Ciudad de México.- En la sesión de hoy, diputadas de Morena, PAN, PRI, PT, MC, PES, PVEM y PRD emitieron comentarios con motivo del “Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama”, que se celebra cada 19 de octubre; destacaron la importancia de la autoexploración como una medida para prevenirlo y detectarlo a tiempo.

Al iniciar las posturas de la efeméride, la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (PRD) expresó que más de 3 mil 500 mujeres mueren al año en México por cáncer de mama. Entre las principales causas de riesgo se encuentran: no tener hijos, la primera menstruación antes de los 11 años, haber tenido el primer hijo después de los 30 años y antecedentes de esta enfermedad en la familia.

Obesidad, consumo de tabaco y/o alcohol, sedentarismo, abuso de sustancias hormonales y la mala alimentación son otras causas. Por ello, exhortó a las mujeres al autocuidado, a la realización de la autoexploración mensual y la práctica periódica de mastografías para el diagnóstico oportuno. “Dedica unos minutos a tu vida, tómatelo a pecho”.

Por el PVEM, la diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz dijo que en México sólo 10 por ciento de los casos de cáncer de mama son detectados en etapa uno, mientras que el otro 75 por ciento se descubre hasta la tercera etapa. “Mujeres, debemos tomar conciencia que la diferencia entre la vida y la muerte la podemos encontrar en la palma de nuestras manos”.

Mencionó que los principales aliados del cáncer de mama son los prejuicios y la desinformación. Por ello, pidió mayores esfuerzos para mejorar el pronóstico y ampliar la supervivencia de quienes padecen esta enfermedad. “El autoexamen se debe realizar, mínimo, una vez al mes, y si se llega a detectar un bulto, por más pequeño que sea, se debe acudir al médico de inmediato”.

La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (PES) argumentó que en México este padecimiento cobra la vida de diez mujeres al día. No distingue ricos y pobres; tampoco lo hace entre mujeres y hombres. “Conmemoramos este día por todas aquellas valientes que día con día libran una batalla frente al cáncer de mama. Por esa mujer de cada ocho y ese hombre de cada mil que son diagnosticados con esta enfermedad”.

Resaltó que es fundamental promover la autoexploración como el primer paso para disminuir el 80 por ciento de detecciones en fases avanzadas, “porque cuando el cáncer es detectado a tiempo existe un 95 por ciento de probabilidad de recuperación”.

Fabiola Loya Hernández, diputada de MC, destacó que esta fecha no sólo debe representar un llamado urgente a visibilizar esta problemática, sino como una oportunidad para responder con programas, acciones y un presupuesto digno que permitan disminuir los índices de mortalidad y garantizar la calidad de vida de quienes lo padecen.

El Proyecto de Presupuesto 2020 contempla la reducción de los recursos para los programas de prevención, atención y detección temprana del cáncer de mama, lo que pone en riesgo la vida de miles de mujeres. La revisión de la Norma Oficial Mexicana en la materia se ha dejado en el tintero, lo que impide que contemos con tratamientos innovadores que permitan mayores tasas de supervivencia. “Más allá de colores, debemos cerrar filas para generar las acciones que nos garanticen a las mujeres el acceso efectivo a la salud”.

Del PT, la diputada Martha Huerta Hernández dijo que no es un tema menor ya que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, con un estimado de 1.65 millones de casos nuevos diagnosticados anualmente, representando el 25 por ciento de cáncer en mujeres. En la actualidad, también es la principal causa de muerte en el país, las edades de 40 a 69 años son los rangos más vulnerables.

Mencionó que pugnará para que en el Presupuesto de Egresos se destinen recursos suficientes al Instituto Nacional de Cancerología, así como para el resto de las instituciones públicas que atienden este problema. “Como en muchos otros padecimientos, lo ideal es la prevención. Sin embargo, nuestra red hospitalaria debe tener la capacidad para atender inmediatamente a las mujeres que así lo requieren. Refrendamos nuestro compromiso con las mujeres de México y del mundo”.

La diputada priista, Marcela Guillermina Velasco González expuso que este tipo de cáncer representa un grave peligro, principalmente para las mujeres que no siguen un esquema médico con chequeos periódicos. La mastografía es una estrategia efectiva en el diagnóstico oportuno, porque ha ayudado a detectar un 80 por ciento de los casos, y la autoexploración permite descubrirlo de manera temprana, pero nada sustituye el estudio de una mastografía, reiteró.

Consideró fundamental que las mujeres se realicen estudios médicos periódicamente, así como mantener un estilo de vida saludable, disminuir el riesgo de sobrepeso, incrementar la actividad física, y eliminar el consumo de tabaco y alcohol, porque son factores de riesgo. “Esperemos que con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar no se interrumpan estos tratamientos e inclusive se incrementen los lugares donde puedan hacerse estos estudios, en especial los de cáncer de mama”.

Mariana Dunyaska García Rojas, diputada del PAN, argumentó que es necesario cumplir con el presupuesto, pues es urgente que haya acceso a diagnósticos oportunos y que se tengan clínicas especializadas y más oportunidades de sobrevivir para las mujeres afectadas.

“Exigiremos más presupuesto para que haya ultrasonidos, para que se tenga acceso a médicos y se genere un programa de prevención en materia de autoexploración, mastografías, más herramientas para salvar la vida de las mujeres, revisiones periódicas y detección oportuna, acceso a diagnósticos, a médicos, a clínicas. No estamos de acuerdo con el recorte presupuestal”, añadió.

La diputada de Morena, Nelly Minerva Carrasco Godínez expresó que en México es la causa principal de muerte en mujeres de 20 años en adelante. De acuerdo con la Secretaría de Salud, cada año se diagnostican 23 mil casos, alrededor de 60 por día. Y se reportan 6 mil muertes por esta causa. Además, las tasas de mortalidad incrementan conforme aumenta la edad de la mujer.

Añadió que una prioridad será trabajar para disminuir el número de casos de cáncer de mama, con el objetivo de aumentar la calidad y la esperanza en la vida de las mexicanas. Insistió en campañas de concientización efectivas, en las que se informe sobre la importancia de la autoexploración, las revisiones médicas y la realización de mastografías para facilitar una detección oportuna.

Previamente a las intervenciones de las legisladoras, se proyectó un video alusivo al “Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama”.

Comunicaciones

En votación económica se aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en relación con cambios de integrantes de comisiones ordinarias y de grupos de amistad.

Los diputados Adriana Gabriela Medina Ortiz (MC), Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (PES), Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD), Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano (Morena), Emmanuel Reyes Carmona (Morena) y María Teresa Maru Mejía (PT), solicitaron retirar de los registros parlamentarios diversas iniciativas que habían presentado.

El gobierno de Michoacán respondió a dos puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a los derechos humanos de las personas con discapacidad y su acceso al entorno físico, el equipamiento urbano y las instalaciones abiertas al público.

Del gobierno de Veracruz se conoció contestación a una proposición avalada por la Cámara de Diputados, sobre el panorama epidemiológico del dengue en la entidad.

El Instituto tendrá por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a todas las personas sin seguridad social, incluidos los extranjeros que se encuentren en el país.

El Pleno lo aprobó con 290 votos a favor, 65 en contra y 42 abstenciones, y procedió a su discusión en lo particular, a las 17:20 horas.

El dictamen reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, y surgió de una iniciativa que presentó el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, el pasado 3 de julio.

La discusión del documento inició a las 14:50 horas, con la fundamentación, en tribuna, a cargo de la diputada Miroslava Sánchez Galván (Morena), presidenta de la Comisión de Salud.

Inmediatamente, la diputada Sonia Rocha Acosta (PAN) presentó una moción suspensiva, la cual fue desechada por el Pleno.

La legisladora Sánchez Galván dijo que el nuevo Instituto será un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, sectorizado en la Secretaría de Salud.

Asimismo, dijo que impulsará, en coordinación con la Secretaría de Salud, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

Las reformas señalan que el Instituto de Salud para el Bienestar y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para que éstas ejecuten la prestación de gratuita de servicios y medicamentos a las personas sin seguridad social.

Sin embargo, estipula que las entidades federativas podrán acordar con el Instituto que éste se haga cargo de operar los servicios y medicamentos gratuitos con los recursos que les corresponden a ellas.

Se elimina el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, para ser sustituido por el Fondo de Salud para el Bienestar, que será un fideicomiso sin estructura orgánica en el que el Instituto fungirá como fideicomitente.

Los recursos se destinarán a la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos; de necesidades de infraestructura en los estados con mayor marginación social y complementar el dinero para el abasto de medicamentos, insumos y exámenes clínicos.

Al término de la fundamentación, hicieron uso de la tribuna los siguientes diputados para fijar la postura de sus bancadas: Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD), Ana Patricia Peralta de la Peña (Morena), Miguel Acundo González (PES), Francisco Favela Peñuñuri (PT), Frinné Azuara Yarzábal (PRI), Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) y Arturo Roberto Hernández Tapia (Morena).

Después, diversos legisladores hablaron en pro y en contra del dictamen. A favor lo hicieron Graciela Sánchez Ortiz (Morena), Irma María Terán Villalobos (PRI), Emmanuel Reyes Carmona (Morena), Alejandro Barroso Chávez (Morena), María Roselia Jiménez Pérez (PT) y Carmen Medel Palma (Morena)

En contra, Ana Paola López Birlain (PAN), Mónica Bautista Rodríguez (PRD), Evaristo Lenin Pérez Rivera (PAN), Ernesto Alfonso Robledo Leal (PAN) y Jorge Arturo Espadas Galván (PAN)

El dictamen reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

En la Ley General de Salud se reforman los artículos 2, 3, 7, 13, 17, 25, 26, 27, 28, 28 Bis, 29, 35, 37, 77 Bis 1, 77 Bis 2, 77 Bis 5, 77 Bis 6, 77 Bis 7, 77 Bis 9, 77 Bis 10, 77 Bis 11, 77 Bis 12, 77 Bis 13, 77 Bis 14, 77 Bis 15, 77 Bis 17, 77 Bis 29, 77 Bis 30, 77 Bis 31, 77 Bis 32, 77 Bis 35, 77 Bis 37, 77 Bis 38, 77 Bis 39, 77 Bis 40 y 225.

Se adicionan los preceptos 77 Bis 16 A, 77 Bis 35 A, 77 Bis 35 B, 77 Bis 35 C, 77 Bis 35 D, 77 Bis 35 E, 77 Bis 35 F, 77 Bis 35 G, 77 Bis 35 H, 77 Bis 35 I, 77 Bis 35 J, y 226 Bis.

Se derogan los artículos 77 Bis 3, 77 Bis 4, 77 Bis 8, 77 Bis 18, 77 Bis 36, 77 Bis 41 y el Capítulo V del Título Tercero Bis titulado “De las cuotas familiares”, que comprende los preceptos 77 Bis 21, 77 Bis 22, 77 Bis 23, 77 Bis 24, 77 Bis 25, 77 Bis 26, 77 Bis 27 y 77 Bis 28.

En la Ley de los Institutos Nacionales de Salud se adiciona el artículo 58.

Ciudad de México.- La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, informó que se adelantarán licitaciones de infraestructura para detonar el crecimiento económico en México, como medida contracíclica, ya que México no cuenta con este tipo de fondos.

En declaraciones a la prensa, expuso que dicho instrumento puede ser un blindaje para enfrentar la desaceleración mundial, al fortalecer la capacidad de respuesta de la economía mexicana.

“Una compra pública, una licitación tiene − lo que los economistas denominan − un multiplicador, un impacto en la economía de manera inmediata. Entonces, esto lo queremos usar como una medida contracíclica. México no tiene fondos contracíclicos como ocurre en otros países”, explicó.

Durante su comparecencia con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, ante las Comisiones Unidas de Economía, Comercio y Competitividad, y de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, Márquez Colín dijo que la dependencia que encabeza participó en una mesa de infraestructura, en donde el sector privado propuso una cartera muy amplia de proyectos de infraestructura de carácter privado y las cuales están revisando.

“Estamos próximos a hacer un anuncio de un plan muy ambicioso de infraestructura. Una de las propuestas concretas es adelantar licitaciones, de manera que haya una reactivación, que la licitación misma detona un cierto crecimiento”, destacó.

Consideró que pueden empezar a hacer la licitación de proyectos de inversión que se desarrollen en el 2020 y no esperar hasta el arranque del año.

Ciudad de México.-  El diputado Carlos Javier Lamarque Cano (Morena) solicitó al Senado de la República rechazar la minuta que reforma la Ley Federal de Derechos para eliminar la exención del pago de derechos por el consumo de agua por volumen, para no afectar a pequeños y medianos productores.

“He tomado la decisión de solicitar al Senado el retiro de la propuesta que, aunque fue resultado de una reserva presentada por Morena, me siento con mayor responsabilidad por ser el diputado ponente”, indicó en conferencia de prensa acompañado por legisladores de su bancada.

Subrayó que el retiro de este pago de derechos por consumo de agua concesionada, impactará con una disminución de 585 millones de pesos a la Ley de Ingresos 2020, por lo que buscarán hacer ajustes para subsanar este faltante.

Lamarque Cano expuso que este cobro no significaba un nuevo impuesto, pues sería la eliminación gradual a 10 años de una exención de pago de derechos por el uso de agua concesionada.

“El pago de derechos de concesión sería a partir de los excedentes que se generen después del consumo de 216 mil metros cúbicos trimestrales u 865 mil anuales y solo por metro cubico concedido. Esa cantidad de agua alcanza para sembrar sin ningún cargo alrededor de 80 a 82 hectáreas, lo que cual dejaría exentos a los medianos y pequeños productores”.

Agregó que como la eliminación seria gradual durante 10 años el pago por hectárea regada con agua excedida, en 2020 no serían 3 mil 500 pesos como se ha dicho, sino 350 pesos por hectárea.

El diputado de Morena apuntó que su propuesta está bien sustentada, salvo en una precisión: los títulos de concesión del agua no sólo amparan a personas físicas, también morales, de modo que un módulo de riego suministra el consumo a varios productores, que conlleva a que el volumen de agua exento del pago de derechos no sea suficiente para el riego de los integrantes de un módulo y ,por lo tanto, el consumo excedente se podría cargar a los demás productores.

“Esto pondrían en riesgo a pequeños y medianos que estarían subsidiando el consumo excedente de grandes productores”, asentó.

Reconoció que esta información, enfocada a problemáticas particulares, no fue detallada ni suficientemente sopesada, por lo que al ver que existe una posibilidad de afectar a los pequeños y medianos productores, tomó la decisión de solicitar a la Cámara alta el retiro de esta propuesta.

Ciudad de México.- Diputados del PRD, encabezados por su coordinadora, Verónica Juárez Piña, expresaron su respaldo a las organizaciones civiles Futuro 21 y Chalecos México, que presentaron hoy una demanda de juicio político contra el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, ante los hechos de violencia ocurridos en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre.

“En términos del artículo 109 constitucional, la denuncia se alza como un reclamo legítimo de la ciudadanía en contra de un servidor público “que ha demostrado, cada día, que no solo es incapaz para hacerse cargo de la seguridad pública del país, sino que la paz, tranquilidad y legalidad corren un grave riesgo en sus manos”, indicó en rueda de prensa Antonio Vázquez Herrera, representante jurídico de Futuro 21.

Refirió que los artículos 109 y 110 de la Constitución señalan cuáles son las faltas y conductas que pueden sancionarse con juicio político, “la evasión de un detenido sobre todo si es facilitada por un servidor público se castiga con cárcel”, apuntó.

Recordó que el pasado jueves 17 de octubre, un grupo de soldados logró la captura de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante y asesino Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, “esa detención pudo haber figurado en la historia del país como un éxito más de las instituciones, sin embargo, Durazo Montaño ordenó su liberación, él intercedió a favor de la impunidad”.

Vázquez Herrera consideró que Durazo Montaño debe responder ante la justicia para explicar en qué condiciones decidió la liberación de Ovidio Guzmán López, a qué intereses respondió y con qué bando está, ya que, además, su decisión implica una conducta delictiva.

Comentó que, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, una vez que haya sido ratificada la denuncia, deberá ser estudiada por la Cámara de Diputados, a través de la Subcomisión de Examen Previo, por ello “le pedimos que defienda la Constitución, la división de poderes y al país que, hoy en día, se siente vulnerable y desprotegido”.

Por su parte, Juárez Piña aseveró que su bancada, y como integrante de la Subcomisión de Examen Previo, darán seguimiento a la solicitud y pedirán que se desahogue lo antes posible en la próxima sesión de la instancia legislativa.

Comentó que en la última sesión de la subcomisión se desecharon alrededor de 80 solicitudes y algunas tenían de 10 a 15 años, “lo que estamos haciendo es ponernos al día, en torno a lo que se requiere. En la última reunión solicitamos que en la siguiente sesión abordáramos dos temas: el de los diputados de Baja California y el de Rosario Robles, me parece que éste es otro que tenemos que abordar”.

“Estamos ante una circunstancia en donde lamentablemente se rindió el Estado, el responsable, y el secretario Durazo Montaño, con un operativo en donde no hubo inteligencia, organización, en donde lo que prevaleció fue la improvisación poniendo en riesgo el Estado de derecho, a los sinaloenses y la seguridad de todas y todos en el país”, apuntó.

Alejandra Morán, fundadora de la asociación civil Chalecos México, refrendó su acompañamiento a Futuro 21, ante esta solicitud de juicio político, porque “consideramos fundamental el respeto a la ley, Constitución y, sobre todo, a la seguridad y los derechos de los mexicanos”.

Jesús Zambrano Grijalba, integrante de Futuro 21, enfatizó que los hechos ocurridos en Culiacán, “no pueden ni deben ser catalogados como una simple anécdota en el marco de la picaresca política mexicana, porque es un hecho de una enorme trascendencia que va a impactar la vida del país en su conjunto”.

Jesús Ortega Martínez, integrante de Futuro 21, aseveró que en los trágicos sucesos de Culiacán intervinieron funcionarios de gobiernos extranjeros, particularmente del norteamericano, a través de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), “que semanas antes del operativo fueron a Culiacán a dar instrucciones a funcionarios estatales y federales; por eso debe profundizarse la investigación”.

“El secretario de Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González está obligado a comparecer para decir de quién recibió instrucciones para movilizar efectivos en la aplicación de una orden de aprehensión con motivos de extradición”, añadió.

En otro tema, sobre lo que sucedió el martes pasado cuando un grupo de 300 presidentes municipales se manifestaron en Palacio Nacional para exigir al Presidente un presupuesto federalista y justo, Angélica de la Peña Gómez, integrante de Futuro 21, expresó su preocupación, porque las alcaldesas y alcaldes “hayan sido recibidos con una dosis pequeña de gas lacrimógeno”.

“Nos parece que el maltrato es totalmente irrespetuoso y desmesurado frente a otras reacciones. El gobierno de la República tiene que atender este reclamo que hacen quienes representan a los municipios que tienen serios problemas, ya que tuvieron una retención de recursos muy importante que deterioró su trabajo en la gobernanza municipal”, dijo.

Aseveró que los recursos que les están quitando a los municipios se van a programas asistencialistas dirigidos de manera centralista por el presidente de la República, "ésa es una violación a la Constitución y derechos humanos que están exigiendo ser respaldados por el presupuesto".

Ciudad de México.-  La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para facultar al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) a que participe en la elaboración de mecanismos que prevengan la discriminación por razones de género, de violencia y de acoso sexual u hostigamiento laboral.

Por unanimidad, con 395 votos a favor, el Pleno avaló adicionar una fracción X al artículo 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, propuestas el pasado 5 de junio, por la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (PES), y turnó el documento al Senado para su análisis y eventual ratificación.

El objetivo de la reforma es que considerando lo establecido en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, el cual determina las obligaciones de los patrones, se exija la configuración de protocolos que incluyan las medidas y acciones mínimas de prevención, atención, sanción y reparación, en donde el Instituto contribuya en establecer los requerimientos mínimos que deben contener dichos protocolos.

El documento expone que el diseño e implementación de estos mecanismos deberá atender a las particularidades de cada centro de trabajo, es decir, cada centro en conjunto con sus trabajadoras deberá definir qué conductas regulará, su contenido y alcance.

La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena) señaló, al fundamentar este dictamen en tribuna, que en el Informe Casos de hostigamiento y acoso sexual en la Administración Pública Federal, 2017, se registraron 145 denuncias por presuntos casos de hostigamiento o acoso en 51 instituciones de la Administración Pública Federal (APF).

De estos casos el 91 por ciento de los casos corresponde a mujeres que denuncian a hombres.

La diputada Sosa Ruíz reiteró la importancia de dotar a las instituciones de herramientas que las hagan eficaces y afirma que las mujeres no deben ser violentadas bajo ninguna circunstancia, “ante cualquier conducta verbal o física de naturaleza sexual, se debe alzar la voz”.

Ciudad de México.-  El presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, Rubén Moreira Valdez, alertó sobre la reducción de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 para la protección de los derechos humanos de los migrantes y refugiados que llegan al país.

Por ello, emplazó al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, y a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a que acudan a la Cámara de Diputados y defiendan su presupuesto para el próximo año.

“Se aprecia una reducción drástica de recursos para reforzar la protección de los derechos humanos de la población desplazada en busca de refugio y que se concentra primordialmente en el norte del país”, indicó al participar en una sesión de parlamento abierto sobre migración y refugio, organizada por la Comisión de Asuntos Migratorios.

Refirió que el INM ejerció en 2018, recursos por mil 731 millones de pesos, pero para el 2020 tendrá apenas, mil 487 millones, casi 300 millones de pesos menos.

En tanto, en 2018 el presupuesto para Relaciones Exteriores fue de más de nueve mil millones de pesos de presupuesto; para 2019, ocho mil 500 millones, y hay un ligero aumento para el 2020 para ubicarse en ocho mil 723 millones de pesos.

Moreira Valdez expresó su preocupación por lo que sucede con los migrantes centroamericanos, del Caribe y de África, que vienen al país y no reciben la respuesta que México exige para sus connacionales que están en Estados Unidos.

Confió en que en el futuro la gente pueda transitar en Centroamérica y en México sin necesidad de visas, ni papeles y no criminalizar jamás al migrante.

Se pronunció por incrementar el presupuesto para el INM, por lo que insistió en la necesidad de que los funcionarios federales responsables del tema migratorio participen en la formación de la bolsa de recursos que van a ejercer el próximo año.

 Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó reformas para prohibir la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación, uso y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos e imagen.

En caso de incurrir es dichas faltas, se sancionará con una pena de doce a quince años de prisión.

Para ello, se adicionó el artículo 190 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el articulo 168 Ter al Código Penal Federal.

El Pleno lo avaló, en lo general y particular, con 399 votos a favor, cero en contra y una abstención. Lo turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

El documento surgió de una iniciativa presentada por la diputada Adriana Gabriela Mediana Ortiz (MC) y dictaminada por la Comisión de Comunicaciones y Transportes, presidida por el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN), quien fundamentó el dictamen en tribuna.

Pérez Díaz señaló que los bloqueadores de señal son utilizados por grupos de ladrones al autotransporte, delito que aumentó 90 por ciento de 2017 a 2018, por lo que se debe fortalecer el marco jurídico en esta materia.

En el artículo 168 ter del Código Penal Federal quedó establecido que los equipos mencionados en el artículo 190 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión “serán asegurados en términos de los que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y posteriormente deberán ser destruidos en su totalidad”.

Además, señala que, si algún trabajador del Estado incurre en la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación, uso y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos o imagen, “se le impondrá la pena de quince a dieciocho años de prisión”.

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó un dictamen para permitir a las trabajadoras que se encuentren en una situación de violencia de género ausentarse de sus centros de trabajo.

Para ello, las trabajadoras deberán contar con una orden de protección emitida por la autoridad competente y el permiso deberá durar el mismo tiempo que la orden de protección.

El Pleno lo aprobó por unanimidad, en lo general y en lo particular, con 374 votos, y lo turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

El documento reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y el 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Surgió de una iniciativa que presentó la diputada Marcela Guillermina Velasco González, a nombre del grupo parlamentario del PRI, el pasado 24 de abril, que fue dictaminada por la Comisión de Igualad del Género.

El dictamen fue fundamentado, en tribuna, por la presidenta de la comisión dictaminadora, Wendy Briceño Zuloaga (Morena) y posteriormente fijó su postura la diputada proponente.

La Ley Federal del Trabajo establece para los patrones la obligación de permitir a las trabajadoras faltar a su trabajo cuando se encuentren en una situación de violencia de género, y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado estipula la obligación de los titulares de los entes públicos de concederles licencia, sin menoscabo de sus derechos.

La legisladora Velasco González indicó que México es uno de los ocho países con legislación en materia de género, pero no existen mecanismos específicos que permitan garantizar la seguridad laboral de las mujeres que se encuentran en un contexto de violencia, cuando su contribución económica y sostén familiar es cada vez más creciente.

Ciudad de M éxico.- La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, afirmó que México tiene características que lo hacen resiliente a un riesgo de recesión internacional, ya que es una de las economías más abiertas del mundo y eso, tiene que ser una palanca de desarrollo.

“Es necesario abrir nuevas oportunidades y patrones de crecimiento”, señaló la funcionaria al comparecer ante Comisiones Unidas de Economía, Comercio y Competitividad y de Economía Social y de Fomento del Cooperativismo, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo.

“Tenemos el riesgo de recesión en la economía internacional, y si no de recesión, sí de una desaceleración pronunciada, tal como fue evidente en las reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en las que México participó, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, destacó.

Además, enfatizó, en el contexto de las disputas comerciales entre países como Estados Unidos y la República Popular de China, tenemos que encontrar oportunidades para justamente re direccionar el crecimiento, “para cerrar brechas, pero para también abrir nuevas oportunidades y patrones de crecimiento”.

“México tiene características que lo hacen resiliente a ese contexto internacional adverso del que he hablado, es una de las economías más abiertas del mundo y eso, tiene que ser una palanca de desarrollo”, expuso.

Asimismo, se pronunció que ante la “intensa fase de discusión” por la ratificación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), espera que su entrada en vigor “redinamice la economía mexicana”.

Sin embargo, Márquez Colín reconoció que “no debemos confiar todo en el T-MEC”.

Aseguró que, en este primer año de gobierno de la actual administración, la Secretaría de Economía se ha enfocado en diseñar políticas públicas, programas y acciones coherentes orientados a detonar los procesos de inclusión, diversificación e innovación.

El objetivo es recuperar ese papel activo del Estado en el proceso del desarrollo económico con objeto de propiciar la inclusión de todos los sectores más rezagados, afirmó.

Consideró que es posible mantener reglas claras y canales conducentes en una economía de mercado, pero que, a ésta le complemente con un Estado activo que promueva el crecimiento y el bienestar de todos los mexicanos.

Durante el proceso de concentración en el mercado, adoleció entonces, de una rectoría que permitiera conciliar el interés privado con los objetivos claros de crecimiento alto y sostenido, así como una mejora en el bienestar social, apuntó la funcionaria federal.

Ciudad de México.- –La Cámara de Diputados aprobó reformas de ley para otorgar a las madres trabajadoras del Estado que adopten un hijo, un descanso de seis semanas posteriores al día en que reciban al infante, conservando íntegros todos sus derechos, inclusive el goce de la totalidad de su sueldo.

Por su parte, los padres trabajadores del Estado disfrutarán de una licencia de mínimo cinco días posteriores al nacimiento de sus hijos o adopción de un infante.

Para tal efecto, se adicionó un artículo 28 bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional.

El Pleno lo avaló por unanimidad, en lo general y particular, con 341 votos. Lo turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

El dictamen surgió de una iniciativa presentada por la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (PAN) y suscrita por legisladores de su bancada.

Fue dictaminada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (PES), quien fundamentó el documento en tribuna.

Baldenebro Arredondo destacó que la idea fundamental de esta reforma reside en salvaguardar el interés superior del menor previsto en el artículo cuarto de la Constitución.

Así como en la Convención sobre los Derechos del Niño, siendo uno de sus derechos el que sus padres gocen de sus hijos durante este periodo de vida donde más lo necesitan: en su primera infancia, agregó.

“En el caso de la adopción, ésta se formaliza en el momento en que se resuelva en definitiva el proceso ante el juez de lo familiar. Por tanto, con este dictamen se garantiza a los trabajadores del Estado el goce y disfrute de un derecho previamente establecido para los trabajadores regulados por la Ley Federal del Trabajo”, puntualizó.

El documento avalado señala: “los días de licencia serán cubiertos en los mismos términos y condiciones que aplican para los casos de licencia de maternidad y paternidad por nacimiento”.

Ciudad de México.- Para ofrecer a los consumidores una gran cantidad de productos hechos en México, la Concanaco Servytur y la Concamin firmaron una alianza para sumar a diversas cámaras industriales a participar activamente en el programa comercial El Buen Fin 2019, que se realizará en del 15 al 18 de noviembre con ofertas, descuentos y promociones.

En conferencia de prensa los presidentes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos y de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes Díaz, destacaron que con este acuerdo los mexicanos obtendrán mayores beneficios durante El Fin de Semana más Barato del Año.

En presencia del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos  Salazar Lomelín, José Manuel López Campos precisó que por Concamin se integran a participar a El Buen Fin las cámaras del calzado, vestido, panadería, restaurantera, construcción, vivienda, mueblera, tecnología de la información y comunicación, autotransporte de pasajeros y turismo, así como de la platería y joyería.

Con esta alianza, resaltó, se completa el circulo de productos mexicanos que se ofertarán con garantía y en las mejores condiciones de ahorro, en los cuatro días de la gran fiesta comercial de México.

Aunque en ediciones anteriores han participado algunas industrias que comercializan sus productos, ahora será de manera directa su integración a este programa que inició hace nueve años, subrayó el líder empresarial.

Por medio de esta alianza, aseguró, se pretende que El Buen Fin sea un programa totalmente incluyente y el más completo, con la participación de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de diversos giros.

En el caso de Concanaco, dijo, en este año crecerá la presencia de empresas del sector de los servicios con despachos profesionales, como contadores públicos y notarios, hasta el área de salud, con clínicas y laboratorios, entre otros.

El turismo desde hace 5 años participa, teniendo como uno de sus actores principales la Secretaría de Turismo, y se suman asociaciones que representan a hoteles, moteles y demás negocios de este sector tan importante, asentó.

López Campos, puntualizó que con esta suma de esfuerzos se da un nuevo impulso al programa El Buen Fin, para lograr mejores resultados para todos los involucrados, pero principalmente para aportar mayores beneficios a los miles de ciudadanos, al ampliarse el abanico de productos y servicios que se ofertarán y promocionarán.

“Esperamos que los mexicanos disfruten la experiencia grata al salir de compras, viajar o divertirse en familia, pareja o amigos, aprovechando los días de descanso que se tendrá con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana”, apuntó.

El Buen Fin, aseguró, es un gran programa que genera beneficios para los compradores y empresas participantes, al igual que impacta en la economía de las ciudades y los estados, en donde los empresarios y gobiernos se unen para su promoción.

José Manuel López Campos reiteró que las cámaras que se suman a El Buen Fin tienen entre sus afiliados marcas reconocidas en todo el país, y otras son referentes en los estados de donde son originarias, y que están en disposición de sumarse a este programa, ofertando sus productos, con promociones, descuentos y ventas a plazos con meses sin intereses.

Mérida, Yucatán.- Luego de valorar la prueba vertida en un juicio oral que inició el pasado 7 de octubre, el Tribunal Primero de Enjuiciamiento dictó fallo absolutorio a dos personas acusadas del delito de homicidio calificado contra el matrimonio Campos-Peniche, ocurrido en mayo de 2016 en la casona Santa Cecilia de la avenida Colón.

Los sujetos, José Rodrigo VP (a) Rich y Pedro Pablo MM (a) “Robotín” fueron acusados asesinar a Juan Manuel Gonzalo Campos y Cáceres, de 91 años de edad, y su esposa Lucely Peniche Pasos, de 87, hallados muertos en su casa de la avenida Colón. Al hombre el Servicio Médico Forense determinó que recibió siete cuchilladas en el pecho y espalda, que le perforaron corazón y pulmón izquierdo.  La mujer murió por asfixia por sofocación, debido a que le obstruyeron las vías respiratorias –boca y nariz- con una bolsa de plástico. 

Sin embargo, el Tribunal expuso que la prueba aportada en el juicio fue insuficiente para demostrar la culpabilidad de las personas acusadas pues no se contó con una prueba directa y si bien la Fiscalía pretendió acreditarla mediante prueba circunstancial, esta no quedó integrada, dado que ni la prueba material, científica o testimonial desahogada en la audiencia arrojó información que permitiera ubicar a los acusados en el lugar de los hechos y que estos lo hubieran cometido el delito.

El Tribunal expuso que no se determinó, a través de dichas pruebas, que existió algún contacto entre el cuchillo y venda elástica que sirvieron para privar de la vida a los ahora occisos y los enjuiciados, ya que no se presentó en el juicio algún hallazgo que vinculara directamente a los acusados a estos objetos, como sería una huella o su perfil genético, lo que hubiera servido para que, sin duda alguna, se les ubicara en ese predio la noche en que se dio muerte a las víctimas directas.

Asimismo, el Tribunal relató que en ningún momento los agentes aprehensores que dieron su testimonio en juicio, mencionaron las características físicas de las personas detenidas, ni los señalaron como las personas que estaban en la audiencia en calidad de acusados.

Igualmente, expusieron que existió duda de que los objetos presentados les hayan sido asegurados a los acusados, esto porque no se desahogó prueba para demostrar cómo es que el fiscal a cargo de la investigación tuvo conocimiento de que estos objetos estaban en resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y cómo o de qué forma los relacionaron con los homicidios de las víctimas directas.

Igualmente explicaron que, si bien se pretendió identificar la vestimenta de los acusados a través de fotografías y un testimonio, ninguno de los agentes aprehensores, quienes directamente vieron a los hoy acusados, dio alguna referencia de las prendas. Además, tampoco quedó demostrado cómo los fiscales obtuvieron dichas prendas, las cuales, además, no fueron aseguradas como indicio durante la investigación.

De manera que los peritajes derivados o relacionados con estas prendas tampoco tuvieron fiabilidad, igualmente los objetos con los que se habría cometido el delito.

El Tribunal expuso que tampoco hubo fiabilidad respecto de un peritaje de huellas dactilares desahogado por la Fiscalía ya que, la propia perito mencionó que la necesidad de una validación de su estudio, pero no se incorporó prueba alguna que lo validara. Por tanto no se pudo inferir que las huellas encontrados en los indicios correspondieran a los acusados.

Igualmente la pericial en genética no arrojó ningún dato para establecer la culpabilidad de los acusados y el dictamen de criminalística no arrojó algún dato que comprobara la conexión de los objetos utilizados, con los acusados.

Los hechos por los cuales fueron acusados, ocurrieron en mayo de 2016, cuando dos personas privaron de la vida a otras dos personas adultas en un domicilio de la avenida colón de la ciudad de Mérida, Yucatán.

La juez Fabiola Rodríguez Zurita, quien integra este Tribunal junto con los jueces Nidia Guadalupe Celis Fuentes y Kenny Martins Burgos Salazar, informó a las partes y al público de la sala que la audiencia de lectura y explicación de la sentencia se realizará el próximo 30 de octubre en este mismo Centro de Justicia.

Cabe señalar que la ley prevé el derecho de las partes a inconformarse, a través de la apelación contra este fallo y del amparo en contra de la sentencia resultado de la apelación.

Mérida, Yucatán.- Considerado como un espacio de encuentro entre los principales líderes del sector público, privado, academia y sociedad civil de las Américas, para buscar soluciones que mejoren la ciberseguridad, basadas en innovación, los pasados días 15 y 16 de octubre se llevó a cabo el lanzamiento del Consejo de Innovación en Ciberseguridad de CISCO y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Más de 60 expertos de países como Chile, Colombia, Ecuador y México, se dieron cita en las instalaciones de la OEA, en la ciudad de Washington en los Estados Unidos de América a convocatoria de dicho organismo internacional y de CISCO, en una iniciativa que busca democratizar y potencializar la adopción de la ciberseguridad, en busca de tener naciones más seguras e inclusivas digitalmente.

La agenda incluyó paneles de expertos y mesas de discusión donde se presentaron ideas, retos y alternativas para abordar los desafíos de la ciberseguridad en el mundo moderno. Participaron en estas actividades la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Sylvia Constantin, la Secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA, Robert Strayer, Secretario Adjunto para ciber y comunicaciones internacionales de los Estados Unidos, Farah Urrutia, Secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA, el Senador Kenneth Pugh, de Chile, asi como altos directivos de la empresa CISCO, como Jordi Botifoll, Senior VP en América, entre otras personalidades.

Por lo que respecta a la delegación mexicana, es importante destacar la participación de expertos del sector privado, fundamentalmente de empresas de comercio al detalle y del sector bancario. De igual manera, el sector gubernamental estuvo representado por la Subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Ing. Salma Jalife, así como la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de Yucatán. El sector académico mexicano estuvo representado por el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Politécnica de Yucatán.

Una vez más, se refrenda el compromiso del Gobierno del Estado de Yucatán hacia el desarrollo de una economía del conocimiento que brinde mejores servicios a la población, que abra espacios para más y mejores empleos y que detone mejores oportunidades para toda la población de Yucatán al mismo tiempo de consolidar la entidad, no sólo como la más segura físicamente, sino también en el mundo cibernético.

San Juan, Puerto Rico.- La naviera Disney Cruise confirmó un primer arribo piloto al puerto de Progreso para el mes de enero de 2021 con el objetivo de que conozca los servicios y facilidades técnicas del puerto, lo que servirá como condición para la posterior llegada de más barcos de esta firma.

El gobernador Mauricio Vila Dosal, quien acompañado del alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, participó en la "26th Annual FCCA Cruise Conference & Trade Show", que se realiza en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, dijo que también se acordó la llegada de 50 nuevos cruceros a Puerto Progreso.

Mencionó que además de Disney Cruise Line, se confirmó el arribo de nuevos cruceros de las compañías MSC, Norwegian, así como Costa Cruise Line.

La naviera MSC concretó 41 arribos de cruceros durante la temporada 2020-2021, iniciando en noviembre del próximo año, lo que traerá al puerto de Progreso más de 100 mil pasajeros, dando mayor oportunidad de derrama económica a los prestadores de servicios turísticos locales y en general al estado a través de las tour operaciones.

Con la naviera Norwegian Cruise Line se confirmó, para el 11 de diciembre de este año, el primer arribo del barco Getaway que traerá 3,369 pasajeros, lo que también significa el primer paso para que esta empresa realice más operaciones en los próximos años.

Por su parte, la firma naviera francesa Ponant, especializada en turismo de alto poder adquisitivo, confirmó para Yucatán la realización de 6 operaciones más de su crucero Le Champlain, 4 en lo que resta de este 2019 y 2 más en 2020, cuyos pasajeros pernoctarán una noche en el puerto dentro de su barco, pero que utilizarán tours y servicios turísticos con duración más prolongada, lo que generará una mayor derrama económica.

También se confirmó el arribo del crucero Costa Luminosa, de la Costa Cruise Line, en enero de 2020, con más de 2,200 pasajero a bordo. Esta empresa también conocerá por primera vez los servicios el puerto.

Finalmente, con las empresas TUI y Virgin Voyages se están explorando las posibilidades de abrir nuevos mercados para itinerarios en el futuro.

Vila Dosal sostuvo encuentros privados con las directivas de las navieras y empresas más importantes del ramo a nivel mundial, las cuales mostraron su interés en los proyectos y planes de desarrollo turístico de Yucatán.

De la TUI Cruises acudieron Christopher Szel, Gerente de Destino y Janina Graf, Gerente de Contrataciones; Christine Manjencic, Vicepresidenta de Operaciones de Servicios de Destino y Steve Moeller, Vicepresidente Senior de Desarrollo Comercial de la Norwegian Cruise Line; Rick Sasso, presidente y CEO y Pierfrancesco Vago, Presidente Ejecutivo, de MSC Cruceros; Arnold Donald, Presidente y CEO, así como Terry Thornton y Erika Tache de Carnival Cruises y Tom McAlpin, CEO de Virgin Voyages Cruises.

En este evento participan alrededor de 1,000 representaciones de la industria naviera, así como de funcionarias y funcionarios de los gobiernos de la región.

En esta ocasión, debido a la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México y el menor presupuesto asignado para promoción turística, se participa a través de un stand que se logró integrar en conjunto con los puertos de Cozumel (Empresa SSA México, Quintana Roo), Los Cabos (BCS); Mazatlán (Sinaloa) y Puerto Progreso (Yucatán), el cual se ha denominado Pabellón de Puertos de México.

Asimismo, en esta edición, se pondrá especial énfasis en comunicar a las representaciones de las navieras las mejoras que se han realizado en Progreso, así como las inversiones que ya han comenzado para mejorar la imagen general y dotarlo de más y mejores servicios e infraestructura.

La Florida Caribbean - Cruise Asssociation (FCCA) es una asociación compuesta por 18 Líneas Navieras que operan más de 200 barcos en el caribe y Latinoamérica. El mandato de esta asociación es manejar conferencias acerca de los temas más importantes de la industria naviera, así como fomentar relaciones entre gobiernos de la región, las navieras y también los otros segmentos de la industria.

La FCCA provee asistencia técnica a los puertos, lleva a cabo investigaciones sobre la industria, da programas de entrenamiento a la industria turística que recibe a los pasajeros y trabaja temas de responsabilidad social con organizaciones locales.

Su evento principal es el "FCCA Cruise Conference & Trade Show", que se realiza anualmente. En el 2017 se llevó a cabo en Mérida y desde 2018 y por cuatro ediciones consecutivas, debido a un acuerdo con el Gobierno de Puerto Rico, se lleva a cabo en San Juan, siendo la actual edición realizada del 21 al 25 de octubre 2019.

Este año el evento lo encabeza la presidenta de la FCCA, Michelle Paige. Igualmente, participan dueños, dueñas, CEOs y Direcciones Ejecutivas de las navieras más grandes como Royal Carribean, Carnival Cruises, MSC, Disney, entre otras.

Por Yucatán participan la Sefotur, el Ayuntamiento de Progreso, la Florida Caribbean - Cruise Association (FCCA), la SSA México, Administración Portuaria Integral (API) Progreso y compañías operadoras turísticas locales.