Mérida, Yucatán.- Los ciudadanos de Kanasín se dicen decepcionados de las autoridades que han gobernado este municipio y las calificaron como incompetentes al ver que sus demandas no han sido atendidas durante muchos años, así se lo hicieron saber a las diputadas de Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea.

Señalaron que a pesar de ser el segundo municipio más grande en el estado, y que recibe un presupuesto que a su parecer es suficiente para que al menos arreglen las calles que están llenas de baches o que se hagan pozos de absorción, pues cada vez que llueve se dificulta el tránsito.

Las legisladoras se reunieron en Kanasín con los habitantes, ahí escucharon a los presentes quienes les hicieron saber que tienen un cuerpo policial abusivo y agresivo, y señalaron que los alcaldes que han estado al frente de la administración no los escuchan e incluso ni los reciben en su despacho, “ni que decir de que los podamos abordar en la calle, porque ni siquiera salen hacer un recorrido por la ciudad”, dijo uno de los participantes.

Señalaron que en la administración municipal actual se cometen actos de corrupción y que están cansados de no ser escuchados, por lo que las diputadas pedirán a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) información sobre la cuenta pública entregada por el actual alcalde.

Ante esta situación las diputadas Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea se comprometieron a iniciar un trabajo a través de una casa ciudadana, para lograr tener una ciudad digna de ellos, donde no sólo se cuente con buena infraestructura, sino que el entorno social mejore.

La legisladora López Escoffié señaló que Kanasín ha tenido un gran crecimiento poblacional en los últimos años, hoy se tiene a más de 100 mil habitantes, y ello rebasa a las autoridades, sin embargo, se puede trabajar coordinadamente, por lo que exhortó a los ciudadanos a participar activamente desde sus círculos de trabajo o familiar para ir logrando el objetivo de tener una vida digna.

Por su parte, la diputada Milagros Romero Bastarrachea, reiteró el compromiso de ellas como diputadas y como personas, pues su interés es participar con la comunidad y lograr mejores condiciones de vida para las nuevas generaciones, con mejores oportunidades y que se sientan orgullosas de Kanasín.

En su visita a Kanasín las también coordinadora estatal y secretaria de Acuerdos de Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, respectivamente, tomaron protesta a la Comisión Operativa Municipal de esta institución política, integrada por Ángel Eduardo Cano Gómez, Alberto Baas Uicab, Luis Alonzo Ayala Molina, Lilia Trinidad Herrera Poot, Guadalupe Córdova López, coordinados por Marcos Uicab Chan.

“El INPI Yucatán será el encargado de llevar a cabo las consultas en los municipios antes mencionados donde participara personal de la Secretaría de Gobernación y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo” informó el encargado de la Oficina de Representación del INPI Yucatán Dr. Domitilo Carballo Cámara.

Dr. Domitilo Carballo Cámara explico que la primera fase  será la informativa el día 29 de noviembre y, la fase consultiva  indígena el día 14 de diciembre, ambas se realizarán a las 09:00 horas.

“En la fase informativa se le entregará a la población los objetivos del proceso de consulta, así como metodología de la asamblea regional consultiva, información técnica, económica, social, cultural y ambiental del “Proyecto de Desarrollo Tren Maya” destacó el titular del INPI Yucatán.

Destacó que en la fase consultiva, las autoridades responsables del proyecto, establecerán un diálogo con las comunidades mayas consultadas con la finalidad de recibir propuestas, opiniones, sugerencias y, para establecer acuerdos.

“Las autoridades y representantes de las comunidades mayas, así como los ciudadanos pertenecientes a dichas comunidades podrán remitir sus propuestas, opiniones, sugerencias o planteamientos al siguiente correo electrónico: derechosindigenas@inpi.gob.mx “refirió Carballo Cámara.

Resaltó que como Autoridad Responsable, tiene este carácter el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR; como Órgano Garante la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y como órgano técnico el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quien orientará y asesorará el desarrollo del Proceso de Consulta.

Asimismo explicó que se conformó un Comité Técnico Interinstitucional, el cual se integra por representantes de las instancias de gobierno, atienden a los pueblos y comunidades indígenas, y proporcionarán la información que requieran o soliciten los sujetos consultados.

El 15 de diciembre del presente año, se instalarán Módulos de Participación Ciudadana en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se recibirá la participación de la ciudadanía a través de casillas y papeletas en la que expresarán su opinión. Las casillas funcionarán en un horario de 8:00 a 18:00 horas (hora local). Los módulos serán instalados en los municipios directamente involucrados en el trazo de la vía del tren conforme al “Proyecto de Desarrollo Tren Maya”.

El Gobierno de México difundirá la ubicación de los Módulos de Participación Ciudadana en el sitio de internet www.participacionsocial.gob.mx.

Para mayor información respecto de la Consulta Indígena, podrán acudir a los centros coordinadores de Maxcanú (Carretera Federal Becal-Puerto Juárez km. 54), Peto (Ex Hacienda Aranjuez, Carretera Peto-Tzucacab), Sotuta (Calle 21 #170) y Valladolid (Km 2 Carretera Valladolid- Felipe Carrillo Puerto) o la oficina de Representación ubicada en la calle 72 Ave. Reforma #389 x 37 Col. García Ginerés en Mérida, Yucatán.

Ciudad de México.- El Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 traiciona a México y pone en riesgo la seguridad alimentaria de los mexicanos, sentenció el diputado Ismael Hernández Deras, al rechazar en nombre de los diputados del PRI el contenido del dictamen del PEF que se aplicará el año próximo.

En la sede alterna donde sesionó la Cámara de Diputados, el legislador señaló que el partido en el poder no argumentó razones; aprobó el presupuesto por instrucción y resultó ser una farsa. “Los productores mexicanos confiaron en la oferta de diálogo y perdieron la confianza en sus autoridades, esa traición va a impactar en la seguridad alimentaria”, advirtió.

Hernández Deras precisó que la autollamada 4t, castiga a quienes producen y generan empleo e infraestructura en el campo mexicano. “El discurso sin recurso, es pura demagogia”, enfatizó el legislador por el estado de Durango.

Señaló que al Presupuesto le quitan casi 20 mil millones de pesos para el 2020, cerca del 50 por ciento del Presupuesto del 2018, la secuela será la falta de competitividad, caída en la recaudación fiscal de la Secretaría de Hacienda, desempleo, encarecimiento de la canasta básica, aumento a la importación de granos, aumento en la migración y la inseguridad.

En su intervención, el diputado Brasil Acosta Peña, del Estado de México, expresó su reconocimiento al Movimiento Antorchista Nacional por su resistencia clara y contundente contra la “cuarta T”, al mantener su plantón y defender las causas populares.

Cuestionó el doble discurso, porque por un lado el Gobierno federal habla de “abrazos no balazos” y por el otro, utiliza la fuerza pública para reprimir.

“¿No que ya no más barricadas? ¿no que ya no más granaderos? Le mienten y reprimen al pueblo. Tienen cercada la Cámara de Diputados con un piquete de policías y aquí estamos sesionando en un bunker. Allá está la prueba de que le mienten al pueblo, lo traicionan y en relación con el Presupuesto le roban al pueblo”, denunció Acosta Peña.

Recordó que las obras que exigen los campesinos no son “moches” y como mexicanos que sí pagan impuestos tienen derecho a manifestarse y exigir al Gobierno federal que asuma su responsabilidad: llevar agua al pueblo, construir drenaje, edificar vivienda, construir hospitales. Les dijo: como parte del partido que está en el Gobierno, “háganlo y resuelvan los problemas, aunque sabemos que no lo van a hacer porque mienten”.

El legislador priista hizo cuentas y señaló que, de los 400 mil millones de pesos destinados a programas sociales, divididos entre 130 millones de mexicanos, por día, les alcanza de a 8 pesos. “No van a sacar al pueblo de la pobreza dándole dinero, haciendo un neo-keynesianismo electorero, quieren esa lana para ganar elecciones”, alertó.

En la discusión en lo particular del dictamen, la diputada federal por el Estado de México, Ana Lília Herrera Anzaldo, presentó en bloque 19 reservas al dictamen del PEF 2020 a través de las cuales pretendía incrementar los recursos que se destinan a los municipios, a los institutos médicos de alta especialidad como el Nacional de Cancerología, a fin de apoyar a más personas diagnosticadas con cáncer y para instrumentar programas públicos de salud que atiendan a las mujeres.

Evidenció que la “Legislatura de la Paridad”, como se autodenominó la actual legislatura, “no es congruente con su compromiso de igualdad, pues no garantiza recursos suficientes para las mujeres.

Asimismo, pidió presupuesto para el Programa de Inclusión Digital, Tecnología y Calidad Educativa a favor de los jóvenes; para las escuelas de tiempo completo, a la educación inicial, es decir de la primera infancia, y a las escuelas comunitarias, porque no se les asignó un sólo peso.

Herrera Anzaldo explicó que legislar con prisas dio como resultado un presupuesto clientelar, que evidencía la educación de primera y la de segunda que imparte el Estado, por ejemplo, se crean universidades sin registro, sin planes de estudio, con una sola carrera, lo cual niega oportunidades de desarrollo a los jóvenes mexicanos.

Por su parte, la diputada por el estado de Yucatán, Dulce María Sauri Riancho, presentó tres reservas, a fin de rescatar el Programa Prospera que atendía a 6.5 milones de familias de manera integral en sus necesidades de educación, salud y alimentación y defender el presupuesto de los órganos Constitucionales autónomos.

Calificó de inconcebible, que a la nueva Fiscalía General de la República le quiten mil 500 millones de pesos, a pesar de que es la institución responsable de acabar con la impunidad; también que al Instituto Nacional Electoral, le recorten mil 74 millones de pesos, siendo el órganismo encargado de organizar elecciones pero también, por una reforma Constitucional reciente, sea el que prepare las consultas que coinciden con procesos electorales y la correspondiente a la revocación de mandato.

En un segundo intento por reasignar recursos a las escuelas de tiempo completo, la legisladora Cynthia López Castro, pidió al partido mayoritario no recortar en un 50 por ciento el presupuesto a este rubro.

“Persistir en su decisión perjudica a millones de mujeres trabajadoras, quienes para cumplir con su jornada laboral dejan a sus hijos en las escuelas de tiempo completo y para ser congruentes, Morena y sus aliados están obligados a poner el dinero en la palabra empeñada, defiendan a las mujeres porque hasta ahora no se refleja en el presupuesto”, dijo.

Otro rubro que defendió el Grupo Parlamentario del PRI fue el gasto en caminos y carreteras, que incluye garantizar dinero para su mantenimiento; la diputada por el estado de Veracruz, Anilú Ingram Vallines, planteó que el partido mayoritario no ha dimensionado el alcance de sus decisiones que alejan, cada vez más, el bienestar de la población que tanto pregona, y les dijo: “lástima, tanto poder para no poder”.

A la legisladora por el estado de Yucatán, María Ester Alonzo Morales, correspondió hacer la reserva para procurar una partida en apoyo del sector pesquero; y acusó que la Administración vigente elimina programas para la subsistencia de pescadores y acuacultores  en el país.

En tanto, el diputado Enrique Ochoa Reza   presentó 4 reservas para revertir los ajustes a los órganos de procuración e impartición de justicia, pues al Poder Judicial se le recortan mil 300 millones de pesos en momentos en que se promete resolver el problema de la inseguridad.

La diputada por el estado de Sinaloa, Erika Sánchez Martínez, pidió presupuesto para la comercialización de los productos agropecuarios, dijo que tal parece que la 4T no conoce los postulados básicos de no mentir y no robar.

Por último, el diputado por el estado de México, Eduardo Zarzosa, preguntó a quienes han dicho que la austeridad es lo máximo, en alusión a la sede alterna donde sesionó la Cámara de Diputados: “¿qué sintieron al pisar un lugar ‘fifi’?  desde donde ‘mayoritearon’ el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

Ciudad de México.- Ante el anuncio hecho por algunos diputados del recorte de más de 1,072 millones de pesos que se plantea hacer a su presupuesto, el Instituto Nacional Electoral (INE) afirmó que eso debilita la capacidad para enfrentar los desafíos de la democracia-

Precisó que el recorte anunciado, sumado a algunas propuestas de reformas electorales que se han planteado en el Congreso, demuestra un intento por limitar a la autoridad electoral y hace que no se perfilen buenos tiempos para la recreación de la democracia.

Tarjeta Informativa: recorte presupuestal 2020

El recorte se hace al presupuesto operativo del INE y no afecta los recursos que se entregan a los partidos. Es equivalente a cerca del 9% de lo solicitado por el INE para en 2020 expedir cerca de 16 millones de credenciales e iniciar en septiembre el Proceso Electoral Federal 2020-2021, que será el más grande de la historia.

Este sería el recorte más grande de la historia del INE, justo cuando se comienza a organizar la elección más grande de la historia, porque habrá alrededor de 6 millones más de ciudadanos que votarán en 2021 en relación con 2018, en la que se elegirán casi 3 mil 200 cargos en disputa (15 gubernaturas, 29 congresos locales y en 30 entidades se renovarán los ayuntamientos).

El INE podría entrar a una zona de riesgo, porque se trata de organizar una elección para permitir la recreación de la democracia y de darle elementos de identidad a millones de mexicanas y mexicanos.

El INE reconoce la importancia de los programas sociales que puedan verse beneficiados con los recursos recortados al Instituto, pero la paz pública, la estabilidad política y la estabilidad económica dependen de que haya elecciones confiables, bien realizadas, con condiciones de equidad, como las que ha organizado el INE en los últimos años.

El recorte anunciado, sumado a algunas propuestas de reformas electorales que se han planteado en el Congreso, demuestra un intento por limitar a la autoridad electoral y hace que no se perfilen buenos tiempos para la recreación de la democracia.

El problema que podría presentarse ante un recorte de esta naturaleza es no sólo para el Instituto, sino también para la sociedad mexicana, ya que se debilita la capacidad para enfrentar los desafíos de la democracia.

Con esta decisión, si prospera, se van a poner en riesgo los derechos de los ciudadanos y, sobre todo, la capacidad probada de poder organizar elecciones de manera equilibrada y cierta como hasta ahora.

Sin un INE funcional, sin un INE capaz de brindar servicios ni de arbitrar elecciones equitativas, en condiciones de equidad, bien fiscalizadas, la paz pública, la estabilidad política y la estabilidad económica se ponen en riesgo.

El Instituto hace un llamado a la responsabilidad de todos los actores políticos y a la soberanía nacional representada en la Cámara de Diputados para cuidar la fortaleza del INE y de todos los órganos autónomos.

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2020, y lo remitió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. 

Con 302 votos a favor, 65 en contra y una abstención, se avaló en lo particular y en términos del dictamen, los artículos reservados 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35; los transitorios Séptimo, Décimo Tercero y Vigésimo Tercero; y, los anexos, 1, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 30, 31, 35, 36 y 37.

Además, los artículos 11 y 33 con las modificaciones aceptadas por la asamblea al dictamen.

Reservas

La Asamblea aceptó la modificación al artículo 11 del dictamen del PEF 2020, presentada por la diputada de MC, Pilar Lozano Mac Donald, con el propósito de abatir el subejercicio en el Fondo Metropolitano que duplica lo asignado en el gasto para el año próximo.

También destinar los recursos a programas de ordenamiento y obras de infraestructura que promuevan el transporte público, la movilidad motorizada eléctrica y activa como caminar, andar en bicicleta o cualquier otra forma impulsada por tracción humana.

Incluye alentar la participación y dar voz a los municipios. Modificar la estructura interna del comité técnico del Fondo que agilice la publicación de lineamientos y reglas de operación, la aprobación oportuna de los proyectos de inversión y la aplicación expedita de los recursos.

También se aprobó la reserva presentada por el diputado Francisco Favela Peñuñuri (PT), la cual tiene como propósito modificar el último párrafo del artículo 33, a fin de establecer que el gobierno federal instituya como política pública para impulsar el ordenamiento de los mercados agrícolas, la regulación en la contratación previa de las cosechas.

Con esta medida se prevé generar un instrumento central que garantice un ingreso a los productores, por medio del impulso de la contratación de la cobertura de riesgo climático y de mercado de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se emitan.

Por su parte, 45 diputados del grupo parlamentario del PAN, quienes no asistieron a la sesión, pidieron que sus reservas y posicionamientos sobre el dictamen del PEF 2020 se publicaran en la Gaceta Parlamentaria y se insertaran en el Diario de los Debates.

La Presidenta de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas Hernández, dijo que con fundamento en el artículo 93 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ordena que antes de que se remita el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se realicen las correcciones que demanda el buen uso del lenguaje y la claridad del mismo, sin modificar lo aprobado por el Pleno.

Ciudad de México - Durante más de ocho horas, diputados de los distintos grupos parlamentarios debatieron en favor y en contra del dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Morena

El diputado Irineo Molina Espinoza destacó que en este presupuesto se integraron las solicitudes de los presidentes municipales, con el objetivo de lograr la estabilidad financiera de los ayuntamientos, para ello, se aumentaron las aportaciones y participaciones; además, se fortalecerán los programas sociales que beneficiarán a la población más vulnerable.

El diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo destacó que en el presupuesto las prioridades de gasto se dirigen a programas para atender las desigualdades sociales, económicas y regionales, y de seguridad, bienestar y el sector energético; potencia la inversión productiva ante el gasto administrativo con austeridad, transparencia eficacia y eficiencia.

Del mismo partido, el diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua consideró falso que no haya reglas de operación para los programas incluidos en el PEF 2020; la fecha límite para tenerlas es febrero, lo que evitará caer en un clientelismo electoral. “Para la distribución de recursos se tomó en cuenta la inequidad que hay en el campo”, puntualizó.

PRI

El diputado Ismael Hernández Deras señaló que este presupuesto “traiciona al campo y a los productores mexicanos, porque se les quitan casi 20 mil millones de pesos para el 2020”. Además, dijo, se castiga la vertiente productiva que le genera economía, empleo e infraestructura al agro.

El diputado Brasil Alberto Acosta Peña se manifestó en contra del dictamen, por considerar que no resuelve las demandas de la sociedad. Hay mil 567 obras que deben realizar, como el drenaje, la vivienda, los hospitales para el pueblo, pero no lo harán porque “los dejaron fuera del presupuesto, y eso es traición”. Añadió que se etiquetaron 400 mil millones de pesos para programas sociales, que divididos entre “130 millones de mexicanos, por día les alcanza de ocho pesos. No sacarán al pueblo de la pobreza con eso”.

PT

El diputado Benjamín Robles Montoya se pronunció a favor del presupuesto, al señalar que se privilegia la inversión y el gasto social; los adultos mayores recibirán su pensión y habrá becas en todos los niveles. Subrayó que se fortalecerá a Pemex con recursos importantes y se apoyará a la CFE y a la Guardia Nacional.

MC

La diputada Martha Tagle Martínez sostuvo que este presupuesto tiene dos objetivos prioritarios: por una parte, los programas insignia del gobierno “dirigidos a construir y mantener una base clientelar” y, por otro, los proyectos de infraestructura del Presidente, “que no tienen planeación, impacto, ni pies, ni cabeza”. Resaltó que se dejaron al descubierto necesidades prioritarias y la garantía de derechos.

La diputada Julieta Macías Rábago dijo que votaría en contra porque la economía está estancada y el presupuesto “centralista y discrecional” que se pretende aprobar, desalentará la inversión, perjudicará sectores productivos y profundizará desigualdades sociales. Advirtió que no otorgaría su voto “a un Gobierno que ha dado muestras de ineficiencia y discrecionalidad, que sólo simula política de austeridad y no se atienden las aspiraciones de la ciudadanía”.

PES

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz enfatizó que este PEF busca cambiar el rumbo de la nación y que las familias vivan con dignidad; es decir, lleva una carga de esperanza, por lo que pidió a quienes radicalizan al país, trabajar en beneficio de los más de 50 millones de pobres que habitan en México.

PVEM

El diputado José Ricardo Gallardo Cardona aseguró que las políticas sociales son las necesarias para llegar a los grupos vulnerables y lo mejor para sacar adelante a México, por lo que este PEF 2020 tiene un voto a favor; sin embargo, afirmó que se debe buscar el diálogo para llegar a buen puerto en cuanto a las protestas de grupos que se manifiestan afuera de la Cámara de Diputados.

PRD

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña argumentó que su voto sería en contra, porque es un proyecto centralista que vulnera a estados y municipios. Estimó que lejos de impulsar la inversión y la infraestructura, la estanca. Añadió que por un lado se habla de institucionalidad, pero “quieren doblar a los organismos autónomos a través de recortes financieros”.

La diputada Mónica Bautista Rodríguez dijo que el PEF 2020 padece de graves deficiencias, además que en el actual ejercicio hay pésimos resultados de las finanzas públicas y un mediocre desarrollo de la economía nacional. Urgió a cambiar la estrategia en contra de la inseguridad, lo que se debe reflejar en el presupuesto no sólo fortaleciendo a la Guardia Nacional, sino también a las policías estatales y municipales.

En la sesión, la fracción parlamentaria del PAN no estuvo presente.

Ciudad de México.- En el marco del análisis del dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2020, diputados de Morena, PRI, PT, MC, PES, PVEM y PRD, fijaron sus posicionamientos sobre el documento.

En la fundamentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió respaldar este documento, pues su objetivo es la construcción del estado de bienestar.

Indicó que se atendió la demanda de todas las universidades públicas del país, para que sigan funcionando y tengan viabilidad; se integró el fondo que hará realidad el anhelo de que todos los jóvenes accedan a una carrera universitaria, y se estableció un sistema nacional de becas para que ningún joven deje la escuela; además, se respalda la educación inicial.

En este presupuesto, afirmó, se tocó uno de los flagelos más grandes y vergonzantes del país: los altos salarios y los enormes privilegios.

Se ejerció la función constitucional para que la Cámara establezca los niveles salariales que deben ganar la totalidad de los funcionarios. Por primera vez, “los senadores y los diputados ganaremos lo mismo; se quitan seguros y nadie ganará más que el Presidente de la República”.

Mencionó que nunca como hoy, se había abordado el tema del municipio y de las entidades federativas. Además, en este PEF se sensibilizan las reglas para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

El tema más polémico fue el de los pequeños agricultores. Hoy todos los productores de frijol tendrán la certeza de que les pagarán 14.50 pesos, y los de maíz, cinco pesos por kilo. Se restituye el precio de garantía para leche, arroz y trigo panificable; es decir, “cuidamos a una gran cantidad de productores que tienen hasta 20 o 30 hectáreas que estaban totalmente abandonados”. 

Además, resalta la protección para los agricultores del norte y del centro del país, pero bajo un sistema distinto; es decir, ya no será el acopiador y el industrial el sujeto principal de los subsidios a la comercialización, ahora será el agricultor, para que por medio un sistema de financiamientos, precios, coberturas y garantías puedan proteger la rentabilidad de su actividad y “ya no estén sujetos a los miles de coyotes que siguen pululando por el país”. 

Ramírez Cuéllar destacó que se constituirá un nuevo Banco Agrícola. Para ello, la Comisión de Hacienda tendrá la obligación de dictaminar, la siguiente semana, a favor de una nueva sociedad nacional de crédito, que pueda establecer tasas de interés más baratas.

“Nunca había habido la política agrícola que hoy sacamos y plasmamos en el dictamen; es falso que se abandonó el campo”, enfatizó. 

Al iniciar la ronda de posicionamientos, la diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) señaló que el gobierno actual ejercerá el presupuesto con responsabilidad. En el dictamen, dijo, se plasman las necesidades prioritarias para que las entidades federativas obtengan lo que les corresponde. También se respalda al sector salud, al energético y a la pacificación del país. 

“Se han hecho esfuerzos de reasignación para atender las exigencias del pueblo y se tiene el sentido de la distribución de la riqueza; en materia de seguridad pública se propone un presupuesto de 7 mil 444 millones de pesos que representa un incremento del 3. 25 por ciento respecto de 2019. El dinero es del pueblo y al pueblo le tiene que llegar”.

En su intervención, el diputado Fernando Galindo Favela (PRI) señaló que con este presupuesto no habrá crecimiento económico el próximo año, sino que va a mermar la capacidad de los órganos autónomos de este país, y el gobierno federal, los estados y municipios no van a contar con los elementos necesarios para hacer frente a la inseguridad. “Se recibieron a muchos grupos pero no se escuchó absolutamente a nadie”.

El coordinador del grupo parlamentario del PT, diputado Reginaldo Sandoval Flores, indicó que se abrió el diálogo para atender a los presidentes municipales, campesinos y rectores, entre otros. “Estamos respondiendo a los compromisos que se hicieron y apoyando a la educación superior, inclusiva e inicial”.

Por MC, la diputada Fabiola Raquel Loya Hernández sostuvo que el presupuesto 2020 es centralista, descuida rubros destinados al bienestar de los mexicanos, no cuenta con propuestas claras para propiciar el desarrollo económico en todas las regiones y no es congruente en educación, laboral, salud y seguridad. 

“El reclamo es que es un gasto que responde a la visión de un sólo hombre y no a las aspiraciones del país”. Señaló el enfoque asistencialista que frena el emprendimiento. Agregó que las reasignaciones son insuficientes y no representan una respuesta real a las demandas de la ciudadanía, sino que erosiona los contrapesos constitucionales. 

Jorge Arturo Argüelles Victorero, diputado de Encuentro Social, apuntó que el PEF 2020 es el primero hecho por un gobierno progresista y de amplia base social. Sostuvo que se enfrentará un gran reto ante la terrible pobreza que viven 52 millones de personas, que pese a sus grandes sacrificios no consiguen cambiar su situación. Una tarea prioritaria es hacer realidad los derechos sociales. Llamó a conciliar visiones y priorizar necesidades. 

Asimismo, apoyó la decisión de no aumentar impuestos ni endeudar al país, pero “la voluntad se quedó corta ante la demanda de la gente”. Se pronunció por un gasto suficiente para terminar con la inseguridad y dar tranquilidad en todo el país.

Del PVEM, la diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés se pronunció a favor de la propuesta, al considerar que privilegia el gasto en bienestar social con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vidas y Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad Permanente, que reciben alrededor de 200 mil millones de pesos; no obstante, se dijo preocupada por la reducción de más del 25 por ciento de recursos al rubro de medio ambiente. “Es fundamental que las discusiones atiendan sobre todo las necesidades de las y los mexicanos”.

Al fijar el posicionamiento del PRD, el diputado Antonio Ortega Martínez se manifestó en contra del presupuesto planteado, porque, dijo, difícilmente tendrá un efecto multiplicador de la economía nacional; además, retira el respaldo al Programa Especial Concurrente.

Destacó que Pemex recibirá más de 400 mil millones de pesos, pero sus planes de negocios no satisfacen los mercados financieros nacionales e internacionales. “Aunque las prioridades suenan bien, ninguno de sus propósitos se materializan de manera adecuada. El calificativo más acorde del PEF, es que fue elegido sin razones ni estudios técnicos que lo justifiquen”.

Mociones suspensivas

Previamente, el Pleno desechó dos mociones suspensivas presentadas por las diputadas Mónica Bautista Rodríguez (PRD), y Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI).

Argumentaron que la fecha límite para la aprobación del PEF era el 15 de noviembre; no se garantizan los derechos de las minorías parlamentarias; se incumple el acuerdo de la Jucopo que estableció las reglas para su discusión; carece de legitimidad; se violentó el proceso parlamentario; el dictamen no circuló con el tiempo debido pues se aprobó hoy en la Comisión respectiva, y se quiere avalar en una sesión de Pleno de fecha 6 de noviembre.

De acuerdo con testigos, los individuos pidieron “parada”, subieron a la unidad y con el pretexto que fueron colisionados cuadras atrás tunden a golpes al operador mientras le roban la venta del boletaje del día.

 Tras cometer su fechoría los individuos obligan al chofer a detener la unidad, no sin antes golpearlo de nuevo.

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó esta noche, en lo general, el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2020, que prevé un gasto total neto por la cantidad de seis billones 107 mil 732.4 millones de pesos.

El documento fue avalado con 321 votos a favor y 78 en contra.

Se establece que las prioridades del gasto se dirijan hacia programas sociales, a fin de brindar atención a las desigualdades económicas, sociales y regionales que persisten en el país.

Asimismo, se espera que el gasto en inversión sea detonante del crecimiento económico.

Y se privilegia el gasto en seguridad, bienestar social y sector energético para lograr la reactivación en rubros como la infraestructura de Petróleos Mexicanos.

Se plantea como contexto un entorno internacional complejo, con desaceleración económica, precios de energéticos a la baja e intensificación de conflictos geopolíticos y tensiones comerciales, en el que se busca reducir el impacto de los factores externos en la economía nacional.

El objetivo es impulsar el crecimiento sostenido y preservar la estabilidad macroeconómica en un marco de finanzas públicas sanas.

Asimismo, el proyecto de gasto para el 2020 busca potenciar la inversión productiva sobre el gasto administrativo, manteniendo la austeridad, transparencia, eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto público.

El dictamen destaca, también, que importantes recursos se destinarán al rescate del sector energético, a fin de revertir el deterioro de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con incrementos reales de 8.8 por ciento y 1.4 por ciento, respectivamente.

Destacan los recursos canalizados a la construcción de la Refinería en Dos Bocas, Tabasco, con el propósito de incrementar la capacidad de procesamiento de crudo y satisfacer las necesidades del mercado mexicano.

Para 2020, el Ejecutivo federal propone que no se comprometan nuevos proyectos de inversión en infraestructura. En ese sentido, “se considera que tal decisión es congruente con los principios de austeridad republicana y combate a la corrupción, impulsados por el gobierno de México y previstos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”.

El documento resalta que en esta LXIV Legislatura se considera de vital importancia la política social implantada por el Ejecutivo federal. Sin embargo, dice, se requiere conocer la efectividad de los programas sociales y el verdadero impacto que tendrían en la población.

De conformidad con las solicitudes de diversas comisiones ordinarias y de la sociedad civil, y en un ejercicio de fortalecimiento de la evidencia para los programas sociales, se incluyen 63 Programas en el Anexo 25, “Programas Sujetos a Reglas de Operación”, aumentando las intervenciones del gobierno que estarán sujetas a esta modalidad. Las Reglas de Operación deberán ser publicadas, a más tardar, el 31 de diciembre de 2019, conforme a lo establecido en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los 13 programas que se adicionan a los previamente existentes son: Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos; Crédito Ganadero a la Palabra; Fertilizantes; Producción para el Bienestar; Programa de Microcréditos para el Bienestar; Jóvenes Escribiendo el Futuro; Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez; Jóvenes Construyendo el Futuro; Programa Nacional de Reconstrucción; Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; Sembrando Vida; Programa de Infraestructura Indígena; y Programa de Apoyos a la Cultura.

En el caso de los programas que se añaden, las dependencias y las entidades deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación a más tardar el último día de febrero.

Se establece que la Cámara de Diputados, a través de la comisión ordinaria que en razón de su competencia corresponda, emitirá opinión sobre las Reglas de Operación publicadas por el Ejecutivo federal en los términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Se considera esencial que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publique en formato de datos abiertos, en el portal electrónico en materia de transparencia presupuestaria, entre otros elementos, la información que permita identificar, a partir de las Reglas de Operación, las características de los programas presupuestarios en materia de desarrollo social, así como los padrones de beneficiarios.

Además, las dependencias y entidades que tengan a su cargo dichos programas deberán establecer un padrón de beneficiarios que deberá incluir nombre o razón social del beneficiario, municipio, entidad federativa y monto del apoyo otorgado, o bien entregado.

El documento considera adecuado que la SHCP utilice la última información trimestral de población por entidad federativa dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, para efectos de calcular los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a que se refiere el artículo 36, inciso a), de la Ley de Coordinación Fiscal.

Para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, se establece que en caso de que el INEGI no dé a conocer la información correspondiente a la variable del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, la SHCP tomará en cuenta la última información del PIB anual en el ámbito estatal, que dé a conocer dicho instituto, y la dividirá entre la información de la última publicación de proyección de la población a mitad de año con la información anual a nivel estatal, que dé a conocer el Consejo Nacional de Población. Lo anterior, siempre y cuando ambas variables correspondan al mismo año para cada entidad federativa.

Asimismo, para efectos de la variable no se considerará correcto que -tal y como se ha estimado en años anteriores- la Secretaría de Hacienda y Crédito Público utilice la última información trimestral de población por entidad federativa dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Con ello, la distribución de los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, no se paralizará en caso de que por algún motivo llegare a faltar información para calcular las variables correspondientes, lo cual garantizará que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esté en condiciones de distribuir, en todo momento, los recursos de dichos fondos con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia y transparencia, tal como lo prevé el artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dándole continuidad a lo aprobado en ejercicios fiscales anteriores por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en uso de su facultad exclusiva, prevista en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política.

Se adiciona un artículo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fortalezca las acciones en materia de transparencia presupuestaria, con la finalidad de mejorar los reportes e informes que ésta realiza de forma periódica en términos de las disposiciones aplicables, a efecto de hacerlos más accesibles al público en general.

También, se incorpora la obligación de reportar el avance de los programas presupuestarios conforme a su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberá analizar las acciones tendentes a incorporar en próximos ejercicios fiscales, en los proyectos de presupuesto de egresos, un anexo enfocado a la lucha anticorrupción que involucre a toda la administración pública federal y demás entes públicos.

Argumenta que la inversión en la población infantil es indispensable para alcanzar el desarrollo que el país requiere. De tal forma que, conforme a las recomendaciones internacionales, se requiere fortalecer el presupuesto destinado a la Primera Infancia, de manera transversal, con la finalidad de incrementar la efectividad de las intervenciones públicas.

Se prevé que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia, continúe con el fortalecimiento del anexo transversal de niñas, niños y adolescentes, que incluye la vertiente de Primera Infancia. De tal forma, la Secretaría de Educación Pública pondrá especial atención en los programas que incluyen el componente de Primera Infancia. La Cámara de Diputados se deberá mantener informada en la atención brindada a este rubro.

Se considera de especial importancia otorgar claridad en el manejo de los fideicomisos, mandatos y análogos. Por ello, se dispone, en concordancia con las medidas de austeridad impulsadas por los poderes Ejecutivo y Legislativo, relativas a la transparencia financiera y fiscalización de gasto, que los ejecutores de gasto informen a la Cámara de Diputados, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un análisis respecto de la eficiencia y eficacia del cumplimiento de los fines u objeto de dichos instrumentos.

En materia de medio ambiente, se precisa que se analizará la metodología utilizada para la conformación del Anexo Transversal “Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático”, para que, en caso de considerarse procedentes, se incorporen elementos que permitan realizar una mejor estimación de las asignaciones que se vinculan a dicho anexo en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal siguiente.

Además, se fortalece la obligación a cargo de las entidades federativas para que reporten periódicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del sistema correspondiente, y en términos de las disposiciones que emita dicha dependencia, la información relativa a los convenios de reasignación de recursos, así como la de sus entes públicos y sus municipios, especificando, al menos, el objeto del convenio, la ubicación geográfica, los proyectos contemplados, y el ejecutor del gasto en cada entidad federativa.

Se considera de especial importancia garantizar los recursos presupuestales para financiar las recientes reformas constitucionales y legales aprobadas, en especial la obligatoriedad que tiene el Estado para impartir la educación superior de manera gratuita.

Este Presupuesto de Egresos prevé los recursos necesarios para la creación del fondo previsto en la reforma constitucional en materia educativa.

También, se considera de vital importancia que en el Presupuesto de Egresos se prevean recursos para la implementación de la primera etapa de la Reforma en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de mayo de 2019. Dicha reforma, cuya implementación contempla un proceso de cuatro años, pondrá a México a la vanguardia de los derechos laborales y garantizará la democracia y libertades sindicales como no se había hecho en más de tres décadas.

La primera etapa incluye las siguientes entidades federativas: Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Morelos, Nayarit, Puebla, Tabasco y Veracruz, para lo cual se prevé un presupuesto de mil 401.9 mdp para su ejecución.

La Cámara de Diputados externa su compromiso con el federalismo y con la atención a las necesidades presupuestales urgentes de los municipios del país.

Por ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá destinar los recursos federales a los que se refiere la disposición Séptima transitoria de la Ley de Ingresos de la Federación 2020, para apoyar a las entidades federativas que presenten un desequilibrio financiero que imposibilite el pago de compromisos de corto plazo o para mejorar la infraestructura de las mismas.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá enviar a esta Cámara de Diputados una propuesta de medidas que impulsen la sostenibilidad actual y futura de las finanzas públicas de las entidades federativas y municipios, así como, en su caso, la inversión en infraestructura en éstos.

Para los municipios indígenas considerados entre los 200 más pobres del país, los proyectos de inversión del Programa de Infraestructura Indígena se podrá financiar en su totalidad con recursos federales o de manera concurrente. También, se procurará atender el pleno acceso y satisfacción de las necesidades de dichos grupos, tales como electricidad, agua, drenaje, educación, salud, vivienda e infraestructura para la producción, almacenamiento y distribución de alimentos.

Conforme al artículo 272 de la Ley del Seguro Social, el gasto programable del Instituto Mexicano del Seguro Social será de 825 mil 062 millones 882 mil 280 pesos. El gobierno federal aportará al instituto la cantidad de 107 mil 653 millones 564 mil 617 pesos como aportaciones para los seguros; dispondrá de la cantidad de 344 mil 161 millones 712 mil 398 pesos para cubrir las pensiones en curso de pago derivadas del artículo Duodécimo transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995; aportará la cantidad de 5 mil 204 millones 756 mil 181 pesos para atender lo dispuesto en los artículos 141, 172 y 172 A de dicha ley, y aportará la cantidad de 498 millones 800 mil pesos para atender lo dispuesto en el artículo Segundo transitorio del Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2019.

El Presupuesto de Egresos incluye la cantidad de 4 mil millones de pesos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública, con la finalidad de favorecer a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función, que realicen un fortalecimiento destacado del desempeño en seguridad pública, de sus capacidades institucionales y policiales.

Los subsidios serán destinados para los conceptos y conforme a los lineamientos que establezca el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en alineación con los programas con prioridad nacional definidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el objeto de apoyar la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, así como el fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública y a la prevención social de la violencia y la delincuencia.

En las disposiciones transitorias se precisa que bajo ninguna circunstancia se podrán hacer aportaciones, transferencias, o pagos de cualquier naturaleza utilizando instrumentos que permitan evadir las reglas de disciplina financiera, transparencia y fiscalización de gasto.

Los recursos en numerario, así como los activos, derechos, títulos, certificados o cualquier otro documento análogo que los entes públicos de la administración pública federal aporten o incorporen al patrimonio de fondos o fideicomisos serán públicos y no gozarán de la protección del secreto o reserva fiduciarios para efectos de su fiscalización.

Los ingresos federales que se obtengan de reintegros a la Tesorería de la Federación que realicen las universidades e instituciones públicas de educación superior, respecto de recursos federales no ejercidos en ejercicios fiscales anteriores al 2020, se podrán destinar por la secretaría a proyectos de inversión en infraestructura educativa a cargo de universidades e instituciones públicas de educación superior.

Cuidad de  México.- La Cámara de Diputados formuló la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social.

Ello, con base en los Criterios Generales para la Determinación de las Zonas de Atención Prioritaria 2020, emitidos en julio de 2019 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como en los resultados de los estudios de medición de la pobreza y los indicadores asociados.

Las Zonas de Atención Prioritaria Rurales (Anexo A), son mil 480 municipios que se encuentran en 31 entidades federativas y que cumplen con alguna de las siguientes condiciones: son de Muy Alta o Alta Marginación, o municipios indígenas o de Alto nivel delictivo.

Se establece como Zonas de Atención Prioritaria Urbanas (Anexo B): 40 mil 628 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) urbanas en cuatro mil 243 localidades urbanas de dos mil 314 municipios y que cumplen las siguientes condiciones: AGEBS urbanas con Muy Alto o Alto Grado de Marginación y que no se ubican en Zonas de Atención Prioritaria Rurales o AGEBS urbanas ubicadas en Zonas de Atención Prioritaria Rurales.

Asimismo, se solicitó la publicación de la Declaratoria en el Diario Oficial de la Federación, junto con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2020.

Posteriormente, concluyó la sesión y se citó para el próximo martes 26 de noviembre, a las 11:00 horas.