Ciudad de México.- Las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación y Población aprobaron el dictamen que expide la Ley de Amnistía, que beneficiará, principalmente, a imputados en casos de aborto, robo simple sin violencia y personas en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad.

Por parte de la Comisión de Justicia se emitieron 15 votos a favor, 6 en contra y dos abstenciones. De la Comisión de Gobernación y Población, el dictamen recibió 23 sufragios en pro, 6 en contra y 2 abstenciones. El documento se turnó a la Mesa Directiva para los efectos reglamentarios conducentes.

El dictamen indica que la amnistía se decretará al delito de aborto, en cualquiera de sus modalidades, previsto en el Código Penal Federal, cuando se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido; a las y los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de la salud, que hayan auxiliado en la interrupción, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto; y a los familiares de la madre que hayan auxiliado en la interrupción.

Asimismo, por los delitos contra la salud a que se refieren los artículos 194, fracciones I y II, 195, 195 Bis y 198 del Código Penal Federal, siempre que sean de competencia federal, en términos del artículo 474 de la Ley General de Salud.

Lo anterior, cuando quien los haya cometido esté en situación de pobreza, o de extrema vulnerabilidad por tener una discapacidad permanente, o cuando el delito se haya cometido con la indicación de su cónyuge, concubinario o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo o con afinidad sin limitación de grado, o por temor fundado, así como quien haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada a cometer el delito.

También cuando quien pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, en términos del artículo 2 de la Constitución Política, y se encuentre en alguna de las hipótesis mencionadas en el párrafo anterior.

Además, para las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores hasta en dos tantos a la dosis máxima de consumo personal e inmediato, a que se refiere el artículo 479 de la Ley General de Salud, siempre que no haya sido con fines de distribución o venta.

De igual forma, se decretará amnistía por cualquier delito, a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.

Por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años.

Por el delito de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados bajo razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo, y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o empleado armas de fuego.

El documento establece que se decretará amnistía a las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hubiesen sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme, ante los tribunales del orden federal, toda vez que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, por los delitos cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

No se concederá el beneficio de esta ley a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, salvo lo establecido en el artículo 1, fracciones I y II, ni a quienes cometieron el delito de secuestro, o cuando se hayan utilizado en la comisión del delito armas de fuego.

Tampoco se podrán beneficiar las personas indiciadas por los delitos a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cometido otros delitos graves del orden federal.

El dictamen indica que el Ejecutivo Federal integrará una Comisión que coordinará los actos para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la ley. La persona interesada o su representante legal podrá solicitar a dicha Comisión la aplicación de la Ley. Esta Comisión determinará la procedencia del beneficio y someterá su decisión a la calificación de un juez federal para que la confirme.

Agrega que las personas a quienes beneficie la ley no podrán ser en lo futuro detenidas ni procesadas por los mismos hechos. La Secretaría de Gobernación coordinará las acciones para facilitar la reinserción social de las personas beneficiarias de esta Ley, en términos de la legislación aplicable.

La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo, informó que se registraron modificaciones al dictamen por parte de los diputados Jorge Arturo Espadas Galván (PAN), Martha Tagle Martínez (MC), Valentín Reyes López, Araceli Ocampo Manzanares y Tatiana Clouthier Carrillo, de Morena, las cuales serán discutidas en el Pleno.

Discusión de los grupos parlamentarios

De Morena, el diputado Rubén Cayetano García dijo que por décadas la justicia se ha impartido desde un “sistema podrido”, en el que ha existido tortura, discriminación, persecución política y violación al debido proceso. La ley de amnistía, dijo, es la visibilización de la legalidad; es una norma especial, cuya naturaleza es humana, justa y resarcitoria.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, de Morena, afirmó que el sistema de justicia está desbordado y en las cárceles hay mucha gente que no merece estar ahí. El propósito es perdonar a los grupos vulnerables, como personas indígenas o mujeres que han abortado.

Del mismo partido, la diputada Lorena Villavicencio Ayala manifestó que esta ley es un acto de justicia ante la crisis de un sistema donde se niegan derechos humanos fundamentales. “Hay muchas personas en la cárcel de manera indebida y se ha criminalizado la pobreza y la incapacidad de defensa”.

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo (Morena) inquirió cómo obligar a los estados a que vayan en el mismo sentido en su legislación, porque la Ley de Amnistía será de carácter federal. No obstante, reconoció que este dictamen va en favor de las personas indígenas, de los más pobres y del consumo estigmatizado de sustancias.

La coordinadora del grupo parlamentario del PRD, diputada Verónica Juárez Piña, comentó que el sistema de justicia está viciado y hay muchas violaciones a los procesos. Sin embargo, hay que analizar bien los alcances de la ley, porque “parece más propaganda política, al no haber un beneficio directo para las personas, porque dependerá más de los congresos locales”.

El diputado Valentín Reyes López (Morena) consideró que tendrá mucho que ver la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que no queden vaguedades en la ley. “Es muy importante que se cumpla la legislación cuando alguien cometa algún delito.

El diputado David Orihuela Nava (Morena) dijo que en la aplicación de justicia hay grandes desigualdades, y con esta ley se dejará de criminalizar a las mujeres por tomar una decisión consciente sobre su cuerpo al interrumpir el embarazo. “Será el primer paso para coadyuvar en la resolución a favor de la despenalización del mismo”.

Felipe Fernando Macías Olvera, legislador del PAN, consideró que esta propuesta alimenta la impunidad y el perdón de los delincuentes; por ello, opinó que se debe fortalecer el sistema de justicia, las fiscalías, los ministerios públicos, la investigación del delito, además de no quitarles presupuesto. “Cómo vamos a aspirar a tener justicia si les retiran el recurso”.

El legislador Marco Antonio Medina Pérez (Morena) estimó que se restablecerá la justicia y se dejará de criminalizar a sectores que históricamente han sido marginados; además, las cárceles dejarán de ser fábrica de culpables y violaciones al debido proceso para los más pobres.

De la misma fracción parlamentaria, la diputada Araceli Ocampo Manzanares mencionó que es una ley histórica e importante para los ciudadanos, pueblos originarios, afromexicanos y víctimas que han sufrido injusticias. “Es excelente y perfecta, sin embargo, debe ir más allá”.

Del PRI, el diputado Enrique Ochoa Reza afirmó que su grupo parlamentario tiene dudas sobre la constitucionalidad de esta ley y, en consecuencia, haría que su duración, una vez imputada, sea muy corta. Para obtener impactos positivos requiere de una revisión profunda de los argumentos técnico-jurídicos. “Nos abstendremos de esta discusión porque consideramos oportuno estudiarla”.

El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) puntualizó que se dará una segunda oportunidad a miles de personas que llevan un proceso por delitos relacionados con pobreza, mujeres que abortan, robo simple sin violencia y sin uso de armas. “Votaré a favor porque se privilegiará un sector social más vulnerable, los derechos humanos y la dignidad humana”.

A título personal, la diputada Martha Tagle Martínez (MC) subrayó el dictamen tiene muchas deficiencias pero vale la pena apoyarlo, porque servirá para sacar a algunas personas que están presas injustamente. “También es importante decir que los congresos locales no están obligados a legislar en la materia”.

Ciudad de México.- En su participación en tribuna de la Cámara de Diputados con motivo del 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas, Luis Miguel Rosales Jiménez, hablante de Ixcateca, dijo que esta lengua está a punto de desaparecer.

“Quedan seis hablantes ancianos y ancianas, aun cuando nosotros queremos recuperarla, no recibimos los apoyos económicos y técnicos suficientes. En manos de ustedes, diputadas y diputados, estará la decisión para destinar recursos que puedan resarcir el hecho histórico por el cual ahora estamos perdiendo nuestra lengua, que existió y se perdió”, añadió.

Llamó a las y los legisladores para que se fijen en este pueblo ixcateco, reflexionen en su existencia, “piensen que somos parte del patrimonio cultural en la diversidad del país y tomen las decisiones que consideren indispensables para nuestra existencia y cultura. Esta lengua, para existir, depende de las decisiones del gobierno del país”.

El integrante de la comunidad de Santa María Ixcatlán, ubicada en el municipio de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, dijo: los Ixcatecos nos resistimos a que se extinga esta milenaria cultura, cuyos orígenes se pierden en la obscuridad de los tiempos.

Rosales Jiménez puntualizó que como muchos otros pueblos, “vivimos marginados, tan es así que sólo hay una brecha, en malas condiciones, que nos conecta con el mundo exterior. Como muchas comunidades que elaboramos productos de palma, estamos lejos de un mercado justo, lo cual refuerza nuestra condición de pobreza, por no tener acceso a otras formas de comercialización”.

Además, la gente que nos visita dice que vivimos en un ambiente hostil, en territorio desértico, con escasez de agua, tierras áridas y de baja producción.

Sin embargo, dijo, con el conocimiento generado por los antepasados, “contamos con tecnología tradicional mediante la cual podemos tener un sustento bastante precario, pero que nos ha permitido existir y aquí estamos, ante las nuevas necesidades, siempre dispuestos a incorporar técnicas que nos ayuden a aumentar la producción de alimentos: maíz, palma, el maguey papalome, que proporciona un excelente mezcal, que destilamos de manera natural y artesanal”.

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el Premio Nacional Premio Nacional de Derechos Humanos 2019 a la defensora indígena del pueblo me´phaa, Obtilia Eugenio Manuel; en tanto que la Mención Honorífica post mortem fue conferida a Margarito Díaz González.

Ante la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, la galardonada, Obtilia Eugenio Manuel, refirió los agravios y violaciones a los derechos humanos que ha padecido la población indígena, especialmente las mujeres en su comunidad, y enfatizó que “mi conciencia me dice que debo seguir luchando”.

La activista, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me ́phaa (OPIM) y originaria de Barranca de Guadalupe, Ayutla de los Libres, Guerrero, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos 2019, por su destacada trayectoria en la promoción efectiva y defensa de los derechos fundamentales, consistente en medalla, diploma y cheque, en tanto que la medalla y diploma correspondientes a la Mención Honorífica fueron conferidos post mortem a Margarito Díaz González, por sus méritos en la defensa de los derechos humanos, en particular de los pueblos indígenas y del medio ambiente.

Previamente, la Presidenta de la CNDH refirió que la galardonada se ha distinguido por denunciar abusos cometidos por personal del Ejército Mexicano contra los pueblos indígenas, de manera particular contra las mujeres, que les ha valido estar en constante situación de riesgo ante múltiples amenazas recibidas. 

“Ha relatado y documentado, dijo, las violaciones cometidas en el estado de Guerrero, desde la esterilización forzada de indígenas hasta la masacre de El Charco, donde fueron asesinados once mixtecos en 1998; en 2002 tuvo un papel muy activo en la denuncia de violaciones sexuales cometidas por personal militar contra las mujeres indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Hernández Ortega; ambos casos fueron elevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emitió dos sentencias contra México por la tortura sexual cometida en agravio de las mujeres. Ella misma fue víctima de desaparición hace unos meses junto con Hilario Cornelio, otro activista de la OPIM; después de cuatro días de búsqueda ambos fueron localizados con vida”.

En cuanto a la Mención Honorífica señaló que correspondió post mortem a Margarito Díaz González, representante del Consejo de Seguridad de Wirikuta, defensor del medio  ambiente y de los derechos de los pueblos originarios y las lenguas maternas, quien se opuso a la construcción de la presa de almacenamiento La Maroma y otras obras integradas a ese proyecto ubicadas en los municipios de Real de Catorce, Villa de Guadalupe y Matehuala, en San Luis Potosí; era reconocido también por su defensa en los sitios sagrados y ante la llegada de las mineras canadienses en la zona Wirikuta en dicha entidad.

Destacó que Margarito Díaz conformaba la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de los estados de Jalisco, Durango y Nayarit, y en 2013 logró que el pueblo huichol recuperara y obtuviera el título de propiedad de su lugar sagrado ubicado en la Isla del Rey, Municipio de San Blas, en Nayarit.

Además, hizo un reconocimiento a los integrantes del jurado del Premio Nacional de Derechos Humanos 2019, Volga Pilar de Pina Ravest, Jacobo Dayán Askenazi y María de la Luz Domínguez Campos.

En el Salón Tesorería del Palacio Nacional, Obtilia Eugenio Manuel expresó que desde los 11 años de edad y con el impulso de su padre comenzó a defender a su comunidad. Señaló que “Este reconocimiento vale mucho para mí; es una gran responsabilidad por ser mujer y ser indígena; mi conciencia me dice que debo seguir luchando por los derechos humanos. No entiendo la violencia en contra de las mujeres. No queremos un violador más en nuestro camino”.

Tras referir que en febrero pasado fue plagiada por denunciar actos de corrupción, urgió al Gobierno federal a erradicar la violencia de género y salvaguardar los derechos humanos de las y los mexicanos, especialmente de las personas indígenas. “Pido que la violencia contra las mujeres se acabe de una vez por todas; ya no queremos ningún violador más en el camino”, y solicitó al Presidente López Obrador una reunión para plantearle una propuesta de desarrollo para pueblos originarios de Guerrero.

En su oportunidad, el Primer Mandatario destacó que habrá justicia, y pleno respeto a los derechos humanos; advirtió que el funcionario que cometa violaciones será castigado y señaló que las Fuerzas Armadas van a garantizar la seguridad sin violar los derechos humanos.

Luego de mencionar que antes el gran violador de derechos humanos era el Estado, apuntó que “ahora no es así porque no se permite la violencia, la tortura, el aniquilamiento, la impunidad”, y mencionó su satisfacción por acompañar en esta ceremonia a la Presidenta de la CNDH, “que tiene todo nuestro reconocimiento porque es una mujer con principios, íntegra; ha sufrido en carne propia lo que es la violación de los derechos humanos. Su madre, Rosario Ibarra de Piedra, que luchó por encontrar a su hijo Jesús”, y es un ejemplo en la defensa y creó una organización cuando era muy difícil y riesgoso hacer esa lucha, y le reiteró su confianza para defender los derechos humanos, para que no haya impunidad ni influyentismo y quien cometa un delito sea castigado.

El Presidente López Obrador estuvo acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda, respectivamente, así como por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

Mérida, Yucatán.- “Hicimos todo lo posible”, respondieron esta noche diputados priistas, mediante un escrito, tras su inasistencia a la reunión de emergencia en la Casa del Pueblo para rechazar los impuestos del Paquete Fiscal 2020 y dieron por descontado que se aprobará y anunciaron el siguiente paso: “nos emplearemos a fondo, a fiscalizar cuidadosamente el uso de cada peso por parte de la Administración Estatal”.

El Ejecutivo del estado no tendrá excusa, se les han dado las herramientas para trabajar, ahora estaremos vigilantes que lo hagan en beneficios de todas las personas que vivimos en Yucatán, afirmaron.

Seguiremos defendiendo y velando por los intereses de Yucatán y de quienes aquí vivimos.

El comunicado íntegro:

Diputadas y Diputados del PRI fuimos congruentes con el Paquete Fiscal Estatal 2020

Las y los diputados del PRI en Yucatán:

Mérida, Yucatán a 10 de diciembre de 2019.

Las y los diputados del PRI fuimos congruentes con el Paquete Fiscal Estatal 2020.

Como bancada, hemos concluido el proceso ordenado por la Ley para revisar detenidamente, corregir, modificar y mejorar el Paquete Fiscal para Yucatán en el año 2020.

Teniendo como prioridad buscar la mejor combinación de ingresos y egresos que garanticen mantener la forma de vida de todos los yucatecos y, ante el escenario económico adverso en el entorno nacional y la propuesta de la Administración Estatal, la bancada del PRI trabajó intensamente para revertir el impacto de algunos de los nuevos derechos e impuestos propuestos por el gobierno estatal y también con responsabilidad para que no hubiera motivo para dejar de hacer obras en nuestros municipios.

Buscando el consenso con otras fuerzas políticas dentro del Congreso, propusimos dejar fuera del pago del nuevo impuesto por seguridad, que será cargado dentro del servicio domiciliar, a los sectores más vulnerables de la sociedad. 

Insistimos para que cualquier ciudadano que pague 400 pesos o menos de servicio al bimestre, quedara libre de este nuevo impuesto. 

Ante la pregunta de ¿Que va a pasar con este nuevo cobro? En la Bancada del PRI podremos contestar que hicimos todo lo posible, pero no tuvimos la mayoría y fue la bancada del PAN, junto con MORENA y Movimiento Ciudadano los que permitieron cobrarles aún a aquellos ciudadanos que más carencias tienen. 

A pesar de no contar con la mayoría necesaria logramos acuerdos para exentar de ese pago a Municipios, Escuelas, Centros de Salud, Sistemas de Agua Potable y en general a la población que más apoyo necesita. Para garantizar que no se vea afectada la clase menos favorecida por la economía, votamos para que alrededor de 250 mil familias queden exentas de ese pago, es decir, los que menos tienen, principalmente del interior del estado, no pagarán. En lo que respecta a la clase media, motor de nuestra economía, se aseguró que ningún predio yucateco pague más de 290 pesos, independientemente del monto de su recibo.

Y todo esto, para garantizar que Yucatán siga siendo el estado más seguro del país, y que el gobierno del estado no tenga pretextos, para asegurar que haya recursos para cuidar la seguridad, asegurar los programas sociales y apoyar al campo como los yucatecos requieren.

Se logró una nueva propuesta del Ejecutivo para el impuesto al turismo y sobre todo, hacer que quien más tiene pague más y no igual para todos los que viven de las actividades turísticas.

Logramos regresar el descuento al solicitar actas de nacimiento durante enero y que durante el mismo mes sean gratuitas para trámites escolares; eliminamos el cobro de derechos a repartidores que trabajan en plataformas y que van en bicicleta o a pie, logramos reducir las tarifas de carga y además, se logró incluir un artículo transitorio que obliga a la Administración Estatal a no aplicar los nuevos derechos sobre seguridad si la Administración Federal envía a Yucatán los recursos que nos corresponden, es decir, si el Gobernador Vila Dosal y el Presidente de México, Andrés López Obrador, se ponen de acuerdo y solucionan los temas presupuestales en relación a Yucatán podremos hacer las modificaciones para no hacer más ese cobro.

La bancada del PRI, a pesar de no tener mayoría en el Congreso del Estado ha logrado todo lo anterior, protegimos el presupuesto de los municipios para que los Yucatecos tengamos inversión pública en calles, centros de salud, centros educativos mejor equipados, mejoras en mercados y desarrollo urbano. 

Siendo congruentes con el Paquete Fiscal para el 2020 ahora, nos emplearemos a fondo, como lo hemos hecho desde el inicio de esta LXII Legislatura, a fiscalizar cuidadosamente el uso de cada peso por parte de la Administración Estatal.

El Ejecutivo del estado no tendrá excusa, se les han dado las herramientas para trabajar, ahora estaremos vigilantes que lo hagan en beneficios de todas las personas que vivimos en Yucatán.

Seguiremos defendiendo y velando por los intereses de Yucatán y de quienes aquí vivimos.

Ciudad de México.- Inversión para el bienestar, mejores condiciones laborales, respeto a la soberanía, cooperación para el desarrollo, soluciones conjuntas, así como unidad para el continente americano, son las bondades que alcanzarán los pueblos de México, Estados Unidos y Canadá con el T-MEC.

Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al encabezar, como testigo de honor, la firma del protocolo modificatorio al tratado comercial que se concretó este día en Palacio Nacional con la presencia de legisladores, autoridades, empresarios y representantes de trabajadores.

Señaló que se trata de un acuerdo comercial de grandes dimensiones que atraerá inversiones a la región e impulsará la cooperación para el desarrollo para enfrentar mejor el fenómeno migratorio:

“Si hay inversión hay crecimiento; si hay crecimiento, hay bienestar; si hay bienestar, hay paz y hay tranquilidad.”

Destacó que el acuerdo también busca mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores. Además, prevé mecanismos para resolver asuntos con equidad y en condiciones de respeto hacia la legislación de cada país. Igualmente, dimensionó sus consecuencias a mayor escala:

“También se logra la unidad del continente americano, de la América que vio nacer a Abraham Lincoln y de la América que vio nacer a Benito Juárez.”

Primer mandatario agradece a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá

En presencia del representante comercial del gobierno de Estados Unidos, Robert Lighthizer, -a quien reconoció por su desempeño como representante del equipo negociador de dicho país-, así como del consejero superior del presidente de EE UU, Jared Kushner, el jefe del Estado mexicano expresó:

“Este tratado tiene que ver con lo comercial, pero también con lo político. Es un acuerdo político, sin eso no se logra nada. Estoy obligado a reconocer el trato respetuoso que recibimos del presidente Donald Trump; él intervino cuando estaban agotadas ya las posibilidades de entendimiento en la mesa.”

Tras agradecer a la viceprimera ministra Chrystia Freeland, quien firmó el protocolo en representación de Canadá, el presidente López Obrador dijo al jefe de Estado de aquel país:

“Agradecer al primer ministro Trudeau porque siempre ha mantenido una relación cordial, de cooperación, respetuosa. Hemos actuado de manera conjunta, amistosa y cooperando para sacar este acuerdo.”

Agradece decisión de Nancy Pelosi de apoyar el acuerdo

También destacó el papel de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi:

“Agradecer a la señora Pelosi por la decisión de apoyar este gran acuerdo en lo comercial y separar las diferencias que se presentan cuando hay procesos políticos electorales.

“Eso se entendió muy bien en Estados Unidos, los republicanos, y subrayo de manera especial, lo entendieron bien los legisladores del Partido Demócrata.”

Luego de precisar que no se tomaron acuerdos sin consulta, el jefe del Ejecutivo federal destacó que las y los integrantes del Senado mexicano se desempeñaron de manera responsable y patriota, por encima de intereses de grupo; también reconoció el respaldo del sector empresarial mexicano, así como de los dirigentes del sector obrero.

Firmaron el Protocolo Modificatorio del T-MEC:

Jesús Seade Kuri, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Robert Lighthizer, representante comercial del gobierno de Estados Unidos.

Chrystia Freeland, viceprimera ministra de Canadá.

También estuvieron presentes:

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores.

Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público.

Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía.

Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Jared Kushner, consejero superior del presidente de los Estados Unidos.

Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

Steve Verheul, viceministro adjunto de Comercio Internacional de Canadá.

Mérida, Yucatán.- Con la notaria ausencia de los diputados Felipe Cervera Hernández y Lila Frías Castillo, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, y secretaria general del CDE del PRI, respectivamente, 38 alcaldes, sectores y organizaciones encabezados por su presidente estatal Francisco Torres Rivas rechazaron de manera categórica el impuesto del 8% en recibos de la CFE para seguridad y demandaron a los 10 diputados priistas el voto en contra de la propuesta de más impuestos del gobernador Mauricio Vila.

De los 10 legisladores priistas, convocados oportunamente, sólo acudió Marcos Rodríguez Ruz y los alcaldes propusieron que sea él quien presente una propuesta alterna de recaudación: para realizar cualquier trámites ante el gobierno estatal (como por ejemplo canje de placas o tramitar una licencia) el ciudadano debe exhibir el pago de predial y agua potable.

El alcalde de Sucilá, Diego Lugo, afirmó que aprobar el 8% para seguridad, pagadero a través de los recibos de La CFE “es institucionalizar el cobro de derecho de piso en Yucatán, como hace la mafia”, pues recordó que el crimen organizado cobra ese “impuesto” para brindar seguridad en sus plazas.

Durante una reunión de emergencia en la Casa del Pueblo, en la que los alcaldes acordaron movilizar a los ciudadanos ante el Congreso local desde las 9:30 horas, Cervera Hernández no asistió presuntamente porque tuvo de viajar de urgencia a la ciudad de México.

Se indicó que la secretaria general del CDE, Lila Frías Castillo, no presento ninguna justificación. Ambos fueron invitados para estar presentes con los alcaldes de su partido y escuchar sus planteamientos.

Los munícipes pidieron que los diputados Marcos Nicolás Rodríguez Ruz, Distrito VI; Felipe Cervera Hernández, Distrito VII; Martín Enrique Castillo Ruz, Distrito VIII; Lila Rosa Frías Castillo, Distrito IX; Mirthea Del Rosario Arjona Martin, Distrito X;

Maria Teresa Moises Escalante, Distrito XI; Lizzete Janice Escobedo Salazar, Distrito XII; Luis Enrique Borjas Romero, Distrito XIII; Karla Reyna Franco Blanco, Distrito XIV; y, Warnel May Escobar, Distrito XV, voten en contra de las propuestas de Vila.

Ante el dirigente estatal del PRI, Ing. Francisco Torres Rivas, y el Presidente de la Fenamm, Sansón Israel Palma Santos, alcaldes e integrantes de Sectores y Organizaciones se manifestaron de manera unánime en contra de los nuevos gravámenes planteados en el paquete fiscal, y acordaron los siguientes puntos:

1)    Manifestar enérgica y públicamente la postura del priismo yucateco en contra de la aprobación del paquete fiscal 2020 presentado por el Ejecutivo Estatal y los diputados de Acción Nacional.

2)    Acudir mañana en punto de las 9:30 hrs., a las puertas del Congreso Estatal, para manifestar pacíficamente este rechazo y exigencia ciudadana, y hacer un llamado a los legisladores locales de todas las fracciones parlamentarias, para adherirse a la postura fijada por los priistas, y sentir de la sociedad en general.

3)    De manera responsable, también se acordó presentar una contrapuesta a través de nuestros legisladores, que le permita al Ejecutivo recaudar los fondos necesarios para atender, como lo hemos hecho a través de nuestros gobiernos, de manera responsable y justa a la sociedad, sin afectar la economía de las familias yucatecas.

4)    Asumiendo nuestro papel en la sociedad, en caso de que la votación no le favorezca a los yucatecos – toda vez que el PRI, aunque es la fracción parlamentaria mas grande, no alcanza la mayoría en el Congreso – se acordó encabezar esta exigencia social de rechazo a los nuevos gravámenes, que incluso podrían ser inconstitucionales, y participar activamente en las acciones civiles y legales derivadas de una posible aprobación mayoritaria en el Pleno Legislativo.

Confiamos en que la decisión de nuestras diputadas y diputados estará del lado de los intereses de la sociedad yucateca, e invitamos a todos los yucatecos a sumarse a estas acciones, indicó Torres.

De los pasillos

Fuentes cercanas a los alcaldes comentaron que se enteraron que Felipe Cervera ha negociado la titularidad del INCAY para un allegado suyo, a cambio de aprobar la propuesta del gobernador.

Oaxaca.- María Elena Ríos Ortiz, saxofonista originaria de la región mixteca de Oaxaca, fue atacada con ácido por un hombre, quien formó parte de su vida y quien la amenazó de muerte tras los hechos el pasado 11 de septiembre.

La joven de 26 años es egresada del Conservatorio de Puebla y su último evento fue en el Primer Encuentro de Directores de Bandas de Oaxaca de este año. 

El agresor se encuentra prófugo desde hace 90 días que le roció ácido en el cuerpo y la se encuentra internada en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso, en Oaxaca, donde le han realizado varias cirugías, ya que el ácido ha afectado varias partes de su cuerpo.

A pesar de que incluso la Fiscalía General del Estado cuenta con un retrato hablado del atacante y que el momento fue captado por varias cámaras de seguridad, las autoridades no han realizado detención alguna.

Durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la comunidad de Huajuapan, la familia de María Elena se acercó al mandatario para solicitarle su ayuda.

El representante del Ejecutivo los escuchó e instruyó a una funcionaria quien daría seguimiento al asunto. Sin embargo, posteriormente la colaboradora alegó que este es un asunto de orden local e incluso bloqueó el número telefónico de los familiares de la saxofonista.

Acaxochitlán, Hidalgo.- La Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena conversó con comunidades indígenas del Estado de Hidalgo sobre la instalación de un grupo de trabajo con el órgano garante para canalizar solicitudes de información sobre los temas de su interés y que puedan incidir en su vida cotidiana.  

“Para que podamos seleccionar aquellas inquietudes, preguntas que quieran hacer, trasladarlas a las autoridades, desde el Presidente de la República hasta la señora Regidora, el Presidente Municipal o el Director del centro médico de su comunidad y, con ello, ir construyendo y avanzando en que ustedes conozcan otros derechos; el derecho a saber es la llave para abrir otros derechos, como el derecho a una vida sana, el derecho a una vivienda y el acceso a la justicia”, expuso.   

   

Apoyada de un traductor en náhuatl, en un salón del Colegio de Estudios Científicos del Ayuntamiento de Acaxochitlán, la Comisionada del INAI destacó ante representantes de comunidades indígenas, en su mayoría mujeres, que el derecho a saber es clave para conocer cómo las autoridades disponen de los recursos públicos. 

“Hoy les corresponde a ustedes exigir que las autoridades cumplan permanentemente. De eso se trata el derecho de acceso a la información y queremos que ustedes lo puedan ejercer desde sus comunidades, de forma cotidiana”, puntualizó Ibarra Cadena al presentar el libro La Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información como mecanismos para la protección de los derechos de los pueblos originarios, editado por el INAI. 

La Comisionada del INAI sostuvo que se trata del primer libro que se dedica a las comunidades indígenas y la vinculación que tiene el derecho de acceso a la información con el desarrollo de estos grupos. 

“Es muy importante que, en un país como el nuestro, dialoguemos, discutamos y podamos tener una verdadera inclusión social, con todos los beneficios que otorga el Estado mexicano. Por eso, el saber más, dota de conocimiento para decidir mejor y en esta publicación dedicada a los mecanismos para la protección de los derechos indígenas, la clave está en una mayor participación de ustedes”, concluyó Blanca Lilia Ibarra.  

En el encuentro participaron los Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH), Mireya González Corona y Gerardo Islas Villegas; José Hernández Islas, Secretario del Ayuntamiento de Acaxochitlán, y Jamel Hidalgo, Director del Colegio de Estudios Científicos de ese municipio.

El libro puede descargarse en esta liga: http://inicio.inai.org.mx/PublicacionesComiteEditorial/PUEBLOS_ORIG_digital.pdf

Mérida, Yucatán.- El Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (Colectivo PTFY) expresó su preocupación e indignación por los casos aparentes de crímenes de odio por homofobia en Mérida en los pasados 2 y 7 de diciembre.

Mediante un comunicado, el colectivo pidió al Congreso del Estado de Yucatán legisle a favor de la tipificación de los crímenes de odio por LGBT-fobia.

“Esto es un lamentable recordatorio de los muchos pendientes que el @CongresoYucatan

tiene en temas de #DerechosHumanos”, aseveró la organización en redes sociales.

Indicó que los discursos de odio anteceden a los crímenes de odio, como los dos casos sucedidos en Mérida en menos de 15 días recientemente. #DerechosHumanos #EnYucatánSíPasa

La cobertura mediática, particularmente en el caso del empresario cultural Sergio Navarro este 7 de diciembre, ha sido deplorable e indigno de la gravedad y naturaleza de los crímenes.

Exigimos a los medios de comunicación que hagan las correcciones correspondientes a sus notas tendenciosas. 

Que estos casos queden impunes y revictimizando a quienes les arrebataron la vida sumaría a los muchos mensajes que han dado a la sociedad yucateca de que existe una ciudadanía de 2da clase, validando actitudes discriminatorias que potencialmente pueden desembocar en violencia.

A las autoridades estatales que atienden estos casos, se les recuerda y exhorta que se use el Protocolo de Actuación Para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género, material que facilita la @SCJN

Aseveraron que no se reconozca la naturaleza de los crímenes de odio no desaparecen los casos.

Más allá del tema del matrimonio igualitario, existen muchas modificaciones a las leyes locales que son urgentes, como la tipificación de crímenes de odio por homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia.

Independientemente de los motivos por los que los asesinos entraron a los hogares de las víctimas, la responsabilidad es solo de quienes tomaron las vidas de ambos miembros de la comunidad LGBT+.

Señalamientos con base en suposiciones sobre sus vidas sociales y personales solo refuerzan estigmas que desestiman y revictimizan a quienes ya no pueden defenderse.

La cobertura mediática, particularmente en el caso del empresario cultural Sergio Navarro este 7 de diciembre, ha sido deplorable e indigno de la gravedad y naturaleza de los crímenes.

Desde el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (Colectivo PTFY) expresamos nuestra preocupación e indignación por los casos aparentes de crímenes de odio por homofobia en Mérida en los pasados 2 y 7 de diciembre.

La @codhey y CEPREDY deben documentar y acompañar los procesos en sus respectivas capacidades para garantizar la debida investigación y judicialización de los crímenes de odio recientes.

Mérida, Yucatán.- En el marco del Día internacional de los derechos humanos, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inaip Yucatán) y la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), firmaron un convenio de colaboración que permitirá llevar a cabo en el órgano garante, acciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Durante la firma protocolaria, realizada por el Comisionado Presidente, Aldrin Martín Briceño Conrado y la Secretaria de la Mujeres en Yucatán, María Herrera Páramo, el representante del Pleno del Inaip Yucatán, resaltó la importancia de trabajar en el cumplimiento de los derechos que garantiza el instituto, sin discriminación de ningún tipo.

“Los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales también son derechos humanos y no discriminan edad, condición social o género”, expresó. 

Acompañado de los comisionados del Pleno, María Eugenia Sansores Ruz y Carlos Pavón Durán, destacó el compromiso adquirido con la SEMUJERES para sensibilizar y capacitar al personal en temas como la eliminación de la violencia de género, la equidad y la no discriminación. 

Informó que, tras la firma del convenio, se elaborará un plan de trabajo para establecer las actividades de sensibilización en materia de violencia contra las mujeres, lenguaje incluyente, clima laboral libre de violencia de género y discriminación, nuevas masculinidades y educación para la paz. 

Al celebrar la firma del acuerdo con el órgano garante de la transparencia y la protección de los datos personales, en el marco de la efeméride internacional, Herrera Páramo señaló que la eliminación violencia hacia las mujeres un tema que debe tener la atención de todas las instituciones públicas, desde donde se debe conocer, prevenir y combatir cualquier tipo de agresión hacia las mujeres. 

En su oportunidad la comisionada María Eugenia Sansores Ruz, dijo que el Inaip Yucatán implementará acciones encaminadas a sensibilizar y modificar patrones de comportamiento de violencia contra las mujeres, promover el lenguaje incluyente, la equidad de las oportunidades laborales y de salario, clima laboral libre de violencia de género y discriminación, nuevas masculinidades y educación para la paz. 

“Aspiramos a generar productos concretos como el Protocolo de acoso sexual y hostigamiento para el Instituto; así como asesorías y acompañamiento para la creación de la Unidad de Género del Inaip”, agregó.

Como una primera acción de capacitación derivada del convenio, quienes trabajan en el Inaip Yucatán, presenciaron la conferencia Violencia contra las Mujeres en Yucatán, impartida por Sandra Mariana Montes Macías y Ana Valeria Güemez Graniel, de la Dirección de Políticas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la SEMUJERES.

La ponencia tuvo como objetivo hacer conciencia sobre los distintos tipos de violencia hacia las mujeres (física, psicológica, sexual, abuso, feminicidio), y sus consecuencias, dado que cada una está tipificada en el Código Penal, por lo que son delitos y ese es el objetivo de la campaña: concientizar que las violencias contra las mujeres son delitos.

Está conformado por 13 compromisos acordados entre ciudadanos y autoridades, a partir de dos perspectivas transversales: la igualdad de género, a través del análisis diferenciado del impacto de diversas problemáticas entre hombres y mujeres, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. 

En el evento, el Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, afirmó que la participación ciudadana es indispensable para que el gobierno abierto logre sus efectos y se puedan reconducir las acciones públicas, por lo que reconoció las condiciones brindadas por el nuevo gobierno para que la sociedad civil vuelva a formar parte de la Alianza para el Gobierno Abierto en México, tras su salida en mayo de 2017 por los casos de espionaje suscitados en la anterior administración, a través del software Pegasus. 

Acuña Llamas sostuvo que ante esos hechos el INAI, en el ámbito de sus facultades, inició una investigación e hizo señalamientos técnicos y aclaraciones específicas a ese proceder indebido, que hizo llegar a la Fiscalía General de la República, sin obtener respuesta a la fecha. 

“Es intolerable que el Estado, en cualquiera de sus apartamentos, entidades o dependencias, ocupe sus capacidades y los recursos públicos para dañar y menoscabar las libertades y, en este caso, la vida privada”, apuntó.

Por su parte, el Comisionado Joel Salas Suárez, Coordinador de la Comisión de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia del INAI, destacó que es el primer Plan de Acción a nivel global con compromisos específicos para atender la problemática del espionaje; “sabemos que México no es el único caso, se ha producido en otros países que forman para de la Alianza, pero hoy el país, con este compromiso, está proponiendo una alternativa”. 

En ese sentido, señaló que, entre los retos de la implementación del Plan, es necesario esclarecer los hechos. “Necesitamos generar las condiciones totales para construcción de un espacio cívico seguro; no puede haber amenazas a la sociedad civil, como se dio en el pasado, y por ello es fundamental que sepamos qué sucedió y quién sigue utilizando un malware tan poderoso”. 

“Hacemos un respetuoso llamado, desde la autonomía del INAI hasta la otra autonomía de la Fiscalía General de la República, para que se esclarezca cómo van las investigaciones, pero también hacemos un llamado al Poder Legislativo y al Judicial, para que en el corto plazo se puedan incorporar a esta lógica de Estado Abierto”, exhortó Joel Salas. 

También se incluye un compromiso proactivo de vinculación entre lo federal y lo local. Por ello, es fundamental que la sociedad civil nos ayude a monitorear la implementación de los ejercicios locales de gobierno abierto en las entidades federativas. 

En su intervención, la Subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Tania De La Paz Pérez Farca, en representación de la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, resaltó que, con este Plan, México será el primer país de la Alianza Internacional en trabajar para fortalecer controles democráticos a la intervención de comunicaciones privadas. 

Sostuvo que se trata de un compromiso con el que se impulsa las demandas de la sociedad tras las denuncias del gobierno espía en 2017, que ocasionaron la ruptura de la Alianza en México. “Hoy podemos afirmar que ninguna dependencia del Gobierno Federal tiene o utiliza el malware Pegasus”, dijo. 

Finalmente, Alfredo Elizondo, Coordinador General de GESOC, Agencia para el Desarrollo, y Representante del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil, anunció que desde el Comité Coordinador de la Alianza para el Gobierno Abierto en México se hará un llamado a la Fiscalía General de la República para esclarecer si se está utilizando ese tipo se software y bajo qué marco normativo. 

Asimismo, y dado que se han documentado el uso de este tipo de tecnologías en las entidades federativas, “creemos muy importante hacer un llamado a la Conferencia Nacional de Gobernadores para sumarse a transparentar el uso de este tipo de tecnología”, planteó. 

En el evento estuvieron presentes el Comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, y el Jefe de la Unidad de Gobernanza del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, Javier González Gómez.

La construcción del Cuarto Plan de Acción implicó para el Comité Coordinador ocho meses de trabajo a lo largo de seis fases, las cuales iniciaron en mayo de 2019: 1) consulta pública digital y presencial; 2) sistematización y resultados de la consulta; 3) elaboración de árboles de problemas; 4) 12 mesas de cocreación; 5) elaboración de hojas de ruta, y 6) publicación. 

Durante estas fases participaron más de mil 100 personas por medios digitales y 480 personas de manera presencial. 

Así, se adoptaron los siguientes compromisos, que deberán cumplirse a más tardar el 31 de agosto de 2021: 

1) Gasto abierto y responsable en programas sociales; 2) Incidencia ciudadana para el desarrollo rural sustentable; 3) Información transparente y de calidad para garantizar el derecho a la educación: 4) Derechos sexuales y reproductivos para las y los jóvenes: 5) Transparencia para fomentar la inclusión laboral; 6) Plataforma única y abierta de información de seguridad pública; 

7) Controles democráticos a la intervención de comunicaciones privadas; 8) Fortalecer los servicios públicos de cuidados; 9) Transparencia para el monitoreo y vigilancia de los fideicomisos; 10) Fortalecimiento de la transparencia sobre la gestión de bosques, agua y pesca; 11) Hacia la divulgación de beneficiarios finales; 12) Transparencia del flujo y control de armas, y 13) Estrategia subnacional de gobierno abierto.

Los compromisos serán implementados en los siguientes meses por autoridades públicas federales y organizaciones de la sociedad civil. 

Para verificar y dar seguimiento a su cumplimiento, se construyó una herramienta de transparencia y rendición de cuentas que puede consultarse en el sitio web: http://gobabiertomx.org/. 

Para descargar el 4to Plan de acción.: 👉🏽 http://bit.ly/2s2JqXP

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Desarrollo Social (CNDS), encabezada por la Secretaría de Bienestar, celebró su segunda sesión ordinaria del año en la cual funcionarios federales, estatales y representantes de las autoridades municipales acordaron posibles esquemas de colaboración contra la pobreza y en favor del pleno ejercicio de los derechos sociales de la población.

Durante su discurso de bienvenida, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González consideró que existen espacios de colaboración y sinergias entre los distintos niveles de gobierno y como ejemplo citó el Programa Sembrando Vida, con el cual este año se puso en marcha un programa de vivienda rural en tres estados y existe la posibilidad de ampliarlo a más entidades.

"Sembrando Vida es un programa que va directo a territorio, opera en más de cuatro mil ejidos de 362 municipios de ocho estados de la República y en 2020 vamos a llegar a 20 estados. Llegaremos a un millón 75 mil hectáreas y generaremos 430 mil empleos permanentes. Seguramente vamos a rebasar los 500 municipios y eso es lo que estaría planeado para el próximo año”.

Entre otras acciones, adelantó que se prepara una campaña de nutrición en Chiapas, esto debido a que es el estado con mayor consumo de refresco en el país, estrategia en la que podrían involucrarse varias instituciones.

Dijo que hay espacios de colaboración para el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y en la estrategia contra la violencia de género "Alas para el cambio", impulsada por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).

"La política de bienestar llama a diversos actores, no sólo de la administración federal, llama a autoridades en los diversos niveles de gobierno, gobiernos estatales y el gobierno federal, pero también a otros sectores, hablamos también del sector privado", refrendó.

En este mismo sentido Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo aseguró que es necesario el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno y la sociedad para crear un ente articulador con conectividad y derechos bancarios que faciliten la entrega de los apoyos a los beneficiarios de los programas en todo el país y para ello, dijo, se trabaja en la instalación de 13 mil centros integradores con el apoyo del Banco de Bienestar.

Adelantó que a la fecha 21 millones de hogares reciben los programas de Bienestar, principalmente en las zonas más pobres.

Ante secretarios de Desarrollo Social estatales y equivalentes, el director general de Desarrollo Regional de Bienestar, Eduardo Salvador Beltrán Zapata, aseguró que para mejorar la ejecución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), se han instalado mesas de trabajo y atendido las dudas de 27 gobiernos estatales y 178 municipios. Resaltó que se preparan mecanismos para extender los plazos para ejecutar los recursos.

Luz Rosales Esteva, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social destacó la importancia de que federación, estados, municipios y los ciudadanos en general unan acciones para atacar problemáticas como la violencia de género. De ahí que hizo un llamado a sumarse a la estrategia Alas para el cambio con la que se busca fomentar en todos los sectores una vida libre de violencia contra las mujeres.

Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, director general del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) subrayó que no puede existir transformación social sin la participación de las juventudes y enfatizó que el papel que tiene este sector es indispensable, por lo que el Gobierno de México ya no los ve como rebeldes sin causa, sino como sujetos de derechos y agentes de cambio. Por ello hizo un exhorto para que los jóvenes estén al centro de las políticas.

Al término de la reunión, los representantes de los tres niveles de gobierno aprobaron un listado de 13 acuerdos entre los que destacan: el calendario de sesiones de la Comisión para el 2020; la creación de grupos de trabajo temáticos y que los delegados del gobierno federal en los estados presenten informes de avances a los secretarios estatales de Educación y Desarrollo Social. Además acordaron proporcionar toda la información necesaria para acceder a los recursos del FAIS y buscar acercamiento con la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad para temas de infraestructura.