Ciudad de México.-  La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, advirtió que como consecuencia de “la extrema austeridad”, los recortes, subejercicios en diversos rubros y la retahíla de errores en materia económica, los pronósticos irán más a la baja en 2020.

En el marco de la entrega del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, la bancada del PRD se pronunció por otorgar mayor gasto a proyectos productivos el próximo año, a fin de impulsar el crecimiento económico

“Con la 4T, sí hay gobierno rico y un pueblo pobre, pues miles de millones de pesos han sido detenidos por la voluntad del Ejecutivo Federal”, señaló en un comunicado.

La diputada federal precisó que acorde con los Pre criterios 2020, y del desempeño económico al primer semestre de 2019, además del ajuste a la baja de la economía, los ingresos decrecieron 121.1 miles de millones de pesos, de ahí que el gasto tendrá que adecuarse en consonancia con en esa misma proporción.

Lo que anticipa que continuará ininterrumpida y consistentemente el repliegue de la inversión pública observada en la administración de Enrique Peña Nieto, cuando retrocedió en 2015, 8.5 por ciento, en 2016, 8.3 por ciento, y en 2017, se desplomó más de 26 por ciento.

“Es preocupante la caída de los ingresos petroleros por un monto de 115 mil 109.2 miles de millones de pesos, y la de los ingresos tributarios, por 9 mil 897.3 miles de millones de pesos”, alertó Juárez Piña.

También se prevé que se recaudarán menos impuestos. Lo que restringe el margen de maniobra del gobierno Federal para apoyar a Petróleos Mexicanos (Pemex), también para financiar proyectos asistenciales.

Juárez Piña recordó que el gobierno Federal anticipaba un marginal incremento en la plataforma de producción de petróleo, de 77 mil barriles por día, al pasar de un millón 783 mil barriles de petróleo por día (bpd) a un millón 916 mil.

Sin embargo, a junio la producción se incrementó solamente 10 mil barriles bpd. Por otra parte, la expectativa del déficit pronostica mantener en uno por ciento del PÌB, tanto para 2019 como 2020, agregó.

Además de los excesivos recortes presupuestales que restringen la inversión y afectan el crecimiento económico, así como la inviabilidad del excesivo gasto social; la reducción de ingresos presupuestales por un menor crecimiento al planeado; mayor pago de intereses de deuda soberana, de Pemex y a CFE por las bajas de calificación al no contarse con planes sólidos para las empresas productivas del Estado y, en general, para todo el sector energético del país, entre otros, añadió Juárez Piña.

Ciudad de México.- El secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, entregó hoy al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2020, conformado  por los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF), la Iniciativa que reforma diversas disposiciones fiscales (Miscelánea Fiscal) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF). 

Estos tres documentos se elaboraron bajo los principios de austeridad republicana y disciplina fiscal, y bajo los criterios de transparencia, eficiencia y eficacia.

Estos documentos integran el Paquete Económico 2020, en el que destacan los siguientes aspectos:

I. Situación económica

Desde mediados de 2018, el crecimiento económico global comenzó a dar señales de desaceleración. El proceso de desaceleración del ciclo económico a nivel global se vio exacerbado por las disputas comerciales, principalmente, entre Estados Unidos y China, y la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. Para 2019, las disputas comerciales se intensificaron, generando una mayor incertidumbre, episodios de alta volatilidad y de mayor aversión al riesgo en los mercados financieros, afectando de manera más fuerte a las economías emergentes. 

Estas tensiones han tenido un efecto negativo sobre el comercio internacional y la inversión, y en mayor medida y de manera generalizada en la producción industrial, particularmente de manufacturas. 

Las disputas entre Estados Unidos y China han escalado a niveles mayores de lo que se podía anticipar y podrían traducirse en una reconfiguración de las cadenas globales de valor, lo cual podría tener implicaciones importantes sobre la productividad de la economía mundial.

En línea con la desaceleración observada a nivel global, durante 2019 los precios de los hidrocarburos han presentado niveles menores respecto a 2018 debido a factores de oferta y demanda. 

Con respecto a los factores de oferta, destacan el crecimiento de la producción de petróleo y gas de esquisto en Estados Unidos, así como la expansión del mercado de gas natural licuado a nivel mundial. En cuanto a los factores de demanda, destacan la desaceleración de la producción industrial, particularmente de las manufacturas, así como las expectativas negativas generadas por el escalamiento de las tensiones comerciales mencionadas.

Dado este contexto de desaceleración de la economía mundial, de menores precios de los energéticos y de menores presiones inflacionarias, particularmente en las economías avanzadas, a principios de 2019 los principales bancos centrales replantearon el ritmo de normalización de la política monetaria y se mantuvieron a la espera de mayor información. En la segunda mitad del año, ante un mayor deterioro de los indicadores de actividad económica agregada, los bancos centrales empezaron a relajar la posición de su política monetaria.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en sus estimaciones de julio de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2% en 2019, lo cual implica una revisión a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos porcentuales respecto de la de enero de 2019. 

Asimismo, el FMI anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5%, 0.1 puntos porcentuales menos que las proyecciones previas. Al respecto, la institución destacó que las revisiones a las tasas de crecimiento son consistentes con el desarrollo de las tensiones comerciales, un aumento prolongado de la aversión al riesgo y la existencia de crecientes presiones deflacionarias.

Ante este entorno internacional complejo, la economía mexicana mostró resultados mixtos. Por un lado, la actividad industrial y la inversión han mostrado una mayor debilidad, mientras que por el otro, las exportaciones no petroleras continúan presentando una tendencia positiva, acompañadas por un desempeño estable del mercado laboral con crecimientos en el salario real.

La desaceleración observada en la actividad económica agregada, tanto en México como a nivel global, tiene que ver con factores relacionados al ciclo económico y no con los factores que tienen un efecto permanente sobre la economía y que determinan el crecimiento de la actividad en el largo plazo.

Durante 2019, a pesar de un entorno internacional con elevada volatilidad, el peso se ha mantenido dentro de los parámetros esperados. En el primer semestre del año, el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo en línea con los mercados internacionales.

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante 2019 debido sobre todo a reducciones en la inflación no subyacente y en particular a menores aumentos en los precios de los energéticos. La inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la primera quincena de agosto de 2019. En este contexto, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo en 25 puntos base a un nivel de 8.0%. La Junta de Gobierno destacó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno negativo.

Para el 2019 se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 0.6 y 1.2%. El crecimiento en la segunda parte del año se verá impulsado por un mayor gasto corriente y de inversión pública, de acuerdo al presupuesto aprobado para 2019; por las acciones para impulsar la economía anunciadas en el mes de julio, y por mayores oportunidades de inversión por la expectativa de la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por parte de los congresos de estos últimos dos países. Asimismo, se espera que el consumo y las exportaciones no petroleras contribuyan a la recuperación de la actividad económica, estas últimas impulsadas por el comercio con Estados Unidos, y que el relajamiento monetario a nivel internacional y la reducción en la tasa objetivo del Banco de México generen condiciones más favorables para el consumo de bienes duraderos y la inversión. 

Por otro lado, el Gobierno de México está llevando a cabo acciones para generar mayor certidumbre, entre las que se incluye la solución de las controversias para reiniciar la operación de los gasoductos detenidos.

Para 2019 se estima que el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo sea de 55 dólares por barril (dpb), congruente con el precio utilizado para el presupuesto, y que el tipo de cambio alcance un promedio de 19.4 pesos por dólar. Para el cierre de 2019 se prevé una inflación anual de 3.2%, que corresponde al pronóstico de inflación del Banco de México para el cuarto trimestre del año publicado en su Informe Trimestral de abril-junio.

El programa económico para 2020 se basa en un marco macroeconómico prudente y acorde con las expectativas de los mercados, dada la incertidumbre que prevalece en el entorno económico internacional. 

Sin embargo, se estima que el fortalecimiento del mercado interno, la creación de empleos, el repunte del crédito y la inversión en infraestructura pública y privada generen un mayor dinamismo durante el año. Este último también se encontraría impulsado por factores externos como mejores condiciones comerciales por la probable ratificación del T- MEC, y factores internos como la disipación de la incertidumbre ante nuevas políticas gubernamentales y de presiones inflacionarias. Así, se prevé un crecimiento real anual del PIB en 2020 de entre 1.5 y 2.5%. En particular, para las estimaciones de finanzas públicas se considera un crecimiento puntual de 2.0% real anual.

Para el cierre de 2020, se prevé una inflación anual de 3.0%, igual a la proyectada por el Banco de México para el cuarto trimestre de ese año en su Informe Trimestral de abril-junio de 2019; un tipo de cambio nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%.

Para 2020 se proyecta un precio para la mezcla mexicana de exportación de 49.0 dpb, por una menor demanda del energético, resultado de el escalamiento de las tensiones comerciales, la desaceleración de la actividad industrial a nivel global, así como la entrada en vigor en 2020 de la regulación de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre el contenido máximo de azufre del combustóleo. 

Asimismo, se propone una plataforma de producción de 1,951 miles de barriles de petróleo diarios, de acuerdo con el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex) 2019-2023 y las estimaciones de la Secretaría de Energía sobre la producción privada.

Si bien las variables consideradas están en línea con las expectativas de los analistas de los mercados, el marco macroeconómico podría verse afectado si llegaran a exacerbarse algunos riesgos, entre los que destacan: un mayor retraso en la aprobación del T-MEC; un escalamiento de los conflictos geopolíticos y comerciales a nivel mundial; una mayor desaceleración de la economía mundial, principalmente, en la producción industrial de Estados Unidos; un mayor deterioro en la calificación crediticia de Pemex con su posible contagio a la deuda soberana; y una mayor debilidad de la inversión privada.

II. Finanzas públicas

En 2019, se alcanzará el nivel de superávit primario de 1.0% del PIB establecido en el Paquete Económico 2019. Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más robusta de balance público, alcanzarán 2.7% del PIB, nivel superior al presentado en los CGPE 2019 de 2.5% del PIB. 

El incremento de los RFSP se explica, principalmente, por la reducción de activos financieros del Gobierno Federal como resultado del uso del FEIP para compensar la disminución de los ingresos del Gobierno Federal sin destino específico. Este nivel es compatible con el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) presentado en el Paquete Económico 2019 de 45.3% del PIB.

Para 2020, se prevé una reducción del precio de la mezcla mexicana de petróleo con respecto al precio aprobado en la LIF 2019 al pasar de 55 a 49 dpb para 2020. Ante esta caída en el precio del petróleo se solicita, de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y su Reglamento para compensar caídas en el precio del petróleo, un nivel de déficit público que permita compensar la disminución esperada de los ingresos petroleros y dar estabilidad al gasto presupuestario sin comprometer la sostenibilidad fiscal. 1 Con ello, para 2020 se propone una meta de RFSP de 2.6% del PIB.

El balance presupuestario para 2020 que se presenta corresponde a un déficit de 2.1% del PIB, el cual es consistente con un superávit del balance primario de 0.7% del PIB. La meta para el balance presupuestario, sin considerar el gasto en inversión del Gobierno Federal y las empresas productivas del Estado hasta por 2.0% del PIB, es de un déficit de 0.1% del PIB.

En materia de política de ingresos, se reitera el compromiso de no proponer la creación de impuestos nuevos ni el incremento en tasas de los impuestos existentes durante el ejercicio fiscal 2020. 

Las medidas tributarias que se incluyen en la Iniciativa de la LIF 2020 buscan preservar la fortaleza de los ingresos públicos a través de acciones orientadas a simplificar el marco tributario y de garantizar el cumplimento en el pago de los impuestos existentes al cerrar espacios de evasión y elusión fiscales. Ello con la finalidad de que el sistema impositivo sea más justo, y que cada contribuyente pague adecuadamente lo que le corresponde.

Para el ejercicio 2020 se prevé que los ingresos presupuestarios totales asciendan a 5,511.9 mmp, 0.4% real mayor a lo establecido en la LIF 2019. Al interior, se estiman menores ingresos petroleros en 8.8% real respecto a la LIF 2019. Por su parte, se espera un incremento en los ingresos tributarios de 2.0% real con respecto a la LIF 2019, a lo que contribuirán la recuperación de la actividad económica, las ganancias.

1 El artículo 17 de la LFPRH establece que debido a las condiciones económicas y sociales que priven en el país, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación podrán prever un déficit presupuestario. Una de las circunstancias que se contempla en el artículo 11 del Reglamento de la LFPRH para la cual se puede prever un déficit presupuestario distinto de cero es una caída en el precio del petróleo mayor a 10% respecto al precio previsto en la LIF del ejercicio fiscal inmediato anterior. en eficiencia recaudatoria por las medidas implementadas en 2019 que alcanzarán su potencial en 2020, así como el combate al fraude, la evasión y la elusión fiscal.

Dada la meta de déficit público de 2.1% del PIB y los ingresos previstos, en el Paquete Económico 2020 se propone un gasto neto total pagado de 6,059.0 mmp, monto superior en 0.8% real con respecto a lo aprobado para 2019; al incluir los diferimientos de pagos de 37.3 mmp el gasto neto total devengado para 2020 asciende a 6,096.3 mmp. A su interior, el gasto programable pagado se ubica en 4,357.9 mmp, lo que implica un incremento de 2.3% real con respecto a lo autorizado en 2019. Por su parte, el gasto programable devengado, que incluye los diferimientos de pagos, se estima en 4,395.2 mmp.

Con respecto al gasto no programable, se estima una reducción de 2.8% en términos reales con respecto al PEF 2019. Esto se debe, principalmente, a una reducción de 5.5% real del costo financiero de la deuda pública con respecto al monto aprobado en 2019.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2020 se prioriza el uso del gasto público hacia los programas sociales que permitan reducir las desigualdades económicas, sociales y regionales, así como los proyectos de inversión que tienen mayor incidencia en los determinantes del crecimiento de la economía. En este sentido, se privilegia el gasto en seguridad, en bienestar social y dentro del sector energético, en infraestructura de Pemex para lograr su reactivación.

Para 2020, la política de deuda pública se orientará a cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal a costos reducidos, considerando un horizonte de largo plazo y un bajo nivel de riesgo, buscando mantener su trayectoria estable como proporción del PIB. Se continuará privilegiando la emisión de instrumentos en moneda nacional, a tasa fija y con vencimiento de largo plazo. 

De igual forma, se buscará realizar operaciones de manejo de pasivos de manera regular para mejorar el perfil de vencimientos de deuda y ajustar el portafolio a las condiciones financieras prevalecientes.

En línea con lo anterior, para 2020 se propone un techo de endeudamiento neto interno del Gobierno Federal de 532 mmp y un techo de endeudamiento neto externo del Sector Público de 5.3 mil millones de dólares (mmd). Para Pemex y sus empresas productivas subsidiarias contemplan un techo de endeudamiento interno neto de hasta por 10 mmp y un techo de endeudamiento externo neto de 1.25 mmd. 

Por su parte, CFE y sus empresas productivas subsidiarias se solicita un techo de endeudamiento interno neto de 9.8 mmp y un techo de endeudamiento externo neto de 508 millones de dólares.

Con el objetivo de mantener la salud de las finanzas públicas ante posibles eventos adversos, el Gobierno de México continuará implementado diversas acciones, entre las cuales destacan: (i) el programa de coberturas petroleras por parte del Gobierno Federal; (ii) la acumulación de recursos en los fondos de estabilización, los cuales al cierre de junio registran en su conjunto un saldo históricamente alto equivalente a 409.7 mmp, lo que representa el 1.6% del PIB; (iii) mantener la Línea de Crédito Flexible con el FMI, y (iv) un mejoramiento en el perfil de deuda.

El Gobierno de México está comprometido con impulsar un desarrollo económico incluyente que genere bienestar para todas las personas y reduzca las brechas de desigualdad existentes. Para alcanzar las metas de crecimiento económico de mediano plazo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público delineará su estrategia a través de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024: i) el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad 2019-2024 establecerá la estrategia de crecimiento económico; ii) el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2019-2024 delineará las estrategias para el financiamiento de esta estrategia, y iii) el Programa Nacional de Infraestructura para el Bienestar 2019-2024 establecerá las estrategias de inversión en infraestructura en los sectores prioritarios y estratégicos. 

Ciudad de México.- El Grupo Parlamentario del PRI anunció esta noche que presentará en este periodo, en la discusión del Paquete Económico para el 2020, una iniciativa para que se modifique la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para que se eliminen los gasolinazos y baje la gasolina, el gas y el diésel. 

A través de la cuenta de los legisladores federales priistas, @GPPRIDiputados, los diputados indicaron con el hashtag #MéxicoTieneOtrosDatos “son ya seis semanas consecutivas de aumento en las gasolinas”. 

Por cada litro que la ciudadanía pague en las gasolineras, 4.2 pesos serán consecuencia de los gasolinazos de la cuarta transformación. #MéxicoTieneOtrosDatos

Añadieron: “Reprobamos que los gasolinazos sigan ocurriendo, y que no se cumpla la promesa que se hizo a las y los mexicanos; en las últimas seis semanas la gasolina ha aumentado de precio, afectando la economía familiar. #MéxicoTieneOtrosDatos

También señalaron que: “El @GobiernoMX

 no cumple, prometió bajar la gasolina y acabar con los gasolinazos y por el contrario los precios van en aumento. #MéxicoTieneOtrosDatos”

Ciudad de México.-  En México, los constantes casos de violación sexual hacia mujeres se han convertido en un grave problema social, porque cada día al menos hay 51 víctimas, por lo que se requiere aumentar las sanciones para quien cometa este alarmante delito, afirmó la diputada María del Carmen Bautista Peláez (Morena).

Indicó que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer semestre de 2019 el número de casos indagados por abuso sexual alcanzó 11 mil 691 carpetas; en cuanto acoso sexual, la cifra llegó a mil 978; hostigamiento sexual, 745; violación simple, seis mil 594 y violación equiparada mil 870 casos; 17 por incesto y 2 mil 382 relacionado con otros delitos que atentan contra la libertad sexual.

Las denuncias por violación simple y equiparada hacia mujeres alcanzaron mil 530 casos, tan sólo en junio de este año, lo que da como promedio 51 mujeres agredidas sexualmente por día, esto sin añadir aquellas víctimas que decidieron no denunciar debido a represalias.

En su iniciativa que reforma y adiciona los artículos 265 y 266 Bis del Código Penal Federal, Bautista Peláez plantea aumentar las sanciones que actualmente son de 8 a 20 años, a una pena de 15 a 30 años a quien cometa el agravio por medio de violencia física o moral.

También busca destituir de manera definitiva a quien cometa el delito de violación sexual y desempeñe un cargo, empleo público o profesión. El propósito es erradicar el abuso de poder que algunos funcionarios públicos o profesionistas ejercen hacia sus víctimas. Es decir, “garantizar que no vuelvan a ocupar dicho cargo, empleo o ejercer su profesión”.

Contempla incrementar la pena hasta en una mitad en su mínimo y máximo cuando el delito sea cometido en vía pública o algún medio de transporte, haciendo uso de violencia física o psicológica, con el fin de que las mujeres viajen seguras, sin el miedo de ser agredidas sexualmente.

“Hay crecientes evidencias de que la percepción de las mujeres de temor y riesgo en el espacio público ha aumentado de manera trascendente. El tener que salir de su hogar para asistir a la escuela, al trabajo, o realizar alguna otra actividad representa una fuente de miedo. Esto debido a que son más propensas a sufrir hostigamiento, acoso, violación sexual o asesinato”, afirmó.

La diputada de Morena resaltó que la violencia impacta de una manera radical en las mujeres y las limita para apropiarse de ciertos espacios públicos, ya que las agresiones ocurren, tanto en la calle como en el transporte. “Muchas de las violencias que se presentan hacia ellas se ejercen por el sólo hecho de ser mujeres”.

Aseguró que frecuentemente estas agresiones llegan a contar con un alto grado de tolerancia social y terminan culpando a las víctimas, se les responsabiliza cuando sufren algún delito sexual, ya sea por salir a las calles en horarios considerados inapropiados, o por vestirse de determinada manera. “El espacio público debe ser un lugar seguro para toda la población, incluyendo a las mujeres, sin importar la manera en que vistan o la hora en que transiten”.

María del Carmen Bautista expuso en su iniciativa que la intención es visibilizar lo que se oculta y lograr que se reconozca la violación sexual como problema social grave. Por tanto, “para mitigar dicho delito es necesaria una acción conjunta de distintos actores sociales, incluyendo las instituciones de gobierno”.

Mencionó que para inhibir esta problemática social es importante trabajar en leyes que reconozcan estas agresiones como delitos graves, a fin de que se sancionen de una manera más severa y combatir la violación sexual. La iniciativa fue enviada a la Comisión de Justicia para su dictaminación.

Ciudad de México.-  La diputada Nohemí Alemán Hernández (PAN) propuso garantizar en la Ley Federal del Trabajo, los derechos laborales de los periodistas, pues a pesar que desde 1990 se logró que la carrera de reportero quedara reconocida en la tabla de profesiones de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, “este avance no es suficiente para lograr la verdadera protección del gremio”.

Ejercer el periodismo en México, afirmó, conlleva riesgos, y en la mayoría de los casos afecta sus derechos laborales, “atrás de la publicación de una nota se esconden relaciones laborales perversas, traducidas en falta de contratos formales, simulación e incumplimiento impune de normas mínimas por parte de los patrones de medios de comunicación”.

En el país, generalmente se carece de prestaciones laborales, seguridad social y estabilidad en el empleo con dignidad. “En cualquier momento al periodista se le despide y no pasa nada. No hay garantías de protección por las condiciones de trabajo que realiza”.

Alemán Hernández subrayó que, aunado a ello, los datos recientes confirman que en México se registra una agresión contra un o una periodista cada 17 horas. Las cifras reconocen 249 agresiones durante el primer semestre del año, incluyendo siete homicidios de comunicadores, y desde el inicio del Gobierno federal en turno se han detectado 277 agresiones.

“El panorama para la libertad de expresión es desalentador. No sólo se registraron el mismo número de homicidios de periodistas que el primer semestre del año pasado, en lo que va del 2019 se han asentado 10, superando la cifra total de 2018, cuando se registraban nueve”.

Argumentó que la inestabilidad laboral, es de los problemas más graves que enfrenta el medio periodístico. “En la legislación está ignorada la profesión, cuando tiene características específicas que requieren de su protección especial. La jornada de trabajo no se respeta, haya o no un contrato por escrito, por lo que es indispensable generar las condiciones para contrarrestar la violencia y el desamparo en sus derechos”.

La diputada detalló que la adición del Capítulo XVIII y los artículos 353 Bis al 353 Bis 5, al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo, busca garantizar y afirmar los derechos laborales de las y los periodistas.

Para ello, se entenderá por periodista a las personas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen.

Lo patrones deberán garantizar el acceso a la seguridad social. En caso de riesgo a su seguridad e integridad física, estará obligado a colaborar con las autoridades y proporcionar las facilidades y condiciones para que se salvaguarde la integridad de los periodistas y comunicadores.

Las relaciones de trabajo podrán ser por tiempo determinado o indeterminado; el salario podrá estipularse por unidad de tiempo, para una o varias notas o trabajos prestados, y las remuneraciones se acordarán en los contratos que para tal efecto se celebren, y en ningún caso podrán ser menores al Salario Mínimo Profesional. La iniciativa será analizada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

Ciudad de México.- Debido a que el cáncer infantil es la segunda causa de mortalidad en edad escolar, la diputada Ximena Puente de la Mora (PRI) propuso que esta enfermedad se atienda de manera prioritaria por parte de las autoridades federales, estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Con la reforma a la fracción X del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se busca garantizar el acceso integral a los servicios de salud en el diagnóstico y tratamiento de cáncer infantil.

Precisó que en 2016 hubo mil 22 defunciones por esta causa, con una tasa de 4.6 en cada cien mil habitantes de 5 a 14 años. Se estima que en México se presentan entre cinco y seis mil casos nuevos al año de cáncer en menores de 18 años.

De 2013 a 2018 se han atendido 11 mil 725 casos de cáncer infantil con recursos del Seguro Popular. A través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, cubre 15 tipos de cáncer en niñas y niños mexicanos.

Aunado a ello, hay poco personal certificado en oncología pediátrica, sólo 237 especialistas, y 420 oncólogos médicos certificados por el Consejo Mexicano de Oncología. “Estos recursos humanos y materiales, sin duda, resultan insuficientes para atender la demanda nacional de servicios especializados de atención del cáncer infantil”, añadió.

Puente de la Mora indicó que México ha caído en los últimos siete años en posiciones en investigación clínica. “Somos el segundo lugar en América Latina, después de Brasil, pero a escala internacional estamos en el 21 y de la OCDE, en el sitio 67 de 145. El Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología no rebasa 0.45 por ciento, lo que nos afecta gravemente porque en el corto plazo se advierte que uno de cada tres mexicanos tendrá cáncer”.

Recordó que la salud de las y los niños depende de otras personas; por ello, es importante brindar cuidados médicos preventivos, de detección e intervención oportuna.

Además, existen dificultades para acceder a la atención sanitaria; los altos costos obligan a abandonar los tratamientos; los encargados de salud no cuentan con la especialización necesaria; hay toxicidad de los procedimientos y mayores tasas de reincidencia, advirtió.

“Estamos obligados a garantizar el acceso universal a estos servicios y el goce de los derechos correspondientes; no podemos tolerar un mundo en el que algunos niños tiene acceso a tratamiento de primera clase, mientras que otros simplemente mueren porque son pobres. El cáncer infantil es un símbolo poderoso con la exigencia de una cobertura de salud universal”, afirmó. 

Ciudad de México.- La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (PAN), integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, informó que impulsa una iniciativa para expedir la Ley General de Envases, Empaques y Embalajes.

En un comunicado, señaló que su objetivo es regular la fabricación, importación, comercialización, recolección, reutilización y reciclaje de esos productos, para evitar la generación de residuos sólidos y minimizar su impacto en el ambiente.

“La ley busca generar esquemas que permitan a las distintas esferas de gobierno el incentivar la reducción de residuos de envases, empaques y embalajes no amigables con el ambiente, privilegiando la elaboración de esos envases con materiales biodegradables y subsecuentemente dando opción al reciclaje”, explicó.

Garza Galván apuntó que en México se generan más de 100 mil toneladas de áreas de residuos sólidos urbanos.

“De esos más de 100 toneladas ni siquiera la mitad se alcanza a confinar en un relleno sanitario, aproximadamente el 10 por ciento se recicla, un tanto se incinera y queda un porcentaje muy alto, donde termina en barrancas, ríos, calles, drenajes, etcétera”, indicó.

Añadió que los municipios tienen un problema más grave, porque no tienen ni la capacidad técnica ni financiera para poder dar el servicio de recolección y garantizar un 100 por ciento.

La diputada panista refirió que su propuesta de ley, presentada ante el Pleno el pasado jueves, destaca, entre otros puntos:

Establecer que los envases, empaques y embalajes de todos los productos o materias primas que se importen, obtengan, fabriquen, transporten, distribuyan o comercialicen deberán producirse con, o estar constituidos por elementos materiales que garanticen su biodegradación o reciclaje;

Indicar que los medicamentos, productos farmacéuticos, de laboratorio u hospitalarios que por sus características biológicas, químicas o físicas requieran para su conservación de envases especializados, quedarán exentos de las disposiciones señaladas;

Determinar que cuando los envases, empaques y embalajes contengan o estén conformados por más de un tipo de material, deberán ser susceptibles de una fácil separación mecánica de los mismos, a efecto de garantizar su pronta biodegradación o reciclaje. De lo contrario se les considerará productos no biodegradables y no reciclables.

Prohibir la producción o utilización de envases, empaques y embalajes que puedan contaminar alimentos o bebidas para el consumo humano y animal.

Señalar que los envases, empaques y embalajes deberán clasificarse en función de su naturaleza material a efecto de facilitar su identificación y manejo, para lo cual deberán exhibir en un lugar visible dicha clasificación.

Facultar a la Semarnat para formular el Programa Nacional de Envases, Empaques y Embalajes, integrando los programas elaborados por los estados y los municipios, dicho Programa formará parte del Plan Nacional de Desarrollo y tendrá validez para todo el territorio nacional.

Crear el Fondo de Compensación por Daños al Medio Ambiente por Liberación de Residuos Sólidos.

Estipular las sanciones para quien incumpla lo referido.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales para su dictaminación, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión. 

Ciudad de México.-  La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, exigió a todas las instancias del Estado mexicano acciones concretas para proteger la vida de las niñas, niños y adolescentes, ante la situación de violencia e inseguridad que prevalece en el país.

En un comunicado, aseveró que México es cada vez más inseguro para ellos, con respecto a países en conflicto bélico como Siria y Palestina.

“Nuestro país vive una situación de violencia generalizada y, en ese contexto, las y los niños han sido víctimas frecuentes, aunque de modo colateral. Sin embargo, a últimas fechas los ataques en su contra fueron directos, como lo muestra el reciente asesinato de tres niñas en Ciudad Juárez, Chihuahua (el pasado 25 de agosto)”, señaló.

“La violencia, asociada a la impunidad y a la descoordinación de los tres niveles de gobierno para combatir estos flagelos, ha generado altos riesgos para los pequeños, como ser víctimas de reclutamiento por parte de organizaciones criminales y de homicidios, y en el caso de las mujeres, de feminicidios, entre otros delitos”, destacó la legisladora.

Apuntó que, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, cada día son asesinados tres niños y desaparecen otros cuatro, “por lo que es claro que el Estado no cumple con su obligación de garantizar la vida y dignidad de los casi 40 millones de menores que habitan el país”.

Agregó que de 2015 a julio de 2019 fueron asesinados cuatro mil 664 niñas, niños y adolescentes, 80 por ciento de ellos, varones.

Reportó para el mismo periodo tres mil 297 feminicidios, de los cuales 317 corresponden a niñas, es decir, uno de cada 10 de estos crímenes es contra una menor de edad, en México.

Juárez Piña también refirió alertas sobre inseguridad para la niñez en México de organizaciones como Save the Children, según la cual la tasa de homicidio de niños y adolescentes hasta 19 años es de 4.9 por cada 100 mil habitantes, mientras naciones en conflicto bélico, como Siria y Palestina, tienen tasa de 1.0 y 2.7, respectivamente.

Ante estas cifras, Juárez Piña exigió al gobierno federal y al conjunto del Estado mexicano generar las condiciones para reducir la violencia contra niñas y niños y para garantizarles sus derechos a una vida sana, a la convivencia y a la diversión.

Solicitó a la Cámara de Diputados el respaldo a su exigencia, una vez que este órgano legislativo reinició sus sesiones ordinarias, y para tal efecto propuso un punto de acuerdo en el que particularmente pide a la Fiscalía General de la República acciones para proteger la vida de las y los niños, a quienes –en ocho de cada 10 casos- ya no se les permite ir a calles y parques públicos, precisamente por temor a que sean víctimas de la delincuencia.

Ciudad de México.- Miles de trabajadores pensionados y jubilados acusan la precarización de sus ingresos y, por lo tanto, del sustento de sus familias, derivado de la desindexación del salario mínimo, principalmente a multas y recargos, y que conllevó a la creación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), tras la reforma a la Constitución Política, en 2016.

Desde 2017, reciben entre 10 y 15 por ciento menos del valor real de su pensión, debido a que cotizan en UMA.

Ante esta situación, los diputados del PT, Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de la bancada, y Mary Carmen Bernal Martínez, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, se pronunciaron por revertir los abusos cometidos contra la clase trabajadora o pensionada.

Bernal Martínez destacó que tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) están realizando una interpretación equivocada y premeditada de la naturaleza jurídica de la UMA.

Por ello, planteó reformar diversos artículos de la Constitución Política, para que se excepcione de medir en UMA las prestaciones de seguridad social y pensiones, las cuales deberán determinarse en salarios mínimos.

“Para el PT siempre ha sido importante proteger a los sectores menos favorecidos, por eso buscamos revertir esta medida, que afecta a un gran número de trabajadores”, indicó la legisladora.

Sandoval Flores dijo que el hecho de que los trabajadores jubilados y pensionados coticen en salarios mínimo y sus pensiones se calculen en UMA, constituye “una nueva forma de explotar y de quitarles el producto de su trabajo”.

“Cuando arrancó esta propuesta, el salario mínimo era igual a la UMA y ahora se ha despegado el salario mínimo y la UMA se ha quedado rezagada”, comentó.

Desindexación del salario mínimo

A propuesta del entonces presidente Enrique Peña Nieto, el 27 de enero de 2016, se modificaron los artículos 26, 41 y 123 constitucionales y se creó la UMA, con el objetivo de que el salario mínimo pudiera avanzar a un mayor ritmo en su recuperación gradual y sostenida.

Sin embargo, resaltó la diputada petista, en las prisas de aprobarla, se condenó a miles de pensionados a recibir una cantidad de dinero menor, al calcularse conforme a la UMA y no a salarios mínimos.

Explicó que la UMA se creó como una medida cuenta índice base o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones, más no para aplicarla en detrimento de los pensionados y jubilados de las diferentes instituciones.

“No se puede permitir que se siga minando el sistema solidario de pensiones, el cual ha recibido los embates de las anteriores administraciones federales de tipo neoliberal”, subrayó.

Justicia social

Trabajadores pensionados y jubilados exigieron al Poder Legislativo revertir la reforma del 2016, ya que, acusan ellos, se ha perdido cerca del 22 por ciento el poder adquisitivo de sus ingresos, lo que es inadmisible.

Explicaron que la UMA, que se comenzó a aplicar para el cálculo de pensiones a partir de 2017, tiene un valor menor en 21 por ciento al del salario mínimo, ya que la primera equivale a 84 pesos, mientras que el salario mínimo es de 102 pesos.

Pidieron revisar los procesos de cobro de créditos hipotecarios, toda vez que las condiciones y comisiones han sido alteradas “ilícita y arbitrariamente”, generando cobros “excesivos”, que ponen en grave estado de indefensión a los trabajadores y en riesgo su patrimonio.

Expusieron que la cifra de jubilados se ha incrementado en más de 40 por ciento, lo que deriva en una carga excesiva e insostenible para los trabajadores en activo que sostienen, con sus aportaciones, a todos los pensionados y jubilados.

Ciudad de México.-  La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe asumir su corresponsabilidad en la liberación de Gildardo López Astudillo, “El Gil”, vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En un comunicado, indicó que el Ejecutivo federal no atendió que se requerían nuevos elementos para subsanar las deficiencias de la investigación en contra de “El Gil”.

Juárez Piña comentó que el juez primero de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas desechó las pruebas que había presentado la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en contra del inculpado, al concluir que se obtuvieron de manera ilegal.

“Esta decisión judicial sienta un precedente que podría dejar en libertad a otros 50 inculpados –además de los 44 que ya están en libertad, incluido “El Gil”- por las mismas razones, como lo reconoció el propio Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

Recordó que desde mayo de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que los procesos relacionados con los acusados por la desaparición de los normalistas estaban débiles y que tenían que fortalecerse.

“Es menester recordar que, desde el mes de marzo los familiares alertaron sobre las posibilidades de que las pruebas fueran desestimadas y la posible liberación de quienes se encuentran en calidad de presuntos responsables, pero la Fiscalía General de la República (FGR) hizo caso omiso”, señaló.

Hasta entonces, añadió que la FGR aún podía presentar pruebas en contra de López Astudillo, “pero no lo hizo, por lo que el juez determinó la sentencia absolutoria”.

La diputada perredista planteó que debe hacerse especial énfasis en el derecho a la verdad de las víctimas, no sólo para procesar penalmente a quienes participaron en la desaparición, sino para saber dónde se encuentran.

Explicó que las pruebas han sido desestimadas debido a que fueron obtenidas ilegalmente y son producto de la comisión misma de delitos por parte de la extinta PGR, tales como la tortura y la detención ilegal.

“Es por ello que deben realizarse las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad del personal de la entonces PGR que intervino en la investigación y, dados los dichos del propio Jesús Murillo Karam, relativos a que fue él quien condujo las indagatorias, las investigaciones y responsabilidades deben llegar hasta él”, añadió.

Juárez Piña mencionó que su bancada presentó una demanda de juicio político en contra del exprocurador desde el 24 de septiembre de 2015, que fue desechada por los diputados de Morena el 30 de abril de este año.

Agregó que en 2016, el grupo parlamentario presentó otra demanda de juicio político en contra de Tomás Zerón de Lucio, la cual no ha sido atendida por la Subcomisión de Examen Previo de esta Cámara.

“Si bien la PGR aportó elementos viciados de origen como pruebas, ni el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; ni la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa; aportaron nuevos elementos para subsanar las deficiencias de la investigación anterior y evitar que los indiciados fueran puestos en libertad”, concluyó.

Ciudad de México.- “El Gobierno del Estado, los presidentes municipales, los diputados locales y todos los yucatecos tienen, a partir de ahora, un nuevo aliado en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Me siento muy honrado por esta distinción que es una gran motivación en lo personal y que contribuirá a fortalecer la lucha porque las familias vivan aún mejor en nuestro Yucatán”, dijo el diputado federal Jesús Vidal Peniche.

El legislador yucateco tomó protesta como Secretario de la Mesa Directiva, tras ser electo con las dos terceras partes del voto de los diputados, para el Segundo Año de Ejercicio Legislativo de la LXIV Legislatura.

“Es una posición importante dentro del Poder Legislativo, pero también es un espacio político que nos va a permitir tender puentes más sólidos con el gobierno federal, establecer lazos más estrechos y llevar las más urgentes demandas de los yucatecos hasta donde sea necesario para que puedan ser resueltas”, externó Vidal Peniche.

En un momento histórico para los representantes del Estado en el Congreso de la Unión, hay tres yucatecos integrando las mesas directivas, además de Jesús Vidal, se encuentra la diputada Dulce María Sauri Riancho, como vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara Baja, y la senadora Verónica Camino Farjat, secretaria de la mesa directiva de la Cámara Alta.

Otro hecho destacable es que dos mujeres presiden al mismo tiempo el Legislativo: la diputada Laura Angélica Rojas Hernández y la senadora Mónica Fernández. “Es un orgullo ser parte de estas coyunturas, donde las mujeres demuestran su liderazgo y Yucatán está representado en espacios importantes”, destacó.

“Que a nadie le quede duda de que este logro es para los yucatecos, que se traducirá en beneficios para nuestra gente que vive en las comunidades y comisarías del interior del Estado, mis esfuerzos y acciones es para los yucatecos”, manifestó.

Jesús Vidal agradeció a sus compañeros de bancada y al coordinador del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar y Vega, la confianza depositada en él y se comprometió a llevar la agenda legislativa y procurar el logro los objetivos que el organismo político ha planteado en beneficio del país. “Es una responsabilidad que llevo sobre los hombros y lo haré con toda mi voluntad como servidor público, político, pero antes que todo, como ser humano”.

El reconocimiento es la internacionalmente muñeca de trapo mexicana caracterizada como la tradicional novia tehuana totalmente en blanco y que lleva por nombre "Pacesita", quien es un personaje de un cuento infantil escrito por Ana Saavedra, basado en personas reales y con la misión de llevar un importante mensaje al mundo.

En el mensaje del documento se lee: fundación México Orgullo y Tradición te ha nombrado embajadora de paz y te han entregado a Pacesita para que lleves el mensaje a Mérida.

“Eso haré, llevaré a Pacesita a todo evento que pueda asistir de la XVII Cumbre de los Premios Nobel de la Paz, le tomaré fotos junto con los galardonados y se las enviaré a los artesanos queretanos”, dijo Cecilia, quien resaltó que “este reconocimiento representa un honor porque soy una diputada que trabaja para construir un México y un Yucatán donde la paz sea un derecho supremo de cada mexicano”.

Cecilia Patron Laviada

@CeciliaPatronL

Orgullosa embajadora de la Paz. Muchas gracias a la fundación @MexOrgTrad v embajadora de la Paz en reconocimiento al trabajo que hemos realizado juntos para construir un mundo mejor. Con mucha alegría llevaré a #Pacesita para transmitir el mensaje en #Mérida.

“Que la presencia de los Nobel de la Paz, lo que representan y el mensaje que traen no se quede en un tema simbólico, sino que esté vinculado con la vida de los yucatecos. Si hay paz hay progreso, y éste trae bienestar a los yucatecos”, agregó la legisladora.

Comentó que para Yucatán es un alto honor y un gran logro reunir a una treintena de galardonados con el máximo premio que otorga el mundo a aquellas personas que con su lucha,  sabiduría y muchas virtudes han conciliado afrentas para darle paso a la paz en sus regiones, algo que nuestro estado ya tiene y enaltece, pero también resulta interesante conocer las historias que se nos concede con este evento del 19 al 22 de septiembre próximos.

Cecilia Patrón recordó que una de las iniciativas que presentó en su primer año como diputada fue aquella conocida como “Puerta giratoria” que busca evitar dar facilidades y libertad a quienes hayan robado en casas habitación, cuyo objetivo es preservar la paz y tranquilidad en las colonias y núcleos habitacionales.

Ciudad de México.-  El presidente de la Comisión de Ganadería, diputado Eduardo Ron Ramos (MC), convocó a no engañar a los consumidores y se les aclare que no adquieren alimentos elaborados con leche, sino una fórmula láctea en detrimento de la salud y economía, además de perjudicar a los productores nacionales.

Esta problemática se presentó en una iniciativa, dijo, cuya dictaminación depende de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, “lo único que pedimos es honestidad, que se le llame a los productos por lo que son y no se etiqueten como leche cuando es una fórmula láctea, porque el daño va a todos los estratos sociales”.

Durante la inauguración del “Foro para el Impulso del Sector Lechero Nacional”, realizada por el director de Operación de Liconsa en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el legislador subrayó que se ha argumentado que con esta situación “se atenta contra la competitividad y por eso está mal, ¿quiere decir que para ser competitivo se tiene que engañar al consumidor?”, cuestionó.

Ron Ramos llamó a la Comisión de Economía a unirse en esta iniciativa, en favor de los compradores, quienes desconocen lo que contienen muchos alimentos y se aclare el contenido, “sólo pedimos honestidad”, reiteró.

Destacó que la instancia legislativa que preside trabaja de forma integrada sin considerar colores políticos o ideológicos, si no por el bien de los productores lecheros, en particular de los pequeños y medianos, para que todos los eslabones de la cadena productiva encuentren mejores soluciones a los problemas, en especial en el precio.

Debido a los bajos costos en el litro de la leche al productor, de cuatro pesos a un promedio de 6.50 de acuerdo a la región, pidió atender esta problemática derivada de una competencia desventajosa que les resta competitividad.

“Con esos precios los productores sólo sobreviven cuando tienen derecho no sólo para mantener a su familia e hijos, sino vivir y tener lo suficiente para hacerlo bien, incluso para salir de vacaciones, porque es el trabajo más esclavizado y se les pone el pie; eso no se vale”, afirmó.

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN) señaló que los sectores deben estar perfectamente integrados y pensando principalmente en el consumidor. “No se puede producir cosas que no necesite el comprador”.

Señaló que se requieren acuerdos que vayan más allá de los tiempos que dura quien llega a los puestos de elección, y sin estar orientados a intereses políticos porque se distorsiona y se pierde el objetivo de beneficiar a los lecheros.

Enfatizó que las políticas públicas deben estar relacionadas, ya que “se tiene que hablar, dialogar y llegar a acuerdos que perduren en el tiempo”.

El diputado Guadalupe Romo Romo (PAN), coordinador del grupo de trabajo para el Impulso del Sector Lechero Nacional, expresó la necesidad de revisar este tema en toda la República y no sólo en algunas regiones.

Puntualizó que éste será un foro privilegiado que permitirá conocer más a fondo los principales problemas a los que se enfrenta en la actualidad el sector, buscar acuerdos e impulsar acciones legislativas y de gobierno para mejorar las estrategias que apoyen, protejan y defiendan a los lecheros.

“La presencia de expertos en el tema contribuirá a fortalecer los programas que tienen como fin apoyar la deshidratación y empaquetado de leche en polvo, garantizar la pasteurización y el abasto de leche a los sectores más necesitados de la población”.

Al inaugurar el foro, Bernardo Fernández Sánchez, director de Operación de Liconsa en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), anunció que se ampliarán en más de 50 por ciento los puntos de la red de cobertura de acopio para el próximo año, a fin de captar más leche fresca y disminuir la importación del lácteo en polvo. “Para un primer año es un esfuerzo nunca antes hecho”.

Explicó que el organismo público compra casi el 10 por ciento de la producción nacional a pequeños y medianos lecheros con la expectativa de incrementar la captación e impulsar la producción, para luego industrializarla y distribuirla a casi 6 millones de personas, como alimento nutritivo para eliminar la pobreza alimentaria.

Sin embargo, aclaró que en la realidad no puede ser el único organismo responsable para lograr la autosuficiencia en este alimento; “no se podría promover la generación de 3 mil millones de litros que faltan para completar el consumo de 15 mil millones”. Demandó involucrar a la industria nacional a fin de fomentar la compra a pequeños y medianos lecheros.

Para mitigar la pobreza alimentaria, uno de los objetivos principales de Liconsa es incrementar la cobertura en las zonas rurales. Solicitó que se sumen industriales al esfuerzo y mayor presupuesto para la paraestatal, con el objetivo de fomentar el consumo de leche, y avanzar a obtener la autosuficiencia alimentaria en cuatro granos básicos.

Vicente Gómez Cobo, presidente de la Federación Mexicana de Lechería, dijo que se requiere cambiar algunas reglas para que las cosas funcionen con el objetivo de no engañar al consumidor con las marcas y los nombres, así como evitar la excesiva importación.

“Es para nosotros muy satisfactorio que estén enarbolando e impulsando la reformas que necesita el sector lechero para que realmente México sea autosuficiente en la producción de leche y cuando hablamos de este objetivo se hace en un contexto donde México es el país más abierto a la importación”, sostuvo.

Enfatizó que el propósito debe ser que el consumidor reciba un buen producto a mejor precio y, a su vez, lograr un ingreso digno para los productores y sus familias.

Previamente, se inauguró en una de las explanadas de la Cámara de Diputados, una exhibición y degustación de productos lácteos nacionales, realizados por productores mexicanos, quienes explicaron que se elaboran con los más altos estándares de calidad y salubridad.