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Mujeres en CDMX son discriminadas por estar embarazadas

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  • En 6 años atendió a 7 mil 882 personas por discriminación
Ciudad de México (Cimacnoticias) De 2012 al primer semestre de 2018 el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) atendió a 7 mil 882 personas por presuntas conductas discriminatorias, de las cuales destacan la que hicieron las mujeres por estar embarazadas.

El Copred capitalino informó en comunicado que en lo que va del 2018 la institución atendió a 2 mil 8 personas, registrando un aumento del 25 por ciento en comparación al número de atenciones que brindó el año pasado, informó.

Tras realizar un análisis de los motivos que detonaron las denuncias registradas en los últimos seis meses, el Copred encontró que a las mujeres se les discrimina principalmente por estar embarazadas.

Según la segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (Edis 2017) 66 por cierto de las empleadas embarazadas son víctimas de discriminación, que se manifiesta de diversas formas: al 36 por ciento no les dan trabajo, a 28 por ciento la despiden sin justificación y 14 por ciento considera que “las hacen menos”.

De las demás denuncias, Copred halló que a la niñez se le discrimina por su forma de actuar, a las personas refugiadas en la ciudad por su nacionalidad de origen, a la juventud por su apariencia física, a la comunidad LGBTTTI por su identidad de género y los hombres por condiciones de salud.

Respecto a los derechos que son vulnerados principalmente están el derecho al trabajo, a la igualdad y a la educación, que tienen relación con los lugares en los que ocurren las agresiones: el espacio laboral, el educativo y los establecimientos mercantiles, este último es donde se registra la mayor cantidad de hechos discriminatorios, reportó Copred.

Sin embargo, de acuerdo con el organismo, de las 2 mil 8 atenciones que dio, sólo se abrieron 121 expedientes por hechos constituidos como una discriminación; 111 de estas investigaciones apuntan a personas particulares como las agresoras y únicamente 10 son dirigidas contra personas servidoras públicas y/o instancias de gobierno.

Asimismo, el Copred informó que de 2015 a la fecha ha dado a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México su opinión consultiva en 119 carpetas de investigación relacionadas con el delito de discriminación, de las cuales en 45 por cierto se determinó que sí existían elementos suficientes para considerarse hechos discriminatorios.

El Copred tiene la facultad de emitir opiniones en delitos de discriminación porque así lo establece la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. 18/HZM/LGL

OSC estadounidenses trabajan para reunir a niñez migrante con sus familiares

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  • Denuncian falta de coordinación entre agencias de gobierno
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Enrique Pérez de la Rosa
Ciudad de México (Cimacnoticias) Ante la falta de coordinación entre las agencias migratorias y de un plan adecuado para reunir a las familias migrantes que han sido separadas, el trabajo recae en personas defensoras de derechos civiles, como el Proyecto de Derechos Civiles en Texas (TCRP).

Durante una conferencia de prensa realizada hoy frente a la corte federal en la ciudad fronteriza de McAllen, Texas, el director del Programa de Justicia Económica y Racial de TCRP, Efrén Olivares, afirmó que el grupo continúa trabajando con familias separadas para reunificarlas.

“Hemos tenido que hacerlo en carreras, tratando de localizar a los padres, localizar los hijos y luego tratando de reunirlos”, dijo.

Agregó que cientos de personas migrantes han sido condenadas en la corte de McAllen desde la implementación de la política de tolerancia cero y que 381 de estas personas son defendidas por TCRP. La mayoría, precisó, continúan separadas de sus hijos.

“La principal pregunta que tienen los padres es ¿Dónde está mi hijo? ¿Cuándo lo voy a volver a ver?” dijo Olivares a la prensa.

Pero esas preguntas son muy difíciles de contestar. Según Olivares, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (ORR), quien se encarga de alojar a las y los menores de edad, no tiene un método adecuado para recuperarlos.

“Se vuelve más difícil si el menor aún no está en el sistema o si el menor ya no está en el sistema,” dijo Olivares, refiriéndose a que la ORR solo puede alojar a niñas y niños por 20 días, de acuerdo a la ley. Si un familiar no se encuentra, la Oficina aloja al menor de edad con padres adoptivos temporalmente.

El proceso de reunificación se complica más aún si los padres han sido deportados o siguen en su país de origen.

“Si es bastante difícil reunir a padres e hijos en los Estados Unidos, imagina si los padres están en Guatemala,” dijo Olivares. “Le pido a Dios que ningún niño se pierda.”

Pero el número actual de familias separadas es desconocido. El Departamento de Defensa está preparando cuatro bases militares para dar alojamiento hasta 20 mil niños, según el New York Times. El Times agrega que otras agencias dieron explicaciones contradictorias y no es claro quién se alojará en las bases.

“El gobierno provee algunos datos y en ciertos puntos se contradice después,” dijo Olivares.

Pero Olivares aseguró que la separación de familias migrantes continuará mientras los adultos de la familia continúen siendo sometidos a procedimientos legales. Luego serán reunidos con menores de edad en una celda.

“Para por fin poner alto a la separación de familias, la Administración debe terminar la política de tolerancia cero. Si los padres continúan perseguidos por la ley como criminales y son encarcelados, serán separados de sus hijos” dijo Olivares.

Hizo un llamado durante la conferencia de prensa al congreso y a DHS para que hagan más esfuerzos para reunir a familias separadas y que resuelvan lo que la orden ejecutiva del Presidente Trump no resolvió.

“Estoy extremadamente infeliz con el progreso. No puedo estar feliz con el progreso. No hay progreso,” dijo Olivares.

Olivares y la TCRP no son los únicos que están insatisfechos con las repercusiones de la política de tolerancia cero.

Ayer, las fiscalías de once estados Americanos anunciaron que demandarán a la administración de Trump, argumentando que la separación de familias antes del debido proceso legal es inconstitucional, según el Seattle Times.

Se han realizado protestas en todo Norteamérica, inclusive en la Ciudad de México, frente a la Embajada americana se realizó una. El grupo activista Families Belong Together tiene planeadas 132 manifestaciones para el 30 de junio en varias ciudades de los Estados Unidos, Canadá y frente al consulado estadounidense en Múnich, Alemania.

Mientras tanto, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense rechazó ayer la medida H.R. 4760, una medida conservadora de reforma migratoria que hubiera reducido drásticamente la migración con documentos, aumentado la seguridad fronteriza y requerido que empleadores usaran un sistema de internet conocido como E-Verify para confirmar el estatus legal de sus empleados.

Los Representantes también debían haber votado en H.R. 6136, una medida moderada que igualmente tiene la meta de impedir la migración sin documentos y proveería $25 billones de dólares (500 billones de pesos mexicanos) para un muro fronterizo. Pero la medida también daría un estatus legal renovable a los estudiantes DACA, niños que llegaron al país de chicos y crecieron ahí, y prevendría que las familias sean separadas por la patrulla fronteriza a la vez manteniendo la política de tolerancia cero.

Pero el voto por la medida moderada ha sido retrasado por el liderazgo Republicano para la semana que viene ya que es mucho menos popular que la medida conservadora que falló, según el New York Times.

Pero aunque esta medida moderada pase al Congreso, el Presidente Trump ha dicho que no la aprobaría. De hecho en Twitter, dijo que “los Republicanos no deberían de perder el tiempo en la migración hasta que elijamos más senadores y congresistas en noviembre.”

Sin reforma migratoria, una promesa de asilo o una solución para las familias migrantes, las niñas y niños bajo custodia de las agencias migratorias y la ORR seguirán sufriendo, con o sin sus padres, dijo Olivares.

“Esto es la tortura de un niño, en mi opinión, porque el menor esta siendo castigado por algo que sus padres hicieron. Y sus padres no merecen castigo porque solo buscaban asilo,” dijo Olivares.

Antes de que el Presidente Donald Trump terminara con la práctica de separar familias migrantes el miércoles pasado, más de 2 mil niñas y niños habían sido separados de sus padres al cruzar sin documentos a los Estados Unidos por la patrulla fronteriza, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).  18/EPR/LGL

Organizaciones exigen investigar caso de trabajadora de Seciti

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  • Piden aplicar Protocolo con enfoque de género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Ciudad de México (Cimacnoticias) La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (Seciti) debe asegurar que la denuncia por violencia laboral que interpuso el primero de junio de 2018 la trabajadora de la institución, Yessica Berenice González Yáñez, sea investigado por medio del “Protocolo para la prevención y sanción del acoso y hostigamiento laboral y/o sexual con perspectiva de género”.

Lo anterior es una obligación que deben cumplir las instituciones públicas de la urbe, señaló la presidenta del Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos (Cultura DH), Rosy Laura Castellanos Mariano, una de las integrantes de diversas agrupaciones civiles que han exigido a la Seciti que indague y esclarezca los hechos de violencia, intimidación y hostigamiento laboral que denunció Yessica González en contra de su entonces jefa, la Directora General de Gestión, Planeación y Política en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Seciti, Mayra Elizabeth Quiñonez González. 

Castellanos Mariano, recordó en entrevista con Cimacnoticias que existen mecanismos para investigar casos de violencia laboral en instituciones públicas de la Ciudad de México como el de Yessica González, porque en marzo de 2018 la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo local incorporó el “Protocolo para sancionar el hostigamiento laboral con perspectiva de género”.

Este instrumento desarrolla mecanismos para indagar y sancionar quejas de violencia, discriminación o acoso laboral ocurridas en la administración pública local, y para cumplirlo, estipula que las víctimas pueden acudir a tres instancias internas de la institución pública correspondiente: con una persona consejera (designada por la instancia para asesorarlas); con la Contraloría General del Distrito Federal (para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa); o bien, con el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.

El Comité –precisa el protocolo- lo debe conformar una persona representante de la Dirección de Administración de la institución, la persona titular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México y una persona representante de la Contraloría Interna además de nueve personas servidoras públicas, quienes tendrán la facultad de investigar los hechos denunciados (por medio de entrevistas, solicitudes de información) y emitir medidas preventivas para las víctimas.

Sin embargo, instituciones públicas de la Seciti aún no cuentan con este tipo de comités, denunció Castellanos Mariano.

YESSICA NO TUVO DONDE DENUNCIAR

El primero de junio de 2018 Yessica González presentó en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) una queja por violencia laboral en contra de su jefa y actual Directora General de Gestión, Quiñonez González.

En la denuncia Yessica argumentó que desde noviembre de 2017 cuando Mayra Quinoñez asumió el cargo no le respetó sus horarios laborales y recibió de parte de ésta humillaciones públicas, frases ofensivas, descalificaciones hacia su trabajo y tratos humillantes como que jalara la palanca del excuso cuando ella (Quiñonez González) saliera del sanitario o que le cocinara personalmente. Todo esto se mantuvo hasta su despido injustificado en abril de 2018.

De acuerdo con González Yáñez aun cuando trabajaba en la Secretaría capitalina trató de denunciar esta violencia laboral, sin embargo, no encontró alguna instancia o unidad -como lo establece el Protocolo a instituciones públicas de la ciudad- dentro de la Seciti para hacerlo.

Por ello recurrió al director de la Seciti, David García Junco Machado, pero nunca logró comunicarse con él, únicamente con su asistente, a quien le dio a conocer esta información pero no tuvo respuesta.

Ahora, Yessica no sólo recurrió a la CDHDF para interponer la denuncia de violencia laboral contra Quiñonez, también interpuso una queja a la Contraloría General del Distrito Federal que este 22 de junio le informó que en pocos días responderían si aceptaban su caso.

SANCIONAR LA VIOLENCIA LABORAL

Cultura DH es una de las organizaciones junto a la Dirección General de Educación Indígena de la SEP, el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) que han solicitado por medio de cartas dirigidas a Junco Machado, que investigue el caso de Yessica bajo el Protocolo especializado en género, debido a que también tuvieron un incidente con Mayra Quiñonez por su comportamiento en un evento público que estas instituciones organizaron.

En un foro sobre las mujeres, la ciencia y tecnología en el que participó la Seciti en abril de 2018, Mayra Quiñonez rechazó un material sobre Derechos Humanos que le ofreció la investigadora Rosy Laura Castellanos, le dijo que no le servirían y los iba a tirar a la “basura”, declaró Castellanos.

SECITI SIN RESPONDER

Este Protocolo no sólo da a las víctimas de violencia laboral la certeza de los medios que deben asegurar las instituciones públicas capitalinas para que denuncien, también establece que queda prohibido en estos espacios la violencia laboral que incluye el daño físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico. 

Para conocer si el caso de Yessica González se estaba investigando con dicho Protocolo y cuál era el posicionamiento de la Seciti al respecto, Cimacnoticias buscó una entrevista con Junco Machado –quien preside la institución- pero se negó a darla.

Laura Castellanos señaló que también han buscado comunicarse con el secretario Junco Machado para conocer los avances en la investigación de la denuncia de Yessica pero tampoco tienen resultados. Únicamente el 7 de junio de 2018 el Director General de Innovación de la Seciti, Carlos Alfonso Herrera Anda, respondió a una de las cartas de las organizaciones (Cimacnoticias tiene copia) en la que ofrece una disculpa por el comportamiento de la Directora de Gestión durante un evento público al cual fue invitada, pero sobre el caso de Yessica no respondió.

La presidenta de Cultura DH reconoció que aún es difícil que las mujeres víctimas de violencia laboral, denuncien por la desconfianza que tienen en las instituciones. Afirmó que frecuentemente su dicho es cuestionado principalmente ante la falta de testigos, quienes no hablan por miedo a represalias o porque las agresiones se perpetran en completo aislamiento, además, las personas agresoras son normalmente superiores jerárquicos y existe colusión sobre todo en instituciones públicas por los lazos de amistades o familiares entre las y los servidores.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (Endireh) en el país 91 por ciento de las mujeres han vivido violencia laboral y no solicitaron apoyo a ninguna institución.

Por lo que es importante, añadió la investigadora especializada en DH, que se aplique el Protocolo con enfoque de género en el caso de Yessica González porque sería un ejemplo en la indagación de la violencia laboral que viven las mujeres en la administración pública y es un derecho que tiene como víctima y trabajadora. 18/HZM/LGL 

Política de Trump atenta contra personas centroamericanas principalmente

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  • Discriminatoria y dramática la política migratoria
CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Hermosillo, Sonora (Cimacnoticias).- La política de tolerancia cero implementada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump va dirigida principalmente a las personas centroamericanas que habían encontrado una rendija abierta con la posibilidad de encontrar asilo si llegaban y eran atrapados por la patrulla fronteriza, consideró la profesora investigadora de El Colegio de Sonora, Gloria Ciria Valdéz Gardea.

En entrevista a propósito de esta medida que ayer fue cancelada por el presidente Trump, la académica opinó que gracias a la presión que hicieron las organizaciones civiles no gubernamentales y de la comunidad internacional fue que se dio marcha atrás a esta dramática situación que separa a las familias.

Para la investigadora, esta medida se sumó al contexto de crisis que se vive en el mundo: desigualdad, el incremento en el flujo de personas refugiadas por ejemplo en Europa, la inseguridad y violencia en los países que obliga a las personas a dejarlos y migrar a contextos más seguros.

“Lo que estamos viviendo a nivel internacional es una política migratoria que discrimina, que refuerza las fronteras donde muchas personas a escala mundial están siendo afectadas. Esto es un fenómeno mundial”, aseguró Valdéz Gardea.

En el caso específico de Estados Unidos, lamentó que las personas que provienen de Centroamérica sean las más afectadas porque no hay que olvidar, precisó, que miles se ven obligadas a desplazarse por el crimen organizado que saquea y roba sus recursos naturales, y que las obliga a huir de estos contextos.

Si bien esta situación no es nueva, dijo la académica, pues en la administración del expresidente Barack Obama también se expulsó a aproximadamente 70 mil personas centroamericanas, la mayoría niñas y niños no acompañados, por lo menos eran salvaguardados en centros de detención junto con sus padres, mientras se veía la posibilidad de buscarles asilo.

Ahora con esta medida de Trump, lo que ocurre es que hoy día pasar sin documentos a Estados Unidos es considerado un delito federal perseguido por el departamento de Seguridad Nacional estadounidense, y se criminaliza a la persona migrante. A ello se suma la separación de las familias, y a la infancia se le aleja de sus padres.

La investigadora anunció que la semana siguiente se realizará  el seminario “Los efectos de la política migratoria Tolerancia cero, en familias migrantes” y recordó que en el caso de México tampoco existe una política pública migratoria que salvaguarde los derechos de las personas migrantes en tránsito, en retorno y de las que están en Estados Unidos.

De acuerdo con la académica, del total de la infancia que permanece en los centros de detención estadounidenses, 100 son menores de 4 años. El más chico tiene 7 meses  de edad,  22 son mexicanos y una de ellas es una niña de 10 años con síndrome de Down, informó. 18/SNE/LGL

Victoria feminista en Irán: mujeres vieron transmisión del fútbol

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  • Estaba prohibido desde la revolución islámica de 1979
Ciudad de México.- Por primera vez desde 1979, desde la Revolución Islámica, las mujeres de Irán asistieron a un estadio para ver un partido de fútbol: la retrasmisión del encuentro entre España y su país.

Aunque se reportó en un inicio que se cancelaría el evento, en un inmueble de Teherán, por algunas irregularidades, periodistas locales y el Centro de Derechos Humanos en Irán confirmaron que el evento se llevó a cabo conforme al plan.

A través de su cuenta en Twitter el sitio Bleacher Report B/R Football @brfootball reportó:
A las fanáticas femeninas se les permitió ingresar al estadio Azadi de Teherán por primera vez desde 1979 para ver Irán contra España.


Fotos @brfootball 

Trump “escoria” y “criminal”: Miguel Bosé

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  • Separar niños de sus familias es traumático: Thalía
  • Nosotros latinos debemos unirnos ahora más que nunca: Luis Fonsi
Ciudad de México.- “Trump sabía que eras una escoria, pero con esto ya pasas a nivel de criminal”, publicó en su cuenta oficial de Twitter el músico, cantante y actor español Miguel Bosé al opinar sobre los niños enjaulados, hijos de migrantes indocumentados, por la política cero tolerancia del presidente de Estados Unidos.
#Trump sabía que eras una escoria, pero con esto ya pasas a nivel de criminal.  #LosNiñosNunca #BarbarieHumana  Hablemos fuerte por ellos!! Escribió en @BoseOfficial
Bosé tiene en México la Fundación Patrimonio Indígena MX, una organización sin fines de lucro que trabaja para contribuir al bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando su cultura y el ejercicio de sus derechos.

El organismo cuenta con Casas del Niño Indígena en Nayarit, Durango, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.
 #LosNiñosNunca #BarbarieHumana  Hablemos fuerte por ellos!!, termina su frase.
Salma Hayek también se sumó:
Aplaudo a todas las personas que presionaron al gobierno para mantener unidas a las familias de inmigrantes, pero no hay que olvidar que América acostumbraba ser un país que luchaba por los derechos humanos y ahora es uno que tortura psicológicamente a niños y familias.
La cantante mexicana Thalía también se refirió al tema:
Infórmate para ayudar en el link de @unicefusa. ¡Separar niños de sus familias es traumático y tiene que parar! #Repost @unicefusa
También el cantante Luis Fonsi opinó sobre el tema:
We’re better than this! No reconozco este país. Alcemos nuestras voces para defender a nuestros niños. Nosotros latinos debemos unirnos ahora más que nunca. Las familias deben estar unidas. #DondeEstanMisHijos #WhereAreMyKids

Grave preocupación del Episcopado Mexicano por niños enjaulados

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  • El lugar de sábanas reciben láminas de papel aluminio para que se cubran al dormir
Ciudad de México.- Mientras circulan fotografías de los niños latinoamericanos enjaulados, separados de sus padres indocumentados, la  Conferencia del Episcopado Mexicano manifestó su “grave preocupación” ante la política migratoria de tolerancia cero impuesta a las familias de migrantes que intentan el ingreso ilegal a los Estados Unidos.

El presidente y el secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, cardenal José Francisco Robles Ortega, y Mons. Alfonso G. Miranda Guardiola, en nombre de los obispos de México, advirtieron que la separación forzosa de los niños podría ser causa de graves ilícitos que vulneran la integridad de los menores.

El texto completo del mensaje de los obispos de México:
Ciudad de México a 19 de junio de 2018

Saludamos con la paz de Cristo, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.

Los obispos mexicanos manifestamos nuestra grave preocupación ante el anuncio que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho respecto de que casi 2 mil niños migrantes han sido separados de sus padres en las últimas semanas. De esta manera, se eleva el total de niños en esta situación a casi 4 mil del año pasado a la fecha. En esta misma línea el Papa Francisco ha manifestado su preocupación sobre el creciente número de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que existen en algunas partes del mundo. Las familias no deben ser separadas. Al contrario, el bien común se consolida con la unidad de las familias.

Este es el resultado de una política migratoria de "tolerancia cero", que promueve el arresto a todos los adultos que intentan entrar de manera ilegal a los Estados Unidos, incluyendo aquellos que buscan asilo y huyen de condiciones de peligro y vulnerabilidad en sus países de origen. Mientras los adultos son arrestados y detenidos, los niños acompañantes son separados de sus familiares y enviados a diferentes instalaciones de detención.

Así mismo nos preocupa que también existen muchos niños migrantes solos o que se encuentran en compañía de personas que no son sus padres o sus tutores oficiales, en cuyo caso, están más expuestos a ser presa del crimen organizado o de la trata de personas. Estos niños es preciso rescatarlos por razones humanitarias y tratarlos de manera justa, respetando con gran cuidado sus derechos humanos.

Hacemos un fuerte llamado al gobierno de Estados Unidos, a salvaguardar la integridad de las familias migrantes y el derecho que, tanto padres e hijos tienen de permanecer unidos. La soberanía política de cualquier Estado descansa en una soberanía anterior y mucho más fundamental: la soberanía de las familias. Las familias poseen una dignidad que les es propia y que no es fruto del estatus migratorio de sus integrantes sino de su propia naturaleza como célula esencial de la vida social. Además, separar a las familias, genera consecuencias más peligrosas y dañinas para los niños, porque los hace más vulnerables y los expone a otros riesgos que, sin el cuidado y resguardo de los padres no podrán afrontar. El interés superior de los niños tiene primacía sobre cualquier otra cuestión o discusión en esta materia.

Confiamos a Santa María de Guadalupe las esperanzas y el cuidado de todos los migrantes y refugiados, y muy especialmente de los niños y niñas latinoamericanos que padecen esta situación en los Estados Unidos. Jesucristo nos recuerda a todos: "En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis" (Mt 25,40).

Por los obispos mexicanos,

+ Card. José Francisco Robles Ortega
Arzobispo de Guadalajara y Presidente de la CEM

+ Mons. Alfonso Miranda Guardiola
Obispo Auxiliar de Monterrey y Secretario General de la CEM


Agencias


En jaulas los niños de los migrantes indocumentados

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  • El senador Peter Welch describe su visita al interior de la “prisión”: “Vi a niños encerrados en jaulas en cadena”.
  • La Patrulla Fronteriza de EU difundió imágenes de un centro de detención
Ciudad de México.- Crece la indignación mundial y Donald Trump parece ceder al difundirse imágenes, por la propia Patrulla Fronteriza, de un centro de detención donde se observa enjaulados a niños de los migrantes indocumentados.
Mi visita a la frontera sur en Texas ayer fue desgarradora. Vi a niños encerrados en jaulas en cadena. Me reuní con madres angustiada llorando porque no saben dónde están sus hijos o si alguna vez los vuelven a ver. Esta política es vergonzosa. Es anti-americano. El Presidente puede terminar con un trazo de su pluma. Llama a la Casa Blanca y dile que lo termine-202-456-1414. Si no lo hace, el Congreso debe hacerlo”, dijo el senador Peter  Welch.
Este miércoles, temprano, el presidente Trump anunció que firmará un decreto para dejar de separar a las familias migrantes en la frontera con México, en medio de la creciente oposición a su política de "tolerancia cero" hacia la inmigración ilegal.

"Queremos mantener a las familias juntas", dijo en la Casa Blanca. "Firmaremos una orden ejecutiva en breve", agregó, y señaló que esperaba que esto fuera en simultáneo con una legislación aprobada por el Congreso. La Cámara de Representantes prevé votar un proyecto de ley sobre el tema el jueves.

Por su parte, la Patrulla Fronteriza de EE.UU. difundió imágenes de un centro de detención ubicado en la ciudad de McAllen, estado de Texas, tras las críticas que recibió la Administración de Trump por su política migratoria de 'tolerancia cero'.

A su vez, se le permitió el acceso a periodistas y políticos locales, quienes visualizaron a cientos de niños en condiciones de encierro, sin la presencia de sus padres.

Otro congresista que presenció la situación fue el senador de Maryland, Chris Van Hollen:
Trump sigue diciendo que necesitamos nuevas leyes de inmigración para cambiar su cruel política de separación familiar. Totalmente falso. Lo ordenó hace 6 semanas y podría terminarlo hoy. Él está sosteniendo a estos niños separados como rehenes para ganar influencia en el debate de inmigración más grande. ¡Despreciable! , escribió en la red social.
De su visita dijo: “Fui testigo de cómo niños estaban amontonados en grandes corrales de vallas con cadenas separadas de sus madres y padres".

El sitio que visitó también es conocido como 'Úrsula', donde unos 1.100 inmigrantes esperan ser procesados. El complejo está dividido por tres sectores: uno para niños solos, otro para padres junto a sus hijos y el restante para adultos sin acompañamiento. Las autoridades estiman que hay casi 200 detenidos menores sin sus familiares y otros 500 son padres con hijos.




Valentina Rosendo: 16 años para romper la cadena de impunidad

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  • Soldados que la torturaron sexualmente serán sentenciados
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Ciudad de México (Cimacnoticias).-Desde 2002 recorrió kilómetros para tocar puertas de oficinas gubernamentales cargando a su pequeña hija en brazos. Le dijeron mentirosa y la expulsaron de su comunidad por haber denunciado a soldados del 41 Batallón de Infantería del Ejército mexicano. Han sido 16 años de buscar una justicia que por fin parece asomarse.

Su lucha no fue fácil y no fue corta. Comenzó cuando denunció que el 16 de febrero de 2002 en la comunidad de Caxitepec, en el municipio de Acatepec en el estado de Guerrero, fue interrogada, golpeada, violada y torturada sexualmente por dos miembros del Ejército mexicano, mientras otros seis militares observaban.

Desde entonces, Valentina Rosendo Cantú tuvo que enfrentar al Ejército, declarar frente a los militares, tocar las puertas de instancias nacionales y llegar a organismos internacionales para que la justicia le devolviera lo que perdió aquel día. Aunque pudo abandonar la denuncia no lo hizo, continuó en su empeño de demostrar que su palabra era verdad.
Hoy, la niña de 17 años que sobrevivió a la tortura sexual en un pueblo de la Montaña de Guerrero, es una mujer que empieza a reacomodar las piezas movidas de su vida. Cada vez que se acerca a la justicia una pieza encuentra su lugar y este año el rompecabezas de su historia está a punto de encajar.

El pasado 1 de junio el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Guerrero, a cargo de la jueza Iliana Fabricia Contreras Perales, condenó a 19 años, cinco meses y un día de prisión, al cabo de infantería Nemesio Sierra García y al exsoldado Armando Pérez Abarca, quienes en 2002 violaron y torturaron sexualmente a la indígena.

ROMPER LA CADENA DE LA IMPUNIDAD
A pesar de que Valentina denunció a los militares un par de días después de la agresión y de que el 41 Batallón de Infantería tenía los nombres de los elementos de las fuerzas armadas que en febrero de 2002 estaban realizando tareas de seguridad en Acatepec para destruir plantíos de amapola, la denuncia de la joven encontró múltiples obstáculos para llegar a una conclusión de los hechos ocurridos aquella tarde, cuando ella lavaba ropa en un arroyo cercano a su hogar y al pueblo de Barranca Bejuco y cuando los varones vestidos de camisola verde, pantalón verde y botas negras que portaban armas largas, la agredieron.

Aunque su vida dio un vuelco, durante todos estos años logró reconstruirse. Hoy la pequeña niña que llevó a todos lados en brazos en su búsqueda de justicia, es una joven estudiante de preparatoria.

A Valentina no la derrumbaron, aún cuando las autoridades mexicanas, primero las militares y luego las civiles, apostaron para que ella desistiera la denuncia y su demanda ante instancias internacionales donde sí fue escuchada. Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), quien en agosto de 2010 ordenó al Estado mexicano investigar los hechos y sancionar a los responsables.

Como parte de esa sentencia el 15 de diciembre de 2011, el Gobierno mexicano, en voz del entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, le ofreció una disculpa pública por no protegerla ni garantizarle justicia, Valentina afirmó: “lo que sigue es la investigación”. Desde entonces su interés ha sido lograr que sus agresores estén tras las rejas, donde ya están recluidos.

Luego de conocer la sentencia en su contra, uno de sus agresores, Armando Pérez Abarca interpuso un recurso de apelación en contra del fallo y aun no se sabe si Nemesio Sierra García, el otro agresor, hará lo mismo. Aun así, los abogados de Valentina, Vidulfo Rosales Sierra e Isidoro Vicario, quienes forman parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, deberán presentar sus argumentos para que la apelación no favorezca a los acusados y la sentencia quede firme.

16 años después, Valentina lo logró y demostró que su dicho era verdad. Hoy más que nunca las palabras que mencionó el día que aceptó las disculpas públicas del Estado mexicano se mantienen con fuerza: “Sigo con la frente en alto, con dignidad de mujer indígena. Estoy orgullosa de mí por ser quien soy. Mujeres, luchar es seguir adelante, es romper la cadena de la impunidad”.

TESTIMONIO PARADIGMÁTICO
La indígena tlapaneca logró lo que pocas mujeres víctimas de violencia sexual, lo que no ha conseguido Miriam López, detenida y torturada sexualmente en Baja California; Denise Blanco, Korina Utrera y Wendy Hernández, torturadas en Veracruz; Cristel Piña, violentada en Chihuahua; Yecenia Armenta en Sinaloa; Belinda Garza en Torreón y otras tantas sobrevivientes que esperan castigo para los soldados, marinos o policías que las violentaron.

En un primer momento en 2013, y tras la sentencia de la CoIDH, la Fiscalía para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) consignó la averiguación previa por los delitos de tortura, abuso de autoridad y violación sexual, los dos agresores fueron juzgados y sancionados por tortura y violación sexual ya que el abuso de autoridad quedó integrado en la descripción de estas conductas.

El valor de Valentina es un precedente para otros casos no sólo por el mensaje que manda al alzar la voz contra la impunidad militar sino por la sentencia que emitió la jueza Contreras Perales, quien actuó siguiendo la resolución de la Corte Interamericana y los preceptos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre juzgar con perspectiva de género los casos de violencia sexual.

En la sentencia a favor de la indígena, dada a conocer por los abogados este lunes 18, la jueza dio valor preponderante a las declaraciones de la joven, dio carácter probatorio a los testimonios de su entonces pareja y de la cuñada de la víctima, quienes a pesar de no estar en el momento de los hechos sí pudieron darse cuenta del estado en el que se encontraba la sobreviviente una vez que pudo llegar a su casa.

Y no sólo eso, la jueza utilizó el término de “asimetría de poder” al señalar la especial vulnerabilidad en la que se encontraba la entonces niña de 17 años en relación con sus ocho agresores, seis que la observaron y dos más que la violaron, es decir hombres que pertenecían a las fuerzas armadas.

Las amenazas en su contra, el abandono de su pareja y el ser exiliada de su comunidad no logró rendir a Valentina; por el contrario, su testimonio según se dejó en claro en la sentencia, hizo ver las consecuencias de una agresión sexual en una comunidad indígena y los efectos en el círculo familiar, consecuencias que convierten a la violación en tortura.

A pesar de que los dos agresores trataron de desestimar los dichos de la joven porque su testimonio, declarado en tres ocasiones, tuvo variaciones que ellos consideraron “inconsistencias en el proceso”, la jueza dijo que su palabra se debía valorar considerando que su lengua materna no era el español y que los hechos en sí tienen una naturaleza traumática.

Los dos acusados quisieron echar abajo la denuncia argumentando que no había constancia médica que acreditara semen en la víctima, algo que para el Juzgado no era admisible considerando la falta de servicios médicos en la zona montañosa de Guerrero que dificultó la obtención de un examen ginecológico. Aunque hay que decir que ella acudió a una clínica donde se le negó el servicio porque el personal no quería problemas con los militares.

EXHIBIR LA IMPUNIDAD
Este lunes 18 Valentina Rosendo Cantú, acompañada del director de Tlachinollan, Abel Barrera; del representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab; de la subdirectora del Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil), Marcia Aguiluz; y de la representante Amnistía Internacional, México, Tania Reneaum, hablará de los alcances de esta sentencia.

Hablará de su batalla para exhibir la impunidad militar y de otros elementos encargados de la seguridad pública, de cómo la indígena tlapaneca Inés Fernández Ortega, también fue violada sexualmente por militares en 2002, en el estado de Guerrero, y continúa con una lucha similar a la suya para que los soldados que la violentaron estén en prisión.

Desde mayo de 2015 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó hacer un análisis a profundidad sobre los estándares que estableció la CoIDH en materia de género, etnicidad y tortura sexual en las sentencias dictadas por los casos de Valentina e Inés, ellas mostraron que su tenacidad no cesaría hasta poner su dignidad en alto. 18/AGM/LGL

“La ola verde” en Argentina logra despenalización del aborto

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  • Congreso aprueba IVE, falta votación del Senado
Por: Aline Espinosa Gutierrez
Ciudad de México.- Después de un debate de más de 13 horas, el congreso argentino aprobó el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención, con lo que ahora queda en manos del Senado su aprobación, la cual se espera, ocurra en agosto próximo.

Esta jornada histórica es resultado del trabajo intenso del movimiento feminista argentino que desde hace varios años trabaja para la despenalización del aborto que en el 2016, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, provocó la muerte de 245 mujeres.

Este proceso fue precedido de dos meses de audiencias públicas en las que se realizaron 15 sesiones y 738 exposiciones de la sociedad civil, que se hicieron escuchar con sus posturas a favor y en contra de la legalización, ante las 4 comisiones del congreso: de Legislación General, Salud, Familia, y Legislación Penal.

Después de la votación, el titular de la Cámara y quien presidió el debate, Emilio Monzó realizó la aclaración de 2 votos que no habían confirmado su decisión, lo que por momentos volvió a generar tensión e incertidumbre entre algunos diputados que se manifestaron a favor; sin embargo, minutos después Monzó declaró que a pesar de los votos no aclarados, el Proyecto de Ley estaba aprobado, por lo que ahora se turnaría al Senado para su discusión y aprobación.

Las y los diputados votaron cada uno de los artículos del Proyecto, iniciando la lectura el diputado de la bancada “Cambiemos”, quien también pronunció el primer discurso de la jornada y lo hizo a favor del proyecto, Daniel Lipovetzky.

El proyecto de IVE contempla la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación y amplía las causales de interrupción del embarazo a malformaciones fetales graves, y el riesgo psíquico o social de la mujer (que se añaden a las que ya existían, por violación, por atentado al pudor cometido sobre una mujer y por peligro a la vida o a la salud).

También se incluyó la objeción de conciencia, la cual sólo será permitida a quienes manifiesten previamente, de manera individual y por escrito, sus razones. Sin embargo, se establece que no podrán invocar la objeción si la vida de la madre corre riesgo y requiere atención médica inmediata.

Se determinó una pena de 3 meses a 1 año a las mujeres o persona  que se realice un aborto después de las 14 semanas de gestación, salvo en las causales ya permitidas. Hasta ahora, el Código Penal argentino penaliza de 1 a 4 años de prisión  e inhabilitación de actividades a quienes realizan un aborto con o sin el consentimiento de la madre.

LOGRO DEL MOVIMIENTO FEMINISTA
El Proyecto de Ley fue resultado de años de trabajo del movimiento feminista argentino, que ha trabajado por concientizar a las mujeres sobre la importancia de la despenalización del aborto.

Aglutinadas en la “Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”, portando como emblema el pañuelo verde y el lema:  “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, las mujeres evidenciaron las trabas médicas y judiciales que niegan o demoran la posibilidad de llevar a cabo un aborto seguro, por lo que impulsaron una ley clara que pueda ser aplicada de manera uniforme en el país.

En entrevista con Cimacnoticias, la integrante y activista de la “Campaña Nacional”, Victoria Tesoriero mencionó que la mayoría de las y los senadores son conservadores, sin embargo, reiteró, eso no las desanima, ya que después de estos dos días históricos (13 y 14 de junio), donde más de 1 millón de mujeres salieron a gritar “Aborto legal ya, ya, ya” a las calles, son conscientes del apoyo al movimiento y de que éste no parará.

“El derecho al aborto es una larga lucha en nuestro país, pero sin duda vivimos un momento de aceleramiento en torno al apoyo que hemos logrado de la sociedad civil, y de la opinión pública. Ahora nos escuchan, ahora nos ven, no somos una, somos millones”, dijo la activista.

Resaltó que se vivieron momentos de preocupación pues la votación se “vio reñida” y la gran cantidad de información distorsionaba los resultados. Explicó que en este “primer paso histórico” les queda reunirse para planear estrategias de comunicación y organización que les ayuden a afrontar el siguiente desafío, “el Senado es una cámara más difícil. Ahora estamos frente a la Cámara (de diputados) festejando”, expresó Victoria Tesoriero.

LA MAREA VERDE
Como parte de las acciones realizadas para el debate final sobre la despenalización del aborto, de acuerdo con medios de comunicación argentinos, alrededor de 1 millón de mujeres estuvieron en espera de la votación final sobre el Proyecto de Ley mientras participaban o realizaban debates, talleres, charlas, batucadas, conferencias de prensa y activismo en redes sociales.

La Plaza del Congreso fue dividida, por la policía, con vallas en dos mitades durante la madrugada. En el costado norte se ubicaron los militantes a favor del aborto; en el sur, los opositores, y en el medio se instalaron miembros de la policía para impedir el acercamiento entre los grupos.

Sin embargo, se desbordó el verde por las vallas. Jóvenes y adolescentes fueron llegando para sumarse al contingente de apoyo. Ellas emplearon glitter y pinturas en su cuerpo para plasmar sus demandas. En contraste, el color celeste de los grupos antiderechos era minoritario, contó en entrevista con Cimacnoticias, la integrante de la agrupación “Las Rojas”, quien participó en las exposiciones previas al debate, Manuela Castañeira.

Narró que debido a la cantidad de mujeres de todas las generaciones que fueron llegando incluso hasta la madrugada de hoy, no se podía transitar en las avenidas aledañas al Congreso. Ellas hicieron vigilia, algunas más, dijo, durmieron en casas de acampar o en cartones extendidos en el piso, otras se reunieron en “ollas populares” para cocinar, algunas más compartieron sus hombros y piernas como reposadores.

Desde ayer, podían leerse en twitter, frases, mensajes sobre este día histórico para las argentinas: “Acá estamos. Abrazadas, en manada, entre frazadas, fogatas y carpas. Entre bailes para despabilarnos del frío y canciones de agite. Armamos un campamento feminista porque de la Plaza no nos vamos hasta que sea ley”, publicó el colectivo argentino de activistas “Emergente” en su página oficial de Twittter.

En solidaridad con Argentina en su lucha histórica por la vida de las mujeres, organizaciones internacionales y nacionales feministas, civiles, defensoras de Derechos Humanos (DH), y sociedad civil hicieron plantones frente a las embajadas de sus países, compartieron fotos y vídeos en sus redes sociales bajo los hashtag #AbortoLegal, #QueElAbortoSeaLey, #HaganHistoria, #13JAbortoLegal, entre otros, en apoyo a la vigilia masiva que inició a tempranas horas del 13 de junio y duró hasta la tarde de este día.

El día de hoy, a partir de las 9 de la mañana (horario de Argentina), las argentinas festejaron la aprobación del Proyecto entre lágrimas y abrazos, y se colocaron frente al Congreso para una vez más gritar  algunas de sus consignas "Saquen sus rosarios de nuestros ovarios", "Es mi cuerpo, yo decido", "No es aborto sí, aborto no, es aborto legal o clandestino"  y agitar sus pañuelos.

El festejo se extendió hasta las redes sociales, donde organizaciones, colectivos, y el movimiento internacional de mujeres, han celebrado este gran logro de las argentinas que salvará la vida de miles de mujeres y que han agitado el ya famoso pañuelo verde. 18/AEG/LGL

Insólito: La diputada Estela Regidor comparó el aborto con "los perritos"

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  • "¿Qué pasa cuando una perrita queda embarazada? No la llevamos al veterinario a que aborte", dijo la legisladora de la UCR.
Argentina.- La diputada radical Estela Regidor (UCR-Corrientes), quien se definió como protectora de animales, hizo una comparación con los "perritos" para rechazar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

"Seguro que muchos de ustedes tienen mascotas ¿Qué pasa cuando una perrita queda embarazada? No la llevamos al veterinario a que aborte", dijo Regidor en su discurso en el Congreso durante las discusiones sobre el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Añadió: "Enseguida salimos a buscar a quién regalarle los perritos. Fíjense como son los animales, hasta las peores fieras quieren a sus crías. ¿Qué nos pasa a los seres humanos que tenemos esta maldita razón que nos tapa el corazón? Si fuéramos un poquito más animales, no mataríamos a nuestras crías, las criaríamos como fuera”, señaló.

Finalizó: “¿Lleva la mujer en su vientre un pomelo, un árbol o un perro? No, lleva algo de su misma especie, y se llama hijo”.

Mira el vídeo:

CNDH presenta acción de inconstitucionalidad contra objeción de conciencia

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  • Afecta derechos fundamentales, afirma
CIMACFoto: César Martínez López
Ciudad de México (cimacnoticias).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra el decreto por el que se agregó la objeción de conciencia al artículo 10 Bis a la Ley General de Salud.

El organismo argumentó que la adición a la Ley General de Salud abre la posibilidad de afectar derechos fundamentales como la salud, integridad personal, seguridad jurídica, a la vida, libertades sexuales y reproductivas, el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de los hijos, y derecho al libre desarrollo de la personalidad.

El pasado 11 de mayo el Ejecutivo federal publicó la reforma al Artículo 10 Bis de esta norma que dice que “el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios”.

Si bien la norma establece que no podrá invocarse la objeción de conciencia cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica y describe que el ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral, grupos defensores de los derechos de las mujeres alertan que puede ser un pretexto para no garantizar el derecho al aborto.

En todo el país el aborto es legal cuando es producto de una violación sexual, en 24 estados cuando la vida de la mujer corre peligro, en 14 cuando hay complicaciones de salud y solo en la Ciudad de México cuando es voluntad de la mujer, sin embargo grupos feministas alertaron que la objeción de conciencia puede usarse para impedir que el personal médico practique la interrupción legal del embarazo.  

En un comunicado la CNDH informó que dicha regulación debe de ser dentro del estricto respeto al marco constitucional y convencional existente, de manera que garantice plenamente el respeto y la protección de los derechos fundamentales.

De acuerdo con el organismo, la Suprema Corte debe ser quien decida sobre la constitucionalidad de la norma por ello presentó el recurso producto de un proceso de diálogo y debate con organizaciones de la sociedad civil, académicos y personas expertas en la materia y representantes de organismos vinculados con la protección y defensa de los derechos.

Asimismo el organismo informó que presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley General de Comunicación Social por considerar que no establece reglas claras para la contratación de publicidad oficial, lo cual representa riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión en su dimensión colectiva, así como para el derecho de acceso a la información plural, pues la ausencia de tales reglas genera efectos silenciadores y disuasivos en algunos medios de comunicación. 18/AGM/LGL

EU niega asilo político a sobrevivientes de violencia familiar

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  • Organizaciones protestan por medida
Por: Sonia Gerth
Ciudad de México (Cimacnoticias).- Organizaciones de inmigrantes y mujeres en Estados Unidos rechazaron la decisión del Fiscal General, Jeff Sessions, de derogar el asilo político de una mujer salvadoreña que sufrió violencia familiar, medida que calificaron de misógina, hostil y anti-inmigrante.

En una decisión poco usual, Sessions atrajo el caso y revirtió la decisión de una corte de apelaciones migratoria que había concedido asilo a la mujer. En Estados Unidos, las cortes migratorias son parte del Departamento de Justicia, no del sistema judicial, por eso el Fiscal General puede intervenir.

Sessions argumentó que “el estatus de asilo no puede proveer reparación para cualquier mala fortuna”, y constató que tanto la violencia familiar como la violencia por parte de pandillas criminales “en general” no pueden ser motivo para pedir asilo. La decisión forma parte de la política anti-inmigrante del gobierno Trump y tendrá presumiblemente implicaciones en cientos de peticiones de asilo.

El centro de Estudios de Género y Refugiados de la Universidad de Hastings (CGRS, por sus siglas en inglés), que también formó parte de la defensa legal de la mujer salvadoreña, dijo que la demandante sufrió 15 años de violencia por parte de su ex marido. “La golpeó, incluso cuando estaba embarazada, la amenazó con un cuchillo y un arma”, la víctima buscó ayuda en instancias estatales salvadoreñas, pero sin resultados.

Fue por eso que se refugió en Estados Unidos. El asilo le fue concedido después de que una corte decidió en un precedente en 2014 que las sobrevivientes de violencia familiar necesitan protección, ya que para recibir asilo político, es necesario comprobar que una persona es perseguida o no protegida por un gobierno a causa de su raza, religión, etnia, nacionalidad, opinión política o como parte de “otro grupo social”.

La corte estableció que mujeres centroamericanas que no pueden escapar de matrimonios abusivos, son un grupo social.

Si ellas citan un “temor creíble” de volver a casa, ante oficiales migratorios, se tiene que abrir su caso. Según estadísticas de Homeland Security (el departamento de inmigración) 92 mil personas alegaron temor al llegar en la frontera en 2016, mientras que en 2008, fueron solamente 5 mil 100.

De las personas con “temor creíble” a persecución y tortura en su casa, un 73 por ciento venía de El Salvador, Honduras o Guatemala, y en 81 por ciento de los casos, la policía migratoria encontró que el temor fue fundado y refirió a las personas ante una jueza o un juez migratorio.

El Fiscal Sessions argumentó en su reversa a la decisión de la corte que la mujer salvadoreña no llena el criterio, porque “la simple existencia de circunstancias en común no hace a las personas que poseen estas características un grupo social en particular”. Para él, la violencia en casa y la violencia de pandillas es “violencia privada”.

Declaración que provocó el furor de los grupos defensores de mujeres e inmigrantes. “Esta decisión es un intento de regresarnos a una era en la que los Estados no reconocían los derechos de las mujeres como Derechos Humanos, en la que negaron una protección a las mujeres huyendo persecución de género”, dijo Karen Musalo, directora del CGRS.

La Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes de Estados Unidos (YWCA, por sus siglas en inglés), remarcó via Twitter que Sessions estaba “esencialmente emitiendo una sentencia de muerte a las personas buscando seguridad de violencia familiar y de pandillas”, y calificó esta política como “crueldad personificada”. Las dos son las principales razones porque ciudadanas y ciudadanos centroamericanos piden asilo.

La directora de la Red Nacional para Terminar Violencia Domestica (NNEDV, por sus siglas en inglés), Kim Gandy, declaró que “esta decisión desoladora pone en peligro a las ya vulnerables víctimas de violencia familiar, que no tienen otro sitio al que acudir.”

La directora de la Coalición Nacional contra Violencia Doméstica (NCADV, por sus siglas en inglés), instó a la administración Trump de revertir la decisión del Fiscal: “Nuestro país tiene que defender a las personas que se refugian de sus agresores, no importa donde nacieron o qué estatus tengan”, dijo Ruth Glenn.

En la plataforma Change.org, existe una petición que aboga por aclararle al Fiscal Sessions que la violencia familiar es un motivo para asilo político, y ya reunió casi 80 mil firmas, y la organización ACLU inició otra petición que pide a Sessions revocar su decisión.

La mujer salvadoreña que está por perder su estatus de asilo por la decisión de Sessions se mostró irritada: “Creo que las y los jueces migratorios están en contra de inmigrantes. Generalizan. Creen que vinimos para trabajar, no entienden que huimos para salvar nuestras vidas”, dijo a la organización CGRS. 18/SG/LGL

Respeto sin indiferencias, somos iguales, pero diferentes

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  • La UADY es sede de la XVII semana cultural de la Diversidad Sexual, habrá conferencias magistrales, mesas redondas, paneles, así como presentaciones de libros, talleres, exposiciones.
Mérida, Yucatán.- Impulsar un dialogo reflexivo y crítico sobre los problemas actuales de discriminación, género y sexualidad en México, es el objetivo de la XVII Semana Cultural de la Diversidad Sexual que se llevará a cabo del 11 al 15 de junio en las diferentes instalaciones de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

El lema “Memorias y respeto sin indiferencias, somos iguales pero diferentes” pretende promover la construcción de un esquema sociocultural sin exclusiones en nuestro país, comentó en entrevista Edith Yesenia Peña Sánchez coordinadora del evento.

Señaló que la finalidad del encuentro es visibilizar la discriminación que se ejerce en el entorno cotidiano, para generar una plataforma de información y sensibilización orientada hacia una convivencia libre de violencia de género.

Asimismo, la especialista manifestó que se han registrado avances, entre ellos el rechazo en las terapias de conversión de cambio de orientación sexual, las cuales carecen de justificación científica y médica, sin embargo, aún persisten y hay un clamor internacional para que desaparezcan.

También en el tema de la no discriminación de conductas por enfermedades de transmisión sexual en los códigos penales. El llamado de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para promover el respeto y las garantías de las personas trans género, entre otros.

Referente al programa de la semana cultural explicó, que en esta edición se contará con más de 70 especialistas de diferentes instituciones académicas, organizaciones civiles, investigadores entre otros, cuyo objetivo fundamental es dialogar sobre el derecho a la dignidad humana.

El programa está conformado por 11 conferencias magistrales, ocho mesas de debate, cuatro presentaciones editoriales, tres mesas paneles, cuatro talleres, un conversatorio, una obra de teatro, monólogo y una exposición fotográfica.

Carlos Estrada Pinto, Director General de Desarrollo Académico de la UADY dio la bienvenida a estudiantes, profesores, académicos, investigadores, en su discurso destacó que la sexualidad es una fuente de diversidad, lamentablemente, en ocasiones es vista como una fuente de amenaza, derivada de prejuicios.

Subrayó que el derecho a la igualdad y a la no discriminación son principios básicos de los derechos humanos consagrados en la carta magna de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Detalló que el propósito de las jornadas es informar y sensibilizar acerca de los aspectos cotidianos de la diversidad sexual y visibilizar una realidad latente de hombres y mujeres que luchan por un cambio social.

La inauguración estuvo a cargo de Eduardo López Calzada, delegado del INAH-Yucatán quien indicó que como centro de investigación se suma a los esfuerzos que se están realizado en estos temas y espera que se generen mejores políticas públicas.

“El derecho a la igualdad y a la no discriminación son principios básicos de los derechos humanos”, puntualizó.

En la inauguración también estuvieron presentes Celia Rosado Avilés, directora de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY; Jesús Lizama Quijano, director regional del Centro de Investigaciones Superiores en Antropología Social, Unidad Peninsular y Leticia Paredes Guerrero Responsable del Programa Institucional de Igualdad de Género de la UADY.

Por una sociedad sin exclusión, objetivo de la XVII Semana Cultural de la Diversidad Sexual

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  • La actividad académica se realizará del 11 al 15 de junio en la ciudad de Mérida
  • En el encuentro participarán más de 70 especialistas de varias instituciones académicas, organizaciones civiles, activistas, religiosos, comunicadores y artistas
Ciudad de México.- Impulsar un diálogo reflexivo y crítico sobre los problemas actuales de discriminación, género y sexualidad en México, en aras de promover la construcción de un esquema sociocultural sin exclusiones en nuestro país, es el objetivo de la XVII Semana Cultural de la Diversidad Sexual, a realizarse del 11 al 15 de junio en la ciudad de Mérida, Yucatán.

“Memorias y respeto sin indiferencia. Somos iguales pero diferentes”, es el lema del encuentro académico organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de la Coordinación Nacional de Antropología (CNAN), la Dirección de Antropología Física (DAF), el Centro INAH-Yucatán; junto con  la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Peninsular), la Universidad Autónoma de Chapingo (Uach) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

La antropóloga Edith Yesenia Peña Sánchez, de la DAF y coordinadora del evento académico, señaló que la finalidad es visibilizar la discriminación que se ejerce en el entorno cotidiano, para generar una plataforma de información y sensibilización orientada hacia una convivencia libre de violencia de género.

“Para esta edición contamos con alrededor de 70 participantes de varias instituciones académicas, organizaciones civiles, activistas, religiosos, comunicadores y artistas, cuya premisa fundamental es dialogar sobre el derecho a la dignidad humana”.

El programa está conformado por ocho mesas de debate, 11 conferencias magistrales, cuatro presentaciones editoriales, tres paneles, un conversatorio, cuatro talleres, una obra de teatro, un monólogo y una exposición fotográfica. Las actividades se realizarán en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza (11 y 15 de junio), y en el Teatro Felipe Carrillo Puerto (12, 13 y 14 de junio), sedes ubicadas en la Uady.

El día 11 de junio a las 10:00 horas iniciará la XVII Semana Cultural de la Diversidad Sexual, con la mesa de debate Orígenes, narrativas e imágenes, que moderará Eduardo López, del Centro INAH-Yucatán. Participarán Héctor Hernández y Lilia Fernández, de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Uady; José Gamboa y Orlando Casares, del Centro INAH- Yucatán; Georgina Rosado, de la Unidad de Ciencias Sociales de la Uady; y Fidencio Briceño, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali). El tema central versará sobre el erotismo y la sexualidad prehispánica en la zona maya.

A las 12:00 horas se presentará el libro Sexualidades diversas. Problemas contemporáneos, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), México, coordinado por Yesenia Peña y Lilia Hernández Albarrán, ambas del INAH; reúne 16 ensayos y muestra los avances y las polémicas pendientes en materia de derechos humanos para la aceptación plena de la diversidad sexual.

Entre los temas que profundiza la obra están la trata y explotación sexual de mujeres indígenas, salud y sexualidad en adolescentes, sexualidad en personas con capacidades diferentes y problemas actuales de las comunidades lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual y queer (LGBTTTIQ).

La jornada de apertura del encuentro cerrará con la inauguración de la exposición fotográfica La enfermedad de Venus, en el patio de la Uady. Coordinada por la doctora Peña y José Concepción Jiménez, de la DAF, la muestra se compone de 65 imágenes y siete posters que muestran las evidencias históricas de treponematosis en restos humanos, con el propósito es sensibilizar al público sobre la problemática de las infecciones de transmisión sexual.
  
El 12 de junio se desarrollará la mesa de debate Iguales pero diferentes. Diversidad cultural, genérica y sexual I. Los temas a tratar serán anticoncepción, aborto, machismo, empoderamiento femenino y transformación de los roles de género. Por la tarde, el abogado independiente Jorge Fernández Mendiburu, moderará la segunda mesa del día titulada Bioderecho: decisiones, cuerpos, géneros y sexualidades.
  
En esta actividad intervendrán Antonio Romero, del Instituto Mexicano Americano de Relaciones Culturales AC (IMARC), y Mario de Jesús Romero de la Universidad Insurgentes (UIN), quienes hablarán sobre estereotipos y mitos acerca de la masculinidad; en tanto, Víctor Hugo Flores (DAF) disertará sobre aspectos relacionados con el libre desarrollo de la personalidad, la preferencia sexual y la comunidad LGBTTTIQ, mientras que Frederick Santana, del Centro de Estudios Superiores en Sexualidad, ofrecerá una charla alusiva a las familias diversas y el derecho al matrimonio igualitario.
  
En el tercer día, las actividades estarán dedicadas principalmente a los problemas de género y sexualidad en niños, niñas y adolescentes. En la mesa de debate, Martha Rebeca Herrera (DAF) y Patricia Molinar, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), reflexionarán en torno a la violencia de género y su expresión en el noviazgo. Asimismo, Vietnina Echeverría, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN-Yucatán-Uady), revisará la problemática del bullying y el abuso sexual escolar.
  
Ese mismo día impartirán dos talleres gratuitos, el primero se denomina “Abuso sexual: El problema de aprender a cuidarse en la niñez”, y el segundo “Identificar, prevenir y denunciar la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes”; tienen tres finalidades principales: informar, dialogar en grupo y tomar conciencia desde una visión humanista y bajo el marco de los derechos humanos sobre las problemáticas mencionadas. 
  
Diversidad cultural, genérica y sexualidad, serán los ejes que se abordarán el 14 de junio. En la mesa de debate Iguales pero diferentes. Diversidad cultural, genérica y sexual II, la coordinadora del evento junto con Lilia Hernández Albarrán, presentarán algunos casos de exclusión social que sufren las personas con capacidades diferentes en México.
  
En tanto, Miranda Abigail Trillo, de la Asociación Transgénero Yucatán AC (Yucatrans), referirá a la discriminación e indiferencia hacia la población transgénero en dicha entidad del sureste mexicano;  por otro lado, Carlos Méndez, del Albergue Oasis de San Juan de Dios, ahondará en torno a la violencia religiosa hacia la población homosexual que vive con VIH-SIDA.

 Finalmente, en el último día de actividades habrá dos paneles de diálogo, el primero contrastará los estudios históricos con los bíblicos respecto a los roles de género y la diversidad sexual. Intervendrán Jesús Lizama, del CIESAS Peninsular; Alejandro Solalinde, del Albergue de Migrantes “Hermanos del Camino”; José Vieira, de la Iglesia episcopal; y Nancy Walker, de las organizaciones civiles Kóokay y Católicas por el Derecho a Decidir.
  
En el segundo se analizará a los medios de comunicación y su papel en la prevención de discriminación y violencia; será moderado por Giovana Jaspersen, directora del Museo Regional de Antropología de Yucatán, Palacio Cantón.
  
La reunión académica concluirá con la puesta en escena Mujeres de arena, a cargo de la compañía de teatro de la Escuela Preparatoria No. 2, de la UNAM, bajo la dirección de Dony Romero; la obra aborda el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez y el guion se basa en testimonios de madres y familiares de las víctimas.
  
El acceso a la XVII Semana Cultural de la Diversidad Sexual es gratuito. Se otorgará constancia de participación a quien asista a 80 por ciento de las actividades.

El programa completo se puede consultar en la dirección electrónica: http://antropologia.inah.gob.mx/component/content/article/293
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