--“Se van a dejar de gastar para el ejercicio fiscal 2020, 69.8 millones de pesos anuales en rentas más 6.0 millones de pesos por el mantenimiento que se pagaba por el inmueble, lo que nos da un ahorro de 75.8 millones de pesos anuales, precisó.

Ciudad de México, 29 de diciembre de 2019

En referencia a la nota periodística publicada por el periódico Reforma de fecha 29 diciembre de 2019, página 2, en la cual señala como título que “Gasta dependencia $89 millones de pesos en rentas. Sale mudanza cara a STPS”, se aclara lo siguiente:

El inmueble ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 93, Colonia Tabacalera, se renta desde 2013, con una renta mensual en 2019 de $5,610,823.85.

El inmueble ubicado en Calle La Morena 804, Colonia Narvarte, se renta desde enero de 2018, con una renta mensual en 2019 de $2,592,475.11.

Sin embargo, cabe señalar que, haciendo eco a las medidas de austeridad de esta nueva administración, se tuvo como estrategia de ahorro optimizar espacios para dejar de rentar inmuebles. Por esta razón el personal que se encontraba laborando en el inmueble de reforma 93, fue reubicado a los inmuebles de Calle la Morena 804; al edificio ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos 1968, Col. Los alpes, Álvaro Obregon; Av. Félix Cuevas, No. 301, Col. Del Valle y al de Dr. José María Vértiz No. 211, Colonia Doctores, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

De manera adicional, se comenta que también durante el presente ejercicio fiscal se dejaron de arrendar los siguientes inmuebles:

-    El ubicado en la calle de Amores 949, Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, teniendo un ahorro mensual de $139.000.00.

-    El ubicado en la calle de Amores 1021, Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, teniendo un ahorro mensual de $64.163.47.

De esta manera, se van a dejar de gastar para el ejercicio fiscal 2020, 69.8 millones de pesos anuales en rentas más 6.0 millones de pesos por el mantenimiento que se pagaba por el inmueble, lo que nos da un ahorro de 75.8 millones de pesos anuales.

Para que esta optimización de espacio fuera posible, fue necesario reorganizar los lugares de trabajo en el edificio de la Morena 804, por lo que se llevó a cabo la Licitación pública nacional LO-014000998-E2-2019, de la cual resultó adjudicada la empresa Grupo Constructor Herroca S.A de C.V., por un importe de 7.2 millones de pesos, que es el total del costo de la mudanza.

Ciudad de México- El Instituto Nacional de Migración (INM) coadyuvó para poner a disposición en distintas fiscalías generales de los estados del país a 276 personas sorprendidas en flagrancia al momento de trasladar a extranjeros en condición de estancia irregular en territorio nacional.

Estas acciones, emprendidas desde el 15 de junio a la fecha y encaminadas a desarticular redes de tráfico de personas, derivan de distintos operativos de control y verificación a cargo del Instituto en diferentes puntos de revisión en carreteras.

Aunado a la remisión de los probables traficantes de personas, las autoridades competentes aseguraron más de 165 vehículos, entre camiones de carga, autobuses turísticos y automóviles particulares, en los cuales se transportaba a personas migrantes.

En colaboración con la Guardia Nacional, la Policía Federal y corporaciones de seguridad estatales, personal del INM continúa con este tipo de acciones en más de 51 puntos de revisión, distribuidos en los principales cruces carreteros del país, a fin de detectar e identificar a quienes aprovechan las circunstancias en las que se encuentran las personas extranjeras que transitan por territorio nacional sin la condición de estancia regular.

El Instituto ratifica su compromiso para la erradicación de los delitos de trata y de tráfico de personas, así́ como por una migración segura, ordenada y regular, en el marco de la salvaguarda y respeto a los derechos humanos de extranjeros, sin distinción por su origen, nacionalidad, género, etnia o edad, y con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas y personas de la tercera edad.

Ciudad de México.- Para el gobierno federal es una prioridad contar con información sobre casos de violencia contra las mujeres para diseñar las políticas públicas necesarias, a fin de erradicar este problema, por lo que la Secretaría de Gobernación que encabeza Olga Sánchez Cordero, cuenta el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).

Este banco es una herramienta que permite al Gobierno de México conocer el perfil de las mujeres víctimas de violencia, así como de las personas agresoras, para delinear políticas públicas a nivel federal, estatal y municipal.

Los datos del Banavim, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, refieren que la edad promedio de las mujeres víctimas de violencia es de 33 años.

Asimismo, que el 93 por ciento de las agresiones se dan en el ámbito familiar sin importar el nivel de escolaridad; no obstante, aumenta de manera significativa cuando las mujeres pertenecen a alguna comunidad indígena.

Derivado de la información recabada, se sabe que la edad promedio de los agresores es de 36 años y su escolaridad es de secundaria.

Los principales tipos de violencia contra las mujeres son psicológicos, 44 por ciento de los casos; física, 26 por ciento y económica 16 por ciento.

Por ello, el involucramiento de fiscalías y jueces en el registro de las casi 50 mil órdenes de protección emitidas para las mujeres víctimas de violencia, es fundamental para garantizar la integridad de las mujeres y sus familias.

El desafío que enfrenta el país para erradicar esta problemática exige la participación activa y permanente de todas las autoridades responsables de garantizar que las mujeres accedan a una vida libre de violencia, así como el fortalecimiento del Banavim, fundamental para la aplicación de estrategias.

Ciudad de México.- A fin de que los consumidores de leche y sus derivados lácteos, ya no sean engañados por empresas que comercializan productos que no cumplen las características que exige la Norma Oficial, la Cámara de Senadores analiza una reforma a la Ley de Propiedad Industrial.

Las Comisiones Unidas de Economía y la de Estudios Legislativos, presididas por los senadores Gustavo Madero Muñoz, del PAN, y Manuel Añorve Baños, del PRI, revisan en carácter de colegisladora, una modificación legal aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de diciembre pasado, para proteger a los consumidores e industria.

En la exposición de motivos, se indica que las fórmulas lácteas y productos lácteos combinados, son una alternativa para personas intolerantes a la lactosa, pero no deben ser vendidos como leche de origen animal. Un producto lácteo combinado, es el producto elaborado a partir de sólidos lácteos u otros ingredientes, que no proceden de la leche.

En la iniciativa, que sirvió como base para la reforma legal, se refiere que las bebidas vegetales ofertadas, son fortificadas con calcio y otros nutrientes para equiparar a la leche de origen animal, pero a pesar de ser adicionada con vitaminas y minerales, eso no significa que el organismo pueda asimilarlos.

También se determinó que el usar la palabra “leche” en los envases, no quiere decir que tenga sus atributos. Los productos lácteos combinados, ni las fórmulas lácteas, son leche y se ha engañado al consumidor.

La reforma es para los artículos 90, fracción 1ª, inciso XV, y 95. Con ella, se prohíben frases, imágenes, oraciones, avisos o nombres comerciales destinados a engañar al público consumidor sobre la composición del producto ofertado.

Los legisladores determinaron en la reforma, que cuando las autoridades detecten que el producto o servicio viola las disposiciones legales vigentes, se podrá iniciar un procedimiento administrativo de nulidad al registro respectivo, para ser sacada del mercado comercial.

A la vez, se evitará que sigan afectando económicamente a la industria lechera que compite con empresas tramposas, nacionales e internacionales, mismas que ofertan productos que no son leche, pero son vendidos como tal.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la leche proporciona nutrientes esenciales y es una fuente importante de energía alimentaria, proteínas de alta calidad y grasas. Puede contribuir considerablemente a la ingestión necesaria de nutrientes tales como el calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico. La leche y los productos lácteos son alimentos ricos en nutrientes y su consumo puede hacer más diversas las dietas basadas principalmente en el consumo de vegetales.

La leche de origen animal puede desempeñar un papel importante en las dietas de los niños en poblaciones con bajo nivel de ingestión de grasas y acceso limitado a otros alimentos de origen animal.

Con la reforma se protegerá la denominación de origen, y evitarán falsas descripciones, con las que se desorienta a los consumidores. De esa manera los ciudadanos podrán estar seguros que la ley respalda los productos en venta.

En el caso particular de la venta de leche, el producto en comercialización deberá cumplir las propiedades que exige la Norma Oficial Mexicana, NOM-243-SSA1-2010.

Ciudad de México.- La senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa para aumentar el plazo de prescripción de faltas administrativas no graves, cometidas por servidores públicos, a siete años, y dejar sin opción a la misma cuando se trate de infracciones graves.

La iniciativa busca evitar que aquellos servidores públicos y particulares que cometan faltas administrativas graves reduzcan sus posibilidades de no ser juzgados, abrir las posibilidades de juzgar a quienes cometan actos de corrupción y abonar a la eliminación de la impunidad en nuestro país.

El documento considera lamentable que los actos de corrupción cometidos por servidores públicos queden impunes. “No podemos permitir que la Ley sea tolerante con quienes intentan burlarla y así obtener beneficios ilícitamente”, sentencia.

Indica que la impunidad ha adquirido mayor relevancia ante los grandes casos de corrupción, cuando los supuestos responsables —políticos, empresarios, funcionarios, exfuncionarios y sus familiares— permanecen en libertad o nunca son puestos a disposición de un juez.

Debido a los múltiples casos de desvío de recursos, peculado y otros actos de corrupción que han sido olvidados con el paso del tiempo, la iniciativa busca dar solución y término a dichos sucesos, con el ánimo de recuperar la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes, así como en las instituciones y en la impartición de justicia.

La legislación actual establece un plazo de tres años para que los órganos internos de control impongan sanciones a quien cometa faltas administrativas no graves, por lo que la iniciativa pide aumentarlo a siete. Además, establece que cuando se trate de faltas administrativas graves no habrá lugar a prescripción.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, fue turnado directamente a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera.

Ciudad de México- Las y los senadores del Grupo Parlamentario del PAN plantearon reformas a la legislación reglamentaria para establecer que los servidores públicos que lleguen a conocer conductas de violencia contra las mujeres, deberán denunciarlas de inmediato ante las autoridades correspondientes, y quien o quienes sean responsables serán sancionados hasta con 2 mil veces el salario mínimo vigente en la zona económica de que se trate.

Con ese propósito presentaron una iniciativa para adicionar el artículo 61 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; adicionar un segundo párrafo a la fracción II del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; adicionar el artículo 31 Bis; reformar el artículo 419 de la Ley General de Salud y para reformar el tercer párrafo del artículo 73 de la Ley General de Educación.

Los proponentes refirieron que la ONU ha definido la violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Señalaron que es innegable que, históricamente, las mujeres han sido discriminadas y relegadas a un segundo plano en los ámbitos de decisión de todos los órdenes, sea en el poder público o en el contexto social, empresarial o familiar. Esa desigualdad y discriminación respecto de los hombres, es una forma de violencia contra ellas por razón de género.

Para esto, proponen establecer en legislación que los servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones, llegaren a saber/conocer de conductas que pudieren constituir violencia contra las mujeres, deberán denunciarlas ante las autoridades correspondientes. Lo mismo sucederá con el personal de salud de los sectores público, social y privado.

En caso de que los docentes, señalan que el personal que labora en los planteles educativos y las mismas autoridades educativas que tengan conocimiento de la comisión de algún hecho considerado como delito en agravio de los educandos, lo deberán hacer del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente.

Las y los senadores panistas establecieron en su inicitiva de reformas y adiciones que se sancionará con multa hasta 2 mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, por la violación de las disposiciones contenidas en 19 artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La propuesta fue turnada para estudio y dictamen a las comisiones unidas Para la Igualdad de Género,y de Estudios Legislativos, Primera.