Mérida, Yucatán.- Durante los próximos días se pronostican condiciones calurosas en la mayor parte de la región, aunque no se descartan lluvias vespertinas de diversa intensidad, especialmente para este jueves. 

Para el viernes y sábado, bajo potencial de lluvias, informa el Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida (CHRM), del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con los pronósticos, para este jueves se prevén valores máximos de entre los 30.0 a 34.0 grados Celsius en los tres estados de la Península de Yucatán. 

Las temperaturas mínimas oscilarían entre los 16.0 y 20.0 grados Celsius en Yucatán, así como de los 20.0 a 24.0 grados en Campeche y Quintana Roo.

Una vaguada sobre el sur de la región y el aporte de humedad de la onda tropical 55 favorecerán chubascos dispersos en el sur y centro de Campeche; sur de Quintana Roo; y, en el sur y noroeste de Yucatán.

Los vientos serían del este noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 50 km/h en la zona costera.

El viernes se anticipan temperaturas máximas de entre los 31.0 y 35.0 grados Celsius en Yucatán y Campeche, así como de los 30.0 a 34.0 grados en Quintana Roo.

Las temperaturas mínimas oscilarían entre los 16.0 y 20.0 grados Celsius en Yucatán, de los 19.0 a 23.0 grados en Campeche y entre los 20.0 y 24.0 grados en Quintana Roo.

Si bien el potencial de lluvias es bajo, no se descartan lloviznas en el centro y sur de Campeche; zona costera de Quintana Roo; y, en el sur y centro de Yucatán.

Se esperan vientos del noreste de 15 a 25 km/h con rachas de 45 km/h en la zona costera.

El sábado se esperan máximas de entre los 31.0 y 35.0 grados Celsius en los tres estados de la Península de Yucatán.

Las mínimas oscilarían entre los 15.0 y 19.0 grados en Yucatán, así como de los 18.0 a 22.0 grados en Campeche y de los 19.0 a 23.0 grados en Quintana Roo.

Este día no se esperan precipitaciones para la Península de Yucatán y los vientos serán del este sureste de 15 a 25 km/h con rachas mayores a los 40 km/h en la zona costera.

Mérida, Yucatán.- El Diputado Luis Borjas Romero se pronunció a favor de sancionar en Yucatán aquellas personas que realicen procedimientos de cirugía plástica, estética y reconstructiva, sin contar con la certificación apropiada para hacerlo.

Hoy con 23 votos a favor y uno en contra, las y los diputados locales aprobaron por mayoría las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud estatal, para certificar a quien ofrezca el servicio de cirugías plásticas y garantizar la seguridad de los clientes.

Borjas Romero (PRI) manifestó que el dictamen no tiene la intención de vulnerar ningún derecho, ya que su propósito es proteger la salud de las personas que sean sometidas a dichas cirugías relacionadas con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones del cuerpo.

Además que propone una herramienta jurídica para evitar y disuadir penalmente la práctica de cirugías plásticas  por profesionales que no estén autorizados y cuyo equipo médico no cuente con la certificación institucional requerida.

Señaló que para el análisis de esta iniciativa los trabajos en la comisión de Justicia y Seguridad Pública contaron con un grupo de más de veinte especialistas quienes compartieron sus conocimientos en la materia a fin de que existiese una retroalimentación para crear leyes que sean adecuadas, lo que dio como resultado el dictamen presentado.

“Es indudablemente correcto tipificar una conducta para sancionar a quien efectúe un procedimiento quirúrgico sin contar con el equipo médico y los requisitos exigidos por la Ley General, pero que quede claro, no estamos penalizando el ejercicio de una profesión; estamos sentando las bases para una mayor protección y garantía a profesionales y pacientes”, finalizó.

Mérida, Yucatán.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado el pasado 25 de noviembre, diputadas del PRI, Movimiento Ciudadano y Morena, refrendaron el compromiso de seguir trabajando por erradicar la violencia física y sexual a las féminas, con una iniciativa para aumentar el catálogo de dichas manifestaciones dentro del Código Penal de Yucatán.

En la sesión ordinaria de este miércoles, Milagros Romero Bastarrachea (MC) argumentó que cada día, nueve mujeres son asesinadas en México, y aunque en Yucatán, estos lamentables hechos sólo representan menos del uno por ciento, el 70% de las féminas son violentadas.

En la misma tónica, Fátima Perera Salazar (Morena) advirtió que, según cifras del INEGI, en el país, el 66.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de agresión, mientras que en un 43.9 por ciento, los causantes son sus esposos o parejas, sin embargo, la violencia se presenta en todos los ámbitos y por parte de agresores diversos, que incluyen también a familiares y desconocidos.

En ese sentido, añadió que resulta prudente promover campañas en medios de comunicación, cursos y talleres de sensibilización en escuelas que alerten sobre los diferentes tipos de violencia y sus efectos devastadores, aunque aparentemente sean invisibles sobre las personas que la viven.

Aunado a lo anterior, Janice Escobedo Salazar (PRI) resaltó que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2015 y 2018, se contabilizaron, conforme a su tipificación en las entidades federativas, 2,645 presuntos delitos de feminicidio a nivel nacional, y en lo que va este año, entre enero y octubre, se han presentado 809 casos, siendo Veracruz, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México y Puebla, las entidades con mayores índices.

Es por ello que presentó una iniciativa para contemplar cada una de sus manifestaciones y plasmarlas adecuadamente en el Código Penal de Yucatán, tras un estudio de derecho comparado con las diferentes entidades federativas y una detallada investigación legislativa, con el cual se busca contener todos los supuestos y expresiones que caracterizan el feminicidio y que permiten visibilizar la discriminación contra las mujeres.

En otros temas, La LXII Legislatura aprobó por unanimidad las reformas al Código Fiscal y a la Ley de Tránsito y Vialidad, para que la Secretaría de Administración y Finanzas pueda rematar los vehículos abandonados en los corralones y se mantenga actualizado el inventario de bicicletas, motocicletas y automóviles que estén bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el proceso de venta de las unidades sea por lo menos una vez al año.

Víctor Sánchez Roca (PAN), agregó que el dictamen establece que la SSP tendrá seis meses para generar el inventario de todas las unidades en los depósitos vehiculares, que deberá permanecer actualizado, además de que garantiza a los propietarios de los vehículos retenidos a reclamar sus bienes si así lo acreditan, en un plazo de 60 días, previa publicación de este proceso en cuando menos un periódico de circulación local.

En la plenaria, las siete fuerzas políticas también aprobaron por unanimidad la Segunda Entrega de Informes Individuales de la Revisión de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018, de 42 Informes de Organismos Descentralizados, de Participación Estatal, Fideicomisos y Autónomos (Entidades); 50 Informes de Municipios y 6 Organismos Públicos Descentralizados Municipales.

Para lo cual, Rosa Díaz Lizama (PAN) señaló que todos los entes públicos fiscalizados tienen observaciones que deberán ser solventadas en un plazo de 60 días, al igual que la Auditoría Superior del Estado ha interpuesto denuncias de más de 4 millones de pesos durante los tres últimos años, pero esta autoridad, no ha especificado el monto recaudado de dichas querellas, por lo que solicitó esta información a la mencionada instancia.

Así mismo, hizo un llamado a los presidentes municipales a no seguir contratando despachos contables que los dejan en abandono, una vez que terminan su gestión administrativa, lo que les genera este tipo de sanciones; por otro lado, hizo lo propio a sus compañeros diputados a continuar el análisis a fondo de las auditorías, además de presentar iniciativas para reforzar el trabajo en la materia.

Por otro lado, con 23 votos a favor y uno en contra, las y los diputados aprobaron por mayoría las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud estatal, para certificar a quien ofrezca el servicio de cirugías plásticas y garantizar la seguridad de los clientes.

Luis Borjas Romero (PRI), manifestó que el dictamen no tiene la intención de vulnerar ningún derecho, ya que su propósito es proteger la salud de las personas que sean sometidas a dichas cirugías relacionadas con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones del cuerpo, además que propone una herramienta jurídica para evitar y disuadir penalmente la práctica de cirugías plásticas  por profesionales que no estén autorizados y cuyo equipo médico no cuente con la certificación institucional requerida.

En su turno, Manuel Díaz Suárez (PAN) mencionó que conforme a datos proporcionados por el Consejo Mexicano de Cirujanos Plásticos, el país tiene el tercer lugar en Solicitudes de Intervenciones Estéticas y Reconstructivas, mientras que la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y Estética, informa que en Yucatán, al año, se realizan entre 4,500 a 5,000 procedimientos de esta naturaleza por cirujanos certificados, por lo cual, el alcance oficial es considerable, con una tendencia a  la alza.

“Ante este escenario crítico y de constante violación de la Ley por parte de grupos que no están facultados para realizar dichos procedimientos quirúrgicos, es urgente y necesario una sanción o tipo penal en el Código Penal del Estado, donde se contemple una consecuencia a aquellos que realicen procedimientos de la especialidad de cirugía plástica, estética, y reconstructiva, sin poseer la debida certificación oficial para hacerlo”, recalcó.

En contraparte, Marcos Rodríguez Ruz (PRI) expresó que el dictamen transgrede los derechos de libertad de profesión de los doctores que tienen maestría en Cirugía Estética, al igual que generaría una afectación a la esfera jurídica en derechos humanos a los dichos médicos.

De la misma manera, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad las reformas al artículo 7, 21, 40 y primer párrafo del artículo 41 de la Ley de Educación, en materia de Educación Inclusiva, para lo cual, Luis Aguilar Castillo (NA) lo calificó como un paso acertado para construir una mejor educación y ser un estado con vanguardia, porque hablar de inclusión es hablar de grandes cambios en materia de equidad, igualdad y paridad.

María Moisés Escalante (PRI), promovente de la iniciativa, aseveró que se trata de favorecer el desarrollo integral y gradual de los educandos en los niveles preescolar, primaria, secundaria, media superior y normal, considerando la diversidad de capacidades de las personas, a partir de reconocer su ritmo, estilo e intereses de aprendizaje, con un carácter didáctico y curricular diferenciado; así como promover el uso del lenguaje de señas mexicanas, a fin de garantizar la educación inclusiva y equitativa de calidad.

De igual forma, el pleno de los diputados avaló por unanimidad reclasificar la categoría política de Conkal, de pueblo a villa, con un artículo transitorio para que sea aplicada en cualquier fecha a partir del primero de enero de 2020, para lo cual, Karla Franco Blanco (PRI) aclaró que para obtener este grado se necesita un mínimo de 8,000 habitantes y dicha comunidad, ya cuenta con 11,141.

En su turno, Lila Frías Castillo (PRI) reconoció que Conkal puede obtener esta categoría por su crecimiento habitacional y su desarrollo que puede lograr beneficios e impactos positivos en la población a partir del próximo año.

Por último, fue aprobado por unanimidad la integración de la comisión de postulación “Consuelo Zavala Castillo”, en la cual, Janice Escobedo Salazar será presidenta; Kathia Bolio Pinelo (PAN), vicepresidenta; Fátima Perera Salazar y Silvia López Escoffié (MC), secretarias; así como María Moisés como vocal.

En asuntos generales, Lila Frías lamentó la cancelación definitiva de las Zonas Económicas Especial, en particular, la que albergaría el puerto de Progreso, que representa un tremendo golpe a las inversiones productivas del estado.

“No puedo dejar de sentirme impotente y decepcionada ante el grave daño que hoy nos causa el gobierno de la 4T a los yucatecos y a los mexicanos en general, una vez más demuestran que no están dispuestos a escuchar a quienes piensan diferente a ellos”, recalcó.

En tribuna, Milagros Romero presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado, en materia de matrimonio igualitario, ante la iniciativa para modificar el Código de Familia estatal, signada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo Ávila Heredia, que no impacta la Carta Magna estatal.

Su compañera de bancada, Silvia López presentó una iniciativa para expedir la Ley para la Atención Integral de Cáncer de Mama en el estado, que consta de 58 artículos y 4 transitorios, la cual tiene el principal objetivo de establecer los principios y lineamientos para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico oportuno, atención, tratamiento adecuado, rehabilitación, control y vigilancia epidemiológica de esta enfermedad.

De la misma forma, Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN) presentó una propuesta para adicionar artículos a la Ley de Gobierno de los Municipios y a la Ley de la Fiscalización de la Cuenta Pública, para que el Tesorero de cada Ayuntamiento sea preferentemente Contador Público y de no serlo, podrá auxiliarse en sus funciones a través de la contratación de un Despacho Contable o en su caso Contador Público, de la lista que emita la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, que coadyuvará en la contabilidad, las finanzas y la tesorería de la administración municipal.

Mirthea Arjona Martín (PRI), presentó una propuesta para declarar al coso Taurino de Tizimín, Patrimonio Cultural Intangible de Yucatán, porque no sólo reúne eventos ganaderos sino también culturas y tradiciones familiares a lo largo de los años, con la difusión que se la hace a la Tradicional fiesta de la Epifanía del Señor o de los Santos Reyes.

En la plenaria del día, se turnó a la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, el Paquete Fiscal estatal 2020, consistente en diversas modificaciones y leyes nuevas a la legislación hacendaria del estado, que consideran presupuesto, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, entre otros; además, los paquetes fiscales municipales de 105 ayuntamientos para el ejercicio fiscal 2020.

A la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, fue enviada la iniciativa para reformar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo de Yucatán, en materia de Parlamento Abierto, suscrita por el PRI, así como la iniciativa para expedir la Ley de Viajes con Cargo al Erario, de tres diputados de Morena.

Por último, a la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia, fue turnada la iniciativa que reforma el inciso C de la fracción II del artículo 48, sobre las competencias específicas en materia de gobierno abierto, y el segundo párrafo del artículo 72, sobre la información obligatoria de los sujetos obligados, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, signada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo Ávila Heredia.

Para finalizar, se convocó a la siguiente sesión el próximo miércoles 4 de diciembre del presente año a las 11 de la mañana.

Mérida, Yucatán.- Los ciudadanos de Kanasín se dicen decepcionados de las autoridades que han gobernado este municipio y las calificaron como incompetentes al ver que sus demandas no han sido atendidas durante muchos años, así se lo hicieron saber a las diputadas de Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea.

Señalaron que a pesar de ser el segundo municipio más grande en el estado, y que recibe un presupuesto que a su parecer es suficiente para que al menos arreglen las calles que están llenas de baches o que se hagan pozos de absorción, pues cada vez que llueve se dificulta el tránsito.

Las legisladoras se reunieron en Kanasín con los habitantes, ahí escucharon a los presentes quienes les hicieron saber que tienen un cuerpo policial abusivo y agresivo, y señalaron que los alcaldes que han estado al frente de la administración no los escuchan e incluso ni los reciben en su despacho, “ni que decir de que los podamos abordar en la calle, porque ni siquiera salen hacer un recorrido por la ciudad”, dijo uno de los participantes.

Señalaron que en la administración municipal actual se cometen actos de corrupción y que están cansados de no ser escuchados, por lo que las diputadas pedirán a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) información sobre la cuenta pública entregada por el actual alcalde.

Ante esta situación las diputadas Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea se comprometieron a iniciar un trabajo a través de una casa ciudadana, para lograr tener una ciudad digna de ellos, donde no sólo se cuente con buena infraestructura, sino que el entorno social mejore.

La legisladora López Escoffié señaló que Kanasín ha tenido un gran crecimiento poblacional en los últimos años, hoy se tiene a más de 100 mil habitantes, y ello rebasa a las autoridades, sin embargo, se puede trabajar coordinadamente, por lo que exhortó a los ciudadanos a participar activamente desde sus círculos de trabajo o familiar para ir logrando el objetivo de tener una vida digna.

Por su parte, la diputada Milagros Romero Bastarrachea, reiteró el compromiso de ellas como diputadas y como personas, pues su interés es participar con la comunidad y lograr mejores condiciones de vida para las nuevas generaciones, con mejores oportunidades y que se sientan orgullosas de Kanasín.

En su visita a Kanasín las también coordinadora estatal y secretaria de Acuerdos de Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, respectivamente, tomaron protesta a la Comisión Operativa Municipal de esta institución política, integrada por Ángel Eduardo Cano Gómez, Alberto Baas Uicab, Luis Alonzo Ayala Molina, Lilia Trinidad Herrera Poot, Guadalupe Córdova López, coordinados por Marcos Uicab Chan.

“El INPI Yucatán será el encargado de llevar a cabo las consultas en los municipios antes mencionados donde participara personal de la Secretaría de Gobernación y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo” informó el encargado de la Oficina de Representación del INPI Yucatán Dr. Domitilo Carballo Cámara.

Dr. Domitilo Carballo Cámara explico que la primera fase  será la informativa el día 29 de noviembre y, la fase consultiva  indígena el día 14 de diciembre, ambas se realizarán a las 09:00 horas.

“En la fase informativa se le entregará a la población los objetivos del proceso de consulta, así como metodología de la asamblea regional consultiva, información técnica, económica, social, cultural y ambiental del “Proyecto de Desarrollo Tren Maya” destacó el titular del INPI Yucatán.

Destacó que en la fase consultiva, las autoridades responsables del proyecto, establecerán un diálogo con las comunidades mayas consultadas con la finalidad de recibir propuestas, opiniones, sugerencias y, para establecer acuerdos.

“Las autoridades y representantes de las comunidades mayas, así como los ciudadanos pertenecientes a dichas comunidades podrán remitir sus propuestas, opiniones, sugerencias o planteamientos al siguiente correo electrónico: derechosindigenas@inpi.gob.mx “refirió Carballo Cámara.

Resaltó que como Autoridad Responsable, tiene este carácter el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR; como Órgano Garante la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y como órgano técnico el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quien orientará y asesorará el desarrollo del Proceso de Consulta.

Asimismo explicó que se conformó un Comité Técnico Interinstitucional, el cual se integra por representantes de las instancias de gobierno, atienden a los pueblos y comunidades indígenas, y proporcionarán la información que requieran o soliciten los sujetos consultados.

El 15 de diciembre del presente año, se instalarán Módulos de Participación Ciudadana en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se recibirá la participación de la ciudadanía a través de casillas y papeletas en la que expresarán su opinión. Las casillas funcionarán en un horario de 8:00 a 18:00 horas (hora local). Los módulos serán instalados en los municipios directamente involucrados en el trazo de la vía del tren conforme al “Proyecto de Desarrollo Tren Maya”.

El Gobierno de México difundirá la ubicación de los Módulos de Participación Ciudadana en el sitio de internet www.participacionsocial.gob.mx.

Para mayor información respecto de la Consulta Indígena, podrán acudir a los centros coordinadores de Maxcanú (Carretera Federal Becal-Puerto Juárez km. 54), Peto (Ex Hacienda Aranjuez, Carretera Peto-Tzucacab), Sotuta (Calle 21 #170) y Valladolid (Km 2 Carretera Valladolid- Felipe Carrillo Puerto) o la oficina de Representación ubicada en la calle 72 Ave. Reforma #389 x 37 Col. García Ginerés en Mérida, Yucatán.

Ciudad de México.- El Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 traiciona a México y pone en riesgo la seguridad alimentaria de los mexicanos, sentenció el diputado Ismael Hernández Deras, al rechazar en nombre de los diputados del PRI el contenido del dictamen del PEF que se aplicará el año próximo.

En la sede alterna donde sesionó la Cámara de Diputados, el legislador señaló que el partido en el poder no argumentó razones; aprobó el presupuesto por instrucción y resultó ser una farsa. “Los productores mexicanos confiaron en la oferta de diálogo y perdieron la confianza en sus autoridades, esa traición va a impactar en la seguridad alimentaria”, advirtió.

Hernández Deras precisó que la autollamada 4t, castiga a quienes producen y generan empleo e infraestructura en el campo mexicano. “El discurso sin recurso, es pura demagogia”, enfatizó el legislador por el estado de Durango.

Señaló que al Presupuesto le quitan casi 20 mil millones de pesos para el 2020, cerca del 50 por ciento del Presupuesto del 2018, la secuela será la falta de competitividad, caída en la recaudación fiscal de la Secretaría de Hacienda, desempleo, encarecimiento de la canasta básica, aumento a la importación de granos, aumento en la migración y la inseguridad.

En su intervención, el diputado Brasil Acosta Peña, del Estado de México, expresó su reconocimiento al Movimiento Antorchista Nacional por su resistencia clara y contundente contra la “cuarta T”, al mantener su plantón y defender las causas populares.

Cuestionó el doble discurso, porque por un lado el Gobierno federal habla de “abrazos no balazos” y por el otro, utiliza la fuerza pública para reprimir.

“¿No que ya no más barricadas? ¿no que ya no más granaderos? Le mienten y reprimen al pueblo. Tienen cercada la Cámara de Diputados con un piquete de policías y aquí estamos sesionando en un bunker. Allá está la prueba de que le mienten al pueblo, lo traicionan y en relación con el Presupuesto le roban al pueblo”, denunció Acosta Peña.

Recordó que las obras que exigen los campesinos no son “moches” y como mexicanos que sí pagan impuestos tienen derecho a manifestarse y exigir al Gobierno federal que asuma su responsabilidad: llevar agua al pueblo, construir drenaje, edificar vivienda, construir hospitales. Les dijo: como parte del partido que está en el Gobierno, “háganlo y resuelvan los problemas, aunque sabemos que no lo van a hacer porque mienten”.

El legislador priista hizo cuentas y señaló que, de los 400 mil millones de pesos destinados a programas sociales, divididos entre 130 millones de mexicanos, por día, les alcanza de a 8 pesos. “No van a sacar al pueblo de la pobreza dándole dinero, haciendo un neo-keynesianismo electorero, quieren esa lana para ganar elecciones”, alertó.

En la discusión en lo particular del dictamen, la diputada federal por el Estado de México, Ana Lília Herrera Anzaldo, presentó en bloque 19 reservas al dictamen del PEF 2020 a través de las cuales pretendía incrementar los recursos que se destinan a los municipios, a los institutos médicos de alta especialidad como el Nacional de Cancerología, a fin de apoyar a más personas diagnosticadas con cáncer y para instrumentar programas públicos de salud que atiendan a las mujeres.

Evidenció que la “Legislatura de la Paridad”, como se autodenominó la actual legislatura, “no es congruente con su compromiso de igualdad, pues no garantiza recursos suficientes para las mujeres.

Asimismo, pidió presupuesto para el Programa de Inclusión Digital, Tecnología y Calidad Educativa a favor de los jóvenes; para las escuelas de tiempo completo, a la educación inicial, es decir de la primera infancia, y a las escuelas comunitarias, porque no se les asignó un sólo peso.

Herrera Anzaldo explicó que legislar con prisas dio como resultado un presupuesto clientelar, que evidencía la educación de primera y la de segunda que imparte el Estado, por ejemplo, se crean universidades sin registro, sin planes de estudio, con una sola carrera, lo cual niega oportunidades de desarrollo a los jóvenes mexicanos.

Por su parte, la diputada por el estado de Yucatán, Dulce María Sauri Riancho, presentó tres reservas, a fin de rescatar el Programa Prospera que atendía a 6.5 milones de familias de manera integral en sus necesidades de educación, salud y alimentación y defender el presupuesto de los órganos Constitucionales autónomos.

Calificó de inconcebible, que a la nueva Fiscalía General de la República le quiten mil 500 millones de pesos, a pesar de que es la institución responsable de acabar con la impunidad; también que al Instituto Nacional Electoral, le recorten mil 74 millones de pesos, siendo el órganismo encargado de organizar elecciones pero también, por una reforma Constitucional reciente, sea el que prepare las consultas que coinciden con procesos electorales y la correspondiente a la revocación de mandato.

En un segundo intento por reasignar recursos a las escuelas de tiempo completo, la legisladora Cynthia López Castro, pidió al partido mayoritario no recortar en un 50 por ciento el presupuesto a este rubro.

“Persistir en su decisión perjudica a millones de mujeres trabajadoras, quienes para cumplir con su jornada laboral dejan a sus hijos en las escuelas de tiempo completo y para ser congruentes, Morena y sus aliados están obligados a poner el dinero en la palabra empeñada, defiendan a las mujeres porque hasta ahora no se refleja en el presupuesto”, dijo.

Otro rubro que defendió el Grupo Parlamentario del PRI fue el gasto en caminos y carreteras, que incluye garantizar dinero para su mantenimiento; la diputada por el estado de Veracruz, Anilú Ingram Vallines, planteó que el partido mayoritario no ha dimensionado el alcance de sus decisiones que alejan, cada vez más, el bienestar de la población que tanto pregona, y les dijo: “lástima, tanto poder para no poder”.

A la legisladora por el estado de Yucatán, María Ester Alonzo Morales, correspondió hacer la reserva para procurar una partida en apoyo del sector pesquero; y acusó que la Administración vigente elimina programas para la subsistencia de pescadores y acuacultores  en el país.

En tanto, el diputado Enrique Ochoa Reza   presentó 4 reservas para revertir los ajustes a los órganos de procuración e impartición de justicia, pues al Poder Judicial se le recortan mil 300 millones de pesos en momentos en que se promete resolver el problema de la inseguridad.

La diputada por el estado de Sinaloa, Erika Sánchez Martínez, pidió presupuesto para la comercialización de los productos agropecuarios, dijo que tal parece que la 4T no conoce los postulados básicos de no mentir y no robar.

Por último, el diputado por el estado de México, Eduardo Zarzosa, preguntó a quienes han dicho que la austeridad es lo máximo, en alusión a la sede alterna donde sesionó la Cámara de Diputados: “¿qué sintieron al pisar un lugar ‘fifi’?  desde donde ‘mayoritearon’ el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

Ciudad de México.- Ante el anuncio hecho por algunos diputados del recorte de más de 1,072 millones de pesos que se plantea hacer a su presupuesto, el Instituto Nacional Electoral (INE) afirmó que eso debilita la capacidad para enfrentar los desafíos de la democracia-

Precisó que el recorte anunciado, sumado a algunas propuestas de reformas electorales que se han planteado en el Congreso, demuestra un intento por limitar a la autoridad electoral y hace que no se perfilen buenos tiempos para la recreación de la democracia.

Tarjeta Informativa: recorte presupuestal 2020

El recorte se hace al presupuesto operativo del INE y no afecta los recursos que se entregan a los partidos. Es equivalente a cerca del 9% de lo solicitado por el INE para en 2020 expedir cerca de 16 millones de credenciales e iniciar en septiembre el Proceso Electoral Federal 2020-2021, que será el más grande de la historia.

Este sería el recorte más grande de la historia del INE, justo cuando se comienza a organizar la elección más grande de la historia, porque habrá alrededor de 6 millones más de ciudadanos que votarán en 2021 en relación con 2018, en la que se elegirán casi 3 mil 200 cargos en disputa (15 gubernaturas, 29 congresos locales y en 30 entidades se renovarán los ayuntamientos).

El INE podría entrar a una zona de riesgo, porque se trata de organizar una elección para permitir la recreación de la democracia y de darle elementos de identidad a millones de mexicanas y mexicanos.

El INE reconoce la importancia de los programas sociales que puedan verse beneficiados con los recursos recortados al Instituto, pero la paz pública, la estabilidad política y la estabilidad económica dependen de que haya elecciones confiables, bien realizadas, con condiciones de equidad, como las que ha organizado el INE en los últimos años.

El recorte anunciado, sumado a algunas propuestas de reformas electorales que se han planteado en el Congreso, demuestra un intento por limitar a la autoridad electoral y hace que no se perfilen buenos tiempos para la recreación de la democracia.

El problema que podría presentarse ante un recorte de esta naturaleza es no sólo para el Instituto, sino también para la sociedad mexicana, ya que se debilita la capacidad para enfrentar los desafíos de la democracia.

Con esta decisión, si prospera, se van a poner en riesgo los derechos de los ciudadanos y, sobre todo, la capacidad probada de poder organizar elecciones de manera equilibrada y cierta como hasta ahora.

Sin un INE funcional, sin un INE capaz de brindar servicios ni de arbitrar elecciones equitativas, en condiciones de equidad, bien fiscalizadas, la paz pública, la estabilidad política y la estabilidad económica se ponen en riesgo.

El Instituto hace un llamado a la responsabilidad de todos los actores políticos y a la soberanía nacional representada en la Cámara de Diputados para cuidar la fortaleza del INE y de todos los órganos autónomos.

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2020, y lo remitió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. 

Con 302 votos a favor, 65 en contra y una abstención, se avaló en lo particular y en términos del dictamen, los artículos reservados 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35; los transitorios Séptimo, Décimo Tercero y Vigésimo Tercero; y, los anexos, 1, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 30, 31, 35, 36 y 37.

Además, los artículos 11 y 33 con las modificaciones aceptadas por la asamblea al dictamen.

Reservas

La Asamblea aceptó la modificación al artículo 11 del dictamen del PEF 2020, presentada por la diputada de MC, Pilar Lozano Mac Donald, con el propósito de abatir el subejercicio en el Fondo Metropolitano que duplica lo asignado en el gasto para el año próximo.

También destinar los recursos a programas de ordenamiento y obras de infraestructura que promuevan el transporte público, la movilidad motorizada eléctrica y activa como caminar, andar en bicicleta o cualquier otra forma impulsada por tracción humana.

Incluye alentar la participación y dar voz a los municipios. Modificar la estructura interna del comité técnico del Fondo que agilice la publicación de lineamientos y reglas de operación, la aprobación oportuna de los proyectos de inversión y la aplicación expedita de los recursos.

También se aprobó la reserva presentada por el diputado Francisco Favela Peñuñuri (PT), la cual tiene como propósito modificar el último párrafo del artículo 33, a fin de establecer que el gobierno federal instituya como política pública para impulsar el ordenamiento de los mercados agrícolas, la regulación en la contratación previa de las cosechas.

Con esta medida se prevé generar un instrumento central que garantice un ingreso a los productores, por medio del impulso de la contratación de la cobertura de riesgo climático y de mercado de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se emitan.

Por su parte, 45 diputados del grupo parlamentario del PAN, quienes no asistieron a la sesión, pidieron que sus reservas y posicionamientos sobre el dictamen del PEF 2020 se publicaran en la Gaceta Parlamentaria y se insertaran en el Diario de los Debates.

La Presidenta de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas Hernández, dijo que con fundamento en el artículo 93 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ordena que antes de que se remita el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se realicen las correcciones que demanda el buen uso del lenguaje y la claridad del mismo, sin modificar lo aprobado por el Pleno.

Ciudad de México - Durante más de ocho horas, diputados de los distintos grupos parlamentarios debatieron en favor y en contra del dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Morena

El diputado Irineo Molina Espinoza destacó que en este presupuesto se integraron las solicitudes de los presidentes municipales, con el objetivo de lograr la estabilidad financiera de los ayuntamientos, para ello, se aumentaron las aportaciones y participaciones; además, se fortalecerán los programas sociales que beneficiarán a la población más vulnerable.

El diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo destacó que en el presupuesto las prioridades de gasto se dirigen a programas para atender las desigualdades sociales, económicas y regionales, y de seguridad, bienestar y el sector energético; potencia la inversión productiva ante el gasto administrativo con austeridad, transparencia eficacia y eficiencia.

Del mismo partido, el diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua consideró falso que no haya reglas de operación para los programas incluidos en el PEF 2020; la fecha límite para tenerlas es febrero, lo que evitará caer en un clientelismo electoral. “Para la distribución de recursos se tomó en cuenta la inequidad que hay en el campo”, puntualizó.

PRI

El diputado Ismael Hernández Deras señaló que este presupuesto “traiciona al campo y a los productores mexicanos, porque se les quitan casi 20 mil millones de pesos para el 2020”. Además, dijo, se castiga la vertiente productiva que le genera economía, empleo e infraestructura al agro.

El diputado Brasil Alberto Acosta Peña se manifestó en contra del dictamen, por considerar que no resuelve las demandas de la sociedad. Hay mil 567 obras que deben realizar, como el drenaje, la vivienda, los hospitales para el pueblo, pero no lo harán porque “los dejaron fuera del presupuesto, y eso es traición”. Añadió que se etiquetaron 400 mil millones de pesos para programas sociales, que divididos entre “130 millones de mexicanos, por día les alcanza de ocho pesos. No sacarán al pueblo de la pobreza con eso”.

PT

El diputado Benjamín Robles Montoya se pronunció a favor del presupuesto, al señalar que se privilegia la inversión y el gasto social; los adultos mayores recibirán su pensión y habrá becas en todos los niveles. Subrayó que se fortalecerá a Pemex con recursos importantes y se apoyará a la CFE y a la Guardia Nacional.

MC

La diputada Martha Tagle Martínez sostuvo que este presupuesto tiene dos objetivos prioritarios: por una parte, los programas insignia del gobierno “dirigidos a construir y mantener una base clientelar” y, por otro, los proyectos de infraestructura del Presidente, “que no tienen planeación, impacto, ni pies, ni cabeza”. Resaltó que se dejaron al descubierto necesidades prioritarias y la garantía de derechos.

La diputada Julieta Macías Rábago dijo que votaría en contra porque la economía está estancada y el presupuesto “centralista y discrecional” que se pretende aprobar, desalentará la inversión, perjudicará sectores productivos y profundizará desigualdades sociales. Advirtió que no otorgaría su voto “a un Gobierno que ha dado muestras de ineficiencia y discrecionalidad, que sólo simula política de austeridad y no se atienden las aspiraciones de la ciudadanía”.

PES

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz enfatizó que este PEF busca cambiar el rumbo de la nación y que las familias vivan con dignidad; es decir, lleva una carga de esperanza, por lo que pidió a quienes radicalizan al país, trabajar en beneficio de los más de 50 millones de pobres que habitan en México.

PVEM

El diputado José Ricardo Gallardo Cardona aseguró que las políticas sociales son las necesarias para llegar a los grupos vulnerables y lo mejor para sacar adelante a México, por lo que este PEF 2020 tiene un voto a favor; sin embargo, afirmó que se debe buscar el diálogo para llegar a buen puerto en cuanto a las protestas de grupos que se manifiestan afuera de la Cámara de Diputados.

PRD

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña argumentó que su voto sería en contra, porque es un proyecto centralista que vulnera a estados y municipios. Estimó que lejos de impulsar la inversión y la infraestructura, la estanca. Añadió que por un lado se habla de institucionalidad, pero “quieren doblar a los organismos autónomos a través de recortes financieros”.

La diputada Mónica Bautista Rodríguez dijo que el PEF 2020 padece de graves deficiencias, además que en el actual ejercicio hay pésimos resultados de las finanzas públicas y un mediocre desarrollo de la economía nacional. Urgió a cambiar la estrategia en contra de la inseguridad, lo que se debe reflejar en el presupuesto no sólo fortaleciendo a la Guardia Nacional, sino también a las policías estatales y municipales.

En la sesión, la fracción parlamentaria del PAN no estuvo presente.

Ciudad de México.- En el marco del análisis del dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2020, diputados de Morena, PRI, PT, MC, PES, PVEM y PRD, fijaron sus posicionamientos sobre el documento.

En la fundamentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió respaldar este documento, pues su objetivo es la construcción del estado de bienestar.

Indicó que se atendió la demanda de todas las universidades públicas del país, para que sigan funcionando y tengan viabilidad; se integró el fondo que hará realidad el anhelo de que todos los jóvenes accedan a una carrera universitaria, y se estableció un sistema nacional de becas para que ningún joven deje la escuela; además, se respalda la educación inicial.

En este presupuesto, afirmó, se tocó uno de los flagelos más grandes y vergonzantes del país: los altos salarios y los enormes privilegios.

Se ejerció la función constitucional para que la Cámara establezca los niveles salariales que deben ganar la totalidad de los funcionarios. Por primera vez, “los senadores y los diputados ganaremos lo mismo; se quitan seguros y nadie ganará más que el Presidente de la República”.

Mencionó que nunca como hoy, se había abordado el tema del municipio y de las entidades federativas. Además, en este PEF se sensibilizan las reglas para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

El tema más polémico fue el de los pequeños agricultores. Hoy todos los productores de frijol tendrán la certeza de que les pagarán 14.50 pesos, y los de maíz, cinco pesos por kilo. Se restituye el precio de garantía para leche, arroz y trigo panificable; es decir, “cuidamos a una gran cantidad de productores que tienen hasta 20 o 30 hectáreas que estaban totalmente abandonados”. 

Además, resalta la protección para los agricultores del norte y del centro del país, pero bajo un sistema distinto; es decir, ya no será el acopiador y el industrial el sujeto principal de los subsidios a la comercialización, ahora será el agricultor, para que por medio un sistema de financiamientos, precios, coberturas y garantías puedan proteger la rentabilidad de su actividad y “ya no estén sujetos a los miles de coyotes que siguen pululando por el país”. 

Ramírez Cuéllar destacó que se constituirá un nuevo Banco Agrícola. Para ello, la Comisión de Hacienda tendrá la obligación de dictaminar, la siguiente semana, a favor de una nueva sociedad nacional de crédito, que pueda establecer tasas de interés más baratas.

“Nunca había habido la política agrícola que hoy sacamos y plasmamos en el dictamen; es falso que se abandonó el campo”, enfatizó. 

Al iniciar la ronda de posicionamientos, la diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) señaló que el gobierno actual ejercerá el presupuesto con responsabilidad. En el dictamen, dijo, se plasman las necesidades prioritarias para que las entidades federativas obtengan lo que les corresponde. También se respalda al sector salud, al energético y a la pacificación del país. 

“Se han hecho esfuerzos de reasignación para atender las exigencias del pueblo y se tiene el sentido de la distribución de la riqueza; en materia de seguridad pública se propone un presupuesto de 7 mil 444 millones de pesos que representa un incremento del 3. 25 por ciento respecto de 2019. El dinero es del pueblo y al pueblo le tiene que llegar”.

En su intervención, el diputado Fernando Galindo Favela (PRI) señaló que con este presupuesto no habrá crecimiento económico el próximo año, sino que va a mermar la capacidad de los órganos autónomos de este país, y el gobierno federal, los estados y municipios no van a contar con los elementos necesarios para hacer frente a la inseguridad. “Se recibieron a muchos grupos pero no se escuchó absolutamente a nadie”.

El coordinador del grupo parlamentario del PT, diputado Reginaldo Sandoval Flores, indicó que se abrió el diálogo para atender a los presidentes municipales, campesinos y rectores, entre otros. “Estamos respondiendo a los compromisos que se hicieron y apoyando a la educación superior, inclusiva e inicial”.

Por MC, la diputada Fabiola Raquel Loya Hernández sostuvo que el presupuesto 2020 es centralista, descuida rubros destinados al bienestar de los mexicanos, no cuenta con propuestas claras para propiciar el desarrollo económico en todas las regiones y no es congruente en educación, laboral, salud y seguridad. 

“El reclamo es que es un gasto que responde a la visión de un sólo hombre y no a las aspiraciones del país”. Señaló el enfoque asistencialista que frena el emprendimiento. Agregó que las reasignaciones son insuficientes y no representan una respuesta real a las demandas de la ciudadanía, sino que erosiona los contrapesos constitucionales. 

Jorge Arturo Argüelles Victorero, diputado de Encuentro Social, apuntó que el PEF 2020 es el primero hecho por un gobierno progresista y de amplia base social. Sostuvo que se enfrentará un gran reto ante la terrible pobreza que viven 52 millones de personas, que pese a sus grandes sacrificios no consiguen cambiar su situación. Una tarea prioritaria es hacer realidad los derechos sociales. Llamó a conciliar visiones y priorizar necesidades. 

Asimismo, apoyó la decisión de no aumentar impuestos ni endeudar al país, pero “la voluntad se quedó corta ante la demanda de la gente”. Se pronunció por un gasto suficiente para terminar con la inseguridad y dar tranquilidad en todo el país.

Del PVEM, la diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés se pronunció a favor de la propuesta, al considerar que privilegia el gasto en bienestar social con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vidas y Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad Permanente, que reciben alrededor de 200 mil millones de pesos; no obstante, se dijo preocupada por la reducción de más del 25 por ciento de recursos al rubro de medio ambiente. “Es fundamental que las discusiones atiendan sobre todo las necesidades de las y los mexicanos”.

Al fijar el posicionamiento del PRD, el diputado Antonio Ortega Martínez se manifestó en contra del presupuesto planteado, porque, dijo, difícilmente tendrá un efecto multiplicador de la economía nacional; además, retira el respaldo al Programa Especial Concurrente.

Destacó que Pemex recibirá más de 400 mil millones de pesos, pero sus planes de negocios no satisfacen los mercados financieros nacionales e internacionales. “Aunque las prioridades suenan bien, ninguno de sus propósitos se materializan de manera adecuada. El calificativo más acorde del PEF, es que fue elegido sin razones ni estudios técnicos que lo justifiquen”.

Mociones suspensivas

Previamente, el Pleno desechó dos mociones suspensivas presentadas por las diputadas Mónica Bautista Rodríguez (PRD), y Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI).

Argumentaron que la fecha límite para la aprobación del PEF era el 15 de noviembre; no se garantizan los derechos de las minorías parlamentarias; se incumple el acuerdo de la Jucopo que estableció las reglas para su discusión; carece de legitimidad; se violentó el proceso parlamentario; el dictamen no circuló con el tiempo debido pues se aprobó hoy en la Comisión respectiva, y se quiere avalar en una sesión de Pleno de fecha 6 de noviembre.

De acuerdo con testigos, los individuos pidieron “parada”, subieron a la unidad y con el pretexto que fueron colisionados cuadras atrás tunden a golpes al operador mientras le roban la venta del boletaje del día.

 Tras cometer su fechoría los individuos obligan al chofer a detener la unidad, no sin antes golpearlo de nuevo.