• La oposición criticó duramente lo aprobado por la mayoría de Morena en comisiones.
• Será turnado al pleno de la Cámara Alta para aprobarla el próximo jueves.

Ciudad de México. Las comisiones de Energía y la de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado, aprobaron esta noche con 17 votos a favor y 10 en contra las reformas a la Ley de Hidrocarburos propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca garantizar la soberanía y seguridad energética de México, así como desincentivar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, el cual será turnado al pleno de la Cámara Alta para aprobarla el próximo jueves.

Morena y sus aliados PT y PES, votaron a favor, y el bloque de contención, constituido por PAN, PRI MC y PRD, en contra. El PVEM, se abstuvo y pidió revisar la minuta. Esta semana pasa al pleno para su aprobación.

El dictamen turnado a la Mesa Directiva para ser discutido y votado en el pleno prevé la suspensión de los permisos de refinación, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos cuando se prevea “peligro inminente” para la seguridad nacional, seguridad energética o para la economía nacional. 

Concede además a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía facultades para revocar los permisos cuando se compruebe que los hidrocarburos han sido adquiridos de forma ilícita o por la comisión del delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 

La presidenta de la Comisión de Energía, Rocío Abreu aclaró que la minuta no propone extinguir la propiedad de ninguna compañía privada, eliminar las participaciones de los privados en el mercado nacional, ni transferir al Estado la rentabilidad o utilidad de las empresas .

Abundó que con esas modificaciones se evitará el robo y contrabando de combustibles y se fortalece el marco regulatorio para que los inversionistas tengan certeza y seguridad jurídica, lo que se verá reflejado en el incremento de las inversiones en el sector, además de cuidar el bolsillo de los consumidores

La senadora panista Xóchitl Gálvez planteó que condicionar los permisos a contar con un nivel mínimo de almacenamiento elevará la desconfianza de los inversionistas, lo cual no abonará a generar empleos.

“¿Qué banco va a financiar a alguien que no tenga permiso? En el 2020, ha salido capital del país por 10 mil millones de dólares porque los inversionistas no están convencidos de México cuando se ha perdido el empleo por la desconfianza generada en el sector privado. De aprobarse esta reforma, la desconfianza seguirá aumentando”, dijo.

La senadora del Partido del Trabajo (PT) Nancy De la Sierra señaló, por su parte, que el dictamen está viciado y que la mayoría de los legisladores se ha rehusado a escuchar opiniones técnicas como la que dio la Comisión Federal de Competencia (Cofece), que indicó que la reforma viola derechos a terceros y afecta la competencia. Agregó que las medidas incrementarían los precios en los mercados de hidrocarburos, por lo que propuso un parlamento abierto.

A su vez, la legisladora propuso que en la reforma se defina como plazo de un año la suspensión de permisos.

El vicecoordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería sostuvo que “se trata de una ley embudo, confiscatoria y expropiatoria. Estamos ante una iniciativa que elevará los precios de los combustibles e instaura la discrecionalidad con las facultades metaconstitucionales que se le otorgan a la Secretaría de Energía”, subrayó.

Al fijar la postura de la bancada del PRI, la senadora Claudia Ruiz Massieu denunció que el grupo mayoritario ha pasado por encima de la Constitución, en reiteradas ocasiones, para imponer la voluntad del Ejecutivo. “La mal entendida soberanía nacional, la supuesta seguridad energética y el falso combate a la corrupción no deben ser pretexto para violentar los principios constitucionales sobre los que se funda el Estado de derecho”, afirmó.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, afirmó que la reforma generará una disminución en la inversión privada, ya que impone el requisito de la capacidad de almacenamiento a las empresas aun cuando se dediquen a actividades diferentes, lo cual representa una barrera de entrada para los particulares.

Raúl Bolaños-Cacho Cué, senador del PVEM manifestó que esta minuta no debe aprobarse en sus términos, ya que podría afectar el proceso de competencia y libre concurrencia a lo largo de la cadena de valor de hidrocarburos, al generar incertidumbre jurídica. Ello, agregó, podría resultar en el incremento de los bienes y servicios del mercado .

La senadora Nancy De la Sierra advirtió que este dictamen se encuentra viciado desde su origen, además de que su proceso legislativo ha sido opaco. Esta reforma, dijo, agravará la incertidumbre en el sector energético y privilegiará, de manera injustificada, a las empresas productivas del Estado.

• Incremento de casos, asociado al cambio de movilidad durante periodo vacacional.
• Esta semana arriban dos millones 637 mil 100 vacunas contra COVID-19.
• Inicia campaña de vacunación contra sarampión, rubeola y parotiditis para niños y niñas
• Entre las semanas 13 y 14 hay un incremento del cuatro por ciento de casos activos a nivel nacional

Ciudad de México.- En las últimas semanas, diez entidades federativas han mostrado un cambio en el curso de la epidemia, lo que resulta en el incremento nacional de cuatro por ciento de casos activos estimados. Aunque todavía no es un signo de alarma, sí obliga a reforzar las medidas preventivas para cortar la cadena de contagios, señaló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Al presentar el informe diario sobre la situación de la pandemia por COVID-19, aclaró que estos incrementos podrían estar asociados al cambio en la movilidad que se registró en el país durante el pasado periodo vacacional de Semana Santa:

“Cuando nos referimos al riesgo de una tercera ola era a esta situación. Después de once semanas de bajar la hospitalización y el número de personas enfermas, ha cambiado la situación. Todavía no es un cambio muy importante, pero en vez de reducirse está aumentado y es la advertencia que queremos hacer.”

Al respecto, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, explicó que los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala, han mostrado tendencias al alza en el número de contagios que debe ser observado para prevenir un rebrote de la enfermedad.

Hasta ahora, sólo se han visto cambios en dos de los ocho indicadores epidemiológicos, como son la carga epidémica y la tendencia, y por lo tanto de manera preventiva el llamado es a reforzar las medidas sanitarias, dijo Alomía Zegarra.

Son mesetas e incrementos que se dan en un nivel muy basal después de haber logrado un descenso y un control importante; por lo cual para que cause afectación y se considere como un rebrote o tercera ola tendría que haber incrementos mayores y esa situación aún no se presenta, sin embargo, el riesgo persiste.

“Tras once semanas continuas con una tendencia descendente, observamos que en las semanas 13 y 14 hay un incremento del cuatro por ciento de casos activos a nivel nacional, que es menor, pero es importante hacerlo notar porque estamos en el tiempo de ver cambios por la movilidad que se dio en el periodo vacacional de semana santa y seguro irá aumentando, por lo que tendremos que estar atentos a lo que suceda en la semana 15.”

El llamado a estas entidades es a redoblar esfuerzos para tener el control de la epidemia y disminuir la transmisión a través del uso correcto de cubrebocas, lavado frecuente de manos, uso de alcohol gel y sana distancia.

Agregó que estos cambios al alza se han dado en contagios confirmados y en casos activos, que siguen siendo del uno por ciento a nivel nacional y esta situación no está afectando otros indicadores como las defunciones y la hospitalización tanto general como de camas con ventilador, que siguen disminuyendo.

Dio a conocer que hasta este día la ocupación hospitalaria a nivel nacional es de 15 por ciento. Ninguna entidad se encuentra por encima del 30 por ciento de ocupación de camas generales y en el caso de las camas con ventilador, la ocupación nacional es del 18 por ciento; sólo Chihuahua y Tabasco están entre 30 y 49 por ciento.  

Al hablar del avance nacional en vacunación, el subsecretario López-Gatell Ramírez informó que para esta semana está programado el arribo de dos millones 637 mil 100 dosis de vacunas de cuatro diferentes farmacéuticas.

Anunció que los próximos miércoles y jueves llegarán 861 mil 900 dosis de Pfizer-BioNTech; el 21 de abril arriba un embarque de Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya; un millón 075 mil 200 biológicos de AstraZeneca que llegarán también este miércoles y otro embarque el sábado 24 de abril con 500 mil dosis de Sinovac.

Informó que con estas dosis se espera concluir la vacunación de personas adultas mayores y “estaremos preparándonos para el siguiente bloque de edad, que es de 50 a 59 años, y al personal del sector educativo en las cinco entidades que anunciamos anteriormente (Coahuila, Chiapas, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz)”, agregó.

Informó que este día inició la campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubeola y parotiditis, dirigida a niñas y niños de entre uno y nueve años de edad y la meta es recuperar la cobertura vacunal del 95 por ciento que México tenía hasta hace pocos años.

Aclaró que, si bien nuestro país ha logrado contener la transmisión sostenida de sarampión, de 2015 a 2018 no se cumplieron las metas de vacunación, por lo que la cobertura disminuyó y eso favoreció que hubiera contagios por personas que llegaron al territorio nacional provenientes de otros países.

“El sarampión, por ser una de las enfermedades más transmisibles, requiere una altísima cobertura de vacunación para evitar brotes. En México, el 95 por ciento de la población debe tener inmunidad ante esta enfermedad contagiosa”, comentó.

Ante el deterioro en el sistema nacional de vacunación, en 2019 se confirmaron 20 casos de sarampión, pero en 2020 la cifra aumentó a casi 200 casos, por lo que se tomó la decisión de recuperar la cobertura inmunológica para sarampión, rubeola y parotiditis, indicó.

Dijo que del 19 abril al 25 de junio de este año se implementan dos fases. La primera, llamada campaña de seguimiento, está dirigida a niñas y niños de 1 a 4 años de edad y será una vacunación indiscriminada con 8.6 millones de dosis.

De manera simultánea se llevará a cabo la fase denominada actividad de Puesta al Día contra sarampión, rubeola y parotiditis para menores de 1 a 9 años, con 3.9 millones de dosis para iniciar o completar esquemas.

Igualmente, dijo que en esta campaña de vacunación se incluirá la aplicación de la vacuna hexavalente para infantes de doce a 59 meses y cualquier otra vacuna que niños y niñas tengan pendiente de recibir.

Durante la conferencia de prensa, expuso el trabajo coordinado con el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), para la elaboración y revisión de los protocolos de seguridad sanitaria que están en marcha con motivo del actual proceso electoral.

Resaltó que la autoridad electoral tiene la responsabilidad de vigilar que estas medidas se cumplan durante todo el proceso, desde las campañas hasta el día de la elección, y el sector Salud trabaja de manera coordinada en este sentido. “Es importante que no reemerja la epidemia por el proceso electoral y al mismo tiempo se logre el derecho al voto”, dijo.

• La jornada de vacunación en este estado se realizará del 20 al 23 de abril.
• Las vacunas se aplicarán en cuatro sedes que cumplen con todas las normas de salud.

Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con la Brigada Correcaminos, informa que, mañana martes 20 de abril, inicia la vacunación contra COVID-19 en el estado de Nayarit, por lo que invita al personal de todos los niveles educativos, públicos y privados, de esa entidad a acudir a los centros que se habilitaron para tal fin.

Para las jornadas de vacunación se habilitaron cuatro sedes en las comunidades de: Tepic, Rosamorada, Bahía de Banderas y Ahuacatlán. 

Educación explica que el proceso de vacunación, que se realizará en orden alfabético del 20 al 23 de abril, desde las 8:00 de la mañana, se hará de manera escalonada, por lo que las personas deberán presentar su credencial de elector, así como la constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) para la entrevista de salud y agilizar la búsqueda en el sistema o base de datos.  

Los trabajadores del sector educativo deberán acudir con cubrebocas, mantener la sana distancia, esperar su turno y seguir las medidas establecidas por los brigadistas.

Las direcciones de las sedes de vacunación son las siguientes:

Tepic: Auditorio Amado Nervo Tepic, ahí se vacunará a personal educativo de los municipios de Tepic, Santa María del Oro, San Blas, Xalisco, La Yesca, Del Nayar y Compostela Alta, del 20 al 23 de abril.

Rosamorada: Casino Colosio Rosamorada. Ahí se vacunará a los provenientes de los municipios de Rosamorada, Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Ruiz, Acaponeta, Tecuala, Huajicori y Del Nayar, del 20 al 21 de abril.

Bahía de Banderas: Instituto Tecnológico del Mar Bahía de Banderas, el cual estará destinado a vacunar a los de Bahía de Banderas y Compostela Baja, del 20 al 21 de abril.

• Del 20 al 27 de abril se vacunarán a más de 90 mil trabajadores del sector educativo.
• La dosis de la vacuna contra COVID-19 de CanSino Biologics, se aplicará a personal de instituciones educativas públicas y particulares.

Ciudad de México.- En atención a la Política Nacional de Vacunación Contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la COVID-19 en México, así como a las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, de priorizar la vacunación del sector educativo en las entidades con semáforo epidemiológico en verde, se informa que, del 20 al 27 de abril de 2021, se inmunizará a los docentes, personal administrativo y de apoyo de instituciones educativas públicas y particulares del estado de Tamaulipas.

De esta manera, quienes laboren en los distintos niveles educativos y sin distinción de categorías y funciones, serán inmunizados con la vacuna de CanSino Biologics en una sola dosis.

Para tal efecto, la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con autoridades del gobierno estatal; las secretarías de Salud y de la Defensa Nacional; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y la Delegación Estatal para Programas Integrales para el Desarrollo, establecieron once centros de vacunación regionales en nueve municipios, que a continuación se detallan:

Por ello, se convoca al personal educativo de Tamaulipas a acudir a las sedes de vacunación en un horario de 8:00 a 18:00 horas, con base en la letra inicial de su primer apellido y a la ubicación de su centro de trabajo.

Es importante resaltar que los trabajadores de la educación mayores de 60 años que hayan recibido la vacuna contra COVID-19, no deberán atender a la presente convocatoria.

A su vez, el personal que, por algún motivo no pueda presentarse en la fecha que le corresponde de acuerdo al Calendario Estatal de Vacunación al Magisterio Tamaulipeco, o que no aparezca en el registro, deberá presentarse en los días asignados para casos rezagados.

Para cualquier duda o comentario, se ponen a disposición las siguientes formas de contacto:

sep.gob.mx;

buzon.escolar@nube.sep.gob.mx, y

Educatel: 800-288-6688 y 800-734-7376

www.tamaulipas.gob.mx/educacion

• La SEP informa que la jornada de vacunación en la entidad se realizará del 20 al 24 de abril.
• Realiza, secretaria de Educación Pública, recorridos en Xalapa y Boca del Río.

Veracruz, México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informa que, a partir de mañana 20 de abril y hasta el 24 del mismo mes, inicia el proceso de vacunación contra COVID-19 en el estado de Veracruz, para todas las maestras y maestros, así como para personal administrativo y de apoyo de planteles públicos y privados de los tres niveles educativos de la entidad.

Durante el recorrido que realizó a los centros de vacunación en los municipios de Xalapa y Boca del Río, la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, reconoció el trabajo en equipo que realiza en la entidad con la participación de las secretarías de Salud y de Educación locales, así como de la Secretaría de Marina, quienes, con su personal, de manera coordinada, comenzarán a partir de mañana con la aplicación del biológico.

Detalló, luego de presenciar un simulacro del proceso de vacunación, que esto es fruto del trabajo que se realiza entre todos, desde traer las vacunas, su traslado, la seguridad, así como del esfuerzo de los médicos y todo el sector salud, que son “nuestros héroes también en esta situación tan lamentable que ha sido la pandemia”.

De esta manera, agregó que “ahora toca a nosotros como maestros, precisamente el cerrar este ciclo que es la preparación para lo que ya sea el retorno a clases”, por lo que también envió un mensaje a las y los docentes que están apoyando en esta tarea.

Llamó a seguir adelante, así como a continuar manteniendo las medidas sanitarias para, entre todos, cuidarse y que de esta manera se pueda continuar en semáforo verde.

La secretaria de Educación reconoció la importancia de que niñas, niños y maestros cuenten con un regreso seguro y gradual a las clases con el apoyo de estas acciones previas que se están realizando también en los estados de Coahuila, Chiapas, Nayarit y Tamaulipas.

Asimismo, en el recorrido que realizó en la capital del estado, en las instalaciones de la Universidad Veracruzana, la funcionaria hizo hincapié en la importancia de estas labores, y de quienes contribuyen a hacerla realidad por su acción humanitaria, por su capacidad de poder servir a los demás.

En la entidad, las sedes para la vacunación serán, además de los municipios de Xalapa y Boca del Río, en Tuxpan, en la Expo Ganadera; Orizaba, en el Foro Orizaba, y en Coatzacoalcos, en el Instituto Tecnológico Superior.

El Almirante José Luis Arellano Ruiz es originario del Estado de Puebla, se graduó como Ingeniero en Ciencias Navales de la Heroica Escuela Naval Militar y ha realizado diversos estudios de posgrado y cursos, de los cuales destacan el curso de Seguridad Nacional, Estado Mayor, Mando Naval, en el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV), así como los diplomados efectuados en centros universitarios como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Universidad Iberoamericana (UIA) en la Ciudad de México, además de diversos estudios en Colombia, El Salvador, Guatemala y Estados Unidos.

Durante su desarrollo profesional se ha desempeñado en diversas unidades y establecimientos navales, resaltando su servicio como Comandante de diferentes Buques de la Armada de México, Comandante de la Octava Zona Naval, Rector de la Universidad Naval y Comandante del Cuartel General del Alto Mando, cargo que precedió al que hoy recibió como Subsecretario de Marina.

De igual forma, gestionó y concretó la transferencia de las Capitanías de Puerto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Secretaría de Marina-Armada de México, dando origen a la Autoridad Marítima Nacional (AMN).

Se ha hecho merecedor de diversas condecoraciones de Perseverancia de Sexta a Perseverancia Excepcional tercera clase por más de 45 años de servicio, condecoración al Mérito Docente Primera Clase y al Mérito Especial, Medalla en Grado de “Honor”, que otorga la Asociación de Agregados Militares Navales y Aéreos en México; la “Medalla al Mérito Marechal Cordeiro de Farías” que otorga la República Federal de Brasil; así como la que le emitió la República de Colombia al “Merito a la Democracia” en grado de “Gran Comendador”, “Servicios Distinguidos de Inteligencia”, “Almirante Padilla” en grado de “Gran Oficial” y “Medalla Militar Escuela Superior de Guerra”.

Lo anterior, es realizado en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella se derivan.

• El canciller propone hacer un frente común a la pandemia para reforzar las cadenas de producción y distribución sanitarias en la región
• Hace un llamado al cumplimiento de las resoluciones 2565 del Consejo de Seguridad y 74/274 de la Asamblea General de la ONU, sobre cooperación internacional como herramienta para garantizar el acceso mundial a medicamentos, vacunas y equipo médico

Ciudad de México.. El día de hoy se llevó a cabo, de manera virtual, el debate de alto nivel del Consejo de Seguridad sobre Cooperación entre las Naciones Unidas y Organizaciones Regionales y Subregionales para Promover la Confianza y el Diálogo en la Prevención y Resolución de Conflictos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, participó en representación de México. 

Estuvieron presentes los quince miembros del Consejo de Seguridad, además de representantes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa, de la Liga de los Estados Árabes, de la Comisión de la Unión Europea para las Naciones Unidad y de la Unión Africana. Durante el debate se ponderó el papel de las organizaciones regionales como primera instancia de prevención y atención a los posibles conflictos y las crisis que trascienden las fronteras de un país, como la pandemia por COVID-19.

Durante su intervención, el canciller Ebrard destacó que las organizaciones regionales deben desempeñar un papel central en el contexto de esta pandemia y sumar esfuerzos para lograr la instrumentación efectiva de las resoluciones 2565 del Consejo de Seguridad y 74/274 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ambas resoluciones exhortan a la cooperación internacional como herramienta para garantizar el acceso mundial a medicamentos, vacunas y equipo médico, así como hacer frente a la crisis sanitaria. Los dos documentos son un llamado a “que se reconozca a las vacunas como un bien público global y se apliquen, sin exclusiones, en todos los países, incluidos, por supuesto, aquellos que se encuentren en conflicto”, aseveró el canciller.  

En el caso concreto de América Latina y el Caribe, el secretario Ebrard señaló que “la necesidad de hacer un frente común ante la pandemia ha creado un vigoroso impulso para la integración de la región”. Desde la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se ha colaborado con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para realizar un estudio completo del impacto económico. La Celac y la Cepal han avanzado en el diseño e implementación de un plan integral de autosuficiencia en vacunas y medicamentos que no tiene precedente y que busca reforzar las cadenas de producción y distribución sanitarias en la región.

Detalló que la cooperación alcanzada ha permitido la instalación de una red de especialistas en virología; un esfuerzo conjunto entre México y Argentina para la producción regional de la vacuna AstraZeneca contra COVID-19; así como el impulso de proyectos para desarrollar vacunas en universidades y centros de investigación en Argentina, Brasil, Cuba, Chile y México, para garantizar la vacunación de todos los países de la comunidad lo más pronto posible. 

Asimismo, el canciller hizo énfasis en la Celac como un espacio propicio para que los países que así lo deseen se expresen en contra de situaciones que afectan a la región: el acaparamiento que ha acrecentado las desigualdades, los bloqueos comerciales de insumos para combatir la pandemia y la ausencia e insuficiencia de vacunas en la región, dada la concentración sin precedentes en el acceso a las vacunas. “Hemos procurado que la comunidad llame a los hechos un multilateralismo eficaz que produzca beneficios reales y concretos en nuestros pueblos”, aseguró. 

El secretario de Relaciones Exteriores afirmó que la magnitud y diversidad de las consecuencias de la actual crisis sanitaria hace impostergable una reflexión profunda para revisar el carácter estratégico de las organizaciones multilaterales en la atención a los retos multidimensionales, que ponen en peligro la vida de otros grupos de la población. Por lo que confió en que este debate contribuya a fortalecer los vínculos entre lo local, nacional y regional. 

Por otra parte, el canciller reiteró el apoyo y la solidaridad de México y de la Celac con el pueblo de San Vicente y las Granadinas por los graves estragos de las erupciones volcánicas que han tenido lugar en los últimos días, y señaló que esta semana se estarán enviando apoyos como medicamentos y alimento, entre otros, al país caribeño. 

El Gobierno de México reitera su compromiso con el multilateralismo eficaz y la importancia de las organizaciones regionales para preservar la paz y la seguridad internacional, y promover el desarrollo justo y equitativo. 

• La comisionada Fabiola Alanís Sámano, se reúne con el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez

Ciudad de México.. La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Erradicar y Prevenir la Violencia contra las Mujeres (Conavim), participó en la Reunión del Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en el estado de Colima.

Acompañada del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y la directora general del Instituto Colimense de la Mujer, Mariana Martínez Flores, la titular de la Conavim, Fabiola Alanís Sámano, mencionó que la dependencia que encabeza “está anclada a una política nacional de promoción de los derechos humanos, porque precisamente la violencia en cualquiera de sus modalidades afecta directa y negativamente las garantías individuales de las mujeres”.

Por su parte, el gobernador de Colima aseguró que con esta vinculación se combate “el fenómeno antisocial de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno y con la participación de la sociedad civil, así como las asociaciones y las instancias con autonomía, como el caso de las fiscalías, las comisiones y los centros de justicia”.

“Había un antecedente histórico en Colima, donde existía negación y reticencia, pero hoy es un conductor precisamente de política pública y sé que lo que está mal, se tiene que señalar y  corregir”.

En tanto el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Alfredo Chávez González, hizo la presentación del Modelo de Respuesta Estratégica contra la Violencia de Género.

La Comisionada Nacional, Fabiola Alanís Sámano, aseveró que “la violencia que ocurre contra las mujeres y las niñas, no distinguen condición social, cultura, ni posición socioeconómica y por eso atenderla, prevenirla sancionarla y erradicarla, requiere de esta intervención transversal que involucra al Estado y al resto de las instituciones, y sobre todo la sociedad que tiene un papel muy importante”.

La titular de la Conavim reconoció que "no se puede disociar la estrategia nacional de seguridad en general, con la violencia contra las mujeres. Por eso es fundamental esta articulación interinstitucional y el trabajo articulado de las diferentes dependencias y organismos que confluyen hoy en el estado de Colima”.

Durante la visita a la entidad, la Comisionada Nacional recorrió el Refugio de Mujeres operado por el Instituto Colimense de las Mujeres y dialogó con las usuarias, además participó en Instalación de la Mesa Técnica en la Fiscalía General del Estado, visitó el Centro de Justicia para las Mujeres y se reunió con Colectivos de Mujeres del Estado de Colima.

En conferencia de prensa matutina reafirmó la propuesta que hará al presidente Joseph Biden el próximo jueves en la Cumbre sobre Medio Ambiente y Cambio Climático.

Al ampliar el programa Sembrando Vida a Honduras, El Salvador y Guatemala, dijo el mandatario, se configurará la mayor superficie de reforestación en el mundo y, al mismo tiempo, se crearían hasta un millón 400 mil empleos en Centroamérica.

“Estamos hablando de sembrar 40 mil kilómetros cuadrados, es la superficie de varios países del mundo, es producir muchísimo oxígeno y mejorar el medio ambiente y atender el tema migratorio. (…) Queremos que haya crecimiento en América en lo económico, en lo comercial, en lo social y esto requiere de acuerdos”, aseveró.

Expuso que la propuesta consiste en contratar sembradores para que durante tres años cultiven sus parcelas y después de ese periodo exista la posibilidad de otorgar la visa norteamericana. Pasados otros tres años, los inscritos en el programa puedan tramitar la doble nacionalidad.

Sostuvo que esta alternativa ordenará la migración desbordada y evitará situaciones que pongan en riesgo la integridad de niñas y niños, además de la aplicación de medidas coercitivas.

El jefe del Ejecutivo refrendó su convicción de fortalecer América del Norte para hacer de ésta una región competitiva en el mundo.

“Si no nos complementamos Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica e incluso América, toda nuestra América, van a seguir creciendo otros continentes y nosotros queremos crecer en lo productivo, en lo económico, en el comercio, desde luego en el bienestar de nuestros pueblos”, subrayó.

Mediante un comunicado, indicó que su propuesta adiciona una fracción IV al artículo 330-K de la Ley Federal del Trabajo.

La iniciativa de Ochoa Valdivia plantea que inspectores del trabajo deberán, en materia de igualdad de género, comprobar que salarios para mujeres que desarrollen una misma actividad que los hombres sean idénticos, así como sus derechos a la capacitación y seguridad social.

Asimismo, los patrones podrán entregar voluntariamente ante los inspectores del trabajo o en su caso ante la Secretaría, el registro de sus prácticas de igualdad de género a fin de que se integre un padrón público que certifique dichas prácticas. 

La legisladora argumentó que, dentro de un histórico sistema económico patriarcal, a las mujeres se les ha negado el reconocimiento pleno de sus derechos laborales; además, las responsabilidades familiares no han sido consideradas de reparto equitativo, lo que impide la armonización de la vida laboral y privada entre hombres y mujeres. 

Expuso que el trabajo a distancia ha profundizado la carga laboral de las mujeres en comparación con los hombres a partir de la pandemia, acorde a la encuesta elaborada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que señala que el 54% de las mujeres que trabaja desde su casa manifiesta tener mayor carga de trabajo.

“Definitivamente tal circunstancia tiene que ser revertida a partir de la configuración de esquemas que acrediten el posicionamiento de la mujer en igualdad de condiciones laborales que los hombres y con los mismos derechos en el desempeño de actividades idénticas”, apuntó. 

Ochoa Valdivia refirió que el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres ha sido persistente en los mercados laborales mundiales, no solo en México, primordialmente en lo referente a las oportunidades.

Actualmente México cuenta con programas y políticas de igualdad entre mujeres y hombres, “pero es necesario garantizar su implementación en todos los sectores y en los distintos órdenes de gobierno, asegurando en cuanto al ámbito laboral, la igualdad de la remuneración y de oportunidades para las mujeres”.

En ese sentido, es necesario promover medidas en el mercado laboral para facilitar la armonía del trabajo con la vida familiar, tanto en el sector privado como en el público, “por ello la regulación del Teletrabajo cobra relevancia”.

 Resaltó que la reforma no contiene aspectos relacionados con la igualdad de género, y la protección que requieren las mujeres para ser remuneradas igual que los hombres cuando desarrollen la misma actividad, “por lo tanto, se debe acreditar dicha protección de derechos a través de la certificación de las empresas que estén dando cumplimiento a la legislación vigente”. 

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen y a la Comisión de Igualdad de Género para opinión.

• Señala que se trata del inicio de la reelección de Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México.- El diputado Luis Mendoza Acevedo (PAN) advirtió que su Grupo Parlamentario votará en contra de la minuta que otorga dos años más al mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldivar, por tratarse del inicio de la reelección del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

“Lo que hizo el Senado es la tentativa más grave a la democracia que ha tenido el país en mucho tiempo. Se sacaron un transitorio de la manga y quieren consolidar el daño más importante que se ha ejecutado en los últimos años para construir el camino para que el Presidente se pueda reelegir”, indicó en un comunicado.

Mendoza Acevedo recordó que en días pasados el Senado de la República aprobó las leyes reglamentarias de la reforma constitucional al Poder Judicial, pero incluyó de última hora un artículo transitorio que amplía por dos años el mandato de Arturo Zaldivar y de los integrantes del Consejo de la Judicatura.

Ante estos hechos, el legislador afirmó que “desde ahora se ve un proceso amañado para que le den dos años más a la Corte y en 2024 les devuelvan el favor que quieran, incluido el aval para ampliar el mandato de López Obrador”. 

El legislador señaló que “ese es el riesgo que se corre con Morena, que sigan haciendo ocurrencias como desde hace dos años. No es posible darle todo el poder a una persona”.

 Ante el atentado, dijo, "el PAN en la Cámara de Diputados actuará con responsabilidad, votará en contra de la minuta del Senado y defenderá la legalidad"

• Llaman a todas las fuerzas políticas a cerrar filas para defender la autonomía del Poder Judicial y la división de poderes
• Respaldan a activistas que demandan un parlamento abierto plural para discutir esta reforma, toda vez que de consumarse se generaría una crisis constitucional y se vulnerarían derechos de terceros

Ciudad de México.- Diputadas del PAN, PRI, MC y PRD anticiparon que sus grupos parlamentarios votarán en contra de la minuta del Senado de la República para ampliar dos años el periodo del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, pues es inconstitucional y constituye un golpe contra la independencia del Poder Judicial y la división de poderes.

Asimismo, respaldaron a representantes de organizaciones sociales en materia de derecho, quienes manifestaron su rechazo a la reforma y solicitaron a la Cámara de Diputados realizar un ejercicio de parlamento abierto para analizar a profundidad y con todos los actores interesados las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En videoconferencia, los activistas advirtieron que de aprobarse la minuta se generaría una grave crisis constitucional, además de que se vulneraría derechos de terceros, pues algunos ministros ya no tendrían posibilidad de aspirar a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La diputada Laura Rojas Hernández (PAN) cuestionó que el proceso legislativo en la Cámara de Senadores se haya realizado por la “puerta de atrás” e incluir una disposición para ampliar el periodo del ministro Zaldívar y otros miembros del Consejo de la Judicatura.

Indicó que las declaraciones del Presidente de la República de que el ministro presidente de la SCJN es afín a su proyecto de nación son muy graves para una república democrática como México.

Por ello, adelantó que el PAN no aprobará esta reforma que es a todas luces “inconstitucional y que vulnera la división de poderes. No cuenten con nosotros y en caso de que Morena avale esta reforma haremos todo para impedir este atropello constitucional”.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) sostuvo que su grupo parlamentario no avalará este golpe a la democracia y al Estado de derecho, pues una normatividad secundaria no puede ir en contra de lo que expresamente estipula la Carta Magna.

Llamó a cerrar filas y defender con todos los argumentos posibles, pero también con todos los recursos legales a nivel nacional e internacional la independencia del Poder Judicial, el Estado de derecho, la Constitución Política del país.

“Se están desdibujando los límites que se tienen, y se están desdibujando también las barreras que nos defienden de caer en una dictadura y de caer en un autoritarismo, lo cual, por supuesto, de ninguna manera lo podemos permitir”, señaló.

La diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora de la bancada del PRD, convocó a todos los grupos parlamentarios y a la ciudadanía en general a defender la autonomía constitucional del Poder Judicial Federal y a no permitir que sea sometido al Poder Ejecutivo.

Asimismo, exhortó al ministro Zaldívar a que rechace el regalo que se le quiere hacer con la extensión de su presidencia al frente de la SCJN, pues tal pretensión es un ataque al mismo Poder Judicial y al Estado democrático de derecho.

Destacó que se busca aprobar esta reforma al Poder Judicial antes de concluir el actual periodo ordinario de sesiones, lo que sucederá al término de este mes, pero consideró necesario que se realice un parlamento abierto para escuchar la opinión de los diversos sectores de la sociedad.

Destacó que, en caso de aprobarse por la mayoría de Morena y sus aliados, las y los legisladores de oposición aún tienen el recurso de la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo cual es muy factible que superen las 167 firmas requeridas.

La diputada Pilar Ortega Martínez (PAN) indicó que por ningún motivo debe avalarse esta disposición transitoria en esta reforma al Poder Judicial, ya que contraviene directamente a la Carta Magna.

“Avalar esto sería quebrantar nuestro Estado constitucional de derecho, el Estado democrático, lo que es muy grave”, señaló.

En ese sentido, comentó que es fundamental abrir el debate y escuchar a todas las voces en este tema y anticipó que hará la propuesta en la comisión que preside de realizar un ejercicio de parlamento abierto, dijo la presidenta de la Comisión de Justicia.

La diputada Martha Tagle Martínez (MC) subrayó que su bancada votará en contra de esta reforma que busca doblegar el Poder Judicial, lo que no sólo es inconstitucional, sino también inmoral.

Dijo que es primordial analizar y discutir la reforma de manera integral, por lo que se pronunció a favor de realizar un debate amplio en parlamento abierto y no aceptar ningún tipo de “albazo”.

Sin embargo, señaló que de concretarse la reforma al Poder Judicial, Movimiento Ciudadano se sumará a la defensa legal de la Constitución y el Estado de derecho.

A su vez, Claudia De Buen Unna, presidenta de la Barra Mexicana del Colegios de Abogados sostuvo que esta disposición que amplía la gestión del ministro Zaldívar es inconstitucional y cuestionó que haya sido avalada por senadores sin ser discutida en comisiones, pues no estaba incluida en la iniciativa original.

“No es acorde con la Constitución, que determina la no ampliación de plazos o no reelección, por lo tanto, es inconstitucional”, asentó.

Subrayó que, de avalarse esta reforma, algunos ministros ya no podrían aspirar a la presidencia de la SCJN, toda vez de que sus periodos terminan, lo que estaría quebrantando sus derechos.

Además, dijo, habría un conflicto de interés si tras aprobarse la reforma, los diputados interpusieran una controversia constitucional contra esta reforma al Poder Judicial, pues los ministros interesados deberán excusarse de conocer el tema.

Por ello, De Buen Unna solicitó a los diputados realizar un parlamento abierto para analizar la trascendencia y el impacto de esta modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues la Corte debe ser autónoma e independiente y estar libre de injerencias injustificadas por otros poderes.

Beatriz Pagés, analista política y directora de la revista “Siempre!” acusó al Senado de la República de avalar “en lo oscuro y en contubernio con el Presidente de la República un golpe a la independencia judicial y a la Constitución que solo ocurre en las dictaduras”.

Denunció que el Ejecutivo Federal busca someter al Poder Judicial para consolidar su proyecto político totalitario y advirtió que, de consumarse esta reforma, los derechos humanos y las libertades de los mexicanos quedarían sujetos a los “caprichos de un solo hombre que todos los días socava las bases de la legalidad y la democracia”.

Cuestionó que el ministro Arturo Zaldívar no se haya pronunciado al respecto y confió en que este silencio no sea un aval a este “atropello” constitucional y pidió a los legisladores de oposición recurrir a todas las instancias internacionales para denunciar este y otros atropellos, así como abrir un espacio de parlamento abierto para debatir sobre esta reforma.

Juan Francisco Torres Landa, miembro del Comité Directivo de la organización UNE México alertó que esta reforma representa la antesala de un golpe de Estado en un momento de definiciones políticas, por lo que urgió a los diputados a actuar con prontitud e insistencia, reivindicarse y no responder a intereses oscuros.

“Hay un pacto y contubernio que emana desde Palacio Nacional para que la división de poderes, elemento fundamental de un régimen democrático, se diluya, y la sumisión del Poder Judicial se vuelva permanente al tener funcionario que deberán pagar por el inmoral obsequio que se les pretende dar”, enfatizó.

• Además, abroga la Ley Orgánica de la FGR
• Se envió a la Mesa Directiva para el trámite correspondiente

Ciudad de México.- La Comisión de Justicia, presidida por la diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), aprobó por mayoría simple de 12 votos a favor, 10 en contra y 5 abstenciones, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República.

El documento, avalado en reunión semipresencial y enviado a la Mesa Directiva para los efectos reglamentarios conducentes, abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de distintos ordenamientos. Las reservas serán desahogadas en el Pleno.

La finalidad del dictamen es crear un ordenamiento jurídico con el objeto de establecer la integración, estructura, funcionamiento y atribuciones de la FGR, así como la organización, responsabilidades y función ética jurídica del Ministerio Público de la Federación, el cual se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio. 

Precisa que todas las referencias normativas a la Procuraduría o Procurador General de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular y que se coordinará con la Secretaría de Relaciones Exteriores para la celebración de acuerdos interinstitucionales que se relacionen con sus atribuciones.

La presidenta de la instancia legislativa, diputada Ortega Martínez, destacó que el dictamen ha involucrado un esfuerzo importante en cuanto a la recuperación de las opiniones vertidas de distintos sectores de la sociedad y representantes de víctimas de desaparición, quienes expresaron que la ley tiene inconsistencias en cuanto a sus derechos más elementales.

Subrayó que luego del Parlamento Abierto en la materia “he sustentado mi convicción personal de pronunciarme: estamos frente a un proyecto que para su construcción no tomó en cuenta la opinión de la Cámara de Diputados en cuanto al diagnóstico que la Fiscalía General de la República debió haber hecho para formular una iniciativa de reforma que incluyera una nueva ley y que, si bien se agotó ese diálogo en el Senado de la República, no fuimos partícipes”.

Pilar Ortega expresó: “Me pronuncio en contra de este proyecto, si no se atienden las modificaciones que las víctimas plantearon en el Parlamento Abierto”.

Recordó que la Comisión de Justicia, durante el trayecto del trabajo legislativo, se caracterizó por priorizar la protección de los derechos humanos, le ha dado importancia al cuidado de los principios que rigen el Sistema Penal Acusatorio y la ponderación de mejores mecanismos que garanticen el acceso a la justicia. “Aprobar este dictamen, sin cambios, contravendría la posición que hemos tomado como Comisión”, señaló. 

Morena

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río mencionó que las víctimas seguirán teniendo algún tipo de injerencia en el proceso penal. Las atribuciones de la Fiscalía, dijo, siguen considerando de manera textual las obligaciones con la víctima, “en ningún momento se quita ello; se mantienen las fiscalías especializadas en materia de derechos humanos, de violencia contra las mujeres y contra la trata de personas. Me convence cómo se reorganiza la Fiscalía”.

La diputada Lorena Villavicencio Ayala puntualizó que la Fiscalía no ha entendido que investigar y buscar es parte del mismo proceso; en el país, hay más de 99 mil víctimas, las cuales han sido revictimizadas por las instituciones. “Esta versión de Ley Orgánica no fortalece las atribuciones para dejar de ser un país de víctimas, es innecesaria. Es vital escuchar al Fiscal y mantener su participación en la búsqueda y en la facultad de atracción”.

El diputado Alfredo Rivas Aispuro dijo que todos están a favor de que se necesita una reingeniería en la Fiscalía porque es algo que urge. Consideró que toda ley es perfectible, por lo que es “nuestra obligación subir el dictamen al Pleno, y todas las reservas que tengamos para hacer esta ley perfectible hay que hacerlo. Los invito a que no retrasemos más nuestro trabajo, a que tomemos las decisiones buenas o malas y fuertes que necesita el país, hay que sacar los temas importantes y hay que sacarlos ya”.

El diputado Rubén Cayetano García mencionó que su voto sería en abstención, porque en el Pleno podrá presentar reservas para lograr que el dictamen mejore, ya que a la Fiscalía General de la República (FGR) le faltó labor de convencimiento y diálogo para llenar las expectativas de su propuesta.

PAN

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas externó su preocupación por el artículo transitorio que faculta al Fiscal a proponer modificaciones y no emitir una nueva ley. Se centraliza el poder en el Fiscal y pierde autonomía la Fiscalía. La creación de fiscalías especiales a modo genera una departamentalización y no se considera conveniente suprimir la facultad de atracción. “La minuta requiere modificaciones en temas de competencia y cooperación en materia de desaparición de personas y derechos de las víctimas, y protección”.

El diputado José Elías Lixa Abimerhi puntualizó que el dictamen es un error y confió en que en la discusión del Pleno puedan transitarse algunas reformas. Mencionó que expertos y víctimas lo consideran como un retroceso para los derechos humanos. “Creo que es un error legislar de esta forma y sin que la Fiscalía presente la evidencia necesaria para acreditar su oportunidad. Voy en contra y así lo haré también en el Pleno. Hago un llamado a todas y todos los diputados a enterarse de manera muy particular sobre lo que se está aprobando”.

PRI

El diputado Enrique Ochoa Reza refirió estar a favor de fortalecer a la Fiscalía General de la República; sin embargo, dijo que la minuta tiene cosas buenas y aspectos cuestionables, por lo que “estamos abiertos a presentar las reservas necesarias en el tema de víctimas y hasta iniciativas de reforma legal correspondientes a las principales preocupaciones que tienen los grupos sociales; estamos a favor de discutirla más”.

PT

La diputada Ana Ruth García Grande se pronunció en contra del dictamen, toda vez que se requiere de un análisis más profundo, por lo que hizo un llamado para ser sensibles y ofrecer a la ciudadanía un instrumento que responda a las exigencias de la impartición de justicia.

MC

El diputado Jorge Alcibíades García Lara calificó como un acierto sustituir el Plan de Persecución Penal por un Plan Estratégico de Procuración de Justicia, mediante el cual se determinarán las estrategias y los objetivos por desarrollar para la eficiencia y eficacia en la investigación y persecución del delito. Reconoció los trabajos legislativos para llevar a buen término una nueva ley que permita atender la procuración de justicia de forma más eficaz para todos; “es perfectible y es momento de darle dientes a la Fiscalía”.

PRD

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña indicó que su voto sería en contra, ya que no se ven reflejadas las observaciones que han realizado las distintas organizaciones de la sociedad civil, y “sin las víctimas no podemos avanzar”. Además, anunció que presentará distintas reservas para fortalecer el proyecto como el derecho de las víctimas a presentar peritajes independientes y demás elementos que permitan disminuir los índices de impunidad que privan en el país.

• La Diputada Federal Azucena Rodríguez Zamora denuncia golpes y tortura contra su compañero perredista

Ciudad de México.- La Diputada Azucena Rodríguez Zamora, denunció que, violando el debido proceso, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, trasladó del Penal de Tuxpan, Veracruz; al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 13, ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; a Gregorio Gómez Martínez, candidato del PRD a la presidencia municipal de Tihuatlán.

La Legisladora Federal perredista reiteró que la detención de su compañero de partido es ilegal y es parte de la campaña de hostigamiento, represión y venganza del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez quien, en clara violación a las garantías constitucionales y a los derechos humanos, emprendió una persecución política contra militantes, dirigentes, candidatas y candidatos del PRD.

Para ello, alertó, está utilizando las instituciones del Estado, en complicidad con el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros; la Fiscal Verónica Hernández Giadáns; y algunos integrantes del Poder Judicial del Estado, quienes están avalando las detenciones ilegales, con claras violaciones al debido proceso, ordenadas por el gobernador contra quienes él considera sus enemigos.

Azucena Rodríguez denunció además el uso de tortura contra Gregorio Gómez para que se declare culpable por delitos de los que no es responsable, que se inventó la Fiscalía para justificar su detención ilegal y eso quedó en evidencia con las huellas de golpes denunciados por familiares y equipo de abogados.

Precisó que el personal médico de la Fiscalía General del Estado de Veracruz certificó que Gregorio Gómez tenía huellas de haber sido golpeado luego de que los ministeriales que lo detuvieron con uso excesivo de la fuerza lo entregaron a esta dependencia.

• Lo considera un ataque al Estado democrático de Derecho que la Cámara de Diputados debe parar
• En caso de prosperar este ataque, anunció la presentación de una acción de inconstitucionalidad por parte de un tercio de legisladores

Ciudad de México.- La Coordinadora del GPPRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, convocó a todos los grupos parlamentarios y a la ciudadanía en general a defender la autonomía constitucional del Poder Judicial Federal y a no permitir que sea sometido al Poder Ejecutivo en la reforma jurídica que está en curso.

Al participar en la conferencia de prensa convocada con otros grupos parlamentarios y en la que intervinieron organizaciones de la sociedad civil, la legisladora federal por Jalisco pidió a los diferentes sectores darle seguimiento al trabajo legislativo en esta Cámara a fin de parar esta intentona.

Destacó que la pretensión es aprobar esta reforma antes de concluir el actual periodo ordinario de sesiones, lo que sucederá al término de este mes, pero consideró necesario que antes de que ello suceda se realice un parlamento abierto para escuchar la opinión de los diversos sectores de la sociedad.

Refirió que la minuta sobre esta reforma llegaría este martes 20 de abril de la Cámara de Senadores, por lo que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados definirá cuál es la ruta a seguir, una vez que sea turnada a la Comisión de Justicia, antes de su votación final en el Pleno.

En cualquier caso, insistió en la necesidad de realizar un parlamento abierto donde sean escuchados los diferentes sectores de la sociedad.

Destacó que, en caso de aprobarse por la mayoría del grupo parlamentario de Morena y sus aliados, las y los legisladores de oposición aún tienen el recurso de la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo cual es muy factible que superen las 167 firmas requeridas.

Comprometió la suma de las correspondientes al GPPRD a las de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN, y confió en la adhesión de las dos diputadas independientes presentes en esta Cámara de Diputados, pues es muy grave lo que se pretende hacer con esta reforma.

Particularmente criticó la intención del Ejecutivo Federal de ampliar el mandato del actual presidente de la SCJN, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, pues es totalmente contrario a la Constitución, un intento de torcer a la propia Carta Magna y es otro ataque a las instituciones, en este caso, para someter al Poder Judicial al Presidente de la República.

También exhortó al ministro Saldívar a que rechace el regalo que se le quiere hacer con la extensión de su presidencia al frente de la SCJN, pues tal pretensión es un ataque al mismo Poder Judicial y al Estado democrático de Derecho.

Recordó que las y los legisladores, así como el Presidente de la República, juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución al asumir el cargo, pero -agregó- ya hemos visto el respeto que el Presidente le tiene a la Constitución en éste y otros temas, sobre todo cuando pretende hacer los cambios que quiere con el apoyo de la mayoría en esta Cámara, incluso a pesar de lo que diga la propia Constitución.

Pidió congruencia a todos quienes se comprometieron a cumplir y hacer cumplir la Carta Magna, pero también exhortó a la ciudadanía a darles el seguimiento correspondiente, sobre todo porque en esta Cámara de Diputados se han hecho cambios a la ley sólo para complacer al Presidente de la República.

“Esperamos ahora que las diputadas y los diputados en verdad actúen en consecuencia de lo que sus representados les han encomendado, que es cumplir cabalmente la Constitución”, expresó.

• Votaremos en contra si no vemos reflejadas las observaciones que han hecho las organizaciones de la sociedad civil, advirtió la Coordinadora, Verónica Juárez

Ciudad de México.- La diputada Verónica Juárez Piña aseguró que la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, y se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, no refleja las observaciones hechas por las distintas organizaciones de la sociedad civil, por lo que el GPPRD presentará diversas reservas para fortalecerla

Entre estas observaciones se encuentra la creación de una fiscalía especializada únicamente en la investigación de los delitos de violencia contra las mujeres y otra para los de trata; el garantizar la autonomía técnica de los fiscales especiales; la creación de un órgano desconcentrado que gestione el sistema profesional de carrera; establecer el derecho de las víctimas para presentar peritajes independientes, así como su derecho a participar en los procedimientos administrativos de responsabilidades de los servidores públicos; y la abrogación de la Ley de Delitos de Imprenta.

“Muchas han sido las observaciones que hemos recibido por parte de instituciones y organizaciones defensoras de los derechos humanos a esta nueva ley, muchas de las cuales podrían haberse incluido de haberse realizado la consulta tal y como se establece en el transitorio de esta nueva ley”, detalló la legisladora.

Agregó que no se ha realizado lo establecido en el artículo décimo tercero transitorio del decreto aprobado en 2018, donde se estableció que en el plazo de un año se haría una convocatoria abierta, donde habría consultas a la sociedad civil y a la academia para perfeccionar esta ley.

Recordó que el 11 de diciembre del 2018, cuando apenas se iniciaron los trabajos de esta legislatura, donde se aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la trascendencia que tuvo esta ley radicó en que con su entrada en vigor, se dio vida a la reforma constitucional de 2014, por lo que se creó hoy lo que conocemos ya como una Fiscalía General autónoma e independiente.

Sin embargo, la Fiscalía General envió a la Cámara de Senadores a principios de 2020, un estudio en el que se propusieron diversas adecuaciones al marco jurídico, estudio que fue retomado por el senador Ricardo Monreal para presentar la iniciativa para la emisión de una nueva ley.

“Con esta ley, la Fiscalía deberá no sólo entregar resultados a la brevedad, sino que deberá de ser visible su actuación en la disminución de los índices de impunidad que privan a nuestro país del derecho de acceso a la justicia para todas y todos los mexicanos. Sin el acompañamiento de las víctimas, no podemos avanzar”, concluyó.

Dentro de las pláticas incluyen a un grupo de restauranteros y hoteleros, que le solicitaron se regresara el carnaval de Mérida a la ciudad, se plantearon dos alternativas: una sería regresarlo a Paseo de Montejo y la segunda opción estaría en la Avenida 128.

Dentro de las primeras acciones, de mandato, es reactivar la economía de Mérida, para ello hay que dejar los moches, los cuates y las ocurrencias.  

Hay que regresarle la movilidad a toda la ciudad, primero en el centro de la ciudad quitaremos todos esos maceteros mal planeados, estorbosos y caros, obra que sólo lo pudo hacer un gobierno con cerrazón y soberbia afectando a taxistas, a choferes de plataformas y hasta la operación de bomberos, situación que ye se dio. Regresaremos los paraderos de camiones, a sus sitios de origen y no perjudicar a todos los usuarios de este servicio tan importante para la movilidad. 

Junto con la gente del transporte construiremos un sistema óptimo, así como en la ciudad de México y algunas otras ciudades importantes. También recuperaremos el sistema de transporte que hoy está en manos del estado. No será una tarea sencilla, pero lo haremos con diálogo y apertura, con el gobernador del estado.

Continuando con la movilidad es una ocurrencia hacer las ciclovías donde se gastaron millones, hay muchas horas en donde las ciclovías no operan, nadie sale con el calor que hace en Mérida a usar una ciclovía a las dos de la tarde. Si tener las ciclovías para las horas en donde la gente se transporta a su trabajo, de ahí habilitar nuevamente la circulación. 

Muchos negocios están cerrando unos por la pandemia y otros por que los automovilistas ya no se pueden estacionar frente al negocio. Las ventas en los comercios han disminuido esta ocurrencia no sólo afecta al empresario, afecta también a los trabajadores. Con la  disminución de ingresos los primeros que se van son los empleados y a la larga, el quiebre o cierre del pequeño contribuyente meridano.

• También se INE emite medida cautelar vía tutela preventiva contra el Presidente de la República para evitar propaganda gubernamental en las mañaneras

Ciudad de México.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que durante las campañas electorales y hasta el día de la Jornada Electoral, éste incluido, se abstenga de difundir logros de gobierno, incluyendo programas sociales, obra pública y cualquier información que pueda incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía. 

Esta tutela preventiva tiene su origen en las expresiones e imágenes emitidas durante la conferencia mañanera del pasado 16 de abril. Ese mismo día, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano presentaron queja en contra del Presidente de la República por la presunta difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido (campaña electoral), así como la probable trasgresión al principio de imparcialidad y equidad en la contienda electoral. 

Consideraron que el mandatario realizó expresiones que constituyen propaganda gubernamental al exponer logros de su gobierno, como la entrega de becas y apoyos sociales en tres entidades federativas. Por tanto, los quejosos solicitaron tutela preventiva y ordenar al Titular del Poder Ejecutivo abstenerse de utilizar los programas sociales que pudieran afectar el proceso en curso.

Las expresiones denunciadas emitidas por el Presidente de la República fueron: “Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los tres estados con más pobreza, con más población indígena son los que más apoyos están recibiendo; se están dando becas, se está apoyando a los productores del campo, se están entregando pensiones a adultos mayores, a niñas y niños con discapacidad nada más en Guerrero se entregan fertilizantes gratuitos a todos los productores de Guerrero a todos; beneficiarios un millón seiscientos setenta y tres, es probable que casi todos los hogares de Chiapas estén recibiendo cuando menos un apoyo, por eso el ciento veinticuatro porque hay quienes recibe dos, tres porque si en un hogar hay más de dos adultos mayores pues son dos apoyos; nada más de programas sociales o de bienestar que llegan de forma directa, aquí no está lo de fertilizantes, aquí no está lo de la vacuna que se está aplicando que es universal y que es gratuita”.

La Comisión estimó que, bajo la apariencia del buen derecho, las manifestaciones aludidas, se consideran constitutivas de propaganda gubernamental, con la exaltación de logros o acciones gubernamentales, además de que tales declaraciones estuvieron acompañadas de la reproducción de imágenes, particularmente una tabla que contenía datos sobre tres entidades federativas en las que se señalaron cifras de las personas beneficiarias, aun y cuando en las mismas se están llevando a cabo los procesos electorales federal y locales.

El colegiado también reconoció que no se trató de manifestaciones espontáneas, sino que, de un análisis preliminar, se advierte que fueron preparadas para su emisión pública, pues contenían gráficas y datos previamente obtenidos de una dependencia gubernamental, lo cual está prohibido durante la etapa de campañas según lo dispuesto por el artículo 41 constitucional.

Por lo anterior, tomando en consideración que las conferencias de prensa del Presidente de México se llevan a cabo de manera regular, de lunes a viernes, y que no hay indicios de que serán suspendidas durante esta etapa de campañas electorales, la Comisión advirtió la existencia de un riesgo inminente de que vuelva a ocurrir tal conducta y se ponga en riesgo los principios rectores del proceso electoral. 

En consecuencia, se le ordenó al Presidente que, de inmediato, en un plazo que no exceda de seis horas, elimine o modifique las publicaciones que contienen la conferencia del 16 de abril de dos vínculos de Facebook y uno de YouTube; así como a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República que en el mismo plazo elimine dicho contenido de las redes sociales y plataformas oficiales del Presidente y del Gobierno de México.

De igual forma, en tutela preventiva, se le ordenó al Presidente que, durante las campañas electorales y hasta el día de la Jornada Electoral, se abstenga de difundir logros de gobierno -incluyendo programas sociales y las personas beneficiarias-, obra pública e incluso emitir cualquier tipo de información que pueda incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía. Esa obligación de neutralidad del Presidente debe observarse incluso cuando responda a preguntas en sus conferencias de prensa.

La Comisión consideró improcedentes otras tres medidas cautelares

Por otra parte, se abordó el caso de Tania Berenice Garza Soto en contra de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila por la presunta comisión de violencia política en razón de género en su contra, durante el procedimiento de selección y designación del Comité Municipal Electoral de Sabinas. Se estimó improcedente, pues de un análisis preliminar, no se advierte en la decisión de ese órgano alguna causa relacionada con su condición de género. 

Además, la Comisión analizó una queja presentada por Morena en la que denunció nueve promocionales pautados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por considerar que se hace uso indebido de la pauta, existe calumnia y se vulnera el interés superior de la niñez. La Comisión decidió no conceder la cautelar porque no existió vulneración al interés superior de la niñez, ya que el PRI acreditó que las personas que aparecen son mayores de edad. Otros dos spots ya concluyeron su difusión, por lo que se trata de hechos consumados. Asimismo, la Comisión consideró que no se advierte que se haga una imputación específica de hecho o delito falso a Morena, de manera clara y sin ambigüedades.

Finalmente, la Comisión conoció de las medidas cautelares solicitadas por el Partido Acción Nacional (PAN), en contra de Morena y de su dirigente nacional por la difusión de un promocional de radio y televisión, por considerar que se hace uso indebido de programas sociales para generar coacción o presión al electorado. Se estimó la improcedencia de la solicitud, pues el posicionamiento de Morena se realiza en el marco de la libertad de expresión, sin que se advierta la existencia de manifestaciones que puedan catalogarse como una amenaza directa e inmediata hacia el votante.

Los cuatro asuntos fueron aprobados por unanimidad de votos de las Consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como del Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias. 

• La conducta ilícita no es solamente el monto, es la omisión legal de presentar por parte de las y los candidatos el informe de gastos de campaña: Lorenzo Córdova

Ciudad de México.. En cumplimiento a sentencias dictadas por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó sancionar con la pérdida del derecho a ser registrada o registrado o, en su caso, si se encontraba hecho el registro, con la cancelación como candidatas o candidatos en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021, a aspirantes que omitieron entregar sus informes de ingresos y gastos.

En sesión extraordinaria se avaló la sanción en materia de fiscalización a nueve aspirantes a diputaciones federales y a dos que buscaban contender por presidencias municipales, luego de hacerse una nueva valoración individual.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela Herrera, explicó que se trata del cumplimiento a cuatro sentencias del TEPJF:

En el primer caso, se llega a la conclusión de dejar sin efecto la sanción impuesta a Leticia Calderón Ramírez, ya que se estima que el contenido de pintas en bardas no es propaganda de precampaña porque no se acreditaron los elementos de finalidad y territorialidad. El proyecto fue aprobado por seis votos a favor y cinco en contra.

En el segundo, se confirma la sanción a Alfredo Ramírez Bedolla con la pérdida del registro para ser postulado  como candidato a la presidencia municipal de Morelia, por ser omiso en la presentación de su informe de precampaña y la falta se califica como de gravedad mayor a partir de que la Unidad Técnica de Fiscalización detectó diversos gastos de precampaña por 10 mil 560 pesos, además de que el partido Morena fue requerido a través del oficio de errores y omisiones y tampoco presentó el informe correspondiente. Fue avalado por seis votos a favor y cinco en contra.

En seguida se propone confirmar la sanción impuesta a Roberto Villaseñor Pérez consistente en la pérdida del registro para ser postulado como aspirante independiente a la presidencia municipal en el Ayuntamiento de Villa Madero en Michoacán, así como en los dos procesos electorales subsecuentes, ya que incumplió con la obligación de presentar el informe de apoyo ciudadano, requisito para la obtención de registro de una candidatura, además de que se comprobó que tenía acceso al Sistema Integral de Fiscalización para registrar y reportar sus ingresos y gastos. Se avaló en lo general por ocho votos a favor y tres en contra.

En la cuarta sentencia, se confirmar la sanción de pérdida de candidatura a diputación federal de nueve ciudadanas y ciudadanos, porque se consideró que fueron omisos en entregar el informe de precampaña. Aprobado por seis votos a favor y cinco en contra.

La conducta ilícita no es el monto, es la obligación legal de presentar informes

“La conducta ilícita no es el monto, la conducta ilícita que estamos conociendo es, no le demos vueltas, no truqueemos las cartas, es simple y sencillamente la omisión de una obligación legal que es la de presentar por parte de las precandidatas y los precandidatos que han hecho algún tipo de proselitismo, el informe de gastos de campaña”, aclaró el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.

Explicó que esta conducta, con independencia de los montos es un ilícito grave, ya que la presentación de un informe es una obligación legal que tienen los partidos políticos, precandidatas y candidatos y “sin ese informe, la fiscalización ya se está impidiendo, se está corrompiendo”.

Agregó que si desde el principio alguien niega el carácter de precandidato o precandidata, “ya está inhibiendo la posibilidad de la autoridad electoral de hacer una fiscalización exhaustiva” y se desconoce el origen de los recursos. “Pudo haber sido 10, 20, 50 mil, 100 mil, un millón, 20 millones de pesos; puede ser, nadie lo sabe, porque el punto de partida es la deshonestidad, el no cumplir con la ley de estos actores”.

El Consejero Presidente reiteró que el INE está cumpliendo con la ley y quien no esté de acuerdo puede impugnar esta decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“A quien dice que hay un ánimo adverso contra algunas fuerzas políticas, el INE lo único que está haciendo es cumplir con lo que dice la ley, sería tanto como decir que por haber puesto la falta, la consecuencia de no presentar informes como la cancelación de registro es un ánimo adverso del legislador, bueno, aquí hay legisladores, ¿por qué no lo cambiaron?, ¿por qué no lo cambiaron en su momento si creían que ésta era una falta que no merecía una consecuencia tan grave?”, cuestionó.

La sanción es desproporcionada coinciden De la Cruz, Faz y Espadas

Al explicar el sentido de su votación, el Consejero Martín Faz Mora fijó su postura en contra de la pérdida de registro para el proceso en curso y los dos subsecuentes por considerarla “desproporcionada”; no obstante, aseguró que respaldaría la sanción para el caso del aspirante a candidato independiente Roberto Villaseñor Pérez, para el proceso local de Michoacán, por considerar que en este caso hay un deber reforzado para presentar el informe. 

Estimó que la calificación de las faltas y la reindividualización ordenada por las Salas Regionales no se cumple en su integralidad, ya que no basta enlistar los criterios que se fijaron y, por el contrario, es necesario hacer una vinculación efectiva entre los montos involucrados en cada precampaña y el impacto que éstos tuvieron en la equidad de la contienda para determinar si procede la sanción máxima.

En su intervención, el Consejero Uuc-kib Espadas Ancona reiteró su voto en contra porque en términos generales la sanción de la pérdida del derecho a ser registrado como candidato, “es desproporcionada”.

Sostuvo que “la sanción se riñe con la Constitución en tanto que no conoce gradualidad” y así argumentó su voto en contra, pues a su parecer sin encontrar grandes gastos se penaliza con todo rigor la no presentación de los informes de precampaña.

La Consejera Norma De la Cruz Magaña coincidió en que, si bien los proyectos están fortalecidos en su análisis, “la sanción no es proporcional en cada uno de los elementos analizados, en cada uno de los casos concretos”. 

Recordó que la Sala Toluca retomó los criterios emitidos por la Sala Superior para la imposición de la máxima sanción que prevé la LGIPE que corresponde a la pérdida de registro ante la no presentación de informes de fiscalización y que considera desproporcionada para estos casos.

El Consejero José Roberto Ruiz Saldaña adelantó que emitiría votos particulares para cada caso y consideró que toda vez que el Tribunal Electoral abrió el margen para que no sea de forma automática la imposición de la pérdida o cancelación de la candidatura, “sí debemos revisar con mucho mayor detenimiento las circunstancias concretas de los casos que llegan a nuestro conocimiento”.

En su opinión se deben graduar las sanciones, “sí debiéramos poner una sanción severísima a esta persona por haber sido omiso, pero no por completo impedirle su participación”, insistió.

La Consejera Dania Ravel Cuevas anunció su voto a favor de los proyectos propuestos, toda vez que en el primer caso se revocaba la sanción ya que la imputada manifestó a la autoridad que no se postuló como precandidata para algún cargo de elección popular, mientras que en los otros tres se ratificaba la sanción.  

“En atención a que los proyectos hacen un nuevo análisis de las conductas cometidas, valorando todas las circunstancias particulares de cada caso, los voy a acompañar”, enfatizó.

No se sanciona el monto involucrado sino la conducta

Para el Consejero Ciro Murayama Rendón la legislación es muy clara para poner una sanción severa “cuando se incurre en la omisión de rendir cuentas de dinero involucrado en política”.

La ley determina la obligación de los actores políticos de documentar y transparentar cada peso que gastan y la fiscalización evita que en las contiendas interpartidistas haya quien se beneficie del uso de dinero de origen desconocido o de la opacidad.

“No se está sancionando el monto cuantitativamente, sino cualitativamente la conducta consistente en tratar de ocultar la actividad política y es más, de tratar de engañar a la autoridad cuando la autoridad emplaza y lo que se dice es no tuve actividad y ésta está documentada”, agregó.

La Consejera Claudia Zavala Pérez reiteró que la decisión que se adopta va más allá de un monto involucrado ya que, desde su perspectiva, tiene que prevalecer el sistema de fiscalización sin simulaciones y sin fraudes a la ley.

Por ello afirmó que limitar el derecho a ser candidato en el proceso electoral en curso parte de una decisión fundada y motivada que valora cada uno de los supuestos que solicitó el Tribunal Electoral ante el incumplimiento de la obligación que tienen los precandidatos de presentar sus informes. 

En este sentido rechazó que la sanción sea arbitraria y celebró que el órgano jurisdiccional valore los méritos y razones que se han expuesto tanto a favor como en contra de la máxima sanción para que defina una directriz constitucional en la materia que dé certeza y claridad.

En seguida, la Consejera Carla Humphrey Jordan manifestó su diferencia con el sentido del proyecto relacionado con Leticia Calderón Ramírez, porque consideró claramente acreditado que hubo actos de precampaña y promoción de alguna persona.

“En este caso me preocupa y llama profundamente mi atención que una precandidata o un partido político pudiera obtener un beneficio a partir de un fraude a la ley, es decir, aprovechar lagunas u otras inconsistencias legislativas para beneficiarse o alcanzar alguna ventaja, que se vería agravado además por un estudio que no fue suficientemente exhaustivo”, enfatizó.

Para el Consejero Jaime Rivera Velázquez se trata de hechos orientados a ganar candidaturas, propaganda en periodo de precampaña, conductas propias de precandidatos y omisión de la presentación del informe que la ley obliga, cuyo incumplimiento afecta al modelo de fiscalización.

“Tenemos los hechos corroborados, una norma legal que establece expresamente la sanción por esta omisión grave, por afectar al modelo de fiscalización y una sanción que la ley establece expresamente como pérdida al derecho de ser registrado como candidato o candidata”, precisó.