Rechaza Gobierno de México venta ilegal de 129 piezas de arte precolombino en Francia

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  • Las piezas, parte del patrimonio cultural, serán ofertadas el miércoles por la casa de subastas Millon, en París
Ciudad de México.- El Gobierno de México, por medio de las secretarías de Cultura y Relaciones Exteriores (SRE), hace un llamado para que la casa de subastas Millon suspenda la venta de 120 piezas de arte precolombino, de las cuales 95 pertenecen al patrimonio cultural de México, específicamente de lugares como Teotihuacán, Guerrero, Oaxaca, así como de diversos estados del sureste, en la región de la cultura Olmeca y Maya.

En conferencia de prensa conjunta llevada a cabo el día de hoy en la sede de la Cancillería, ambas dependencias explicaron que estas acciones fomentan las excavaciones ilícitas, el saqueo, el tráfico ilícito y las falsificaciones, privan a las piezas arqueológicas de su esencia cultural histórica y simbólica, “reduciéndolas a objetos de decoración, que socavan la integridad de las culturas y por ende de la humanidad entera”, dijo Bernardo Aguilar Calvo, director general para Europa, quien a su vez destacó el alto nivel de cooperación y entendimiento que en la materia tienen los gobiernos de México y Francia.

Mediante acciones emprendidas por la Embajada de México en Francia, en las que colaboran la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como la Fiscalía General de la República y la Interpol, se busca impedir que patrimonio cultural que pertenece al pueblo de México, sea puesto a la venta.

Por su parte, María Villarreal Escárrega, coordinadora nacional de asuntos jurídicos del INAH, enfatizó que los peritajes realizados al catálogo de subasta en línea, permiten identificar que cerca de 20 piezas podrían ser de reciente manufactura, aunque se anuncian como piezas de valor arqueológico. 

Los funcionarios informaron que se tuvo conocimiento de este hecho el pasado 27 de agosto, lo que llevó a activar los protocolos correspondientes para accionar mecanismos legales necesarios, acorde con la Ley Federal de Monumentos Arqueológicos Artísticos e Históricos de México, que establece que estos bienes culturales son inalienables y gozan de absoluta imprescriptibilidad.

A su vez, Pablo Raphael de la Madrid, director general de Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura, refirió que, entre México, Francia y otros países existe ánimo de cooperación y buena voluntad para trabajar en la protección de los bienes culturales sustraídos del país, por lo que, desde el mes de enero, se trabaja en un protocolo que permita la recuperación o defensa de piezas. 

En su oportunidad el director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la SRE, Enrique Márquez, puntualizó que este reclamo es a una empresa “que especula con los bienes culturales de muchos países del mundo, en esta ocasión, el día de mañana, de los bienes culturales de México”, en tanto que con el gobierno de Francia existe una buena relación de colaboración en muy distintas áreas, donde la cultura y defensa del patrimonio cultural tiene una gran relevancia, por ejemplo, en el proceso de reconstrucción tras los sismos de septiembre 2017.

Por su parte, el representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Juan José Bremer, indicó que también se han puesto en contacto con este organismo para hacer efectivo el acuerdo realizado en la Convención de 1970, en la cual los países miembros, -México fue uno de los primeros en suscribirla, Francia se sumó después-, se comprometieron a respetar los bienes culturales de los demás países.  

Certifican al Senado de la República como espacio de igualdad laboral y no discriminación

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  • La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, entregan reconocimientos por el cumplimiento de la norma mexicana en la materia
Ciudad de México.- La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación debe asumirse como el cumplimiento de obligaciones legales para construir un país más incluyente, y no solamente como un ejercicio de buena voluntad, afirmó la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexandra Haas Paciuc.

Durante la entrega de reconocimientos de esta norma a 73 centros de trabajo público y privados que se certificaron en 2018, en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo de Antropología, donde estuvo presente la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, la presidenta del Consejo abundó que la Norma propicia que instituciones públicas y empresas se comprometan a generar inclusión y espacios libres de discriminación.


Por su parte, la secretaria Luisa María Alcalde señaló que para erradicar la discriminación en el ámbito laboral es necesario el esfuerzo conjunto de instituciones y sector privado.
Hay que generar una cultura de igualdad de derechos en el proceso de reclutamiento, promoción y permanencia no discriminatoria. Nos queda un reto gigantesco y un camino por recorrer”, añadió.

En tanto, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, destacó que con la certificación de la NMX-R-025 se busca la transformación de la cultura institucional en los centros de trabajo para que las políticas laborales se enriquezcan con el talento y los aportes de todas y todos, así como consolidar la igualdad en la vida cotidiana, tanto laboral como personal.

Entre las instituciones públicas certificadas están el Senado de la República, la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del estado de Puebla, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Secretaría de Turismo del estado de Jalisco, el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Puebla, la Universidad Tecnológica Regional del Sur, la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, entre otros.


 De 2018 a la fecha, el padrón nacional vigente cuenta con 380 centros de trabajo certificados con la NMX-R-025, con lo cual se benefician 821 mil 40 trabajadores, hasta el momento los centros de trabajo reportan 370 mil 813 mujeres y 433 mil 497 hombres; el género de las personas restantes aún no han sido reportado.  

Proponen aumentar los recursos de la Conavim en 2020 para prevención de la violencia y refugios para maltratadas

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  • Emitir Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, oportunidad de crear un espacio seguro a niñas y mujeres: Lorena Villavicencio
  • La diputada llama a aumentar el presupuesto para la Conavim en 2020 y el de los programas de prevención de la violencia, de refugios para mujeres maltratadas y de acompañamiento integral y reparación del daño de las víctimas
Ciudad de México.-  La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), integrante de la Comisión de Justicia, afirmó que la eventual emisión de una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de México será la oportunidad de crear un espacio seguro a las niñas y mujeres.

“La Alerta de Violencia de Género es una gran oportunidad para convertir el derecho a una vida libre de violencia en política pública prioritaria en la Ciudad de México, y que de esta manera la Ciudad de México mantenga su vocación vanguardista, progresista y de ampliación de derechos”, dijo en rueda de prensa.

“(La Alerta) no debe ser utilizada como una política descalificación, sino al contrario, es una gran oportunidad para que nuestra ciudad se constituya en una urbe que garantice una vida libre de violencia a las mujeres”, agregó la legisladora por la Ciudad de México.

El pasado 13 de septiembre, un juez federal concedió un amparo a organizaciones civiles que ordena a la ​Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) declarar la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, luego de que en noviembre de 2018 dicha Comisión determinó que no era necesario.

La diputada morenista, coordinadora de la Subcomisión de Feminicidios y Violencia contra las Mujeres, de la Comisión de Justicia, expresó su disposición a revisar la normatividad de la Alerta de Violencia de Género para su fortalecimiento y funcionamiento efectivo, como la ordena la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Asimismo, convocó a todos los integrantes de la Cámara de Diputados a aumentar los recursos de la Conavim en 2020 y el de los programas de prevención de la violencia, de refugios para mujeres maltratadas y de acompañamiento integral y reparación del daño de las víctimas.

“Actualmente se les otorgó a todas las Alertas de Género del país 100 millones de pesos, lo cual es absolutamente insuficiente para atender el clima de violencia generalizada en todo el territorio”, expresó.

Villavicencio Ayala señaló la necesidad de que los diputados sostengan reuniones de trabajo con la Conavim y con las fiscalías y las comisiones de atención a víctimas de los estados.

También resaltó la importancia de visibilizar el trabajo de los jueces en el desafío de acabar con la impunidad “y terminar con esa creencia de que en este país ‘no pasa nada si se asesina una mujer’”.

Informó que tiene una propuesta de tipo penal único para el tema de feminicidio, así como una propuesta de código penal único.

Apuntó que el grupo parlamentario de Morena tiene entre los temas principales de su agenda legislativa la despenalización del aborto y se iniciará la discusión al respecto, y para ello ya hay tres iniciativas, una de ellas para que el Congreso de la Unión pueda expedir un código penal único donde no se establezca el aborto como delito; “eso nos parece que es la mejor de las posturas; nos inclinamos por esa”.

Consideró que si el Ejecutivo ya tiene una iniciativa de Ley de Amnistía, que beneficia a las mujeres que están presas por abortar, “debería haber una posición clara de todas las instancias de gobierno para que ya avancemos en el tema de la regulación y que no se vuelva a tener nunca más a una mujer encarcelada por tomar una decisión sobre su propio cuerpo”.

“El cuerpo de una mujer no es un territorio de disputa para nadie. Es un asunto que le compete única y exclusivamente a las mujeres; no es un espacio público donde los demás pueden debatir qué hacer con él. Es una decisión que nos corresponde única y exclusivamente a las mujeres”, finalizó.

Piden que la Ley de Amnistía no se convierta en un acto propagandístico más del Ejecutivo

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  • La diputada Verónica Juárez, del PRD, pide al Congreso que esa Ley ayude aq resolver problemas reales
Ciudad de México.- El Congreso de la Unión está obligado a revisar a fondo la Iniciativa de Ley de Amnistía presentada por el Ejecutivo Federal para que realmente ayude a resolver problemas reales y no termine convirtiéndose en un acto propagandístico más del Presidente, sostuvo la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña.

“Se debe generar un gran debate sobre este tema porque en una primera revisión de la iniciativa realizada por mi grupo parlamentario, hay algunas dudas que se deben disipar”, señaló en un comunicado.

Advirtió que prevé supuestos inaplicables, como los de aborto y sedición, debido a que no existen, en la jurisdicción federal, procedimientos iniciados por estos delitos.

Juárez Piña, dijo que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no existe desde 2012, en el fuero federal, ninguna carpeta de investigación o averiguación previa iniciada por abortar, por lo cual no beneficia a ninguna mujer.

Lo anterior contrasta con los datos del fuero común ya que, en esta jurisdicción, existen 512 casos en 2015, 538 en 2016, 516 en 2017, 576 en 2018 y 375 hasta el 20 de agosto de 2019, dando un total de 2,527 mujeres que no se verán beneficiadas debido a que estos casos deben ser atendidos por las legislaturas estatales y no por el Congreso de la Unión.

En el caso de las personas indígenas, su aplicación resulta “inconstitucional, debido a que se aboca a violaciones al debido proceso cometidos en contra de un grupo particular de personas y no a delitos como tales”.

Los únicos casos que podrían resultar de interés son los de los delitos contra la salud y el robo simple; sin embargo, debe proporcionarse información relativa al número de personas a los cuales aplicará, agregó la legisladora.

La iniciativa señala que se beneficiará a aquellas personas procesadas y/o sentenciadas por “el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años”.

No obstante, precisó que, al igual que en el caso del aborto, el robo es un delito que se sigue, en su mayor parte, en los sistemas estatales y no en los Tribunales federales, razón por la cual no se tiene una previsión respecto al número de personas que podrían ser objeto de la amnistía por esta hipótesis, en el fuero federal, recordando que a la mayor parte de estos procedimientos no les aplica esta amnistía.

Respecto a la extinción de la acción penal en contra de personas procesadas y/o sentenciadas por delitos políticos, tipificados estrictamente como sedición, precisó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no consigna ninguna averiguación previa del 2012 a la fecha por el delito de sedición, con lo cual este supuesto quedaría, de hecho, invalidado.

Con relación a las preocupaciones manifestadas por algunos grupos de la población sobre el riesgo de que algunos liberados regresen a la actividad delictiva, como el caso de los imputados por delitos contra la salud, Juárez Piña dijo que el gobierno Federal está obligado a precisar cuál es la ruta de acompañamiento y las opciones que plantea para ellos a fin de evitar que vuelvan a delinquir o que sean cooptados de nueva cuenta por la delincuencia.

Por humanidad, piden reanudar el pago de pensión vitalicia a quemadas por explosión de pipa

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  • Piden al gobernador Alfredo del Mazo Maza que Wendy Paola Ramírez Hernández y Andrea Monserrath Garrido Hernández, quienes resultaron dañadas por el siniestro registrado en mayo de 2013, sigan recibiendo su paga
Ciudad de México.-  La diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena), solicitó al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, reanudar el pago de la pensión vitalicia a Wendy Paola Ramírez Hernández y Andrea Monserrath Garrido Hernández, que sufrieron quemaduras graves por la explosión de una pipa de gas en San Pedro Xalostoc, Ecatepec, en mayo de 2013.

“Por un derecho de humanidad le estamos exigiendo que cumpla con la pensión vitalicia que en su momento el ex gobernador y ahora senador, Eruviel Ávila Villegas les había proporcionado a las dos jovencitas”, indicó en conferencia de prensa con Wendy Paola Ramírez Hernández y el abogado, Iran Arteaga Gamboa.

Hernández Pérez recordó que el entonces gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, se comprometió a otorgar una pensión vitalicia a Ramírez Hernández y Garrido Hernández, a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).

“Sin embargo, las beneficiarias de esta pensión que se prometió como vitalicia, han expresado que, la actual administración del gobernador en funciones, Alfredo del Mazo Maza, ha suspendido el pago”, señaló.

Comentó que el pasado 19 de junio pidió a del Mazo Maza, mediante un oficio, que reanudara a la brevedad el pago de la pensión, pero, “la respuesta fue negativa porque se argumenta que la petición resulta improcedente, de conformidad con la normatividad en la materia”.

“Ninguna normatividad puede ser obstáculo para que reciban la pensión vitalicia que se les prometió”, apuntó.

La legisladora integrante de la Comisión de Igualdad de Género mencionó que hace unos días el personal del ISSEMyM, “nos dijo que no se les va a restituir esa pensión vitalicia”.

“Estamos apoyando a estas chicas porque por humanidad tenemos que restituirles ese apoyo para que puedan sobrevivir”, dijo.

Ramírez Hernández manifestó que con la pensión que recibían apenas sobrevivían, “me da coraje porque ni siquiera nos dieron un motivo por el cual nos la quitaron”.

Iran Arteaga Gamboa, abogado, lamentó que del Mazo Maza y Ávila Villegas “con la mano en la cintura hayan quitado esa pensión vitalicia que ellos mismos determinaron”.

“Seguiremos jurídicamente los aspectos que se tengan que hacer en contra del gobierno del ex gobernador Eruviel Ávila y del actual gobernador, Alfredo del Mazo”, concluyó.

El gobierno federal ha olvidado a los damnificados de los sismos de 2017

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  • No han contado con el apoyo para reconstruir sus hogares;: Mónica Almeida
Ciudad de México  La diputada Mónica Almeida López (PRD), secretaria de la Comisión de Vivienda, aseveró que el actual gobierno federal ha olvidado a los damnificados de los sismos de septiembre 2017, “al igual que la administración pasada”.

“(El gobierno federal) se ha olvidado de los más necesitados, pues en lo que va del año más de 4 mil damnificados por los sismos de 2017 se encuentran desprotegidos y sin acceso a apoyos federales para iniciar la reconstrucción de sus viviendas, tan sólo en Oaxaca”, apuntó en un comunicado.

Afirmó que se ha ejecutado el 70 por ciento del presupuesto destinado para la vivienda en el país, sin embargo, los damnificados no han contado con el apoyo para reconstruir sus hogares.

Almeida López señaló que es una acción “sumamente preocupante” que el gobierno, más allá de no tener la capacidad de llegar a todas las regiones afectadas por los sismos de hace dos años, siga planeando marginar la vivienda social al destinar su prepuesto al apoyo de tan sólo 16 ciudades en todo el país.

“Si se empeñó por un año el desarrollo de vivienda social en el país, en detrimento de los mexicanos y el sector inmobiliario que sufrió graves afectaciones, para atender una situación apremiante, ésta debe ser atendida con eficiencia ya que el presupuesto no puede mantener estas proporciones en los ejercicios fiscales siguientes”, indicó.

La legisladora explicó que la urgencia de atender a los damnificados obliga a recurrir a presupuestos a gran escala que resuelvan las problemáticas, pero éstas deben ser eficaces y en un tiempo determinado.

Asimismo, consideró que el Plan Nacional de Desarrollo “es ineficiente al no programar los avances presupuestales, lo que mantiene paralizada la vivienda de todos los mexicanos y a los beneficiarios de los programas de reconstrucción sin la atención adecuada”.

“El ejercicio fiscal está por terminar y los subejercicios, así como la mala planeación y ejecución de recursos están afectando a los beneficiarios de uno de los programas con más recursos de su ramo, por lo que las alarmas están encendidas ya que la población ha manifestado múltiples inconsistencias en el programa”, concluyó.
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