• Quiero expresar lo feliz que me siento a estar a un poco tiempo de verte darte un gran abrazo y decirte que te amo, dice la feliz madre
• No hay grandes detalles del acuerdo, pero señala que “una semana en casita y la otra semana con tu papá”.

Mérida, Yucatán.- Marissa, la bebé de dos años, cuya historia de desaparición mantuvo en vilo a la sociedad yucateca y que después se supo que la tiene su padre, regresará hasta el lunes con su mamá y, de acuerdo con una salomónica solución, una semana estará bajo la custodia de la madre y otra del padre.

De parte de las autoridades no hay una versión oficial de los hechos. Simplemente que la Fiscalía General del Estado activó un Alerta Amber el 3 de noviembre para la búsqueda de la bebé a quien se le había visto por última vez el día 31 de Octubre de 2020, en la colonia San Francisco de Tekax, Yucatán.

Un día después el 4 de noviembre, la FGE desactivó la Alerta Amber para Marissa Monserrat Sosa Novelo, en virtud de que había sido localizada. Pero la madre ha seguido publicando que no le han entregado a su hija, ni la había visto. Hasta hoy.

Esta tarde publicó que “el lunes amor estarás conmigo, aunque solo una semana en casita y la otra semana con tu papá”.

“La felicidad que en este momento siento es grande.

Primero antes que nada le agradezco a Dios por interceder por mi ya que nunca me has dejado sola.

Independientemente de darles carne a la gente para que desmenucen (Chismes)

Quiero expresar lo feliz que me siento a estar a un poco tiempo de verte darte un gran abrazo y decirte que te amo, aunque solo pueda verte 2 horas le agradezco a Dios esa oportunidad.

El lunes amor estarás conmigo,

Aunque solo una semana en casita y la otra semana con tu papá.

 Yo no soy quien para juzgar ni maldecir.

Pero solo se que el tiempo habla por si solo y confío mucho en Dios sabiendo que hay una justicia Divina y algo llamado karma. 

Amor pronto mamá te dirá te amo”, publicó.

• Incluye violencia digital y mediática; se devuelve el dictamen, con cambios a la Cámara de Diputados.

Ciudad de México.- Por unanimidad, el Senado de la República aprobó las reformas para sancionar con severidad la violencia digital y mediática, además de combatir el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en contra de mujeres en plataformas de Internet o redes sociales.

El dictamen, que modifica a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal, se aprobó con 87 votos a favor y se devolvió a la Cámara de Diputados.

Senadoras y senadores modificaron la minuta que envío la colegisladora sobre la llamada Ley Olimpia, a fin de incluir a la violencia mediática como una modalidad de las agresiones por razones de género.

Entre otros cambios al proyecto de los diputados, el Senado reforma el Código Penal Federal para tipificar el delito de violación a la intimidad sexual e imponer una pena de tres a seis años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización a quien:

Video grabe, audio grabe, fotografíe, imprima o elabore, divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, aprobación o autorización.

Además, el mínimo y el máximo de dicha sanción se incrementará hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por el cónyuge, concubinario o concubina, o por cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza.

El supuesto anterior también se aplicará cuando el ilícito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones; se cometa contra una persona que no pueda comprender el significado del hecho o no tenga la capacidad para resistirlo; o cuando la víctima atente contra su integridad o contra su propia vida, como consecuencia de las agresiones.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, señaló que ésta era una deuda con las mujeres, niñas y adolescentes que han sido víctimas de estas modalidades de violencia, cuyos casos no han prosperado por la falta de una adecuada tipificación del delito.

Blanca Estela Piña Gudiño, legisladora de Morena, afirmó que la aprobación de esta Ley es el resultado de la lucha histórica de las mujeres mexicanas para tener una vida libre de agresiones. Además, reconoció la labor de las organizaciones civiles, quienes trazaron la ruta para que la violencia digital y mediática sea considerada un delito.

La senadora Kenia López Rabadán, integrante de la bancada del PAN, dijo que, en este país, las mujeres han atravesado por violencia física, psicológica, económica, sexual y ahora digital. Esta propuesta, detalló, pondrá un alto a quienes difunden imágenes con contenido sexual sin consentimiento y a los medios de comunicación para evitar que sigan violentando la intimidad y la integridad de las mujeres.

Por el PRI, la senadora Nuvia Mayorga Delgado dijo que las formas de violencia relacionadas con la tecnología y los espacios en línea forman parte de las agresiones permanentes en contra de las mujeres.

De Movimiento Ciudadano, la senadora Indira Kempis Martínez indicó que Internet debe ser un espacio seguro, por lo que la aprobación de esta propuesta marcará un hito para que ninguna fémina vuelva a pasar por las agresiones que se viven actualmente en el entorno digital, las cuales atentan contra su dignidad e integridad. “El futuro de México será libre de violencia para las mujeres o no será”, sentenció.

La senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del PT, expresó: “el machismo también ha invadido Internet y las tecnologías de la información, donde un sinfín de agresores han compartido y propagado contenido íntimo sexual de miles de mujeres”.

A nombre del PVEM, la senadora Verónica Camino Farjat advirtió que las senadoras que representan a la oposición en sus estados, también son víctimas de violencia digital y mediática, porque también reciben amenazas o burlas por sus expresiones. “Esto debe parar porque también afecta la vida democrática de México”, acusó.

Renata Romo Medina, senadora de Encuentro Social, advirtió que este tipo de violencia tiene fuertes impactos, tanto físicos como emocionales, ya que provocan depresión, ansiedad y miedo y en algunos casos hasta conductas suicidas impactos que en muchas ocasiones son minimizados por las autoridades o por el círculo cercano.

Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRD, hizo un llamado para expedir la Ley de Ciberseguridad como un complemento para “blindar” a nuestro país de la violencia digital.

La minuta que remitió la colegisladora sólo incluía el tipo de violencia digital en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Los senadores precisaron que esta modalidad es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, aprobación o autorización.

Hechos que le cause a dicha persona daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.

Además, incorporaron la violencia mediática como todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida.

Para garantizar la integridad de la víctima, el Senado estableció que la o el Ministerio Público, la Jueza o Juez, ordenarán de manera inmediata, como medidas de protección, a las empresas de plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación de imágenes, audios, o videos relacionados con la investigación.

Las plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas darán aviso de forma inmediata al usuario que compartió el contenido, donde se establezca de forma clara y precisa que el contenido será inhabilitado por cumplimiento de una orden judicial.

La asamblea rechazo la propuesta de la senadora Xóchitl Gálvez Ruíz, del PAN, para adicionar una fracción VI al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de incorporar a ambos géneros a la reform

• Mediante un oficio dirigido al Embajador estadounidense en México, el órgano legislativo cuestionó cuáles fueron las razones para no informar a las autoridades nacionales sobre la investigación.

Ciudad de México.- La Junta de Coordinación Política del Senado de la República, que preside el senador Ricardo Monreal, solicitó al embajador de los Estados Unidos de América del Norte, Christopher Thomas Landau, ser el conducto para conocer las razones del gobierno norteamericano para no informar a las autoridades mexicanas, con anticipación, sobre la detención del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos Zepeda.

En una misiva dirigida al diplomático, el órgano legislativo subrayó que ese hecho puede tener repercusiones en la seguridad nacional de nuestro país.

El texto señala que, tomando en consideración la importancia que tienen este tipo de investigaciones, y de acuerdo con el marco jurídico vigente en el intercambio de información de colaboración entre México y Estados Unidos de América, las autoridades mexicanas en la materia tuvieron que ser alertadas. Y si lo hicieron, saber a través de qué instancia lo hicieron.

El documento subraya que es de interés del Senado disponer de información veraz, y emitida por las autoridades competentes, para estar enterados de la versión oficial de los hechos, esto en su calidad de coadyuvante en el cumplimiento de los tratados internacionales y el cuidado de la soberanía nacional. Por ello solicitan todos los datos que resulten útiles para la comprensión del caso.

Asimismo, las senadoras y senadores que integran la Jucopo pidieron información sobre el o los delitos se le acusan al General, así como cuáles son los datos de prueba con que cuentan para la imputación. También, demandaron hacer del conocimiento en qué institución se lleva el caso, cuál es la calidad de los testigos y cuales son los siguientes pasos del proceso.

De igual forma, preguntan si en la investigación que se lleva a cabo en territorio estadounidense hubo intervención directa de agregados de alguna agencia en materia de procuración de justicia que hayan recabado información directamente de nuestro país; en caso de ser así, solicitaron que se informe la fecha en la que iniciaron las investigaciones en México, por qué medios se obtuvo la información y qué motivó la orden de captura obsequiada por un juez en Estados Unidos

Cabe recordar que el extitular de la Sedena, el General Cienfuegos, fue detenido el 16 de octubre en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, en California, a petición de la Agencia para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), sin que hubiera información detallada por parte de las autoridades del vecino del norte.

• Legisladoras y legisladores exhortan al órgano electoral a desistir en su intento de aprobar su plan de equidad para el próximo proceso electoral, ya que son atribuciones que no le corresponden.

Ciudad de México.- Los grupos parlamentarios integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, que preside el senador Ricardo Monreal Ávila, exhortaron al Instituto Nacional Electoral (INE), a no tomarse atribuciones que no le competen, ya que legislar es una facultad única y exclusiva del Poder Legislativo. Advirtieron que en caso de que dicho organismo no desista en su intento de aprobar su plan de equidad en candidaturas para el próximo proceso electoral, la Cámara Alta interpondrá una controversia constitucional.

Ante la propuesta que busca aprobar el Consejo General del INE para que todos los partidos políticos garanticen la postulación de ocho mujeres y siete hombres en las 15 candidaturas a gobernaturas de los comicios del 2021, senadoras y senadores exigieron a dicho Instituto no invadir esferas que no le corresponden y que son competencia exclusiva del Congreso de la Unión.

En conferencia de prensa, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, señaló que la acción que pretende aprobar el INE es claramente legislativa y, de acuerdo con el principio de legalidad, las autoridades sólo deben hacer lo que la Constitución y la Ley le faculta; el INE “no puede hacer nada que la Ley no le autorice porque entonces está incurriendo en la invasión de esferas de competencia de uno de los Poderes”, apuntó.

El legislador exhortó al Instituto a no invadir sus facultades y atribuciones, así como el Legislativo no lo hace con otros Poderes. Asimismo, les hizo un llamado atento a que no extralimiten sus facultades; “no podemos permitir que se sustituyan las funciones del Congreso de la Unión”, sentenció.

Aseguró que si el INE no desiste en su intento, el Senado agotará todas las instancias jurisdiccionales. Acotó que no se trata de un tema partidista, sino de la defensa del Congreso de la Unión para que no se usurpen ni sustituyan sus facultades. Insistió que no se trata de un enfrentamiento con el INE, sino una defensa del Estado de Derecho.

Al respecto, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, recordó que cuando se realizó la reforma constitucional para impulsar la paridad sustantiva en todos los espacios de toma de decisiones del Estado, se excluyó de la discusión el caso de gobernaturas y la Presidencia de la República, esto debido a que son cargos unipersonales. Vamos a procurar una creciente participación de todas y todos en la vida política, administrativa, jurisdiccional del país, agregó.

Subrayó que no pueden ser sustituidas dos Cámaras del Congreso de la Unión por los funcionarios que les corresponde designar a las y los diputados. Reveló que el día de ayer se le notificó esta posición unitaria de todos los Grupos Parlamentarios al INE y hoy se hace público. “No se les delegó la responsabilidad legislativa porque sería un acto constitucional”, puntualizó.

La senadora Claudia Ruiz Massieu, integrante de la fracción parlamentaria del PRI, señaló que este exhorto refleja la convicción del Senado para defender su ámbito de facultades. El INE no tiene atribuciones legislativas, eso es lo que estamos planteando, recalcó.

Aseguró que esta Legislatura ha dejado sobradamente acreditado su compromiso con la agenda de los derechos de las mujeres, particularmente con el tema del acceso, en igualdad de circunstancias, de las mujeres a cargos de elección popular, en el ámbito administrativo y en el jurisdiccional. Vamos a seguir legislando y trabajando para que las mujeres tengan igualdad en el goce de sus derechos, afirmó.

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador de la fracción del PRD, indicó que desde ayer se acordó entre el INE y la Jucopo, una comunicación telemática donde participarían representantes de los partidos políticos, así como los consejeros del instituto para exponer todo lo relacionado al tema.

Incluso, dijo, debe haber grabaciones donde el presidente del INE refirió que recogía el argumento de la reserva de ley, sobre las competencias y atribuciones para revisarlas. Sostuvo que la preocupación del Senado de la República está centrada en el ámbito de la competencia y reiteró que se deben construir todos los andamiajes jurídicos necesarios al respecto.

La senadora Xóchitl Gálvez indicó que el tema radica en la legalidad; “debe haber piso parejo para todas y todos los aspirantes”, apuntó. Se trata, puntualizó, de que los propios candidatos no empiecen a controvertir porque es inconstitucional, y derive en un proceso de litigio que distraiga el proceso electoral.

“No tengo duda de que vamos a ser candidatas competitivas y nos vamos a ganar a pulso espacios para estar como gobernadoras en los próximos años, mi preocupación es que este proceso ya arranco, es un tema de legalidad, no hay razón para que un externo tenga que imponer lo que tiene que pasar en un estado”.

A las mujeres que nos están escuchando, agregó, les digo que no vamos a permitir que existan parches que pongan en riesgo todo un proceso de elección popular y vamos a luchar por más espacios.

• Urge un modelo de atención más preventivo, comunitario y social, indica Zoé Robledo; Se tuvo una ocupación promedio nacional de 63 por ciento en los momentos más críticos, dice Luis Antonio Ramírez

Ciudad de México.- Los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, comparecieron ante senadoras y senadores de la República, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

El senador Miguel Ángel Quintero Navarro, presidente de la Comisión de Salud, dio la bienvenida a los funcionarios y explicó que esta comparecencia se da en concurrencia con la Comisión de Seguridad Social.

Zoé Robledo dijo que, gracias a la reconversión hospitalaria que se puso en marcha ante la pandemia de Covid-19, un cuarto de millón de contagiados en el país, han sido atendidos por esta institución, de los cuales más de 100 mil fueron hospitalizados en alguna de sus clínicas.

El funcionario hizo un reconocimiento a médicos, enfermeras y al personal del Instituto que atienden a personas contagiadas con el nuevo coronavirus. Un agradecimiento hoy y siempre. El país está en deuda con ellos, expresó

Respaldó la propuesta del senador German Martínez, para que la Medalla Belisario Domínguez sea entregada al personal de salud del Seguro Social.

Zoé Robledo informó sobre el procedimiento de reconversión hospitalaria para lograr incrementar el número de camas de atención, de ventiladores mecánicos y evitar la saturación, como en otras naciones. Comentó que se maximizó la capacidad, a través de reconvertir unidades, espacios y camas.

Explicó que la reconversión se llevó a cabo en tres fases y se incorporaron 184 hospitales, incluyendo a 80 nosocomios rurales del IMSS Bienestar, además se habilitaron camas en instalaciones no hospitalarias, unidades temporales, de expansión y hospitales completos que se recibieron en comodatos. Todo ello, en tan sólo 80 días, resaltó.

Aclaró que estas unidades forman parte ya del patrimonio del Instituto y serán “muy útiles en la etapa de transición y después del Covid. Mencionó que el costo total de los 11 hospitales de expansión fue de 187 millones de pesos

Señaló que gracias a esas medidas se alcanzaron las 16 mil 118 camas que se requerían en esos momentos.

Subrayó que, ayer, la Organización Mundial de la Salud reconoció a México como el país de las américas que mayores esfuerzos hace en su proceso de reconversión hospitalaria. Reconoció que para lograr ese objetivo hubo muchos aliados y se firmó un convenio con el sector privado para atender a los derechohabientes del IMSS por otros padecimientos.

Robledo Aburto expuso que 27 mil trabajadores están, desde marzo, con permiso para el resguardo domiciliario, pues forman parte de algún grupo vulnerable. Por ello, para “palear” el déficit estructural de personal se contrataron a 30 mil 444 trabajadores por tiempo determinado para atender Covid, lo que permitió cubrir las plantillas de los hospitales de expansión.

Aceptó que en marzo las protestas del personal por falta de equipo de protección llegaron a ser 40; sin embargo, todas fueron atendidas y se logró estabilizarse el abasto. Hoy, agregó, se tiene garantizada la distribución semanal de 783 mil respiradores; 1.1 millones de cubrebocas; 159 mil googles y caretas; 1.2 millones de pares de guantes y 1.2 millones de batas.

Por otro lado, mencionó que en lo que va del año se han dado 8.4 millones de consultas de especialidad, 53.4 millones de medicina familiar, 12.4 millones de consultas de emergencia y 640 mil intervenciones quirúrgicas. Anunció que el próximo año habrá un incremento de 6 mil 462 plazas permanentes de personal médico.

Expuso que las condiciones del sistema de salud hicieron que los mexicanos fueran más vulnerables frente al nuevo coronavirus, por lo que urge un modelo de atención que sea más preventivo, comunitario y social.

Más de 55 mil pacientes con Covid-19 han sido atendidos por el ISSSTE

En su turno, Luis Antonio Ramírez Pineda informó que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ha atendido a más de 55 mil pacientes con Covid-19, con una ocupación promedio nacional de 63 por ciento en los momentos más críticos de la pandemia.

Todo ello, dijo el funcionario, se realizó sin descuidar otras tareas esenciales para el cuidado de la salud. Además, se garantizó la atención a pacientes oncológicos, sobre todo a los niños. De la mano de nuestros especialistas, agregó, se estableció una estrategia clínica para dar continuidad a su tratamiento.

“Lo mismo hicimos con menores con leucemia y otros tipos de cáncer; incluso, a pesar de la pandemia, el número de quimioterapias y radioterapias aumentó respecto al año anterior. Nuestra área de oncopediatría incrementó su capacidad en 130 por ciento y la de hematopediatría en 43 por ciento”, comentó.

Ramírez Pineda dio a conocer que desde enero el ISSSTE recibió indicaciones precisas del Presidente de la República para poner a disposición sus hospitales de segundo y tercer nivel, así como el 100 por ciento de las unidades médicas hospitalarias para atender a pacientes infectados con el nuevo coronavirus.

Así, agregó, se incrementaron las camas disponibles para atender a personas con Covid-19, de mil 618 a dos mil 581 y el número de ventiladores aumentó 150 por ciento.

El funcionario federal informó a senadoras y senadores que, como medida preventiva se instruyó que se mantuvieran en casa casi 35 mil trabajadores, el 43 por ciento del personal de salud del Instituto, quienes fueron considerados vulnerables por su edad o por tener algún padecimiento considerado de riesgo ante el virus.

De esta manera, sólo 23 mil 980 trabajadores, que representa el 30 por ciento, se mantuvieron activos en la atención de pacientes sin esta enfermedad y 21 mil 404, el 27 por ciento, se han dedicado a cuidar a los pacientes con Covid-19; a estos se sumaron cuatro mil 331 médicos y enfermeras que se contrataron con el apoyo del INSABI.

Luis Antonio Ramírez Pineda destacó que el ISSSTE mantiene abiertas sus 35 oficinas de representación en el país, para cumplir con su obligación de garantizar los servicios, seguros y prestaciones que les corresponden a los derechohabientes, actividades que contribuyen a la reactivación de la economía.

• Cuestionan senadoras y senadores a Robledo Aburto y Ramírez Pineda sobre acciones y resultados de contagios de Covid-19 en ambas instituciones.

Ciudad de México.- Senadoras y senadores de la República cuestionaron a los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda., sobre contagios de Covid-19 entre personal médico, medicamentos para niños con cáncer, abasto de medicinas, entre otros temas.

Los funcionarios comparecieron ante comisiones, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno. El encuentro estuvo encabezado por el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien señaló que el pasivo de varias enfermedades y maternidad en ambas instituciones rebasa los seis billones de pesos.

En tanto, agregó, el pasivo de las pensiones oscila sobre la misma cantidad. Advirtió que “estamos en la antesala de un conflicto social en salud sin precedentes, al haber creído que se abatían las enfermedades transmisibles y ahora la pandemia nos hecho ver cuán tan pequeños somos”

El legislador de Morena pidió reuniones de trabajo con los directores, con el objetivo de ir, de manera conjunta, a una serie de reformas para utilizar de mejor manera los recursos de las dos instituciones.

Por Morena, la senadora Martha Lucía Micher Camarena refirió que, ante la pandemia, ambos funcionarios han logrado éxito por su lealtad, principios y convicciones. Solicitó mayor información acerca de los Centros de Atención Rural Obstétrica, así como de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), ya que las adolescentes no atienden su salud también por el machismo persistente entre sus familias.

El senador Américo Villareal Anaya, de la misma fracción parlamentaria, reconoció las atenciones brindadas en las instituciones de salud pública para los pacientes de Covid- 19, así como el servicio continuo de los tratamientos de otras enfermedades.

La senadora Martha Márquez Alvarado, del PAN, pidió que mencionaran la cifra de medicamentos que han sido adquiridos, a partir de que el IMSS se adhirió al Convenio de Colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, Fondo Rotario Regional para Suministros Estratégicos para la Salud.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, se refirió a las reuniones de padres y madres con autoridades en materia de salud, ante el desabasto de medicamentos, el cual calificó de innegable; a la estrategia para garantizar medicamentos oncológicos infantiles y antirretrovirales para personas con VIH, y sobre el alto índice de mortalidad en el IMSS.

La senadora Patricia Mercado Castro, de MC, preguntó a los funcionarios dónde y cómo van en el avance de la homologación de servicios en esas instituciones del sector Salud con motivo de la pandemia por el Covid-19; ¿Cómo fortalecer a estas instituciones ante la falta de regulación del outsourcing? ¿Qué acciones están realizando para atender embarazos en niñas y adolescentes?

La senadora María Leonor Noyola Cervantes, del PVEM, agradeció al director general del IMSS el apoyo brindado a los ciudadanos de San Luis Potosí y de otras entidades, quienes en numerosos casos no habían recibido jamás ningún tipo de ayuda en materia de servicios de salud. Cuestionó al funcionario ¿qué ha hecho en el marco de la pandemia para no interrumpir la prestación de servicios en otros padecimientos? ¿Cuántas trabajadoras y trabajadores domésticos han sido afiliados al IMSS en el último año?

Del PES, la senadora Elvia Marcela Mora Arellano reconoció el trabajo que ambos funcionarios han desempeñado al frente de órganos de salud, y pidió que continuaran con su labor para que la seguridad social sea una realidad para las y los mexicanos.

El senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, señaló que con el Covid-19, se han duplicado las carencias del sistema de salud, además la atención brindada a la pandemia ha restado los tratamientos, por ello, pidió a los funcionarios que explicaran las estrategias para resolver el desabasto de medicamentos oncológicos, las cifras sobre la recuperación de los empleos formales, así como los lineamientos para que mejore la atención en las instituciones de salud pública del país.

En sus respuestas, el titular del IMSS, Zoé Robledo, informó que no todo el personal está atendiendo problemas de Covid, pues muchos han sido confinados. Indicó que la tasa de contagios entre personal que da positivo y los negativos es con un punto de diferencia, es decir, no es tan significante.

Denunció que hubo una actitud rapaz de empresas que escondieron o robaron equipos de protección contra el virus y los ofrecieron al mejor postor, a lo cual advirtió que es algo que se va a investiga

Respecto al desabasto de medicamentos oncológicos, aseguró que se trata de un problema estructural, para lo cual se han estado haciendo compras consolidadas y también se autorizan compras de esas medicinas a los derechohabientes y luego se les reembolsa el dinero.

Aclaró que es falso que durante todo el año no se hayan otorgado tratamientos oncológicos. Detalló que se han suministrado, en lo que va del año, cerca de 130 mil mezclas oncológicas.

Informó que se creó una plataforma única para el registro de pacientes con cáncer, niños y adolescentes, así como su registro en Internet en prevención de pérdidas de carnets. Se pronunció porque los casos más complicados sean atendidos en los estados y, los más difíciles, que sean trasladados a clínicas y hospitales de la Ciudad de México.

Robledo Aburto mencionó que, de marzo a junio, se perdieron en México 1 millón 117 mil empleos registrados ante el IMSS, julio fue un mes relativamente estable y, de agosto a octubre se recuperaron 407 mil empleos.

Indicó que las compras continúan centralizadas; sin embargo, han establecido esquemas como la compra consolidada, adquisiciones locales de insumos, a través de las representaciones, y el reembolso a los pacientes que adquieren acorde a la normatividad.

Por su parte, Luis Antonio Ramírez, del ISSSTE, comentó que se han aplicado 600 mil dosis de vacunas contra la influenza, y en caso de identificar desabasto se atenderá.

Agregó que se realizan brigadas de información relacionada con campañas de prevención en temas de salud sexual a menores. Adicionalmente, expuso que 75 por ciento de quienes fallecen por Covid, tienen una o más comorbilidades.

Ramírez Pineda señaló que la población de derechohabientes pensionados y jubilados va en aumento constante.

Aceptó que la homologación de servicios entre instituciones del sector es muy difícil, simplemente porque todos laboran con sistemas diferentes. Dijo que necesitan financiamiento con urgencia para la capacitación de médicos especialistas y enfermeras para atender a pacientes con cáncer, porque muchas veces esos servicios se tienen que subrogar a particulares.

Por ello, solicitó a las y los senadores presentes su ayuda para revisar y actualizar la Ley del ISSSTE, con el fin de evitar anomalías; hay recursos guardados que no se pueden invertir “y sólo sobrevivimos con el presupuesto federal, entre otros. Esto es con el fin de mejorar la calidad del servicio que presta el Instituto”, subrayó.

• Los afectados serán los que tengan una jefatura de departamento, unidad, directores generales, puestos de enlace, subsecretarios y secretarios de Estado.

Ciudad de México.- Mediante un decreto publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el presidente Andrés Manuel López Obrador dispone que el pago del aguinaldo a los trabajadores del Estado debe adelantarse al 9 de noviembre e incluye la decisión de recortar a la mitad el pago de esta prestación para los servidores públicos de niveles altos.

La medida afectará a los funcionarios que tengan nivel de enlace y de mando de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como al personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentra en funciones en territorio nacional.

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que es derecho de los servidores públicos recibir 40 días de salario por concepto de aguinaldo. Con el decreto publicado este día en el DOF, el pago se reducirá a 20 días.

La medida, expone el decreto, está en línea con las “medidas de austeridad y racionalidad en el gasto público de observancia en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el propósito de reorientar recursos para enfrentar la pandemia generada por el virus”.

El decreto informa también de la decisión del presidente de reintegrar a la Tesorería de la Federación el 100 por ciento del monto que reciba por concepto de aguinaldo y gratificación de fin de año, a fin de que se destine a la atención de la emergencia sanitaria.

--“He tomado la decisión de reintegrar a la Tesorería de la Federación el 100 por ciento del monto que reciba por concepto de aguinaldo y gratificación de fin de año en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, y que históricamente equivale a 40 días por esos conceptos, para que se destinen a dar atención a las necesidades derivadas de la emergencia generada por la Covid-19 en México”, explica. 

Las disposiciones sobre reducir el aguinaldo de 40 a 20 días de salario, aplicarán para todo el personal de nivel de mando en las dependencias y entidades con las que cuenta el gobierno de México, además del personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentre cumpliendo funciones en territorio nacional. 

Es decir, los afectados serán los que tengan una jefatura de departamento, unidad, directores generales, puestos de enlace, subsecretarios y secretarios de Estado.

Para el personal de confianza del gobierno de México, así como el Personal Militar Activo se agregó un nuevo criterio para pagar el aguinaldo, se trata de un “hasta”, con el cual se limita en el decreto que este año recibirán “hasta 40 días”, pero podría ser menos.

“El aguinaldo será de 20 días, sobre la base de cálculo de los sueldos y salarios autorizados, mismo que se incrementará hasta alcanzar un máximo de 40 días, sobre la misma base de cálculo, en los niveles que menor percepción tengan en el tabulador de sueldos y salarios”, se indica en el decreto presidencial.

El documento íntegro:

DECRETO que establece las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal de 2020.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 75 y 127 de la propia Constitución; 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción XLVI, 64 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 4, fracción V y 20 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, y 18 y 19 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, y

CONSIDERANDO

Que con motivo de la emergencia sanitaria derivada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y que ha repercutido en la situación económica en México, el Ejecutivo Federal a mi cargo ha establecido una serie de medidas de austeridad y racionalidad en el gasto público de observancia en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el propósito de reorientar recursos para enfrentar la pandemia generada por el virus;

Que sin dejar de observar el propósito antes referido, para el presente ejercicio fiscal el Ejecutivo Federal a mi cargo ha decidido otorgar un aguinaldo al personal operativo de confianza, enlace, mando, categorías y personas físicas que prestan sus servicios mediante contrato de honorarios a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con cargo a recursos del capítulo de servicios personales, así como a las personas que reciben haberes de retiro, pensión militar, pensión civil, pensión de gracia, y los deudos de dichas personas a quienes se les haya otorgado una pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o con cargo al erario federal;

Que el otorgamiento del aguinaldo debe ser congruente con los principios de austeridad republicana que se han establecido en la administración del Ejecutivo Federal a mi cargo, y

Que a fin de ser coincidente con las medidas de austeridad que he venido impulsando, he tomado la decisión de reintegrar a la Tesorería de la Federación el 100 por ciento del monto que reciba por concepto de aguinaldo y gratificación de fin de año en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, y que históricamente equivale a 40 días por esos conceptos, para que se destinen a dar atención a las necesidades derivadas de la emergencia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, he tenido a bien emitir el siguiente

DECRETO

Del objeto y ámbito de aplicación institucional

Artículo Primero.- El presente Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal de 2020, que efectúen los ejecutores de gasto siguientes:

I. Dependencias: las Secretarías de Estado, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Para los efectos del presente Decreto, quedan comprendidas en esta fracción la Oficina de la Presidencia de la República y los tribunales administrativos, y

II. Entidades: las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal.

Artículo Segundo.- Los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como los entes autónomos federales, en su caso, podrán tomar como base las disposiciones del presente Decreto para el pago del aguinaldo, sin perjuicio del ejercicio de su autonomía y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

De los principios para otorgar el aguinaldo

Artículo Tercero.- El otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal de 2020 se deberá regir bajo los principios de justicia y equidad, en los términos de los lineamientos específicos a que se refiere el artículo Décimo Segundo de este Decreto.

De los sujetos

Artículo Cuarto.- Son sujetos de las disposiciones del presente Decreto, conforme a los esquemas de remuneración, retribución, cuota de pensión o haber de retiro, los siguientes:

I.  Los servidores públicos de las Dependencias y Entidades, cuya relación jurídica de trabajo se regula por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, y

II. En forma extensiva, como un acto jurídico del Ejecutivo Federal, orientado en principios de justicia y equidad:

a) El personal operativo de confianza de las Dependencias y Entidades;

b) El personal de enlace y de mando de las Dependencias y Entidades, así como el personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentre cumpliendo funciones en territorio nacional;

c) El personal del Servicio Exterior Mexicano y asimilado a este, que se encuentre cumpliendo funciones en las representaciones de México en el extranjero;

d) El personal militar en activo;

e) Las personas físicas contratadas para prestar sus servicios profesionales bajo el régimen de honorarios con cargo a recursos del capítulo de Servicios Personales del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, que prestan sus servicios a las Dependencias y Entidades y al Servicio Exterior Mexicano;

f) Las personas que reciban haberes de retiro, pensión militar, pensión civil, pensión de gracia o los deudos de esas personas a quienes se les haya otorgado una pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o con cargo al erario federal, quienes recibirán la gratificación correspondiente a cada concepto al que tengan derecho. En este inciso se incluye a los veteranos de la Revolución que disfruten de una pensión con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de cuota adicional con cargo al erario federal, quienes recibirán la gratificación correspondiente por cada uno de esos conceptos al que tengan derecho, y

g) El personal de las demás categorías no previstas en los incisos anteriores, autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Del otorgamiento del aguinaldo

Artículo Quinto.- El otorgamiento del aguinaldo se realizará conforme a lo siguiente:

I. A los servidores públicos a que se refiere el artículo Cuarto, fracción I, de este Decreto, será equivalente a cuarenta días, sobre la base de cálculo y en los términos que se establezcan en los lineamientos específicos a que se refiere el artículo Décimo Segundo de este ordenamiento, y

II.A los sujetos que se mencionan en cada uno de los incisos, en los términos siguientes:

a) A los que se refiere el artículo Cuarto, fracción II, inciso b), de este Decreto, el aguinaldo será de veinte días, sobre la base de cálculo de los sueldos y salarios autorizados, mismo que se incrementará hasta alcanzar un máximo de cuarenta días, sobre la misma base de cálculo, en los niveles que menor percepción tengan en el tabulador de sueldos y salarios.

Para efectos de lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá, en los lineamientos específicos a que se refiere el artículo Décimo Segundo de este ordenamiento, los términos y el tabulador respectivo;

b) A los que se refiere el artículo Cuarto, fracción II, inciso c), de este Decreto, hasta cuarenta días de conformidad con las disposiciones contenidas en la normativa de sueldos que les corresponda;

c) A los que se refiere el artículo Cuarto, fracción II, incisos a) y d), de este Decreto, hasta cuarenta días, sobre la base de cálculo y en los términos que se establezcan en los lineamientos específicos a que se refiere el artículo Décimo Segundo de este ordenamiento;

d)A las personas físicas contratadas para prestar servicios profesionales bajo el régimen de honorarios en los términos del artículo Cuarto, fracción II, inciso e), de este Decreto, recibirán por concepto de aguinaldo el monto equivalente que corresponda al aguinaldo que se otorgue al personal con plaza presupuestaria que tenga el nivel equivalente, en los términos que se establezcan en los lineamientos específicos a que se refiere el artículo Décimo Segundo de este ordenamiento;

e) A los pensionistas a que se refiere el artículo Cuarto, fracción II, inciso f), de este Decreto, hasta cuarenta días de las cuotas que tengan asignadas. Si fueran varios los beneficiarios de una pensión, el monto de la gratificación se distribuirá proporcionalmente entre ellos, y

f) Para el personal a que se refiere el artículo Cuarto, fracción II, inciso g), de este Decreto, el aguinaldo se otorgará sobre la base y en los términos que se establezcan en los lineamientos específicos a que se refiere el artículo Décimo Segundo de este ordenamiento.

El pago del aguinaldo se realizará con cargo al presupuesto autorizado de las Dependencias y Entidades, en la forma y términos que se establezcan en los lineamientos específicos a que se refiere el artículo Décimo Segundo de este Decreto.

Artículo Sexto.- El aguinaldo a que se refiere el artículo Quinto de este Decreto se podrá cubrir a partir del 9 de noviembre de 2020, en los términos que establezcan los lineamientos específicos a que se refiere el artículo Décimo Segundo de este ordenamiento.

Del pago proporcional del aguinaldo

Artículo Séptimo.- Las Dependencias y Entidades estarán obligadas a entregar la parte proporcional del aguinaldo que corresponda, en los casos en que los sujetos a que se refiere el artículo Cuarto de este Decreto hubieren prestado sus servicios, durante el año de 2020, por un periodo menor a un año.

De quienes no tienen derecho al aguinaldo

Artículo Octavo.- No tendrán derecho al aguinaldo:

I. Las personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios especiales conforme al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, así como aquéllas a las que se cubran percepciones por cualquier concepto no previsto en el artículo Quinto de este Decreto o en los lineamientos específicos y normativa a que esos preceptos se refieren, y

II. El personal a que se refieren los convenios de coordinación técnica de enseñanza con las entidades federativas.

De la operación y base de cálculo

Artículo Noveno.- El monto del aguinaldo se determinará con base en las remuneraciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para obtener la cuota diaria del servidor público que cobre sus remuneraciones por mes, este se computará de treinta días.

Artículo Décimo.- El pago del aguinaldo deberá entregarse directamente a los interesados en la misma forma e igual conducto por el que se les cubren sus percepciones ordinarias. En el caso de los pensionistas, el monto correspondiente podrá cubrirse por medio de sus apoderados, conforme hayan venido cobrando la pensión correspondiente.

Las Dependencias y Entidades realizarán los cálculos para determinar el ingreso bruto aplicable, que permita efectuar las retenciones a que se refieren las disposiciones fiscales aplicables, para entregar el monto del aguinaldo en términos de lo que se establece en este Decreto y en los lineamientos específicos a que se refiere el artículo Décimo Segundo de este Decreto.

Artículo Décimo Primero.- La gratificación de los pensionistas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado deberá cubrirse con recursos del presupuesto autorizado de ese Instituto.

De las disposiciones administrativas

Artículo Décimo Segundo.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá lineamientos específicos que establezcan las disposiciones administrativas necesarias para la aplicación del presente Decreto.

Artículo Décimo Tercero.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para interpretar el presente Decreto para efectos administrativos, así como resolver los casos no previstos en el mismo.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2020.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez.- Rúbrica.

• Contribuirá a la atención de la crisis sanitaria y garantizar los recursos para atender las enfermedades que provocan gastos catastróficos.

Ciudad de México.- La Cámara de Senadores aprobó la minuta que permite que el Instituto de Salud para el Bienestar instruya a la institución fiduciaria del Fondo de Salud para el Bienestar a que, a más tardar el 1 de abril de 2021, concentre en la Tesorería de la Federación, Tesofe, la cantidad de hasta 33 mil millones de pesos del patrimonio de ese Fideicomiso.

El proyecto de decreto, enviado por la Cámara de Diputados, fue aprobado en lo general con 48 votos en favor y 32 en contra. Fue enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Establece que cuando el Fondo acumule recursos en un monto superior, “a dos veces la suma aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, como aportaciones al Fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar”, el remanente podrá destinarse a fortalecer acciones en materia de salud.

Lo anterior, especifica, a través del reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación o mediante el Fondo de Salud para el Bienestar.

Precisa que los recursos acumulados en el Fondo seguirán garantizando la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, de necesidades de infraestructura, el abasto y distribución de medicamentos y otros insumos, así como el acceso a exámenes clínicos.

En el dictamen se subraya que con esta modificación el derecho a la Salud no corre peligro, “al contrario, se fortalece, pues permitirá destinar los recursos excedentes del Fondo a fortalecer acciones en esta materia”.

Se señala que en el presupuesto histórico del Fondo cada año ingresan más recursos de lo que en realidad se gasta; además, únicamente los que son validados se utilizan para financiar los casos de enfermedades catastróficas, “por lo que en promedio se ingresa cada año el doble de lo que se necesita y se genera un recurso disponible ocioso”.

Dicha situación, se agrega, no resulta eficiente en estos momentos, dada la circunstancia de urgencia económica y sanitaria. Por ello, el monto disponible de este Fondo será de gran utilidad para seguir enfrentando la emergencia sanitaria.

"Lo anterior, reviste especial relevancia frente al contexto en el cual nos encontramos. En efecto, la pandemia que genera la enfermedad Covid-19, provocada por el nuevo coronavirus SARS-Cov-2, ha obligado a las distintas nacional que la padecen a concentrar sus esfuerzos en torno de los servicios de salud requeridos para contenerla y superarla”, indica el documento.

La esperanza de la vacuna sólo podrá cristalizarse si se cuenta con los recursos necesarios para su adquisición masiva en el momento en que sea accesible, para lo cual los países necesitan tener disponible una suma importante de recursos públicos, se puntualiza.

A nombre de las comisiones dictaminadoras, el senador Américo Villarreal aseguró que esta reforma busca contribuir a la atención de la gran crisis sanitaria y garantizar los recursos para atender las enfermedades que provocan gastos catastróficos, como el cáncer de adultos y niños.

Dijo que se pretende atender las necesidades de infraestructura y unidades hospitalarias, así como mantener el abasto y distribución de medicamentos e insumos. Enfatizó que no se suprime el Fondo de Salud para el Bienestar y tampoco se reducen los recursos presupuestales, que por ley se le deben destinar cada año.

En contra del dictamen, la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del PRI, señaló que la Auditoría Superior de la Federación, en su revisión de la cuenta pública 2019, encontró deficiencias en el Fideicomiso del Sistema de Protección Social, ahora el Fondo de Salud para el Bienestar, como 40 por ciento menos en autorizaciones de cirugías y no se tiene información que acredite a más de 50 mil beneficiarios, entre otros.

De Morena, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez manifestó que su Grupo Parlamentario y el Gobierno Federal no solaparán que se siga guardando el dinero para que otros lo gasten en necesidades personales. Eso se acabó y el dinero del pueblo es para el pueblo, el dinero para salud es para la salud de los mexicanos, afirmó.

 El senador Samuel García Sepúlveda calificó esta reforma como “una chicanada”, además de ilegal. Refirió que mil 900 niños con cáncer que murieron porque no se les garantizó su derecho a la salud y a la vida. El legislador de MC dijo que hay miles de menores que no tienen acceso a quimioterapias ni medicamentos.

A favor del dictamen, la senadora Antares Vázquez Alatorre, de Morena, aseguró que se está trabajando en favor de las y los mexicanos que han padecido la falta de medicamentos y de la atención de profesionales de la salud. Agregó que se ha invertido en la contratación de personal y en la reconversión de hospitales por la emergencia sanitaria, entre otras acciones por la salud de la ciudadanía.

En contra, la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del PAN, denunció que la corrupción hoy lleva un cheque en blanco por 33 mil millones a la bolsa del Presidente. Es un robo en despoblado a la salud de las y los mexicanos, ya que los recursos se destinarán a otros proyectos, advirtió.

Juan Manuel Fócil Pérez, de la Fracción Parlamentaria del PRD, dijo que la labor de las y los senadores será comprobar que los recursos se utilicen para lo que la mayoría legislativa ha pregonado, es decir, para la adquisición de medicamentos. Aseveró que su bancada está en contra de la forma en la que se conduce la administración actual, ya que no está siendo transparente con el manejo del presupuesto. 

A su vez, Manuel Añorve Baños, de la bancada del PRI, señaló que la desaparición de estos 33 mil millones de pesos es un ataque contra las personas que sufren enfermedades crónicas y no pueden pagar su tratamiento. “Si hoy modifican la Ley para dejar sin recursos a quien más lo necesita, no sólo estarían violando la confianza de quienes votaron por ustedes, sino que estarían condenando a la miseria y a la muerte a miles de mexicanas y mexicanos”, sentenció.

Por Morena, Miguel Ángel Navarro Quintero, expresó que el sistema de salud está resquebrajado porque en el pasado se le apostó más a la venta de activos que al fortalecimiento de la infraestructura nacional. Ahora “Están riñendo por 33 mil millones de pesos, pero el país necesita invertir en el sector ocho puntos de Producto Interno Bruto

Claudia Ruiz Massieu Salinas, senadora del PRI, consideró: “no nos debemos engañar, el verdadero objetivo de este dictamen no es dirigir de manera directa los fondos para que se atienden los problemas de salud, sino desmantelar el sistema y apropiarse de manera indebida de los recursos que estaban destinados a diversas enfermedades”.

El senador Martí Batres Guadarrama, de Morena, afirmó que el llamado “bloque de contención” sólo plantea datos y argumentos falsos, pues no es cierto que con las modificaciones que se plantean el Fondo de Salud se vaya a quedar sin recursos y cuando aseguran que los 33 mil millones de pesos serán para otras causas es una gran mentira: sí serán destinados a atender la salud de millones de mexicanos y lo único que defienden no es el gasto a la salud, sino que ese dinero siga guardado.

Posteriormente, senadoras y senadores del PAN, PRI, MC y PRD presentaron propuestas de modificación; fueron rechazadas por la mayoría del Pleno y los artículos reservados fueron ratificados en los términos del dictamen. La minuta fue aprobada en lo particular con 46 en pro y 25 en contra.

• Destacan senadores la relevancia de este instrumento para la salvaguarda de los asuntos ecológicos de la región.

Ciudad de México.- Por unanimidad, el Senado de la República aprobó el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, y sus declaraciones interpretativas, hecho en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.

El acuerdo, respaldado con 66 votos, fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Este instrumento tiene el objetivo de garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información y justicia ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación.

Además, busca contribuir a la protección del derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Incorpora directrices tendientes a que los Estados Parte impulsen y promuevan la transparencia, participación del público en la toma de decisiones y en cualquier acción u omisión que afecte el medio ambiente, o contravenga alguna norma jurídica relacionada a esta materia.

También establece el compromiso de cada parte de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

Para ello, pide la implementación de medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover los derechos, incluidos, la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación, entre otros.

El Acuerdo es resultado de una fase preparatoria de dos años y de nueve reuniones del Comité de Negociación, en las que México participó activamente compartiendo propuestas, experiencias y buenas prácticas, lo que se tradujo en la adopción de un acuerdo que robustece los marcos normativos de los países de la región y alienta el desarrollo sostenible con mayor bienestar, inclusión e igualdad.

El dictamen precisa que el Estado mexicano hizo declaraciones interpretativas de los conceptos “daño” y “daño significativo”, a fin de mantener la congruencia entre éstos y el marco jurídico nacional, en particular, con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como el equilibrio ecológico y protección al ambiente.

Al presentar el dictamen, la senadora Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, explicó que se trata de un acuerdo de última generación, pionero en la protección y salvaguarda de asuntos ambientales, desde una perspectiva de protección de los derechos humanos.

Consideró que el desafío es que las políticas del Estado mexicano se correspondan a los compromisos que se adquieren al ratificar este documento y garantizar el libre acceso a la información pública en materia ambiental.

La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del PT, recordó que México se ha convertido, con el paso de los años, en el país más peligroso para la actuación de los defensores de derechos humanos, especialmente en materia medioambiental. Condenó que, a la fecha, más de 80 defensores ambientalistas hayan sido asesinados, por lo que el Estado mexicano debe garantizar un entorno seguro para estos grupos de personas.

De Morena, el senador Héctor Vasconcelos señaló que el Acuerdo de Escazú representa una contribución importante a la búsqueda de soluciones para los problemas ambientales. El momento de los discursos ha pasado, ahora se impone proceder a las acciones, concluyó.

A su vez, el senador Raúl Bolaños- Cacho Cué, del PVEM, afirmó que el acuerdo abona a la cohesión de América Latina y El Caribe y ayuda a fortalecer las políticas públicas de avanzada en esta materia.

En tanto, la senadora Sasil de León Villard, del PES, dijo que el acuerdo permitirá activar toda la jurisdicción internacional contra cualquier acción que se considere que puede dañar el medio ambiente, sin comprometer la soberanía nacional.

Juan Manuel Zepeda Hernández, de MC, dijo que con este instrumento los defensores de derechos ambientales podrán llevar sus casos a tribunales internacionales y permitirá que las autoridades se comprometan con la protección ambiental. Agregó que México es uno de los países en que más se violenta a los defensores ambientales, principalmente en proyectos relacionados con el sector energético y minero.

Del PAN, la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros, agregó que el acuerdo también garantiza los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y el desarrollo sostenible, con especial atención a las personas y grupos más vulnerables. El Senado, dijo, tiene la oportunidad de establecer condiciones de una nueva forma de hacer efectiva la sustentabilidad, en la que se incluya a los pobres y marginados en el concierto del desarrollo integral sustentable y competitivo de México.

La senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, de Morena, afirmó que el Acuerdo de Escazú es un catalizador para vivir en un ambiente saludable y es el primero de su tipo en el mundo. Es un instrumento que fortalece las acciones de los gobiernos firmantes para atender y dar soluciones a los efectos del cambio climático; frenar las deforestaciones y degradación de los ecosistemas y para que asuman sus responsabilidades en la protección del medio ambiente.

• María Luisa Albores González subraya interés en mantener diálogo abierto con el legislativo para afrontar retos ambientales
• Informó de los avances en calidad del aire, gestión de residuos, agua potable y saneamiento, infraestructura hídrica, manejo forestal, cambio climático y procuración de justicia, entre otros temas. 

Ciudad de México.- Al comparecer ante la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, informó sobre los avances de la dependencia a dos meses de haber asumido el cargo.

La titular de la Semarnat aseguró que el Gobierno de México es un gobierno transparente que busca el bienestar con justicia social, por lo que emprendió ya acciones determinantes en materia ambiental para impedir la devastación de los recursos naturales de nuestro país, por lo cual detuvo el fracking, la siembra de maíz transgénico y los proyectos mineros. 

Se refirió también a la importación y uso del glifosato en nuestro país, tema en el cual Semarnat respalda el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de ir eliminando el uso de ese agroquímico de manera gradual a lo largo de los próximos cuatro años, buscando desarrollar tecnologías no perjudiciales para la salud y el medio ambiente, así como al esfuerzo conjunto con la Secretaría de Salud para analizar paquetes tecnológicos que ya han sido prohibidos en otros países.

La funcionaria federal señaló que al 20 de junio de este año se integraron 337 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) para tener un total de 13,394 en 13.7 millones de hectáreas, superficie que equivale al 19.2% del territorio nacional.  

En materia forestal, informó, Semarnat apoyó 104 proyectos para acciones de restauración en 5,540 hectáreas en 16 entidades federativas y 343 planes de productores forestales con programas de manejo maderable y estudios técnicos en una superficie cercana a 400 mil hectáreas. Asimismo, se asignaron recursos a 203 proyectos de plantaciones forestales comerciales en poco más de 8 mil hectáreas.  

En cuanto a la prevención y control de incendios forestales, entre enero y julio de 2020 se redujeron en 27 y 50% el número de siniestros y la superficie afectada, respectivamente, con relación al mismo periodo de 2019. Para fortalecer la sanidad forestal Semarnat respaldó acciones de tratamiento fitosanitario en 3,117 hectáreas.

Albores González se refirió a la publicación, en junio de este año, del Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, herramienta necesaria para el diseño de los programas especiales del sector. En particular, sobre los residuos generados por COVID-19, comentó, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos para su manejo y se firmaron convenios con las autoridades estatales y municipales con el fin de asesorar la instalación de los consejos de la Cartilla para Mejores Prácticas para la Prevención del COVID-19 en el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos.

Sobre el tema de la calidad del aire destacó que se cuenta con 37 programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) en las 32 entidades federativas. Y recientemente se firmaron convenios con Baja California Sur, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo y Zacatecas.

Además, para la Zona Metropolitana del Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis dio a conocer 14 medidas para mejorar la calidad del aire en esa región.

En materia de calidad del agua y drenaje, la secretaria de Medio Ambiente indicó que en diciembre de 2019 se alcanzó una cobertura de 65.7% en tratamiento de aguas residuales municipales y se construyeron y ampliaron 482 obras de agua potable y 180 de alcantarillado para dotar de agua potable a 165,211 habitantes y proporcionar el servicio de saneamiento a 100,601 habitantes.

Además, se invirtieron 315 millones de pesos en la rehabilitación y modernización de 12,710 hectáreas e incorporación al riego suplementario de 3,997 hectáreas, en coordinación con usuarios de 23 distritos de temporal tecnificado en nueve  estados. Referente a mantenimiento de infraestructura hídrica, precisó que las plantas potabilizadoras ascendieron a 1,256 unidades instaladas con una capacidad de 156.4 m3/s.

María Luisa Albores González aseguró que México continúa la lucha contra el cambio climático y se empeña en el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Informó que el pasado 1 octubre se publicaron en el DOF las bases preliminares del Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones, instrumento de mercado para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, y el 30 de junio de 2020 se instaló el comité consultivo del sistema. 

En materia de procuración de justicia sostuvo que el sector ambiental federal se mantiene firme en el combate a la tala ilegal a través de 66 comités de Vigilancia Ambiental Participativa, conformados por 831 vigilantes acreditados que realizan acciones en 47 municipios de 23 estados.

Dijo que a través de la Profepa se realizaron 1,315 inspecciones, 101 operativos y 581 recorridos de vigilancia. En el caso de la deforestación, comentó, se despliegan esfuerzos interinstitucionales, pero también con autoridades locales y municipales, incluso con el apoyo de la Guardia Nacional, pero sobre todo de la gente, ya que esta problemática requiere mucha labor de concientización.

Precisó, además, que mediante el Programa Nacional de Auditoría Ambiental se realizaron visitas de inspección y verificación a 1,530 unidades económicas y 1,740 visitas de inspección en materia industrial.

La funcionaria federal reafirmó que Semarnat continúa velando por la protección y conservación del medio ambiente en los proyectos prioritarios del Gobierno de México. En este sentido, recordó, en diciembre de 2019 se inauguró el Túnel Emisor Oriente en beneficio de 20 millones de habitantes de la Ciudad de México y los estados de México e Hidalgo; se concluyeron las presas Bicentenario Los Pilares, en Sonora, y El Chihuero y zona de riego, en Michoacán, que protegerá de inundaciones a sus habitantes.

Indicó que está en proceso el saneamiento de la presa Endhó y del Río Atoyac mediante convenios de coordinación interinstitucional y cooperación técnica. Además, se continúa con la instalación del Parque Ecológico Lago de Texcoco, en el Estado de México, y se avanza en la atención integral del tiradero Las Matas, en Veracruz.

En lo que se refiere al Tren Maya Fase 1, refirió que sigue su marcha la evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional, y para asegurar el cumplimiento normativo se cuenta con el apoyo del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua para proponer estrategias y mecanismos de mejora y desarrollo de sistemas de tratamiento del agua.

Asimismo, Semarnat, junto con Conanp, Semar y Profepa se coordinan para la construcción del proyecto Muros de Agua, en Islas Marías, con el que se contribuirá a la educación ambiental de potenciales actores de cambio ecológico.

La secretaria Albores González respondió a las inquietudes particulares de los integrantes de la Comisión, como las estrategias de trabajo tras el recorte presupuestal para dar continuidad a la protección de los recursos naturales, donde destaca el peso que tendrán las medidas para hacer frente al problema de COVID-19.

Asimismo, atendió preguntas sobre energías renovables, reducción de emisiones conforme al Acuerdo de París, protección de humedales, manejo de residuos sólidos peligrosos y pago por servicios ambientales, entre otros. 

La secretaria Albores González expresó su interés de mantener un diálogo abierto y permanente con el Legislativo a través de la Comisión de Medio Ambiente, a cuyos integrantes pidió trabajar en equipo para analizar y diseñar las estrategias necesarias para afrontar los retos ambientales del país.  

El presidente de la Comisión legislativa, Roberto Antonio Rubio Montejo, reconoció el esfuerzo por llevar a cabo esta comparecencia de manera virtual, en el marco de los desafíos que plantea la pandemia, y que ha extendido sus efectos a todos los campos, incluyendo el medio ambiente.

Reconoció la disposición tanto de los legisladores como de la secretaria Albores González para entablar este diálogo, así como su apertura para continuar profundizando en el análisis de los objetivos del gobierno de la 4T en materia ambiental.

• Por desgracia, prácticamente todos los crímenes contra periodistas están archivados o en una fase de indeterminación: Francisco Javier Acuña Llamas
• En el ejercicio de la libertad de expresión, persisten síntomas de represión, acoso, hostigamiento, amenazas, desprestigio e intimidaciones contra los periodistas y medios de comunicación en México y el mundo: Blanca Lilia Ibarra Cadena
• Reforzar la seguridad de las y los periodistas no es solamente un deber indispensable, sino un desafío de la democracia: Frédéric Vacheron
• Necesario fortalecer la libertad de expresión y la libertad de vida de los periodistas: Luis Javier Solana

Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo llaman a poner fin a la impunidad de crímenes contra las y los periodistas en el país, así como a implementar las medidas necesarias para garantizar su seguridad y el ejercicio de su labor con independencia y sin restricciones.

Durante la inauguración del foro digital “El periodismo de investigación y el derecho de acceso a la información pública”, convocado por estas instituciones para conmemorar el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, se advirtió que entre 2010 y 2019, la UNESCO registró 93 periodistas asesinados en México, con una taza de impunidad de 85 por ciento, pues solo 14 casos han sido resueltos.

Ante ello, el Comisionado Presidente de INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, se sumó al exhorto que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a los tres órdenes de Gobierno para garantizar con medidas cautelares efectivas la seguridad de quienes hacen un periodismo audaz, asertivo y peligroso, por el solo hecho de señalar los errores, los abusos, los excesos, las omisiones y la corrupción.

“En estos días de ofrenda, hay que ofrecer a todos los periodistas que han sido acallados, que han sucumbido ante los intereses que han tocado, que han provocado, por su valentía, ser perseguidos y ser segados, que los traigamos en la memoria y que no nos sintamos jamás tranquilos hasta que no se resuelvan esos cobardes crímenes, que, por desgracia prácticamente todos están archivados o en una fase de indeterminación, aún con sentencia, no se han ejecutado”, subrayó.

A su vez, la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena aseguró que “la libertad de expresión, por medio del ejercicio periodístico, constituye una piedra angular de las democracias, toda vez que coadyuva en la tutela de otros derechos fundamentales, en la preservación de las instituciones democráticas, así como en la promoción de la participación de la ciudadanía y la rendición de cuentas”.

“Sin embargo, a pesar de la relevancia del ejercicio efectivo de la libertad de expresión para que las democracias se revitalicen y fortalezcan, aún persisten síntomas de represión, acoso, hostigamiento, amenazas, desprestigio e intimidaciones contra los periodistas y medios de comunicación independientes, tanto en el mundo, como en nuestro país”, advirtió.

Con base en el Informe de la Directora General de la UNESCO sobre la Seguridad de los Periodistas y el Peligro de la Impunidad, Frédéric Vacheron, representante de la UNESCO en México, apuntó que, en 2019, el mayor número de ataques mortales se produjo en la región de América Latina y el Caribe, lo que representa el 40 por ciento del total de asesinatos registrados en todo el mundo.

Lo más preocupante, dijo, es que muchos periodistas están siendo asesinados fuera de situaciones de conflicto por investigar cuestiones como la corrupción, la trata de personas, los delitos políticos, violaciones a derechos humanos o problemas ambientales.

“Es imprescindible destacar el poder del periodismo de investigación y el acceso a la información para salvar vidas, estar mejor informados, denunciar abusos a los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente”, afirmó.

Rocío González Higuera, representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación, aseguró que el actual gobierno trabaja en la defensa de la libertad de expresión y de la labor periodística, además de consolidar mecanismos de rendición de cuentas para acercar los beneficios a las personas que los requieran sin necesidad de intermediarios, e impulsar la cooperación con las entidades federativas para inhibir las violencias en contra de periodistas.

“El análisis de la información pública permite identificar fallas y las áreas de oportunidad, pero no subsanarlas de manera inmediata; sin embargo, existe algo indudable y es que quienes se dedican al periodismo de investigación y quienes ponen su empeño en la búsqueda de evidencias que develan verdades, arriesgan el cuerpo y la propia vida porque lo que enuncian resulta incómodo y ponen en evidencia fallos terribles”, expresó.

Finalmente, Luis Javier Solana, fundador del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, refirió que el asesinato del periodista Manuel Buendía, cometido en 1984, en la esquina de Insurgentes y Reforma, a las 4:30 de la tarde es un emblema del problema grave que enfrentan los periodistas en el país, por lo que se pronunció por reforzar la libertad de expresión.

“Necesitamos fortalecer la libertad de expresión, no solamente en cuanto a su ejercicio, eso es lógico y elemental porque es un derecho establecido en la Constitución, sino que intentar que el gobierno de alguna manera se comprometa a que esa libertad de expresión y a que esa libertad de vida de los periodistas mexicanos sea considerada fundamental para que podamos seguir como sociedad adelante, trabajando en algo que es fundamental: el derecho a la información”, apuntó.

En este contexto, el INAI hizo un homenaje al periodista Luis Javier Solana para reconocer su labor y su contribución a la agenda de la transparencia y el acceso a la información en México. 

El Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña Llamas destacó que es uno de los principales forjadores del derecho de acceso a la información en el país.

La Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena sostuvo que es una las figuras más emblemáticas del periodismo y uno de los padres fundadores del movimiento democrático de la transparencia en México“No solo cuenta con una amplia trayectoria en medios de comunicación, también presidió la reunión de la UNESCO para la comunicación, donde participaron 50 países y fue representante de la mesa técnica del Grupo Oaxaca ante el Congreso de la Unión, para impulsar el derecho de acceso a la información en nuestro país”, agregó la Comisionada.

En el acto inaugural estuvieron presentes la Comisionada Josefina Román Vergara y el Comisionado Oscar Guerra Ford.

• Los fiscales tienen seis testimoniales y dos documentales con las que pretenden corroborar los hechos y sostener su acusación

Mérida, Yucatán.- El Tribunal Segundo de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de Yucatán Inició el Juicio oral número 42/2020 derivado de la carpeta administrativa 72/2020 a una persona acusada del delito de abuso sexual, por hechos ocurridos en marzo de 2020 en un fraccionamiento del poniente de esta ciudad.

En la audiencia, que se llevó a cabo hoy en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM), los representantes de la Fiscalía Estatal, al exponer sus alegatos de apertura, enunciaron que desahogarán diversas pruebas, entre ellas seis testimoniales y dos documentales con las que pretenden corroborar los hechos y sostener su acusación, las que se incorporarán al juicio de acuerdo con las reglas procesales.

En su oportunidad, la defensa del acusado expuso ante el Tribunal sus alegatos y señaló que hizo suyas todas las pruebas ofrecidas por la Fiscalía y adicionalmente desahogará una testimoniales y una documental, con las que pretende comprobar su teoría del caso.

Los Jueces que conforman el Tribunal Segundo de Enjuiciamiento, Sergio Javier Marfil Gómez, María del Socorro Tamayo Aranda y Verónica de Jesús Burgos Pérez, apreciarán dichas pruebas y testimonios a lo largo de la audiencia que inició el día de hoy y continuará en los próximos días, así como también escucharán los alegatos de la defensa con lo cual, luego de un análisis y valoración, podrán arribar a un fallo.

La acusación objeto del juicio se basa en los siguientes hechos:

"Que el día 10 de marzo de 2020, aproximadamente a las 19:40 horas, estando sobre la acera de la calle 31 de un fraccionamiento del poniente de esta ciudad, el hoy acusado ejecutó actos lascivos en contra de una persona".

Mérida, Yucatán.- En audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM) el Juez de Control, Luis Armando Mendoza Casanova, dictó auto de vinculación a proceso a una persona por la probabilidad de que cometió un hecho que la ley señala como delito de violación equiparada agravada y determinó que el imputado llevará su proceso en prisión como medida cautelar.

El Juez de Control expuso en la audiencia, realizada ayer, después de que los representantes de la Fiscalía Estatal formularan imputación, al detenido, que se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) para dictar el auto de vinculación, con lo cual se continuará el proceso.

Los hechos expuestos por los fiscales son los siguientes:

“Que el día 27 de octubre de 2020, aproximadamente a las 13:00 horas, el hoy imputado, estando en un domicilio de la colonia El Porvenir, llevó a la hoy víctima menor de edad a un cuarto y le impuso la cópula.”

El Juez de Control Mendoza Casanova accedió otorgar a los fiscales el plazo solicitado de cuatro meses para continuar con la investigación complementaria del caso. Cabe mencionar que el imputado mantiene la medida cautelar de prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso penal.

• Proyecta alcanzar la victoria en 2021 en doce ayuntamientos y dos diputaciones locales

Mérida, Yucatán.- Los 45 consejeros estatales del PRD aprobaron por unanimidad el Método Electivo para la selección de los candidatos a Diputados y Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021, la Política de Alianzas, Plataforma Electoral, los criterios que aseguren la Paridad de Género en la postulación de candidaturas y la inclusión de la acción afirmativa Indígena, así como los lineamientos para el uso de las videoconferencias en la celebración de las sesiones.

Durante el Primer Pleno Extraordinario del VII Consejo Estatal, que se realizó el miércoles 4 pasado, se pidió un minuto de silencio “por los compañeros caídos en esta gravísima pandemia, agradeciendo su lucha y compromiso con nuestro PRD hasta su último suspiro”.

--“Hoy más que nunca estamos convencidos de que tenemos un partido fuerte, que está comprometido con las causas sociales y que buscara alianzas electorales que representen la mejor opción para el pueblo yucateco, afirmó el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Luis Manzanero Villanueva.

Posteriormente expuso a los consejeros el panorama político que se está viviendo en la actualidad así como las expectativas para las elecciones del 2021 de acuerdo a los cálculos realizados obtendrían el 10% de la votación total, más doce ayuntamientos municipales, 2 diputaciones locales y 2 regidurías en Mérida.

Señaló que el instituto político que encabeza es un partido de puertas abiertas a la ciudadanía con el fin de renovarse y responder a causas más acordes a los intereses de la gente en forma responsable para representarla de acuerdo con la realidad.

Además, refrendaron su apego a los principios perredistas y su compromiso de lucha en favor de las demandas sociales.  

En el evento estuvieron presentes la alcaldesa de Xocchel, Leydi Castro Gamboa, el primer edil de Cansahcab, Francisco Javier Chale Ku, la Presidenta Municipal de Samahil, María Marbella Dzul Castillo, Teresa Borges Pasos Secretaria General del PRD, Erika Guadalupe Moreno Martínez, Eduardo Sobrino Sierra, y el Diputado Mario Alejandro Cuevas entre otros dirigentes del Sol Azteca entre otros líderes.

• Las calles están deterioradas en tramos significativos que presentan riesgos para transportistas y habitantes.
• Las vías de acceso al muelle de contenedores son fundamentales para la buena operación del recinto portuario.

Mérida, Yucatán.- La Asociación de Agentes Aduanales de Yucatán (AAAY) pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno garantizar el mantenimiento de las vías de acceso al puerto, realizar labores de inspección, mantenimiento y monitoreo de los ductos de Pemex para evitar el robo de combustible en la ciudad.

En conferencia de prensa, el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Yucatán (AAAY), Carlos Hiram Cervera Domani expuso la situación actual del puerto de Progreso, que además de los daños económicos que resiente el municipio, las tormentas tropicales Cristóbal, Gamma, Delta y Zata, dejaron afectaciones, particularmente en las vías de acceso al muelle de contenedores, que son fundamentales para la buena operación del recinto portuario y brindar un servicio seguro a los usuarios.

Por ello, indicó que debe haber una relación de colaboración y beneficio mutuo entre el puerto de altura y la comunidad, lo cual no es nuevo, pues hay antecedentes que en otros puertos de México, las Administraciones Portuarias Integrales apoyan a las ciudades en las que operan en casos de gran necesidad.

La petición de la Asociación de Agentes Aduanales, precisó, es replicar la relación de colaboración Puerto – Ciudad en Progreso, Yucatán.

También consideró preocupante las condiciones de inseguridad en que se encuentran los ductos de combustible de PEMEX que atraviesan la ciudad de Progreso por la Calle 84, que han sido en varias ocasiones perforados y que representan un serio peligro la ciudadanía, y que podría provocar una tragedia en Progreso.

Ante esta situación que vulnera la seguridad del ducto combustible, y podría provocar una tragedia en Progreso, Carlos Hiram Cervera pidió a las autoridades municipales, estatales y federales para que en la medida de sus atribuciones exijan a PEMEX que realice labores de inspección, mantenimiento y monitoreo necesarias para evitar que se continúe con esa actividad en plena ciudad.

Planteó la necesidad de contar con un programa de verificación de los predios aledaños por parte de las autoridades municipales, a fin de vigilar que no sean utilizados para tomas clandestinas de hidrocarburos, pues creemos que esta medida sería conveniente, para la seguridad de todos los vecinos.

Respecto al movimiento de carga en el muelle fiscal, precisó que de enero a septiembre de este 2020, el número de contenedores manejados en el muelle de Progreso disminuyeron en casi 10 por ciento respecto al mismo período del año pasado, al pasar de 38 mil 314 a 34 mil 643 cajas, mientras que las toneladas de carga marítimas bajaron en 48 por ciento, de 567 mil toneladas a 300 mil toneladas totales, con afectación principalmente en hidrocarburos, y graneles agrícolas.  

Carlos Hiram Cervera Domani explicó que esta disminución en el Comercio Exterior de Yucatán es la afectación de la crisis sanitaria y económica que se vive desde marzo a la fecha. 

En compañía del Secretario de la Asociación, Juan José López Castro indicó que los sectores referentes al transporte y servicios portuarios, así como los Agentes Aduanales durante el periodo de confinamiento se mantuvieron laborando sin interrupción, con mucha responsabilidad, y atendiendo las necesidades sanitarias para cuidar la salud del personal, por estar considerados entre los giros esenciales, ya que son importantes para el abasto y la recaudación de impuestos para el país.

Sin embargo, se tuvo una baja en el manejo de contenedores, como resultado de la baja en el consumo de muchos productos que ocasionó el confinamiento decretado por las autoridades en México y otras partes del mundo, subrayó.