Durante su visita, el funcionario atestiguó los resultados de las labores que se llevaron a cabo en 26 plantaciones, en las cuales se instalaron mil 345 botes matadores, además de que se efectuaron 16 eventos de capacitación en beneficio de más de mil mujeres y hombres del agro yucateco.

Acompañado del subsecretario de Desarrollo Rural, Roberto Tolosa Peniche, y del alcalde anfitrión, Saúl Nic Chablé, Díaz Loeza afirmó que estos trabajos refrendan el compromiso que tiene el Gobernador Mauricio Vila Dosal con el campo de Yucatán para mejorar la calidad de vida de las familias que dependen de él.

Para don René Clavel Pat, agricultor de naranja de Akil, afirma que el monitoreo y control del insecto le da mucha certeza, ya que este año ha habido mayor producción, en comparación con el año pasado. “La atención por parte de Secretaría fue buena y pronta, eso ayudó significativamente”, dijo.

Clavel Pat explicó que cuando la mosca blanca ataca el cultivo no logran cosechar a tiempo, ya que la fruta dañada se cae antes de que llegue a la etapa de madurez.

A diferencia de años anteriores, cuando no se realizaba adecuadamente el combate contra esta especie y la producción, tanto de naranja como de mamey, era baja, en esta ocasión tenemos la esperanza de que se duplique, finalizó.

En la presentación del circuito, el director del Instituto del Deporte del Estado (IDEY), Carlos Sáenz Castillo, recordó "que el deporte es prioritario en el Gobierno de Mauricio Vila Dosal, ya que, con su práctica, se ratifica el compromiso de activar a la población, con eventos que la impulsen a cambiar sus hábitos y costumbres, para tener una mejor calidad de vida".

Las categorías convocadas son de ocho a 10 y de 11 a 13 años. Yucatán buscará el boleto para la etapa nacional, que se realizará en Querétaro en octubre, por lo que competirá con las escuadras surgidas de una eliminatoria, en la que estuvieron los clubes Tigres y Águilas de Mérida, Lobos del Tecnológico, Ryders, Guerreras Mayas y el Colegio “Eloísa Patrón”, en ambas ramas.

El capítulo mexicano de la estadunidense Liga Nacional de Fútbol (NFL, por sus siglas en inglés), realizó en la entidad el Campeonato Nacional de Tochito Bandera, en modalidad de 13 a 14 años o "Vince Lombardi", el mes de febrero en el Colegio Montejo. Como resultado, se estrechó la relación entre la dependencia estatal y la dirigencia de la organización, sobre esta disciplina que, junto con el basefive, está de moda por las edades que abarca y los espacios donde se puede practicar.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Fútbol Americano y Flag Fútbol local, Daniel Sosa Madera, agradeció al Gobierno por las facilidades que brindó en las unidades deportivas, para que se celebren aquí estos torneos. Asimismo, aseguró que llegar a la final en Querétaro será una gran experiencia para quienes lo logren, pues se contará con la presencia de Charles Haley, legendario ganador de cinco anillos de Súper Tazón con los Vaqueros de Dallas y los 49ers de San Francisco.

Al anuncio de esta actividad, acudieron el representante de la NFL en el territorio, Carlos Cardona Mendoza, y el titular de “La cancha”, Pedro Castillo Rosado.

La capitana del equipo tricolor, Quintal Catzin, se mostró optimista por su participación para este certamen, que la dejó entre las mejores 10 del certamen tras perder ante la brasileña Rafaela Silva 5-4, consiguiendo su objetivo de colocarse dentro del top 10 de la división.

“Sabemos que es un evento de mucha exigencia, pero tuve con la mentalidad de colocarme bien, y quedar entre los primeros 10 lugares es un buen indicador para el segundo semestre del año. En cuanto a las competencias de la Serie Mundial estos suman puntos para el ranking rumbo a Tokio 2020”, detalló la deportista.

La yucateca adelantó que para los siguientes meses tendrá actividad nacional e internacional, como el Abierto Mexicano, organizado por la Federación Karate y la Premier League en Madrid.

La seleccionada nacional, tomara parte los próximos días en el Open Mexicano de la especialidad en Monterrey, Nuevo León; para luego continuar en la Premier League a realizarse en Madrid, España a fines de noviembre.

Adelanto que el proceso hacia los Juegos Olímpicos Tokio 2020 donde el karate hace su debut iniciara en Paris con el preolímpico evento al que solo asistirá un representante de México por categoría calificando los tres primeros lugares más el sembrado número cuatro en el ranking mundial y dos mas que defina la Federación Mundial, explicó.

A la Serie A de Karate también asistieron por México, Xhunashi Caballero, en los 61 kilos; Pamela Mariel Campos, Paulina Ramos, Mireya Guadalupe Velarde, en los -68 kilos y Wendy Madrigal en los +68 kilos.

Además de Daniel Esparza, Jesús Leonardo Rodríguez, en los -67 kilos; Luis Andrés Vázquez, -75 kilos; Jesús Eduardo Ledesma, Carlos Maya, Jorge Viveros, en los -84 kilos y Juan Manuel Castro y Carlos Antonio Besne, en los +84 kilos.

Mérida, Yucatán.-  Reconocer los logros deportivos de los atletas del interior del estado y que estos sirvan de motivación y ejemplo en sus comunidades; es lo que se busca con el Mérito Deportivo Yucateco Municipal 2019, una nueva propuesta que tiene el Instituto del Deporte para las y los jóvenes deportistas de Yucatán.

La convocatoria expedida por el Gobierno del Estado a través de Instituto del Deporte y que cierra inscripciones el próximo lunes 30 de septiembre; convoca a todos los presidentes municipales a proponer a su mejor deportista a fin de que pueda tomar parte en la elección del Mérito Deportivo Yucateco Municipal 2019.

Entre los requisitos que se requieren para poder participar en la elección esta el solicitar el nombre de usuario y contraseña vía correo electrónico a cecilia.pacheco@yucatan.gob.mx o carlos.cardona@yucatan.gob.mx, realizar la captura de los datos de su atleta más destacado por medio de la pagina http://deporte.yucatan.gob.mx, adjuntar los documentos comprobatorios de los eventos en los que ha participado el atleta, así como una fotografía del mismo en archivo jpd y acudir a la feria de inscripción a realizarse el 1 de octubre en la sala de juntas del Instituto del Deporte de 11 a 13 horas.

Los documentos requisitados para la inscripción son: acta de nacimiento, CURP, memoria de los eventos (fotografías y/o videos) y carta de vecindad del municipio que representa.

Mientras que las bases a seguir son: inscribir a un atleta por municipio, el periodo deportivo a calificar será del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019, y no podrá participar en las categorías correspondientes al Mérito Deportivo Yucateco.

Para mayores informes, los interesados podrán comunicarse al número telefónico (999) 9420050 ext 263 en horarios de oficina.

Ciudad de México.– La Secretaría de Marina-Armada de México informa que durante las dos primeras semanas de este mes de septiembre se han recolectado de manera manual y con ayuda de bandas y barredoras un total de 5,793.40 toneladas de sargazo en los siete municipios afectados por el recale de esta alga en el estado de Quintana Roo; asimismo, se han recolectado 494.55 toneladas de sargazo en alta mar, lo que representa 645.76 m3.

En el marco de la Estrategia del Gobierno de México para la contención del fenómeno atípico del sargazo, de mayo a septiembre de este año se han recolectado 78,757.00 toneladas de sargazo; es de destacar que desde el inicio de la temporada en este esfuerzo en la costa se han sumado los gobiernos estatales, municipales y concesionarios; con la valiosa ayuda de 16,891 personas involucradas en las actividades de limpieza en las diferentes playas.

De igual manera, se continúa con el apoyo con embarcaciones de esta Institución, para la recolección del sargazo en las diferentes playas afectadas en los municipios de Solidaridad, Benito Juárez, Puerto Morelos, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres y Othón P. Blanco, como se detalla a continuación:

Solidaridad  23,923.70 toneladas recolectadas y una afectación del 05%. Actualmente estas playas presentan mínimo recale de sargazo, por lo que el esfuerzo de limpieza se ha reducido.

Benito Juárez 19,903.39 toneladas rec9lectadas con una afectación del 15%. Se observó un incremento ligero en el recale del sargazo. Sin embargo, las actividades de limpieza se mantienen.

Puerto Morelos  18,264.30 toneladas recolectadas con        una afectación en sus playas del 20%. Las playas recibieron más recale de sargazo que en las fechas anteriores. Se realizan actividades de limpieza en las playas, a través de brigadas.

Tulum 15,420.90 toneladas recolectadas con una afectación del 40%     en sus playas. Estas playas tuvieron un aumento en el recale del sargazo. Se incrementaron las labores de limpieza.

Cozumel 834.40 toneladas recolectadas con una afectación del 15%       en sus playas. Se incrementó el recale de sargazo con respecto a fechas anteriores. Se mantienen las labores de limpieza en las áreas con sargazo.

Isla Mujeres 249.00   toneladas recolectadas con una afectación del 0% en sus polayas.  Las playas continúan limpias y sin recale de sargazo.

Othón P. Blanco 162.00 toneladas recolectadas con una afectación del40% en sus playas. En las playas de este municipio se ha mantenido el recale del sargazo. Las labores de limpieza no han disminuido.

Asimismo, se realizó la botadura de la primera de cuatro embarcaciones sargaceras que se construyen en el Astillero de Marina No. 3 en Coatzacoalcos, Veracruz, efectuando pruebas de estanqueidad y flotabilidad, así como funcionamiento de los motores fuera de borda, en inmediaciones del río Coatzacoalcos. Se tiene planeada la entrega de la primera embarcación el 25 de octubre próximo.  

En cuanto a la rehabilitación del buque Kelsol se le asignó tipo, clase, nombre y numeral, denominándose Buque Sargacero Oceánico, ARM “NATANS” (BSO-101), el cual se encuentra en el puerto de Manzanillo, Colima, con la finalidad de reactivar sus equipos para su funcionamiento, así como mantenimiento al casco y maquinaria.  

Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México realiza un esfuerzo constante y contribuye con los medios disponibles en la Estrategia del Gobierno de México, referente al plan de contención del fenómeno atípico del sargazo en las costas del Caribe Mexicano y del estado de Quintana Roo.

Ciudad de México.- En atención a la recomendación número 26 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública a nombre del Estado Mexicano a Martha Alicia Camacho Loaiza, Miguel Alfonso Millán Camacho y José Manuel Alapizco Lizárraga, víctimas del periodo histórico conocido como Guerra Sucia.

Les ofrezco una disculpa pública por el daño a la imagen, el honor y a la dignidad en agravio de su familia, derivadas de la criminalización realizada en su contra por diversas instituciones del Estado mexicano, afirmó Sánchez Cordero a 42 años de los acontecimientos.

Refrendo el compromiso de este gobierno, añadió, por respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, trabajaremos para capacitar en materia de derechos humanos a nuestras fuerzas armadas y realizaremos acciones para que nuestras instituciones tenga siempre perspectiva de género como eje transversal de su actuar.

Martha Alicia Camacho Loaiza y su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga, militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fueron detenidos el 19 de agosto de 1977 en Culiacán, Sinaloa, por soldados de la IX Zona Militar, policías estatales y miembros de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Martha fue torturada durante 49 días en la Novena Zona Militar en Culiacán; obligada a presenciar la tortura y ejecución arbitraria de su esposo –cuyo cuerpo fue desaparecido– y a dar a luz en condiciones infrahumanas. Recuperó su libertad tras pagar un rescate y se convirtió en una de las pocas sobrevivientes de estos hechos.

Tras la creación en 2001 de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Martha Camacho, con el acompañamiento del Centro Prodh, interpuso el 22 de mayo de 2002 una denuncia por el asesinato y desaparición forzada de José Manuel y por tortura y desaparición forzada consumada de ella misma.

Mensaje de la secretaria Olga Sánchez Cordero, en el acto de disculpa pública del Estado mexicano a víctimas de la Guerra Sucia

Buenas tardes:

El día de hoy nos reunimos todas y todos en este acto público para dar cumplimiento a las medidas de reparación derivadas de los lamentables actos de tortura de los que fueron víctimas la señora Martha Alicia Camacho Loaiza, su hijo Miguel Alfonso Millán Camacho y su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga, quien producto de estos lamentables hechos fue privado de la vida por miembros del Ejército Mexicano.

Tras 42 años de los hechos, la señora Martha Alicia Camacho Loaiza y su hijo Miguel Alfonso Millán Camacho no han descansado en su lucha por el acceso a la justicia y la verdad sobre lo que les ocurrió a ellos de manera directa, así como en la búsqueda de justicia y verdad para dar con el paradero del cuerpo de su esposo y padre, respectivamente.

Es importante mencionar que se observaron en este proceso omisiones importantes y falta de diligencia por parte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de la entonces Procuraduría General de la República pues el 07 de febrero de 2013 se les notificó el no ejercicio de la acción penal, al determinar la prescripción de los delitos de allanamiento de morada y privación ilegal de la libertad.

Lo anterior quedó evidenciado en el Amparo en Revisión 209/2014 resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer circuito, quien determinó que estas conductas en realidad constituyen los medios comisivos para el delito de tortura, por lo cual sostuvo se realizará una investigación diligente y efectiva para esclarecer la verdad de los hechos.

En ese contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en junio de 2017, confirmó su carácter de víctimas de violaciones a derechos humanos por los siguientes hechos relatados en la Resolución que finalmente determina el Plan de Reparación Integral del Daño en su favor emitida por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima en junio del presente año:

El día 19 de agosto de 1977 la señora Martha Alicia Camacho Loaiza, con ocho meses de embarazo, y su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga, quienes fueran integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, movimiento armado con carácter de Guerrilla Urbana, fueron detenidos con violencia por elementos de la Policía Judicial del estado de Sinaloa y agentes de la entonces Dirección Federal de Seguridad que integraban la llamada “Brigada Blanca o Brigada Especial”.

Ambos fueron llevados a la novena Zona Militar, en Culiacán, Sinaloa, lugar donde José Manuel Alapizco fue torturado y ejecutado extrajudicialmente sin que su cuerpo fuera restituido a sus familiares o a la autoridad competente, y donde también Martha Alicia Camacho Loaiza fue torturada, desaparecida por un lapso de 49 días en los que se le trasladó por lo menos a dos casas de seguridad y donde dio a luz a su hijo bajo condiciones precarias de salubridad y realizando prácticas médicas, que por la naturaleza de su implementación podrían constituir actos de violencia obstétrica.

Así mismo, su hijo Miguel Alfonso Millán Camacho, fue sometido a actos de tortura desde los primeros instantes de su vida, lo cual resulta uno de los agravios más lacerantes de los que una persona y una familia pudieran dar cuenta en su calidad de sobrevivientes.

A lo anterior se agrega el perjuicio a la justicia y a la verdad, así como los actos de re victimización que ocasionara la notificación de prescripción realizada por la FEMOSPP, misma que hizo evidente la falta de diligencia por parte de la autoridad ministerial investigadora, la cual impidió que la verdad histórica y la reparación real y efectiva llegaran finalmente a las víctimas.

Con fundamento en la Ley General de Víctimas, en el Plan de Reparación Integral del Daño en su favor y bajo la convicción institucional e histórica por la justicia, la verdad y el respeto a la dignidad humana.

Señora Martha Alicia Camacho Loaiza:

Señor Miguel Alfonso Millán Camacho:

A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la transgresión a sus derechos en el marco de las violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos humanos ocurridas en un contexto de violencia política del pasado, en el periodo histórico conocido como “Guerra Sucia”, por el que usted señora Martha Camacho fue detenida arbitrariamente, torturada y desaparecida de manera transitoria, por el que usted señor Miguel Alfonso fue torturado y desaparecido de manera transitoria y por el que el señor José Manuel Alapizco fue detenido de manera arbitraria, torturado y privado de la vida extrajudicialmente, hechos perpetrados por parte de la Policía Judicial del estado de Sinaloa, de la Dirección Federal de Seguridad y por el Ejército Mexicano.

Le ofrezco una disculpa por la violación a su acceso a la justicia y a conocer la verdad sobre los hechos, así como el paradero del cuerpo del señor José Manuel Alapizco Lizárraga, ante los obstáculos y la dilación de las instituciones encargadas de impartir justicia.

Les ofrezco una disculpa pública por el daño a la imagen, el honor y a la dignidad en agravio de su familia, derivadas de la criminalización realizada en su contra por diversas instituciones del Estado mexicano.

Por mi conducto, el Estado mexicano hace un compromiso por garantizar la reparación integral de los daños que provocaron las autoridades desde el 19 de agosto de 1977, y a su vez, reitero el compromiso de este gobierno de implementar las medidas necesarias para la no repetición de los actos que violentaron sus derechos humanos, para que con ello ninguna otra persona tenga que pasar por estas atrocidades.

Quiero agregar que el caso de la señora Martha Alicia Camacho Loaiza es evidencia de que la violencia de Estado, cuando se ejerce sobre las mujeres, tiene un alto componente de género y de sometimiento que lesiona de manera diferenciada sus cuerpos y sus derechos, buscando generar un agravio profundo a su dignidad, tal como lo evidencian la tortura sexual y la violencia obstétrica. Por lo cual, señora Martha Camacho, su incansable labor en la búsqueda de justicia y verdad, deberá ser precedente para el reconocimiento de los agravios que muchas mujeres padecieron en este lamentable periodo y las cuales fueron silenciadas.

Refrendo el compromiso de este gobierno por respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, trabajaremos para capacitar en materia de derechos humanos a nuestras fuerzas armadas y realizaremos acciones para que nuestras instituciones tenga siempre perspectiva de género como eje transversal de su actuar.

Prevenir es también un acto de justicia y, como se ha comprometido el presidente de la República, el actual gobierno habrá de garantizar en todo momento la vida, la libertad y la integridad personal de todas y todos, pues aspiramos a ser un país donde nunca más se vuelva a torturar. Por eso implementaremos programas para prevenir y sancionar la tortura con la firme convicción de que la erradicación de esta cruel práctica es posible.

Garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales es y será la principal tarea del Estado mexicano. Sin importar el tiempo que haya pasado o la institución que haya violentado estos derechos, la justicia llegará a todas las personas en el país.

Muchas gracias.

 Ciudad de México. -El Senado de la República ha recibido de la Cámara de Diputados las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia educativa, informó la presidenta de la Mesa Directiva, senadora Mónica Fernández Balboa.

Las y los senadores habremos de revisar con absoluta responsabilidad, apertura y diálogo la Ley General de Educación, la Ley Reglamentaria sobre Mejora Continua de la Educación y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Las comisiones de Educación y Estudios Legislativos analizarán las minutas recibidas las cuales posteriormente se presentarán ante el pleno del Senado de la República.

Como siempre, las y los senadores seremos respetuosos de todas y cada una de las expresiones que pueden presentarse en el marco de nuestros trabajos.

La Cámara Alta trabajará en las nuevas leyes para sustentar el mandato del Artículo 3º Constitucional, de garantizar una educación laica, gratuita y obligatoria, que ahora comprenderá desde la educación inicial hasta el nivel universitario.

En ese proceso, está claro que en el centro del proceso educativo se encuentran los maestros, los alumnos y los padres de familia, y que el objetivo es la mejora continua de la educación, como base para la construcción de un país acorde con las necesidades de las nuevas generaciones.

La reforma educativa, y la emisión de las leyes secundarias que sustenten la reforma constitucional aprobada por el Congreso, es una de las prioridades de la actual Legislatura.

Ciudad de México.- La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa que busca ampliar el número de períodos ordinarios de sesiones de las Cámaras del Congreso de la Unión, pasando de dos, que contempla actualmente nuestra Carta Magna, a tres. Lo anterior a efecto de atender adecuadamente los asuntos que corresponden a cada una de las Cámaras.

La exposición de motivos detalla que durante el primer año de la LXIV Legislatura se presentaron, hasta el mes de mayo, más de 800 iniciativas en la Cámara de Senadores y más de mil 500 en la Cámara de Diputados; además de mil proposiciones con punto de acuerdo en la Cámara Alta y más del doble en la colegisladora.

El trabajo legislativo de la actual Legislatura se acumuló al rezago que quedo pendiente de la pasada, por lo que se encuentran todavía pendientes de dictaminar en el Senado de la República más de 550 iniciativas y cerca de mil proposiciones con punto de acuerdo.

El texto referido considera que los dos períodos ordinarios que actualmente dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Congreso de la Unión proceda al estudio y posterior dictaminación de los asuntos que se turnan a comisiones, no son suficientes ni prácticos para atender en su totalidad el trabajo legislativo.

Con el objetivo de fortalecer el trabajo legislativo y otorgar a los legisladores períodos adecuados atender los problemas de sus estados de origen, la iniciativa considera pertinente establecer tres períodos ordinarios de sesiones, con una extensión de tres meses cada uno, para hacer más ágil y expedita la atención de los asuntos del Poder Legislativo.

Las fechas propuestas para celebrar dichos períodos son: del 1º de septiembre al 15 de diciembre; del 5 de enero al 31 de marzo; y del 1º de mayo al 31 de julio.

La iniciativa que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue turnada directamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Ciudad de México.- La senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez propuso una reforma para facultar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión a presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes locales, que consideren contrarias a los principios de la Constitución.

La legisladora explicó que en la actualidad ni la Cámara de Diputados ni el Senado de la República cuentan con atribuciones para plantear la posible contradicción constitucional de alguna ley de las entidades federativas.

Por ello, sugirió establecer en el artículo 105 de la Carta Magna que el equivalente al 33 por ciento de los integrantes del Senado de la República o de la Cámara de Diputados puedan plantear, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acciones de inconstitucionalidad en contra de normas de carácter local.

Consideró fundamental que el Congreso de la Unión cuente con atribuciones para plantear la posible inconstitucionalidad de ordenamientos locales que estime contrarios al principio de supremacía constitucional.

Sin duda alguna, resaltó, esta medida contribuirá a preservar y garantizar la eficacia del sistema jurídico. Sin embargo, dejó en claro que al final será la Suprema Corte quien determinará lo conducente.

Recordó que la acción de inconstitucionalidad es un mecanismo que constituye uno de los más importantes medios de control en el sistema jurídico mexicano, pues permite salvaguardarlo y mantenerlo en armonía con el texto constitucional.

 La iniciativa fue enviada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente. 

Ciudad de México.- La Presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, presentó ante el Pleno una iniciativa de reforma al Código Penal Federal, por la que se sancionará toda forma de discriminación racial.

La legisladora propuso agregar el artículo 149 quater al Código, que sancionará con penas de cárcel y trabajo comunitario, al que difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, incite a la discriminación racial, cometa o incite a cometer actos de violencia en contra de cualquier raza o grupo de personas de distinto color u origen étnico.

También, a quien asista o participe en actividades racistas, en organizaciones que promuevan la discriminación racial e inciten a ella o financie organizaciones con actividades de discriminación racial.

Cuando sea un servidor público quien cometa alguna de las conductas previstas anteriormente, se le incrementará en una mitad la pena prevista, y además, se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso. 

Fernández Balboa señaló que con ello la legislación federal se adecuará plenamente a lo dispuesto en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por México en 1975.

En dicho instrumento internacional se describen y estipulan diversas prácticas y obligaciones que los Estados firmantes deberán observar para combatir y erradicar las formas de discriminación racial.

De ahí se deriva la necesidad que existe para el Estado mexicano de cumplir con su tarea de evitar y, en su caso, erradicar toda práctica de discriminación racial en nuestro país, en los términos reconocidos en las disposiciones internacionales.

La iniciativa presentada refiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el poder legislativo subsanara una omisión con la adición propuesta al Código Penal.

La propuesta presentada dará cumplimiento a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y, en consecuencia, a la resolución de amparo correspondiente.

La iniciativa fue turnada a comisiones, donde continuará su proceso legislativo.

Así, las madres trabajadoras tendrán derecho de tomar siete semanas anteriores y siete posteriores al parto. En la ley actual se establece que las semanas por alumbramiento son seis antes y seis después, precisa el dictamen.

Además, las trabajadoras podrán transferir hasta cinco de las siete semanas de descanso previas para después del parto. Previa autorización del médico tratante, señala el documento avalado por mayoría.

En caso de que las hijas o hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta catorce semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.

Señala, además, que el objetivo va de acuerdo al Convenio C-183 de la Organización Internacional del Trabajo que reconoce en su artículo 4 numeral 1 el derecho de las madres trabajadoras a una licencia por maternidad de una duración de al menos 14 semanas.

En las consideraciones del dictamen se destaca el interés de los senadores de garantizar y mejorar las condiciones y los derechos a las madres y padres trabajadores, no obstante el Instituto Mexicano del Seguro Social advirtió que la carga presupuestal podría representar cuatro mil 892 millones de pesos.

Por lo anterior, los legisladores destacan que las modificaciones a la ley cumplen con los parámetros y estándares internacionales, tomando en cuenta que su aplicación sea de forma ordenada y sin requerir modificaciones extraordinarias que puedan afectar el interés de las madres trabajadoras.

Ciudad de México.- Gran preocupación causó a los productores de granos básicos de todo el país (maíz, frijol, arroz, trigo, oleaginosas) que el Proyecto de Presupuesto de Egresos a ser ejercido en 2020, correspondiente al sector agropecuario, forestal y pesquero, cuando debió aumentar al menos en la misma proporción que el índice de precios al consumidor, se reduzca en 30 por ciento, dijo el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de la CNC – Guanajuato, Rafael García del Horno.

Es necesario que los servidores públicos, diputados y senadores del país sean conscientes de que es imposible reducir los recursos fiscales para el campo, en momentos muy complicados para aumentar la producción de alimentos sin fertilizantes, sin programas de apoyo a la productividad, sin créditos y una comercialización sujeta al agio. “Para completarla, dijo, este año no llovió a tiempo y muchas cosechas se perdieron”.

“El campo mexicano requiere inversiones para sacarle jugo a la tierra”, dijo García del Horno. Lo que se espera sin apoyo suficiente, es una dependencia creciente de importaciones de maíz, frijol, arroz, trigo y oleaginosas, carne, leche y huevo.

Los apoyos mensuales que ofrece el gobierno federal a personas mayores y jóvenes, no permiten aumentar el nivel de vida de las familias rurales. Sólo son paliativos para vivir en la miseria, sin perspectivas de combate a la malnutrición y la pobreza.

Consideró “muy lamentable” que las iniciativas gubernamentales mantengan una tendencia a la desaparición de las organizaciones del campo, sobre todo porque en adelante “¿quién defenderá a los campesinos de las injusticias y de los abusos del gobierno”.

El líder campesino guanajuatense hizo un llamado al gobierno federal y a los legisladores, para reflexionar respecto de los precarios recursos destinados al campo mexicano “y que hagan cuentas… A ver si con un salario mínimo pueden alimentarse de forma satisfactoria, mandar a sus hijos a la escuela, pagar gasolina para su auto, comprar los útiles escolares, ropa para la familia y diversión, como dice la Ley”. 

Ciudad de México.-  El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado Carrillo, planteó que un representante de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, hagan uso del Pleno de la Cámara de Diputados, durante la sesión del próximo jueves 26 de septiembre.

Asimismo, respaldó que el gobierno federal reinicie la investigación del caso sin simulaciones y sin impunidad para llegar a la verdad y hacer justicia, ahora a través de la Fiscalía General de la República (FGR).

“El Presidente ha pedido que se vuelva a iniciar la investigación, pero esta vez sin simulaciones para llegar a los responsables. Y celebramos y apoyamos a la Fiscalía Federal de la República para que investigue a los responsables de la verdad histórica, al ex procurador Jesús Murillo Karam y a Tomás Zerón, que rindan cuentas por el engaño que le pretendieron hacer a nuestro país”, aseveró en un comunicador también coordinador de Morena.

A unos días de que se cumplan cinco años del triste acontecimiento de los desaparecidos en Iguala, propondrá que 26 familiares de los normalistas estén presentes en la sesión del próximo jueves, “que uno de ellos pueda utilizar la tribuna para que den ese mensaje a todo el país, de exigencia, de justicia y de verdad”.

“Queremos saber qué pasó y en la Cámara de Diputados los vamos a apoyar, junto con el gobierno de la República, junto con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en este anhelo de llegar a la verdad y que se haga justicia”, recalcó. 

En otro tema, Mario Delgado criticó la presencia del ex presidente Vicente Fox Quezada durante un evento con jóvenes panistas, por sus declaraciones en contra del proyecto de la Cuarta Transformación, al calificarlas como de un “lengua larga”.

Ciudad de México.-  La diputada María Beatriz López Chávez (Morena) propuso reformar la Ley General de Educación para que se imparta la materia de cultura del bienestar animal en los programas de educación básica, considerando que el maltrato animal ha ido en aumento, que es un tema poco denunciado.

A través de una iniciativa la legisladora señaló que en el país existen aproximadamente 19.5 millones de animales que son de compañía, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); de esta cifra que hace referencia a las mascotas domésticas, aves, perros, gatos, entre otros, el 30 por ciento tienen dueño, el 70 por ciento restante está en las calles y son o fueron víctimas del abandono y maltrato.

Además, precisó que actualmente, a pesar de que existen leyes federales y locales en materia de medio ambiente, sólo algunos estados cuentan con leyes de protección animal.

Aunado a las lagunas legales, todas ellas están orientadas a la cultura de corrección, es decir cuando el daño ya fue hecho.

Expresó también que esta situación coloca a los animales en un estado de indefensión, porque se carece de una cultura de bienestar animal que haga consciencia desde la infancia sobre su cuidado.

En este sentido, López Chávez consideró que la educación, a través de la cultura de bienestar animal, presentará una herramienta para hacer frente a este problema, por medio de su inclusión en los planes y programas de estudio.

Ante tal situación, destacó la importancia de que los planes y programas elaborados por la Secretaría de Educación Pública, se coordinen con la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Salud, bajo las cinco provisiones básicas universales reconocidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal.

“En vista de que el bienestar animal es una cuestión de políticas públicas nacionales e internacionales complejas y de múltiples facetas con dimensiones científicas, éticas, económicas, legales y culturales, se deben considerar a todos los animales incluyendo los de consumo. La representante federal destacó que con la presente iniciativa se inculcará a las nuevas generaciones a convivir sanamente con otros seres vivos.

Ciudad de México.- El grupo parlamentario del PAN presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recursos legales contra los tres ordenamientos secundarios en materia educativa aprobados en la Cámara de Diputados, el jueves pasado, anunció su coordinador Juan Carlos Romero Hicks.

Los diputados del Partido Acción Nacional denunciaron un “cúmulo de errores de contenido” que vulnera el texto de la Constitución Política, así como las faltas en el procedimiento legislativo durante su discusión. Sin embargo, Morena y sus aliados no tomaron en consideración ninguna de las propuestas presentadas, detalló en un comunicado.

Advirtió que la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, y la Ley del Organismo para la Mejora Continua de la Educación que, como quedaron votadas por el Pleno, “provocará retrocesos lamentables, establecen disposiciones a modo para un grupúsculo sindical, en detrimento del derecho a la educación de 32 millones de mexicanos inscritos en los niveles educativos básico, medio superior y superior”.

Señaló que “los proyectos aprobados tienen un espíritu corporativista que atenta contra la rectoría del Estado, fomenta la discrecionalidad y la corrupción. No nos confundamos: Los maestros de México no son su sindicato”.

“A Morena y a sus aliados les urgía aprobarlo, con tanta prisa que incluso el plazo otorgado a las entidades federativas para la armonización de sus leyes no coincide con la reforma constitucional, dijo Romero Hicks. Los proyectos de ley aprobados son redundantes, confusos, contradictorios, centralistas y atentan contra el federalismo educativo”, agregó el coordinador panista.

Las entidades federativas deben tener funciones sustantivas en la mejora continua de la educación y en la impartición de los diferentes tipos y niveles educativos, sin embargo estos proyectos “son centralistas, colocan al Secretario de Educación Pública (SEP) como jefe de sus pares en los estados, lo cual es absurdo y violenta la división de Poderes”, manifestó Romero Hicks.

La Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros es ambigua pues otorga a la SEP federal atribuciones discrecionales para decidir sobre los procesos de selección, promueve la opacidad, los acuerdos discrecionales y viola los principios establecidos en la Constitución Política.

En este mismo proyecto se propone otorgar pase automático de las normales al Sistema para la Carrera, sin que medie una evaluación general, violando la transparencia e imparcialidad de los procesos de selección y demeritando las evaluaciones diagnósticas, como instrumentos para apoyar la profesionalización de los docentes a fin de cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional, agregó.

Explicó que la Ley Reglamentaria del Artículo 3° en materia de Mejora Continua de la Educación no respeta el diseño institucional mandatado en la Constitución Política, elimina la evaluación diagnóstica y regula deficientemente el Sistema Integral de formación, capacitación y actualización. No se entiende cuál es la función del organismo y se interviene de manera arbitraria en su organización y funcionamiento, atentando contra su autonomía.

“El proyecto de los tres dictámenes se redactó fuera de San Lázaro con la intromisión del Ejecutivo Federal. Se incluyeron contenidos que nunca fueron parte de iniciativa alguna, mientras que las que presentó el PAN ni siquiera se consideraron para dictaminar. Al final debió haberse convocado en Parlamento Abierto”, aseveró Romero Hicks. 

Ciudad de México.-  La diputada Laura Imelda Pérez Segura, secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, indicó que es necesaria la creación de un Consejo Fiscal, pues este órgano técnico, con carácter autónomo, tendría como principal función la evaluación de la política hacendaria y proveería de claridad y transparencia la utilización de los recursos públicos.

Pérez Segura destacó que “se requiere de un órgano apartidista que colabore con el Poder Legislativo para evaluar la implantación de políticas públicas e iniciativas legislativas con impacto presupuestal, con el fin de ejercer un gasto responsable y que beneficie al pueblo de México”.

La diputada subrayó la importancia de que nuestro país cuente con un órgano técnico que monitoree y revise el gasto público, los ingresos y la deuda para que emita opiniones objetivas sin influencias políticas y elabore análisis que sirvan a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público.

También recordó que la propuesta de un Consejo Fiscal había sido sugerida a México desde el 2015; sin embargo, administraciones pasadas habían hecho caso omiso de ésta. Así que, con el objetivo de enriquecer los recursos técnicos en la toma de decisiones sobre la recaudación y el gasto público, “en esta administración estamos a favor de la transparencia y eficiencia presupuestaria, es por eso que buscamos fortalecer fiscalmente a México para hacer un uso racional y consciente de los recursos públicos”, enfatizó.

Precisó que el Consejo Fiscal no es una idea nueva ni única, pues países como Perú, Italia, España, Chile, Francia, Finlandia y Serbia, ya cuentan con este tipo de órganos para robustecerse en este rubro. En ese sentido, el Consejo Fiscal integraría expertos que doten de herramientas a las autoridades y las apoyen técnicamente en ejercicios de evaluación de políticas públicas, antes y después de su implementación.

La diputada Laura Imelda citó el documento “Consejos Fiscales Independientes: Tendencia y desempeño recientes”, emitido por el Fondo Monetario Internacional, en el que se hace referencia a estos consejos como una herramienta que favorece a la formulación de presupuestos gubernamentales, mejora la manera en cómo se gasta y, lo más importante, mantienen al electorado informado para que éste evalúe y sancione positiva o negativamente la implementación de políticas públicas.

La integración de este Consejo Fiscal traería consigo mayor certeza para los legisladores y ayudaría a evitar sesgos políticos al momento de tomar decisiones que impacten al erario público. De acuerdo con la OCDE, estos organismos deben ser apartidistas, con arraigo local, independencia, mandato, recursos, relación en el proceso legislativo, acceso a la información, transparencia, comunicación y evaluación, apuntó.

Las crisis financieras de los últimos años tienen relación con la ausencia de estos órganos independientes; por ello, el Poder Legislativo tiene el compromiso y la obligación de fortalecer fiscalmente a México y entregar cuentas a las y los ciudadanos mexicanos de cómo, porqué y con qué fin se ejercen los recursos públicos. Un órgano de estas características nos ayudaría a darle certidumbre a la población, así como coadyuvar a uno de los ejes centrales de esta administración como lo es la trasparencia y la separación del poder político del económico, concluyó la secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La diputada federal de Morena manifestó su apoyo a esta propuesta impulsada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, y expresó su reconocimiento al exhorto que han hecho organizaciones como México Evalúa, al Poder Legislativo.

Ciudad de México.-  La diputada Jacquelina Martínez Juárez (PAN) impulsa reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, con el objetivo de tipificar el acceso ilícito a las bases digitales que los contienen, y sancionar con pena de uno a siete años de prisión, al que por cualquier medio ingrese, violando sistemas de confidencialidad y seguridad.

Planteó reconocer el derecho de los titulares de los datos a recibir una indemnización monetaria en caso de que sus derechos hayan sido vulnerados; el monto sería establecido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Martínez Juárez señaló que tanto en la ley como en el Código Penal Federal se omite este acto como delito y, por tanto, no existen consecuencias punitivas. “México presenta un rezago en la materia, porque legislaciones como la argentina o la española tipificaron la actividad desde hace más de 15 años”.

Refirió que el objetivo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares es salvaguardar esa información “con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas”. Consideró que precisamente una de las formas de hacer efectiva esa protección es reconociendo el derecho a la reparación del daño.

Refirió que la ley ya determina qué conductas, por parte de los responsables del tratamiento de datos, constituyen infracciones, así como las sanciones que correspondan. De igual forma, especifica cuáles son los delitos en materia de tratamiento indebido de datos personales.

Sin embargo, con el actual sistema de sanciones, el titular de la información –que es el sujeto directo de los derechos– queda prácticamente marginado. “En dado caso, a lo más que puede aspirar es a que el particular responsable que comete una infracción respete los derechos del titular, después de haberlos vulnerado”.

La diputada resaltó que más allá de las infracciones y las penas que ya señala la ley, la importancia de la reparación del daño radica en que es uno de los modos con los que cualquier sistema democrático debe contar, a fin de prevenir la repetición de las conductas que incurren en infracciones o delitos y, sobre todo, para preservar los derechos de los titulares de la información.

El fin que persiguen los particulares que hacen uso de los datos personales no es otro que el del lucro, la modificación propone que la reparación del daño se dé mediante el otorgamiento de una indemnización monetaria.

Recordó que en la actualidad el artículo 58 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares estipula que los titulares que consideren que haya sufrido un daño en sus bienes o derechos como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la ley por el responsable o el encargado del tratamiento de información “pueden ejercer los derechos que estimen pertinentes para efectos de la indemnización que proceda, en términos de las disposiciones legales correspondientes”.

Agregó que, si bien la legislación enuncia la posibilidad del titular de los datos a solicitar una indemnización, no la reconoce como un derecho y, por tanto, para que ésta pueda darse depende de la decisión y la iniciativa que el titular tenga para promover un recurso jurídico y no como un acto a priori que deba darse como consecuencia de la vulneración de un derecho.

Además, dijo, el artículo 58 se limita a enunciar que el titular puede “ejercer los derechos que estime pertinentes para efectos de la indemnización que proceda, en términos de las disposiciones legales correspondientes”, lo cual es ambiguo y confuso y que, por consiguiente contraviene al principio del derecho de la claridad que requiere toda disposición jurídica.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Población.

Ciudad de México.-  La diputada Elba Lorena Torres Díaz (PES) propuso exhortar a la Secretaría de Salud a que informe, por medio de campañas de difusión, medidas para la prevención del suicidio en México, ya que su tentativa y consumación ha ido en aumento.

El suicidio, dijo la secretaria de la Comisión de Salud, repercute de manera frecuente en poblaciones marginadas, en situación de vulnerabilidad o en aquellas que han sufrido algún tipo de discriminación, debido a que carecen de mecanismos públicos que atiendan de forma temprana el tratamiento y apoyo para su prevención.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos mentales (especialmente depresión y los derivados del consumo de alcohol) son importante factor de riesgo de suicidio en Europa y América del Norte, al igual que en los países asiáticos.

No obstante, tiene especial relevancia la conducta impulsiva de cada persona que lo comete, así como el consumo de sustancias tóxicas, violencia intrafamiliar, desempleo, deudas, depresión o alguna otra que cause incomodidad física y/o mental en la vida de la persona. “Tiende a ser una causa de gran influencia para realizar la autoprivación de la vida”.

Torres Díaz precisó que los casos de suicidio avanzaron de 4.3 en 2010 a 5.2 en 2015 por cada cien mil habitantes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2015, en el país hubo 6 mil 285 suicidios, una tasa de 5.2 fallecidos por cada cien mil habitantes.

Chihuahua, Aguascalientes, Quintana Roo y Campeche ocupan los primeros lugares de suicidio reportados en el ámbito nacional. En tanto que Guerrero tiene el menor número.

Además, las muertes por lesiones autoinfligidas son más comunes en hombres que en mujeres, toda vez que del total de los fallecidos por esta causa, 80.1 por ciento fueron hombres y 19.9 por ciento mujeres, representando para ellos una tasa de 8.5 por cada 100 mil hombres y de 2.0 por el mismo número de mujeres.

Resaltó que el suicidio en adolescentes y jóvenes es una realidad cada vez más latente en el país, ya que en 2015 hubo 8.2 suicidios por cada cien mil habitantes -en un rango de edad de 15 a 29 años-, lo que hace un total de dos mil 599 muertes en jóvenes causadas por lesiones autoinfligidas.

La diputada del PES mencionó que 8 de cada 10 suicidios se cometieron en una vivienda particular, donde destacan métodos para consumarlo, como ahorcamiento, estrangulamiento y la sofocación que la persona se autorealiza.

Por ello, se pronunció por atender esta situación, “si bien no pueden prevenirse todos los suicidios, se pueden disminuir”.

Torres Díaz mencionó que alguna de las acciones puede ser la de reducir el acceso a los medios para suicidarse (pesticidas, medicamentos, armas de fuego, entre otros); tratar a las personas con trastornos mentales, en particular a quienes padecen depresión, alcoholismo o esquizofrenia; dar seguimiento de los pacientes que han cometido intentos; fomentar un tratamiento responsable del tema en los medios de comunicación y formar a profesionales de la atención de la salud primaria.

Se necesita, añadió, coordinación y colaboración de la sociedad, así como apoyo del sector público, especialmente del de salud, porque es el indicado para dar atención a esta problemática social que ha aumentado en los últimos años.