Ciudad de México.- La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, señaló que su grupo parlamentario votará en contra de la Ley de Amnistía, porque no tiene grandes alcances para aquellas mujeres que están en la cárcel por haberse realizado un aborto.

“Lo que seguimos viendo en la amnistía para las mujeres que están purgando una condena por asunto de aborto tiene que ver con el fuero estatal, entonces la ley no tendría grandes alcances para estas mujeres que en mi opinión deberían de estar en libertad”, indicó en declaraciones a la prensa.

Juárez Piña consideró que se debería despenalizar el aborto en el país, porque de no ser así “van a seguir entrando otras mujeres a la cárcel y nada más saldrán pocas”.

Reiteró que la iniciativa de Ley servirá para liberar delincuentes, “sin rehabilitación, sin canalizarlos a un trabajo o programa de reinserción social y ni con una atención a víctimas”.

Comentó que en el dictamen no hay cambios sustantivos, porque en lo que tiene que ver con el robo “sigue siendo con alcance estatal, por consecuencia del fuero común y tampoco tendría los grandes alcances”.

La diputada explicó que, si funcionara el sistema de justicia, los ministerios públicos los jueces y todo lo que tiene que ver con el Sistema Penal Acusatorio, “no necesitáramos la Ley de Amnistía”.

“Tenemos que fortalecer lo que ahora tenemos y saber qué vamos a hacer con todos aquellos que salgan de la cárcel que no van a contar con un trabajo, cómo vamos a lograr la reinserción en la sociedad, entonces debería de haber ahí una propuesta o un programa” con ese objetivo, dijo.

Comentó que en la ley hay dos cosas que son inconstitucionales: una, que aplica solo para el grupo poblacional indígena y afrodescendiente y el otro, “quién le va a decir a la fiscalía que tienes que liberar a tal o cual persona por esta circunstancia,es cuando hay una fiscalía autónoma”.

Ciudad de México.-La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma siete leyes, para combatir y sancionar la violencia política en razón de género, y brindar mayor protección a los derechos políticos y electorales de las mujeres.

El Pleno lo aprobó en lo general por unanimidad con 419 votos; posteriormente, en lo particular obtuvo 416 votos, también de manera unánime.

El documento se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

El dictamen reforma las siguientes legislaciones: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley General de Partidos Políticos, Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Surgió de ocho iniciativas presentadas por diputadas y diputados del PRI (una propuesta), del PAN (una), de MC (cuatro), del PVEM (una) y de integrantes de la Comisión de Igualdad de Género (una), entre abril y diciembre de este año. Las iniciativas fueron dictaminadas por las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, y de Gobernación y Población.

Durante la discusión en lo particular, el Pleno aceptó una propuesta de modificación de las juntas directivas de las Comisiones Unidas, para, entre otros puntos, precisar la definición de violencia política en razón de género y sus formas de manifestación, la cual quedó de la siguiente manera:

“Violencia política en razón de género: es toda acción u omisión basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones y la libertad de organización.

“Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a través de la descalificación, ridiculización, bromas hirientes, restricción del uso de la palabra, agresiones verbales, descalificación de sus aportaciones, hostigamiento, coacción, obstaculización de su trabajo, ataques físicos y psicológicos, acoso y hostigamiento sexual, amenazas, intimidación, difamación, presión o cualquier acto u omisión que tenga como consecuencia la solicitud de licencia, separación o renuncia de la candidatura, del cargo al que fue electa o el que se encuentre desempeñando, así como en cualquier tipo discriminación y menoscabo de la autoridad de las mujeres políticas”.

Las acciones de violencia política en razón de género se sancionarán con 50 a 300 días de multa y con seis meses a dos años de prisión.

El proyecto de decreto fue fundamentado, en tribuna, por las diputadas Wendy Briceño Zuloaga (Morena), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, y Rocío Barrera Badillo (Morena), presidenta de la de Gobernación y Población.

Briceño Zuloaga comentó que es fundamental modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para implementar el lenguaje inclusivo, definir la violencia política en razón de género y aplicar el principio de paridad de género en la conformación de los órganos de dirección, poder y mando del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales.

En la Ley General de Partidos Políticos, apuntó, se reconoce la igualdad sustantiva y se incorpora el principio de paridad de género, el impulso de liderazgo político de las mujeres y la prevención, atención y sanción de violencia política en razón de género.

“En la Ley General en Materia de Delitos Electorales se señala como agravante al catálogo de delitos existentes, quien al ejecutar los delitos previstos provoque, a su vez, violencia política en razón de género”, externó.

Apuntó que en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República se prevé la creación de la base estadística nacional de violencia política en razón de género, así como la creación de comisiones especiales de violencia política en razón de género.

“En la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se indica que el Tribunal Electoral y sus salas deberán integrarse en estricto apego al principio de paridad de género”, abundó.

“La violencia política feminicida no es y nunca será el costo del ejercicio de nuestros derechos. La justicia que queremos y merecemos no es obtener el cargo público sin competir, es competir sin temor, sin ninguna forma de violencia. Es quitar el techo de cristal y el piso pegajoso como mecanismos de sujeción. Vamos a romper las cadenas y limitantes impuestas por las prácticas políticas machistas”, destacó.

Por su parte, la diputada Barrera Badillo indicó que sancionar la violencia política de género es un tema que resulta de la mayor trascendencia, “permitirá procurar el adecuado ejercicio de los derechos políticos de la mujer, que como parte de los derechos humanos deben ser asumidos como inalienables”.

Indicó que la violencia política puede suceder en distintos espacios y actividades que implican la organización político-social, ya sea en instituciones del Estado durante los procesos electorales, al interior de los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales, en los sindicatos o a través de los medios de comunicación.

“En cualquier caso, es inaceptable cualquier expresión de violencia en las etapas que conforman la trayectoria pública o política de las mujeres, así como el arraigo de la percepción de poder a lo masculino”, dijo.

“La erradicación y sanción de la violencia política en razón de género debe ser compromiso del Estado mexicano en su conjunto, asegurando a las mujeres una vida libre de violencia y contribuyendo a la consolidación democrática de la paridad política, libre de discriminación y violencia”, subrayó.

Tras la fundamentación del documento, diputadas de diversos grupos parlamentarios hicieron uso de la tribuna para fijar la postura de sus bancadas. Participaron: Guadalupe Almaguer Pardo (PRD), Nayeli Arlen Fernández Cruz (Morena), Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (PES), Julieta Macías Rábago (MC), Clementina Marta Dekker Gómez (PT), Lucero Saldaña Pérez (PRI), Adriana Dávila Fernández (PAN) y Laura Martínez González (Morena).

Posteriormente, hablaron en favor del dictamen Araceli Ocampo Manzanares (Morena), Adolfo Torres Martínez (PAN) y Lourdes Erika Sánchez Martínez (PRI).

 Ciudad de México.-  El coordinador de los diputados del PVEM, Arturo Escobar y Vega, afirmó que la Ley de Amnistía será una política pública positiva si se aplica cuidadosamente y realmente se dirige a personas que han cometido delitos de impacto menor en la sociedad.

Sostuvo que en México existe una sobrepoblación en el sistema penitenciario, ya que más del 80 por ciento de las personas que se encuentran recluidas en las cárceles han sido procesadas, pero no sentenciadas.

“La Ley de Amnistía como una política pública que se ha hecho en otros países del mundo, ha funcionado cuando se hace con cuidado, cuando se ha dirigido a delitos de impacto menor en la sociedad, lo que es positivo”, indicó.

El líder parlamentario expuso que el porcentaje mayor de mexicanos o mexicanas que están en la cárcel tiene que ver con gente que tiene poca educación o de recursos muy bajos, por lo que no se puede defender.

Sin embargo, subrayó que la Ley de Amnistía no podría aplicarse de manera generalizada, sino que se tendría que analizar caso por caso.

“Aquí en México lo que estamos buscando es proceder en aquellos casos de gente con bajos recursos que no se pudo defender, ya sea por ignorancia o por falta de recursos económicos, hay casos con indígenas”, enfatizó.

Cuestionado sobre las reformas pendientes que tienen los diputados, Escobar y Vega resaltó que está el tema de la violencia de género y las leyes en materia de cáncer infantil y de amnistía.

Además, lamentó que Morena pretenda avalar la reducción del 50 por ciento del financiamiento a los partidos políticos, pues dijo “es injusto y precipitado”, y lo que realmente se requiere es una reforma electoral integral.

“El PVEM estaba de acuerdo en ir a una reforma integral y si en la negociación había que ceder la parte financiera se hacía, pero si pensamos que el sistema electoral mexicano está enfocado en que reciben muchos recursos los partidos políticos y pensar que esto va a servir para el proceso electoral de 2021, no sólo creo que es injusto, sino precipitado”, asentó.

Ciudad de México.- El ciudadano Abel Altamirano Ramírez, hablante de la lengua Náayeri (cora) originario del municipio del Nayar, en Nayarit, pidió que las instituciones federales, estatales y municipales promuevan entre la niñez y adolescencia el uso de las lenguas maternas.

“Mi propuesta es que las instituciones federales, estatales y municipales promuevan acciones de concientización y valoración que ayuden a incentivar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la práctica de su lengua materna en sus hogares, a través de programas y proyectos que revitalicen la cultura y lengua”, dijo en tribuna, en el marco de la celebración de 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas.

Respecto del progreso y desarrollo de los pueblos indígenas, pidió llevar a cabo acciones para aprovechar, respetar y conservar los recursos naturales; asimismo, se refuerce la economía a través de pequeñas empresas de elaboración de juguetes, llaveros, materiales de uso festivo tradicional y su comercialización en la región y fuera de ella,

Lo anterior, para que los jóvenes permanezcan en sus localidades y no tengan que emigrar a otros lugares en el país o fuera de él en busca de trabajo.

Advirtió que la tecnología también interviene en la pérdida de la lengua, “pues bombardea a la sociedad, en general, introduciendo culturas de otros países, ajenas a la nuestra”.

“Los jóvenes náayeri, en su mayoría, cuentan con dispositivos móviles; ven constantemente la televisión y adoptan nuevas maneras de comunicación. Internet sería provechoso si los dispositivos se adaptaran a las culturas y las lenguas de cada pueblo originario, si hubiera programas didácticos en las computadoras en lengua Náayeri que se aprovecharan al máximo”, subrayó.

Lamentó que, en la actualidad, existan muy pocos hablantes de su lengua; consideró que esto responde a que “está en peligro de extinción porque ya no se practica en las familias”.

“Los padres de familia no les hablan a sus hijos en nuestra lengua materna, porque quieren que en la escuela entiendan a los maestros y puedan comprender mejor el español en niveles superiores”.

“En su mayoría, las escuelas de nivel secundaria y preparatoria no cuentan con maestros hablantes de la lengua Náayeri, no realizan actividades referentes a la lengua ni prácticas relacionadas con nuestra cultura”, acusó.

Guadalajara, Jalisco.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentaron en la 33º Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el Cuaderno de Transparencia 29 “El aporte democrático de la estadística: toma de decisiones, política pública y rendición de cuentas”, de Julio Santaella Castell. 

Al moderar la presentación de la obra, la Comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, subrayó que el INEGI genera información útil, verídica, actualizada que permite encauzar la acción de gobierno y las políticas públicas. 

“Una sociedad mejor informada puede tomar mejores decisiones. La información estadística y geográfica de calidad puede también impactar en las políticas públicas que se desarrollan, en la evaluación de las mismas y en la participación social”, afirmó.

La Comisionada y Presidenta del Comité Editorial del INAI apuntó que la estadística oficial ofrece un retrato de temas económicos, geográficos sociales, que impactan en la vida de las personas.

“Las evaluaciones y estadísticas hoy nos permiten tener en nuestras manos contenidos que fortalecen el trabajo que vienen haciendo los organismos de transparencia y rendición de cuentas”, indicó Ibarra Cadena.

El autor de la obra y Presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, Julio Santaella Castell, subrayó que la estadística ofrece una fotografía de la realidad sobre la cual las autoridades de los tres órdenes de gobierno actúan y los ciudadanos deben exigir transparencia y rendición de cuentas. 

“En esta evolución histórica que ha tenido el país, y también en el resto del mundo, ha sido en la misma filosofía del derecho humano al acceso a la información pública, precisamente ejercer ese acceso a la información estadística que se está produciendo. De manera que nosotros podamos conocer qué es lo que está utilizando y resultando de la actividad pública”, enfatizó.

En su oportunidad, Edmundo Berumen Torres, Presidente de la empresa Berumen y Asociados, destacó que INEGI es un referente internacional, pues la fiabilidad de sus datos excede la necesaria para los fines de su uso.

“La información estadística al revelar el estado de la realidad también puede fomentar un uso de recursos más eficiente y por los mismo se convierte en un elemento que sustenta la credibilidad y transparencia a las acciones de gobierno”, coincidió Berumen Torres con el autor de la obra.

El Cuaderno de Transparencia 29 aborda la importancia de la información estadística oficial, destacando su vinculación con la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas, como elementos que contribuyen a consolidar estados democráticos basados en la participación conjunta entre las instituciones de gobierno y la ciudadanía.

La Presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) y Coordinadora Nacional de los Órganos Garantes Estatales del Sistema Nacional de Transparencia, Cynthia Cantero Pacheco, destacó el trabajo conjunto del órgano garante local y el INAI para impulsar el diálogo constructivo en temas como la utilidad de la información geográfica y estadística.

Mérida, Yucatán.-  La Fiscalía General del Estado manifiesta su desacuerdo con la resolución emitida por el Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito sobre el caso correspondiente a la carpeta de investigación 236/2018 con la cual se reclasificará el delito de Feminicidio.

La carpeta se refiere a la denuncia sobre una brutal golpiza a Andrea Carrillo, de 20 años de edad, por parte de su novio el karateca tabasqueño quien le habría propinado golpes con los puños cerrados, latigazos con un cable, golpes con un madero para colgar chamarras y trató de ahorcarla en un predio ubicado en la calle 33 número 194 de la colonia Benito Juárez Norte, el miércoles 7 de noviembre pasado.

En un comunicado la Fiscalía manifiesta que le dará puntual seguimiento a este sensible caso hasta que se haga justicia en favor de la víctima, al tiempo de brindar todo el apoyo que su familia requiera y de esta manera, la dependencia estatal reitera su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres yucatecas en situación de violencia.

En este sentido, la Fiscalía General del Estado también insistirá en que se haga justicia en favor de la víctima buscando un castigo ejemplar para evitar que más casos como este queden impunes, a fin de evitar agravios a la sociedad y, sobre todo, salvaguardar los derechos de las personas, en caso específico de todas las mujeres yucatecas.

Tras la resolución emitida por el Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, a través de un Juicio de Amparo, en la cual se reclasificó el delito de Feminicidio en Grado de Tentativa para este caso, la dependencia estatal externó que es respetuosa de la decisión, pero aseguró que en la judicialización del proceso se dio cuenta en tiempo y forma a la autoridad competente de los indicios que permitieron la imputación y la vinculación por el delito señalado.

Tribunal Federal ampara a karateca que estropeó a su novia 

Cabe resaltar que l Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito en Materia Penal y Administrativa concedió un amparo para efectos al karateca Christian del Jesús Contreras Domínguez, señalando en su resolución que en el análisis de los hechos se advierte que sí hay un delito que perseguir, pero al momento de la vinculación a proceso no se determina el de tentativa de feminicidio.

Ante tales circunstancias, en breve se tendrá que convocar a audiencia en el Juzgado Segundo de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida, para el efecto de resolverse nuevamente sobre la situación jurídica del maestro en artes marciales y todo hace indicar que se reclasificaría el delito por el de violencia familiar, ataques peligrosos y lesiones.

La Fiscalía adscrita y el asesor jurídico de la víctima, Licenciado Pedro Enrique Herrera Hernández, demandarían de nuevo como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que el acusado continuaría privado de la libertad como hasta el momento, ya que el Tribunal Colegiado no ordenó que se le conceda la misma, sino que se reclasifique el delito por el cual está siendo sujeto a procedimiento penal.

Según se averiguó, la Justicia de la Unión ampara y protege a Christian del Jesús Conteras Domínguez, en contra del diverso reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso, dictado en su contra el 14 de noviembre del 2018, en la carpeta de investigación 236/2018 del índice del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Mérida, por el hecho tipificado como feminicidio agravado en grado de tentativa y su ejecución.

Así lo resolvió el Tribunal Colegiado por unanimidad de votos de los Magistrados Pablo Jesús Hernández Moreno, Jorge Enrique Edén Winter García y Dídier Rolando Ramírez Canto.

Los magistrados modifican la sentencia sujeta a revisión en la que se le había negado la justicia federal al imputado en el Juzgado de Distrito, únicamente en relación al auto de vinculación reclamado y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, o sea el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial, dicte una diversa resolución en la que, atento a las consideraciones de esta ejecutoria, prescinda de considerar que los hechos materia de la imputación actualizan la probable comisión del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción dicte la resolución que proceda conforme a derecho.

De acuerdo con los datos obtenidos, se expone que el Tribunal Colegiado avala la investigación realizada por la Fiscalía, pero por el momento no se advierte la intención del imputado, existe la comisión de un delito.

El karateka es acusado de propinar brutal golpiza a su pareja sentimental Andrea Carrillo, de 20 años de edad, a quien según la denuncia le dio de golpes con los puños cerrados, latigazos con un cable, golpes con un madero para colgar chamarras y trató de ahorcarla en un predio ubicado en la calle 33 número 194 de la colonia Benito Juárez Norte.

Cabe señalar que lo ocurrido ha causado enojo de la sociedad yucateca que exige que las autoridades tomen cartas en el asunto para que no se tenga otro caso como ocurrió con Ema Gabriela Molina Canto, quien fue asesinada por acusar a su ex pareja Medina Sonda de violencia física y amenazas de muerte.

Molina Canto, quien a pesar de tener pruebas y denuncias fue desprotegida por el Estado y la ley, lo que aprovechó su ex pareja para enviar a dos personas para que la maten en su domicilio.

Ahora este caso de Andrea Marisol, el cual fue muy sonado debido a que la jovencita fue auxiliada por autoridades después de lograr salir de la casa de su novio quien la maltrataba, ya que en todo su cuerpo sufrió heridas de consideración que la pusieron al borde de la muerte.

Asimismo, la joven necesita de terapias por el trauma provocado por su ex novio, quien ahora está a la nada de quedar libre, a pesar que durante las primeras audiencias mintió al Juez, al decir que unas mujeres golpearon a su pareja, versión que se cayó posteriormente.

Guadalajara, Jalisco.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentó el Cuaderno de Transparencia 28 “Los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción: pilares de la integridad pública”, en la 33º Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

Durante la presentación, el Comisionado Oscar Guerra Ford, consideró que los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción son necesarios para combatir la corrupción, pues se ha comprobado que este fenómeno se da en redes.

En ese sentido, indicó que la manera más efectiva de erradicar este problema es desde una visión sistémica, en la que se coordinen las funciones de las diferentes instituciones. “Hoy el fenómeno de la corrupción no puede ser combatido a partir del caiga quien caiga; eso mediáticamente da votos, da aplausos, da reconocimientos, pero no da resultados”, apuntó.

Guerra Ford afirmó que la transparencia nace de la exigencia de seguirle la huella al dinero, por lo que constituye una herramienta clave para la lucha contra la corrupción, dado que es el dinero el incentivo que mantiene a las personas inmersas en el fenómeno. 

En su oportunidad, la autora de la obra, Jacqueline Peschard Mariscal, subrayó que la transparencia es un piso mínimo indispensable para poder elaborar una adecuada política de combate a la corrupción. Advirtió que el gobierno tomó como bandera la lucha contra este fenómeno, pero por ahora los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción no cuentan con el respaldo claro y decido de la Presidencia de la República. 

“Vale la pena identificar qué es lo que se ha construido en el país, qué requieren estos sistemas y de qué manera ese abanderamiento del combate a la corrupción del presidente López Obrador tendría que ser un abanderamiento de la ruta que ya ha construido este país en términos de organización de las políticas de transparencia y combate a la corrupción”, expuso. 

La presentación del Cuaderno de Transparencia a la que asistió la comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra, fue moderada por Cynthia Cantero Pacheco, Presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) y Coordinadora Nacional de los Órganos Garantes Estatales del Sistema Nacional de Transparencia. 

El texto de Jacqueline Peschard es un aporte para la comprensión del programa anticorrupción en México. La autora destaca la importancia de la transparencia en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción y hace una interpretación conceptual, legal e institucional entre ambas agendas.

Asimismo, plantea que un proyecto de integridad pública, en los términos que ha sido definido por instancias como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), requiere de un programa robusto de transparencia y de una batería de normas e instituciones especializadas en la lucha contra la corrupción.

Ciudad de México.- La UNAM prepara una estrategia de acción climática para enfrentar de la mejor manera el cambio climático, afirmaron expertos del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de esta casa de estudios.

Con motivo de la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25), que se realiza en Madrid, España, del 2 al 13 de diciembre, Carlos Gay García y Clemente Rueda Abad subrayaron que el reto es para todos, e instituciones como la Universidad Nacional ya visualizan la mejor forma de contribuir desde sus propias instalaciones.

Gay García, coordinador del PINCC, destacó que históricamente la UNAM ha estado preocupada por el tema; se ha involucrado y ha asesorado a autoridades del Gobierno Federal y a diversos gobiernos estatales.

“Desde el PINCC preparamos una estrategia de acción climática, de la que se derivará un programa de acción para esta universidad. Se pretende que todos participen: institutos, escuelas y centros, para reducir las emisiones y la demanda de energía, y adaptar a la UNAM ante el eventual cambio climático”, detalló.

Se debe proyectar qué pasaría en los salones de clase y con las actividades, si tenemos dos grados más de temperatura, ejemplificó.

El objetivo es reducir las emisiones y, posiblemente, llegar a las cero emisiones para 2050, dijo.

Gay García recordó que la UNAM pertenece a la iniciativa internacional UC3 (University Climate Change Coalition), donde instituciones de México, Canadá y Estados Unidos revisan acciones como dejar de emitir gases de efecto invernadero y ayudar a los actores fuera de las universidades a cumplir sus propios compromisos climáticos.

En la elaboración de esta estrategia trabajan especialistas de diversas disciplinas, y posteriormente deberá ser consensuada entre los diferentes actores para socializarla.

Entidades de la UNAM ya han hecho importantes esfuerzos para instalar celdas fotovoltaicas, y el fin es hacerlo de forma sistemática; además, tener transporte universitario eléctrico y revisar las instalaciones, precisó.

A su vez, Rueda Abad destacó que actualmente el PINCC financia proyectos para examinar los escenarios climáticos en Ciudad Universitaria, como prospectivas sobre el beneficio de tener techos verdes o techos blancos, reducir el consumo de agua, analizar los efectos de las islas de calor, y desarrollar proyectos de movilidad y de uso de biocombustibles.

“Pensamos, incluso, verificar cómo enseñamos el cambio climático en la UNAM y quién lo hace, con qué materiales, si tenemos una materia transversal, porque la lógica es ser multidisciplinarios”, comentó el científico social.

Problema mundial

La COP 25 tiene la misión de consolidar el Libro de Reglas del Acuerdo de París, que debe contener elementos metodológicos y mecanismos de ejecución, contabilidad de gases de efecto invernadero, mecanismos de transparencia, metodologías de revisión y evaluación de avance de las tareas de mitigación, y servir para todo el mundo.

Gay García recordó que muchas de las consecuencias del cambio climático, como huracanes intensos, sequías o lluvias torrenciales, fueron predichas desde 1979.

“El clima lo vieron los científicos, pero lo van a arreglar los políticos; sin embargo, ellos hacen demasiada política y se tardan para tomar decisiones. Con lo que sabemos se puede actuar, y no podemos seguir con este discurso. Los científicos haremos ciencia, pero los políticos no deben esperar al último grito de la moda para hacer algo”, finalizó Gay García.

Ciudad de México.- El rector Enrique Graue Wiechers ratificó a William Lee Alardín como coordinador de la Investigación Científica de la Universidad Nacional, cargo que ha desempeñado desde 2015.

El secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, entregó el oficio de la designación, firmado por el rector. Explicó que el nombramiento es resultado de la auscultación que se llevó a cabo en el Consejo Técnico de la Investigación Científica (CTIC), incluida la votación de las sedes foráneas.

William Lee recibió el apoyo del CTIC, lo que refiere un excelente desempeño en los cuatro años anteriores. “La continuidad que ustedes han solicitado al rector habla de un trabajo importante que se debe consolidar en la Coordinación”, resaltó Lomelí Vanegas.

En tanto, Lee Alardín agradeció al rector la designación y la confianza depositada para continuar coordinando el Subsistema de la Investigación Científica. Asimismo, a los integrantes del Consejo Técnico, por la labor que realizan cotidianamente en ese órgano colegiado, en el subsistema y en sus entidades.

“Es un privilegio coordinar a este grupo y trabajar con ustedes cotidianamente. Además de las sesiones del pleno, hay una comunicación constante que agradezco. Me llena de orgullo y espero poder seguir trabajando en los próximos años para beneficio del Subsistema de todas sus entidades y de la Universidad”, expresó en la sala del CTIC.

El coordinador destacó que ese subsistema sigue siendo una fuerza importante para la investigación, tanto en la UNAM como en el país. Por ello, mantener la calidad es prioritario, así como la renovación de la plantilla académica, a través de diversos programas que han permitido en los últimos años la incorporación de un grupo de jóvenes investigadores que le dan fuerza y empuje.

También se refirió a la vinculación de facultades y escuelas con las entidades del subsistema, para la formación de personal.

William Lee detalló que los ejes que deberán desarrollarse son la vinculación, la transferencia de tecnología, las patentes y la relación con el sector productivo, pues hay un enorme potencial “para llevar hacia afuera más de lo que se hace aquí, en beneficio de la población”.

Señaló la necesidad de lograr que la gama de investigación que se desarrolla en la Universidad derive en soluciones a problemas, generación de actividad económica, empleos y formación de personal.

Asimismo, se debe mantener y fomentar un ambiente de cordialidad, respeto, equidad y diversidad en el subsistema y sus entidades, y en el resto de la Universidad, pues un ambiente de tolerancia para todas las ideas y respeto a las personas es la base para un trabajo importante.

Trayectoria

William Lee es egresado de la carrera de Física de la Facultad de Ciencias, donde obtuvo la Medalla Gabino Barreda (1992). Realizó su tesis en el Instituto de Astronomía (IA), cursó la maestría y doctorado en Física en la Universidad de Wisconsin, Madison, en Estados Unidos.

En 1998 se incorporó al IA, donde es investigador titular B de tiempo completo, definitivo, desde 2006. Es miembro del SNI, nivel 3, y del PRIDE, con el máximo nivel.

Su labor docente abarca 40 cursos impartidos en licenciatura y posgrado. Ha dirigido seis tesis de licenciatura, cinco de maestría y tres de doctorado, y supervisado a cinco investigadores posdoctorales asociados. Fue el primer coordinador del Departamento de Astrofísica Teórica del IA y ha impulsado el trabajo de investigación en astrofísica de altas energías, en el Instituto de Astronomía.

Lee recibió el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos (2009), en Investigación en Ciencias Exactas. Contó con una beca Fulbright García-Robles durante sus estudios de posgrado, y fue becario por la DGAPA y el Conacyt. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Unión Astronómica Internacional.

Mérida, Yucatán.- En el marco del Encuentro Nacional de Periodismo Cultural “Libertad de expresión y nuevas narrativas. Las formas en las que contamos a México”, celebrado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; la Universidad Autónoma de Yucatán, UADY, a través de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, FILEY, presentó la convocatoria al Premio Nacional de Periodismo FILEY 2020.

La presentación de ésta tercera convocatoria, fue realizada por el periodista Jesús Alejo Santiago, coordinador del Encuentro de Periodismo; Enrique Mendoza Hernández, periodista del Semanario Zeta y Jesús A. Erias Hipólito, en representación del director de la FILEY, Rodolfo Cobos Argüelles.  

Se otorgará un premio único e indivisible de $35,000.00 (son: TREINTA Y CINCO mil pesos 00/100 m.n.); podrá ser declarado desierto y no se concederá a título póstumo, sin perjuicio de los derechos de sucesión que puedan ejercerse si el periodista falleciera después del fallo del Jurado. 

Cabe destacar que el Encuentro Nacional de Periodismo Cultural se estableció en el año 2014, cuando se realizó por primera ocasión en la FILEY. Desde entonces, se ha replicado en diversos estados del país: Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Oaxaca y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara; es un punto de encuentro para profesionales quienes aportan ideas, conocimientos e innovaciones de las temáticas que abarca el periodismo cultural de nuestro país y otras latitudes.

El Premio Nacional de Periodismo FILEY se entregará el lunes 11 de mayo de 2020, en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el marco del Encuentro de Periodismo Cultural que se realizará en la novena edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán

Al Premio Nacional de Periodismo FILEY optarán periodistas cuya tarea es la del diarismo: el trabajo cotidiano en los géneros de notas informativas, entrevistas, crónicas y reportajes, en cualquier plataforma informativa. 

Serán considerados únicamente periodistas que publican de manera regular temas considerados culturales o en medios especializados en la cultura. Quienes sean colaboradores semanales en los géneros de la columna, la reseña o el artículo de opinión, no serán considerados para este Premio. 

La candidatura deberá ser propuesta por alguna de las siguientes instancias: universidades, instituciones culturales, medios de comunicación, asociaciones gremiales o sociales -formalmente constituidas-, y en general organismos públicos o privados relacionados con la cultura y las artes. 

La persona propuesta debe estar en activo en el periodismo cultural y contar con una trayectoria mínima comprobable de 15 años. 

La propuesta de candidatura se presentará por escrito, en papel membretado de la instancia proponente, que incluya:

a) Un resumen de una extensión máxima de mil palabras con la trayectoria y las motivaciones que consideren subrayar del periodista para obtener el Premio.

b) Un mínimo de tres y máximo de cinco muestras del trabajo más representativo de quien sea postulado; en caso de tratarse de prensa escrita, se anexarán testigos escaneados en formato PDF con las ediciones respectivas; de ser trabajo radiofónico, televisivo o multimedia, se incluirán en USB archivos en formato mp3, wav, mp4, avi o compatibles; las muestras en otras plataformas de internet serán impresas y contarán con el enlace vigente donde se hayan publicado. 

c) Deberá incluir una ficha para identificar a la institución que hace la propuesta, en la que se especifique al responsable y datos de contacto: dirección, teléfono y correo electrónico. 

La propuesta será enviada a la Dirección General de la FILEY, con atención al Director Rodolfo Cobos Argüelles, sito en Edificio Centro Cultural Dante, Prolongación Paseo de Montejo #138-B (segundo piso), por 17 y 19, colonia Itzimná, C.P. 97100, Mérida, Yucatán, México. 

La misma propuesta, integrada en su totalidad en formato PDF y -de ser el caso- con archivos de audio y video, deberá ser remitida a los correos electrónicos: r.cobos.filey@gmail.com, sergio.aguilar.filey@gmail.com y l.chavez.filey@gmail.com.

Mérida, Yucatán.- A unos días de que concluyan las actividades académicas de este semestre en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), se han recibido un total de 34 denuncias a través del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género, Discriminación, Hostigamiento, Acoso y Abuso Sexuales, que entró en vigor el pasado 15 de agosto.

Derivado de esas denuncias, se han concluido 18 investigaciones de las que se desprendieron distintas sanciones previstas en la legislación, entre ellas una baja definitiva, informó la secretaría técnica del Comité Ejecutivo del Protocolo de la UADY, Minerva Zapata Denis.

Asimismo, detalló que seis quejas más se encuentran en investigación, dos concluyeron en desistimientos y falta la determinación sobre la procedencia, o no, de las ocho restantes.

Los principales problemas que se han presentado corresponden a situaciones de acoso, que atraviesan distintos niveles y grados, por lo que las sanciones emitidas son proporcionales a la gravedad, y prevén desde los apercibimientos hasta la baja definitiva, como ya sucedió en uno de los casos.

De igual modo, agregó, las personas que se les acreditó la falta fueron referidas a tratamientos reeducativos, a fin de evitar que se reincida en ese tipo de conductas.

Todas las quejas han sido atendidas, y en los casos que no han procedido por algún motivo, las personas han sido canalizadas a las instancias correspondientes o, de ser necesario, se les ha conducido para que reciban atención especializada en psicología, precisó Zapata Denis.

El Protocolo establece los mecanismos de protección para las personas que denuncian, y entre los instrumentos legales que se tienen, está la firma del Consentimiento Informado, en el que se garantiza la discreción y el correcto uso de los datos personales, aseguró la secretaria técnica.

Además de la implementación del Protocolo, en la UADY se llevan a cabo acciones adicionales para construir un nuevo paradigma en la dinámica de las relaciones en la comunidad universitaria, como son las emprendidas por el Programa Institucional de Igualdad de Género (Progénero) y la reciente firma del convenio de colaboración con la Secretaría de las Mujeres.

Destaca, también, la impartición del curso "Detección temprana de riesgos y cuidados especiales en el contexto escolar", en el que se capacitaron académicos de las escuelas Preparatoria Uno y Dos, así como de la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria (Uabic).

Mérida, Yucatá.-La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano abrió el debate para que las familias con poco poder adquisitivo queden exentas en el pago de derecho que el Ejecutivo estatal pretende cobrar en el próximo año para la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública.

Este cobro se haría de manera bimestral en el recibo que expide la Comisión Federal de Electricidad, y que está topado hasta el 8 por ciento. La legisladora Milagros Romero Bastarrachea, lanzó la propuesta durante la comparecencia de la secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, y del director de la Agencia de Administración Fiscal del Estado, Juan Rosel Flores, celebrada hoy por motivo del Paquete Fiscal Estatal 2020.

La también vocal en la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, pidió a los diputados que participaron en la comparecencia, se analizará para que quienes tienen cobros por su consumo de luz por 300 pesos o menos, no tengan que pagar el nuevo derecho.

Señaló que de ser avalado por los demás diputados, más de 150 mil predios, quizá igual número de familias, obtendrían ese beneficio, que son personas que viven en el cinturón de pobreza de Mérida y en los municipios, y que en definitiva se vería afectado su bolsillo de tener que pagar más.

La secretaria de Administración y Finanzas señaló que ese derecho beneficiaría al mantenimiento de las 2 mil 248 cámaras de videovigilancia instaladas en la entidad y los 11 arcos carreteros.

El director de la Agencia de Administración Fiscal del Estado, Juan Rosel Flores, respondió a pregunta expresa de la legisladora Silvia López Escoffié, que el nuevo derecho que pretenden implementar por la preservación y conservación de equilibrio ecológico será a todo tipo de centro de hospedaje y será aplicado a los usuarios.

La también coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, resaltó su desacuerdo en este nuevo derecho, porque solo afectaría el flujo de turistas al destino yucateco.

Monterrey, Nuevo León.- El Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez, aseveró que uno de los retos en el gobierno abierto es que la población se involucre en los asuntos públicos.

“El gran desafío es cómo hacemos para involucrar a una población que, probablemente está indignada, está molesta, que siente a sus gobiernos distantes, pero que no termina de involucrarse en lo público, que no termina de participar”, subrayó al participar en el Foro de Gobierno Abierto, convocado por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI),

Durante el conversatorio “Cuarto Plan de Acción de México: análisis y retrospectiva sobre su construcción”, Salas Suárez señaló que en los últimos cinco años se ha venido avanzando de forma constante en materia de Gobierno Abierto, gracias al trabajo que se realizado al seno del Sistema Nacional de Transparencia, con políticas públicas específicas en las entidades federativas. 

“Uno de los grandes desafíos que tenemos por delante, es saber cómo hacemos, más allá de los campus, de las aulas universitarias, de estos auditorios universitarios, para que la gente en general pueda ver cuáles son las bondades en la práctica de entrar a una dinámica de Gobierno Abierto”, puntualizó. 

En ese sentido, el Comisionado del INAI aseguró que, si bien los datos abiertos son positivos, no son suficientes para que la gente se involucre en lo público y participe en la solución de los problemas que enfrenta. 

En el evento efectuado en el auditorio “Jorge Carpizo McGregor” de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Salas Suárez afirmó que Gobierno Abierto no puede prestarse a la simulación.

“El Gobierno Abierto no se puede prestar para la simulación, debe de haber condiciones mínimas y básicas que garanticen la real participación de la sociedad en este tipo de metodologías”, enfatizó.

Posteriormente, durante el conversatorio “Cuarto Plan de Acción de México: análisis y retrospectiva sobre su construcción”, Joel Salas Suárez se pronunció por esclarecer a cabalidad el caso del espionaje a representantes de la sociedad civil organizada, lo que derivó en su salida del Comité Coordinador de la Alianza para el Gobierno Abierto.

“Se debe esclarecer a cabalidad qué pasó, quién contrató ese Malware (Pegasus), con la finalidad de que las víctimas de ese espionaje puedan tener acceso a la verdad y a la justicia, y lo más importante, tener garantías de no repetición, qué se tiene que modificar en el marco normativo”, enfatizó.       

El comisionado Salas Suárez señaló que desde el INAI propusimos como compromiso proactivo la generación del Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto en México. El objetivo de este compromiso es: Articular las agendas federal y local, para convertirlas en una estrategia nacional que permita avanzar hacia la consolidación de un Estado Abierto en México, a partir de las experiencias acumuladas tanto en el plano federal como en los gobiernos estatales.

Para conocer avances del cuarto Plan de Gobierno Abierto.

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=6383

En el evento participaron Bernardo Sierra Gómez, Comisionado Presidente de la COTAI, así como los Comisionados Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero, María de los Ángeles Guzmán García, Francisco Guajardo Martínez y María Teresa Treviño Fernández; Abraham Hernández Paz, Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UANL, y Álvaro Ramírez Alujas, Fundador del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas.

Asimismo, Alfredo Elizondo Rosales, Representante del Núcleo de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en México; Gregorio González Nava, Director General de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública; Jesús Humberto Torres Padilla, Secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León; Alejandro García, Investigador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa; José Francisco Guajardo Valdez, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC-Delegación Nuevo León), y María Teresa Ledezma Elizondo, Directora de la Facultad de Arquitectura de la UANL.

Este dispositivo de seguridad pública realizado en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, dispondrá un total de 400 policías municipales que reforzarán la vigilancia en la zona bancaria, cajeros automáticos, mercados de Lucas de Gálvez y San Benito, área comercial, paraderos de transporte urbano y atractivos turísticos dentro del primer cuadro de la ciudad.

En esas zonas habrá elementos municipales realizando recorridos a pie y en los cruceros, principalmente las primeras semanas de diciembre que las empresas depositan el aguinaldo así como el incremento de personas que acuden a realizar sus compras con motivo de las fiestas navideñas.

Adicionalmente a los recorridos que hacen los agentes municipales, estarán los oficiales caninos de K-9 recorriendo las principales terminales de camión y puntos de mayor concentración de personas.

Asimismo, la Policía Municipal de Mérida instalará una base en el parque Eulogio Rosado así como en las inmediaciones de la terminal del ADO para que los ciudadanos puedan reportar cualquier ilícito. En esas bases podrán solicitar la intervención de los agentes municipales servicios de paramédicos o auxilio vial.

Previendo el aumento del tránsito vehicular, la corporación desplegará operativos viales en las principales calles de la ciudad a través de sus unidades motorizadas para evitar congestionamientos viales o siniestros de tránsito.

De igual forma el escuadrón de policías turísticos estará en los parques Hidalgo y Santa Lucía para brindar información sobre los atractivos turísticos de la ciudad o atender cualquier emergencia relacionada con los visitantes a la capital yucateca, los cuales se incrementan en estas fechas.

Como parte de las recomendaciones que emite la Policía Municipal, exhorta a los ciudadanos a evitar cargar con fuertes sumas de dinero, dejar objetos de valor a la vista, planificar cuánto van a gastar así como al momento de utilizar los servicios bancarios o cajeros automáticos no salir con el efectivo en las manos.

Finalmente, reportar cualquier ilícito al número gratuito 911 y en el primer cuadro de la ciudad también puedes comunicarte al número 9420060, ambos disponibles las 24 horas del día.

Mérida, Yucatán.- El Poder Judicial del Estado inició la implementación de un programa de mejora que busca aprovechar de manera más eficiente los recursos materiales y humanos, con el fin de agilizar el procesamiento de los casos en el sistema de justicia penal acusatorio y oral.

El coordinador de jueces de este sistema, Kenny Martins Burgos Salazar, explicó que, con base en un diagnóstico y con el conocimiento de un sistema que ya ha sido aplicado en otros estados, se planteó la necesidad de consolidar la operatividad del sistema penal a través de una serie de acciones que empezaron a realizarse desde el 5 de noviembre pasado y se continuarán ejecutando en los 100 días posteriores.

Al término de este plazo, este programa piloto se evaluará para modificar o adaptar de forma permanente aquellas acciones que hayan dado buenos resultados.

Entre otras cosas se modificaron horarios de trabajadores acorde a la carga laboral y la urgencia en el cumplimiento de los plazos se rediseñaron as estructuras en algunos juzgados.

 Por ejemplo, se establecieron horarios para audiencias más complejas y se dejó un espacio para recibir exclusivamente asuntos o casos que requieren prisión preventiva o que tengan plazos o tiempos de atención prontos al vencimiento.

Este mecanismo pondera también el uso de medios electrónicos para notificaciones y comunicación entre autoridades, pues ya están previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales que rige el procesamiento de los casos.

Estas mejoras incluyen la retroalimentación y generación de criterios procesales que puedan aplicarse de forma estandarizada para una atención más expedita de los casos.

Para ello desde el pasado 7 de noviembre inició un conversatorio interinstitucional en el que participan jueces y personal operativo de los juzgados de control y de juicio oral del sistema penal, quienes comparten experiencias y criterios aplicados en los casos que resuelven.

Este programa prevé, en una segunda fase, extender estas reuniones a personal de la fiscalía y defensoría, ambas instituciones del Ejecutivo, con el fin de hacer más eficiente la interacción, dichas reuniones arrancarían en la segunda quincena de enero y podrían continuarse de forma trimestral.