reclutamiento infantil por parte de la delincuencia organizada, por los pequeños en situación de orfandad o que están desparecidos, así como por las consecuencias que han tenido que enfrentar por la pandemia del Covid-19.

Asimismo, se sumó a los eventos que realizaron Todos Somos Uno y de CRISDE, para niños que han sufrido la desaparición de un padre en Nuevo León y Tamaulipas.

En el evento reiteró su compromiso para seguir trabajando en el Congreso de Unión por este sector que es el futuro de México.

• Busca concientizar y promover la seguridad
• Menores aprenden en gran medida por imitación. ¡Enseña con el ejemplo!

Ciudad de México.- Como parte de las acciones en torno a la Campaña Nacional “Carretera Segura”, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) emite una serie de Consejos de Seguridad Vial dirigidos a niños, padres y cuidadores.  

Lo anterior, en el marco de esta estrategia de Cultura Vial para proteger la integridad de miles de personas que circulan por la red carretera del país, por lo que la población infantil son una de nuestras prioridades.

Es importante destacar, de acuerdo con el INEGI, 676 menores de quince años perdieron la vida en siniestros de tránsito durante el 2020. Además, los accidentes viales constituyen la primera causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años y la quinta entre la población general.

En México el 71 por ciento de las causas de siniestros de tránsito son atribuibles a rubros como la imprudencia, falta de atención, uso del celular, velocidad excesiva, no utilizar el cinturón de seguridad, invasión del carril contrario y no respetar la distancia adecuada entre vehículos.

Sabemos que toda la información que recibe un menor en los primeros años de vida marca en buena medida su conducta de adultos. Por eso, es importante que dentro de su educación se incluyan las mejores conductas que deberá atender para su integración al ámbito de seguridad vial, entre ellas cuando atraviesan calles o cuando son pasajeros a bordo de un vehículo.

Algunas de las sugerencias emitidas por la SICT que se deben seguir al caminar con menores de edad son: 

Hasta que los pequeños cumplan 11 años, siempre deben ir tomados de la mano de sus padres, de hermanos mayores o la persona adulta que los cuide. 

Siempre cruzar las calles o carreteras por los pasos peatonales y en concordancia con los tiempos de cruce indicados por los semáforos. Tomar en cuenta que al menor le llevará más tiempo que a un adulto cruzar el paso de peatones y explicarle que, aunque no debe ir corriendo, su paso debe ser ágil.

Antes de cruzar asegúrese de mirar a ambos lados del camino, para confirmar el alto total de los vehículos.

Nunca cruzar entre los automóviles, aunque estos se encuentren parados o estacionados.

Evitar integrarse al sistema vial escuchando música, utilizando el celular, tableta o ir jugando. Durante su traslado deben poner toda la atención en sus pasos, en el camino y en el entorno.

Estas reglas aplican para todas las personas, no solo para niñas y niños; pero es muy importante en el caso de los menores, ya que tardan más tiempo en cruzar una calle.

Cuando vaya caminando con un menor por la banqueta, explíquele que también tiene que estar muy pendiente de los garajes o cocheras, ya que, si sale un vehículo, el conductor tendrá dificultades para verlo debido a su corta estatura.

Es importante, también, que los pequeños caminen por el lado interior de la acera.

En el caso de los menores que aborden un coche debemos seguir las siguientes recomendaciones:

Las niñas y los niños que miden menos de 135 centímetros deben viajar en el asiento trasero del coche, sentados en una silla de seguridad adecuada para su estatura, ya que al viajar en el asiento delantero su corta estatura los coloca a la altura de la base de las bolsas de aire y en caso de un siniestro podría provocarles una mayor lesión

No deben viajar en brazos o en las piernas. Cuando ya superan los 135 centímetros podrán dejar la silla, pero siempre deberán llevar el cinturón de seguridad.

Al abordar el vehículo, procurar que suba por la puerta que está del lado de la banqueta y nunca lo hagan teniendo el coche en doble fila.

También es muy importante explicarle al menor que manejar es una tarea peligrosa y que no debe distraerte.  Tampoco debe arrojar objetos a través de la ventanilla.

Nunca se debe dejar a un menor solo dentro de un coche, su aparato respiratorio en desarrollo hace que sean más vulnerables al agotamiento por golpe de calor. Su temperatura puede elevarse hasta cinco veces más rápido que la de un adulto y al interior de un coche la temperatura puede superar en 10 grados centígrados al exterior, en un lapso de 10 minutos y en media hora puede llegar a 20 grados centígrados.

Con estas sugerencias se pueden salvar muchas vidas y propiciar que niñas, niños, padres y cuidadores conozcan las normas de seguridad vial. Además, contribuimos a que México tenga más usuarios (conductores, peatones, ciclistas y motociclistas) seguros y responsables.

Recuerda que los menores aprenden en gran medida por imitación. ¡Enseña con el ejemplo!  “Las carreteras son más seguras si manejas con precaución” y “Los mensajes que debes leer cuando manejas, no se encuentran en tu celular”.

Mediante un comunicado, la legisladora apuntó que como primer paso es necesario identificar a los menores en esta situación, para luego poder ejecutar programas que verdaderamente atiendan todas sus necesidades. 

“Se debe generar un protocolo integral, universal y multidimensional, que parta de la identificación de las niñas, niños y adolescentes en dicha situación”. 

Por ello, advirtió, debe reforzarse la atención institucional y social para brindarles una reparación integral, que cubran materias como la salud, educación, formación humana, conciencia, seguridad alimentaria, habilidad y protección de un medio ambiente digno, entre otros. 

Rojas Martínez explicó que para lograr estas acciones es necesaria la articulación entre múltiples actores, para que se planteen acciones que permitan a los menores un ambiente favorable durante su desarrollo. 

Su propuesta, indicó, garantiza los principios básicos del interés superior de las niñas, niños y los adolescentes; un protocolo encaminado a garantizar el derecho de todas y todos los menores en esta situación; igualdad sustantiva; desarrollo pleno; derecho a la intimidad; y no revictimización y acceso a una vida libre de violencia. 

La diputada refirió que la iniciativa contempla que los tres órdenes de gobierno estén obligados a asignar recursos necesarios para una pronta, eficaz e integral asistencia a los menores; un registro particular de los menores en estas condiciones, dentro del Registro Nacional de Víctimas; y la pérdida de la patria potestad si se es condenado por delito de feminicidio. 

Además, se establece prioridad de derechos correspondientes a los menores, en especial, a las niñas y adolescentes por razón de género, en situación de orfandad por feminicidio de sus madres. 

Para alcanzar tales objetivos, se proponen diversas reformas a las siguientes leyes; Ley General de Víctimas, el Código Civil Federal, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de garantía y protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de orfandad, como consecuencia del feminicidio de sus madres.

El proyecto en comento fue turnado a la Comisión de Justicia para la correspondiente dictaminación.

• México, entre los países con mayor número de matrimonios infantiles en el mundo

Ciudad de México.- Con el propósito de prohibir los matrimonios infantiles y sancionar a quien obligue a un menor de edad a contraer nupcias, la diputada Karen Michel González Márquez (PAN) propuso reformar diversas disposiciones de los códigos Civil Federal y Penal Federal.

La iniciativa plantea modificar los artículos 148, 156 y 265 del Código Civil Federal, para establecer que:

Bajo ninguna circunstancia será lícito ni válido un matrimonio entre menores de edad o un menor de edad y un adulto. No procederá en esos casos, la invocación de los usos y costumbres a los que tienen derecho los pueblos y comunidades indígenas. En caso de que por cualquier circunstancia se llegare a realizar ese tipo de matrimonios, los mayores de edad involucrados, incluidos los padres, tutores, familiares y las autoridades, serán responsables penalmente”.

 Agrega que “en los Estados Unidos Mexicanos están prohibidos los matrimonios entre personas menores de dieciocho años sin importar la denominación que se les dé”.

Los cambios a los artículos 261, 262, 266 y la adición de un artículo 279 Bis del Código Penal señalan que a quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de dieciocho años de edad, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa.

Al que tenga cópula con persona menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro años de prisión. Se equipará a la violación y se sancionará de ocho a treinta años de prisión, al que sin violencia realice cópula con persona menor de dieciocho años de edad.

Además, a la o las personas mayores de edad que obliguen a uno o más menores de edad a contraer matrimonio por medio de la violencia física o moral, amenazas o de cualquier otra forma, en contra de la voluntad del o los menores, se les impondrá hasta cinco años de prisión y de 180 a 360 días multa. La invocación de los usos y costumbres a los que tienen derecho los pueblos y comunidades indígenas no será atenuante de la pena.

El documento, remitido a la Comisión de Justicia para dictamen, y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para opinión, resalta que, aunque la práctica de los matrimonios infantiles ha disminuido paulatinamente en todo el mundo, en algunos países todavía son una práctica generalizada.

Destaca que “es lamentable que México se encuentre entre los países con mayor número de matrimonios infantiles en el mundo” al ocupar el lugar 8 de 20, de acuerdo con la ONU, en 2019.

Sostiene que las niñas corren más riesgo que los varones de ser obligadas a casarse en contra de su voluntad. Algunas de las consecuencias negativas que padecen las niñas al contraer matrimonio son: mayor riesgo de sufrir violencia doméstica, menos probabilidades de continuar sus estudios, disminución de sus expectativas económicas y de salud, entre otras.

Refiere que el UNICEF considera el matrimonio infantil como tortura o malos tratos, cuando los gobiernos no establecen una edad mínima para contraer matrimonio que se ajuste a las normas internacionales; lo permiten a pesar de la existencia de leyes que establecen la mayoría de edad en los 18 años o no lo tipifican como delito, investigando, enjuiciando y sancionando a los responsables.

Se debe reconocer que en México se han hecho intentos por terminar con la práctica de los matrimonios infantiles, pero lamentablemente esas reformas no han tenido resultados positivos”, puntualiza.

• Diputadas, senadoras y especialistas abordan el tema en el marco de los “Diálogos por la infancia”

 Ciudad de México.- La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, afirmó que la violencia vicaria es un tema fundamental que, “sin duda, debe formar parte de la agenda legislativa encaminada a proteger la niñez”.

En el marco del ejercicio virtual “Diálogos por la Infancia”, se abordó el tema “La violencia vicaria y su impacto en las niñas, niños y adolescentes”, cuyo objetivo, dijo la legisladora, es dialogar con especialistas para saber qué es, cuáles son las causas que la generan y, “lo más delicado”, las consecuencias en niñas, niños y adolescentes.

Además, platicar sobre propuestas legislativas que podrían ayudar a mejorar el marco jurídico y sancionar este tipo de violencia.   

Expresó que para regularla es indispensable poner en el centro a la niñez y la adolescencia, y generar criterios que permitan a las familias encontrar canales jurídicos y procesos jurisdiccionales enfocados en esa protección. 

“Esta Comisión estará atenta para aportar los criterios para que las y los menores estén siempre en el centro de la protección del Estado y los procedimientos que involucran a las familias”, enfatizó. 

La senadora Josefina Vázquez Mota (PAN), presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Senado, destacó la urgencia de visibilizar qué es la violencia vicaria y propuso realizar estos foros en todo el país para conocer historias y testimonios “de la crudeza de estos actos criminales” y ver qué leyes, artículos y apartados se deben cambiar y cerrar filas para que la impunidad termine.

 La diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz (Morena) indicó que ésta es la segunda violencia de género más cruel después del feminicidio y se caracteriza por su escalada de violencia física, psicológica, patrimonial, económica, sexual y detona la amenaza de quitar a las hijas e hijos. “Es un llamado de atención al Poder Legislativo para abordar y profundizar en la materia y hacer patente el derecho de la niñez y la adolescencia”. 

A su vez, la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN), secretaria de la Comisión, destacó la necesidad de visibilizar los efectos devastadores de esta violencia para sensibilizar y concientizar a la sociedad, y “platicar entre nosotras como legisladoras, a fin de buscar estrategias y ayudar”.   

La diputada Yolanda de la Torre Valdez (PRI) dijo que se debe reconocer la existencia del problema para definir las acciones y mecanismos legales. Añadió que la violencia vicaria es dirigida a mujeres, pero recae en niñas, niños y adolescentes que se encuentran entre el agresor y la víctima, por lo que deben ser considerados como víctimas. 

La presidenta de la Comisión de Economía Social y Fomento al Cooperativismo, diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (PAN), sugirió extender estos foros a las entidades para visualizar el problema y modificar el marco jurídico, pues no solo afecta a las madres, sino que el daño psicológico, mental, social y de aprendizaje lo sufren los hijos. “Es una cultura del desquite y querer hacer daño a la mujer sin pensar en el daño a los hijos, no solo en el ámbito de la pareja, sino en el familiar y social”. 

Jennifer Seifert Braun, cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, explicó que ésta se ejerce para atacar, agredir, controlar y someter a la mujer a través de las hijas o hijos, y constituye una violencia sicológica y de manipulación por la sustracción y ocultamiento de los hijos. Quien se los lleva no es un padre presente ni responsable económicamente y lo hace para evitar la pensión.

Expresó que cuando regresan las y los hijos presentan depresión, ansiedad, regresiones psicológicas, emocionales y físicas, ideas e intentos suicidas, y para tratar los daños se recomienda la terapia para estrés post traumático. 

Micaela Giacobone Schwartz, coordinadora nacional y abogada asesora en legislación del Frente Nacional Contra Violencia Vicaria, explicó que se ejerce violencia directa e indirecta y existen violaciones de derechos, pues aunque las y los hijos tienen la edad de decidir con quién estar, no son tomados en cuenta y son revictimizados mediante convivencias donde son forzados a ir con el padre

Advirtió que el 85 por ciento de los niños sustraídos no han sido restituidos a sus hogares. “El DIF ha fallado enormemente a nuestros hijos cuando es el encargado de protegerlos”.

 Elisa Celis, cofundadora del Frente Nacional Contra Violencia Vicaria, indicó que en su caso lleva 930 días sin sus hijos. “Se me quita a mis hijos en tres días en un juzgado donde yo ya tenía la custodia y, sin una sola prueba, se los entregan al padre”.

La moderadora, Verónica Rubín Juárez, abogada, dijo que las niñas, niños y adolescentes que viven esta situación son gravemente afectados emocional, sicológica y físicamente, pues al romper el vínculo materno filial, afecta su desarrollo.

Ciudad de México.- Diputadas y diputados de MC plantearon establecer en la Ley General de Educación que deberán considerarse planes o programas para la concientización de la violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres y sus efectos negativos en la sociedad, con base en los derechos humanos por parte del personal docente como componente del proceso de enseñanza aprendizaje.

La iniciativa, turnada a las comisiones de Educación, y de Igualdad de Género, y que propone reformar el artículo 29 de dicha ley, argumenta que la violencia de género se da de muchas formas y ocasiona discriminación, y en un grado mayor consecuencias psicológicas o hasta físicas en contra de las mujeres en su vida cotidiana.

Afirma que la violencia de género transgrede los derechos humanos de las mujeres quienes la sufren en cualquiera de sus expresiones.

Refiere que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que la violencia de género se define como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”

Por ello, indica, se deben implementar políticas públicas que se enfoquen en concientizar sus efectos negativos y las consecuencias que conllevan dichos eventos, a fin de erradicarla por medio de la educación desde los niveles preescolar, primaria y secundaria.

Resalta que la violencia de género hacia las mujeres no debe ser considerada como una conducta socialmente tolerada; de ahí la importancia de que por medio de la educación y con enseñanza sistemática se puede marcar la diferencia.

La educación, destaca, ha permitido ver a la sociedad de otra forma y puede ser determinante para una persona o un grupo en una localidad.

Afirma que por medio de la educación a una edad temprana de la niñez y con planes de estudio prioritarios, se puede promover y proteger a las futuras generaciones.

Destaca que en décadas recientes se ha visto que por medio de la enseñanza educativa se concientizan fenómenos que afectan a la sociedad y que se reducen conforme pasan las generaciones. Asimismo, si la sociedad cuenta con una base de conductas desde la enseñanza educativa, ésta podría adaptarse a un entorno social de sana convivencia y respeto mutuo.

La educación a una edad temprana puede lograr cambios significativos en las conductas del hombre hacia la mujer, cultivar un respeto mutuo de géneros y, sobre todo, la disposición de actuar y convivir como seres humanos, puntualiza.