México, DF-
.La senadora perredista Angélica de la Peña Gómez propuso facultar
“exclusivamente” al Congreso para expedir la legislación del Sistema Integral
de Justicia para Adolescentes, en el que se establezca la distribución de
competencias, así como las formas de coordinación y auxilio entre la
Federación, el Distrito Federal y los estados para el proceso y ejecución de
las medidas.
Ello, a
través de una reforma a los artículos 18 y 73 de la Constitución, con lo que
busca contar con un sistema nacional único y, por otro lado, para inscribir el
derecho superior de la niñez.
En este
sentido, señaló que la asistencia social que la Constitución establece tiene
que encargarse -además- de las medidas alternativas de privación de libertad,
también en la rehabilitación de todos aquellos que son menores de 12 años.
Por ello,
propuso que en la eventualidad de que menores de 12 años se vean involucrados
en una comisión de delito, sólo sean sujetos a rehabilitación y asistencia
social y que “solo sea aplicable la normatividad en materia de delincuencia
organizada y de protección a personas que intervienen en el procedimiento
penal, que impliquen un beneficio a la persona adolescente”.
Con la
modificación al Artículo 18 Constitucional también se orienta cómo tiene que
ser el sistema, “a nivel nacional”, de tal forma que también respondamos a los
problemas que tenemos en algunas entidades federativas, cuando se ven
involucrados adolescentes menores de 12 años en delincuencia organizada,
aseguró la legisladora.
Todo lo
anterior, explicó la senadora perredista, en el contexto de las reformas al
Artículo 18 Constitucional para establecer un sistema integral de justicia para
adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de
diciembre de 2005 y con la posterior que instruye implementar el sistema de
justicia penal de corte acusatorio, publicada el 18 de junio de 2008, en que
México adoptó constitucionalmente la protección integral.
Al
respecto, destacó que el primer paso para implementar el sistema integral de justicia
para adolescentes fue que las entidades federativas y la Federación emitieran
las leyes reglamentarias del citado sistema y a partir de entonces el país
empezó a sustituir el anterior sistema llamado “para menores”, por el sistema
integral de índole garantista.
Los
estados, entonces, se dieron a la tarea de incorporar los esquemas que se
aparejaran a las exigencias constitucionales del momento en que fueron
elaboradas sus normas, las que debido a la publicación previa a la reforma
constitucional en materia penal de 2008, en la mayoría de las entidades no se
alinearon al nuevo modelo procesal penal acusatorio.
La
iniciativa que reforma los artículos 18 y 73 de la Constitución, se turnó a las
comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda y se
adhirió el senador Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista.
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