Ciudad de México.-  La Cámara de Diputados aprobó dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Población; uno, para establecer que el 30 por ciento de los mandos directivos de las entidades paraestatales deberá ser ocupado por mujeres, y otro, para indicar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizará acciones tendientes a la inclusión de la perspectiva de género en la información.

El primer proyecto de decreto reforma los artículos 11, 18, 31, 34, 40, 56 y 59 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; el segundo, los preceptos 54 y 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía.

El Pleno aprobó ambos documentos, en votaciones por separado, y los turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

El dictamen que modifica la Ley Federal de Entidades Paraestatales obtuvo, en lo general y en lo particular, 410 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, luego de rechazar una reserva del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (Morena).

El que reforma la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía fue aprobado por unanimidad con 398 votos.

Entidades paraestatales

El proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Entidades Paraestatales surgió a partir de una iniciativa que presentó la diputada Soraya Pérez Munguía (PRI), el pasado 29 de abril.

Estipula que las entidades paraestatales contarán con una administración ágil y eficiente con al menos 30 por ciento de mujeres en sus mandos directivos.

Asimismo, señala que un tercio de los integrantes de los órganos de gobierno –compuestos por no menos de cinco personas, ni más de 15– deberá corresponder a mujeres.

Agrega que en la integración de los comités y subcomités técnicos especializados de los órganos de gobierno, así como en los comités de productividad, deberá garantizarse la perspectiva de género y al menos 30 por ciento de participación de mujeres en mandos directivos.

El dictamen fue fundamentado por las diputadas Pérez Munguía y Rocío Barrera Badillo (Morena), presidenta de la Comisión de Gobernación y Población.

Inegi

El proyecto de decreto que ordena al Inegi realizar acciones tendientes a la inclusión de la perspectiva de género en la información surgió de una iniciativa de la diputada Ximena Puente de la Mora (PRI), que presentó el pasado 21 de febrero.

En el artículo 54 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, referente a las acciones del Inegi, se señala que este instituto deberá realizar acciones tendientes a lograr:

“La inclusión de la perspectiva de género en la información y otras que resulten aplicables para el ejercicio pleno de los derechos humanos; la cual constituirá la base científica para la generación de políticas públicas en aras de garantizarlas de manera efectiva”.

El dictamen fue fundamentado en tribuna por el diputado César Agustín Hernández Pérez (Morena) y la diputada Puente de la Mora.

Ciudad de México.- La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, llamó a los legisladores a abordar “lo antes posible” la discusión para terminar con el prohibicionismo de la marihuana.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya declaró inconstitucional la prohibición del uso recreativo de esta planta, y el Congreso de la Unión “está en falta”.

Saludó la iniciativa del coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado Carrillo, que plantea la comercialización de cannabis y legalizar su autocultivo.

Afirmó que esta iniciativa abona a una serie de propuestas, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados.

“Entonces, es un tema que ya ha alcanzado a ambas Cámaras y en ese sentido nosotros estaremos impulsando para discutirlo lo antes posible aquí”, sostuvo.

Precisó que el PRD tiene coincidencias con la iniciativa presentada por Morena, como los es cultivarla en los hogares.

Sin embargo, los legisladores perredistas proponían un programa nacional para prevenir las adicciones en niños, niñas y adolescentes, así como atender a consumidores problemáticos

Juárez Piña dijo que “lo importante es ya que legislemos en ese sentido”, ya que desde noviembre de 2018 la SCJN dio este fallo, que también obliga al Congreso a modificar la legislación respectiva, pero el Congreso de la Unión no han cumplido.

“Si no legislamos lo antes posible, lo que procede es que la Corte se vuelva a reunir y declare ya esos artículos inconstitucionales”, abundó.

Cuestionada sobre la iniciativa en relación a la despenalización del aborto, que promueve Morena, la coordinadora perredista dijo que la interrupción legal del embarazo es un pendiente con las mujeres y las niñas mexicanas.

Los diputados tienen la obligación de legislar de manera progresiva, más allá de las discusiones religiosas y personales, aseveró.

“Estamos hablando de los derechos de las mujeres y vamos a ver de qué están hechas todas las fracciones parlamentarias para ver si tenemos la votación necesaria para poder dar ese paso tan importante para las mujeres”, manifestó.

Consideró que también sería importante que este derecho quede plasmado desde la Constitución, “para que no haya dudas y que no importe qué gobierno sea el que llegue o el que se vaya, sino que exista un reconocimiento pleno a los derechos de las mujeres”.

Cuestionada sobre las medidas del gobierno de la Ciudad de México de que ciudadanos sean quienes formen “cinturones de la paz” para evitar daños al inmobiliario durante la marcha de este 2 de octubre, Juárez Piña exhortó al gobierno capitalino a no renunciar a su autoridad y responsabilidad en torno a las manifestaciones públicas.

Los “cinturones de paz” pueden ser riesgosos para los civiles que los integran, pero también para el resto de ciudadanos, pues evidentemente los primeros no están capacitados para contener manifestantes, menos aún a grupos violentos.

Por otra parte, lamentó las “incongruencias” del actual gobierno federal sobre los evasores fiscales, entre ellos quienes han gozado de condonaciones, como la actual dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, y la directora la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara.

Pidió acabar con ese tipo de perdones en el pago de impuestos y por investigar a todos quienes han sido favorecidos legalmente con ellos.

Lo anterior, al ser cuestionada por la prensa sobre la lista que dio a conocer Fundar, Centro de Análisis de Investigación, respecto de las condonaciones de impuestos que se efectuaron en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Rojas Hernández celebró que exista transparencia y se dé a conocer esta información, y apuntó que, de ser necesario, se tienen que aclarar las razones por las cuales se perdonaron impuestos.

Recordó que la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para prohibir la condonación de impuestos, la cual fue turnada al Senado de la República para su eventual ratificación.

Abundó que lo más importante es que no vuelva a suceder, porque esta acción afectaba a los ciudadanos.

“Ese dinero debería de ser recaudado por el gobierno, pues se tiene que usar en el servicio a los ciudadanos: carreteras, hospitales, escuelas, medicinas, infraestructura, etcétera. Entonces hay un daño directo a la ciudadanía”.

Ciudad de México.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, llamó a todos los grupos parlamentarios a presentar propuestas sobre el uso lúdico de la marihuana.

Lo anterior, ya que el Congreso de la Unión debe legislar en la materia por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recordó la legisladora en declaraciones a la prensa.

Sostuvo que dicha regulación debe concretarse en este periodo de sesiones, pues “ya se venció el plazo que ordenó la Corte”.

“El Congreso está en falta. Hago un llamado para que los grupos parlamentarios presenten su propuesta y empecemos a discutir el tema (…) Tenemos un mandato judicial para legislar sobre la regulación de la marihuana para uso lúdico”, comentó.

Recordó que dicho mandato fue producto de una serie de acciones jurídicas presentadas por organizaciones de la sociedad civil.

La diputada enfatizó que se analizarán las diversas iniciativas que se presenten, incluida la que inscribió ayer lunes el diputado Mario Delgado Carrillo (Morena).

“Esta discusión se tiene que dar en el momento correspondiente. Hay que esperar también las demás propuestas de los grupos parlamentarios, precisamente para que entre todos podamos definir cuál es el mejor modelo”, apuntó.

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que establece que los trabajadores del campo, estacionales o eventuales, que hayan laborado por más de 27 semanas para un patrón, deberán ser sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El Pleno lo aprobó por unanimidad, en lo general y en lo particular, con 393 votos, y se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

El proyecto de decreto reforma el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, y surgió de una iniciativa que presentó el diputado Francisco Javier Borrego Adame (Morena), el 9 de octubre de 2018.

La propuesta fue dictaminada por las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social.

Los diputados Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (PES), presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y Borrego Adame fundamentaron el dictamen en tribuna.

El artículo 12 de la Ley del Seguro Social señala a las personas que son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio del IMSS, el cual comprende los seguros de riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; guarderías y prestaciones sociales.

La reforma consistió en establecer en este precepto que también son personas sujetas de aseguramiento del régimen obligatorio aquellas referidas en el artículo 280 de la Ley Federal del Trabajo, las cuales son los trabajadores estacionales o eventuales del campo que laboren en forma continua por un periodo mayor a 27 semanas para un patrón, pues se presumen que son trabajadores permanentes.

El Pleno la avaló por unanimidad, en lo general y en lo particular, con 369 votos, y se turnó al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El dictamen adiciona el artículo 137 Bis a la Ley del Seguro Social, el cual señala que cuando un pensionado desaparezca por más de un mes, sus beneficiarios con derecho a la pensión disfrutarán de ésta en los términos del ramo de vida del seguro de invalidez y vida con carácter provisional.

Para ello, bastará que se compruebe el parentesco y la desaparición del pensionado, con la exhibición de la denuncia presentada ante el ministerio público correspondiente.

El dictamen fue fundamentado en tribuna por la diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT), presidenta de la Comisión de Seguridad Social, y el diputado Eleuterio Arrieta Sánchez (Morena), secretario de la misma.

El artículo 137 Bis, a la letra, señala:

“Si un pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, sus beneficiarios con derecho a la pensión disfrutarán de la misma en los términos de la sección del ramo de vida del seguro de invalidez y vida con carácter provisional, y previa la solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del pensionado exhibiendo la denuncia presentada ante el Ministerio Público correspondiente.

“Si posteriormente y en cualquier tiempo, el pensionado se presentase tendrá derecho a disfrutar él mismo su pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquel que hubiese sido entregado sus beneficiarios sin que en ningún caso pueda entenderse una obligación del Instituto (IMSS) respecto de aquellos importes que hubieran sido pagados a los beneficiarios. Cuando se compruebe el fallecimiento de pensionado la transmisión será definitiva”.

Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que el día de hoy el Gobierno de México realizó la colocación de una nueva referencia de Bonos M a tasa de interés fija a 3 años en el mercado de deuda local por un monto total de 15,000 millones de pesos. 

La colocación de la nueva referencia se llevó a cabo bajo condiciones muy favorables para el Gobierno Federal a pesar de la elevada volatilidad que persiste en los mercados financieros internacionales y de la incertidumbre asociada al comportamiento de la economía mundial. 

El nuevo bono de referencia con vencimiento en marzo de 2023 y clave de emisión M 230309, pagará un cupón de 6.75 por ciento y ofrecerá a los inversionistas un rendimiento de 6.71 por ciento, 14 puntos base por debajo de la tasa de rendimiento máxima ofrecida en la subasta sindicada. 

Se contó con la participación de inversionistas nacionales y extranjeros, así como con una demanda total de más de 28,200 millones de pesos, equivalente a 1.9 veces el monto colocado. 

Esta operación se enmarca dentro de la estrategia delineada en el Plan Anual de Financiamiento 2019, la cual busca contribuir al buen funcionamiento del mercado de deuda local, fortalecer las referencias del mercado para los distintos participantes y obtener condiciones favorables de financiamiento para el Gobierno de México. 

La colocación se realizó a través de los Formadores de Mercado mediante una subasta sindicada, método que permite colocar un monto relevante entre los inversionistas para que las nuevas emisiones cuenten con mayor liquidez, contribuye al proceso de formación de precios y promueve una adecuada distribución de los instrumentos colocados. 

Es importante mencionar que esta operación complementa el programa de colocaciones primarias del Gobierno de México que semana a semana tienen lugar por conducto del Banco de México. 

Las condiciones favorables alcanzadas en esta transacción reflejan la confianza que mantienen los inversionistas nacionales y extranjeros en los fundamentos económicos de nuestro país. 

En total localizaron:

7 armas largas.

Un arma corta.

56 cargadores para diversos tipos de armas.

Un aditamento lanza granadas.

Dos granadas calibre 40 mm.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

La Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, contribuyendo con los proyectos implementados por el Gobierno de México para garantizar la paz y seguridad de los mexicanos.

Ciudad de México.- Los hijos de José José, José Joel, Marysol y Sara Sosa, prevén trasladar el cuerpo de su padre al inicio de la próxima semana, informó la Secretaría de Relacione Exteriores.

Mediante un comunicado se informó que esperan que pueda realizarse un homenaje en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, así como un homenaje artístico en el Auditorio Nacional en semanas posteriores

Indica que el martes 1 de octubre, en la sede del Consulado General de México en Miami, se llevó a cabo una reunión entre José Joel, Marysol y Sara Sosa, hijos del intérprete mexicano José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, en presencia del Cónsul General, Jonathan Chait Auerbach, en la que se convino informar el día de hoy sobre el acuerdo alcanzado entre los familiares.

El encuentro permitió que los deudos hablaran sobre lo que desean hacer con los restos de su padre para rendirle los honores como el referente que fue para la música romántica y millones de personas de varias generaciones.

Los hermanos Sosa acordaron realizar las exequias de su padre el día viernes 4 de octubre, en una funeraria en Miami, en la que se reunirá inicialmente la familia directa del cantante, para luego recibir a personas allegadas y personalidades del medio artístico.

Hubo consenso entre los familiares de José José en que se realice primero un homenaje en Miami y luego uno en la Ciudad de México, para lo cual se reiteró el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para los trámites legales del traslado de los restos, así como para la organización del homenaje, en coordinación con la Secretaría de Cultura de México.

Los hijos de José José prevén trasladar el cuerpo de su padre al inicio de la próxima semana y esperan que pueda realizarse un homenaje en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, así como un homenaje artístico en el Auditorio Nacional en semanas posteriores.

Ciudad de México.- Entre 2007 y 2015, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó impuestos por 274 mil mdp, entre los beneficiados se encuentran Angélica Rivera, Yeidckol Polevnsky, Ricardo Arjona, la Universidad Veracruzana, las Chivas, entre otros contribuyentes.

En la extensa lista de 153,530 contribuyentes beneficiados entre 2006 y 2012, están Diego Fernández de Cevallos, Juan Armando Hinojosa, y empresas como Grupo Modelo, Altos Hornos de México y Kimberly Clark de México.

Se ampararon 201 contribuyentes para no dar a conocer sus datos. El monto condonado a esos 201 asciende a $101,443 mdp, que equivale a una tercera parte del total.

Fundar, organismo que reveló los datos, informó que después de 4 años de batalla legal, logró abrir información sobre las personas y empresas beneficiadas con #PrivilegiosFiscales en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. 

Puso para consulta pública la base de datos en https://privilegiosfiscales.fundar.org.mx

SAT

Quiénes son algunos de los beneficiarios

Entre los beneficiarios de estas condonaciones está la líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, a quien le perdonaron 16.4 millones de pesos.

Otro político beneficiado es Diego Fernández de Cevallos, a quien el SAT le dejó de cobrar 8.3 millones de pesos por concepto de impuestos.

La lista también incluye a personajes relacionados con el expresidente Enrique Peña Nieto. Una de ellas es Angélica Rivera, a la exesposa del mexiquense se le dejaron de cobrar 1.7 millones de pesos.

Además, está Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, empresa que iba a construir el tren México-Querétaro durante el sexenio pasado. Al empresario le perdonaron 8.6 millones de pesos.

Dentro de las empresas que recibieron perdón fiscal se encuentran Grupo Modelo, a la cual se le dejaron de cobrar 54.5 millones de pesos.

Altos Hornos de México también también salió beneficiada, esto con dos perdones, uno por 339.3 millones y otro de 262.5 millones de pesos. En estos momentos, su dueño, Alonso Ancira, enfrenta un proceso legal por su presunta participación en el caso de corrupción de Odebrecht.

También se incluye a la empresa Kimberly Clark de México, que preside Claudio X. González Laporte, que recibió perdón por 44.4 millones de pesos. 

 “La información entregada por el SAT involucra a siete mil 885 personas y empresas que en total recibieron beneficios por 172 mil 335 millones de pesos; y casi la cuarta parte (24 por ciento) de los recursos se concentran en sólo 10 beneficiarios. Sin embargo, este monto no considera los datos referentes a 201 contribuyentes que presentaron un amparo para impedir que su información fuera revelada y cuyo juicio sigue en curso”, informó Fundar en comunicado.

Fundar explicó que la lista se difundió luego de que el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenara al SAT cumplir con la resolución RDA 5354/15 dictada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Este es un momento histórico. Agradecemos que este litigio haya existido porque contribuye a la transparencia del país. Estamos convencidos que con acciones como estas México sale fortalecido, dijo @MargRiosFarjat, Jefa del @SATMX. 

“En esta resolución, el Inai ordenó entregar a Fundar la información sobre los contribuyentes que recibieron condonaciones y cancelaciones de impuestos dijo la organización.

Indicó que la administración actual ha tomado una posición clara y contundente con respecto a este tipo de figuras fiscales utilizadas de manera masiva, sin trasparencia y rendición de cuentas en el pasado.

Mencionó Fundar que la ASF ha reportado que muchos contribuyentes se les benefició durante dos amnistías fiscales. Esta práctica no puede ocurrir cada sexenio porque los contribuyentes saben que se les van a perdonar impuestos .

Las amnistías fiscales han sido una política de Estado. Básicamente benefician a quienes no han cumplidos con sus impuestos. Hasta este sexenio la práctica va a concluir

Sobre el resto de los contribuyentes que están amparados, Fundar señaló que “el SAT nos estará enviado cada primer día del mes la información relativa a los amparos que se terminen (nombre RFC, año, monto, cancelado y los motivos). Se termina una parte del litigio y queda pendiente otra parte, pero con un acuerdo claro y puntual”.

Este es un precedente importante en materia de transparencia y acceso a la información. Seguramente esto permitirá que en el futuro el secreto fiscal se amplíe a otro tipo de información para conocer quiénes fueron beneficiados injustificadamente en el pasado, añadió.

Esta información nos pone a cuestionar cómo funciona nuestro sistema fiscal y nuestro sistema judicial al momento de resolver sobre transparencia, datos personales y secreto fiscal.

Sabemos que en promedio recibieron beneficios por 500 millones de pesos. Si estuvieran en la lista que ayer se nos entregó, estarían entre los 40 o 50 contribuyentes más beneficiados.

En 2014 el secreto fiscal se modificó para que se pudiera dar a conocer esta información. Finalmente los nombres y montos se entregaron ayer, aunque aún hay 201 contribuyentes que tienen amparos en trámite para que no se revele la información de cuánto se les condonó.

El organismo recordó que esta batalla inició hace 10 años cuando detectaron la figura del secreto fiscal. “Iniciamos un litigio estratégico porque la información de las condonaciones y cancelaciones es de interés publico. El secreto fiscal no podía aplicar para todos los casos”, señala. 

Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria informa que, en estricto apego al artículo 6 de la Constitución, que consagra el derecho a la máxima publicidad de la información pública, y el no menos estricto acatamiento a un mandato judicial, entregó al quejoso la información relativa al nombre, denominación social, clave de RFC, motivo y monto de créditos fiscales condonados o cancelados por el periodo del 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015.

Durante su participación, la Jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, señaló que lo anterior se hizo con estricto respeto de la reserva de información, de la resolución del Poder Judicial de la Federación y después de un litigio en el que el quejoso, integrante de la asociación Fundar, obtuvo de un juez federal una sentencia en 2016 que obligaba al SAT a transparentar el nombre de los contribuyentes a quienes se les condonaron impuestos durante el periodo citado, resolución ejemplar e histórica que contribuye al civismo fiscal del país.

Ríos-Farjat refirió el origen: que el 21 de agosto de 2015 se solicitó al SAT, a través del INAI, la información relativa a condonaciones y cancelaciones otorgadas en ese periodo. Sin embargo, el SAT estaba imposibilitado para poder dar esta información porque la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de 2002 consideraba como información reservada los secretos fiscales; y el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación era aún más rígido en cuanto al secreto fiscal antes de 2014.

Dijo que como autoridades fiscales guardan en todo momento el celo de ley, pero “hay litigios que uno agradece que hayan existido” porque contribuyen a dar mayor claridad del México que aspiramos a ser, y reconoció el tesón de la asociación Fundar en ese sentido.

La Jefa subrayó lo que significa un momento histórico como este. “Estamos obligados a respetar el secreto fiscal, y siempre lo haremos, pero un momento así amerita reflexionar qué cosa sí debería ser secreto fiscal y qué cosa no. Considerando que la transparencia es uno de los principios que rige la administración de los recursos públicos, y que siendo los impuestos recursos públicos, saber a quién se le condonan debería ser objeto de ese principio de transparencia”.

Sin embargo, el SAT no juzga ni califica a quienes ejercieron su derecho a esa condonación, pues cada seis años se construía un marco legal que lo permitía. Ríos-Farjat aclaró que no fue el SAT quien condonó los impuestos sino las leyes de ingresos de 2000, 2006 y 2012, al SAT no le quedaba más que acatarlas. Ahí venían los mecanismos, las procedencias y demás. Por eso, el llamado es a reflexionar sobre transparencia, pero también sobre respeto al marco jurídico: “Si ya el artículo 39 del Código Fiscal contenía un impedimento para evitar condonaciones generalizadas, ¿por qué ignorarlo y promoverlas a través de leyes de ingresos?”

“Tampoco son los contribuyentes que recibieron la condonación los culpables de haber causado un trato disparejo del Estado en materia fiscal, sino que han sido las leyes de ingresos de 2000, 2006 y 2012”.

La Jefa también dijo que de los 153,530 contribuyentes beneficiados entre 2006 y 2012, se ampararon 201 para no dar a conocer sus datos. El monto condonado a esos 201 asciende a $101,443 mdp, que equivale a una tercera parte del total de las condonaciones ($297,074 mdp) (ambas cifras en valor histórico). Por ello reconoció que los contribuyentes cuyos datos se estaban entregando no promovieran ningún recurso para ocultarse.

Ríos-Farjat hizo un llamado a “sus colegas abogados a reflexionar sobre el espíritu del juicio de amparo” que, de ser un medio para protegerse de los abusos, se usa para evitar que la sociedad conozca lo que amerita conocer, y refirió el artículo 134 constitucional, que mandata que los recursos se deben administrar, entre otros valores, con transparencia.

Las condonaciones generalizadas implicaron que la nación no obtuviera esos recursos, y por tanto debía regir la transparencia de por qué no se obtuvieron, pues el artículo 31 mandata que todos debemos contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. “Esas condonaciones provocaron tratos diferenciados siendo que para todas las personas es igualmente difícil pagar impuestos y para todos representa sacrificios”.

En el evento estuvo Joel Salas, Comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), quien asistió a título personal y como facilitador entre el quejoso y el órgano fiscal. Dijo que existe voluntad y la capacidad de diálogo de la actual administración del SAT porque, después de la espera, es en esta administración que finalmente se entrega. Esto habla de “dar un paso hacia adelante para que se esclarezca a plenitud qué fue lo que sucedió y por qué”.

Haydeé Pérez Garrido, Directora Ejecutiva de Fundar, reconoció como histórico entregar la información en datos abiertos, pues facilita su lectura y análisis, ya que el SAT no lo entregó en cajas o en formatos de difícil acceso “como muchas veces pasa”, con lo que constató la voluntad de este gobierno de transparentar las cosas de forma que sea útil a la sociedad. Señaló que “destaca la apertura y la voluntad de esta nueva administración con respecto a las dos administraciones anteriores que siempre se negaron a abrir esta información”.

La información fue entregada al Juez de Distrito desde el 16 de abril de 2019, quien la resguardó mientras identificaba los amparos promovidos y, después de varios trámites, el Juez ordenó enviar la información al correo electrónico del solicitante el 30 de septiembre de 2019. Fue importante la intervención del INAI, dirigido por el comisionado Francisco Acuña.

Acompañaron en el evento los licenciados Héctor Vázquez Luna, Administrador General de Recaudación, y María de los Ángeles Jasso Cisneros, Administradora General Jurídica del SAT.

Con lo anterior, el Gobierno de México reafirma su compromiso de ser transparente, de aplicar la ley sin excepciones, y comprometido con la transformación de México como un país de civismo fiscal y de justicia tributaria.

Miguel León-Portilla nació el 22 de febrero de 1926 en Ciudad de México. Fue el hijo mayor del matrimonio entre Miguel León Ortiz y Luisa Portilla Nájera, seguido de sus hermanos María Luisa y Jorge. 

Sus primeros estudios los cursó en el Colegio México de la capital mexicana y los concluyó en la ciudad de Guadalajara. En la Universidad de Loyola de Los Ángeles obtuvo un grado en artes en 1951. Cinco años después recibió el doctorado en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, para la que fue asesorado por Ángel María Garibay. (México, 1926) Historiador y antropólogo mexicano. 

Miguel León Portilla estudió en la Universidad de Loyola, en Los Ángeles, California, donde obtuvo un grado en artes en 1951. En 1956 recibió el doctorado en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Entre 1955 y 1963 desempeñó los cargos de subdirector y director del Instituto Nacional Indigenista Interamericano. Desde 1963 y durante más de una década fue director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y entre 1974 y 1975 fue nombrado cronista de la Ciudad de México. En 1995 ingresó a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en el área especial de antropología e historia.

Como antropólogo, historiador, filólogo y filósofo, Miguel León Portilla centró su interés en los pueblos del México prehispánico. Su vasta obra recoge y estudia las creencias, las tradiciones y el pensamiento de estas culturas. 

Entre sus libros más importantes cabe destacar La filosofía náhuatl (1956), La visión de los vencidos (1959), Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares (1961), El reverso de la Conquista (1964), Trece poetas del mundo azteca (1967), Literaturas indígenas de México (1992) y Quince poetas del mundo náhuatl (1994).

León Portilla analizó asimismo la obra del soberano y poeta Nezahualcóyotl en Nezahualcóyotl. Poesía y pensamiento (1972), editó obras de Fray Juan de Torquemada, Miguel del Barco y otros autores y reivindicó los escritos del historiador español Fray Bernardino de Sahagún como fuente primaria para el conocimiento de la cultura azteca. 

Con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América acuñó, como designación de tan trascendental acontecimiento, la expresión «encuentro de dos mundos», que fue unánimemente aceptada por la UNESCO y ha tendido continuidad entre los historiadores de ambos continentes.

Principales campos de investigación

Cargos académicos

Doctorados Honoris Causa

Premios

Obras más conocidas

León-Portilla ha escrito más de centenar y medio de artículos para diferentes instituciones, y más de cuarenta libros, entre los más importantes destacan:

Ciudad de México.-  El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, suscribió una iniciativa en la Gaceta Parlamentaria para crear una empresa del Estado dedicada a comercializar cannabis, y legalizar su autocultivo.

La iniciativa reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal; y adiciona un inciso a la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Asimismo, expide la Ley General para el Control de Cannabis.

La propuesta señala que las personas mayores de edad podrán poseer, cosechar, preparar o procesar hasta seis plantas de marihuana, siempre y cuando sean para consumo personal, y queda prohibido que sea en espacios públicos.

El documento establece la creación de la Cannsalud, empresa propiedad exclusiva del gobierno federal, que cuente con una autonomía técnica, operativa y de gestión para realizar el monopolio de la compra al mayoreo del cannabis y sus derivados, para posteriormente darlos en venta a los franquiciatarios que venderán al menudeo.

Esta empresa pública será un intermediario que identifique y contenga los riesgos inherentes al establecimiento de un mercado nuevo, ya que existen intereses mercantiles internacionales que buscan maximizar sus utilidades por encima de la protección de la salud de las personas.

“Con esto no se deja el mercado de la cannabis a una regulación autónoma por parte de los particulares”, sino que se involucra al Estado como un supervisor constante y controlador de la actividad de esta sustancia, dentro de un margen de legalidad que beneficie a la sociedad.

La iniciativa especifica que “no se busca maximizar la generación de riqueza o las utilidades de quienes participan en la producción y comercio, sino de garantizar condiciones que minimicen riesgos y daños a la salud pública, respetando siempre el derecho al libre desarrollo de la personalidad”.

En su fundamentación considera que las políticas prohibicionistas no han rendido los frutos esperados.

Por tal razón nace la exigencia de hacer un cambio en la normatividad, actualizándola con los nuevos retos que se nos presentan, tanto en nuestro país como en el ámbito internacional.

Con este proyecto de normatividad no sólo se permitirá la regulación constante y directa del mercado del cannabis, sino que también abona en la conformación de nuevas fuentes de empleo, así como el impulso de la economía dentro y fuera de nuestro país.

Esta iniciativa no sólo acredita que nuestro país cuenta con amplios cultivos de marihuana que está siendo consumida de manera ilegal, sino que también se expone la oportunidad real de mercado, mismo que representaría, con una adecuada normatividad en la materia, beneficios para la población como para la administración pública.

En la fundamentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), consideró esencial que los funcionarios superiores de la SHCP se comprometan con el desarrollo y crecimiento del país.

Ante ello, dijo, la comisión realizó un análisis del expediente de José de Luna Martínez, “del cual se desprendió que posee la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el puesto de titular de la Unidad de Crédito Público”.

Entre sus funciones, afirmó, estará la de proponer la política del gobierno federal en materia de crédito público; la formulación del Programa Nacional de Financiamiento de Desarrollo; las asignaciones presupuestales en materia de deuda pública y su manejo; someter las políticas de capacitación de recursos en el mercado de dinero y capitales, así como fijar las directrices para el acceso ordenado a dicho mercado de las entidades de la administración pública federal.

Terrazas Baca expresó que en el marco del análisis del Paquete Económico para 2020, se debe contar con la fortaleza que lleve a superar los retos que se avecinan y que las decisiones sean para el desarrollo y crecimiento de México.

Uno de los retos, dijo, es la falta de inversión en infraestructura, así como dar confianza a los inversionistas para traer sus recursos al país. “La llamada guerra comercial entre el vecino del norte con la potencia asiática es un factor que debemos saber cómo enfrentarlo, ya que puede ser una oportunidad para México de posicionarse como mercado adecuado para los inversionistas extranjeros”.

Se pronunció a favor de fortalecer la economía, generar mecanismos que activen el mercado interno, debido a que es uno de los detonantes principales que darán el impulso que se requiere para salir del estancamiento “en el cual nos encontramos; estamos a tiempo de que no se prolongue por más tiempo”.

El dictamen a la propuesta del titular del Poder Ejecutivo federal, precisa que José de Luna Martínez tiene conocimientos y experiencia en materia económica, fiscal y financiera, por lo que es el candidato idóneo para ser titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Es licenciado en Administración Pública por El Colegio de México; tiene maestría en economía política internacional por la Universidad de Heidelberg, Alemania, y doctorado en economía política por la Universidad Libre de Berlín, Alemania.

Ocupó el cargo de titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2019. Cuenta con amplia experiencia en el sector financiero, toda vez que fue especialista líder del sector financiero, economista senior y young professional en el Banco Mundial (1998 a 2018); director ejecutivo en la Dirección Ejecutiva de Análisis Sectorial y Coordinación Regional y en la Dirección Ejecutiva de Programas y Productos en Financiera Rural –en licencia temporal del Banco Mundial– (2007 a 2010); director (1994 a 1997) y asesor del vicepresidente (1991 a 1992) ambos cargos en la Comisión Nacional Bancaria de Valores.

En el ramo de la investigación, dentro de sus publicaciones destacan 2017 Survey of National Oevelopment Banks, Washington, DC, World Bank, 2018; Financial Inclusion in Malaysia. Oistilling Lessons for Other Countries, World Bank, 2017, y El financiamiento rural en México. Retos y oportunidades, El Colegio de México, 2009.

Ciudad de México.-   El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunió con integrantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), quienes expusieron que las universidades no tienen recursos suficientes para pagar la nómina de los académicos, por lo que solicitaron que en el PEF 2020 se incremente su presupuesto.

El diputado dijo que con el fin de conocer y analizar los retos que tiene la educación superior, particularmente las escuelas públicas, se realizará una convención universitaria en la que participen las Secretarías de Educación Pública, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, rectores, la Auditoría Superior de la Federación, gobiernos estatales, sindicatos, así como diputados y senadores.

“Se realizaría en octubre, porque sólo podremos construir una salida en la medida en que todos los sectores estén involucrados. Necesitamos establecer políticas de largo plazo y creo que esta convención nos puede ayudar”.

Informó que la Comisión que preside integró un equipo que dará seguimiento y atención a la problemática de estos planteles de educación superior y media superior.

Ante representantes de la CONTU, el diputado expresó que el proyecto del Ejecutivo presenta carencias en cuanto a disposición presupuestal. “Como saben, hay algunos ajustes, actualizaciones menores o caídas en términos reales”.

El secretario de la Comisión, Ignacio Campos Equihua (Morena), expresó que es importante la participación de todos los sectores vinculados a la educación porque se requiere trabajar de manera conjunta para llegar a buenos acuerdos.

Informó que ya se logró ante la Secretaría de Hacienda un incremento para los ingresos. Respecto al tema de austeridad, pidió que los estados se unan para alinear la política federal con las entidades federativas.

Consideró importante lograr un incremento directo en el sueldo base porque “no es viable que se pida aumento en las prestaciones, cuando en la jubilación no sirve de nada el incremento, sino lo que va directo al salario”.

De la misma fracción parlamentaria, la diputada Lidia García Anaya, comentó que los legisladores están peleando para incrementar el presupuesto en beneficio del sector académico, trabajadores universitarios, administrativos y de confianza.

En su oportunidad, Enrique Levet Gorozpe, secretario de la CONTU, que aglutina 92 sindicatos de trabajadores académicos y administrativos incorporados en el 90 por ciento de las universidades públicas del país, dijo que están dispuestos a ser aliados en esta cruzada a fin de mejorar las finanzas públicas.

Puntualizó que el sector se encuentra en el límite de que una crisis económica explote en algunas universidades y no se paguen salarios, por lo que pidió a los legisladores buscar incrementar el presupuesto.

Agregó que también se enfrentan al problema de que los gobiernos estatales no cumplen con entregar los subsidios a las universidades, ante lo que es fundamental encontrar soluciones a largo plazo.

“Los gobernadores no cumplen a cabalidad con la entrega de subsidios. Es cierto que toman del subsidio federal y entregan lo que quieren a la universidad. Se tiene contabilizado cuánto es lo que han tomado y cuánto deben del presupuesto que deben entregar”.

Al entregar al diputado Ramírez Cuéllar un documento en el que plantean, desde la visión de los sindicatos, cuáles son las necesidades más urgentes de las universidades públicas del país, expresó que los sindicatos tecnológicos estatales se encuentran en la misma situación económica.