• Se solicita el compromiso del Gobierno y Congreso de la Ciudad de México, para reorientar el presupuesto en apoyo de las empresas y los empleos formales en la Capital

Ciudad de México.- Luego del nuevo cierre de actividades económicas catalogadas por la autoridad local como “no esenciales” y cuyo impacto se prevé en la pérdida de 10 mil establecimientos mercantiles, COPARMEX demanda al Gobierno de la Ciudad de México, así como al Congreso de la Capital, aceptar la responsabilidad ineludible que tienen por encontrar alternativas que permitan reorientar una parte del gasto público y brindar apoyo a las empresas y a los trabajadores formales y así, ayudar a enfrentar la incertidumbre que podría provocar la pérdida de empleos y el cierre de negocios en niveles sin precedentes durante el primer trimestre del 2021.

Por tanto, apremiamos al Gobierno que encabeza la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y al Congreso de la Ciudad, a que de forma extraordinaria aprueben un paquete económico de emergencia para la salvación del empleo por un monto de cuando menos 3 mil 200 millones de pesos para que, de manera solidaria y transitoria, se aminore el impacto económico brutal provocado por el nuevo semáforo rojo y el consecuente cierre de actividades económicas.

Armando Zúñiga Salinas, presidente de COPARMEX CDMX, explicó que dicho apoyo deberá estar dividido en dos programas esenciales.

1) La creación de un programa de paros técnicos por emergencia COVID-19, a fin de que los trabajadores de las empresas que se comprometan a mantener los empleos, puedan recibir de parte del Gobierno de la Ciudad un salario mínimo equivalente, cuyo costo tendría un impacto presupuestal de 2 mil 553 millones de pesos.

2) La exención temporal para los siguientes seis meses del impuesto sobre nómina para los nuevos empleos que se generen hasta el restablecimiento de los 198 mil 401 empleos perdidos a consecuencia de la pandemia. Esta medida tendría un impacto de 728 millones de pesos en la recaudación de la Ciudad.

El nuevo cierre de actividades no esenciales, hace más evidente que nunca, la importancia de que el Gobierno de la Ciudad de México ofrezca apoyos directos para salvaguardar a las empresas y, sobre todo, a las familias que dependen de los empleos formales en la Capital.

Y así como el Gobierno de la Ciudad ha declarado actividades económicas no esenciales, le pedimos haga una declaratoria exactamente igual para identificar a diversos programas contemplados en su administración como NO ESENCIALES y de los cuales se podría hacer una reasignación presupuestal por más de 3 mil millones de pesos.

Por ejemplo, en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el año 2021 se puede realizar un esfuerzo de reducción en un ajuste de gasto de servicios personales de 980 millones de pesos (equivale al 1% al aprobado), así como una reducción de 490 millones de pesos en los materiales y suministros (equivalente 3.6% del aprobado).

Por otro lado, se solicita revisar y reorientar el presupuesto de los siguientes programas aprobados, para destinarlo al apoyo a los empleos formales:

o 398 millones de pesos de Promoción y Difusión de Acciones de Gobierno.

o 383 millones de pesos de Programa Pilares.

o 210 millones de pesos de Ciber-Escuelas Pilares.

o 180 millones de pesos, Ponte Pila Deporte Comunitario.

o 162 millones de pesos de Promotores Culturales.

o 148 millones de pesos organizaciones de Eventos Cívicos.

o 106 millones de pesos de Beca Pilares.

En COPARMEX CDMX creemos que el Gobierno Federal y Local deben abrir los ojos ante esta realidad y procesar por lo menos estos apoyos por el bien de la actividad económica de la Ciudad, que en la salud y lo económico se encuentra en estado de emergencia.

COPARMEX CDMX seguirá procurando salvaguardar la salud de los capitalinos, al mismo tiempo que continuaremos proponiendo diversas acciones para provocar la ayuda mutua entre empresarios e intentar mantener la actividad económica de la Ciudad, concluye el comunicado.

• Decisión del Presidente de la República contribuye a debilitar a las instituciones civiles, asevera la coordinadora de la bancada del PRD
• Expone además a las Fuerzas Armadas a un desgaste innecesario frente a la multitud de tareas que ahora desarrollan

Ciudad de México.- La decisión del Presidente de la República de asignar a las Fuerzas Armadas la administración y ganancias de tres tramos de la ruta del Tren Maya y de los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque y “Felipe Ángeles”, profundizará aún más la militarización del país, advirtió la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña.

“Tanto las labores de seguridad pública como las de construcción y otras que les han sido asignadas, desvían a las instituciones castrenses de su objetivo primordial, que es la seguridad de la nación”, alertó en un comunicado.

Asimismo, “expone a las Fuerzas Armadas a un desgaste innecesario de frente a la multitud de tareas que ahora se encuentran desarrollando”.

La diputada señaló que “el presidente se desentiende de las obligaciones que tiene con las y los retirados del servicio activo al determinar que con estos recursos se pagarán las pensiones y jubilaciones.”

“Esto implica que el retiro digno de quienes han dado su vida por la patria dependerá del éxito de un proyecto cuestionable y personalísimo del Ejecutivo Federal. Lo que constituye, sin duda, una violación a los derechos laborales y contractuales de quienes integran las Fuerzas Armadas”.

En el marco de su segundo informe de actividades legislativas, Juárez Piña externó su preocupación por la inusitada militarización de la vida pública.

Precisó que el presidente de la República ha confiado a las fuerzas castrenses más de 13 funciones adicionales de las que ya venían desempeñando en materia de seguridad pública, como la distribución de recursos de los programas sociales, construcción del aeropuerto de Santa Lucía, vigilancia de las aduanas y el control de los puertos, entre otras.

"Y ahora la distribución de las vacunas y la administración de parte del Tren Maya y los aeropuertos de tres de los destinos turísticos más importantes del país”.

“Esta determinación únicamente contribuye a debilitar a las instituciones civiles, debido a los recortes presupuestales y no genera certidumbre respecto a la operación de los recursos”, concluyó la diputada federal por Jalisco.

• Se impulsan reformas a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, así como en la construcción de los cimientos para la seguridad social de la comunidad artística, afirma el diputado Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura
• Dicho trabajo conjunto es con el firme propósito de emprender un importante camino para el fortalecimiento de la cultura en el país

Ciudad de México.- El diputado Sergio Mayer Bretón (Morena), presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, informó que trabaja con colectivos culturales del país para establecer el estatuto de artistas, impulsar reformas a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales y construir los cimientos para la seguridad social de la comunidad artística.

“Hoy damos a conocer la colaboración y trabajo para el fortalecimiento de la cultura en México, a la cual están convocados todos los colectivos que quieran sumarse” a este propósito, indicó en videoconferencia con representantes de colectivos culturales.

Mayer Bretón sostuvo que dicho trabajo conjunto es con el firme propósito de emprender un importante camino para el fortalecimiento de la cultura en el país.

“En la comisión hemos procurado el diálogo abierto, respetuoso y constructivo, con el objetivo de organizar una sólida ruta de desarrollo (para) tomar en cuenta el punto de vista de los colectivos previo a las decisiones, para formular el marco jurídico que apuntale el sector cultural el próximo año”.

El diputado federal comentó que 2020 ha sido un periodo de grandes retos, “no solamente por los efectos negativos de la pandemia que aún amenaza la salud de millones de mexicanos, sino por diversas decisiones en materia de política pública que se han tomado a nivel nacional, en el contexto de la crisis económica y los cambios en la organización gubernamental”.

La disminución del presupuesto ha agravado la situación de precarización en el sector cultural y las condiciones de la comunidad artística y cultural, acarreando como consecuencia grandes desafíos para garantizar y dar certidumbre a la protección, cumplimiento y ejercicio de los derechos a la cultura de las y los mexicanos.

Ignacio Trujillo, de Introducción al trabajo de colectivos #NVDA, mencionó que es un momento crucial para la cultura en México, no sólo por las condiciones sanitarias, sino “porque vivimos un momento histórico en el sector cultural y artístico. Somos un grupo de colectivos que estamos aquí para construir y para diseñar política pública, para crear espacios y abrir un camino de colaboración hacia el estatuto del artista”.

Lucero Aburto, de Observatorio Cultural para la Niñez Mexicana, comentó que esta organización ha sido testigo del deterioro que ha sufrido el sector dedicado al trabajo cultural con los más pequeños, por ejemplo, el programa “Alas y Raíces para los niños”, que ha sufrido recortes desde el 2002, de manera constante. “Es sintomático que el lugar que se le da al arte y a la cultura para niños y jóvenes no sea prioritario en las últimas décadas, pero estamos aquí, trabajando de manera ardua para revertir esos efectos en estos tiempos tan complejos”.

Magdiel Montalvo, de la Asociación de Artesanos Productores y Promotores Indígenas de los Pueblos Originarios y Migrantes, señaló que como asociación civil “creemos en el trabajo en equipo, que juntos podemos hacer mucho más por un desarrollo integral trabajando más, en vinculación con las instituciones, las organizaciones sociales y las dependencias de gobierno, es por ello necesario incluir a todas las voces en el estatuto de artistas”.

La asociación tiene constituida una red de artesanos, productores y migrantes, los cuales constituyen una red de 700 personas, denominada “Manos Creativas. En nuestro país hay una crisis de derechos humanos, que afectan los derechos culturales. Difundir el patrimonio de las comunidades, expresiones culturales, artesanales e indígenas es de vital importancia, es defender nuestro patrimonio y nuestra identidad como mexicanos”, expresó.

Arturo Alvar, de la asociación “Clavería 22” mencionó que como parte de la agenda por la mejora de las condiciones laborales del sector cultural, están los espacios culturales independientes; “en el diagnóstico que hemos realizado nos arrojó que la mayoría de los puestos de trabajo generan el 80% de la oferta de empleo de agentes culturales, artistas, promotores y gestores”.

Buscamos impulsar un encuentro nacional de espacios independientes para discutir sus condiciones y generar políticas públicas, afines a las necesidades de la comunidad. “Debemos ser reconocidos en esta diversidad e incorporados con una política cultural acorde a nuestras necesidades”, insistió.

Carolina Vidal, de Ópera Unida, expuso que existe la percepción social de que hacer arte y cultura no es un trabajo, “este es un trabajo de verdad que trae aprendizaje y consuelo, no solo a quienes lo hacen sino a quienes toca, entonces de ahí la urgencia de un estatuto del artista y de legislar en la materia”.

Abril Reza, de #NoVivimosDelAplauso, consideró necesario que el Estado reconozca el valor de los trabajadores del arte y cultura, ya que “toda la cadena de valor alrededor de los que trabajan en dichos sectores se ha invisibilizado”.

• En una iniciativa, diputadas y diputados del PVEM destacan que es una actividad importante para impulsar el respeto ecológico
• El 78 por ciento de la población no conoce o no posee interés alguno por cuidar el ecosistema

Ciudad de México.- La diputada Lilia Villafuerte Zavala, del PVEM, presentó una iniciativa para que los estudiantes puedan contar con la opción de realizar su servicio social en actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente, ya que esta medida en la actualidad se vuelve necesaria y coadyuvará a que nuestro país avance con el cumplimiento de los compromisos de la agenda 2030.

La propuesta que reforma los artículos 53 y 55 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, y adiciona un artículo 137 Bis a la Ley General de Educación, firmada por las y los integrantes del grupo parlamentario del PVEM, se turnó a la Comisión de Educación. 

El propósito es impulsar a las y los estudiantes y egresados de educación superior que realizan el servicio social, a promover la reducción y manejo de forma integral de los residuos; reforestar y recuperar áreas naturales aledañas a los centros urbanos, parques o espacios públicos, además de ahorrar el agua y energía.

Asimismo, para que desde el servicio social, se fomente el consumo de alimentos locales y se realicen talleres didácticos en educación ambiental impartidos en centros educativos de nivel básico o comunidades rurales.

Con ello, se propiciaría “el conocimiento y la comprensión de la importancia que posee el medio ambiente para la existencia humana, en una sociedad donde el 78 por ciento de la población no conoce o no posee interés alguno en este tema”, subraya la iniciativa.

​Establece que el servicio social o sus equivalentes es considerado un trabajo de carácter temporal que ejecutan y prestan las y los estudiantes de las profesiones en interés de la sociedad y el Estado.

Los objetivos a los que deberá estar orientada dicha actividad es a promover y fomentar, de manera enunciativa más no limitativa, la formación académica y capacitación profesional de quienes realicen el servicio social.

Asimismo, “a la formación de pensamiento crítico, al fortalecimiento del tejido social, al combate de las causas de discriminación y violencia, especialmente la que se ejerce contra las mujeres; el respeto de los derechos humanos, la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad, en un marco de inclusión social”, precisa el documento.

​La iniciativa refiere que el Reglamento para la prestación del servicio social de los estudiantes de las instituciones de educación superior en la República Mexicana establecerá las condiciones bajo las cuales deberá atenderse el objeto de esta ley, así como de los mecanismos adecuados de su aplicación.

Respecto al artículo 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º constitucional, propone que los planes de preparación profesional, según la naturaleza de la materia, deberán incluir “un enfoque de desarrollo sostenible”. 

Será un requisito previo para otorgar el título, que presten servicio social durante el tiempo no menor de seis meses ni mayor de dos años.

​La ley diseñada para regular el servicio social debe brindar a todas las instituciones de educación superior, así como a los diferentes organismos del Estado en el que pueda otorgarse, las reglas de operación para que “en sus programas de servicio social incluyan como alternativa prioritaria emprender actividades encaminadas a contribuir en el mejoramiento de las condiciones ambientales de su entorno cercano o de las zonas rurales de su entidad federativa”, puntualiza.

• Las diputadas Patrón Laviada y Sobrado Rodríguez, del PAN, presentaron iniciativa de reformas a la Ley General de Educación
• El feminicidio alcanzó niveles alarmantes; en 25 años han ocurrido 35 mil defunciones de mujeres, señalan

Ciudad de México.- Las diputadas Cecilia Anunciación Patrón Laviada y Verónica María Sobrado Rodríguez (PAN) impulsan reformas a la Ley General de Educación, a fin de que los planes y programas de estudio contribuyan a erradicar conductas que promuevan la violencia e impidan la igualdad, además de crear mecanismos que fomenten nuevas masculinidades.

A través de una iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria, que plantea modificar los artículos 29 y 30 de la citada Ley, resaltaron que “el feminicidio ha alcanzado proporciones alarmantes en el país, pues se estima que en los últimos 25 años han ocurrido más de 35 mil defunciones de mujeres con la presunción de circunstancias de un homicidio doloso, por cuestiones de género”.

Estimaron que las estrategias para erradicarlo deben iniciar desde las aulas escolares, por lo que es imperante crear planes de estudios adecuados para niños y jóvenes “que permitan crear una cultura que no frene el trabajo de la igualdad sustantiva, consagrada en el artículo 4º de nuestra Constitución y diversos tratados internacionales”.

Subrayaron que las costumbres y los estereotipos de la masculinidad han ocasionado diversas laceraciones y acciones contra las mujeres; en general, abonan a la discriminación contra la integridad de la mujer y la sociedad.

La masculinidad se asocia con la violencia, el dominio y la fuerza; se tiene la idea de que los hombres son los que proveen a la mujer y por ello, en ocasiones, desde niños se les enseña que deben actuar de acuerdo con estereotipos, indicaron.

Reconocieron que “no podremos proteger la vida y la integridad de las mujeres, de las niñas y los niños sin impulsar cambios en una cultura de género que nos revela al machismo como una patología social”.

Por ello, agregaron, es imperante impulsar la construcción de nuevas masculinidades, en armonía con el parámetro constitucional de derechos humanos y la escuela contribuye de manera determinante en ello.

Consideraron primordial que las acciones de erradicación de la violencia contra las mujeres se trabajen desde un cambio cultural, con la implementación de las nuevas masculinidades en el ámbito educativo.

Explicaron que las nuevas masculinidades proponen replantear la idea de masculinidad y dejar atrás roles de género adquiridos bajo la cultura y perpetuados en la historia, que resultan dañinos.

Uno de los aspectos más importantes es acabar con la violencia de género y con las actitudes que llevan a ésta, rompiendo con el rol de hombre violento, agregaron.

Con las nuevas masculinidades se busca promover un trato igualitario entre hombres y mujeres, reiteraron las diputadas en su iniciativa, turnada a la Comisión de Educación, para dictamen y a la de Igualdad de Género, para opinión.

• Productividad legislativa sin precedente: se aprobó el mayor número de iniciativas presentadas por el PRI en comparación con otros periodos.

Ciudad de México.- En este último periodo ordinario de sesiones, las y los Diputados del PRI logramos la aprobación de más de 25 leyes y reformas que integran nuestra experiencia, propuestas y vocación de servicio público en beneficio de las familias mexicanas.

Esto representa una productividad legislativa sin precedentes en comparación con los últimos dos periodos ordinarios, en los cuales se aprobaron entre nueve y 16 iniciativas de reforma respectivamente presentadas por nuestros legisladores. 

Como nos comprometimos en nuestra Agenda Legislativa, enfocamos nuestro trabajo parlamentario en las causas y demandas más sentidas de las familias mexicanas en materia de seguridad, justicia, violencia contra las mujeres, grupos vulnerables, medio ambiente y fortalecimiento de las instituciones, en medio de una histórica crisis de salud y económica.

Con esa visión, logramos la aprobación de una reforma para enfrentar el segundo delito más recurrente del país y de alto impacto entre la ciudadanía: la extorsión.

Impulsamos reformas para mejorar la protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos.

Reformamos el Código Penal Federal para enfrentar la deuda histórica en contra de la normalización de los discursos y actos de odio racial.

La paridad llegó para quedarse, se aprobó nuestra propuesta de mayor participación y competencia entre hombres y mujeres en candidaturas ejidales.

Ajustamos las sanciones contra los servidores públicos que realizan actos de acoso y hostigamiento sexual.

Las y los mexicanos que deseen casarse ahora podrán realizarlo sin importar su género, preferencia u orientación sexual.

En defensa de niñas, niños y adolescentes, legislamos para que las instituciones de justicia los traten con proporcionalidad, respeto y dignidad como víctimas o testigos en un proceso penal.

Facilitamos el retorno seguro, digno y ordenado al territorio nacional y la reintegración de los emigrantes mexicanos mediante programas interinstitucionales.

Aportamos nuestra experiencia para la profesionalización del trabajo parlamentario, colaborando en la creación de nuevos institutos de investigación, en especial el de Hacienda Pública.

Logramos la aprobación de una reforma para disminuir paulatinamente el uso del plástico, lo que representa un paso muy importante para proteger y evitar la contaminación del planeta. Hoy más que nunca menos plástico, más planeta.

El cambio climático es una realidad; por ello propusimos que la Federación tenga la atribución de emitir los criterios para la elaboración del Atlas de Riesgo de las entidades federativas, considerando la información actualizada sobre la vulnerabilidad de nuestro territorio ante los efectos del cambio climático.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos que la división entre ciudadanos y partidos políticos nos hace vulnerables como nación, por eso seguiremos concentrando nuestra actividad legislativa en la construcción de consensos, pues es el mejor camino para fortalecer a México.

Finalmente, hacemos votos para que el próximo año la Cámara de Diputados no se convierta en una herramienta para la competencia electoral entre fuerzas políticas, alejándose de la solución a los verdaderos problemas de las familias mexicanas en esta crisis por el COVID-19. México merece más.

• Esta implementación, adoptada en 17 estados, permite ahorrar papel y dinero y, lo más importante, hacer transparente el procedimiento de toma de decisiones de los órganos garantes, indicó el Comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, durante la presentación de ambos sistemas en el ITEI- Jalisco
• Se contribuirá al ahorro de recursos humanos, materiales y financieros. Con este sistema no se expone a los notificadores ni a los ciudadanos, señaló la Comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas

Ciudad de México.- Con el objetivo de agilizar y optimizar la presentación, sustanciación y resolución de los recursos de revisión presentados por la ciudadanía para ejercer sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) implementó el Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados (SICOM) y el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Oscar Guerra Ford, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dijo que la Ley General de Transparencia estableció la creación de una Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) que facilitara y homologara el derecho de acceso a la información y que estaría conformada por 4 sistemas: el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI); el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT); el SIGEMI y el SICOM.

El Comisionado explicó que el SIGEMI permite que la gente se pueda quejar o meter un recurso de revisión ante el órgano garante competente, cuando la información que le entregaron en su solicitud no cumple con las características. En tanto que el SICOM es una herramienta de comunicación entre los órganos garantes y los sujetos durante la recepción, sustanciación, resolución y cumplimiento de los recursos de revisión.

“Todo se hace de manera electrónica, lo que permite ahorrar papel, ahorrar dinero y, lo más importante, hacer transparente el procedimiento de toma de decisiones de los órganos garantes”, manifestó al señalar que este proceso electrónico permitirá también que, cuando el recurso haya causado estado, cualquier ciudadano pueda conocer toda la documentación y los argumentos y fundamentos que llevaron a la resolución.

Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del INAI, detalló que el SICOM es un sistema que permite seguir un recurso de revisión desde que ingresa y durante todas las etapas, es consultado por los órganos garantes; en tanto que el SIGEMI es consultado por los ciudadanos. “Es una dupla, un binomio”, de gran utilidad, sostuvo.

La Comisionada recordó que en Zacatecas se puso en marcha en 2017 y “hoy, con la pandemia que nos aqueja, fue algo muy bueno porque los ciudadanos ya no se tienen que trasladar, porque, ojo, este sistema permite ingresarlo en cualquier medio que se presente, de manera presencial, a través de correo electrónico, por Infomex o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia”.

“Está comprobado el ahorro de recursos humanos, materiales y financieros. Con este sistema no se expone a los notificadores, no se gasta en sus salidas y, sobre todos, los cuidamos y cuidamos a la gente por la pandemia”, puntualizó la Comisionada al felicitar al estado de Jalisco, por ser la entidad número 17 que implementa estos sistemas.

La Comisionada del Río Venegas sostuvo que la PNT ha sido una herramienta donde se han podido visualizar presuntos actos de corrupción, así como información pública necesaria; es una herramienta útil para la sociedad, dijo, al reiterar el apoyo del INAI hacia los estados.

Julio César Bonilla Gutiérrez, Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y Comisionado Presidente del INFO CDMX, enfatizó que “estos sistemas constituyen herramientas fundamentales para la efectiva comunicación interinstitucional y dotan de certeza a la tramitación oportuna de la resolución de procedimientos que contempla la legislación general y las locales, en materia de transparencia, en beneficio de las personas”.

Cynthia Cantero Pacheco, Comisionada Presidenta del ITEI, celebró que en Jalisco se complete la operación de los módulos que comprende la PNT (SISAI, SIPOT, SIGEMI y SICOM) y que se concrete el proceso institucional del órgano que preside y que se ha venido trabajando con el apoyo del INAI.

“La implementación del SIGEMI permitirá que los particulares puedan interponer los recursos a las solicitudes de acceso a la información o protección de datos personales y darle seguimiento puntual, además de agilizar los procesos de turnado al interior del ITEI al igual que los procesos de notificación. En tanto que el SICOM genera un canal de comunicación a nivel nacional, a través del cual se podrá gestionar el registro, turnado, sustanciación y seguimiento de las resoluciones, y cumplimiento de los recursos de revisión, de manera más expedita y sencilla”, expuso.

En el evento estuvieron presentes Pedro Antonio Rosas Hernández y Salvador Romero Espinosa, Comisionados del ITEI; y Bernardo Sierra Gómez, Coordinador de la Región Norte del SNT y Comisionado Presidente de la COTAI.

• Ya necesita menos oxígeno asistido. Está en las mejores manos, dice su hija

México.- María Elena, una de las hijas mayores de Armando Manzanero, quien permanece hospitalizado desde el pasado jueves tras dar positivo a COVID-19, precisó que su padre no está intubado  y afirmó que ha evolucionado de forma tan positiva al tratamiento que cada vez requiere menos oxígeno asistido.

“Sus pulmones se recuperan, ya tiene menor cantidad de oxígeno asistido”. "Siguen bajando sus marcadores de inflamación y está respondiendo al tratamiento. Está en las mejores manos", dijo.  

Señaló que el domingo su padre tuvo una leve complicación al respirar pero los médicos lo movieron de posición y comenzó a respirar mejor.

"Empezó a tener un poco de dificultad para respirar y volvieron a ponerlo de lado, así que ahorita está de lado. También le están dando un poquito de ayuda para que esté tranquilo porque él es un hombre muy activo y estar allá no le es fácil", 

Sobre las versiones que la citan como fuente de que su padre fue intubado, expuso que las declaraciones fueron sacadas de contexto. Expuso0 que aunque está estable, este martes volvió a tener problemas para respirar.

"Hoy nos dicen que tuvieron que volver a poner de lado. Debemos tener confianza de que los médicos hacen lo que deben para que él se cure. Es un hombre fuerte, un luchador. Nos prometió que va a guerrear con esto", comentó.  

Por tanto, desmintió que se encuentre delicado de salud y que haya preparado su testamento así como indicado a sus hijos cuál es su última voluntad. Lo que no es mentira es que temía ser intubado así como ingresar al hospital.

“Definitivamente no quería ser intubado, nadie quiere ser intubado, tampoco quería venir al hospital, pero cuando vimos que estaba quedando más mal, bajo por sus propios pies… y cuando se metió a urgencias también”

Comentó que como su padre estuvo hablando por teléfono desde el hospital y eso complica la respiración tuvieron que retirarle el celular.

Muy queridos hermanos y hermanas, al acercarse la fiesta anual de la Navidad del Señor me dirijo a todos ustedes, cristianos católicos, cristianos de otras hermanas Iglesias, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, con un saludo sincero y fraterno de buena voluntad para esta Noche Buena, Noche de paz, en la que recordaremos el nacimiento del Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos.

Durante el pasado siglo XX, y al iniciar el siglo XXI, la celebración navideña fue perdiendo poco a poco su auténtico sentido religioso, para convertirse en algo puramente cultural para la mayoría, y la oportunidad de descansar del trabajo y de festejar con familiares y amigos a lo grande. La sociedad de consumo se apropió de la Navidad motivándonos a compras frenéticas para poder pasar “una feliz Navidad”. Una compañía de refrescos deformó y desvirtuó la imagen y la historia de San Nicolás, para convertirlo en un ser de fantasía sólo para los niños pequeños, en lugar de mostrar al santo generoso con los pobres y necesitados y gran defensor de la fe, que es un excelente modelo para todos.

Este año de pandemia nos ofrece la oportunidad de un cambio en muchos aspectos de nuestra vida personal, familiar y social, repensando todas nuestras formas de vivir y nuestros criterios, muchas veces alejados del pensamiento de Dios. A propósito, felicidades a todos los que supieron celebrar las fiestas guadalupanas de manera familiar, evitando los riesgos de contagios. Esta Navidad también nos presenta un reto semejante para vivirla de manera creativa, de un modo peculiar, en el que todos podremos, si nos lo proponemos, celebrar en familia, sin olvidar el motivo de nuestra alegría, sin olvidar al festejado, que ha venido al mundo para nosotros.

Recientemente se ha hecho famoso un Padre de Pamplona, España, por un texto que escribió, y que le mereció una llamada telefónica del Papa Francisco el pasado 7 de noviembre. Recordemos lo que dice el texto del Padre Javier Leos Ventura, párroco de san Lorenzo que conmovió al Papa y a miles, quizá millones de personas en el mundo. Dice el texto: 

“¿QUE NO HABRÁ NAVIDAD? ¡Claro que sí! Más silenciosa y con más profundidad. Más parecida a la primera en la que Jesús nació en soledad. Sin muchas luces en la tierra, pero con la de la estrella de Belén destellando rutas de vida en su inmensidad. Sin cortejos reales colosales, pero con la humildad de sentirnos, pastores y zagales buscando la Verdad. Sin grandes mesas y con amargas ausencias, pero con la presencia de un Dios que todo lo llenará.

¿QUE NO HABRÁ NAVIDAD? ¡Claro que sí! Sin las calles a rebosar, pero con el corazón enardecido, por el que está por llegar. Sin ruidos ni verbenas, reclamos ni estampidas… pero viviendo el Misterio sin miedo al ‘covid-herodes’ que pretende quitarnos hasta el sueño de esperar. Habrá Navidad porque DIOS está de nuestro lado y comparte, como Cristo lo hizo en un pesebre, nuestra pobreza, prueba, llanto, angustia y orfandad. Habrá Navidad porque necesitamos una luz divina en medio de tanta oscuridad. Covid19 nunca podrá llegar al corazón ni al alma de los que en el cielo ponen su esperanza y su alto ideal.

¡HABRÁ NAVIDAD! ¡CANTAREMOS VILLANCICOS! ¡DIOS NACERÁ Y NOS TRAERÁ LIBERTAD!”.

Hermanos y hermanas, gocemos intensamente la Navidad del año 2020, y que esta experiencia deje en nosotros y en el mundo cambios profundos que permanezcan para bien de todos, disfrutando navidades más espirituales, las cuales, sin vaciar del todo nuestros bolsillos, nos llenen el corazón del amor a Dios, del amor a los pobres y del amor a los nuestros. 

¡A todos les envío un fuerte abrazo virtual deseándoles una muy feliz Navidad!

+ Gustavo Rodríguez Vega

Arzobispo de Yucatán

• La acción sigue una evaluación exhaustiva de la información disponible sobre la seguridad, eficacia y calidad de fabricación de los científicos de carrera de la FDA, aportes de expertos independientes

Silver Spring.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una autorización de uso de emergencia (EUA, por sus siglas en inglés) para la segunda vacuna para la prevención de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) causada por el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2, por sus siglas en inglés). 

La autorización de uso de emergencia permite que la vacuna contra el COVID-19 de Moderna se distribuya en los EE.UU. para uso en personas de 18 años de edad y mayores.   

"Con la disponibilidad de dos vacunas ahora para la prevención del COVID-19, la FDA ha tomado otro paso crucial en la lucha contra esta pandemia mundial que está causando un gran número de hospitalizaciones y muertes en los Estados Unidos cada día", dijo el comisionado de la FDA, el Dr. Stephen M. Hahn, M.D. 

"A través del proceso de revisión científica abierto y transparente de la FDA, se han autorizado dos vacunas contra el COVID-19 en un plazo de tiempo acelerado, mientras que se mantuvo las rigurosas normas de seguridad, eficacia y calidad de fabricación necesarias para respaldar la autorización de uso de emergencia que el pueblo estadounidense espera de la FDA. Estas normas y nuestro proceso de revisión, las mismas que hemos utilizado en la revisión de la primera vacuna contra el COVID-19 y que tenemos la intención de utilizar para cualquier otra vacuna contra el COVID-19, incluyeron la aportación de expertos científicos y de salud pública independientes, así como un análisis exhaustivo de los datos por parte del personal de carrera de la agencia".

La FDA ha determinado que la vacuna contra el COVID-19 de Moderna ha cumplido con los criterios reglamentarios para la emisión de una EUA. La totalidad de los datos disponibles proporcionan pruebas claras de que la vacuna contra el COVID-19 de Moderna puede ser eficaz para prevenir el COVID-19. Los datos también muestran que los beneficios conocidos y potenciales superan los riesgos conocidos y potenciales, lo que apoya la solicitud de la empresa de que la vacuna se utilice en personas de 18 años de edad y mayores. Al tomar esta determinación, la FDA puede asegurar al público y a la comunidad médica que ha llevado a cabo una evaluación exhaustiva de la información disponible sobre la seguridad, eficacia y calidad de fabricación.

La vacuna contra el COVID-19 de Moderna contiene ARN mensajero (ARNm), que es material genético. La vacuna contiene un pequeño fragmento del ARNm del virus del SARS-CoV-2 que instruye a las células del cuerpo a que produzcan la característica proteína de "pico" del virus. Cuando una persona recibe esta vacuna, su cuerpo produce copias de la proteína de pico, la cual no causa enfermedad, pero desencadena que el sistema inmunológico aprenda a reaccionar de manera defensiva, produciendo una respuesta inmunológica contra el SARS-CoV-2.    

"Guiados por la ciencia y los datos, el personal de carrera de la agencia determinó que los beneficios conocidos y potenciales de la vacuna superan claramente sus riesgos conocidos y potenciales, y aunque no es una aprobación de la FDA, se han cumplido las expectativas de la FDA descritas en nuestros documentos de orientación de junio y octubre", dijo el Dr. Peter Marks, M.D., PhD., director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA. 

"La autorización de hoy demuestra nuestro firme compromiso con la salud del pueblo estadounidense, con la garantía de que nuestros estándares científicos y la integridad de nuestro proceso de revisión se han mantenido. Este logro es otro testimonio de la dedicación de los científicos y médicos de carrera de la FDA, que han estado trabajando urgentemente para llevar a cabo evaluaciones completas y rigurosas de los datos presentados para las vacunas para prevenir el COVID-19".

Evaluación de la FDA de los datos de seguridad disponibles  

La vacuna contra el COVID-19 de Moderna se administra en una serie de dos dosis, con un intervalo de un mes. Los datos de seguridad disponibles para apoyar la EUA incluyen un análisis de 30,351 participantes inscritos en un estudio en curso, aleatorio y controlado por placebo, realizado en los EE.UU. A estos participantes, 15,185 de los cuales recibieron la vacuna y 15,166 de los cuales recibieron un placebo salino, se les dio seguimiento durante una mediana de más de dos meses después de recibir la segunda dosis. Los efectos secundarios más comúnmente reportados, que típicamente duraron varios días, fueron dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor en las articulaciones,  ganglios linfáticos inflamados en el mismo brazo de la inyección, náuseas y vómitos, y fiebre. Cabe señalar que más personas experimentaron estos efectos secundarios después de la segunda dosis que después de la primera, por lo que es importante que los proveedores y los receptores de las vacunas esperen que pueda haber algunos efectos secundarios después de cualquiera de las dos dosis, pero aún más después de la segunda dosis.   

Es obligatorio que ModernaTX, Inc. y los proveedores de vacunas informen lo siguiente al Sistema de notificación de eventos adversos de las vacunas (VAERS, por sus siglas en inglés) para la vacuna contra el COVID-19 de Moderna: todos los errores en la administración de la vacuna, eventos adversos graves, casos de Síndrome inflamatorio multisistémico (MIS, por sus siglas en inglés) y casos del COVID-19 que resulten en hospitalización o muerte.  

Evaluación de la FDA de los datos de eficacia disponibles 

Los datos sobre la eficacia en apoyo de la EUA incluyen un análisis de 28, 207 participantes en el estudio en curso, aleatorio y controlado por placebo, realizado en los EE.UU., que no tenían pruebas de infección por el SARS-CoV-2 antes de recibir la primera dosis de la vacuna. Entre esos participantes, 14,134 recibieron la vacuna y 14,073 recibieron un placebo. La vacuna tuvo una eficacia del 94.1% en la prevención de la enfermedad del COVID-19 entre estos participantes del ensayo clínico, con 11 casos del COVID-19 en el grupo de la vacuna y 185 en el grupo del placebo. En el momento del análisis de estos 196 casos del COVID-19, ninguno en el grupo de la vacuna y 30 en el grupo del placebo fueron clasificados como graves. Después de que el análisis de estos 196 casos se completó, se identificó un caso grave en el grupo de la vacuna y está esperando confirmación. En este momento, no se dispone de datos para determinar por cuánto tiempo la vacuna ofrecerá protección, ni hay pruebas de que la vacuna prevenga la transmisión del SARS-CoV-2 de una persona a otra.    

El proceso de la EUA 

Basándose en la determinación del secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos del 4 de febrero de 2020, de que existe una emergencia de salud pública con un potencial significativo de afectar a la seguridad nacional, o a la salud y seguridad de los ciudadanos de los Estados Unidos que viven en el extranjero, y de que existen circunstancias que justifican la autorización del uso de emergencia de productos no aprobados, la FDA puede emitir una EUA para permitir que se utilicen en una emergencia productos médicos no aprobados o usos no aprobados de productos médicos aprobados para diagnosticar, tratar o prevenir el COVID-19 cuando no haya alternativas adecuadas, aprobadas y disponibles.   

La emisión de una EUA es diferente a la aprobación (licencia) de la FDA de una vacuna. Al determinar si se emite una EUA para un producto, la FDA evalúa las pruebas disponibles y analiza cualquier riesgo conocido o potencial y cualquier beneficio conocido o potencial, y si la evaluación de beneficios y riesgos es favorable, el producto se pone a disposición durante la emergencia. Una vez que un fabricante presenta a la FDA una solicitud de EUA para una vacuna contra el COVID-19, la agencia evalúa la solicitud y determina si se cumplen los criterios reglamentarios pertinentes, teniendo en cuenta la totalidad de las pruebas científicas sobre la vacuna que están a disposición de la FDA.  

La EUA también requiere que se pongan a disposición de los proveedores y los receptores de la vacuna contra el COVID-19 de Moderna hojas informativas que proporcionen información importante, incluidas instrucciones de dosificación, e información sobre los beneficios y los riesgos de la vacuna contra el COVID-19 de Moderna. 

ModernaTX, Inc. ha presentado un plan de farmacovigilancia a la FDA para monitorear la seguridad de la vacuna contra el COVID-19 de Moderna. El plan de farmacovigilancia incluye un plan para completar el seguimiento de la seguridad a largo plazo para los participantes inscritos en los ensayos clínicos en curso. El plan de farmacovigilancia también incluye otras actividades destinadas a monitorear el perfil de seguridad de la vacuna contra el COVID-19 de Moderna y asegurar que cualquier preocupación sobre la seguridad sea identificada y evaluada de manera oportuna.  

La FDA también espera que los fabricantes cuyas vacunas contra el COVID-19 están autorizadas en virtud de una EUA continúen sus ensayos clínicos para obtener información adicional sobre la seguridad y eficacia, y obtener la aprobación (licencia).  

La EUA para la vacuna contra el COVID-19 de Moderna se otorgó a ModernaTX, Inc. La EUA será efectiva hasta que se termine la declaración de que existen circunstancias que justifican la autorización del uso de emergencia de medicamentos y productos biológicos para la prevención y el tratamiento del COVID-19, y podrá ser revisada o revocada si se determina que la EUA ya no cumple los criterios reglamentarios para su emisión.  

La FDA, una agencia que es parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, protege la salud pública al asegurar la seguridad, eficacia y protección de los medicamentos humanos y veterinarios, vacunas y otros productos biológicos para el uso humano, y los dispositivos médicos. La agencia también es responsable de la seguridad del suministro de alimentos, cosméticos, suplementos alimenticios, y de los productos que emiten radiación electrónica, y de regular los productos de tabaco.

• La diplomática de 43 años de carrera, al igual que otras funcionarias, se retira del gobierno de la 4T luego de diferendos de fondo con el estilo de gobierno, la falta de recursos o la desatención a cuestiones sustantivas de sus encargos

Por Sara Lovera

(saraloveralopez@gmail.com)

México, diciembre (SEMlac).- Hasta este diciembre cinco mujeres del gabinete del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, renunciaron a sus cargos de alto nivel. Una cada cuatro meses si se hiciera el promedio. Y este 14 de diciembre se confirmó el retiro de la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Elena Federica Bárcena Coqui.

La diplomática de 43 años de carrera, al igual que otras funcionarias, se retira del gobierno de la 4T luego de diferendos de fondo con el estilo de gobierno, la falta de recursos o la desatención a cuestiones sustantivas de sus encargos y señaladamente responsables de áreas relacionadas con la condición social de las mujeres, los derechos humanos y la salud.

El 19 de junio de 2020 en cuestión de horas, tres mujeres presentaron su renuncia al Poder Ejecutivo federal. Ellas fueron Mónica Maccise, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); Asa Cristina Laurell, quien era subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud, destacada conocedora de la salud en el trabajo, y Mara Gómez Pérez, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), por seis meses descabezada.

En 2019 renunció Josefa González Blanco, quien dejó la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) el 25 de mayo, luego de las críticas que recibió por haber pedido que un vuelo la esperara para que pudiera abordar.

El 27 de junio, dimitió Candelaria Ochoa Ávalos como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), centro de la administración de 21 Alertas de Violencia de Género Contra las Mujeres.

Conavim es una institución cuestionada tanto como el gobierno por legisladoras, expertas, activistas y ciudadanas en general, debido a la prevalencia de diferentes formas de violencia contra las mujeres y de lo que consideran omisiones oficiales ante el problema.

Tras 43 años de servicio, la embajadora de México en Estados Unidos se retirará para dedicarse a otras actividades, según escribió, y luego de un diferendo continuado con el Presidente de la República; por una carta que le fue dictada desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, con una postura poco clara respecto al gobernante electo de los Estados Unidos.

Bárcena Coqui se hizo cargo de la embajada de México en la Unión americana desde diciembre de 2018, un cargo de vital importancia para la relación bilateral entre este país y la Unión Americana, dijo que se retirará en unos meses para dedicarse a otras actividades, como escribir sus memorias.

Durante su participación en una conferencia virtual con el Baker Institute, Bárcena recibió un cuestionamiento en torno a su probable retiro, a la que respondió de manera afirmativa.

"¿Se retirará?" Le preguntó el moderador a lo que la diplomática contestó que sí.

--Sí, me retiraré en los próximos meses después de un trabajo de 43 años en el servicio exterior.

Martha Bárcena Coqui

Ella es egresada de Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana y en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Obtuvo la Maestría en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de España y en Filosofía Política por la Universidad Iberoamericana.

Se trata de una persona con larga carrera en el Servicio Exterior Mexicano, desde 1979 y alcanzó el rango de Embajadora en 2005.

A partir de abril de 2017 fue Representante Permanente de México ante las Agencias de Naciones Unidas con sede en Roma: La organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), así como el Consejo de Gobierno del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT).

De mayo de 2013 a marzo de 2017 fue embajadora ante Turquía, concurrente en Georgia, y las repúblicas de Azerbaiyán, Kazajistán y Turkmenistán; de diciembre de 2004 a abril de 2013, fue embajadora ante Dinamarca, concurrente con Noruega e Islandia y de 1989 a 1990, cónsul en Barcelona a cargo del Departamento de Protección a Mexicanos en el Exterior y Asuntos Culturales.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores, Bárcena fue jefa de Departamento de trabajadores migratorios y cooperación fronteriza en la Dirección General para América del Norte (1980-1982); subdirectora general de Asuntos Multilaterales de la ONU (1983 -1985); asesora en el Acervo Histórico Diplomático, y de los Directores Generales del Instituto Mexicano de Cooperación Internacional, de Asuntos Multilaterales, y de Asuntos Culturales (1986- 1989).

Fue también directora adjunta de la Dirección de Planificación y Prospectiva (1988- 2000); asesora especial especializada en cuestiones de seguridad internacional y operaciones de mantenimiento de la paz, en la Oficina del Subsecretario para África, Asia- Pacífico, Europa y Naciones Unidas (2000 - 2003) y Secretaria Técnica de la III Cumbre UE- ALC (Guadalajara, mayo 2004)

Delegada de México en la ONU, la OEA, la UNESCO, la FAO, el PMA, el FIDA y la OACI, así como jefa de Delegación en sesiones de FAO, FIDA, PMA, y en Foro de Migración y Desarrollo. Ha participado en múltiples conferencias internacionales, entre ellas, el G-20 y la Cumbre Humanitaria Mundial.

A lo largo de su carrera ha organizado y participado en más de 15 visitas de estado y oficiales, de presidentes y jefes de estado y de gobierno a México. En el sector social fungió como asesora del Director del Centro Regional de Cooperación para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL) y Directora General de CELAG (Centro Latinoamericano de la Globalidad).

En diciembre de 2018, Bárcena fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como embajadora de México en los Estados Unidos.

Lealtad

Aseguró que aunque ha servido con lealtad a México, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, es tiempo de "participar desde otros escenarios".

En el encuentro en el que reveló su inminente retiro, Bárcena recomendó que la administración de López Obrador felicite a Joe Biden por su victoria electoral.

El posicionamiento del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a las elecciones de Estados Unidos ha causado mucha controversia y después de recibir múltiples críticas por parte de los usuarios de redes sociales, la embajadora de México en aquel país, Martha Bárcena, detalló la intención de la palabra "prospective" - que se usó en una carta- generó tensión en este asunto.

Por medio de su cuenta de Twitter, la funcionaria compartió una imagen del documento que envió a la comunidad de los Estados Unidos en referencia a por qué el mandatario mexicano no ha felicitado al candidato del Partido Demócrata, Joe Biden. En él se puede leer que, de acuerdo con el presidente López Obrador, un posicionamiento podría considerarse intervencionista de su política interior.

El titular del Ejecutivo Federal esperará hasta que las autoridades electorales de Estados Unidos emitan los resultados oficiales para así poder manifestarse al respecto.

Bárcena, quien redactó el documento por instrucciones del Presidente y del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, igualmente señaló que sea cual fuere el resultado final, la relación entre ambos países continuará siendo fructífera y productiva, pues el gobierno nacional está listo para trabajar con el estadounidense en el futuro.

Sin embargo, en dicho oficio, el gobierno de López Obrador, también menciona la frase "prospective President-Elect Joseph Biden", lo cual generó cientos de críticas en las redes sociales, pues los usuarios lo interpretaron como "presunto presidente electo".

Ante esto, Bárcena hizo referencia a la "la dificultad de traducir", pues "prospective puede traducirse de varias maneras, presunto es una de ellas, virtual sería otra, probable, eventual, futuro", comentó a través de su cuenta de Twitter, en donde no dejó de recibir críticas, especialmente al hecho de que no se revisara un documento tan delicado antes de su publicación.

Por otra parte, el presidente López Obrador señaló este 11 de noviembre que "no somos colonia" para explicar las razones por las que no espera represalias a causa de no reconocer la victoria de Joe Biden en las elecciones de EE.UU.

"Ya hemos aclarado bastante sobre este asunto y hay confusión o no se quieren entender las cosas, porque durante el período neoliberal se hicieron a un lado los principios de política exterior, principios que se construyeron en el tiempo y tienen como punto de partida las posturas de los liberales, principalmente la de Juárez", detalló.

De igual forma, López Obrador dijo que su administración seguirá los principios de la Doctrina Estrada y no tratará de intervenir en asuntos que no le competen al pueblo de México.

En la charla que mantuvo con el Instituto también recomendó al Gobierno de México expresar pronto la felicitación hacia la nueva administración gubernamental de Estados Unidos que estará a cargo de Jon Biden.

Bárcena, quien marcó la historia al ser la primera mujer en convertirse en Embajadora de México en Washington, precisó que se trataría del fin de una etapa de su vida en la que ha servido al país "por encima de todo", por lo que es tiempo de algo nuevo.

Pienso que mi estadía en Estados Unidos ha completado una etapa en la que he servido a mi Presidente y a mi país por encima de todo: con fidelidad, con lealtad y es tiempo de ir a otra etapa de mi vida", añadió Martha Bárcena Coqui, quien tomó protesta como Embajadora en diciembre de 2018

El pasado 1 de junio Bárcena Coqui recibió el Doctorado Honoris Causa en Letras Humanas por la Universidad Marymount.

A través de la ceremonia de graduación de la generación 2020 celebrada por videoconferencia, consecuencia de la pandemia mundial por covid-19, las autoridades universitarias reconocieron la trayectoria académica y diplomática de la Embajadora.

Academia

Profesora desde 1981, en la Universidad Iberoamericana, en las materias de Organismos Internacionales y Negociaciones Comerciales Internacionales. También fue catedrática en el Instituto Matías Romero en materia de seguridad y de práctica diplomática; impartió clases en el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaría de Marina, en las áreas de seguridad nacional de Estados Unidos y de operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.

Ha impartido conferencias en el Colegio de la Defensa Nacional, la Academia Diplomática de Argentina y la Universidad de Växjö, Suecia, así como en diversas universidades en Turquía. Fue invitada por el Congreso mexicano como conferencista en seguridad internacional y temas de la ONU.

Ha participado en seminarios y talleres sobre la agenda de seguridad Estados Unidos- México y en la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado en México. Es integrante fundadora de Desarmex.

Premios y reconocimientos

Condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le confirió el Gobierno del Reino de Dinamarca (2013).

Premio "Lic. Mario Trujillo García" al mérito en administración pública 2017 que le confirió el Instituto de Administración Pública de Tabasco, en la categoría de defensa de los derechos humanos (2017).

Publicaciones destacadas

"Historia del Servicio Consular Mexicano" en PROA, Revista de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano.

Experiencias y Tendencias en la Cooperación Internacional: el caso de México. Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina.

"Confrontación y Tolerancia: Cultura en la frontera norte". Revista Diálogo Cultural de las Fronteras.

"La Reconceptualización de la Seguridad: el debate contemporáneo", en Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 59, SRE, 2000, pp. 9 -30.8

"Identidad y multiculturalismo: el artículo 4° Constitucional", en Educación, ciencia y cultura. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

"El sistema de seguridad colectiva de la ONU", en Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 65, febrero 2002, pp. 65-81.10

"El futuro de la Operaciones de Mantenimiento de la Paz en el nuevo contexto internacional" en México y América Latina ante las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, LVIII Legislatura. Senado de la República.

"Cultura y política exterior de México" en Una Nueva Diplomacia Cultural para México: theoría, praxis y techné, Universidad Iberoamericana, César Villanueva, coordinador, 1ª Edición, 2015.

• Responsabiliza a “la incapaz” administración federal y a su mayoría artificial sometida en el Congreso de agravar la crisis económica y sanitaria nacional

Ciudad de México.- La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, demandó al Gobierno Federal y sus aliados rectificar la conducción del país y dejar de lado sus afanes político-electorales, a fin de evitarle mayores desgracias a la población, en particular la de más pobreza y vulnerabilidad.

En un comunicado, responsabilizó a “la incapaz” administración federal y a su mayoría artificial sometida en el Congreso de agravar la crisis económica y sanitaria nacional, que aún podría ser peor debido a la profunda recesión que vivimos si no se cambia de rumbo y adoptan otras medidas.

Al presentar su Segundo Informe de Actividades Legislativas, la diputada indicó que presentó 205 iniciativas de reforma legislativa y 224 proposiciones de puntos de acuerdo, de las que 29 y 36, respectivamente, fueron aprobadas.

Sin embargo, pese a estos esfuerzos que procuran un mejor marco jurídico para el país y en llamadas de atención al Gobierno Federal sobre sus errores y omisiones, la situación no mejora; empeora porque esta administración “ha respondido con la negación, el conjuro, el pensamiento mágico, el desprecio a medidas de prevención, recortes presupuestales en plena crisis, falta de innovación en el proyecto económico y, en general, una política errada que sólo apoyan sus incondicionales en el Congreso”.

De las 25 iniciativas que envió el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, 20 se aprobaron, de manera “incluso atropellada, violando los derechos de las minorías y el proceso parlamentario, por esa mayoría sometida”.

Juárez Piña exigió al Gobierno Federal un cambio de la política económica y social, sobre todo un cambio de modelo de desarrollo cuya directriz sea el respeto a los Derechos Humanos. Debe reponer los recursos para la defensa y protección de éstos, de víctimas, de búsqueda de personas, salvaguarda de periodistas, prevención y atención de la violencia contra las mujeres, todos ellos afectados por la extinción de fideicomisos.

La nueva política económica y social, agregó, debe contemplar apoyos fiscales para micro, pequeñas y medianas empresas, ingreso vital mínimo de emergencia para quienes perdieron su fuente de ingresos, y la continuación de programas para la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género, y de los destinados a niñez, medio ambiente, educación, ciencia, cultura y tecnología.

Para el tercer y último año de esta Legislatura, se pronunció por revisar diversas normas e instituciones hoy rebasadas por la emergencia sanitaria, a fin de poner de pie al aparato productivo y recuperar los empleos perdidos.

Para ello, entre otros factores, se requerirá además un nuevo marco jurídico para el federalismo que incluya la redefinición del Pacto Fiscal con los estados y municipios y una legislación presupuestal que permita el ajuste de ingresos y egresos ante contingencias mayúsculas, protección a trabajadores formales e informales, creación de un seguro de desempleo, el funcionamiento remoto de centros de trabajo y del gobierno, revisión del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y de todas las instituciones de salud rebasadas por esta contingencia.

Advirtió que, más allá de esta Legislatura, los comicios del próximo año serán cruciales para el logro de los objetivos mencionados.

Estas propuestas buscan reformar la Ley de Migración y la Ley de Coordinación Fiscal, entre otros ordenamientos. Nueve son de Morena; 10 del PAN; tres del PRI; siete del PT; cuatro del PES, dos de MC y una del PRD. Otra más fue presentada por el Congreso de Coahuila.

Entre dichas iniciativas, está la de la diputada Maribel Martínez Ruiz (PT), para incluir la definición de interés superior de la niñez; habilitar espacios de alojamiento o albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes y garantizar la protección y el interés superior de dicho sector de la población.

La de la diputada María Libier González Anaya (MC) busca establecer que el Poder Ejecutivo determine la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada. Lo anterior, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.

La iniciativa del diputado Maximino Alejandro Candelaria (Morena) para generar un control de registro de migrantes mexicanos en retorno, asegurándose que cumplan con la documentación que acredite su nacionalidad, crear mecanismos que reconozcan y respeten sus derechos y generar convenios para el proceso de reingreso. Asimismo, contempla la atención médica, alimenticia, psicológica, asistencia social, servicios de estancia, protección, salud y transporte.

El diputado Luis Javier Alegre Salazar (Morena) busca aumentar los días de permanencia, de siete a 17, para autorizar al extranjero nacional o residente de los países vecinos para ingresar a las regiones fronterizas con derecho a entrar y salir de las mismas cuantas veces lo deseen.

La propuesta de la diputada Nelly Maceda Carrera (PT) pretende que las estaciones migratorias garanticen el respeto de los derechos humanos del extranjero presentado, dando aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a efecto de que coadyuve en la garantía y protección de los mismos.

Maceda Carrera presentó otra iniciativa para sancionar a servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) que propicien o coaccionen de manera probada, con dolo o por negligencia, la comisión de delitos de trata de personas y tráfico ilegal de migrantes.

Asimismo, la iniciativa del Congreso de Coahuila busca precisar que se deberá cancelar la condición de residente temporal o permanente y será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que haya sido condenado por delito grave mediante sentencia firme.

La minuta del Senado busca regular el tránsito y la estancia de extranjeros en territorio mexicano, en un marco de la preservación de la seguridad humana.

• Aclara que no denunció a ningún medio, ya que hay responsables específicos detrás de estos ataques sistemáticos; reitera su compromiso con la libertad de expresión

Ciudad de México.- La diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, informó que, en días recientes, interpuso una denuncia ante diversas instancias por violencia política en su contra, ya que ha sido objeto de constantes ataques y calumnias sin fundamentos y discriminatorias.

En videoconferencia, detalló que hasta al momento, se emitieron medidas cautelares; sin embargo, hizo un llamado a las autoridades para que se haga una investigación más profunda y con celeridad, tal y como lo indica la legislación vigente relativa a la violencia política de género

La diputada por Sonora aclaró que no hay denuncias contra los medios, ya que hay responsables específicos, quienes están detrás de estos ataques sistemáticos, y reiteró su compromiso con la libertad de expresión y la participación política libre de violencia.

Indicó que los días 5 y 14 de diciembre del 2020 interpuso ante el Instituto Nacional Electoral (INE) dos denuncias por violencia política en razón de género. Posteriormente, el 15 de diciembre, presentó otra ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) de la FGR.

Briceño Zuloaga señaló que ha sido víctima de “ataques violentos difundidos desde redes sociales o mediante el uso de columnas publicadas en diferentes portales de internet, creadas por autores con nombre y apellido, así como desde cuentas falsas, con la clara intención de calumniarla, descalificarla y de provocar enojo y confusión entre la población sobre la agenda legislativa que promueve la diputada.

Sostuvo que esto raya “no sólo en una falta de ética periodística, sino en la intolerancia, en la promoción del odio contra mi persona, incluyendo expresiones discriminatorias por mi orientación sexual”.

Expuso que las autoridades electorales y el Ministerio Público “han emitido las medidas cautelares mencionadas, debido a que se ha demostrado con pruebas contundentes la violencia”.

Aclaró que no existe una presunta violación a la libertad de expresión por su parte, que es como han querido “lavarle la cara a los actos” de violencia política por razón de género que han generado contra su persona.

Dijo que estos ataques articulados al parecer tienen un interés muy específico y no es espontáneo; por tal motivo solicitó que se haga “una investigación más profunda”.

Recordó que para el tema de violencia política hay un procedimiento especial sancionador, y una característica que debe de tener es que debe tratarse con toda la atención y celeridad del caso.

En su intervención, la diputada Martha Tagle Martínez (MC) externó su respaldo y solidaridad con la legisladora de Sonora, “en el tema de violencia política tenemos que hacer un frente común”. Asimismo, reconoció el trabajo de la legisladora de Morena a favor de la igualdad sustantiva como presidenta de la Comisión.

Las legisladoras Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena) y Clementina Marta Dekker Gómez (PT) manifestaron su apoyo y acompañamiento a la legisladora federal; consideraron que de cara a este proceso electoral debe haber unión para defender cualquier tipo de violencia política por razón de género.

También resaltaron que esta Legislatura construido y reforzado el marco legal para que se garantizan los derechos de participación política.

Por su parte, la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz (PES) reconoció el valor de denunciar de la diputada Briceño Zuloaga, y dijo que atender la violencia política no sólo es un mandato a los partidos políticos, sino que también implica que las autoridades deben poner una total atención en sus acciones.

• La medida es para no darle fuerza a la pandemia que aún no se controla

Ciudad de México.- El diputado Rigoberto Mares Aguilar (PAN) exigió al canciller Marcelo Ebrard Casaubon limitar o restringir el ingreso de residentes de Reino Unido a México con actividades no esenciales, para no darle fuerza a la pandemia de Covid-19, que aún no se controla.

Asimismo, “que el secretario (de Salud) Jorge Alcocer haga un esfuerzo por una coordinación más acertada, junto con el análisis de evidencias científicas para evitar que está difícil pandemia se recrudezca en México”, indicó en un comunicado.

Lo anterior, ante la llegada ayer del vuelo 243 de British Airways, proveniente de Europa, por lo que Mares Aguilar consideró que se debe tener un seguimiento epidemiológico y de diagnóstico por laboratorio para descartar la introducción de la nueva cepa del virus SARS-CoV-2 al país, que ha confinado a 20 millones de británicos en Reino Unido.

El diputado llamó al Gobierno Federal a reforzar la verificación de las pruebas PCR a todas las personas procedentes de los países del Reino Unido, ante la amenaza de una cepa más contagiosa al original coronavirus, esto, en caso de que Marcelo Ebrard no adopte medidas sanitarias, como lo han exigido académicos y científicos.

La noticia sobre una nueva variante de Covid-19 en el mundo, debe poner en alerta al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y no minimizar el problema, como lo hizo en febrero ante los primeros casos del coronavirus en México, cuando se presumió que no era letal y el virus se parecía al sarampión.

“Creo que la Cuarta Transformación ya aprendió la lección y ahora su papel en el Gobierno es ordenar el refuerzo de medidas sanitarias en todos los aeropuertos internacionales que hay, sobre todo, en el de la capital del país, donde se ha instalado la pandemia y crecido sin control”.

Mares Aguilar insistió que el llamado es a reconsiderar la postura y revisar los ingresos en aeropuertos de México. “Que la Secretaría de Relaciones Exteriores valore y decrete ya el cierre de vuelos de Inglaterra a México. Su aspiración presidencial podría depender de esta pandemia”.

“No podemos arriesgarnos otra vez y que esta nueva cepa ingrese a México. Si podemos evitarlo, hagámoslo desde esta noche con medidas que, en una semana, la gente lo va a agradecer. No deseamos volver a ver escenas irresponsables por apostarle a la buena fe social que aún no prevalece en el país y en donde se requieren de medidas nuevas para promover la solidaridad social”.

• Presenta la diputada del PRI punto de acuerdo al respecto; pide solventar irregularidades señaladas por la ASF, que implican un faltante al erario por 386 millones de pesos

Ciudad de México.- La diputada Sara Rocha Medina (PRI) pidió al Gobierno Federal solvente, cuanto antes, las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al programa “Crédito ganadero a la palabra”, que implican un faltante al erario por 386 millones de pesos.

En un comunicado, informó que, mediante un punto de acuerdo, solicitó que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a dar un informe de las acciones emprendidas, a fin de atender esta denuncia de corrupción por desvío de recursos, compras simuladas y entrega de animales que no cumplen con las reglas de operación.

Asimismo, que la Secretaría de la Función Pública (SFP) amplíe las investigaciones contra servidores públicos que, por acción u omisión, presuntamente participaron en adquisiciones de ganado, cuando menos dudosas, compras a empresas fantasma y ejercicio inadecuado de recursos provenientes del programa, las cuales derivaron en un daño directo al erario, independientemente del agravio a los productores.

La también vicepresidenta de la Mesa Directiva explicó que las observaciones de la ASF alertan la existencia de un padrón de beneficiarios poco confiable, y la recomendación fue que se ponga atención para que no se utilice con fines electorales.

Respecto a las irregularidades encontradas, se trataría de compras simuladas y donaciones de animales enfermos, que no cuentan con el registro de origen y sanidad y además no son aptos a la situación geográfica y vocación productiva de las regiones, señaló.

“Los beneficiarios y las uniones ganaderas acusan que los animales son de desecho, que presentan enfermedades, desnutrición y una línea que incumple con las características cárnicas y morfológicas de los especímenes comprometidos como parte del programa, lo que fomenta el mercado irregular de ganado”, expuso la legisladora priista.

Detalló que el programa “Crédito ganadero a la palabra” tiene como objetivo incrementar la productividad nacional. La estrategia consiste en entregar apoyos en especie y para la capitalización, donación de animales bovinos, ovinos, porcinos o apícolas, así como complementos alimenticios, asistencia técnica y productos para mejorar la infraestructura o ampliar la capacidad instalada

• En una iniciativa del PRD que reforma el Código Penal Federal se pide castigar hasta con ocho años de prisión a quien cometa este delito
• Al agresor se le sujetaría a tratamiento psicológico especializado

Ciudad de México.- La diputada Mónica Bautista Rodríguez, del PRD, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal, con la finalidad de agravar la penalidad a quien cometa violencia familiar durante el confinamiento.

La propuesta, que adiciona un párrafo segundo al artículo 343 Ter y otro al 343 Quáter de dicho Código, plantea aumentar la penalidad hasta en una mitad a la actual y sancionar hasta con 8 años de prisión el delito de violencia familiar cuando éste se cometa durante el período que comprenda la declaración de una contingencia o emergencia sanitaria declarada por las autoridades competentes.

Cuando las conductas las realicen personas que tienen medidas de restricción por la autoridad competente o infringe las medidas de protección a la víctima, se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado.

La iniciativa, suscrita también por los integrantes del grupo parlamentario del PRD, refiere que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, en los primeros cuatro meses de 2020, se registraron en la Ciudad de México 12 mil 664 delitos por violencia familiar; en Nuevo León ocho mil 360, y en el Estado de México siete mil 734 delitos, por violencia familiar.

Agrega que los incidentes de violencia contra la mujer como abuso y acoso sexual, violación y violencia de pareja, representan un incremento durante la pandemia.

Considera que ante este panorama es necesario modificar el Código Penal Federal, a fin de proteger y garantizar el derecho de las mujeres, niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia.

Destaca que ONU Mujeres ha señalado que las emergencias humanitarias, los desastres y las pandemias como la que en este momento atravesamos derivado del virus SARS-CoV-2 (Covid-19) exponen a este sector a un mayor riesgo de violencia.

Añade que según dicha organización las medidas de aislamiento social y restricción de movimiento dictadas por las autoridades para hacer frente a la pandemia, están generando mayores niveles de estrés, inseguridad económica y alimentaria, disminución de ingresos y desempleo, lo cual puede aumentar significativamente los niveles de violencia contra las mujeres y las niñas en el hogar.

La iniciativa señala que si bien el Gobierno Federal y la Fiscalía General de Justicia han establecido estrategias, así como acciones de prevención y atención que buscan ayudar a las mujeres a conocer y saber reaccionar frente a un caso de violencia estando en confinamiento o aislamiento social a causa de la pandemia, éstas han sido insuficientes.

Fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.