Ciudad de México.-  El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este lunes los decretos que expiden tres de las cinco leyes secundarias de la reforma educativa del 15 de mayo de 2019.

El pasado 25 de septiembre, el Congreso de la Unión aprobó los siguientes tres decretos:

El que expide la nueva Ley General de Educación y abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y la Ley General de Educación, de 1993; el que expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y el que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política en materia de Mejora Continua de la Educación.

La Cámara de Diputados aprobó los dictámenes el 19 y 20 de septiembre pasados, y el Senado de la República hizo lo propio cinco días después.

El decreto que expide la nueva Ley General de Educación y abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa indica, en su régimen transitorio, que dentro de los 180 días siguientes a su entrada en vigor, las legislaturas de los estados deberán armonizar el marco jurídico con el decreto.

La reforma constitucional en materia educativa, publicada en el DOF el 15 de mayo de 2019, ordenó la expedición de cinco leyes secundarias. Quedan pendientes por expedirse, a más tardar en el año 2020, la Ley General en Materia de Educación Superior y la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Ley General de Educación

El nuevo ordenamiento –constituido por 181 artículos divididos en 11 títulos, y 17 preceptos transitorios– indica que su objetivo es regular la educación que imparta el Estado –Federación, estados y municipios–, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios; asimismo se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado.

Precisa que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.

Señala que el Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el Sistema Educativo Nacional, para asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones del país, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes.

Menciona que todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

Subraya que la educación inicial es un derecho de la niñez; es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto en la presente ley.

Ley para la mejora continua de la educación

La Ley Reglamentaria del artículo 3º de la Constitución Política en materia de Mejora Continua de la Educación –que consta de 68 artículos divididos en seis títulos, y 14 preceptos transitorios– ordena crear un Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.

Dicho Sistema Nacional será un conjunto de actores, instituciones y procesos estructurados, que estará coordinado por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que será un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y de patrimonio propio.

El Sistema Nacional tiene como objetivo garantizar la excelencia y la equidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, para contribuir al desarrollo integral del educando.

Sus principios serán: aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes; mejora continua de la educación que implica el desarrollo y fortalecimiento permanente del sistema para el incremento del logro académico de los educandos; reconocimiento de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social; búsqueda de la excelencia en la educación; integralidad del Sistema Educativo Nacional; cobertura universal en todos los tipos y niveles educativos, y participación social y comunitaria.

La legislación señala que el personal que ejerza las funciones de docentes, directiva o de supervisión tendrá derecho a acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización. El Estado garantizará lo necesario para que dicho personal en la Federación, entidades federativas y municipios, tenga opciones de formación, capacitación y actualización, cuyos contenidos serán elaborados con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, además de tomar en cuenta los contextos locales y regionales de la prestación de los servicios educativos, así como las condiciones de vulnerabilidad social.

Ley del sistema para la carrera de maestros

La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros –conformado por 107 artículos divididos en seis títulos, y 24 preceptos transitorios– establece los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión y revaloriza a estos como profesionales de la educación.

Detalla que el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros tendrá como propósito contribuir a la excelencia de la educación en un marco de inclusión y de equidad, bajo los principios, fines y criterios previstos en la Ley General de Educación.

Plantea crear un Sistema Abierto y Transparente de Plazas manejado por la Federación, en el cual se registrarán las vacantes por parte de los directores de las escuelas, de los superiores jerárquicos en el plantel educativo y de las autoridades de las entidades federativas.

Apunta que la participación de las autoridades educativas de los estados y de las representaciones sindicales se dará en un proceso público tripartita en el que se den a conocer los resultados de la ponderación del proceso de promoción.

Con objeto de fortalecer a las escuelas normales públicas, a la Universidad Pedagógica Nacional y a los centros de actualización del magisterio, de acuerdo con las necesidades del servicio educativo, el ingreso a estas instituciones corresponderá a la demanda prevista en el proceso de planeación educativa de la autoridad competente.

Para tal efecto, la SEP constituirá un modelo para los procesos de admisión a dichas instituciones públicas. Una vez definida la demanda futura por región.

Mérida, Yucatán.- Usuarios de Facebook exhibieron capturas de pantalla de una funcionaria del Gobierno del Estado, Regina Carrillo Valenzuela, coordinadora del Centro Cultural del Niño Yucateco (CECUNY) donde reprueba la marcha por la vida convocada por el Frente Nacional por la Familia del pasado sábado 28, comparándola con una procesión del Ku Klux Klan.

“Regina hizo gala de intolerancia y odio social, motivado por sus ideas extremistas. Es una persona que no ha entendido que el cargo que ocupa, la inhabilita como activista y la inhibe para difundir sus ideas, que por otro lado, ofenden a la gran mayoría de la sociedad yucateca”, afirman los comentarios.

--Exigimos al gobernador Mauricio Vila Dosal, aplicar el mismo criterio utilizado con antelación e instruir a la secretaria de Cultura, Erika Millet, la destitución inmediata de la multicitada activista, que con su conducta ha hecho uso indebido de sus funciones y ofendido al pueblo yucateco, indican.

En uno de los post, la funcionaria se declara abiertamente ser una “feminista de las malas (feminazi de verdad)”.

Si en verdad Mauricio Vila, Gobernador del Estado de Yucatán, es congruente como dice ser, de así como separó de su cargo en la Fiscalía a Fausto Loría, de igual modo debe de destituir a Regina Carrillo Valenzuela, Coordinadora del Centro Cultural del Niño Yucateco, quien de manera agresiva, injuriosa y difamatoria reprobó la pacífica marcha del pasado sábado 28 de septiembre de más de 20,000 hombres y mujeres que están a favor de la vida, del matrimonio y de los valores sociales y morales propios de las personas de bien, publicó el usuario Juan Fernando Solís Benavides

Mencionó que la mencionada funcionaria estatal, en una conducta difícil de creer en un o una funcionaria, reprobó públicamente y en las redes sociales la multitudinaria marcha ciudadana equiparándola a una procesión del ¡KU KLUX KLAN!, organización extremista que se caracteriza por su racismo y extrema violencia que ha llegado al linchamiento y homicidio.

Las expresiones de Regina Carrillo son una radiografía de lo que en realidad es: una persona intolerante, de lenguaje y acciones discriminatorias para los que, en pleno ejercicio de sus derechos, abogan por la vida y se oponen al aborto, para quienes defienden el matrimonio entre un hombre y una mujer, por ser una institución o contrato civil cuyo principal objetivo, además de la convivencia, es la procreación de los hijos, concepto que está implícito en su propio nombre que deriva de matriz y se oponen al mal llamado matrimonio igualitario para formalizar la convivencia entre personas del mismo sexo. Para estos existen otras figuras jurídicas, otro tipo de contratos civiles como lo son los “Contratos de convivencia”, expuso.

Los yucatecos somos gente de paz y de valores, por lo que no debemos permitir que personas sin escrúpulos vengan a promover la violencia y hacer apología del delito encaminada a dividir y enfrentar con actos y lenguaje violentos a nuestra sociedad.  Por lo anterior, considero que el Gobernador Mauricio Vila está obligado a cesar de su cargo a Regina Carrillo Valenzuela.

Recientemente el gobernador Vila Dosal despidió a un empleado de la Fiscalía del Estado, Fausto Loría por reprobar los desmanes cometidos por grupos feministas fuera de nuestra entidad.

El ex trabajador estatal utilizó el humor negro y lenguaje figurado para reprobar los actos de vandalismo, utilizados por las activistas.

El gobernador, afirmó que dio instrucciones para que el trabajador fuera removido de su cargo, porque consideró que el entonces funcionario público, ejerció violencia verbal contra las mujeres y eso le parecía inaceptable.

Ciudad de México.-  La titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylberman, llamó a generar políticas públicas que protejan y garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; necesario, un cambio cultural e institucional que no criminalice el aborto, agregó.

“Levantaremos la voz tantas veces como sea necesario, hasta que se comprenda que las mujeres tienen derecho de no frenar sus sueños y proyectos a causa de un embarazo y una maternidad, cuando ésta no es deseada”, manifestó al participar en el foro “Progresividad de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

El evento organizado por legisladoras de Morena recogió las propuestas de diversos foros regionales para integrar a una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud relativa al aborto.

Gasman Zylberman saludó este proceso de consulta y consideró que “las modificaciones a la ley de salud representarían un paso para contar con un marco jurídico idóneo integral y progresivo con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

Señaló que, según estadísticas de la Interrupción Legal del Embarazo de la Ciudad de México, siete de cada 10 mujeres que decidieron abortar tenían entre 18 y 29 años, un periodo de la vida en que pueden impulsar su vida académica y laboral.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en 2016 diariamente 32 niñas entre 10 y 14 años se convirtieron en madres. O sea, más de 10 mil menores ejercen la maternidad a causa de la violencia sexual o por falta de información y compromiso de las instituciones de salud en cuestión de educación sexual, agregó.

La funcionaria aseveró que el Estado mexicano, por su naturaleza laica, tiene la obligación y el compromiso de garantizar que los derechos sexuales y reproductivos se ejerzan con libertad y sin discriminación.

Llamó a avanzar hacia una política integral de Estado que abarque educación sexual. “Es necesario un cambio cultural e institucional que no criminalice a las mujeres por interrumpir su embarazo, ya sea por decisión en el ejercicio de su libertad o por haber sido víctima de violación”.

“Esta transformación sólo será posible de la mano de los tres órdenes de gobierno, por lo que hago un llamado para que cada cual, desde su trinchera, no frene el avance que fortalecerá el marco jurídico de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva”.

La titular de Inmujeres celebró el “avance histórico” que tuvo el Congreso de Oaxaca al despenalizar el aborto; no obstante, reconoció que “todavía falta mucho más”.

Sostuvo que es necesario avanzar en la armonización legislativa y generar políticas públicas en esta materia conforme a los más alta es más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Ciudad de México.-  A Alemania le preocupa el tema de la inseguridad, el narcotráfico y la crisis de derechos humanos que se vive en México, afirmó el diputado Martin Burkert, presidente del Grupo de Amistad Alemania-México, del parlamento de ese país europeo.

Sin embargo, confió en que, con el nuevo gobierno en México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se den pasos hacia adelante y se disminuyan las cifras de muertos y desaparecidos, derivados de la violencia e inseguridad.

En conferencia de prensa, tras la instalación del Grupo de Amistad México-Alemania, en la Cámara de Diputados, indicó que la delegación alemana viajará a la frontera norte del país para ver la situación que se vive allá de cerca.

Cuestionado respecto a la colaboración que tendrá Alemania en la investigación del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Burkert dijo que en breve llegará al lugar de los hechos la delegada del gobierno alemán para la Política de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria, Bärbel Kofler.

“Queremos ofrecer ayuda en cuestiones forenses para encontrar rastros e identificar; asimismo, incluir a una activista de derechos humanos de México en el programa de protección parlamentaria alemán”, apuntó.

El legislador alemán sostuvo que trabajarán en todo lo que sea necesario para que su país continúe siendo el principal socio comercial de México en Europa, así como para fortalecer la cooperación en el sector automotríz, educación, seguridad, derechos humanos, turismo, digitalización y cambio climático, entre otros.

Subrayó que el cambio climático es un tema de especial preocupación en Europa, por lo que Alemania sigue comprometido con el Acuerdo de París.

“El gobierno federal alemán aprobó un programa climático que se discutirá en los estados del país y para 2030 habrá invertido entre 150 y 200 mil millones de euros en todas las industrias”, comentó.

La presidenta del Grupo de Amistad México-Alemania, en la Cámara de Diputados, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, resaltó que este sea el primer grupo de amistad instalado en la LXIV Legislatura.

“La diplomacia parlamentaria con legisladores de Alemania se realizará mediante el diálogo, el debate, la negociación, el estudio, la conciliación de decisiones y el acuerdo para adoptar resoluciones, declaraciones, posicionamientos, lineamientos y acciones o políticas en beneficio de nuestras naciones, sin dejar fuera la amistad”, señaló.

Apuntó que entre los objetivos destacan: contribuir con la función legislativa con información temática y de utilidad para el trabajo de las comisiones, intercambiar experiencias exitosas, promover la cooperación entre parlamentos y obtener mayores elementos de juicio.

“Con estas acciones se refrenda el interés de las y los legisladores de la LXIV Legislatura no sólo de mantener, sino de construir y fortalecer los lazos de amistad entre México y Alemania”, dijo.

Robles Gutiérrez destacó que México está a punto de firmar el Acuerdo Global con la Unión Europea, en el que se tratarán temas de cooperación económica y política.

Durante la instalación, abundó, se abordaron temas como migración, interculturalidad, educación dual, turismo y cambio climático, además de digitalización.

Ciudad de México.- Diputadas de Morena presentaron una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación y garantizar la interrupción legal del embarazo en todo el país.

La propuesta también contempla castigos a quienes hagan abortar a una mujer sin su consentimiento, y respetará la objeción de conciencia del personal médico que no quiera otorgar dichos servicios; sin embargo, las instituciones públicas deberán contar con personal capacitado para brindar estos procedimientos, expusieron en conferencia de prensa, acompañadas de un grupo de feministas.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga, expuso que se realizaron 22 foros regionales denominados “Por la progresividad de los derechos sexuales y reproductivos como un ejercicio de Parlamento Abierto” y las conclusiones se aglutinaron en esta iniciativa de ley la cual será inscrita en el transcurso de este lunes o mañana martes.

Enfatizó que el tema de la progresividad de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres tiene que ver con derechos humanos, salud y justicia social.

Quienes más se han visto afectadas son las mujeres en situación de pobreza, así como las niñas y adolescentes, ya que ha habido años y años de omisión por parte del Estado mexicano en temas como el embrazo infantil, agregó.

Aseveró que los legisladores deben resolver problemáticas sociales que se han regateado en anteriores gobiernos, y que “cualquier otra concepción, desde el punto de vista muy personal, se queda en otro plano”.

La diputada Sandra Paola González Castañeda detalló que en la iniciativa que presentan se reforman los artículos 329, 330, 331, 332, y se derogan los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal.

Con la modificación al artículo 329 se cambia que la definición de “aborto” sea “la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación”, en vez de “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.

Los cambios a los artículos 330 y 331 se contemplan penas de tres a ocho años de prisión a quienes hicieran abortar a una mujer sin su consentimiento, dependiendo las condiciones.

En cuanto a la Ley General de Salud se adiciona la fracción 5 Bis del artículo 3, así como un párrafo Cuarto al artículo 10 Bis, la adición al capítulo 6 Bis y el artículo 71 Bis.

La adición al artículo 3 contemplaría la interrupción legal del embarazo. Mientras que el artículo 71 Bis, señala que la Secretaría de Salud reconocerá y garantizará los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo la interrupción legal del embarazo.

En el artículo 10 Bis, establecería que el personal médico y de enfermería podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la ley.

No obstante, las instituciones públicas deberán contar en todo momento, con personal no objetor de conciencia para garantizar los procedimientos médicos.

En los transitorios se derogarían todas las disposiciones que se opongan a tal decreto y se exhortaría a los Congresos locales para armonizar sus legislaciones penales al contenido del presente decreto.

La legisladora González Castañeda aseveró que la interrupción legal del embarazo es un tema de salvaguarda y enaltece la protección de los derechos humanos consagrados en el derecho a la salud.

“Cuando no se atiende la interrupción del embarazo se están violentando los derechos humanos de las mujeres”, así como también lo sustentado en los tratados internacionales y convenciones en las que México ha participado, abundó.

A la conferencia asistieron las diputadas federales Erika Vanessa Del Castillo Ibarra, Beatriz Rojas Martínez, la legisladora local de Chiapas, Adriana Bustamante Castellanos, todas de Morena.

Ciudad de México.-  El coordinador de los diputados de MC, Tonatiuh Bravo Padilla, exhortó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a garantizar la seguridad pública y el Estado de derecho durante la marcha del próximo miércoles 2 de octubre.

Asimismo, acompañado de la diputada Fabiola Loya Hernández (MC), exhortó a los participantes de la manifestación a no permitir la entrada de provocadores para que se realice de manera pacífica.

“Nosotros haríamos un doble exhorto. A la jefa de gobierno a que cumpla con sus atribuciones constitucionales para que garantice la seguridad pública, el Estado de derecho, en la capital”, indicó en rueda de prensa.

“En segundo lugar, un exhorto a los mismos manifestantes, para que denuncien, no dejen entrar a provocadores y se mantenga una manifestación pacífica como es la característica del pueblo mexicano”, abundó.

El líder parlamentario abordó el tema, a pregunta expresa de la prensa sobre las últimas manifestaciones en la capital, donde grupos de personas encapuchadas han causado destrozos en negocios e inmobiliario público, y cuya reacción de las autoridades ha sido prácticamente nula.

“Nadie le está pidiendo que en el cumplimiento de esa responsabilidad se acepten provocaciones que generen un conflicto mayor. La seguridad no sólo se pide para que no haya desmanes, sino para garantizar la protección de los participantes, establecimientos, empleados, y para enfrentar cualquier situación irregular que pueda haber”, apuntó Bravo Padilla.

Sostuvo que nadie en la marcha del 2 de octubre “desea que haya violencia”, y se pronunció por que todos los participantes se manifiesten “en el tono de la libertad de expresión que debe caracterizar a todo el país democrático”.

Finalmente, sobre la propuesta de que la misma gente se organice para impedir la entrada de gente provocadora, Bravo Padilla consideró que todo lo que contribuya a mantener la paz en las manifestaciones es positivo, “a mí no me parece mal”.

No obstante, subrayó que esa iniciativa de la gente no exime a las autoridades capitalinas de su obligación de velar por la seguridad durante las marchas.