• El 11 de enero entró en vigor la reforma propuesta por el Partido Acción Nacional a la Ley Federal del Trabajo que establece las condiciones para el teletrabajo
• En julio había 5.4 millones de personas trabajando a distancia y más de 150 mil trabajadores no tienen el equipo necesario para hacerlo
• Para poder cumplir con la reforma, se deben garantizar las condiciones de los trabajadores

Veracruz.- La senadora Indira Rosales San Román resaltó que, derivado de la entrada en vigor de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo o “home office”, se deberá garantizar que las y los trabajadores cuenten con los insumos necesarios para llevar a cabo sus actividades laborales en condiciones dignas.

La reforma al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo establece que el trabajador que desarrolla más del 40 por ciento del tiempo sus actividades en casa deberá contar con los equipos necesarios para trabajar desde su vivienda, recibir los costos derivados de los servicios de internet y luz, desconexión al término de la jornada laboral y deberán contar con seguridad social, comentó.

Asimismo, en caso de incumplimiento, los patrones podrían pagar una multa de hasta 217 mil pesos, añadió la legisladora.

“La reforma es muy clara, su objetivo es regular la forma en la que en los últimos meses miles de personas han venido cumpliendo con sus funciones de trabajo; sin embargo, será imposible de ser aplicada si continúa el Gobierno federal con la negativa de generar incentivos a la iniciativa privada”, detalló.

--“A esto se agrega que el ingreso de más del 40 por ciento de los trabajadores disminuyó. Realmente es una situación difícil en materia laboral. En el caso del estado de Veracruz, los apoyos han sido nulos y las empresas están a punto de colapsar, por lo que urgen acciones que realmente protejan a los trabajadores y permitan que la reforma funcione, de otra forma, se quedará solo en el papel”, dijo.

Esta modificación también contempla que este esquema forme parte del contrato colectivo de trabajo, que en el mediano plazo permita la conciliación de vida personal y trabajo, especialmente para las mujeres.

--“En otros países desde hace años se ha regulado el teletrabajo como una forma de conciliar la vida familiar con el trabajo, dirigido a hombres y mujeres; sin embargo, se encuentra mayormente dirigido a mujeres que por inflexibilidad de la jornada laboral se ven obligadas a dejar su vida laboral”, finalizó.

El senador resaltó que al ritmo que va la campaña, va a tomar años vacunar a los 126 millones de mexicanos, y citó los datos oficiales de la Secretaría de Salud, donde tiene un promedio de 3 mil 500 aplicaciones de vacunas por día y comparó el dato con otros países donde ya llevan entre el 70 y 80 por ciento de su población vacunada, como el caso de Israel.

Las contradicciones en que está cayendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está retrasando el proceso de vacunación y, por tanto, alargando el confinamiento de la pandemia, expuso el legislador.

Recordó que Presidencia dijo primero que México había cedido vacunas a países más pobres de Centroamérica, pero a los dos días rectificaron diciendo que no, que la planta de Pfizer se tuvo que reacondicionar para producir mucho más.

Otro dato, dijo, es el que dio López Gatell, quien aseguró que entre el 25 de enero y 12 de febrero estarían vacunados un millón de mexicanos y a cuatro días de cumplirse esta fecha, no van a llegar.

--“No lo creo, están vacunando 3 mil diarios y en cuatro días no van a poner las que faltan para llegar a un millón de vacunas”, comentó.

Recordó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se comprometió a enviar 4 millones de vacunas, en tanto que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que solamente llegarían 400 mil y que para abril enviarían 6 millones.

--“Estamos francamente formados al final de la fila de todos los países que se formaron; por negligencia, porque no creían al principio que esto nos estaba pegando durísimo a todos los mexicanos, hasta que se enfermó el Presidente”, subrayó.

Salazar Sáenz señaló que espera que en este momento realmente se entienda que estamos en un problema grave, y que el Presidente ya entienda que es una cosa muy seria.

--“Que entiendan que no es una vacilada que se cura con guajolote como dijo Barbosa, o que es una cosa que se cura con abrazarse y decirles a la gente que no se preocupe, que no nos pasa nada, que no necesitamos tapabocas, no, por favor”, dijo el senador panista.

El legislador por San Luis Potosí lamentó que López Obrador se haya presentado este lunes en su conferencia prensa “mañanera”, sin cubrebocas diciendo que “no se puede vivir en encierro”.

--“No entiende la gravedad de medio millón de mexicanos muertos, eso es la mitad de los habitantes de la capital de San Luis Potosí, es más que muchas ciudades de este país muertos por negligencia”, dijo e insistió en exigir no sólo la destitución de López- Gatell sino la del propio Andrés Manuel López Obrador.

Por otro lado, explicó que la iniciativa del Presidente en materia de energía eléctrica está causando problemas en el Senado de la República, ya que como iniciativa con carácter “preferente”, se tiene que discutir al interior de la Cámara Alta.

--“No podemos llamar a foros abiertos porque no hay tiempo ni condiciones, ojalá lo pudiéramos hacer para que opinen los consumidores de energía eléctrica, para que opinen los inversionistas, para que opinemos los mexicanos, no podemos dejar todas las decisiones en manos del Presidente”, resaltó.

Aseguró que la iniciativa está violando artículos constitucionales como el 4 y el 48, que hablan sobre la libertad de competencia, la transparencia, la concurrencia de los acuerdos de la economía.

Además, expresó, “está violando acuerdos internacionales, está violando acuerdos del T-MEC, el Tratado de Libre Comercio que tanto lo presumimos, que el Presidente califica como un gran triunfo de su gobierno. En Estados Unidos y Canadá ya se preocuparon porque hay inversiones canadienses y de Estados Unidos en México con las reglas anteriores y ahora les quieren cambiar las reglas”.

EL legislador federal lamentó que la intención de la iniciativa presidencial no sea para abaratar la energía o para mejorar las inversiones en nuestro país, ésta “habla de la prelación que deben tener los productores de energía a la hora de ingresar al sistema”.

Lo cierto, dijo, es que el documento presidencial “está condenado al fracaso”, ya que, aunque sea aprobado por el Poder Legislativo, “al otro día van a empezar los amparos, van a empezar las impugnaciones, van a empezar las controversias internacionales, inclusive”

• Bancada panista está en contra de cualquier medida autoritaria que atente contra la libertad de expresión
• Pretenden acallar las voces que señalan el evidente y cada vez más profundo fracaso de este Gobierno en salud, economía, seguridad, derechos humanos y medio ambiente
• La iniciativa presentada por Morena tiene visos autoritarios y sus implicaciones son muy graves

Ciudad de México.- El Grupo Parlamentario del PAN manifestó su absoluto rechazo a la iniciativa de Morena que pretende censurar las redes sociales y lamentó que estas sean las prioridades del partido en el Gobierno, en lugar de proponer y aprobar soluciones para enfrentar la crisis sanitaria y económica que enfrenta nuestro país.

--“Mientras en otros países los congresos están legislando sobre medidas para enfrentar la pandemia, como el fortalecimiento del sector salud, personal médico, infraestructura hospitalaria o vacunas, y en medidas para apoyar a las personas que han perdido su empleo y a los pequeños negocios que son amenazados por cerrar, la prioridad de Morena es regular las redes sociales”, reprocharon las senadoras y los senadores del PAN.

Insistieron en que defenderán siempre los derechos y libertades de las y los mexicanos y advirtieron que la iniciativa presentada por Morena tiene visos autoritarios y sus implicaciones son muy graves.

En ese sentido, señalaron que se pretende facultar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un ente del Gobierno, a resolver sobre impugnaciones que presenten usuarios contra una red social.

--“Primero, se trata de una autoridad que carece de independencia del Ejecutivo federal; segundo, no es una entidad especializada en el derecho a la información, la libertad de expresión y a la protección de datos personales; tercero, le daría al gobierno un instrumento que le permita negar el acceso de una red social al mercado mexicano, o para revocar o no renovar una autorización de funcionamiento, lo que significa un riesgo mayor para la libertad de expresión”, acusaron.

Los rasgos autoritarios de este Gobierno, subrayaron, son cada vez más fuertes, pues les incomodan las voces críticas, los cuestionamientos y las exigencias que se le hacen desde los medios de comunicación y las redes sociales, por lo que pretenden acallar las voces que señalan el evidente y cada vez más profundo fracaso de este Gobierno en salud, economía, seguridad, derechos humanos y medio ambiente, entre otros.

--“¿Cuántos medios de comunicación han sido señalados y criticados por el Gobierno federal? ¿Cuántos comunicadores, analistas, columnistas y periodistas han sido amenazados, acosados y presionados desde el poder?”, cuestionaron.

Esta iniciativa como muchas otras que impulsa Morena, abundaron, va en sentido contrario a la tendencia internacional que promueve la protección de los derechos digitales y de expresión, incluyendo la protección de los datos personales, privilegiando los derechos a la privacidad, la seguridad de los usuarios, la eliminación de la brecha digital y la ampliación de las libertades digitales.

Recordaron que el informe del 2016 del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU identifica como obligación de los Estados “la neutralidad de la red o el principio de que todos los datos de Internet deben ser tratados en pie de igualdad, sin injerencia indebida”, con el fin de que se preserve la libertad de elegir entre distintas fuentes de información.

Además, sostuvieron, la propuesta presentada va en contra de expresiones del propio presidente López Obrador cuando sus convicciones eran otras sobre este tema: “Las benditas redes sociales son un oasis en el desierto”, “con las redes sociales todos tenemos la libertad para manifestarnos y expresarnos”, “es cierto que a veces se abusa, pero con todo y eso es mil veces mejor, un millón de veces mejor para mejorar la libertad de expresión”.

--“¿En dónde ha quedado el planteamiento de “prohibido prohibir” y el de la responsabilidad individual como máxima?  Llama la atención que lo que antes fueron consideradas “benditas redes sociales”, ahora que le resultan críticas al Gobierno, se pretenda regularlas dotando al Presidente de México de la posibilidad de revocar su permiso de funcionamiento”, indicaron.

“Por todo ello nos manifestamos abiertamente en contra de esta iniciativa y de toda propuesta que busque regular un ámbito más allá de lo establecido en las mejores prácticas y estándares tanto nacionales como internacionales, que le otorgue atribuciones al Estado que no le corresponden en materia de regulación de contenidos y que considere al espacio digital, más que como espacio público, como espacio de concesión, sobre regulación y control de parte del gobierno”, finalizaron.

• Acusa que el cirujano estético Ugo Mendoza donó Norepinefrina al IMSS de esa entidad, con la leyenda “fármacos propiedad del sector salud”, lo que constituye un delito

Ciudad de México.- La diputada Claudia Yáñez Centeno (Morena) exhortó a la Secretaría de Salud y a la Fiscalía General de la República (FGR) a investigar y sancionar la procedencia y donación de medicamentos por parte de un particular al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Colima.

Expuso que las cajas de ampolletas de Norepinefrina, donadas por el cirujano estético Ugo Mendoza Aguilar al delegado del Instituto en la entidad, Edgar Vargas Salazar, contienen la leyenda “fármacos propiedad del sector salud”.

--“No es más que una muestra inhumana, una burla por parte de este doctor lucrar con medicamentos en medio de la pandemia, momento en el que miles de personas están sufriendo y padeciendo los estragos de esta terrible enfermedad en el país y Colima no es la excepción”, señaló en conferencia de prensa, de carácter presencial.

Yáñez Centeno explicó que el pasado 5 de febrero se difundió que este médico acudió a la delegación del IMSS en Colima a entregar este medicamento para atender a pacientes con sintomatología grave del Covid-19, propiedad del sector salud, acto que fue presenciado por la precandidata de Morena a la gubernatura, Indira Vizcaíno Silva,

--“Esto es una acción más de corrupción para crear el escenario propicio y actos anticipados de campaña ante las próximas elecciones y también las autoridades del IMSS y de la contraloría interna incurrieron en actos irregulares y poco éticos”, aseveró.

Dijo que es un delito la venta y distribución de fármacos o muestras gratis con la leyenda propiedad del sector salud, pues son de uso exclusivo y de manera gratuita para los derechohabientes.

En ese sentido, la diputada insistió en que las autoridades del sector salud investiguen y se aclare el origen de estos medicamentos, pues no puede quedar en impunidad este hecho.

Por otra parte, Claudia Yáñez denunció la detención arbitraria de David Díaz Valdés, delegado municipal de Campos, en Manzanillo, Colima y defensor de los derechos humanos de los campesinos, lo que lo ha convertido en un preso político.

--“Defendió los derechos de una ambulancia que fue donada a esa comunidad y por intereses, la Secretaría de Salud de Colima se la han retirado aun cuando ha sido comprobada su donación y el señor David sólo ha defendido el derecho de pertenencia de su comunidad de la ambulancia”, indicó.

Acusó que tienen retenido y encarcelado a David Díaz por intereses “oscuros” del gobernador de Colima, Ignacio Peralta y la secretaria de Salud de la entidad, Leticia Delgado Carrillo.

--“Denunciamos los excesos de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el delegado de Campos, pues no cometió un delito grave. Esto es injusto y una violación a los derechos humanos de David Díaz”, concluyó.

• El objetivo, dotar a las cooperativas y al sector cooperativo en general de un marco jurídico para su organización, funcionamiento y regulación

Ciudad de México.- El diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua (Morena) presentó una iniciativa que expide la Ley General de Sociedades Cooperativas.

En tribuna, indicó que el objetivo es dotar a las cooperativas y al sector cooperativo en general de un marco jurídico para su organización, funcionamiento y regulación.

El documento se turnó a la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, para su dictaminación, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• El diputado de Morena presenta una iniciativa de reforma a los artículos 2 y 27 de la Carta Magna

Ciudad de México.- El diputado Ulises García Soto (Morena) presentó una iniciativa para incorporar en los artículos 2 y 27 de la Constitución Política el concepto de “Madre Tierra” como objeto de derecho e interés público.

Desde la plataforma digital Zoom, el legislador comentó que con ello se reconocería “una visión que liga a todos los individuos, a los seres vivos y a nuestro planeta, el cual debemos conservar y proteger, a fin de seguir disfrutando de sus innumerables beneficios".

Destacó que los pueblos originarios, en México y en el mundo, “son quienes han reconocido el verdadero valor de los elementos sagrados que la Tierra nos ha dado".

Refirió que Ecuador, en 2008, y Bolivia, en 2009, reconocieron en sus constituciones los derechos a la Madre Tierra. "México es un país diverso en ecosistemas y por eso hace un país rico en recursos naturales, pues tan sólo en México se encuentra presente el 12% de la diversidad terrestre del planeta".

También apuntó que la Organización de las Naciones Unidas, el 22 de abril del 2019, decretó cada año que se conmemore el Día Internacional de la Madre Tierra, y el 5 de julio, el Día Mundial del Medio Ambiente en que se reconoce a la Tierra y a sus ecosistemas.

• La diputada del PVEM presenta una iniciativa para adicionar un artículo 462 bis 2 a la Ley General de Salud

Ciudad de México.- La diputada Zulma Espinoza Mata (PVEM) presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para sancionar hasta con nueve años de prisión al servidor público que indebidamente acceda a vacunas o las facilite a sus familiares en casos de epidemia grave.

En tribuna, dijo que los abusos no deben permitirse y merecen ser castigados. “La vacuna en México es universal y gratuita, sin embargo, el acceso a la misma debe ser ordenada y de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad sanitaria".

La legisladora precisó que la propuesta, suscrita por diputados de su bancada y de Morena, plantea adicionar un artículo 462 bis 2 a la Ley General de Salud que quedaría de la siguiente manera:

--“Se aplicará de uno a nueve años de prisión y una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización al servidor público que gestione, trámite, facilite o promueva el acceso indebido a vacunas contraviniendo lo dispuesto por las autoridades sanitarias en los programas de inmunización extraordinaria en caso de epidemia grave para sí o para su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o cualquier tercero que con el que tenga vínculos afectivos, económicos o dependencia administrativa directa”.

En tribuna, el diputado presentó una iniciativa que adiciona el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional.

Sostuvo que esta reforma pretende hacer efectiva la igualdad sustantiva de la mujer frente a los hombres, así como abonar a la eliminación de todas las formas de discriminación contra ellas.

Precisó que en el ámbito laboral para el otorgamiento y ascenso de puestos laborales se solicitan certificados médicos de no embarazo a las mujeres, lo que además de entrometerse en su vida privada, condicionan los puestos y ascensos laborales otorgándose los a los hombres o a otras mujeres que haya sacrificado la vida materna, su familia o incluso sus hijos.

Por tal motivo, propone dicha modificación, a fin de impedir inmiscuirse en la vida de las mujeres, o que se condicione un ascenso laboral.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Lo anterior, a través de la plataforma digital Zoom, al presentar una iniciativa de reforma al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Detalló que esta iniciativa busca ser parte fundamental de la construcción de una política pública encaminada a dar atención a las familias de los migrantes a través de la vinculación institucional que busque generar las condiciones para impulsar el desarrollo económico de las familias y sus comunidades, con la finalidad de lograr su reintegración.

La legisladora explicó que actualmente la política migratoria en México se ha enfocado en atender a los y los migrantes mexicanos que trabajan fuera del país, principalmente en Estados Unidos, a través de la red de consulados operados por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Refirió que el Instituto Nacional de Migración se encarga de vigilar y garantizar el derecho de los migrantes extranjeros que llegan a México; sin embargo, estas acciones gubernamentales no se han enfocado en ubicar y atender a las familias de las y los trabajadores que se quedan en México ni en mejorar las condiciones de vida de sus comunidades de origen.

--“Se sabe que cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos viven en Estados Unidos; de ser aprobada esta iniciativa será posible ubicar dónde están las familias mexicanas de los migrantes que se quedan aquí en México, cuántas son y sobre todo algo: qué necesitan”.

La iniciativa propone la creación del Programa Nacional de Atención a Familias Mexicanas con Migrantes en el Exterior, tomando en consideración la legislación vigente en materia de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias.

Se plantea que sea a través de un programa operado por la Secretaría del Bienestar, por el que se conduzca la política para las familias mexicanas que residan en territorio nacional y que cuenten con al menos un integrante viviendo en el extranjero.

Con el objetivo de inhibir la migración de los connacionales al extranjero, fortalezca el tejido social e impulse el autosustento con el desarrollo integral, regional y nacional de los territorios donde residen las familias mexicanas con migrantes en el exterior

• La diputada Irma Juan Carlos señala que diputadas y diputados de Morena han legislado para fomentar el uso de lenguas originarias

Ciudad de México.- La diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) propuso reformas de ley para que con traductores inteligentes, se haga el traslado del español a lenguas originarias, y viceversa, textos de índole científico y tecnológico, asimismo se facilite y mejore la interacción entre las autoridades, pueblos y comunidades.

En diciembre de 2020 se presentó una iniciativa para modificar los artículos 7, 11 y 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas con este propósito, indicó la legisladora en conferencia de prensa acompañada de integrantes de su bancada, y la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, Irma Juan Carlos.

La diputada subrayó que con esta reforma la ciencia y la tecnología ayudarán a cerrar la brecha de conocimiento mutuo entre las lenguas originarias y el español.

Asimismo, se busca que autoridades federales y estatales en materia educativa y científica, promuevan el esquema integral de interacción entre los conocimientos tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas y los científicos, esto con perspectiva bilingüe e intercultural.

Lo que se pretende, sostuvo, es lograr la traducción del español a lenguas indígenas de textos y medios audiovisuales con contenido científico y tecnológico; y así pueblos originarios puedan tener acceso en sus lenguas a textos, libros e investigaciones en materia científica y tecnológica, así como que los conocimientos tradicionales se difundan en español.

--“Vale la pena que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas cuente con un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con el objeto de hacer posible las reformas antes mencionadas, eso es lo que propongo en la iniciativa y tiene como base diversos instrumentos internacionales”, apuntó.

La diputada Irma Juan Carlos señaló que diputadas y diputados de Morena han legislado a favor de reconocer los derechos de los pueblos indígenas, y han fomentado el uso de sus lenguas preservando su riqueza cultural.

--“La riqueza cultural que tenemos en nuestros pueblos, nuestras raíces, de ahí venimos todos y todas; perder nuestra lengua es perder nuestra identidad, perder esa riqueza lingüística es, de alguna manera, ir perdiendo nuestros orígenes por eso es importante su fomento”, expuso.

Resaltó la relevancia de que existan dispositivos y aplicaciones que ayuden a traducir textos del español a estas lenguas, y así los “textos científicos se puedan conocer y usarse en beneficio de nuestras comunidades, más aún porque los pueblos indígenas son guardianes de los territorios y recursos naturales”.

--“Me parece una iniciativa muy importante y apoyamos a nuestra compañera para todo lo que se tenga que trabajar en esta ruta legislativa, para hacer esta iniciativa una realidad”.

• El diputado del PRI presenta una iniciativa de reforma al artículo 30 de la Ley General de Educación

Ciudad de México.- El diputado Óscar Jiménez Rayón (PRI) presentó una reforma al artículo 30 de la Ley General de Educación para que en las escuelas se enseñe el uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

--“Los planes y programas de estudio de la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, de acuerdo al tipo y nivel educativo, incluyan la enseñanza sobre el uso adecuado de las TIC durante el desarrollo de la formación académica de los alumnos”, dijo desde la plataforma digital Zoom.

El legislador subrayó que las herramientas tecnológicas pueden favorecer la educación e impulsar el talento de los alumnos, pero también pueden generar efectos negativos, "de allí la trascendencia de que todos los niños y jóvenes aprendan a usar de manera responsable”.

Comentó que ante la emergencia sanitaria, estudiantes y profesores han tenido que emplear herramientas digitales para continuar con sus clases, al tiempo que se cuestionó si la población estaba lisa para este cambio.

--“La evidencia registrada en los últimos meses nos dice que la población no estaba preparada. Hoy, quienes tienen mayor acceso a las TIC han logrado mejores resultados en su educación", indicó.

• El coordinador de la bancada del PAN señala que la propuesta plantea reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado

Ciudad de México.- A nombre de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, MC y PRD, el diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN) presentó una iniciativa para regular el trabajo a distancia en las instituciones del sector público federal.

En tribuna, el coordinador de la bancada panista apuntó que la propuesta plantea reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Señaló que el año pasado se modificó la Ley Federal del Trabajo en dicha materia, la cual rige el ámbito privado y gran parte de los organismos descentralizados, pero "queda pendiente una deuda con los trabajadores al servicio del Estado”.

--“Hoy, tanto en lo público como privado, necesitamos reconocer las ventajas y desventajas, tanto como para empleadores como para trabadores, y en la construcción de nuevos marcos jurídicos que nos permitan transitar a nuevos paradigmas de principios de justicia laboral y blindando toda la serie de derechos. Son mecanismos y son instancias para hacerlo exigible", argumentó.

Romero Hicks comentó que la iniciativa tiene varias bondades, entre ellas las siguientes: 1) la definición de teletrabajo; 2) las características de la modalidad, y 3) un conjunto de derechos importantes, trabajo digno, igualdad de trato en la remuneración, formación, capacitación, seguridad social, acceso a oportunidades laborales, protección de datos personales, derecho a la intimidad, derecho a asociación sindical, así como también las condiciones óptimas de los trabajadores.

--“Esta pandemia nos ha puesto de relieve la necesidad de armonizar esta modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia, cuyas relaciones laborales están regidas por lo que se denomina de manera sencilla como la ley burocrática, es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado”, finalizó.

• La diputada del PRI señala que la reforma al artículo 51 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables elimina una contradicción con su Reglamento

Ciudad de México.- La diputada María Ester Alonzo Morales (PRI) afirmó que establecer en la ley la figura de “sustitución de titular de permiso de pesca comercial” evitará arbitrariedades y abusos por parte de las autoridades, toda vez que dará certeza jurídica y administrativa a quienes se dedican a dicha actividad.

Lo anterior, al referirse en tribuna al dictamen de la Comisión de Pesca que la reforma el artículo 51 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

La legisladora, promovente de unas de las iniciativas que dieron origen al proyecto de decreto, comentó que en la actualidad adquirir un permiso de pesca comercial mediante la figura de sustitución del titular de permiso “es casi imposible”.

“Esto se debe a que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables establece que los permisos de pesca comercial no pueden ser transferidos a terceros, y el Reglamento contradice lo establecido en ella”, explicó.

--“Esta contradicción entre la ley y el reglamento ha generado en la práctica que la autoridad autorice la sustitución de permisos de pesca aplicando a conveniencia la ley y, en otras ocasiones, aprovechándose de esta antinomia, para no aprobar la sustitución de los permisos de pesca”, comentó.

• Con reformas a la ley se atiende reclamo de los productores pesqueros y acuícolas, sobre sustitución de derechos de permisos de pesca: Eulalio Ríos

Ciudad de México.- El diputado Eulalio Ríos Fararoni (Morena) afirmó que la reforma al artículo 51 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, busca atender un reclamo legítimo de los productores pesqueros y acuícolas, sobre la sustitución de derechos de permisos de pesca.

En tribuna, al fundamentar dicho dictamen, detalló que éste es un resultando el estudio minucioso de dos iniciativas al interior de la Comisión de Pesca.

--“Ambas iniciativas coincidieron en su motivación y en el tópico jurídico de regular la permisión y otorgamiento de sustitución de permisos de pesca comercial”, manifestó el presidente de la Comisión de Pesca.

Expuso que actualmente, en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable existe una prohibición sobre la sustitución de derechos de permisos de pesca, con excepción de que exista un fallecimiento por parte de un permisionario, lo que viene generando una problemática presente en todo el país, que propicia estancamiento para el sector pesquero e incertidumbre para invertir en esta actividad, entre otros.

Esta propuesta tiene como objetivo facilitar las gestiones de los productores pesqueros ante la autoridad competente para que se permita la sustitución de los derechos de permisos pesqueros, la acuacultura comercial, de fomento y didáctica, y con ello a coadyuvar a no generar una parálisis pesquera.

• La diputada de Morena se refiere al dictamen que reforma los artículos 4 y 8 de Ley de Vivienda, para incorporar el concepto de resiliencia

Ciudad de México.- La diputada María Chávez Pérez (Morena) señaló que el incremento de la población urbana, los efectos del cambio climático y la inestabilidad económica hacen necesario dotar de herramientas y planteamientos a los gobiernos locales para que protejan a la población en caso de desastres naturales.

Lo anterior, en tribuna, al referirse el dictamen que reforma los artículos 4 y 8 de Ley de Vivienda, para incorporar el concepto de resiliencia.

Apuntó que el concepto resiliencia describe la habilidad de cualquier sistema urbano de mantener continuidad después de impacto sobre catástrofes.

--“Una ciudad resiliente es aquella que evalúa, planea, actúa para preparar y responder a todo tipo de obstáculos”, subrayó.

Al referirse a los riesgos sísmicos, destacó la necesidad de desarrollar resiliencia en las poblaciones urbanas con el objeto de que puedan recuperarse en el menor tiempo posible, en caso de emergencias por desastres naturales.

Asimismo, indicó que la reforma contempla la resiliencia como parte fundamental en la construcción de viviendas.

• El diputado del PAN acusa que se está recortando el 10% a los beneficiarios del programa “Sembrando Vida”

Ciudad de México.- El diputado Carlos Alberto Valenzuela González (PAN) informó que presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra el delegado de la Secretaría de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, por el presunto desvío de recursos del programa “Sembrando Vida”.

--“A este programa que consta de un apoyo de 5 mil pesos mensuales para las personas más necesitadas, se les está mochando el 10%, es decir, 500 pesos para un supuesto fondo de ahorro, el cual no se les ha dado a los beneficiarios”, acusó.

Valenzuela González exigió que se deje de recortar el apoyo de los beneficiarios, se les regrese su dinero y se separe del cargo a Ladrón de Guevara mientras se llevan a cabo las investigaciones por parte de la SFP, acorde con la ley.

En conferencia de prensa, de carácter presencial, acompañado de los diputados Juan Carlos Romero Hicks y Jorge Romero Herrera, coordinador y vicecoordinador de la bancada, respectivamente, presentó oficios de las denuncias que han hecho los beneficiarios desde hace un año, por este recorte.

Denunció que la respuesta del delegado de Bienestar en esa entidad ante estas acusaciones fue la baja de los beneficiarios que se atrevieron a levantar la voz contra este tipo de atropellos.

El diputado panista confió en que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval actúe de manera institucional y no sea sólo una “porrista” de Morena.

Dijo que presentará la denuncia también ante la Auditoría Superior de la Federación y que solicitó que se le faciliten los padrones de los distintos programas sociales, pues se ha denunciado que existen beneficiarios “fantasma” en ellos, por lo que el PAN exigirá que se rindan cuentas.

Por su parte, los diputados Romero Hicks y Romero Herrera lamentaron las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no permitirá ningún cambio a su iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica y aseguraron que se debe revisar la propuesta exhaustivamente en un ejercicio de parlamento abierto.

Llamaron al Ejecutivo Federal a reflexionar y tener altura de miras y considerar que en el país existen tres poderes y no sólo uno y advirtieron que el PAN no declinará de presentar argumentos al respecto.

• El proyecto de decreto de la Comisión de Vivienda reforma los artículos 4 y 8 de la legislación

Ciudad de México.- A nombre de la Comisión de Vivienda, la diputada Lucía Flores Olivo (Morena) fundamentó el dictamen que reforma los artículos 4 y 8 de Ley de Vivienda, para incorporar el concepto de resiliencia .

En tribuna, la legisladora señaló que la resiliencia se incorpora “como un parámetro que permitirá generar asentamientos urbanos donde, al ser afectados por un fenómeno natural, las edificaciones que lo conforman regresen a su estado original sin la necesidad de que éstos sean demolidos o sustituidos".

--“Lo anterior permitirá que la construcción de viviendas tenga una característica resiliente, es decir, que sea adecuada al entorno en donde se desarrolla y que tenga la posibilidad de soportar las adversidades del entorno geográfico, lo cual incide directamente en el derecho de acceso a vivienda digna y adecuada establecido en nuestra Constitución”, abundó.

Precisó que esta reforma está acorde con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual establece en el objetivo 11, denominado comunidades y ciudades sostenibles, la meta de lograr que las ciudades y los asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

En tribuna, al referirse al dictamen que reforma el artículo 108 de la citada ley, dijo que “es muy raro que se ofrezcan entrenamientos para fortalecer la salud mental a la par de su entrenamiento”.

--“El espíritu de este dictamen, que se presenta en esta tribuna, busca que la Secretaría de Salud y la Conade procuren la existencia y la aplicación de programas preventivos relacionados con enfermedades, lesiones y afectaciones a la salud mental derivadas de la práctica deportiva, así como proporcionar servicios especializados y de alta calidad en medicina y demás ciencias aplicadas al deporte”.

Aseguró que la relación integral entre salud física y mental es estrecha y existe una gran variedad de enfermedades médicas que dan como resultado trastornos mentales que se generan en individuos susceptibles, entre estas predominan las endocrinológicas, las cardiopatías, las inmunológicas y las neurológicas.

--“Se ha demostrado que la actividad deportiva se caracteriza porque genera intensos estados emocionales, los cuales ejercen influencia positiva o negativa en los procesos orgánicos y en la conducta humana”, expuso.

• Se manifiesta Vicente Alberto Onofre en pro de la reforma para otorgar recursos a tiempo a deportistas, técnicos, organismos de física y deporte
• Se pronuncia el diputado de Morena por la transparencia en el ejercicio de los recursos asignados al deporte

Ciudad de México.- El diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez (Morena) se manifestó en pro de la reforma que establece que los estímulos que se entregan a los deportistas, técnicos y organismos de física y deporte se otorguen en tiempo.

En tribuna, al hablar sobre el dictamen que reforma el artículo 110 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, se pronunció por la transparencia en el ejercicio de los recursos asignados al deporte.

Expresó su reconocimiento a los deportistas de alto rendimiento y señaló que detrás de cada atleta existe una historia de sacrificio y perseverancia.

Sostuvo que el deporte es el camino hacia la pacificación del país y una herramienta que protege a la juventud de la delincuencia.

Destacó la necesidad de atender las demandas de los deportistas en cuanto a la falta de recursos para la compra de los materiales que requieren para el desarrollo de su disciplina.

Recordó la asignación de becas deportivas y el retraso en el pago correspondiente.

• La diputada Aleida Alavez fija la postura de su bancada sobre la declaratoria de reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política

Ciudad de México.- A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Aleida Alavez Ruiz afirmó que la reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos por los que puede ser juzgado el Presidente de la República “tiene como propósito avanzar gradualmente en favor de la eliminación del fuero de los servidores públicos”.

Lo anterior, al fijar la postura de su bancada, desde la plataforma digital Zoom, sobre la declaratoria de reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política.

--“Las reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política tiene como propósito avanzar gradualmente en favor de la eliminación del fuero de los servidores públicos para contribuir a desaparecer esa brecha existente entre inmunidad e impunidad”, manifestó.

Comentó que, en congruencia con la lucha para acabar con la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador buscó desde el comienzo de su mandato diluir los obstáculos que hacían de la figura presidencial “un monarca intocable”.

--“Eso se acabó, y quedó claro el Presidente de la República es un servidor público sujeto al escrutinio de la sociedad y, en consecuencia, puede ser investigado y, en su caso, procesado como cualquier ciudadano”, finalizó.