Ciudad de México.- La Cámara de Diputados externó su preocupación por las implicaciones de la intención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para clasificar a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas, y su posible consecuencia en la aplicación de una política intervencionista que intente usar la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones entre los dos países.

El pronunciamiento emitido por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), manifiesta la posición de la Cámara de Diputados por atender conjuntamente las amenazas comunes, entre las que se encuentran el tráfico ilegal de estupefacientes y el grave problema del tráfico de armas y contrabando proveniente de la Unión Americana.

Además, refrenda el interés de mantener la buena relación bilateral y se pronuncia por hacer los esfuerzos necesarios para sostener un diálogo diplomático de alto nivel entre los liderazgos más representativos de los poderes Ejecutivo y Legislativo de ambas naciones.

La finalidad es atender la agenda binacional conjunta en materia de prevención del delito y seguridad ciudadana, tráfico de armas y financiamiento ilícito, sobre todo para emprender estrategias y acciones encaminadas a la cooperación hacia el desarrollo regional sostenible basado en la paz, el respeto y la promoción de los derechos humanos.

La secretaria de la Mesa Directiva, diputada Mónica Bautista Rodríguez, informó que el pronunciamiento está firmado por el presidente de la Jucopo, diputado Mario Delgado Carrillo; así como los coordinadores parlamentarios del PRI, René Juárez Cisneros; de Encuentro Social, Jorge Arturo Argüelles Victorero; del PT, Reginaldo Sandoval Flores; de MC, Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla; del PVEM, Arturo Escobar y Vega, y del PRD, Verónica Beatriz Juárez Piña. Sin firma del PAN, Juan Carlos Romero Hicks.

Sobre el tema, el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (Morena) se manifestó por mesurar la idea del presidente de los Estados Unidos. “Nos causa inquietud que se planteé una medida de intervención, pero debemos buscar la cooperación como instrumento de solución de diferencias y anteponer la prudencia más que la estridencia. Apoyamos las medidas del gobierno de la República”.

Jorge Luis Preciado Rodríguez, diputado del PAN, dijo estar en contra de la intervención de otro país en México y llamó “a hacernos cargo de nuestros problemas y evitar que lleguen drogas de distintas naciones”. Se habla, dijo, de una mesa de alto nivel, cuando el titular del Ejecutivo federal no ha ido a ningún encuentro mundial de seguridad. ¿Por qué no se genera una estrategia para decirle a Estados Unidos, la violencia en México es porque tienes el mayor mercado de consumidores de drogas y estupefacientes?

Por el PRI, el diputado Héctor Yunes Landa mencionó que su bancada repudia cualquier amenaza a nuestra soberanía y no permitirán que ninguna nación pretenda intervenir en asuntos que competen únicamente al Estado mexicano. “Reitero nuestra posición de sostener un diálogo diplomático de alto nivel entre los poderes Legislativo y Ejecutivo de ambos países”.

Benjamín Robles Montoya, diputado del PT, rechazó la declaración del presidente de Estados Unidos que busca dar trato de terroristas a la delincuencia organizada en México. “Es una afirmación con consecuencias tanto jurídicas como políticas que podría vulnerar nuestra soberanía nacional; tales declaraciones tienen una evidente intencionalidad electoral”.

La diputada Nayeli Salvatori Bojalil (Encuentro Social) afirmó que la Cámara de Diputados no puede ser omisa “ante las alarmantes señales que envía el presidente de Estados Unidos”, cuyas declaraciones forman parte de una política que justifica intervenir naciones soberanas, y “significaría subordinarnos al dictado de una potencia extranjera”. El problema de seguridad en México corresponde solo a nuestra nación, subrayó.

De MC, la diputada Pilar Lozano Mac Donald urgió a establecer las bases de la agenda bilateral que incluya el apoyo respetuoso y no condicionado, para atender estos problemas, con capacitación y tecnología. Llamó a conformar un frente contra acciones unilaterales que atenten contra la integridad del territorio y la soberanía del país.

Lilia Villafuerte Zavala, diputada del PVEM, argumentó que designar a los cárteles como terroristas y abonar tensión en la relación bilateral no es la vía. Es importante, agregó, redoblar esfuerzos para combatir el narcotráfico, emprender acciones de colaboración e iniciativas que reduzcan la capacidad de las organizaciones criminales.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) refutó las intenciones intervencionistas del presidente estadounidense con el pretexto de combatir a los grupos del crimen organizado. “El nivel de la amenaza norteamericana es mayor y México debe dejar claro que no aceptará ninguna intromisión”.

Ciudad de México.- Las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y la de Justicia, aprobaron la resolución de la Subcomisión de Examen Previo, por la que se consideran procedentes las denuncias de Juicio Político en contra de María del Rosario Robles Berlanga.

La resolución, que se integra por los expedientes SEPJP/LXII/028/2013 y SEPJP/LXIV/060/2019, indica que es oportuno incoar el proceso de Juicio Político, en virtud de los razonamientos y fundamentos jurídicos expuestos en todos y cada uno de los considerandos que integran la resolución definitiva de la subcomisión.

El documento se aprobó con 22 votos a favor y dos en contra, por parte de la Comisión de Justicia, y con 24 votos a favor y uno en contra por parte de la Comisión de Gobernación y Población.

Se turnó de inmediato a la Comisión Jurisdiccional, a efecto de que ésta integre la Sección Instructora y se proceda conforme al artículo 12 inciso e), de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Además, se remitió copia del expediente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En el documento se precisa que se admiten a trámite las denuncias de juicio político presentadas por los CC. Luis Alberto Villarreal García, Silvano Aureoles Conejo y Tatiana Clouthier Carrillo en contra de María del Rosario Robles.

“De los elementos y datos de prueba aportados por los denunciantes, esta Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos tiene la convicción presuntiva que se ha violado el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en sus fracciones III, Violaciones a los derechos humanos; VI, Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones”, señala.

Asimismo, “la fracción VII, relativa a las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y la VIII, referente a las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales, siendo actos y omisiones cuya magnitud y gravedad se encuentran dentro de la esfera de lo dispuesto por los artículos 108, 109, 110, 111 al 114 y 134 de la Constitución Política, así como de los artículos 5, 6, 7, 9, 12, 41 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y, al mismo tiempo, su buen despacho”.

También se aclara que se dejan a salvo los derechos de la accionante, de los denunciantes y de la presunta indiciada para que, en su caso, soliciten su desahogo probatorio en la fase procesal correspondiente en el conocimiento del Juicio Político que se instancie.

Además, se ordena turnar, en el momento procesal correspondiente, el expediente a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para la continuación del proceso de Juicio Político.

“Se dejan intocadas e inafectadas cualquier otra acción o pretensión jurídica, toda vez que este instrumento de la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos, tiene como finalidad única determinar la procedencia del ejercicio de la acción de Juicio Político con base a las denuncias acumuladas a la luz exclusiva del derecho administrativo sancionador”, se señala.

Por último, el documento refiere que “una vez que se obtenga copia certificada de todo lo actuado, archívese para los efectos legales conducentes, por ser asuntos total y definitivamente concluidos en esta fase procesal”.

Posicionamientos de los grupos parlamentarios

La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera, detalló que de las cuatro denuncias que revisó la Subcomisión de Examen Previo sobre “La Estafa Maestra”, sólo dos son procedentes, la de 2013 y la de 2019, porque cumplen con lo que marca la ley para iniciar el procedimiento. “Los documentos fueron cuidadosamente estudiados por la Subcomisión, y sus resolutivos acuerdan la procedencia de las denuncias”.

Agregó que los integrantes de las comisiones pueden consultar los expedientes sobre las denuncias en contra de funcionarios, que hay dentro de la subcomisión. “Tenemos una oficina específica para que cada uno de ustedes pueda hacer la revisión exhaustiva de quiénes son los denunciados, independientemente de los funcionarios, porque no es un tema de venganzas políticas, sino para todos quienes no cumplan sus responsabilidades, incluyendo a esta administración”.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Ma. Del Pilar Ortega Martínez, resaltó que esta legislatura quiere entregar mejores resultados; “las dos anteriores no habían movido nada”.

“Si queremos cumplir con nuestro ejercicio constitucional, estas comisiones tenemos prohibido dejarnos llevar por declaraciones fáciles que lastimen el debido proceso. Empero, estamos a favor de continuar con el procedimiento”, comentó.

El diputado Rubén Cayetano García (Morena) subrayó que el Juicio Político no es una venganza, sino que obedece a las denuncias que han cumplido los requisitos procesales; es decir, una acción legal para sancionar a quienes violen la Constitución. “Se recupera el prestigio del Congreso de la Unión, al hacer vigente este procedimiento, que busca con afán la justicia y acabar con la corrupción e impunidad”.

De Morena, la diputada Lorena Villavicencio Ayala preguntó por qué se inicia el Juicio Político, cuando la persona denunciada ya está en proceso judicial y en la cárcel; también está inhabilitada para ejercer cargos en el servicio público. “Cuál es el objetivo, porque llama la atención que sólo se atienda este caso, parecería que la justicia es selectiva”.

Martha Tagle Martínez, diputada de MC, consideró imperante actuar contra la corrupción. Sin embargo, en este caso, las únicas sanciones posibles ya no pueden ser aplicables. “La persona en comento ya está destituida de su cargo e inhabilitada, por lo que de este juicio sólo podrían resultar sanciones simbólicas”.

La diputada Verónica Juárez Piña (PRD) recordó que Rosario Robles está en un proceso penal; no obstante, la naturaleza de la resolución a discusión es de ámbito político. Celebró que el Legislativo ejerza sus funciones contra quien abuse del servicio público.

De Morena, el legislador David Orihuela Nava se pronunció a favor del resolutivo, “porque la real aplicación de los juicios políticos debe ser un recordatorio para todos los políticos corruptos. No se trata de venganza política, sino de justicia. Votar en contra sería estar a favor de la impunidad, de la justicia, de promover la corrupción y burlarse de la sociedad que ha sido testigo de cómo criminales de cuello blanco saquearon al país”.

De Encuentro Social, el diputado Edgar Guzmán Valdez expresó su postura a favor del juicio político, “se tiene que hacer lo socialmente correcto para que nunca más se tengan derroches, opacidad y robo al pueblo; sin embargo, preguntó qué pasará con los demás funcionarios involucrados que tendrían que estar sometidos a las mismas condiciones.

César Agustín Hernández Pérez, diputado de Morena, afirmó que votarán a favor de esta resolución, la cual sienta un precedente para que los servidores públicos estén conscientes de que a la Cámara de Diputados no le temblará la mano para construir el Estado de derecho y cuidar los recursos. “No es una cacería de brujas, no se actúa en contra de una persona, es porque el pueblo reclama que no haya más opacidad e impunidad”.

De la misma fracción parlamentaria, la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, aclaró que la presunta indiciada tiene prisión preventiva, más no ha sido juzgada y la inhabilitación por la que fue sujeta es por haber falseado datos en su declaración patrimonial, “y esto no quiere decir que no pueda ser sometida a juicio político; este proceso habla de una red que sí avanza, a partir de aquí pudieran empezar denuncias penales”.

El diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN) puntualizó que no se está juzgando a nadie, se está determinando la procedibilidad de un asunto para iniciar de manera formal el análisis, y la Sección Instructora realice las diligencias necesarias para tomar una resolución y pasarlo al Pleno. “No vale la pena que las pasiones nos ganen, estamos hablando de personas sujetas a proceso. Por lo tanto, se tiene que ser muy claro en qué es lo que está sucediendo para que la opinión pública no se confunda”.

El diputado Silvano Garay Ulloa (PT) mencionó que para combatir la corrupción no deben permanecer “congeladas” las denuncias. “El día de hoy se inaugura una nueva instancia y buen precedente para el país”, sostuvo.

La legisladora Claudia Pérez Rodríguez (Morena) refirió que “La estafa maestra” es uno de los actos corruptos más relevantes en México y el mundo, porque la investigación involucra en el desvío de recursos a 11 dependencias, ocho universidades públicas y más de 50 servidores públicos.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas (PAN) precisó que la denuncia contra Rosario Robles fue presentada en tiempo y forma, cuando la involucrada se encontraba en funciones. Para que procedan las acusaciones contra otros funcionarios, agregó, es fundamental que se aporten documentos de prueba y, principalmente, en los lapsos que marca la ley.

El legislador Vicente Alberto Onofre Vázquez (Morena) señaló que la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de llevar los procedimientos legales correspondientes para emprender un juicio político. Una de nuestras tareas es observar el gasto de recursos y si hay desvíos, aplicar las medidas necesarias.

De la misma bancada, el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe aseveró que deben realizarse las diligencias con total apego a la legalidad, porque no se habían llevado a cabo acciones para frenar de manera tajante los actos de corrupción. Esta legislatura ha tenido elementos fundamentales, por ejemplo, el incremento de nuevos delitos graves en el que se incluye la corrupción.

En su turno, la diputada Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) precisó que es necesario realizar juicios a todos los involucrados en actos de ilegalidad. “Solamente se ha valorado el juicio para una persona y no para todos los funcionarios implicados; debemos poner atención en la opinión pública; incide mucho en este tipo de casos”.

El diputado Valentín Reyes López (Morena) señaló que “no se tomó en cuenta a otros funcionarios y se esperó al plazo fatal para no hacer nada”. Dijo que en el tema de desvío de recursos, es importante que no haya acuerdos”. Anunció su voto a favor de la resolución.

También de Morena, el diputado Rubén Terán Águila consideró que hay que señalar todo acto de corrupción y a aquel servidor público que no acate la ley, y vulnere el Estado de derecho. “No estamos en contra de una persona, un nombre o apellido; Rosario Robles no es el chivo expiatorio de esta legislatura o del gobierno. Sin embargo, no hay que tolerar el robo desmedido”.

Ciudad de México.- En el marco del “Día Nacional del Sordo”, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Martha Hortencia Garay Cadena (PRI), dijo que es necesario reconocer el lenguaje de señas como un idioma y llevar a cabo acciones para erradicar la discriminación hacia esta población.

“Debemos ser incluyentes y saber que las personas que tienen como primer idioma el lenguaje de señas mexicanas, deben aprender el español como segunda lengua. En este sentido, es importante que México implemente los sistemas de apoyos necesarios para eliminar la discriminación, se respete y se concientice sobre sus necesidades”.

La legisladora explicó que el evento realizado en la Cámara de Diputados, sirve como instrumento para que las personas con discapacidad auditiva transmitan sus necesidades como hablantes del lenguaje de señas.

Refirió que éste es un idioma oficial de México y tiene la misma complejidad que el español o cualquier otro. Es por esto que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de fomentarlo y respetarlo tal como se hace con las lenguas indígenas.

Garay Cadena aseveró que es deber de las y los legisladores luchar por sus derechos y ser su voz en la Cámara de Diputados. “Cuenten con nosotros”, enfatizó.

Reconoció el interés de los asistentes por realizar transformaciones profundas a favor de su comunidad. “La sociedad ha sido y seguirá siendo una chispa de cambio”, aseguró.

Del PT, la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante de la comisión, señaló que no hay los medios necesarios para que las personas con discapacidad física se desarrollen, tales como un formato de lectura accesible para los ciegos y formas de comunicación homologadas para sordos. Llamó a diseñar mecanismos adecuados “libres de toda barrera” que alienten la inclusión de este sector.

Exhortó a los ciudadanos y a los legisladores a sumar esfuerzos a fin de que los sectores vulnerables tengan acceso pleno al ejercicio de sus derechos sociales, económicos y con sus capacidades se incorporen a una vida integral y justa. “Se requiere atender a los 7.6 millones de personas que sufren algún tipo de discapacidad, donde el 12.1 por ciento padece una afección auditiva”.

Álvaro Jiménez, presidente de la organización Educación y Social de Sordos, a través de un intérprete, urgió a rescatar la escuela de señas mexicanas. Pidió a los diputados trabajar conjuntamente con esta población para incorporarlos a la vida activa en condiciones de respeto y apoyo.

El presidente del Instituto Mexicano de Lengua de Señas, Abraham Manríquez Santiago, indicó que se debe dar determinación legal a la identidad de las personas con discapacidad auditiva, para establecer claramente las reglas del Estado, a fin de defender sus derechos humanos y satisfacer sus necesidades de educación, salud, trabajo, esparcimiento, cultura, autodeterminación, igualdad de género, derecho a la justicia, a la sexualidad y a la identidad.

Destacó la importancia de esta conmemoración para lograr el reconocimiento y el pleno ejercicio de los derechos de esta población, posibilitar la generación de políticas públicas. Además, aumentar la incidencia de organizaciones en la materia.

En el evento se presentaron actos culturales como obras de teatro y la interpretación del Himno Nacional, todos a través del lenguaje de señas.

 Ciudad de México.- El Pleno cameral aprobó, con 271 a favor, 46 en contra y cuatro abstenciones, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que modifica la conformación de la Sección Instructora, la cual presidirá el diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena). Como secretarias fungirán las legisladoras Martha Patricia Ramírez Lucero (Morena) e Ivonne Liliana Álvarez García (PRI), así como Ana Ruth García Grande (PT), integrante.

El acuerdo establece que es para efecto de que conozca del procedimiento de juicio político contenido en la resolución emitida hoy por las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y la de Justicia, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El documento, remitido para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, menciona que el 23 de octubre de 2018, al requerirse la Sección Instructora de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política la conformó con los siguientes legisladores: Martha Patricia Ramírez Lucero (Morena), presidenta; Raúl Gracia Guzmán (PAN), secretario; Juan Carlos Villarreal Salazar (MC), secretario, y Alejandro Carvajal Hidalgo, integrante.

La secretaria de la Mesa Directiva, diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, informó que el acuerdo aprobado hoy lo firman todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, a excepción del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Juan Carlos Romero Hicks.

El diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del grupo parlamentario del PAN, desde su curul, resaltó que este acuerdo “se redactó sin darnos una sola consulta a nosotros. Esto no puede ocurrir en un Parlamento”. Sostuvo que “es un atropello al diseño de las instituciones. Acción Nacional es la segunda fuerza política en esta Cámara y tiene que estar presente en una Sección Instructora”.

Al referirse al tema, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) señaló que el inicio de procedimiento de juicio político es fundamental porque esta soberanía manda el mensaje al pueblo de México de que “no habrá impunidad, de que no hay ningún pacto de complicidad, de que no hay nada que no sea la aplicación estricta de la ley y que exfuncionarios que sirvieron a gobiernos anteriores que saquearon al país, que robaron, que malbarataron el patrimonio, tienen que hacer frente a su responsabilidad”.

En tanto, el diputado Raúl Gracia Guzmán (PAN) indicó que la Sección Instructora ya existía y al inicio de esta legislatura ya se había establecido con determinados integrantes. Refirió que es un principio de derecho y de debido proceso que para sancionar a alguien la pena tiene que estar preestablecida como ilícita y el órgano que la va a juzgar o analizar tienen que estar preestablecido. “Hoy vemos cómo se viola el debido proceso y cómo se aplasta a la oposición”.

Cabe recordar que las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y la de Justicia, aprobaron hoy la resolución de la Subcomisión de Examen Previo, por la que se consideran procedentes las denuncias de Juicio Político en contra de María del Rosario Robles Berlanga.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el martes 3 de diciembre, a las 11:00 horas.

Ciudad de México.- Con 389 votos, la Cámara de Diputados aprobó reformar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, con el propósito de apoyar a este sector productivo.

El dictamen establece que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) deberá formular el Programa Nacional de Agroindustria de la Caña de Azúcar en los seis meses posteriores a la publicación del Plan Nacional de Desarrollo en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, la Junta Directiva del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar tendrá que publicitar y transparentar la toma de decisiones que generen efectos positivos o negativos sobre los objetos, actividades, procesos, producción, industrialización y comercialización de esta especie de planta.

Además, enviará de forma anual a las cámaras del Congreso, el informe sobre el avance y grado de cumplimiento de las acciones, objetivos y prioridades determinados por el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.

Por su parte, los comités de Producción y Calidad Cañera de cada ingenio deberán fomentar y propiciar la participación y consulta de los abastecedores de caña, vigilando que sus opiniones, inquietudes y derechos sean incluidos en la toma de decisiones.

De igual manera, los comités firmarán convenios con el Centro Nacional de Metrología para que valide y certifique la calibración de las básculas de los ingenios y realice una inspección periódica, por lo menos dos veces al año.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Juan Enrique Farrera Esponda (Morena), secretario de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, estimó que el plazo para la elaboración del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar evitará su redacción discrecional y tardía por parte de las autoridades responsables.

Afirmó que las reformas tienen el objetivo de empoderar a los abastecedores de caña, que son los destinatarios de las normas más vulnerables, brindando más potestad a la expresión de sus opiniones, inquietudes y en la defensa de sus derechos.  

El diputado Irineo Molina Espinoza (Morena), promovente de la reforma, apuntó que las propuestas buscan mejorar la confianza de los productores con sus dirigentes e industriales y afirmó que se está dando hoy un gran paso para hacia el fortalecimiento de dicho sector.

El dictamen se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó que la violencia política en razón de género sea delito electoral, para imponer multas de 100 a 400 días y prisión de uno a tres años, a quien menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de una o varias mujeres.

El dictamen fue avalado por 417 votos a favor, en lo general y en lo particular, para adicionar el artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Se establece prisión de seis meses a tres años a quien emita propaganda política o electoral con elementos denigrantes en contra de una precandidata, candidata o de una mujer que ocupe un cargo público, o de algún tercero con quien guarde relación familiar, vida en común o lazos afectivos.

Asimismo, de cuatro a siete años de prisión si en la comisión de las conductas prohibidas se empleare violencia física, sexual o amenazas. Además, en caso de que se trate de funcionarios partidistas, candidatos o precandidatos, la pena se incrementará hasta en un tercio de la que se imponga.

La sanción se incrementará hasta en una mitad, se destituirá e inhabilitará para el desempeño de cualquier cargo o empleo, si se trata de un servidor público quien intervenga en estas conductas.

Al argumentar el dictamen, la diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia, destacó la importancia de que sea un delito electoral, la violencia política contra las mujeres, para erradicar jerarquías eminentemente masculinas, una especie de minusvalía femenina y la marginación en este ámbito.

Refirió que en la elección de 2018 se perpetraron al menos 237 agresiones a quienes ejercían actividad política o contendían por cargos de elección popular, 27 culminaron en feminicidios. Las medidas para paliar este tipo de violencia no han sido suficientes, es necesario que el Estado garantice el libre acceso a la política sin contrapisas ni violencia.

  

La diputada Zulma Espinoza Mata (PVEM) mencionó que es necesario que la legislación establezca como delito la violencia política de género y que esta pueda ser perseguida y sancionada por las autoridades especializadas en materia penal. Es fundamental trabajar en políticas públicas que vayan en contra de la “normalización” de esta práctica, ya que esto minimiza sus consecuencias.

La legisladora priista María Lucero Saldaña Pérez resaltó que con esta reforma se cumple con la lucha del sector femenino y se favorece a la democracia. “Hoy México se encuentra entre los 20 países que más violenta a las mujeres, el Estado debe garantizar una vida libre de vulneraciones que permita desarrollarse profesionalmente a quienes aspiramos a ser candidatas o servidoras públicas”.

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó por 395 votos a favor, 23 en contra y una abstención declarar el primer domingo de junio de cada año como el “Día Nacional de la Democracia”

El documento señala que la cultura cívica concibe al gobierno democrático como aquél en el que pesan las demandas de la población, pero también que debe garantizar el ejercicio pacífico del poder, su funcionamiento efectivo y gobernabilidad.

La participación incrementa el potencial democrático de una nación justamente porque aumenta el compromiso ciudadano con valores democráticos, tales como la idea de una sociedad atenta y vigilante de los actos del gobierno e interesada en hacerse oír. 

El dictamen, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, indica que compartir una cultura política democrática implica concebirse como protagonista del devenir político, como integrante de una sociedad con capacidad para organizarse y demandar bienes y servicios del gobierno, así como negociar condiciones de vida y de trabajo.  

Las sociedades democráticas modernas se caracterizan por la gran cantidad de organizaciones y asociaciones que se forman y a las que se incorporan los ciudadanos para promover los más diversos ideales y demandas sociales (asociaciones en defensa de los derechos humanos, de combate a la pobreza y al hambre, organizaciones y movimientos feministas, ecológicos, pacifistas). 

Asimismo, en una sociedad democrática, las orientaciones y actitudes de la población hacia la política van dependiendo más del conocimiento que se adquiere sobre problemas que de percepciones más o menos espontáneas, que se tienen a partir de impresiones y no de información. 

Una población que comparte una cultura política democrática no solamente se relaciona con las instituciones que responden a las demandas de los ciudadanos formulando decretos, disposiciones o políticas que los afectan, sino también con aquéllas que las expresan y les dan proyección a través de la organización social. 

Al fundamentar el dictamen, el diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez (Morena) dijo que la conmemoración del Día de la Democracia es de suma importancia para visualizar los objetivos y alcances que ha tenido la sociedad a lo largo de la historia, porque no solo implica votos sino una esfera incluyente hacia los grupos más vulnerables. 

“La democracia y la ciudadanización de México no es un proceso terminado, todos debemos de cuidar su consolidación y no dejar que la democracia sea solo un discurso”, agregó.   

La diputada Ivonne Liliana Álvarez García (PRI) aseveró que la democracia es la forma de gobierno que ha permitido a las personas participar en las decisiones públicas y elegir a sus gobernantes mediante elecciones libres, informadas y recurrentes. “Debemos de recordar que la libertad es un bien que gozan solamente aquellas y aquellos que luchan todos los días por ella”.

Ciudad de México.- Diputados integrantes de la Comisión de Salud realizaron el foro “Vacunación: prevención y Salud pública”, cuyo objetivo es generar conciencia en la población y dar elementos a los legisladores para construir una política pública de prevención que permita enfrentar los retos de cobertura, abasto y acorde a las demandas del país.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Ana Paola López Birlain (PAN) afirmó que “la vacunación es una gran herramienta para garantizar el derecho a la salud y brindar una mejor calidad de vida, de ahí la importancia de invertir en este tipo de prevención”.

Precisó que hay un rezago de 40 por ciento en la vacunación. “El primer reto es que sea universal, pues no se inmuniza a toda la población, se ha sectorizado y priorizado de acuerdo al presupuesto”. Otro desafío es la distribución y cobertura, ya que por decisiones administrativas las dosis no llegan oportunamente, el tercer reto es integrar nuevos antígenos a la cartilla de vacunación.

Sobre el surgimiento de enfermedades, advirtió que el flujo migratorio y la globalización, pueden generar nuevos brotes que requieren atención médica e implican un gasto. Con los recursos aprobados, la infraestructura y la poca disposición de apostarle a la prevención, “se podría entrar en una situación complicada de la que el gobierno deberá hacerse responsable”.

Con este foro se busca elaborar un producto legislativo acorde a las necesidades del país, que refleje la ruta a seguir para que ningún mexicano muera por una enfermedad prevenible.

El secretario de la Comisión de Salud, Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), mencionó que la vacunación en México enfrenta un reto importante, porque hay insuficiencia, las compras no han sido las idóneas, y su esquema de implantación se ha relajado.

Añadió que ante este panorama hay una enorme tarea de aumentar la producción de antígeno en el país, con el objetivo de garantizar el adecuado abastecimiento; sin embargo, añadió, por segundo año consecutivo la secretaría del ramo pidió menos de lo que necesita para ampliar el esquema de inmunizadores.

Consideró que la visión clave para cualquier país es disminuir el riesgo de enfermedad y muerte. Esto se logra a través de la inmunización; es decir, es el programa más costo-efectivo, sólo después del abastecimiento del agua potable. “De ahí la importancia de otorgar un presupuesto suficiente y políticas públicas eficientes”.

El Secretario de la Asociación Mexicana de Vacunología, Rodrigo Romero Feregrino señaló que hay bajas coberturas que se deben al abasto y disponibilidad de vacunas, por lo que se han presentado brotes de enfermedades como el sarampión. Añadió que México tiene un problema creciente de oposición a las inmunizaciones, por lo que se deben realizar campañas de información y concientización sobre su importancia.

El doctor Francisco Ortiz García, del Programa IMSS-Bienestar, indicó que la vacunación es una prioridad del programa y es un capítulo del presupuesto que no se afecta. Desde 2015 a la fecha ha aumentado, de 500 millones a casi el doble para 2020, por incremento del precio de las vacunas. En dos años disminuyó el nivel de aplicación, no por una menor inversión o comprar menos, sino por problemas de abasto y falta de proveeduría.

El Presidente del Instituto Farmacéutico para México y Brasil (Inefam), José Carlos Ferreyra, dijo que el gasto en vacunas para 2018 fue de siete mil 582 millones; en 2019, de enero a septiembre, se redujo a tres mil 128 millones de pesos. Mencionó que la contracción en el gasto en este rubro puede provocar un riesgo de epidemia de influenza.

El doctor Miguel Ángel Rodríguez Weber, de la Academia Nacional de Medicina, se pronunció por mantener buenas coberturas y ampliar los esquemas de vacunación; combatir el desabasto de biológicos; resolver problemas de distribución oportuna y erradicar ideas sin fundamento, generadas por falta de información científica en contra de la vacunación.

El doctor Ernesto Calderón Jaimes, del Hospital Infantil de México “Federico Gómez” se pronunció por impulsar un sistema de registro nominal, mediante un esquema de cartillas de vacunación para cada grupo de edad, que permita saber los riesgos de cada persona en determinada etapa da la vida.

Asimismo, el doctor José de Jesús Coria, de la Academia Mexicana de Pediatría, pidió impulsar estrategias emergentes para el incremento de coberturas, implantar la cartilla electrónica de vacunación que permita conocer a qué niño, en qué comunidad, y llamarlo para aplicárselas y fortalecer las acciones de comunicación social para favorecer la vacunación y generar la corresponsabilidad de la sociedad.

El representante del Instituto Nacional de Geriatría, Raúl Hernán Medina Campos, expuso que el esquema de vacunación no sólo se debe enfocar en la niñez, pues a lo largo de la vida contribuyen a un envejecimiento saludable; no obstante, enfatizó que para ello se requiere de mejorar la cobertura, fortalecer las semanas nacionales de salud y garantizar un financiamiento fijo.

Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 398 votos a favor y siete abstenciones, el dictamen que reforma diversas disposiciones a las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la de Salud, con el objetivo de erradicar la violencia obstétrica.

El documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, define a la violencia obstétrica como toda acción u omisión intencional del personal de salud, público o privado, que dañe física o psicológicamente, denigre o discrimine a la mujer durante el embarazo, el parto, el post-parto y puerperio.

Además, estipula que por ningún motivo se podrá negar el servicio médico y la vulneración o limitación de los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres; incorpora que en los servicios de salud se promoverán acciones de prevención de la violencia obstétrica.

El dictamen destaca que entre el 2015 y el 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 28 recomendaciones donde se han señalado diversos actos de agresiones obstétricas y abusos de los derechos humanos por parte de prestadores de servicios de salud en contra de mujeres embarazadas. 

Al fundamentar, la diputada María Wendy Briceño Zuloaga (Morena) afirmó que la aprobación de este dictamen es un compromiso con la vida, los derechos y la dignidad de las mujeres.

Sostuvo que se deben de integrar mecanismos y herramientas que garanticen a las mujeres el derecho a la salud libre de violencia y asentar en los códigos penales las sanciones para quienes incurran en prácticas médicas violentas.

De la misma bancada, la diputada Mildred Concepción Ávila Vera consideró necesario armonizar las leyes federales y estatales para calificar este tipo de conductas como una forma de violencia institucional y de género.

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el objetivo de armonizar el concepto de representación equilibrada para que la política nacional oriente parte de sus metas y acciones, con el objetivo de lograr la paridad en cargos públicos o de elección popular.

El documento, avalado por 402 votos a favor, modifica la denominación del capítulo tercero, los artículos 17, fracción III, 35 y 36 de la mencionada ley, e incluye la palabra “paridad” como parte de las reformas constitucionales en la materia.

También busca que a las mujeres se les reconozca en las designaciones de cargos donde se toman decisiones, abatir la violencia institucional que se vive en las diferentes dependencias gubernamentales, y se fortalezca el andamiaje jurídico que evite la revictimización. Se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Al fundamentar el dictamen, la secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Verónica María Sobrado Rodríguez (PAN), expresó que esta reforma tiene como propósito armonizar el marco legal con la reciente reforma constitucional en materia de paridad de género.

Establece la participación y representación política paritaria entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y socio-económicas, en los cargos de elección popular, en las estructuras de los partidos políticos, en los altos cargos públicos y en los procesos de selección, contratación y ascensos en el Servicio Civil de Carrera de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Con el dictamen, agregó, se podrá cumplir con los acuerdos internacionales para lograr la paridad en cargos de representación o de servidores públicos. “En la Legislatura de la Paridad de Género, tengan la certeza de que en la comisión estamos trabajando de manera plural y comprometida para avanzar en el reconocimiento y respeto de todos los derechos de las mujeres del país”.

Para fundamentar también, la diputada de Morena, Beatriz Rojas Martínez, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, dijo estar a favor del documento que armoniza la ley con la reforma constitucional, estableciendo la representación paritaria en el ámbito del poder y la toma de decisiones políticas.

Celebró que se dé un paso más en el cumplimiento de lo que establece la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que reconoce que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional de ambos en la sociedad y en la familia.

Para modificar este papel tradicional, añadió, es indispensable erradicar los estereotipos de género que crean un imaginario colectivo sobre qué función deben desempeñar los hombres y las mujeres. “Sin mujeres no hay democracia”, aseveró.

La promovente de la iniciativa, diputada Fabiola Loya Hernández (MC) afirmó que el propósito es armonizar el concepto de representación equilibrada, con la finalidad de lograr la paridad en los cargos públicos o de elección popular como uno de los principales objetivos de la política nacional en materia de igualdad.

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó con 405 votos a favor y ninguno en contra, reformas a la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de multar a los patrones que omitan su obligación de afiliar a los empleados al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot).

La reforma al artículo 994 establece que se impondrá multa de 50 a mil 500 unidades de Medida y Actualización al patrón que no cumpla con las obligaciones señaladas en el artículo 132, fracción XXVI Bis, que se refiere a afiliar al centro de trabajo al Infonacot, a efecto de que los trabajadores puedan ser sujetos del crédito que proporciona dicha entidad. La incorporación será gratuita para el empresario.

El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, subraya que la afiliación al instituto representa la posibilidad de que los trabajadores obtengan créditos en condiciones favorables y mejore el clima laboral y la productividad, por lo que el patrón debe cumplir con dicha obligación.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Martha Angélica Zamudio Macías (MC), secretaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, señaló que ante la mala práctica de omitir la inscripción al Infonacot, es importante subsanar esta problemática y sancionar a quienes no cumplan.

Resaltó la importancia de la modificación, ya que el Infonacot promueve el crecimiento del patrimonio familiar de los trabajadores, el ahorro mediante el acceso del crédito, la obtención del bienestar y servicios de alta calidad a precios competitivos.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, de Encuentro Social, y promovente de la modificación, sostuvo que la reforma apunta a mejorar los beneficios de los empleados y proteger su patrimonio a través de una institución pionera en establecer mecanismos de acceso a créditos. Consideró que con este cambio legal “vamos a avanzar en la protección legal de los trabajadores”.

Villahermosa, Tabasco.- Los organismos autónomos son aliados en la búsqueda por fortalecer los avances democráticos en México y en la rendición de cuentas, en aras de cumplir con lo que está establecido en la Ley, expresó la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena.

Al participar en el 12º Aniversario del Institutito Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), la Comisionada del INAI manifestó que el derecho de acceso a la información pública es un puente que fortalece la confianza ciudadana y la legitimidad de las instituciones.

“Estoy convencida de que hoy, México requiere una participación ciudadana que permita fortalecer las políticas públicas de los gobiernos y que permita también avanzar en lo que nos ha lastimado en las últimas décadas y que tiene que ver con los actos de corrupción”, subrayó la Comisionada del INAI.

Blanca Lilia Ibarra sostuvo que, en la búsqueda por combatir los actos de corrupción y la impunidad, el derecho a la información es un instrumento clave, que se utiliza y sirve como un mecanismo de control político.

Al comentar sobre el “Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, la Comisionada del INAI expresó que es labor de 44 especialistas de 19 instituciones, con ideas, conceptos, definiciones o significados amigables, útiles, sencillos, comprensibles, y comunes para todo aquel interesado en el estudio de estos temas.

Refirió que a nivel nacional hay interés de conocer lo que hace el gobierno, así como que el derecho a la información permite seguir de cerca la actuación pública y con el Diccionario se puede tener al alcance la información, para poder ejercer mejor el derecho a saber.

Blanca Lilia Ibarra informó que, a nivel nacional, se cuenta con aproximadamente ocho mil sujetos obligados de todos los niveles de gobierno, y desde junio de 2003 a noviembre de este año, se han presentado un total de 2 millones 23 mil 704 solicitudes de información a sujetos obligados del orden federal.

En ello, dijo, reside la importancia del Diccionario, pues a las personas interesadas en el tema, se les presentan de manera clara y concisa conceptos relacionados con el acceso a la información, los datos personales, los procedimientos para el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y transparencia gubernamental, así como algunas de las definiciones legales más utilizadas en el tema.

Durante el Aniversario del ITAIP, también se presentaron las obras tituladas: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.

En el evento estuvieron presentes: el Comisionado Presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús Manuel Argáez De Los Santos; el Secretario de Gobierno del Estado de Tabasco, Marcos Rosendo Medina Filigrana y Guillermo M. Cejudo, Coordinador del Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 Ciudad de México..- La Comisión del Federalismo y Desarrollo Municipal, presidida por el diputado Ricardo Villarreal García (PAN), acordó dar seguimiento para que los gobiernos estatales hagan público los calendarios de entrega de las participaciones federales que corresponden a los municipios.

El objetivo es garantizar el cumplimiento del artículo séptimo transitorio del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.

Dentro de las actividades prioritarias de su programa de trabajo para el segundo año de la legislatura, la comisión aprobó incluir la propuesta de la diputada del PRD, Norma Azucena Rodríguez Zamora, relativa a que los gobiernos estatales acaten la disposición, en la cual “no podrán poner requisitos adicionales para la entrega de los recursos y las participaciones federales a los ayuntamientos, ni ser retenidas o utilizadas en fines distintos”.

Villarreal García resaltó la importancia de crear una bolsa presupuestaria concursable en la Federación para los municipios que tengan un plan de desarrollo y proyectos ejecutivos, a la vez que accedan a recursos con reglas de operación puntuales.

“Se deben buscar mecanismos claros, objetivos y transparentes para etiquetar recursos. Publicar los calendarios de entrega es una obligación que está en la ley y debe acatarse”, resaltó. 

Por el PAN, el diputado Ernesto Ruffo Appel consideró la conveniencia de incluir en el PEF un mecanismo que conjunte montos federales, estatales y municipales en un esquema concurrente a fin de asegurar el financiamiento y dar rumbo a los proyectos de urbanización que requieren los ayuntamientos a partir de una planeación integral.

También del PAN, el diputado Jesús Guzmán Avilés afirmó que es necesario “estar vigilante y exhortar a los gobiernos estatales para que publiquen y den a conocer a los municipios las partidas presupuestarias y fechas en que se van a entregar”, para que “no se queden volando”. Indicó que en Veracruz se retrasa la distribución con el argumento del recorte presupuestal. 

Asimismo, se aprobó el punto de acuerdo para exhortar a los congresos locales a que “promuevan la creación de leyes estatales que regulen la creación y funcionamiento de los Institutos de Planeación Municipal, a fin de que los ayuntamientos participen efectivamente en la programación estatal y nacional”. 

El diputado presidente, Ricardo Villarreal García, sostuvo que a través de la planeación se evitarán caprichos para designar y priorizar obras, además se asegura dar continuidad a los proyectos de infraestructura. Siempre va a haber intereses políticos y económicos, pero las decisiones deben tomarse por arriba de estos factores, resaltó.

La diputada del PT, Hildelisa González Morales resaltó que los municipios más pequeños no tienen financiamiento porque carecen de un proyecto ejecutivo de las obras que requieren, y tampoco hay dinero para contratar especialistas que lo realicen. Propuso vincularlos a las universidades y se les apoye. 

Irineo Molina Espinoza, diputado de Morena, propuso diseñar un mecanismo de trabajo para que la planeación sea eje central de las acciones en los tres órdenes de gobierno. Además, que los planes de desarrollo locales sean presentados por los nuevos munícipes al tomar posesión de su cargo. Eso va a dar certeza al desempeño gubernamental, consideró.

Por MC, el diputado Ariel Rodríguez Vázquez planteó que los congresos locales regulen puntualmente la planeación y se coadyuve a la profesionalización de la función municipal, sin que los proyectos se impulsen en un proceso electoral para que “brinquen el vaivén político”.

De Morena, el diputado Carlos Sánchez Barrios afirmó que la planeación es un método para alentar el desarrollo nacional y no quede en un sueño. Propuso que el gobierno federal escuche las propuestas municipales y las integre en el presupuesto para que los tres órdenes de gobierno participen y se efectúen.

El diputado Armando González Escoto (PES) consideró necesario controlar el crecimiento desordenado de las poblaciones rurales y urbanas, además de vincular el Presupuesto de Egresos con las estrategias municipales donde participen ciudadanos y empresarios.

Ciudad de México.- En la sesión de hoy, rindió protesta de ley como diputado federal e integrante de la LXIV Legislatura, José Mario Osuna Medina (Distrito 1, Sinaloa), en sustitución de Maximiliano Ruiz Arias (Morena), quien falleció el pasado lunes 25 de noviembre.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, le tomó protesta.

En otros asuntos, se dio a conocer que la Secretaría de Bienestar remitió el tercer informe trimestral del uso de los recursos por estado y municipio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social correspondiente a 2019. Se mandó a la Comisión de Desarrollo Social.

Además, se comunicó que la Secretaría de Gobernación dio cuenta del informe bimestral sobre la ejecución de los programas y las actividades gubernamentales correspondiente al quinto bimestre del ejercicio fiscal de 2019. Fue enviado a la Comisión de Radio y Televisión.

Se recibieron 22 respuestas a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, por parte de las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público; de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; de los congresos de Baja California Sur y de Hidalgo; de los gobiernos de los estados de México, de Tamaulipas y de Guerrero; de las secretarías de Salud del estado de Hidalgo y de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del estado de Campeche, así como de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del estado de Nayarit.

La iniciativa del Congreso de Baja California Sur, que adiciona el artículo 44 Bis y el Capítulo IV Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para regular las pensiones de los trabajadores en lo relativo al Sistema de Reparto Solidario, fue enviada a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen, y a la de Trabajo y Previsión Social, para opinión.

Del Congreso del estado de Jalisco se recibió iniciativa que reforma el artículo 22 de la Constitución Política y adiciona el artículo 1º de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, para reconocer el delito de violación como hecho susceptible de extinción de dominio. Se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El Congreso de Hidalgo remitió la iniciativa que expide la Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de México. Se remitió a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, para dictamen, y a la de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Los diputados Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI), Anilú Ingram Vallines (PRI), Jacquelina Martínez Juárez (PAN), Claudia Pérez Rodríguez (Morena), Raquel Bonilla Herrera (Morena), María de los Ángeles Ayala Díaz (PAN), Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez (Encuentro Social), Olga Patricia Sosa Ruiz (Encuentro Social), Laura Martínez González (Morena), Lucía Flores Olivo (Morena), Édgar Eduardo Arenas Madrigal (Morena), Dulce María Corina Villegas Guarneros (Morena), Mónica Bautista Rodríguez (PRD) y Edith García Rosales (Morena), solicitaron retirar de los registros parlamentarios diversas iniciativas que habían presentado.

De la Mesa Directiva se recibió oficio sobre la modificación de turno de la minuta que reforma diversas disposiciones de las leyes Federal de Protección al Consumidor, de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y Federal de Telecomunicación y Radiodifusión. Se mandó a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen, y a la de Comunicaciones y Transportes, para opinión.

También la iniciativa que modifica las leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de Asociaciones Público Privadas, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Fue enviada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen, y a la de Gobernación y Población, para opinión.