Ciudad de México.-  La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, cuestionó que el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca (Morena) pretendiera vulnerar la autonomía de la UNAM al proponer reformar su Ley Orgánica, a fin de que sus autoridades sean electas por medio de voto libre y secreto.

Llamó a la comunidad universitaria a estar vigilante de cualquier intromisión en su vida interna, porque sólo les corresponde a ellos definir los procesos de designación de sus directivos.

“Esta fue una intentona de vulnerar la autonomía de la UNAM que, como hemos visto, Morena se ha deslindado y han retirado la iniciativa, pero bueno siempre terminan desdiciéndose, retirándose”, indicó en declaraciones a la prensa.

La líder parlamentaria recordó que en enero pasado los diputados pidieron que se respetara la autonomía de la Universidad Autónoma de Nayarit, luego de que el gobernador de esa entidad, Antonio Echevarría García, enviara al Congreso local una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de esa casa de estudios.

Cuestionada sobre el paro nacional al que convocan colectivos feministas y organizaciones civiles, el próximo 9 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, para manifestarse en contra de la violencia de género y los feminicidios, subrayó que las diputadas del PRD se sumarán a esta acción y promoverán que ninguna trabajadora de la Cámara de Diputados labore.

“El mundo sin nosotras sería totalmente distinto económicamente, pues representa mucho la fuerza de las mujeres y por ello, nos sumamos a que las mujeres no vayan a sus trabajos, no compren, que las niñas no vayan a la escuela, que en verdad se sienta qué sería sin nosotras en cualquier espacio”, señaló.

Respecto del anuncio que realizó la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) de que alcanzó un acuerdo con el actual Gobierno Federal para poder seguir apoyando de forma gratuita a las mujeres con este padecimiento, Juárez Piña acusó a esta administración de ejercer violencia institucional contra las mujeres.

“Esta es una forma de violencia, es una violencia institucional que la hemos visto reflejada en el presupuesto, porque no destinan lo que le correspondería a la atención de mujeres que formamos más del 50 por ciento de la población. Este Gobierno nos ha relegado y eso es una forma de violencia”, aseveró.

Ciudad de México.- En la sesión de este jueves, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas Hernández, anunció que se garantizará el pago a las trabajadoras de la Cámara de Diputados que decidan sumarse al Paro Internacional de Mujeres, el próximo 9 de marzo.

Además, sugirió a la y los coordinadores de los grupos parlamentarios que hagan lo mismo con las empleadas que laboran con ellos.

“Conscientes de la importancia de visibilizar cómo sería México sin la presencia de las mujeres, la Mesa Directiva ha instruido garantizar el pago a las trabajadoras de la Cámara que decidan sumarse al paro”, declaró.

El movimiento, explicó, se creó a finales de octubre de 2016, como respuesta a la violencia social, legal, política, moral y verbal que sufren las mujeres en diversas latitudes; fue promovido por mujeres de más de 50 países.

El paro internacional de mujeres es un movimiento que promueve una huelga mundial en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

“En nuestro país, este año, bajo el lema “El nueve nadie se mueve”, el paro de mujeres será el próximo lunes 9 de marzo”, subrayó.

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados integró este lunes un grupo de trabajo conformado por 12 legisladoras y legisladores que se coordinará con la Fiscalía General de la República (FGR) para definir la tipificación del feminicidio, esto frente al aumento exponencial de agresiones hacia mujeres.

También se buscará garantizar presupuesto suficiente para entes autónomos que atiendan y prevengan este delito; asimismo, para disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres.

El grupo de trabajo es encabezado por la diputada Pilar Ortega Martínez (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia, quien indicó que se iniciará el análisis para definir un solo tipo penal de feminicidio.

Asimismo, se trazarán objetivos para avanzar en la agenda de género del Congreso de la Unión.

En entrevista, la diputada aseguró que, a pesar de que en las legislaciones locales y la federal están incluidos los tipos penales de dicho delito, las investigaciones no funcionan, no hay especialización en la impartición y procuración de justicia, tampoco se tienen unidades específicas y las que existen no cuentan con los recursos suficientes para funcionar.

 Para atender este problema, “hay que ver cuáles son los temas que están en el ámbito del Poder Legislativo para generar las reformas y adecuaciones normativas necesarias, tanto en lo constitucional, como en la normativa secundaria”, agregó.

“Nosotros consideramos que tenemos que avanzar en las conquistas que ya hemos ganado, y una de ellas es justamente este tipo penal que está en el Código Penal Federal. La problemática no es esto, es su aplicación y en la diversidad de criterios y tipos penales que están en los códigos de las entidades federativas; es un problema la diversidad normativa”.

Por eso, dijo, uno de los temas que se revisarán en la mesa de trabajo son las modificaciones constitucionales que logren un solo tipo penal de feminicidio, que sea el mismo en el ámbito federal y local.

Consideró que es un triunfo muy importante la colaboración entre la Fiscalía y la Cámara de Diputados; es el punto de partida para “desterrar el feminicidio y darle un mensaje de aliento a las mexicanas que hoy estamos horrorizadas de ver lo que está pasando en contra de las mujeres y esta violencia exponencial”.

Se requieren políticas públicas transversales

El incremento de víctimas de feminicidio que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero de 2015 a diciembre de 2019, suman 3 mil 621 casos, evidencia la necesidad de políticas públicas que atiendan de manera transversal el problema.

“No basta la tipificación homologada si finalmente no se aplica (…) lo que queremos es que esas muertes no ocurran y cómo se puede solucionar: con la prevención.

“Prevenir los feminicidios es un tema multifactorial y se tiene que abordar desde distintos puntos, por eso muchas de nosotras consideramos que sería oportuno crear una ley general, que no solamente establecería los tipos, sino también las políticas públicas que se implantarían, los programas o las entidades responsables de generar las acciones de prevención”, puntualizó Ortega Martínez.

Lo anterior, debe ir acompañado de los recursos necesarios para que las entidades funcionen, porque se han reducido los recursos hacia programas con perspectiva de género que buscan erradicar la violencia, sostuvo.

“Consideramos que sería muy atendible tener una ley que tuviera políticas transversales, obligaciones para los tres órdenes de gobierno y para los tres Poderes de la Unión, y la ruta que se tiene que seguir”.

Aseveró que el feminicidio se está convirtiendo en un cáncer, una emergencia que se debe atender por medio de los mecanismos que tiene el Estado; por eso el punto de partida sería generar estas directrices.

“Hay algunos que están pugnando por tener un Código Penal Único, donde se establezca un solo tipo penal, pero nosotros decimos que no basta con el tipo, si no se establecen estas directrices, políticas públicas, y por ello está la alternativa de la ley general”, abundó.

Además, se requieren órganos autónomos especializados en el tema, porque “no podemos contrarrestar un fenómeno, si quienes están llevando la batuta de la investigación, de la impartición y procuración de justicia no lo hacen con perspectiva de género”.

“El feminicidio es un tipo penal que muchos todavía se resisten a entender, pero que está ahí, porque éste es la expresión más grave de la violencia contra las mujeres. Tenemos que empezar reconociendo que en este país hay un profundo machismo, una profunda discriminación hacia las mujeres y que siguen viviendo una violencia fuerte que, lamentablemente, está acabando con la vida de muchas y tenemos que erradicarla”, apuntó.

La Comisión de Justicia aporta soluciones

La legisladora compartió que la instancia legislativa que preside ha impulsado diversas iniciativas que atienden los tipos de violencia contra la mujer.

Recordó que una de ellas es establecer un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, “porque la violencia tiene muchas formas, la económica es un tema que afecta al hogar, que daña a las mujeres. Parece que hay una gran impunidad en este asunto”.

“Esta comisión ha sido de las más productivas. Además, tiene dos subcomisiones, una que atiende los feminicidios y violencia contra las mujeres, y otra, la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Estas dos subcomisiones han venido generando instrumentos legislativos en este tema”, explicó.

En ese sentido, agregó: “hay un compromiso real de la Comisión de Justicia por abonar a erradicar la violencia”.

Por otro lado, luego de que en la sesión del 18 de febrero el Pleno aprobara diferentes dictámenes en materia de acoso, hostigamiento sexual y para aumentar la pena por feminicidio, Pilar Ortega enunció la postura de la Comisión de Justicia por los recientes hechos de violencia contra mujeres y niñas.

“La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados expresa su profunda consternación por los delitos cometidos en contra de mujeres y niñas mexicanas, particularmente de los atroces feminicidios de Ingrid Escamilla y Fátima Cecilia Aldrighetti Antón, quienes antes de ser asesinadas padecieron los defectos del sistema de procuración de justicia”, expuso.

Manifestó que la comisión asume su compromiso de legislar “ante esta emergencia nacional, en la inteligencia de que solo con la participación de todas las fuerzas políticas y en unidad se avanzará en la solución de esta dolorosa problemática”.

Ciudad de México.-  El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Óscar González Yáñez, reveló que la facturación falsa en México se calcula en alrededor de 600 mil millones de pesos.

Durante la ponencia: “La Tecnología para la Transparencia y el Combate a la Corrupción”, el legislador sostuvo que esta cantidad equivale a dos veces el impuesto de la gasolina (IEPS), a todas las remesas que envían nuestros connacionales, a dos veces el ingreso petrolero, al 10 por ciento del presupuesto del país, sólo en el tema de la facturación, y faltaría lo que perdemos por la corrupción, subrayó.

 “Esto representa un gran agujero en las finanzas públicas del país”. Por eso, sostuvo el diputado González Yáñez, urge que la transparencia acorrale a la corrupción, porque el costo es altísimo para cualquier nación.

La ponente Silvina Moschini, empresaria y escritora argentina experta en tecnologías de la información, reconoció que el robo por sobrefacturación representa mucho más que el robo a todos los bancos del mundo combinados.

 “El fraude por sobrefacturación, que en este caso la víctima es el pueblo, porque es dinero que están retirando, que se pudiera utilizar para servicios como salud, educación, para todas esas cosas que el pueblo necesita, se pierde y queda detectado porque hasta hace poco no existía la tecnología para poder tener la responsabilidad y la obligación de rendición de cuentas”, reveló.

Falta, abundó, política de gobernanza y tecnología a fin de detectar este tipo de fraudes que hoy en día se siguen practicando.

Destacó que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, entre el 10 y el 25 por ciento de fondos públicos en los contratos de gobierno se pierden por corrupción, y que la transparencia a través de la tecnología puede resolver una enorme parte, porque hace que la gente sea responsable para rendir cuentas. 

Por eso, aseveró, es importante el trabajo que debe hacer la función pública para crear un marco de educación y concientización, con la meta de que haya mayor conciencia, políticas y normativas que eviten la corrupción.

También estuvieron en la conferencia, la diputada Ximena Puente de la Mora, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Fréderic García, asesor externo en tecnología del jefe de la oficina de la Presidencia de la República y Jesús Guillermo Funes Rodríguez, vicepresidente de la Concamin, entre otros.

Ciudad de México.-  Con el tercer día de actividades del registro de aspirantes al proceso de selección de cuatro consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), suman once los que han presentado documentación.

El día de hoy se presentó Humberto Antonio Ramírez Sáenz, de Veracruz, quien tiene experiencia como integrante del Consejo General Electoral de su estado.

Durante el día de apertura entregaron documentación Luis Miguel Pérez Juárez, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; Rafael Morales Ramírez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y Carlos David Soberano Velasco, de Chiapas.

Asimismo, Héctor García González, especialista en Justicia Electoral y Rosselvy Domínguez Arévalo, presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras. En suma, se obtuvieron los primeros cinco registros, respectivamente.

En cuanto al segundo día de actividades se registraron nuevamente cinco aspirantes, quedando en este orden: Edmundo Fuentes Castro, consejero electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí; Maday Merino Damian, consejera presidenta del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco y Javier Jedidia Ortega Balmori, técnico de Educación Cívica del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

También Rosa Aurora Oropeza González, de la Ciudad de México, y, por último, Laura Elena Fonseca Leal, consejera presidenta del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de San Luis Potosí.

Ciudad de México.- Como parte de las facultades de la Secretaría de Gobernación para establecer la relación con los otros Poderes de la Unión, dialogó con representantes de los distintos grupos parlamentarios en el Senado de la República, a fin de analizar la agenda legislativa prioritaria para el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

La titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, enfatizó que la agenda impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, significaría un gran avance para la vida política y el desarrollo en el país.

Acompañada del subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta Saucedo, señaló que al ser prioritaria la agenda legislativa, la interlocución con este poder es permanente.

La secretaria de Gobernación y senadora con licencia, al conocer con amplitud la agenda del Senado de la República, expuso que para el presidente el intercambio de diferentes posturas políticas es necesario para enriquecer la democracia en el país.

Las y los legisladores que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara Alta coincidieron en la necesidad de una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como diversos ordenamientos para tipificar como delito electoral la violencia política en razón de género.

También enfatizaron la necesidad de impulsar la agenda del presidente, que incluye la eliminación del fuero al titular del Ejecutivo federal, la reducción de presupuesto a partidos políticos y la regulación del outsourcing, entre otros.

En la reunión estuvieron presentes por parte de la Secretaría de Gobernación, el titular de la Unidad de Enlace Legislativo, Emilio Saldaña y la directora general de Estudios Legislativos, Sofía González Torres.

Asistieron los coordinadores de los grupos parlamentarios de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal Ávila –también presidente de la Junta de Coordinación Política–; del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri González y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong.

Igualmente, de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo (PT), Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre; del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera Espinosa; del Partido Encuentro Social (PES), Sasil De León Villard; además del secretario técnico de la presidencia de la Jucopo, José Manuel del Río Virgen, así como integrantes de los distintos grupos parlamentarios.