El próximo 31 de julio se cumplen 4 años desde que se activó el mecanismo de AVG en Edomex y apropósito del hecho, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) hizo un diagnóstico. Los resultados: omisión de las autoridades, falta de continuidad en los cambios de gobierno y resistencias por concebir la violencia contra las mexiquenses como un tema prioritario.

El Edomex se convirtió en la primera entidad en la que se activó la AVG en 11 de sus municipios: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.

Activar la Alerta fue un proceso de cinco años, la petición la hicieron desde 2010 el OCNF junto a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ante las alarmantes cifras acumuladas desde 2005 de 922 asesinatos de mujeres y 4 mil 281 reportes de mujeres desaparecidas.

Sin embargo, se tuvo que llevar un proceso jurídico ante la negativa de activarla. En 2015 en la administración de Eruviel Ávila Villegas se emitió el mecanismo por un amparo que ganaron las dos organizaciones civiles.

De acuerdo con la evaluación que hizo el OCNF, desde entonces se creó la policía de género, mapas de zonas de riesgo, una unidad de análisis y contexto para la investigación de delitos de feminicidio, homicidio o desapariciones de mujeres, las células de búsqueda inmediata y se impulsaron campañas para la prevención de la violencia.

Pero de esta lista de acciones, no se ha podido comprobar su eficacia, pues a la fecha no hay mecanismo de seguimiento o evaluación por parte del gobierno federal o local, indicó la coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada.

Durante el foro “Alertas de Violencia de Género: Hacia la construcción de un mecanismo efectivo para garantizar la vida y seguridad de las mujeres en México” realizado este 12 de julio, la coordinadora del Observatorio hizo hincapié que las medidas implementadas por las autoridades mexiquenses no son suficientes para atender la realidad de la violencia feminicida que atraviesan las mexiquenses.

Hoy con el decreto de Alerta y otro proceso en puerta, pues se volvió a solicitar otra AVG ante el incremento de desapariciones de niñas y adolescentes, los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que de enero a mayo de 2019 hubo 38 víctimas de feminicidio y 159 mujeres víctimas de homicidio doloso en el Edomex.

Según el análisis del Observatorio en estos años que lleva activa la AVG, las recomendaciones de seguridad, prevención y justicia se volvieron un catálogo de acciones limitadas que llevan a cabo las personas funcionarias públicas del estado.

Asimismo, siguen reproduciéndose al interior de las instituciones los mismos patrones de omisión, negligencia, corrupción e impunidad en las investigaciones de las muertes violentas de mujeres o desapariciones.

Entre las recomendaciones que hizo OCNF consideró imprescindible elaborar una estrategia metodológica que permita establecer claramente los mecanismos de monitoreo, evaluación, indicadores y avances de las acciones derivadas de la AVG, cabe recordar que es Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) quien se encarga del seguimiento y emisión de las Alertas de Género.

Tener esta evaluación en el Edomex serviría como una buena práctica de rendición de cuentas y transparencia de las 19 Alertas de Género que actualmente están activas en el país, concluyó Luz Estrada. 19/HZM/LGL

Kingston.-"Inapropiado", así fue calificado el atuendo de la doctora estadounidense Tisha Rowe por una azafata de un vuelo de América Airlines desde Jamaica a Estados Unidos el pasado 30 de junio.

La empleada de la línea aérea pidió a la mujer que "se cubriera el cuerpo". La mujer de 37 años publicó en Twitter que se sintió avergonzada y humillada después de esa solicitud.

En un tuit en que mostró la vestimenta que llevaba puesto ese día fue compartido miles de veces en la red social.

"Esto es lo que llevaba puesto cuando @AmericanAir me pidió que me bajara del avión para hablar. En ese momento me solicitó que me "cubriera". Al defender mi atuendo, me amenazaron con no volver al vuelo a menos que caminara por el pasillo envuelta en una manta", dice el tuit de Rowe.

"Mismo corazón, mismo cerebro, mismo título. La misma persona que salvaría tu trasero si hubiera una emergencia en el avión", escribió Rowe en otro tuit.

El martes, la aerolínea dijo que se había disculpado con Rowe y su hijo, y les había reembolsado el valor del viaje.

"Estábamos preocupados por los comentarios de la dra. Rowe y nos comunicamos con ella y nuestro equipo en el aeropuerto de Kingston para recopilar más información sobre lo que ocurrió", dijo una portavoz en un comunicado a los medios estadounidenses.

"Estamos orgullosos de servir a clientes de todos los orígenes y comprometidos con proporcionar una experiencia de viaje positiva y segura para todos los que vuelan con nosotros", agregó.

En 2017, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) emitió un "aviso de viaje nacional" en Estados Unidos sobre American Airlines, citando "posible sesgo racial" e "incidentes perturbadores".

Más tarde, levantaron el aviso en 2018, después de trabajar con ellos durante un año en iniciativas como capacitar a sus empleados en identificar y evitar actitudes racistas.

"Para mí, nunca hubo empatía ni disculpa, ningún intento de mantener mi dignidad en toda la situación", dijo a Buzzfeed News.

Rowe acusó a la aerolínea de racismo y discriminación contra su tipo de cuerpo.

"Estamos vigilados por ser negros", escribió en un tuit. "Nuestros cuerpos están demasiado sexualizados como mujeres y debemos ajustarlos para hacer que todos a nuestro alrededor se sientan cómodos", agregó.

"He visto a mujeres blancas con pantalones cortos, mucho más cortos, a bordo de un avión".

Mérida, Yucatán.- La Universidad Modelo NO comparte el comentario sexista y machista de un maestro de ceremonias invitado que demeritó a la Mejor Promedio de Ingeniería Automotriz, en la Ceremonia de Graduación, al decir “seguro le copió todo a los hombres”.

Quisiera manifestar de manera clara, para no dejar lugar a dudas, que la Universidad Modelo no comparte en ningún sentido esta posición, aseveró el director general de la Universidad Modelo Mérida.  Carlos Eliseo Sauri Quintal.

Los hechos sucedieron el 2 de julio y se conocieron públicamente cuando Monse Nahuatt, egresada de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas tuiteó el día 3 en su cuenta:

Ayer en la ceremonia académica de la @unimodelo una chica ganó el mejor promedio de Ing. Automotriz [Ysamary García Várguez] y el maestro de ceremonia le dijo a la audiencia “seguro le copió todo a los hombres” para rematar con un “ya mas personas van a llevar a arreglar sus coches”.

Señaló que el tuit “explotó en un grado en que ya me da miedo que no me titulen. #Prayformitítulo”.

Dijo que es “de muy mal gusto que menosprecien el esfuerzo de años de una mujer porque no se adapta a sus estándares machistas en que las mujeres son objetos para el consumo. No nos parecen chistes a nosotras ni deberían parecerle chistes a nadie”.

Ante la duda de algunas personas que el incidente haya sucedido, aclaró tres puntos.

1. Sí pasó, y no es mi palabra contra la de nadie. Si tú estuviste ahí y crees que lo que pasó fue solo un chiste, el error es tuyo, no nuestro. Que tan gracioso te haya resultado no cambia el hecho de que los comentarios hayan estado fuera de lugar.

2. Me parece que cuestionar la autenticidad del hecho es nuevamente un acto de silenciamiento. Estuvimos ahí y lo vivimos, en esa ceremonia y durante cuatro años. No fue ni la primera ni la única vez que nos ha pasado y

3. Las reacciones a lo que pasó en la ceremonia son válidas y nos indican que hay un problema mayor entre el alumnado, lxs profesorxs y las autoridades el cual debe corregirse.

Ya el director general, con su carta La muer modelista, fija la posición de la Universidad.

La fecha elegida por la jueza Marta Aurora Yungano suena a provocación: el Día Internacional del Orgullo LGBT Mariana Gómez, la joven lesbiana detenida por besar a su esposa en la estación de trenes de Constitución, fue condenada a un año de prisión en suspenso por el delito de resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas porque la víctima es integrante de las fuerzas de seguridad.

El 5 de julio la jueza dará a conocer los fundamentos del fallo. El abogado defensor Lisandro Teszkiewicz, adelantó a Cosecha Roja que presentarán una apelación ante la Cámara de Casación Penal.

“Toda la prueba que se vio a lo largo del juicio, los videos, los testimonios y las pericias, demostraron que Mariana fue víctima de una agresión policial y no cometió ningún delito”, explicó.

Según el Código Penal de la Nación el delito de lesiones leves es un delito de instancia privada y requiere el impulso de la persona damnificada. La policía Karen Villareal, supuesta víctima del ataque, nunca impulsó la acción. Aún así, la jueza Yungano resolvió condenar a Mariana por lesiones leves. “Eso demuestra que la sentencia no sólo es arbitraria, también es ilegal”, dijo Teszkiewicz.

La audiencia comenzó unos minutos antes de las 10:30. La jueza le preguntó a Mariana si quería decir sus últimas palabras antes del veredicto.

—Ese día me defendí de un acto violento y discriminatorio de la Policía de la Ciudad —dijo ella.

La jueza llamó a un cuarto intermedio. Una hora después volvió a la sala de audiencias y leyó el veredicto. Además de la condena por resistencia a la autoridad, Mariana será obligada a pagar las costas del juicio.

Durante el alegato, la fiscal Diana Goral se refirió a la acusada en masculino y le cambió el nombre a Mariano. “Fue una provocación desde el primer día del juicio”, dijo a Cosecha Roja Rocío Girat, la esposa de Mariana, que estuvo presente en todas las audiencias. “No vemos la hora de que esto termine”.

Mariana enfrenta el proceso judicial desde hace casi dos años. El 2 de octubre de 2017 se despidió de Rocío en la estación del tren Roca, en Constitución. Intercambiaron algunas palabras, besos y abrazos. Un empleado de Metrovías y un policía las miraban incómodos.

Mariana tenía un cigarrillo en la mano. El empleado se acercó y le pidió que lo apagara. Ella no era la única fumadora en la estación. “Alrededor había como cincuenta personas fumando”, recordó Rocío. La chica le dijo al policía que no había ningún cartel que indicara que estaba prohibido fumar y señaló a otras personas alrededor con cigarrillos en las manos.

El empleado de Metrovías llamó al oficial Jonatan Maximiliano Rojo.

—Pibe, apagá el cigarrillo —le dijo el policía.

Mariana le explicó que era mujer. Él siguió diciéndole “pibe”. Ella apagó el cigarrillo y se fue. Rojo la cruzó con el brazo a la altura del pecho y le avisó:

—Pibe, vas a ser detenido, quedate acá.

Rojo pidió refuerzos por handy. Unos segundos después llegó la agente Karen Villarreal. La policía la agarró del cuello a Mariana. Con la ayuda de su compañero la tiraron al piso y la esposaron.

Mientras Mariana estaba tirada en el piso, el policía le pidió los datos a Rocío. Ella le dijo que era la esposa de Mariana. Rojo anotó: “Soltera”. Rocío insistió. Le explicó que estaban legalmente casadas. El policía no le creyó. Si quería que la anotara como casada -le dijo- debía mostrarle un documento que lo confirmara.

“Para nosotras fue muy fácil casarnos y muy difícil demostrarlo en el momento en que la llevaron detenida”, contó Rocío.

Mariana estuvo siete horas detenida. La jueza de instrucción María Fontbona de Pombo la procesó por los delitos de “resistencia a la autoridad” y lesiones graves.  La jueza no la escuchó a Mariana ni aceptó que la defensa aportara los videos donde se ve cómo los policías la manosean.

Antes del comienzo del debate oral, la jueza a cargo del juicio pidió que se hiciera una pericia médica, que confirmó que no existieron lesiones. En su alegato la fiscal pidió que se la condene por resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas porque la víctima era miembro de las fuerzas de seguridad. Pidió que se tome en cuenta como agravante que Mariana le arrancó un mechón. Y el pelo es una parte muy importante del cuerpo de una mujer, dijo.

Hoy, en el Día Internacional del Orgullo LGBT, la justicia porteña condenó a una mujer por besar a otra.

*Este artículo fue retomado del portal Cosecha Roja 19/CR/LGL

Ciudad de México.- La senadora Citlalli Hernández Mora, de Morena, inició la “Campaña #LiberarlasEsJusticia. El contexto es la única diferencia”, para establecer acciones que permitan la liberación de más de 3 mil mujeres en cárceles del país, acusadas de delitos menores en la transportación, comercialización y consumo de drogas.

En el evento, la también secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, aseguró que la política contra las drogras y la aplicación de la justicia van a dar un giro: hacer visible dicha exigencia de la sociedad civil para que las mujeres en esa circunstancia recuperen su libertad.

Recordó que en el Senado de la República se aprobó una iniciativa para despenalizar el uso de ciertos estupefacientes, lo cual va de la mano con la decisión del Presidente de la República de poner fin a la llamada “guerra contra las drogas”. En ese contexto, se buscará establecer políticas y programas para liberar a las mujeres encarceladas.

“La mayoría son víctimas de un sistema económico que genera desigualdad, marginación, entre otras circunstancias, por las cuales ni siquiera serían motivo para que estén en las cárceles. Más que culpables de un delito, son víctimas de la falta de una visión de Estado que las ha criminalizado a través del discurso, pero hoy el debate nos hará pensar de manera distinta”, señaló Hernández Mora.

Por su parte, la senadora Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, exhortó a que “hagamos todo lo que esté en nuestras manos para que mujeres y hombres sean menos los que estén en reclusión en nuestro sistema penitenciario. En el caso de las mujeres, en su mayoría son abandonadas por sus familias y por los servicios de justicia en los estados y municipios”.

En muchas ocasiones, expuso, nunca ven o hablan con su abogado defensor de oficio, y en caso de llegar a contar con abogados particulares, sólo los ven cuando éstos les piden dinero, y eso les imposibilita salir de prisión.

Habrá que insistir, dijo, en la preliberación y propuso que, en el caso de las mujeres con hijos, estén en reclusión en sus domicilios usando un brazalete.

“La clase política le ha dado poca importancia a esta situación. Se tienen que ver acciones para que se dicte menos cárcel a las presuntas o presuntos infractores, y se garantice sus derechos humanos. Con voluntad política podremos sacar de la cárcel a muchísimas mujeres”, planteó la legisladora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

En el anuncio de esta campaña también participaron Coletta Youngers, asesora principal de la Oficina de Washinton para Asuntos Latinoamericanos; Ana Pecova, directora ejecutiva de Equis Justicia para las Mujeres A.C.; y con sus testimonios personales: Lupita Jiménez, integrante de Red por la Justicia; Kenia Cuevas, directora de Casa de las Muñecas Tiresias A.C.; y Bety Maldonado, de Red por la Justicia.

Oaxaca, Oaxaca.- México debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos sin poner en riesgo el trato humanitario a los migrantes centroamericanos que cruzan la frontera sur para tratar de llegar a Estados Unidos, pues se tiene que cuidar y atender ese delicado equilibrio para garantizar el desarrollo social y económico de nuestro país.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, puntualizó que el tema de la seguridad es una prioridad que se tiene que atender por el Gobierno Federal, para que no se vulneren más las garantías físicas y patrimoniales de los mexicanos.

De igual forma, señaló, la migración impacta en el tema económico por ser un factor importante que no se debe descuidar, ya que incide en el desarrollo del país, porque con la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), muchas plantas industriales tienen planes para invertir en nuestro territorio, pero requieren de condiciones adecuadas de seguridad. 

En conferencia de prensa, antes de participar en la toma de protesta del Consejo Directivo 2019-2020 de la Canaco de Oaxaca, presidido por Ernesto Gutiérrez, indicó que México no debe perder de vista el espíritu humanitario y el respeto a los derechos humanos de los migrantes, pues no se les puede dar el trato del que nos quejamos se da a los mexicanos cuando intentan cruzar la frontera norte. 

“Hay que entender la posición que juega el país en este desequilibrio de flujos para atender las prioridades que deben ser el desarrollo social y económico de los mexicanos”, asentó.

El líder empresarial consideró que para contener la migración y cumplir con los acuerdos internacionales, México debe actuar conforme al estado de derecho, con todo el alcance que eso implica, porque corresponde al Poder Ejecutivo la ejecución de las políticas públicas que se presentan y en base al orden constitucional se deberá seguir lo que marque el Plan Nacional de Desarrollo, ateniéndose a sus esferas de responsabilidad y competencia.

Planteó la necesidad de resolver esta problemática que se tiene en las fronteras, tanto la sur como la norte, pues el país no cuenta con los recursos suficientes necesarios para atender en materia de salud, vivienda y empleo a nuestros hermanos centroamericanos, por ello, la imposibilidad de que el territorio nacional sea un corredor de paso para llegar a suelo estadounidense.

“En ese delicado equilibrio no se puede descuidar el desarrollo económico y social del país, sin afectar los derechos humanos, por ese tránsito que se ha dado a través de nuestro territorio, porque el objetivo no es México, ya que no están llegando a buscar trabajo a esta nación”, apuntó.

El líder empresarial señaló que el impacto económico de la migración no se ha podido dimensionar, porque cuando empezó a percibirse de manera más notable, se inició el freno en función de las sanciones arancelarias que impuso Estado Unidos, y se actuó de manera urgente, aunque ahora lo importante es resolver los problemas de fondo que son de orden social, ligados al flujo migratorio. 

Subrayó que para México la única solución es aplicar el Estado de Derecho, porque el cruce de la frontera sur debe ser ordenado, con legalidad y con trazabilidad y, en función de ello, atender a quienes ingresaron al territorio cumpliendo con la ley. Ese debe de ser el faro que nos guie en el comportamiento internacional, comentó.

López Campos indicó que para que la economía de México crezca 4 por ciento anual, se requieren por lo menos inversiones en una proporción del 25 por ciento del Producto Interno Bruto, para lo cual la privada que actualmente se encuentra en un nivel de 17.5 por ciento aumentaría hasta el 20 por ciento de acuerdo a compromiso reciente firmado con el Consejo Coordinador Empresarial, y la inversión pública complementaría su nivel actual hasta alcanzar el 5 por ciento restante.  

Recalcó que el gobierno debe ser el facilitador de la inversión, especialmente en apoyo de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, que representan el sector productivo más vulnerable de la economía, pero que en conjunto contribuyen con más del 50 por ciento del Producto Interno Bruto, y en las que se genera más del 80 por ciento del empleo, para que además de crecimiento económico se genere un desarrollo social más incluyente. 

“Los empresarios buscamos ser actores del cambio y no espectadores de las políticas públicas, estamos listos para ser más propositivos”, enfatizó el dirigente de la Concanaco.

Por otra parte, sostuvo que el Corredor Transístmico, que unirá los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz, fortalecerá las exportaciones de Asia a Europa, Estados Unidos y América Latina, y viceversa, lo cual apoyará a la economía oaxaqueña que ha presentado un crecimiento incipiente en los últimos años.

También promoverá en medios académicos, seminarios, redes, congresos y foros investigación, el debate y divulgación de temas relacionados.

Participarán los institutos de investigaciones Filosóficas (IIFs), Jurídicas (IIJ), Históricas (IIH) y Sociales (IIS); las facultades de Ciencias (FC), Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y Filosofía y Letras (FFyL); los centros de investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), sobre América Latina y el Caribe (CIALC), sobre América del Norte (CISAN); Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS) y la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Morelia.

El racismo es una forma de poder relacionada con la construcción de prejuicios y estigmas, de la que derivan procesos de normalización perjudiciales para la sociedad, pues contribuyen a la desigualdad, injusticia y violencia. En tanto, la xenofobia está ligada al nacionalismo y al racismo, nocivo para una convivencia humana armoniosa y pacífica.

En México coexisten personas de diversos orígenes, identidades y valores, pero también subsisten, se adoptan y reproducen formas y expresiones de racismo y xenofobia. Por ello, el SURXE, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Institucional, se dedicará a estudiar, debatir y combatir ambos temas durante los próximos tres años, renovables según sus resultados.

Indagar y visibilizar

El SURXE producirá conocimiento académico innovador e interdisciplinario sobre el racismo y la xenofobia, en relación con la desigualdad, injusticia y violencia; difundirá y extenderá el conocimiento sobre estos fenómenos y las iniciativas de combate; favorecerá su visibilización, así como su combate mediante estrategias diversas.

De igual manera, incidirá con conocimiento académico, y en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, en la definición de políticas públicas orientadas a erradicarlos.

Entre sus actividades, este nuevo seminario de la UNAM organizará conferencias, cursos, talleres y mesas redondas interdisciplinarias, y contará con publicaciones impresas y electrónicas de sus actividades.

La idea del SURXE es colaborar con instituciones gubernamentales, organizaciones civiles y sociales e instancias tomadoras de decisiones, en la definición e instrumentación de políticas públicas que atiendan y erradiquen el racismo y la xenofobia en todas sus formas.

Ciudad de México.-  La diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez (Morena), secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que se les llama niñas y niños invisibles a aquellos que viven en las cárceles con sus madres, a pesar de que no existe alguna ley que ordene su internamiento.

Al inaugurar la conferencia magistral “Los derechos de las niñas y los niños nacidos en prisión”, dijo: “El tema que hoy tratamos es por demás sensible, pues tiene implicaciones sociales, legales y psicológicas”.

“Qué derechos tienen estos infantes? ¿El ejercicio de la maternidad y la tutela debe prevalecer sobre los derechos de los menores? ¿la guardia y custodia debe preservarse, aunque esta la conservan hasta determinada edad?”, preguntó como preámbulo de la conferencia.

Estos niños, dijo, son inimputables, no cometieron delitos ni pueden ser enjuiciados, ni quedar bajo un procedimiento legal; sin embargo, “ahí están”.

Subrayó que existen madres que, mientras esperan o cumplen sentencia, son acompañadas por dos o más hijos. Algunos de estos menores acompañan a sus madres desde que fueron detenidas y continúan junto a ellas, mientras que otros nacieron dentro de los reclusorios.

Consideró que el parlamento abierto permite al Legislativo ver por medio de quienes conocen y viven de cerca estos asuntos, a tomar las decisiones pertinentes.

“Hay un compromiso con la sociedad de lograr la mejoría del servicio público, lo cual se conseguirá mediante iniciativas coherentes, conscientes y bien fundadas”.

Fernando Córdova del Valle, magistrado del Sexto Tribunal Colegiado Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, propuso que la salida de un menor del centro de reclusión, sea gradual y progresiva, se maneje con sensibilidad y haya acompañamiento psicológico.

Precisó que, por ley, los menores no pueden seguir junto a su procreadora una vez que cumplen los tres años de edad, excepto cuando haya un permiso solicitado mediante procedimiento legal; sin embargo “nadie ha pensado lo que pasa una madre cuando al cumplir su hijo la edad máxima son separados”, expuso.

Pidió trabajar para acabar con las prácticas discriminatorias y estigmatización de menores por el sólo hecho de que uno de sus progenitores se encuentre recluido, o porque hayan nacido o pasado sus primeros años de vida en uno de estos lugares, así como garantizar el derecho al ejercicio de la paternidad de reos, pues solamente se piensa en la relación madre-hijos.

Comentó que no permitir que un menor pueda estar por momentos con su madre recluida, además de que viola los derechos de la progenitora, trastoca el interés superior del menor. Aseguró que las disposiciones legales no corresponden a la realidad que se vive en estos centros.

Criticó que, a pesar de que en las leyes actuales se considera que el padre realiza una función importante en el cuidado de un menor, aún se cree en algunos ámbitos que sigue siendo competencia única de la madre.

Resaltó la importancia de que, no obstante de que madre e hijo o hijos sean separados, puedan seguir en contacto frecuente, a menos de que esto vaya en contra del interés superior del menor. “Es relevante ayudar a crear y preservar los lazos y la participación en su desarrollo, según expertos, es vital”.

Córdova del Valle puntualizó que por mandato constitucional las decisiones del Estado deben cumplir el principio de interés superior de la niñez, lo que se subraya con los derechos de los menores, incluido el de desarrollo integral. “No podemos condenar a estas niñas o niños por algo que cometieron papá o mamá”.

Al acto asistieron los diputados Marco Antonio González Reyes y Graciela Sánchez Ortiz, ambos secretarios de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, así como las diputadas Graciela Zavaleta Sánchez y Erika Vanessa Del Castillo Ibarra, secretarias de la Comisión de Derechos Humanos, todos del grupo parlamentario de Morena.

Después de consultas con grupos regionales de los Estados Miembros, el Secretario General de la ONU planea nominar a Michelle Bachelet como la nueva Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

Bachelet fue presidente durante dos períodos en chile (2014-2018,  2006-2010), y fue la primera- directora ejecutiva de ONU Mujeres.

La exmandataria, originaria de Santiago de Chile, estudió medicina y estrategia militar, y también ha servido como Ministra de Defensa (2002-2004) y de Salud (2006-2010) en su país.

Bachelet remplazará al actual Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein.

Bachelet es  una ciudadana y ex Presidenta de Chile. Fundadora de Horizonte Ciudadano @H_ciudadano y directora de la iniciativa Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido, y el Niño de Naciones Unidas (The Partnership for Maternal, Newborn & Child Health (The Partnership, PMNCH) @PMNCH

Ex Presidenta Michelle Bachelet Jeria

Michelle Bachelet @mbachelet nace en Santiago el 29 de septiembre de 1951. Es hija del General de Brigada Aérea Alberto Bachelet y la antropóloga Ángela Jeria; es madre de Sebastián, Francisca y Sofía. Su infancia la vivió con sus padres en Quintero, Antofagasta, comuna de El Bosque, Santiago y Estados Unidos.

En 1964 regresa con su familia a Chile, terminando sus estudios secundarios como una destacada y participativa alumna del Liceo N°1 Javiera Carrera de Santiago. En 1970, ingresa a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile e inicia su militancia en la Juventud Socialista, canalizando su opción por el servicio a los demás y su compromiso de participación para la construcción de un mejor país.

Luego del golpe de Estado, junto con enfrentar la muerte de su padre en marzo de 1974, a causa de las torturas y duros interrogatorios a los que fue sometido, Michelle Bachelet soporta los apremios de agentes de la DINA en los centros de detención Villa Grimaldi y Cuatro Álamos, donde estuvo detenida junto a su madre. En 1975, ambas son expulsadas del país. Vivió el exilio en Australia y Alemania, donde continuó sus estudios de medicina.

En 1979 regresa a Chile donde obtuvo el título de Médico Cirujano, y gracias a sus calificaciones y publicaciones obtiene la beca Colegio Médico de Chile para su especialización en Pediatría y Salud Pública en el Hospital Roberto del Río. Durante los años ochenta desempeñó diversos cargos ligados al servicio social en instituciones como la ONG Pidee, dedicada a brindar apoyo profesional a hijos de detenidos y de víctimas del régimen militar en Santiago y Chillán.

A contar de 1990, y con el retorno de la democracia, trabajó en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente; integró la Comisión Nacional del Sida (Conasida); fue consultora de la Organización Panamericana de Salud (OPS) y trabajó en el Ministerio de Salud en temas relacionados con el mejoramiento de la atención primaria y gestión de servicios. En 1996, interesada en aportar al reencuentro entre el mundo civil y militar, se especializó en temas de Defensa Nacional, realizando dos cursos sobre estrategia militar y defensa continental, para luego ser asesora del Ministerio de Defensa.

En marzo de 2000 asume como Ministra de Salud en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, encabezando un importante proceso de mejoramiento para reducir los tiempos de espera en la atención y sentando las bases para el inicio de la reforma a la salud chilena. En un amplio proceso participativo de Jornadas Ciudadanas y Mesas de Reforma donde se incorporaron usuarios, empresarios, técnicos, académicos, colegios profesionales, gremios de la salud se concordó y presentó el primer proyecto de ley de la Reforma, Derechos y Deberes de las Personas en Salud.

En 2002, asume como Ministra de Defensa, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de Chile y Latinoamérica. Bajo su gestión se lograron importantes modificaciones al Servicio Militar Obligatorio, se fortaleció el rol del Ministerio y del Estado Mayor, se avanzó en la igualdad de oportunidades para las mujeres de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones, y se desplegó un mayor contingente de fuerzas de paz en más lugares del mundo.

En marzo de 2006, luego de obtener un amplio apoyo en las elecciones del año anterior, se convierte en la primera chilena en asumir la Presidencia de la República, dando inicio a un período de gobierno centrado en el logro de mayor equidad e inclusión social en el país.

En 2010 asume la presidencia del Consejo Asesor para la Protección Social, iniciativa conjunta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) orientada a promover políticas sociales que estimulen el crecimiento económico y la cohesión social. 

En 2011, bajo su liderazgo, el Consejo publica el informe “Piso de Protección Social para una Globalización Equitativa e Inclusiva”, que actualmente es una guía de Naciones Unidas en la materia.

El 14 de septiembre de 2010 el ex Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció la designación de Michelle Bachelet como la primera Directora de la recién creada agencia ONU Mujeres, entidad llamada a luchar por los derechos de las mujeres y niñas en el mundo. 

El 23 de marzo de 2013, tras dos años y medio de trabajo dedicada a los objetivos de aumentar la participación política de las mujeres, el empoderamiento económico de éstas y la lucha para poner fin a la violencia contra las mujeres, deja la organización para retornar a Chile.

El 27 de marzo de 2013 regresó a Chile para anunciar su decisión de ser candidata presidencial en un masivo acto en la comuna de El Bosque, iniciando un viaje por todas las regiones del país.

El primer desafío fueron las elecciones primarias de la Nueva Mayoría, que con una gran participación ciudadana le entregó una contundente victoria del 73, 06% de los votos. A partir de ahí, y ya elegida como la representante de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet continuó su recorrido por Chile dando a conocer los principales ejes de su programa de gobierno.

Al final de la campaña, tanto en primera como en segunda vuelta obtuvo nuevamente la mayoría de los votos, ganando definitivamente con un apoyo del 62,17% el 15 de diciembre del 2013. Así se convirtió en Presidenta de la República para el período 2014-2018.

Actualmente preside la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido, y el Niño de Naciones Unidas. Del mismo modo, lidera la comisión que analizará los logros y desafíos pendientes a 40 años de la declaración de Alma-Ata sobre atención primaria en salud. Además, es miembro de la Junta 

Asesora de Alto Nivel sobre Mediación, que colabora directamente con el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, en la definición de estrategias para resolución de conflictos.

Fundó en 2018 Horizonte Ciudadano, con el objetivo de poner al servicio del progresismo su experiencia y visión para colaborar generando diálogo e iniciativas ciudadanas en torno a los desafíos que enfrenta Chile, desde una mirada global y vanguardista.

Así lo afirmó la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró, al participar en la presentación de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, levantada por esta casa de estudios en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

La ENADIS, como todas las acciones contra la discriminación, ayuda a comprender que “sin diversidad no hay vida”, remarcó.

En la sala de prensa del INEGI, el presidente de ese instituto, Julio A. Santaella, informó que una de cada cinco personas mayores de 18 años en México ha sido discriminada en el último año, y a un 23.3 por ciento se le ha negado injustificadamente el acceso a la atención médica, a servicios en oficinas gubernamentales, al apoyo de un programa social o a la entrada y permanencia en algún negocio o centro comercial en el último lustro.

El estudio, levantado en 39 mil viviendas de todo el país, en las que se entrevistó a más de 100 mil personas mayores de 18 años, señala que los motivos más frecuentes por los que las mujeres son discriminadas son: la apariencia física (51 por ciento), las creencias religiosas (32 por ciento) y el género (29.5 por ciento).

En tanto, a los hombres se les discrimina por su apariencia física (56 por ciento), la manera de hablar (28 por ciento) y por su edad (26.9 por ciento).

Al analizar la situación de grupos sistemáticamente discriminados, se observa que en los últimos cinco años 24 por ciento de los indígenas han sufrido esta situación, al igual que 28 por ciento de las personas con alguna discapacidad, 27.3 por ciento de quienes profesan una religión distinta a la mayoritaria, 17 por ciento de los adultos mayores, 26.3 por ciento de los adolescentes y 22.8 de las mujeres.

Los estados con mayor prevalencia de discriminación son Puebla, Colima, Guerrero, Oaxaca y Morelos.

Respecto al rechazo a la diversidad, la encuesta arrojó que el 39 por ciento de los hombres mayores de 18 años dijo que no le rentaría un cuarto en su vivienda a un extranjero, a un joven o a una persona con VIH-Sida.

El 39 por ciento de las mujeres no le rentaría un cuarto a un extranjero, 38 por ciento a un joven y 33 por ciento a una persona con VIH.

En cuanto a los prejuicios –predisposición irracional a adoptar comportamientos negativos a un grupo o sus miembros–, la encuesta también reveló que 63 por ciento de los hombres y 58 por ciento de las mujeres piensa que los jóvenes son irresponsables.

Un 45 por ciento de los hombres y 44 por ciento de las mujeres considera que mientras más religiones se permitan en el país habrá más conflictos sociales. Además, 42 por ciento de los varones y 37 por ciento de las mujeres indica que los pobres se esfuerzan poco por salir de su condición.

De igual manera, 36 por ciento de los hombres y 34 por ciento de las mujeres aseveró que convivir con personas con VIH-Sida es siempre un riesgo.

La encuesta también analizó que la tonalidad de piel es motivo de discriminación. Al pedirle a la población que se identificara en la escala de 11 tonalidades de piel (ubicadas en el Proyecto de Etnicidad y Raza en América Latina, PERLA), se observó que los más claros se relacionan con personas con puestos directivos, mientras que los tonos más oscuros se identifican con trabajadores de servicios, apoyos y personales.

“La igualdad que por mandato constitucional debería ser el centro de nuestra democracia, resulta ilusoria. Los datos de la ENADIS nos indican que no hay igualdad en México”, resaltó Alexandra Haas Paciuc, presidenta del Conapred.

En la presentación de la Encuesta, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, insistió en que los resultados reflejan que no basta que un derecho esté en la norma jurídica, sino que es necesario cerrar la brecha entre la ley y la realidad.

La pluralidad y diversidad, añadió, son inherentes a nuestro país, por lo que no se le debe dar cabida a la discriminación. Los enemigos de México son la desigualdad y la pobreza, y su combate es de interés común.

La encuesta, concluyeron, busca hacer visible la discriminación en México, contar con información objetiva y poder diseñar acciones que la prevengan y combatan.

Por: Anayeli García Martínez

Ciudad de México (Cimacnoticias).- El feminicidio, la desaparición de mujeres y niñas y los altos niveles de inseguridad, violencia y delincuencia organizada son problemas que persisten en México por lo que el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) llamó a tomar acciones y medidas legislativas para frenar esta violencia.

En las Observaciones finales sobre el Noveno informe periódico que México presentó el 6 de julio en la sede de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, el Comité de Expertas recomendó al Estado mexicano tener un Código Penal Nacional que incluya sanciones para los delitos de género, evaluar el impacto del mecanismo de Alerta de Violencia Género y armonizar la tipificación del feminicidio en todas las entidades.

Después de revisar el informe presentado por el Estado, los 37 informes alternos enviados por organizaciones civiles y tras sostener un diálogo con funcionarios mexicanos, este 20 de julio el Comité de 23 expertas publicó el informe preliminar de sus observaciones finales sobre el cumplimiento de CEDAW.

Ante estas recomendaciones organizaciones civiles y académicas que participaron en este proceso emitieron un comunicado para llamar al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a combatir de forma decidida la violencia contra las mujeres y las niñas e implementar estas medidas que coadyuvarán al diseño y aplicación efectiva de la política nacional de igualdad de género de los próximos seis años.

En el documento del Comité CEDAW, disponible ahora sólo en inglés, se expone la preocupación por las desapariciones de mujeres y niñas, la violencia contra periodistas y defensoras, los estereotipos de género en el sistema de justicia y los medios de comunicación, la trata de personas, la violencia política, la falta de derechos laborales y el acceso a servicios de salud como el aborto, entre otros temas.

En esta ocasión una de las principales preocupaciones de las expertas fue la falta de unificación de las leyes mexicanas. En reuniones privadas con organizaciones civiles las expertas expresaron la necesidad de tener marcos legales armonizados para que el hecho de ser un país federal deje de ser un pretexto para no garantizar los mismos derechos a todas las mexicanas.

Dicha preocupación quedó de manifiesto en las Observaciones, donde se llamó a reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que el Congreso de la Unión adopte un Código Penal Nacional que regule todos las delitos y especifique sanciones o establezca una base mínima que garantice plenamente los derechos de las mujeres a través de una Ley General en Materia Penal.

Con la misma idea de armonizar, el Comité también recomendó al Estado asegurar que el feminicidio, tipificado en los Códigos Penales de las 32 entidades, se armonice con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se uniformen los Protocolos de investigación policial del feminicidio en todo el país.

Cabe decir que según información del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), quien participó en este proceso internacional, la información de las Fiscalías o Procuradurías de los estados y el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública indican que del periodo de 2014 a 2017 se documentó el asesinato de 8 mil 904 mujeres, de los cuales sólo 2 mil 188 (24.57 por ciento) fueron investigados como feminicidio.

Actualmente el Artículo 21 de la Ley General de Acceso define como violencia feminicida, la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus Derechos Humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

En seguimiento al tema de violencia de género contra las mujeres el organismo llamó a tomar medidas para armonizar la legislación estatal y reconocer la violencia política contra las mujeres como un crimen, estableciendo así responsabilidades claras de prevención, atención, enjuiciamiento y sanción por parte de autoridades federales, estatales y municipales.

De acuerdo con la Cátedra Unesco de Derechos Humanos, que también envío un informe alterno, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) y al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México aseguran que 29 entidades han incluido en sus normas el concepto de violencia política contra las mujeres, los estados que faltan son Guerrero, Hidalgo, y Puebla.

Sin embargo, algunos estados definieron el concepto en sus Constituciones, otros en sus leyes locales de acceso a una vida libre de violencia, otros en sus leyes electorales y algunos más en los Códigos Penales, por lo que no todos tienen un tipo penal ni la misma definición.

En materia de salud también persisten diferentes marcos legales según cada entidad, por eso las expertas manifestaron su preocupación por que estas diferencias entre Códigos Penales estatales dificultan la implementación de la NOM-046 y del Artículo 35 de la Ley General de Víctimas, ambos sobre acceso a anticoncepción de emergencia e interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual.

Es por ello que las expertas pidieron armonizar las leyes federales y estatales con la Ley General de Víctimas y la NOM-046 además de informar y capacitar adecuadamente al personal médico a fin de garantizar la atención especializada para las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual.

Al mismo tiempo el Comité de expertas exhortó a intensificar los esfuerzos para acelerar la armonización de las leyes y los protocolos federales y estatales sobre acceso al aborto, con miras a garantizar su acceso y a los servicios de atención postaborto, independientemente de si esta práctica está legalizado o no.

Otra medida que se recomendó en materia de salud fue desarrollar los protocolos necesarios para la implementación de la reciente reforma a la Ley General de Salud sobre objeción de conciencia, esto a fin de que esta disposición no ponga en riesgo la vida de las mujeres, no impida su acceso al aborto legal y en caso de ser necesario garantice que sean canalizadas a servicios de salud apropiados.

Sumado a ello, se pidió armonizar las leyes federales y estatales para definir la violencia obstétrica como una forma de violencia institucional y de género de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y garantizar el acceso efectivo a la justicia y la reparación integral a todas las mujeres víctimas de esta violencia.

Durante el 70 período de sesiones del Comité CEDAW otras recomendaciones se dirigieron a aumentar los recursos humanos, técnicos y financieros del Instituto Nacional de la Mujeres, adoptar un proceso integrado de presupuesto de género; implementar la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo entre Niñas Adolescentes; y aplicar el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, entre otras.

Cabe decir que una de las facultades del Comité CEDAW es revisar el cumplimiento de las recomendaciones de mayor urgencia en un periodo de dos años. Esta vez las expertas decidieron que en 2020 solicitarán un informe sobre la tipificación del feminicidio y los procedimientos para activar la Alerta Ámbar y el Protocolo Alba y sobre el impacto de la Alerta de Género.

Con el objetivo de dar a conocer estas recomendaciones, que se comunicarán oficialmente al Estado, y promover las principales preocupaciones en la agenda de género, un grupo de organizaciones de la sociedad civil organizaron una conferencia de prensa este jueves 26 de julio en el Museo de la Mujer. 18/AGM/LGL

Por: Anayeli García Martínez

Ciudad de México (Cimacnoticias) En México, una forma de proteger los derechos de las niñas es la disposición de contraer matrimonio a partir de los 18 años de edad, sin embargo, organizaciones civiles pidieron al Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) reconocer que deben existir excepciones a esta norma.

Este fue un debate que se desató, y no se profundizó, durante el 70 periodo de sesiones del Comité CEDAW, que se realizó en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, del 2 al 20 de julio, donde algunas organizaciones civiles abogaron por mantener excepciones a la edad para contraer matrimonio mientras que otras aseguraron que esto violaría los derechos de niñas y adolescentes.

Si bien el tema no fue el foco de la evaluación del Noveno informe periódico de México, que se realizó el viernes 6 de julio, en reuniones a puerta cerrada las expertas preguntaron sobre éste, a lo cual respondieron la maestra en Estudios de Género por El Colegio de México, Cynthia Galicia Mendoza y la abogada e integrante del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Rebeca Lorea. Ambas con perspectivas distintas.

En el informe que el Estado mexicano presentó ante el organismo internacional se explica que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde 2014, estipula la obligación de establecer 18 años como edad mínima para contraer matrimonio. Además, actualmente 29 entidades federativas han armonizado sus legislaciones, sin ningún tipo de dispensa a esta norma.

Actualmente, según informó la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Marcela Eternod a las expertas, sólo Baja California, Querétaro y Sonora mantienen dispensas a esta disposición.

En este contexto las organizaciones GIRE, Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, Internacional Planned Parenthood Federation Western Hemisphere Region y Data Cívica presentaron un informe alterno donde expusieron que la prohibición absoluta del matrimonio adolescente no aborda los problemas que se buscan resolver y coloca a esta población en una situación peor que si les permitiera casarse.

Para estas agrupaciones, según la información pública que presentaron, si bien es positivo que los Códigos Civiles estatales establezcan los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, la posibilidad de excepciones debe ser reconocida y mantenida (en los estados donde todavía se consideran), con el fin de garantizar los derechos de las adolescentes.

Las organizaciones a favor de las dispensas consideran que el sistema “prohibicionista” se basa en argumentos falaces como el que las mujeres jóvenes se casan con hombres mucho mayores, lo que constituye una forma de violencia que debe ser evitada; que estos matrimonios causan aumentos significativos en las tasas de deserción escolar y que existe una relación entre el matrimonio y las tasas crecientes de embarazo adolescente.

Estas agrupaciones sostienen que el matrimonio entre menores de edad en México es un fenómeno poco común que disminuye cada año, y las diferencias de edad entre los cónyuges cuando uno de ellos es menor de edad no son tan grandes. En 2015, por ejemplo, aseguraron que las mujeres menores de edad que se casaron, en su mayoría tenían 17 años y se unieron con hombres de 20 años.

En segundo lugar, señalaron que no hay relación entre el embarazo adolescente y las tasas de deserción escolar porque en México la principal causa de abandonar la escuela es la falta de recursos económicos. También expusieron que restringir el matrimonio ignora la autonomía progresiva y obstaculiza el acceso derechos como seguridad social, inmigración y asuntos relacionados con impuestos, entre otros.

Cabe decir que desde 2016 existe una Acción de Inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (22/2016), recurso interpuesto por la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes, quien impugnó la reforma que aumentó la edad para casarse por considerar que en ciertos casos, sin mencionar cuáles, se deben permitir las uniones entre adolescentes de 16 a 18 años de edad.

Por su parte, la Catedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó un informe al Comité CEDAW donde expuso que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2015 se registraron 400 mil 954 personas entre los 12 y 17 años en alguna situación conyugal: casada, unión libre, divorciada, viuda, etcétera, 81 por ciento eran niñas y mujeres adolescentes y 19 por ciento niños y hombres adolescentes.

A decir de esta agrupación, las niñas y adolescentes no se casan con sus pares sino con hombres mayores y además aún se autorizan matrimonios de menores de edad ya sea por desconocimiento de las leyes, por corrupción o por la costumbre y por conceptos discriminatorios contra las mujeres.

Al mantener las dispensas, expuso la Cátedra en su documento, se deja sin protección a las niñas de cualquier edad para ser forzadas a contraer matrimonio e incluso, para esta organización, estas uniones sí se encuentran directamente relacionadas con el embarazo adolescente, la violencia sexual y el embarazo a edades tempranas.

Con estas consideraciones, esta organización pidió al Comité de expertas recomendar que se eliminen las dispensas o cualquier previsión legal en las entidades federativas que permiten contraer matrimonio entre y con niñas, niños y adolescentes y fortalecer las leyes que castigan los abusos sexuales, entre otras medidas.

Durante la evaluación del 6 de julio, la experta de Mauricio e integrante del Comité CEDAW, Aruna Devi Narain, preguntó a la comitiva mexicana cómo estaban las normas sobre matrimonio y qué hacia México para cambiar la cultura del matrimonio infantil y evitar que las niñas fueran forzadas a casarse con su secuestrador o violador.

A esta interrogante respondió la coordinadora de Operación del Secretariado del Sistema  Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Claudia Alonso Pesado, quien dijo que las tres entidades que aún mantienen dispensas tuvieron elecciones locales en este año por lo que esperan que con los nuevos cambios se reinicien las gestiones de armonización legislativa.

Por su parte la ministra Margarita Luna Ramos, dijo que en breve habría una resolución sobre la Acción de Inconstitucionalidad y el debate de excepciones a la norma que estableció la Ley General que protege a la niñez.

En este contexto, en las Observaciones finales del Noveno informe periódico de México, las expertas dijeron que preocupa la implementación efectiva de esta disposición sobre edad mínima para casarse a nivel estatal y los informes sobre casos de matrimonio forzado, particularmente en comunidades indígenas.

Por ello el Comité recomendó al Estado garantizar que la edad mínima para contraer matrimonio, de 18 años para niñas y niños, se refleje en las leyes de todos los estados y se aplique efectivamente en todo el país y que se realicen campañas integrales de sensibilización para desafiar las actitudes culturales que legitiman el matrimonio precoz. Asimismo pidieron mecanismos para registrar todos los matrimonios, especialmente en las zonas rurales, remotas e indígenas. 18/AGM/LGL

Mérida, Yucatán.- La situación sobre el ejercicio de Derechos Humanos en nuestro país y en la región mesoamericana es crítica, afirmó la coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Flor Goche.

“De acuerdo a nuestras estadísticas, en México ocurre una agresión al día hacia cualquiera de las defensoras y también tenemos registrado que durante el sexenio que pronto finalizará han sido asesinadas 25 mujeres activistas debido a sus labores lo cual nos marca un contexto sumamente adverso para la realización de diversas luchas hacia la construcción de países más justos, más seguros y con respeto a la equidad.”

Goche participa en un taller de capacitación que busca proporcionarles a las mujeres defensoras de los derechos humanos las herramientas necesarias para su desempeño pero sobre todo, para salvaguardar su integridad física durante su quehacer cotidiano

“26 mujeres de 17 organizaciones civiles forman parte de este taller, quienes son profesionistas, académicas, terapeutas, apoyo a comunidades originarias, promotoras de estrategias económicas para generar ingresos, feministas, madres de familia, mujeres que dialogan con autoridades y abogamos todas por el derecho a vivir libres de violencia”, enfatizó.

“No podemos ser omisas ante toda esta situación de violencia que afecta a todo el país ya que nuestra labor se opone a muchos intereses  de grupos de poder, en Yucatán algunas luchas tienen que ver con la defensa del territorio o los recursos naturales con lo que cuenta el estado o derechos sexuales y reproductivos, como hace poco asistimos a la doctora Sandra Peniche Quintal quien vivió un intento de asesinato por parte de una persona relacionada con grupos conservadores.”

“Las herramientas que se proporcionan en este taller y tienen que ver con dos ejes fundamentales que son el tema de Seguridad y Autocuidado, es hacer que la mujer sepa qué hacer cuando se presenta una situación de riesgo. Se manejan una serie de conceptos enfocados al conocimiento de refugios así como establecer una comunicación cercana con las demás integrantes las cuales pueden ser un importante apoyo para las mismas”- puntalizó la capacitadora.

“En el caso particular de Yucatán, durante el presente taller iremos recogiendo elementos de contexto que nos permitan identificar cuáles son las principales problemáticas, las luchas que ponen en mayor vulnerabilidad a las mujeres y se hablará sobre algunos incidentes. Precisamente hoy como primer día de actividades, nos encontramos haciendo un reconocimiento del terreno y saber en específico las condiciones de las actividades de cada agrupación”- finalizó Flor Goche.

Cabe destacar que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México forma parte a su vez de una articulación de féminas que luchan por las garantías individuales denominada Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y en la  cual están integrados países como Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua y por supuesto nuestro país.

En la rueda de prensa participó María Eugenia Núñez Zapata, coordinadora de Mujeres Todas AC

Flor Goche es una periodista de investigación. Temas de interés: educación, feminicidios, desapariciones, derechos humanos.