Guadalajara, Jalisco.- El Parlamento Abierto representa una oportunidad para que los legisladores logren recuperar, ante la sociedad, el crédito y el prestigio de su labor como representantes, aseveró el Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas.

Durante la inauguración del Encuentro sobre transparencia legislativa y parlamento abierto: análisis de buenas prácticas, Acuña Llamas dijo que este modelo de apertura exige a los congresos actuar con nitidez y explicar a cualquier ciudadano cómo se generan las políticas públicas, los acuerdos parlamentarios y las diferentes legislaciones.

"El Parlamento Abierto nos tiene que decir también por qué no se lograron planes y cuestiones que eran muy necesarias, que se debatieron a fondo y no lograron llegar, pero también por qué llegaron otras", enfatizó. 

El Comisionado Presidente destacó la labor del INAI y de los organismos garantes de las entidades federativas como instrumentos para mostrar a la sociedad cómo están las cosas en cada "palmo de la geografía política del Estado" y en ese sentido, exhortó a los legisladores a "no soltar de la mano a las instituciones autónomas". 

A su vez, la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena señaló que, ante la creciente desconfianza de la ciudadanía en las instituciones legislativas en el país, es necesario hacer estudios como el Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto en el Senado de la República y Congresos Estatales, para conocer el trabajo, los avances y las áreas de oportunidad existente en la materia. 

"Realizar este tipo de estudios es pertinente y relevante en un contexto de creciente desconfianza de la ciudadanía. Los datos ofrecidos por el Latinobarómetro 2018 refieren que en México el Congreso cuenta únicamente con 22 por ciento de confianza por parte de la ciudadanía", subrayó. 

En su oportunidad, la Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) y Coordinadora de los Órganos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia, Cynthia Cantero Pacheco, sostuvo que el primer paso para hacer realidad el Parlamento Abierto es la voluntad de los actores políticos para cambiar paradigmas, hábitos y costumbres. 

"Hablar de Parlamento Abierto es referencia de demandas sociales por la apertura institucional, la transparencia y el involucramiento de los ciudadanos que durante décadas han venido exigiendo. Las herramientas de Parlamento Abierto, Justicia Abierta, Cabildo Abierto y Gobierno Abierto son respuestas originadas desde la ciudadanía", apuntó. 

En la inauguración participaron también María Patricia Meza Núñez, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco; Mariana Fernández Ramírez, Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, y Aranzazú Méndez González, Coordinadora de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno del Estado, así como los Comisionados Ciudadanos del ITEI, Salvador Romero Espinosa y Pedro Antonio Rosas Hernández. 

El evento fue organizado por el INAI, el ITEI, el Congreso del Estado de Jalisco y el Sistema Nacional de Transparencia. 

Posteriormente, la comisionada Blanca Lilia Ibarra participó en la mesa Análisis y reflexiones sobre los resultados del “Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto” donde insistió en la conveniencia de generar plataformas digitales de comunicación que sirvan como puente entre ciudadanos y legisladores.  

En el patio central del Recinto Legislativo del Estado de Jalisco, Ibarra Cadena destacó la importancia de incluir a organizaciones de la sociedad civil en el monitoreo externo de los Congresos para, de ser el caso, cuestionar el trabajo legislativo y, al mismo tiempo, mejorar la estrategia de comunicación parlamentaria, para que no haya divorcio entre el trabajo de la oficina de comunicación social y las tareas propias de cada Legislador. 

Cebú, Filipinas.- La Comisionada Josefina Román Vergara refrendó el compromiso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para continuar colaborando con las Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico para promover el ejercicio efectivo del derecho a la protección de datos personales y la cultura de la privacidad en el mundo globalizado.

Durante su participación en los trabajos del 52° Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico (Foro APPA), la Comisionada presentó el Informe de actividades de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) del periodo de junio a noviembre de 2019. 

Román Vergara afirmó que en estos seis meses la RIPD ha fortalecido sus relaciones con otros organismos internacionales para compartir experiencias y generar espacios deliberativos que fortalezcan el ejercicio y la protección de este derecho fundamental. Asimismo, ha trabajado en la redacción de un proyecto de acuerdo iberoamericano de asistencia jurídica en materia de protección de datos personales.

Entre las actividades de la RIPD, destacó la creación del Foro de la Sociedad Civil, como el principal vínculo entre la Red y las organizaciones sociales formalmente constituidas que tienen, entre sus objetivos, promover el ejercicio del derecho a la protección de datos personales. 

Josefina Román señaló también el trabajo de la Red con la Organización de los Estados Americanos (OEA) para elaborar un documento conjunto que actualice los principios de privacidad de la OEA de 2012, a partir del contenido de los Estándares de Protección de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos, aprobados en 2017, en Santiago de Chile.

Por lo que se refiere a la protección de datos en el contexto de las tecnologías de inteligencia artificial, informó que, en breve, la Red publicará dos documentos denominados “Orientaciones específicas para el cumplimiento de los principios y derechos que rigen la protección de los datos personales en los proyectos de Inteligencia Artificial” y “Recomendaciones generales para el tratamiento de los datos personales en los proyectos y desarrollos de Inteligencia Artificial”. 

Asimismo, la Comisionada del INAI se refirió a la conformación del Grupo de Trabajo Permanente de la Red, cuyo objetivo central es impulsar la incursión de esta instancia en temas de vanguardia, como el tratamiento de datos personales en la inteligencia artificial; la protección de datos personales de las mujeres; la protección de datos y los sistemas educativos, así como la convergencia hacia estándares globales en la materia.

Finalmente, dio cuenta de la participación de la RIPD en el XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, con sede en México; en la 41° Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, celebrada en Tirana, Albania, y en el evento paralelo titulado “De la convergencia regional a la convergencia global: el modelo latinoamericano”; así como en el seminario “A un año de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos”, que tuvo lugar en Montevideo, Uruguay. 

Previo al Informe, la Comisionada Josefina Román expuso ante los miembros del Foro APPA una resolución emitida por el Pleno del INAI, en el marco de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en la que se determinó otorgar acceso al expediente clínico de una persona fallecida y de su hijo recién nacido.

Una persona, en calidad de representante legal de su nieto recién nacido, solicitó a un hospital privado el acceso al expediente clínico del menor y al de su hija que falleció en el parto.

El hospital proporcionó únicamente el resumen clínico de la mujer fallecida, ante lo cual, la solicitante se inconformó y acudió al INAI, argumentando que el acceso al expediente del menor era necesario para preservar la salud de su nieto, y al de su hija, para conocer las condiciones que le pudieran haber generado afectaciones al recién nacido. 

Al analizar el caso, el Pleno del INAI, desde una perspectiva de derechos humanos, y atendiendo el principio pro persona, así como lo establecido en diferentes instrumentos normativos nacionales e internacionales, se concluyó que es obligación del hospital hacer efectivo el derecho de acceso a los datos personales contenidos en el expediente clínico de la mujer fallecida, en virtud de que contiene información vinculada con la solicitante.

Asimismo, el Instituto hizo valer el interés superior del menor, consagrado en la Constitución, pues en el caso concreto el acceso a los datos personales del recién nacido es la puerta de entrada al ejercicio de otros derechos fundamentales como el de la protección de la salud.

La Comisionada Román subrayó que este asunto se considera relevante debido a que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares no contempla disposiciones relacionadas con el ejercicio de los derechos  de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) de personas fallecidas. 

Sin embargo, precisó que cuando una persona considere que le asiste un interés legítimo y requiera ejercer los derechos ARCO de alguien que falleció, puede acudir al INAI, mediante un recurso de revisión, para que el Pleno analice el caso y otorgue acceso los datos cuando se justifique y acredite la necesidad. 

El Foro APPA es el principal foro mediante el cual las autoridades de privacidad de esta región logran formar alianzas e intercambiar ideas sobre la reglamentación de la privacidad, las nuevas tecnologías, la gestión de consultas y quejas sobre privacidad.

Entre los objetivos se encuentra facilitar el intercambio de conocimientos y recursos entre las autoridades de privacidad de la región, así como fomentar la cooperación en materia de privacidad y protección de datos y promover conjuntamente actividades de sensibilización en materia de privacidad. 

Está integrado por 19 autoridades garantes, de las cuales 12 son nacionales (Australia, Canadá, Colombia, Corea del Sur [dos autoridades], Estados Unidos, Filipinas, Japón, México, Nueva Zelandia, Perú y Singapur), 5 son provinciales (Columbia Británica, Nueva Gales del Sur, Queensland, Territorio del Norte y Victoria) y 2 son regiones administrativas especiales (Hong Kong y Macao).

Ciudad de México.- La Agencia Espacial Mexicana (AEM), organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que se encuentra listo el lanzamiento del satélite AztechSat-1 el próximo miércoles 4 de diciembre.

El director general de la AEM, Salvador Landeros Ayala, detalló que, como parte de la misión de abastecimiento de la Estación Espacial Internacional CRS-19 (Commercial Resupply Services) de la empresa SpaceX, el lanzamiento está programado para las 11:51 horas (tiempo Ciudad de México) desde el Space Launch Complex 40 (SLC-40) de Cabo Cañaveral, Florida.

La carga se entregará a la nave espacial Dragon, impulsada por un cohete Falcon 9, e incluye experimentos científicos, suministros y equipos. En 2 o 3 días la cápsula Dragon descargará el satélite en la Estación Espacial Internacional.

El AztechSat-1 es un esfuerzo para impulsar el desarrollo espacial de México. El proyecto tiene su origen en un acuerdo de colaboración en donde se establece que la AEM entregará a la NASA un CubeSat de una unidad (10x10x10 cm y 1 kg.) para demostrar capacidad técnica en comunicaciones espaciales de interés común para México y para la NASA.

A cambio de eso, la NASA proporcionó asesoramiento técnico para diseñar, construir, probar y operar el satélite, así como las instalaciones para realizar las pruebas ambientales y de calificación para vuelo espacial, y cubrió los costos de su lanzamiento hacia la Estación Espacial Internacional.

La misión es una importante prueba tecnológica para validar la posibilidad de comunicación entre el AztechSat-1 y la constelación de satélites de comunicaciones GlobalStar para, en el futuro, mejorar el control y la operación de picosatélites.

El desarrollo del AztechSat1 fue coordinado por la AEM con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), la que diseñó, desarrolló, probó y operó con la participación de estudiantes y profesores.

El proyecto obtuvo financiamiento parcial del Fondo Sectorial de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Actividades Espaciales CONACYT-AEM, a partir de una rigurosa selección, después de haber competido con otros proyectos que participaron en una convocatoria pública y abierta.

El desarrollo del AztechSat-1 estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de alumnos y profesores de la UPAEP, asesorados por un equipo mentor compuesto por especialistas de la AEM y la NASA. El equipo desarrolló el proyecto siguiendo la metodología de Ingeniería de Sistemas Espaciales de la NASA, lo que permitió realizar el proyecto en tiempo y forma y de acuerdo con estándares de calidad previamente especificados y pasó las pruebas ambientales en los laboratorios de NASA.

El AztechSat-1 es el primer satélite mexicano que se lanzará desde la Estación Espacial Internacional y marca el comienzo de una nueva era en el desarrollo espacial de México.

El trabajo realizado para su diseño, construcción, pruebas y operación conforma una experiencia invaluable sobre cómo abordar proyectos espaciales complejos y sienta las bases para consolidar un modelo de colaboración entre agencias espaciales, universidades y empresas para conformar capacidades espaciales.

Mérida, Yucatán.- En comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, sus integrantes acordaron citar a la Secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, y al director de la Agencia de Administración Fiscal del Estado, Juan Rosel Flores, para que comparezcan con motivo del Paquete Fiscal Estatal 2020, el próximo jueves 5 de diciembre del presente año a las 10 de la mañana.

Previamente, se distribuyó entre los diputados el contenido de dicho paquete: el Presupuesto de Egresos 2020 y las reformas a la Ley de Ingresos, a la Ley de Hacienda, a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de Transporte; así como lo correspondiente a las modificaciones a la Ley de Ingresos de 105 municipios, 11 reformas a leyes de Hacienda municipales y 8 nuevas leyes de Hacienda municipales.

El presidente de la comisión, Víctor Sánchez Roca (PAN) también instruyó a la Secretaría General del Congreso local invitar a los 25 diputados de la LXII Legislatura para que acudan a la referida comparecencia, así como distribuir los paquetes fiscales a sus correos electrónicos institucionales; además, solicitó la elaboración de las fichas técnicas de los documentos municipales.

En otro tema, también por acuerdo de los legisladores, Sánchez Roca solicitó la elaboración del proyecto de dictamen de la modificación a la Ley de Ingresos 2019 del ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, para corregir un problema técnico, ya que captó más de lo estimado.

“Es necesario aprobarlo, porque es una acción loable por parte de los municipios”, indicó Silvia López Escoffié (MC).

“Avalo la solicitud y hago la observación de que no se omita esta modificación en lo correspondiente a su Ley de Ingresos 2020”, señaló Rosa Díaz Lizama (PAN).

“Los diputados tenemos la responsabilidad de darle herramientas al municipio para que puedan realizar correctamente sus auditorías y este concepto ya está integrado para 2020”, respondió Lila Frías Castillo (PRI).

Periodos Ordinarios

En comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sus integrantes aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen para homologar los Periodos Ordinarios de Sesiones del Congreso de Yucatán con los del Congreso de la Unión, con la modificación a la Constitución Política del Estado.

De esta manera, ahora serán dos períodos: del primero de septiembre al 15 de diciembre, con la posibilidad de extender este plazo hasta el 30 de diciembre, cuando inicie una nueva administración del Ejecutivo estatal; el segundo, será del primero de febrero al 31 de mayo.

El proyecto también propone que este decreto entre en vigor a partir del 2020, al igual que instruye ajustar las fechas de entrega de reconocimientos en las leyes correspondientes.

El cuerpo colegiado también aprobó por unanimidad dos proyectos de dictamen para reformar la Carta Magna del Estado y la Ley de Educación, la primera para incluir la enseñanza de lenguaje con señas y, la segunda, la obligación de aprendizaje de la lengua maya, ambas en la educación básica.

Previamente, se distribuyó entre los diputados la respuesta de la Secretaría de Administración y Finanzas, sobre el presupuesto ejercido en ambas materias.

Por otro lado, continuó el análisis de las reformas a la Ley de Gobierno de los Municipios, en materia de autoridades auxiliares, para lo cual, Silvia López adelantó que entregará una propuesta al artículo 70 bis, referente a los requerimientos para ostentar dicho cargo, para que los comisarios sean vecinos de la comunidad que representan y que no laboren fuera del estado.

Por último, se distribuyó la iniciativa para modificar el Código de Familia estatal, signada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo Ávila Heredia, de la cual se solicitó la elaboración de una ficha técnica y un cuadro comparativo para su estudio en la próxima sesión.

Desarrollo Urbano

En comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura, sus integrantes aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen de la adición del artículo 44 bis a la Ley de Tránsito y Vialidad, para prohibir en carreteras estatales y federales, que sean transferidas al estado, que bicimotos, motocicletas, cuatrimotos y aquellos similares impulsados con energía eléctrica, no puedan transportar a personas menores de cinco años o que hayan cumplido dicha edad, que no puedan sujetarse por sus propios medios o apoyar sus pies en el pedal de pasajero.

Por otro lado, se solicitó la elaboración del proyecto de dictamen de las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Transporte, en materia de mototaxis, así como la que expide la Ley de Seguridad Vial, ambas de la fracción de Movimiento Ciudadano.

Por último, se distribuyó la iniciativa que adiciona el artículo 22 bis y reforma la Ley de Transporte, suscrita por Lila Frías, al igual que otra que modifica la misma norma, de Movimiento Ciudadano.

Ciudad de México.- Senadores, especialistas y organizaciones de la sociedad civil plantearon las diferentes necesidades de las personas con espectro autista, a fin de identificar oportunidades de participación política e incidencia pública en beneficio de la mejora de calidad de vida de quienes tienen esta condición.

La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, senadora Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional, se comprometió a impulsar una legislación que ayude a la detección temprana del trastorno, con lo que busca mejorar la calidad de vida de niñas y niños. Y garantizar la inclusión y no discriminación.

Recordó que en México cada año se registran seis mil casos de personas con autismo. “Es urgente contar con información para garantizar su pleno desarrollo”. Uno de cada 115 niños presentan esta condición y la incidencia en adolescentes y adultos se desconoce.

Se calcula que al año, nacen 20 mil niños con autismo en México. Por ello, dijo, es necesario que se legisle para garantizar su inclusión y no discriminación, pues 50 por ciento de niñas y niños con este trastorno son víctimas de bullying.

A su vez, el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, indicó que en el sector educativo hay una gran deficiencia para cubrir las necesidades de enseñanza de los alumnos con autismo.

Consideró que no solo se trata de dar dinero a los niños, sino que de generar un modelo integral de atención y cuidados a los niños con este trastorno. “Se trata de tener un modelo que los arrope, de un esquema que cubra todas las necesidades desde que son diagnosticados”, señaló.

Gerardo Gaya, presidente de la asociación Iluminemos de Azul, planteó tres acciones que deben impulsarse para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo. Desarrollar un directorio nacional de servicios y prestadores de servicios, lanzar un programa de afiliados y crear una base de datos estadísticos y económicos de afiliados.

En el foro también participaron María Olvera, Fundadora de Crea tu Mundo Autismo, A.C; Patricia Zavaleta, jefa de Unidad en Hospital Instituto Nacional de Psiquiatría; Tonatiuh Lay Arellano, profesor- investigador titular A de la Universidad de Guadalajara y colaborador de Iluminemos de Azul, A.C., entre otros.

Ciudad de México.- Por mayoría, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron los cambios realizados por la Cámara de Diputados a la minuta que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución para ampliar las causales con las que se puede proceder penalmente contra el Presidente de la República.

 La colegisladora suprimió de la minuta que los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión también puedan ser juzgados por las causales que señala la reforma constitucional, como lo había aprobado el Senado anteriormente.

El proyecto de decreto establece que el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria, actos de corrupción, delitos electorales y aquellos ilícitos contenidos en el segundo párrafo del artículo 19 de la Carta Magna.

Dicho párrafo señala que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como ilícitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

La minuta señala que para proceder penalmente contra del titular del Ejecutivo Federal, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110 constitucional y este órgano legislativo resolverá con base en la legislación penal aplicable.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, de Morena, lamentó la decisión de los diputados de no incorporar a los legisladores federales en esta reforma. Los llamó a pensar más en los compromisos con los mexicanos y no en los privilegios que se puedan tener como representantes populares.

Sin embargo, el legislador dijo que su grupo parlamentario sí acompañará este dictamen, pues se tiene la obligación de aprobarlo porque es parte de los propósitos del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

El senador Julen Rementería del Puerto, de Acción Nacional, aseguró que con esta reforma no se quita el fuero al Presidente, sino que sólo amplía el catálogo de algunos delitos para que pueda ser juzgado. Cuestionó la decisión de la Cámara de Diputados de excluir a los legisladores federales de estas medidas.

De Movimiento Ciudadano, el senador Samuel García Sepúlveda consideró que la modificación de la colegisladora es un retroceso. Fue una determinación que no tiene justificación, acusó.

El senador José Narro Céspedes, de Morena, coincidió en que no fue adecuado quitar a los legisladores de la minuta, pero opinó que es conveniente que se apruebe el dictamen porque es un avance importante. Sugirió que para solventar las modificaciones de la colegisladora se presente una nueva iniciativa.

Por el PRI, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas anunció el voto en contra de su bancada. Calificó de “extraño” que si en el Senado se lograron los consensos para incluir a los legisladores para poder ser juzgados por esos delitos, la Cámara Diputados haya desestimado este trabajo.

El senador Damián Zepeda Vidales informó que Acción Nacional no votará a favor de la reforma porque s una “simulación”, pues en realidad no elimina el fuero al Presidente de la República, sólo se aumentan los delitos por los cuales puede ser procesado.

La senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del PT, se dijo indignada por los cambios que realizaron los diputados a la propuesta original que el Senado había trabajado en consenso.

El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio mencionó que los diputados “se echaron para atrás” y “les dio miedo” que se incluyera a los legisladores federales para que también pudieran ser procesados por esos delitos. Era un buen avance se trataba de acompañar al Presidente en una decisión sana y honesta, como nunca en la historia se había visto, apuntó.

La minuta fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales con siete a favor y seis abstenciones. En tanto, por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda fueron emitidos 5 a favor, uno en contra y una abstención.

Ciudad de México.- El Senado de la República exhortó a la Secretaría de Educación Pública para que extienda una invitación a la activista sueca Greta Thunberg para pronunciar ante estudiantes de educación básica y media superior su posición ante la emergencia climática que afecta el planeta.

La joven se ha destacado por ser la iniciadora del movimiento "viernes por el futuro", sentándose en frente del parlamento de Estocolmo, Suecia, como protesta por la falta de acción en relación la crisis climática. En marzo de este año, recibió de Aminstía Internacional, el galardón de Embajadora de Conciencia 2019. 

El exhorto aprobado en la sesión de este día tiene por objeto dar a conocer la visión internacional de las acciones realizadas para combatir el cambio climático. 

Además, representa una oportunidad para proporcionar a los jóvenes una experiencia que brinde beneficios directos en su formación y un mayor involucramiento de los estudiantes en los temas de medio ambiente y el cambio climático.

Cabe señalar que el acuerdo considera la posibilidad de invitar a la joven, de acuerdo a la capacidad presupuestaria, la Secretaría de Educación Pública.

Ciudad de México.- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, senadora Mónica Fernández Balboa, realizó la Declaratoria Constitucional del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato.

La senadora dijo que con esta declaratoria se da cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La secretaría de la Mesa Directiva informó a la Asamblea que se recibieron 17 votos a favor de los congresos de: Campeche, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Tabasco, y un voto en contra del Congreso de Guanajuato.

La Reforma fue remitida al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

Ciudad de México.- El Pleno del Senado aprobó un acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se establece el procedimiento para la elección de la ministra que ocupará la vacante de Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se prevé que la reunión de la Comisión de Justicia se realice el miércoles 4 de diciembre, a las 12:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva.

En dicha reunión harán uso de la palabra las personas propuestas en la terna enviada por el Presidente de la República, quienes comparecerán y responderán las preguntas de las y los senadores.

Primero intervendrá la ciudadana Diana Álvarez Maury, posteriormente Ana Laura Magaloni Kerpel y finalmente Ana Margarita Ríos Farjat.

La Comisión de Justicia verificará que las personas propuestas en la terna cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución. Posteriormente, se presentará a consideración del Pleno el dictamen relativo a los requisitos de elegibilidad de las personas que integran la terna.

El dictamen aprobado por la Comisión se publicará en la Gaceta del Senado, por lo menos 12 horas antes de la sesión en que se someta a la consideración del Pleno.

Con base en el dictamen remitido por la Comisión de Justicia, la presidenta de la Mesa Directiva, convocará a las personas que hubieran satisfecho los requisitos previstos por la Constitución, para que realicen una exposición sobre la idoneidad de su candidatura, ante el Pleno del Senado. 

Cada una de las personas propuestas hará uso de la palabra, ante el Pleno del Senado, hasta por 20 minutos. Durante las exposiciones no habrá lugar a preguntas o debates.

Ciudad de México.- La Cámara de Senadores expresó su rechazo a las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América, relativas a la posible designación de organizaciones criminales mexicanas como terroristas.

En un pronunciamiento al que dio lectura la presienta de la Mesa Directica, Mónica Fernández Balboa, el Senado de la República también rechazó cualquier intento de intervención por parte de otros Estados y ratificó su postura irrestricta por la defensa de la soberanía y la unidad nacional.

Los senadores respaldaron las gestiones del Ejecutivo Federal para defender la vía del diálogo y la cooperación como mecanismos para cumplir con las responsabilidades compartidas y que permitan a México y a la Unión Americana hacer frente a los asuntos comunes que afectan a la región.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que el Senado se pronuncia sobre las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos dispone:

PRIMERO. El Senado de la República expresa su rechazo a las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América relativas a la posible designación de organizaciones criminales mexicanas como terroristas.

SEGUNDO. El Senado de la República ratifica su postura de irrestricta defensa de la soberanía y la unidad nacional y rechaza cualquier intento de intervención por parte de otro Estado.

Asimismo, reitera que la aplicación coactiva de la ley en nuestro territorio y, en particular, la persecución de los delitos cometidos en México compete exclusivamente a las autoridades nacionales, sin perjuicio de la cooperación con otro Estado, en los términos del derecho internacional, sin que ello implique ningún tipo de intervención extranjera. Tal cooperación, empero, jamás implicará que gobiernos extranjeros asuman atribuciones que sólo corresponden al Gobierno de México.

TERCERO. El Senado de la República asume que, en todo momento, el Gobierno de la República honrará y defenderá los principios de política exterior consagrados en nuestra Constitución y que han dado identidad y dignidad al pueblo de México: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

CUARTO. El Senado de la República manifiesta su pleno respaldo a las gestiones del Ejecutivo Federal a fin de defender la vía del diálogo y la cooperación como mecanismos que permitan a México y a los Estados Unidos de América hacer frente a los asuntos comunes que afectan a la región, particularmente el tráfico de armas, el crimen organizado trasnacional y sus operaciones financieras, así como cumplir con las responsabilidades compartidas.

Ciudad de México.- El Senado llamó a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con los estados, actualice las bases de datos del personal de cada centro de educativo y dé seguimiento a los trabajadores no identificados, a fin de eliminar los casos que involucran pagos con el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) a personas no asociadas.

En el dictamen aprobado se explica que el FONE es el fondo mediante el cual la Federación cubre el pago de nóminas correspondientes al personal que ocupa las plazas transferidas a las entidades federativas y que realizan funciones destinadas a educación básica y normal. 

Menciona que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el informe especial “Pase de Lista del FONE 2017”, donde señala que del total de plazas, 808 mil 483 corresponde a docentes; 226 mil 428 a personal administrativo, 73 mil 628 a directivos y 14 mil 650 a supervisores.

La ASF notificó que ocho de cada 10 trabajadores marcaron asistencia en su Centro de Trabajo, lo que significa una ausencia de 173 mil 776 personas. “Tomando en cuenta ese criterio, sólo nueve de las 32 entidades federativas acreditaron más del 90 por ciento de personal identificado en actividades en su centro de trabajo”, se agrega.

Precisa que de los 173 mil 776 casos de personal con inasistencia, la principal justificación estuvo ligada al cambio de adscripción con 85 mil 782, es decir, casi el 50 por ciento.

Aunado a ello, la ASF detectó un aumento en el uso de recursos en rubros, como el pago a trabajadores con incompatibilidad geográfica.

También se menciona que hubo un aumento de 0.7 por ciento en la cantidad de centros de trabajo, cuyo personal es pagado con recursos de este fondo de aportaciones, además se observa una mayor existencia de centros de trabajo en zonas urbanas que en rurales.

La auditoría demostró que los estados que concentran el mayor número de plazas son: la Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, Jalisco, Guerrero, Puebla, Guanajuato y Tamaulipas, tal como se muestra a continuación

Ante esta situación, las y los senadores consideraron indispensable que las instancias de educación de los estados instauren mecanismos que permitan eliminar estas prácticas que dificultan la excelencia educativa y afectan los recursos públicos.

Se debe poner especial atención a los pagos de personal con incompatibilidad geográfica y al que está dado de baja. También es menester actualizar las bases de datos de los empleados en cada centro educativo y dar seguimiento al personal no identificado, ya que a través de esta información las autoridades podrán fiscalizar el ejercicio del gasto e identificar posibles irregularidades, precisaron.

Ciudad de México.- El Pleno del Senado exhortó al Ejecutivo Federal a que garantice y promueva los derechos fundamentales de consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas de las entidades federativas de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, en el proyecto denominado: "Tren Maya", tomando en consideración los estándares que, en materia de consulta, existen en el ámbito nacional e internacional.

El dictamen señala que existe evidencia de que 42 municipios se verán afectados por la construcción del proyecto denominado "Tren Maya", de los cuales la cuarta parte es indígena y pertenecientes a unos 50 pueblos.

 Estos municipios, detalla, tienen grados de marginación alta y muy alta, lo cual se manifiesta en que la población en pobreza es el 52 por ciento en Tabasco, 70 en Chiapas, 51 en Campeche, 35 en Quintana Roo, y 51 en Yucatán. En este último, revela, se han construido desarrollos turísticos, carreteras, centros de diversión y ciudades, sin que hasta le fecha se les pida su opinión sobre si están o no de acuerdo.

El texto indica que se debe consultar a las comunidades indígenas, pues tienen derecho al consentimiento libre, previo e informado sobre un proyecto gubernamental que afectará su vida, su cultura y sus territorios; así como de que se les informe sobre los beneficios de esta obra y los daños que, en su caso, les pudieran ocasionar y como serán compensados.

En este sentido, considera fundamental que se dé a conocer a dichas comunidades el procedimiento para realizar la obra, brindar la información lo más completa posible, convocar a las autoridades e instituciones representativas de los indígenas, los tiempos y etapas de esta consulta, en observancia de lo señalado en la legislación ambiental y los ordenamientos ecológicos vigentes.

Al hablar a favor del dictamen, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN, celebró la decisión que tomó el titular del Ejecutivo para consultar a dichas comunidades. Además, dijo que el exhorto es pertinente, pues mañana inicia la consulta en Palenque, Chiapas.

La legisladora pidió escuchar a los pueblos indígenas, y solicitó a las y los senadores participar de cerca en la consulta, pues será determinante en la decisión que tomen estas comunidades.

Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, (CONAVIM), informe cómo se atiende y previene la violencia en contra de las mujeres, particularmente, a las indígenas y afromexicanas. 

En la exposición de motivos, la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, señala que, de acuerdo a cifras reveladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH), durante el primer mes de este año, ocurrieron en promedio nueve asesinatos de mujeres al día. En contraste, las cifras de los años 2015 y 2016 registraron siete feminicidios diariamente.

La CONAVIM expone que la violencia en contra de las mujeres indígenas, ocurre entre múltiples estructuras de opresión y potencializa las desventajas, las exclusiones y desigualdades entre las féminas indígenas.

En el documento, se detalló que entre la población indígena aún prevalecen prejuicios hacia la cultura de la denuncia. Hay un mínimo registro de quejas, debido a que las indígenas desconocen sus derechos y los procedimientos para denunciar. Además que se acostumbran a la violencia y terminan por observarla como algo normal. Otro factor que incide negativamente, es que se les niega la atención, y por ser monolingües, no tienen acceso a un traductor.

 Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, el 45 por ciento de víctimas de trata, son niñas indígenas que son engatusadas por el crimen organizado para ser explotadas, violadas o vendidas.

Debido a todo lo anterior, el Senado de la República hace un llamado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para que le envíe un informe de esta situación en un plazo de 30 días.

Ciudad de México.- El Senado de la República solicitó al Director General del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Cuauhtémoc Sánchez Osio, emitir un informe sobre el recorte de personal llevado a cabo desde mayo de este año, y que en algunos casos contaban hasta con 30 años de antigüedad.

 Además, piden que se considere la reincorporación de los servidores públicos que se han visto perjudicados por esta decisión, en la medida de su capacidad presupuestaria.

Dichos despido han sido efectuados por vías no legales, tales como las llamadas telefónicas y mensajes de texto, lo que generó incertidumbre jurídica a los trabajadores, ya que están regidos por el artículo 123 de la Constitución.

Algunos de los estados afectados son: Estado de Chiapas, Campeche, Coahuila, Jalisco, Guerrero, Puebla, Nuevo León, Morelos, Yucatán, Veracruz, Nayarit, Tabasco, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Baja California, Colima, Durango, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Hidalgo, Aguascalientes, Quintana Roo, Estado de México, Oaxaca y las Oficinas Centrales de la Ciudad de México.

La afectación recayó en las tareas de levantamiento de datos de matrícula y calificaciones, difusión de campañas en las comunidades, capacitación de instructores y asesoría pedagógica, lo que perjudica la calidad de la educación impartida a niños, niñas y jóvenes.

Ciudad de México.- Diputados del PAN exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador informar sobre los recursos públicos utilizados para brindar asilo político al ex mandatario de Bolivia, Evo Morales Ayma, y respetar el principio de no intervención en la soberanía de esa nación.

Asimismo, acusaron al ex presidente boliviano de realizar proselitismo político desde México, que polariza a la población de ese país, por lo que pidieron que se le cierren los recursos y espacios públicos.

En conferencia de prensa, informaron que con este objetivo presentarán en los próximos días un punto de acuerdo, en el que solicitarán que se realice una investigación sobre los recursos públicos destinados para la protección del boliviano y descartar que haya un desvío de dinero.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas llamó al titular del Ejecutivo federal a cumplir los tratados internacionales que están al mismo nivel que la Constitución y no intervenir en la soberanía de Bolivia que, dijo, vive violaciones continuas a sus derechos humanos e informe sobre los recursos públicos suministrados para que Evo Morales tenga cabida en México.

“Es una pena que el gobierno de México haya decidido manifestarse en contra del pueblo de Bolivia y permita que desde esta nación se hagan manifestaciones continúas llamando a la polarización en este pueblo hermano de Latinoamérica. Tendrá que darnos cuentas del operativo para darle asilo político a un dictador”, apuntó.

Subrayó la importancia de que se restaure el Estado de derecho, el orden democrático, y no sigan las violaciones de derechos humanos de ciudadanos de Bolivia

“Quien viola la Constitución, las leyes, no merece tener un espacio en ningún tipo de función pública y hoy Evo Morales debería estar siendo procesado por los delitos que ha realizado en contra del pueblo de Bolivia y lo mismo exigimos para nuestro país hermano de Venezuela, que está sufriendo”, aseveró.

La diputada Sarai Núñez Cerón sostuvo que la salida de Evo Morales de la presidencia de Bolivia no fue un golpe de Estado, sino la reacción de un pueblo que libremente se opuso a un gobierno empecinado en conservar el poder a toda costa, que conscientemente ignoraba el hartazgo de sus ciudadanos.

Condenó la violencia en Bolivia e hizo votos por que regrese la paz, la seguridad, la estabilidad y el Estado de derecho a ese país, y se respeten las decisiones que los ciudadanos bolivianos han tomado.

“Lamentamos que el gobierno de López Obrador y Morena ignoren al pueblo boliviano que hoy repudia la reelección de Evo Morales. Es cierto, México tiene una tradición histórica de recibir asilados políticos, pero a quien se recibía era a los perseguidos de los regímenes autoritarios, hoy López Obrador está asilando al propio dictador en persona”, enfatizó.

El diputado Carlos Castaños Valenzuela, integrante del Grupo de Amistad México-Bolivia, acusó al gobierno federal y a Morena de “solapar y proteger a un tirano que ha oprimido a su pueblo”, lo que, resaltó, es “inconcebible”.

“Morena como gobierno ha invertido recursos públicos en traer al tirano a México, en protegerlo, en pagar todo aquello que se le ha antojado al tirano e incluso le han ofrecido eventos hasta en este Congreso, aplaudiendo todas sus determinaciones contrarias a la libertad hacia los bolivianos. Todo esto lo repudiamos en el PAN”, indicó.

Cuestionados sobre si su bancada pretende exigir la expulsión de Evo Morales del país, los diputados panistas señalaron que analizarán qué instrumentos jurídicos son procedentes en este caso.

Ciudad de México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado Carrillo, aclaró que es “completamente falso” el presunto aumento al aguinaldo de los diputados; se mantiene política de austeridad.

"Mantenemos la política de austeridad, las cifras son públicas. Yo creo que de muy mala manera se malinterpretó la información de cómo se presentan en el 2019 y cómo se presenta en el 2020, pero la suma es exactamente igual”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

El también coordinador de Morena explicó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 y del decreto 2020, “podemos ver que la remuneración total de los diputados tiene incluso una caída… en términos reales de 3.2 por ciento”.

Destacó que el aguinaldo, por ley, son 40 días para toda la administración pública, incluido el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente, ingreso que se acumula y grava en la declaración anual.

Explicó a través de una tabla comparativa que la remuneración anual total de 2020 será de un millón 148 mil 447, mientras que la del 2019 fue de un millón 145 mil 745, una diferencia de 2 mil 702 pesos.

“No hay ningún aumento y es falso que se aumente 20 días; estamos exactamente igual (…) Esta información es pública, qué raro que se tomen algunos renglones y qué raro que otros no se tomen. Es manipulación”, subrayó el líder parlamentario.

El titular de la Jucopo también se refirió al posicionamiento que se hizo en el Pleno cameral por la posible declaratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de clasificar a los cárteles de la droga en México como terroristas, “porque eso daría pie a un intervencionismo que evidentemente rechazamos y no queremos en nuestro país”.

Ciudad de México.- La diputada Sandra Paola González Castañeda (Morena) exhortó a autoridades federales y estatales a destituir, inhabilitar y en su caso, abrir un proceso judicial contra Federico Mosco González, juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) por irregularidades en el caso de Abril Pérez Sagaón.

En conferencia de prensa con legisladoras de su bancada, indicó que impulsa un punto de acuerdo con ese fin y dijo que el llamado lo hizo al Tribunal Superior de Justicia (TSJC) y Procuraduría General de Justicia (PGJ), ambas de la Ciudad de México; al Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El juez Federico Mosco González liberó a Juan Carlos García, exesposo de Abril Cecilia Pérez Sagaón, asesinada tras denunciar a su pareja por violencia doméstica.

La diputada González Castañeda comentó que Federico Mosco González liberó a Juan Carlos García exesposo de Abril Pérez Sagaón, quien la privó de la vida el pasado 25 de noviembre.

“Mosco González es el juez responsable del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, porque irresponsablemente vulneró todas las premisas fundamentales apegadas a derecho, violentó los tratados y protocolos internacionales para proteger a las mujeres, separándose por mucho de su facultad de interpretación que la Constitución le confiere transgrediéndola de una forma dolosa”, expresó.

Recordó que, en agosto, Mosco González liberó a un médico acusado de violar a una paciente con insuficiencia renal terminal, en el Hospital General de Iztapalapa, por lo que “es necesario realizar una investigación sobre su actuación”.

La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez consideró que el feminicidio de Pérez Sagaón no se puede pasar por alto y pidió al congreso local de la Ciudad de México sumarse a dicha exigencia para acabar con la impunidad.

“Se debe revisar la aplicación de justicia por parte del Poder Judicial, porque desde la Cámara de Diputados hacemos reformas para que el marco legislativo se fortalezca y se haga justicia, pero si en su interpretación no es impartida no vamos a avanzar”, agregó.

La diputada Lorena Villavicencio Ayala, presidenta de la Subcomisión para la Atención de Feminicidio y Violencia Contra la Mujer, de la Comisión de Justicia, comentó que solicitará una reunión con Rafael Guerra Álvarez, presidente del TSJCDMX para conocer todos los casos donde la vida de las mujeres esté en riesgo.

“Decir categóricamente que quien mató a Abril Pérez no solo fue su marido sino el juez del TSJCDMX, ya que es corresponsable de este feminicidio artero, porque reclasificó el delito original de tentativa de feminicidio y dijo que era violencia doméstica”, agregó.

Consideró urgente realizar una reunión formal con las autoridades de justicia y las fiscalías, porque “no podemos permitir que continúe esta barbarie que se ha instalado en este país contra las mujeres, que es el feminicidio y la violencia”.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río mencionó que por lo menos el caso de Abril Pérez llegó a un juez, sin embargo, dijo que en la mayoría de las veces las carpetas de feminicidio no llegan al juez, porque los Ministerios Públicos de muchos estados y municipios detienen el proceso.

“Las diputadas de esta LXIV estamos absolutamente conscientes de que tenemos que empujar a la autoridad para que cumpla con su deber, porque los feminicidios son producto de muchas cosas, sobre todo porque no se está impartiendo la justicia”, concluyó.