Ciudad de México.- El Senado de la República exhortó a la Secretaría de Educación Pública para que extienda una invitación a la activista sueca Greta Thunberg para pronunciar ante estudiantes de educación básica y media superior su posición ante la emergencia climática que afecta el planeta.

La joven se ha destacado por ser la iniciadora del movimiento "viernes por el futuro", sentándose en frente del parlamento de Estocolmo, Suecia, como protesta por la falta de acción en relación la crisis climática. En marzo de este año, recibió de Aminstía Internacional, el galardón de Embajadora de Conciencia 2019. 

El exhorto aprobado en la sesión de este día tiene por objeto dar a conocer la visión internacional de las acciones realizadas para combatir el cambio climático. 

Además, representa una oportunidad para proporcionar a los jóvenes una experiencia que brinde beneficios directos en su formación y un mayor involucramiento de los estudiantes en los temas de medio ambiente y el cambio climático.

Cabe señalar que el acuerdo considera la posibilidad de invitar a la joven, de acuerdo a la capacidad presupuestaria, la Secretaría de Educación Pública.

Ciudad de México.- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, senadora Mónica Fernández Balboa, realizó la Declaratoria Constitucional del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato.

La senadora dijo que con esta declaratoria se da cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La secretaría de la Mesa Directiva informó a la Asamblea que se recibieron 17 votos a favor de los congresos de: Campeche, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Tabasco, y un voto en contra del Congreso de Guanajuato.

La Reforma fue remitida al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

Ciudad de México.- El Pleno del Senado aprobó un acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se establece el procedimiento para la elección de la ministra que ocupará la vacante de Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se prevé que la reunión de la Comisión de Justicia se realice el miércoles 4 de diciembre, a las 12:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva.

En dicha reunión harán uso de la palabra las personas propuestas en la terna enviada por el Presidente de la República, quienes comparecerán y responderán las preguntas de las y los senadores.

Primero intervendrá la ciudadana Diana Álvarez Maury, posteriormente Ana Laura Magaloni Kerpel y finalmente Ana Margarita Ríos Farjat.

La Comisión de Justicia verificará que las personas propuestas en la terna cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución. Posteriormente, se presentará a consideración del Pleno el dictamen relativo a los requisitos de elegibilidad de las personas que integran la terna.

El dictamen aprobado por la Comisión se publicará en la Gaceta del Senado, por lo menos 12 horas antes de la sesión en que se someta a la consideración del Pleno.

Con base en el dictamen remitido por la Comisión de Justicia, la presidenta de la Mesa Directiva, convocará a las personas que hubieran satisfecho los requisitos previstos por la Constitución, para que realicen una exposición sobre la idoneidad de su candidatura, ante el Pleno del Senado. 

Cada una de las personas propuestas hará uso de la palabra, ante el Pleno del Senado, hasta por 20 minutos. Durante las exposiciones no habrá lugar a preguntas o debates.

Ciudad de México.- La Cámara de Senadores expresó su rechazo a las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América, relativas a la posible designación de organizaciones criminales mexicanas como terroristas.

En un pronunciamiento al que dio lectura la presienta de la Mesa Directica, Mónica Fernández Balboa, el Senado de la República también rechazó cualquier intento de intervención por parte de otros Estados y ratificó su postura irrestricta por la defensa de la soberanía y la unidad nacional.

Los senadores respaldaron las gestiones del Ejecutivo Federal para defender la vía del diálogo y la cooperación como mecanismos para cumplir con las responsabilidades compartidas y que permitan a México y a la Unión Americana hacer frente a los asuntos comunes que afectan a la región.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que el Senado se pronuncia sobre las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos dispone:

PRIMERO. El Senado de la República expresa su rechazo a las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América relativas a la posible designación de organizaciones criminales mexicanas como terroristas.

SEGUNDO. El Senado de la República ratifica su postura de irrestricta defensa de la soberanía y la unidad nacional y rechaza cualquier intento de intervención por parte de otro Estado.

Asimismo, reitera que la aplicación coactiva de la ley en nuestro territorio y, en particular, la persecución de los delitos cometidos en México compete exclusivamente a las autoridades nacionales, sin perjuicio de la cooperación con otro Estado, en los términos del derecho internacional, sin que ello implique ningún tipo de intervención extranjera. Tal cooperación, empero, jamás implicará que gobiernos extranjeros asuman atribuciones que sólo corresponden al Gobierno de México.

TERCERO. El Senado de la República asume que, en todo momento, el Gobierno de la República honrará y defenderá los principios de política exterior consagrados en nuestra Constitución y que han dado identidad y dignidad al pueblo de México: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

CUARTO. El Senado de la República manifiesta su pleno respaldo a las gestiones del Ejecutivo Federal a fin de defender la vía del diálogo y la cooperación como mecanismos que permitan a México y a los Estados Unidos de América hacer frente a los asuntos comunes que afectan a la región, particularmente el tráfico de armas, el crimen organizado trasnacional y sus operaciones financieras, así como cumplir con las responsabilidades compartidas.

Ciudad de México.- El Senado llamó a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con los estados, actualice las bases de datos del personal de cada centro de educativo y dé seguimiento a los trabajadores no identificados, a fin de eliminar los casos que involucran pagos con el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) a personas no asociadas.

En el dictamen aprobado se explica que el FONE es el fondo mediante el cual la Federación cubre el pago de nóminas correspondientes al personal que ocupa las plazas transferidas a las entidades federativas y que realizan funciones destinadas a educación básica y normal. 

Menciona que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el informe especial “Pase de Lista del FONE 2017”, donde señala que del total de plazas, 808 mil 483 corresponde a docentes; 226 mil 428 a personal administrativo, 73 mil 628 a directivos y 14 mil 650 a supervisores.

La ASF notificó que ocho de cada 10 trabajadores marcaron asistencia en su Centro de Trabajo, lo que significa una ausencia de 173 mil 776 personas. “Tomando en cuenta ese criterio, sólo nueve de las 32 entidades federativas acreditaron más del 90 por ciento de personal identificado en actividades en su centro de trabajo”, se agrega.

Precisa que de los 173 mil 776 casos de personal con inasistencia, la principal justificación estuvo ligada al cambio de adscripción con 85 mil 782, es decir, casi el 50 por ciento.

Aunado a ello, la ASF detectó un aumento en el uso de recursos en rubros, como el pago a trabajadores con incompatibilidad geográfica.

También se menciona que hubo un aumento de 0.7 por ciento en la cantidad de centros de trabajo, cuyo personal es pagado con recursos de este fondo de aportaciones, además se observa una mayor existencia de centros de trabajo en zonas urbanas que en rurales.

La auditoría demostró que los estados que concentran el mayor número de plazas son: la Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, Jalisco, Guerrero, Puebla, Guanajuato y Tamaulipas, tal como se muestra a continuación

Ante esta situación, las y los senadores consideraron indispensable que las instancias de educación de los estados instauren mecanismos que permitan eliminar estas prácticas que dificultan la excelencia educativa y afectan los recursos públicos.

Se debe poner especial atención a los pagos de personal con incompatibilidad geográfica y al que está dado de baja. También es menester actualizar las bases de datos de los empleados en cada centro educativo y dar seguimiento al personal no identificado, ya que a través de esta información las autoridades podrán fiscalizar el ejercicio del gasto e identificar posibles irregularidades, precisaron.

Ciudad de México.- El Pleno del Senado exhortó al Ejecutivo Federal a que garantice y promueva los derechos fundamentales de consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas de las entidades federativas de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, en el proyecto denominado: "Tren Maya", tomando en consideración los estándares que, en materia de consulta, existen en el ámbito nacional e internacional.

El dictamen señala que existe evidencia de que 42 municipios se verán afectados por la construcción del proyecto denominado "Tren Maya", de los cuales la cuarta parte es indígena y pertenecientes a unos 50 pueblos.

 Estos municipios, detalla, tienen grados de marginación alta y muy alta, lo cual se manifiesta en que la población en pobreza es el 52 por ciento en Tabasco, 70 en Chiapas, 51 en Campeche, 35 en Quintana Roo, y 51 en Yucatán. En este último, revela, se han construido desarrollos turísticos, carreteras, centros de diversión y ciudades, sin que hasta le fecha se les pida su opinión sobre si están o no de acuerdo.

El texto indica que se debe consultar a las comunidades indígenas, pues tienen derecho al consentimiento libre, previo e informado sobre un proyecto gubernamental que afectará su vida, su cultura y sus territorios; así como de que se les informe sobre los beneficios de esta obra y los daños que, en su caso, les pudieran ocasionar y como serán compensados.

En este sentido, considera fundamental que se dé a conocer a dichas comunidades el procedimiento para realizar la obra, brindar la información lo más completa posible, convocar a las autoridades e instituciones representativas de los indígenas, los tiempos y etapas de esta consulta, en observancia de lo señalado en la legislación ambiental y los ordenamientos ecológicos vigentes.

Al hablar a favor del dictamen, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN, celebró la decisión que tomó el titular del Ejecutivo para consultar a dichas comunidades. Además, dijo que el exhorto es pertinente, pues mañana inicia la consulta en Palenque, Chiapas.

La legisladora pidió escuchar a los pueblos indígenas, y solicitó a las y los senadores participar de cerca en la consulta, pues será determinante en la decisión que tomen estas comunidades.

Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, (CONAVIM), informe cómo se atiende y previene la violencia en contra de las mujeres, particularmente, a las indígenas y afromexicanas. 

En la exposición de motivos, la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, señala que, de acuerdo a cifras reveladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH), durante el primer mes de este año, ocurrieron en promedio nueve asesinatos de mujeres al día. En contraste, las cifras de los años 2015 y 2016 registraron siete feminicidios diariamente.

La CONAVIM expone que la violencia en contra de las mujeres indígenas, ocurre entre múltiples estructuras de opresión y potencializa las desventajas, las exclusiones y desigualdades entre las féminas indígenas.

En el documento, se detalló que entre la población indígena aún prevalecen prejuicios hacia la cultura de la denuncia. Hay un mínimo registro de quejas, debido a que las indígenas desconocen sus derechos y los procedimientos para denunciar. Además que se acostumbran a la violencia y terminan por observarla como algo normal. Otro factor que incide negativamente, es que se les niega la atención, y por ser monolingües, no tienen acceso a un traductor.

 Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, el 45 por ciento de víctimas de trata, son niñas indígenas que son engatusadas por el crimen organizado para ser explotadas, violadas o vendidas.

Debido a todo lo anterior, el Senado de la República hace un llamado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para que le envíe un informe de esta situación en un plazo de 30 días.

Ciudad de México.- El Senado de la República solicitó al Director General del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Cuauhtémoc Sánchez Osio, emitir un informe sobre el recorte de personal llevado a cabo desde mayo de este año, y que en algunos casos contaban hasta con 30 años de antigüedad.

 Además, piden que se considere la reincorporación de los servidores públicos que se han visto perjudicados por esta decisión, en la medida de su capacidad presupuestaria.

Dichos despido han sido efectuados por vías no legales, tales como las llamadas telefónicas y mensajes de texto, lo que generó incertidumbre jurídica a los trabajadores, ya que están regidos por el artículo 123 de la Constitución.

Algunos de los estados afectados son: Estado de Chiapas, Campeche, Coahuila, Jalisco, Guerrero, Puebla, Nuevo León, Morelos, Yucatán, Veracruz, Nayarit, Tabasco, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Baja California, Colima, Durango, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Hidalgo, Aguascalientes, Quintana Roo, Estado de México, Oaxaca y las Oficinas Centrales de la Ciudad de México.

La afectación recayó en las tareas de levantamiento de datos de matrícula y calificaciones, difusión de campañas en las comunidades, capacitación de instructores y asesoría pedagógica, lo que perjudica la calidad de la educación impartida a niños, niñas y jóvenes.

Ciudad de México.- Diputados del PAN exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador informar sobre los recursos públicos utilizados para brindar asilo político al ex mandatario de Bolivia, Evo Morales Ayma, y respetar el principio de no intervención en la soberanía de esa nación.

Asimismo, acusaron al ex presidente boliviano de realizar proselitismo político desde México, que polariza a la población de ese país, por lo que pidieron que se le cierren los recursos y espacios públicos.

En conferencia de prensa, informaron que con este objetivo presentarán en los próximos días un punto de acuerdo, en el que solicitarán que se realice una investigación sobre los recursos públicos destinados para la protección del boliviano y descartar que haya un desvío de dinero.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas llamó al titular del Ejecutivo federal a cumplir los tratados internacionales que están al mismo nivel que la Constitución y no intervenir en la soberanía de Bolivia que, dijo, vive violaciones continuas a sus derechos humanos e informe sobre los recursos públicos suministrados para que Evo Morales tenga cabida en México.

“Es una pena que el gobierno de México haya decidido manifestarse en contra del pueblo de Bolivia y permita que desde esta nación se hagan manifestaciones continúas llamando a la polarización en este pueblo hermano de Latinoamérica. Tendrá que darnos cuentas del operativo para darle asilo político a un dictador”, apuntó.

Subrayó la importancia de que se restaure el Estado de derecho, el orden democrático, y no sigan las violaciones de derechos humanos de ciudadanos de Bolivia

“Quien viola la Constitución, las leyes, no merece tener un espacio en ningún tipo de función pública y hoy Evo Morales debería estar siendo procesado por los delitos que ha realizado en contra del pueblo de Bolivia y lo mismo exigimos para nuestro país hermano de Venezuela, que está sufriendo”, aseveró.

La diputada Sarai Núñez Cerón sostuvo que la salida de Evo Morales de la presidencia de Bolivia no fue un golpe de Estado, sino la reacción de un pueblo que libremente se opuso a un gobierno empecinado en conservar el poder a toda costa, que conscientemente ignoraba el hartazgo de sus ciudadanos.

Condenó la violencia en Bolivia e hizo votos por que regrese la paz, la seguridad, la estabilidad y el Estado de derecho a ese país, y se respeten las decisiones que los ciudadanos bolivianos han tomado.

“Lamentamos que el gobierno de López Obrador y Morena ignoren al pueblo boliviano que hoy repudia la reelección de Evo Morales. Es cierto, México tiene una tradición histórica de recibir asilados políticos, pero a quien se recibía era a los perseguidos de los regímenes autoritarios, hoy López Obrador está asilando al propio dictador en persona”, enfatizó.

El diputado Carlos Castaños Valenzuela, integrante del Grupo de Amistad México-Bolivia, acusó al gobierno federal y a Morena de “solapar y proteger a un tirano que ha oprimido a su pueblo”, lo que, resaltó, es “inconcebible”.

“Morena como gobierno ha invertido recursos públicos en traer al tirano a México, en protegerlo, en pagar todo aquello que se le ha antojado al tirano e incluso le han ofrecido eventos hasta en este Congreso, aplaudiendo todas sus determinaciones contrarias a la libertad hacia los bolivianos. Todo esto lo repudiamos en el PAN”, indicó.

Cuestionados sobre si su bancada pretende exigir la expulsión de Evo Morales del país, los diputados panistas señalaron que analizarán qué instrumentos jurídicos son procedentes en este caso.

Ciudad de México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado Carrillo, aclaró que es “completamente falso” el presunto aumento al aguinaldo de los diputados; se mantiene política de austeridad.

"Mantenemos la política de austeridad, las cifras son públicas. Yo creo que de muy mala manera se malinterpretó la información de cómo se presentan en el 2019 y cómo se presenta en el 2020, pero la suma es exactamente igual”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

El también coordinador de Morena explicó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 y del decreto 2020, “podemos ver que la remuneración total de los diputados tiene incluso una caída… en términos reales de 3.2 por ciento”.

Destacó que el aguinaldo, por ley, son 40 días para toda la administración pública, incluido el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente, ingreso que se acumula y grava en la declaración anual.

Explicó a través de una tabla comparativa que la remuneración anual total de 2020 será de un millón 148 mil 447, mientras que la del 2019 fue de un millón 145 mil 745, una diferencia de 2 mil 702 pesos.

“No hay ningún aumento y es falso que se aumente 20 días; estamos exactamente igual (…) Esta información es pública, qué raro que se tomen algunos renglones y qué raro que otros no se tomen. Es manipulación”, subrayó el líder parlamentario.

El titular de la Jucopo también se refirió al posicionamiento que se hizo en el Pleno cameral por la posible declaratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de clasificar a los cárteles de la droga en México como terroristas, “porque eso daría pie a un intervencionismo que evidentemente rechazamos y no queremos en nuestro país”.

Ciudad de México.- La diputada Sandra Paola González Castañeda (Morena) exhortó a autoridades federales y estatales a destituir, inhabilitar y en su caso, abrir un proceso judicial contra Federico Mosco González, juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) por irregularidades en el caso de Abril Pérez Sagaón.

En conferencia de prensa con legisladoras de su bancada, indicó que impulsa un punto de acuerdo con ese fin y dijo que el llamado lo hizo al Tribunal Superior de Justicia (TSJC) y Procuraduría General de Justicia (PGJ), ambas de la Ciudad de México; al Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El juez Federico Mosco González liberó a Juan Carlos García, exesposo de Abril Cecilia Pérez Sagaón, asesinada tras denunciar a su pareja por violencia doméstica.

La diputada González Castañeda comentó que Federico Mosco González liberó a Juan Carlos García exesposo de Abril Pérez Sagaón, quien la privó de la vida el pasado 25 de noviembre.

“Mosco González es el juez responsable del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, porque irresponsablemente vulneró todas las premisas fundamentales apegadas a derecho, violentó los tratados y protocolos internacionales para proteger a las mujeres, separándose por mucho de su facultad de interpretación que la Constitución le confiere transgrediéndola de una forma dolosa”, expresó.

Recordó que, en agosto, Mosco González liberó a un médico acusado de violar a una paciente con insuficiencia renal terminal, en el Hospital General de Iztapalapa, por lo que “es necesario realizar una investigación sobre su actuación”.

La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez consideró que el feminicidio de Pérez Sagaón no se puede pasar por alto y pidió al congreso local de la Ciudad de México sumarse a dicha exigencia para acabar con la impunidad.

“Se debe revisar la aplicación de justicia por parte del Poder Judicial, porque desde la Cámara de Diputados hacemos reformas para que el marco legislativo se fortalezca y se haga justicia, pero si en su interpretación no es impartida no vamos a avanzar”, agregó.

La diputada Lorena Villavicencio Ayala, presidenta de la Subcomisión para la Atención de Feminicidio y Violencia Contra la Mujer, de la Comisión de Justicia, comentó que solicitará una reunión con Rafael Guerra Álvarez, presidente del TSJCDMX para conocer todos los casos donde la vida de las mujeres esté en riesgo.

“Decir categóricamente que quien mató a Abril Pérez no solo fue su marido sino el juez del TSJCDMX, ya que es corresponsable de este feminicidio artero, porque reclasificó el delito original de tentativa de feminicidio y dijo que era violencia doméstica”, agregó.

Consideró urgente realizar una reunión formal con las autoridades de justicia y las fiscalías, porque “no podemos permitir que continúe esta barbarie que se ha instalado en este país contra las mujeres, que es el feminicidio y la violencia”.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río mencionó que por lo menos el caso de Abril Pérez llegó a un juez, sin embargo, dijo que en la mayoría de las veces las carpetas de feminicidio no llegan al juez, porque los Ministerios Públicos de muchos estados y municipios detienen el proceso.

“Las diputadas de esta LXIV estamos absolutamente conscientes de que tenemos que empujar a la autoridad para que cumpla con su deber, porque los feminicidios son producto de muchas cosas, sobre todo porque no se está impartiendo la justicia”, concluyó.

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados externó su preocupación por las implicaciones de la intención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para clasificar a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas, y su posible consecuencia en la aplicación de una política intervencionista que intente usar la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones entre los dos países.

El pronunciamiento emitido por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), manifiesta la posición de la Cámara de Diputados por atender conjuntamente las amenazas comunes, entre las que se encuentran el tráfico ilegal de estupefacientes y el grave problema del tráfico de armas y contrabando proveniente de la Unión Americana.

Además, refrenda el interés de mantener la buena relación bilateral y se pronuncia por hacer los esfuerzos necesarios para sostener un diálogo diplomático de alto nivel entre los liderazgos más representativos de los poderes Ejecutivo y Legislativo de ambas naciones.

La finalidad es atender la agenda binacional conjunta en materia de prevención del delito y seguridad ciudadana, tráfico de armas y financiamiento ilícito, sobre todo para emprender estrategias y acciones encaminadas a la cooperación hacia el desarrollo regional sostenible basado en la paz, el respeto y la promoción de los derechos humanos.

La secretaria de la Mesa Directiva, diputada Mónica Bautista Rodríguez, informó que el pronunciamiento está firmado por el presidente de la Jucopo, diputado Mario Delgado Carrillo; así como los coordinadores parlamentarios del PRI, René Juárez Cisneros; de Encuentro Social, Jorge Arturo Argüelles Victorero; del PT, Reginaldo Sandoval Flores; de MC, Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla; del PVEM, Arturo Escobar y Vega, y del PRD, Verónica Beatriz Juárez Piña. Sin firma del PAN, Juan Carlos Romero Hicks.

Sobre el tema, el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (Morena) se manifestó por mesurar la idea del presidente de los Estados Unidos. “Nos causa inquietud que se planteé una medida de intervención, pero debemos buscar la cooperación como instrumento de solución de diferencias y anteponer la prudencia más que la estridencia. Apoyamos las medidas del gobierno de la República”.

Jorge Luis Preciado Rodríguez, diputado del PAN, dijo estar en contra de la intervención de otro país en México y llamó “a hacernos cargo de nuestros problemas y evitar que lleguen drogas de distintas naciones”. Se habla, dijo, de una mesa de alto nivel, cuando el titular del Ejecutivo federal no ha ido a ningún encuentro mundial de seguridad. ¿Por qué no se genera una estrategia para decirle a Estados Unidos, la violencia en México es porque tienes el mayor mercado de consumidores de drogas y estupefacientes?

Por el PRI, el diputado Héctor Yunes Landa mencionó que su bancada repudia cualquier amenaza a nuestra soberanía y no permitirán que ninguna nación pretenda intervenir en asuntos que competen únicamente al Estado mexicano. “Reitero nuestra posición de sostener un diálogo diplomático de alto nivel entre los poderes Legislativo y Ejecutivo de ambos países”.

Benjamín Robles Montoya, diputado del PT, rechazó la declaración del presidente de Estados Unidos que busca dar trato de terroristas a la delincuencia organizada en México. “Es una afirmación con consecuencias tanto jurídicas como políticas que podría vulnerar nuestra soberanía nacional; tales declaraciones tienen una evidente intencionalidad electoral”.

La diputada Nayeli Salvatori Bojalil (Encuentro Social) afirmó que la Cámara de Diputados no puede ser omisa “ante las alarmantes señales que envía el presidente de Estados Unidos”, cuyas declaraciones forman parte de una política que justifica intervenir naciones soberanas, y “significaría subordinarnos al dictado de una potencia extranjera”. El problema de seguridad en México corresponde solo a nuestra nación, subrayó.

De MC, la diputada Pilar Lozano Mac Donald urgió a establecer las bases de la agenda bilateral que incluya el apoyo respetuoso y no condicionado, para atender estos problemas, con capacitación y tecnología. Llamó a conformar un frente contra acciones unilaterales que atenten contra la integridad del territorio y la soberanía del país.

Lilia Villafuerte Zavala, diputada del PVEM, argumentó que designar a los cárteles como terroristas y abonar tensión en la relación bilateral no es la vía. Es importante, agregó, redoblar esfuerzos para combatir el narcotráfico, emprender acciones de colaboración e iniciativas que reduzcan la capacidad de las organizaciones criminales.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) refutó las intenciones intervencionistas del presidente estadounidense con el pretexto de combatir a los grupos del crimen organizado. “El nivel de la amenaza norteamericana es mayor y México debe dejar claro que no aceptará ninguna intromisión”.

Ciudad de México.- Las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y la de Justicia, aprobaron la resolución de la Subcomisión de Examen Previo, por la que se consideran procedentes las denuncias de Juicio Político en contra de María del Rosario Robles Berlanga.

La resolución, que se integra por los expedientes SEPJP/LXII/028/2013 y SEPJP/LXIV/060/2019, indica que es oportuno incoar el proceso de Juicio Político, en virtud de los razonamientos y fundamentos jurídicos expuestos en todos y cada uno de los considerandos que integran la resolución definitiva de la subcomisión.

El documento se aprobó con 22 votos a favor y dos en contra, por parte de la Comisión de Justicia, y con 24 votos a favor y uno en contra por parte de la Comisión de Gobernación y Población.

Se turnó de inmediato a la Comisión Jurisdiccional, a efecto de que ésta integre la Sección Instructora y se proceda conforme al artículo 12 inciso e), de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Además, se remitió copia del expediente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En el documento se precisa que se admiten a trámite las denuncias de juicio político presentadas por los CC. Luis Alberto Villarreal García, Silvano Aureoles Conejo y Tatiana Clouthier Carrillo en contra de María del Rosario Robles.

“De los elementos y datos de prueba aportados por los denunciantes, esta Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos tiene la convicción presuntiva que se ha violado el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en sus fracciones III, Violaciones a los derechos humanos; VI, Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones”, señala.

Asimismo, “la fracción VII, relativa a las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y la VIII, referente a las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales, siendo actos y omisiones cuya magnitud y gravedad se encuentran dentro de la esfera de lo dispuesto por los artículos 108, 109, 110, 111 al 114 y 134 de la Constitución Política, así como de los artículos 5, 6, 7, 9, 12, 41 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y, al mismo tiempo, su buen despacho”.

También se aclara que se dejan a salvo los derechos de la accionante, de los denunciantes y de la presunta indiciada para que, en su caso, soliciten su desahogo probatorio en la fase procesal correspondiente en el conocimiento del Juicio Político que se instancie.

Además, se ordena turnar, en el momento procesal correspondiente, el expediente a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para la continuación del proceso de Juicio Político.

“Se dejan intocadas e inafectadas cualquier otra acción o pretensión jurídica, toda vez que este instrumento de la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos, tiene como finalidad única determinar la procedencia del ejercicio de la acción de Juicio Político con base a las denuncias acumuladas a la luz exclusiva del derecho administrativo sancionador”, se señala.

Por último, el documento refiere que “una vez que se obtenga copia certificada de todo lo actuado, archívese para los efectos legales conducentes, por ser asuntos total y definitivamente concluidos en esta fase procesal”.

Posicionamientos de los grupos parlamentarios

La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera, detalló que de las cuatro denuncias que revisó la Subcomisión de Examen Previo sobre “La Estafa Maestra”, sólo dos son procedentes, la de 2013 y la de 2019, porque cumplen con lo que marca la ley para iniciar el procedimiento. “Los documentos fueron cuidadosamente estudiados por la Subcomisión, y sus resolutivos acuerdan la procedencia de las denuncias”.

Agregó que los integrantes de las comisiones pueden consultar los expedientes sobre las denuncias en contra de funcionarios, que hay dentro de la subcomisión. “Tenemos una oficina específica para que cada uno de ustedes pueda hacer la revisión exhaustiva de quiénes son los denunciados, independientemente de los funcionarios, porque no es un tema de venganzas políticas, sino para todos quienes no cumplan sus responsabilidades, incluyendo a esta administración”.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Ma. Del Pilar Ortega Martínez, resaltó que esta legislatura quiere entregar mejores resultados; “las dos anteriores no habían movido nada”.

“Si queremos cumplir con nuestro ejercicio constitucional, estas comisiones tenemos prohibido dejarnos llevar por declaraciones fáciles que lastimen el debido proceso. Empero, estamos a favor de continuar con el procedimiento”, comentó.

El diputado Rubén Cayetano García (Morena) subrayó que el Juicio Político no es una venganza, sino que obedece a las denuncias que han cumplido los requisitos procesales; es decir, una acción legal para sancionar a quienes violen la Constitución. “Se recupera el prestigio del Congreso de la Unión, al hacer vigente este procedimiento, que busca con afán la justicia y acabar con la corrupción e impunidad”.

De Morena, la diputada Lorena Villavicencio Ayala preguntó por qué se inicia el Juicio Político, cuando la persona denunciada ya está en proceso judicial y en la cárcel; también está inhabilitada para ejercer cargos en el servicio público. “Cuál es el objetivo, porque llama la atención que sólo se atienda este caso, parecería que la justicia es selectiva”.

Martha Tagle Martínez, diputada de MC, consideró imperante actuar contra la corrupción. Sin embargo, en este caso, las únicas sanciones posibles ya no pueden ser aplicables. “La persona en comento ya está destituida de su cargo e inhabilitada, por lo que de este juicio sólo podrían resultar sanciones simbólicas”.

La diputada Verónica Juárez Piña (PRD) recordó que Rosario Robles está en un proceso penal; no obstante, la naturaleza de la resolución a discusión es de ámbito político. Celebró que el Legislativo ejerza sus funciones contra quien abuse del servicio público.

De Morena, el legislador David Orihuela Nava se pronunció a favor del resolutivo, “porque la real aplicación de los juicios políticos debe ser un recordatorio para todos los políticos corruptos. No se trata de venganza política, sino de justicia. Votar en contra sería estar a favor de la impunidad, de la justicia, de promover la corrupción y burlarse de la sociedad que ha sido testigo de cómo criminales de cuello blanco saquearon al país”.

De Encuentro Social, el diputado Edgar Guzmán Valdez expresó su postura a favor del juicio político, “se tiene que hacer lo socialmente correcto para que nunca más se tengan derroches, opacidad y robo al pueblo; sin embargo, preguntó qué pasará con los demás funcionarios involucrados que tendrían que estar sometidos a las mismas condiciones.

César Agustín Hernández Pérez, diputado de Morena, afirmó que votarán a favor de esta resolución, la cual sienta un precedente para que los servidores públicos estén conscientes de que a la Cámara de Diputados no le temblará la mano para construir el Estado de derecho y cuidar los recursos. “No es una cacería de brujas, no se actúa en contra de una persona, es porque el pueblo reclama que no haya más opacidad e impunidad”.

De la misma fracción parlamentaria, la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, aclaró que la presunta indiciada tiene prisión preventiva, más no ha sido juzgada y la inhabilitación por la que fue sujeta es por haber falseado datos en su declaración patrimonial, “y esto no quiere decir que no pueda ser sometida a juicio político; este proceso habla de una red que sí avanza, a partir de aquí pudieran empezar denuncias penales”.

El diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN) puntualizó que no se está juzgando a nadie, se está determinando la procedibilidad de un asunto para iniciar de manera formal el análisis, y la Sección Instructora realice las diligencias necesarias para tomar una resolución y pasarlo al Pleno. “No vale la pena que las pasiones nos ganen, estamos hablando de personas sujetas a proceso. Por lo tanto, se tiene que ser muy claro en qué es lo que está sucediendo para que la opinión pública no se confunda”.

El diputado Silvano Garay Ulloa (PT) mencionó que para combatir la corrupción no deben permanecer “congeladas” las denuncias. “El día de hoy se inaugura una nueva instancia y buen precedente para el país”, sostuvo.

La legisladora Claudia Pérez Rodríguez (Morena) refirió que “La estafa maestra” es uno de los actos corruptos más relevantes en México y el mundo, porque la investigación involucra en el desvío de recursos a 11 dependencias, ocho universidades públicas y más de 50 servidores públicos.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas (PAN) precisó que la denuncia contra Rosario Robles fue presentada en tiempo y forma, cuando la involucrada se encontraba en funciones. Para que procedan las acusaciones contra otros funcionarios, agregó, es fundamental que se aporten documentos de prueba y, principalmente, en los lapsos que marca la ley.

El legislador Vicente Alberto Onofre Vázquez (Morena) señaló que la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de llevar los procedimientos legales correspondientes para emprender un juicio político. Una de nuestras tareas es observar el gasto de recursos y si hay desvíos, aplicar las medidas necesarias.

De la misma bancada, el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe aseveró que deben realizarse las diligencias con total apego a la legalidad, porque no se habían llevado a cabo acciones para frenar de manera tajante los actos de corrupción. Esta legislatura ha tenido elementos fundamentales, por ejemplo, el incremento de nuevos delitos graves en el que se incluye la corrupción.

En su turno, la diputada Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) precisó que es necesario realizar juicios a todos los involucrados en actos de ilegalidad. “Solamente se ha valorado el juicio para una persona y no para todos los funcionarios implicados; debemos poner atención en la opinión pública; incide mucho en este tipo de casos”.

El diputado Valentín Reyes López (Morena) señaló que “no se tomó en cuenta a otros funcionarios y se esperó al plazo fatal para no hacer nada”. Dijo que en el tema de desvío de recursos, es importante que no haya acuerdos”. Anunció su voto a favor de la resolución.

También de Morena, el diputado Rubén Terán Águila consideró que hay que señalar todo acto de corrupción y a aquel servidor público que no acate la ley, y vulnere el Estado de derecho. “No estamos en contra de una persona, un nombre o apellido; Rosario Robles no es el chivo expiatorio de esta legislatura o del gobierno. Sin embargo, no hay que tolerar el robo desmedido”.

Ciudad de México.- En el marco del “Día Nacional del Sordo”, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Martha Hortencia Garay Cadena (PRI), dijo que es necesario reconocer el lenguaje de señas como un idioma y llevar a cabo acciones para erradicar la discriminación hacia esta población.

“Debemos ser incluyentes y saber que las personas que tienen como primer idioma el lenguaje de señas mexicanas, deben aprender el español como segunda lengua. En este sentido, es importante que México implemente los sistemas de apoyos necesarios para eliminar la discriminación, se respete y se concientice sobre sus necesidades”.

La legisladora explicó que el evento realizado en la Cámara de Diputados, sirve como instrumento para que las personas con discapacidad auditiva transmitan sus necesidades como hablantes del lenguaje de señas.

Refirió que éste es un idioma oficial de México y tiene la misma complejidad que el español o cualquier otro. Es por esto que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de fomentarlo y respetarlo tal como se hace con las lenguas indígenas.

Garay Cadena aseveró que es deber de las y los legisladores luchar por sus derechos y ser su voz en la Cámara de Diputados. “Cuenten con nosotros”, enfatizó.

Reconoció el interés de los asistentes por realizar transformaciones profundas a favor de su comunidad. “La sociedad ha sido y seguirá siendo una chispa de cambio”, aseguró.

Del PT, la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante de la comisión, señaló que no hay los medios necesarios para que las personas con discapacidad física se desarrollen, tales como un formato de lectura accesible para los ciegos y formas de comunicación homologadas para sordos. Llamó a diseñar mecanismos adecuados “libres de toda barrera” que alienten la inclusión de este sector.

Exhortó a los ciudadanos y a los legisladores a sumar esfuerzos a fin de que los sectores vulnerables tengan acceso pleno al ejercicio de sus derechos sociales, económicos y con sus capacidades se incorporen a una vida integral y justa. “Se requiere atender a los 7.6 millones de personas que sufren algún tipo de discapacidad, donde el 12.1 por ciento padece una afección auditiva”.

Álvaro Jiménez, presidente de la organización Educación y Social de Sordos, a través de un intérprete, urgió a rescatar la escuela de señas mexicanas. Pidió a los diputados trabajar conjuntamente con esta población para incorporarlos a la vida activa en condiciones de respeto y apoyo.

El presidente del Instituto Mexicano de Lengua de Señas, Abraham Manríquez Santiago, indicó que se debe dar determinación legal a la identidad de las personas con discapacidad auditiva, para establecer claramente las reglas del Estado, a fin de defender sus derechos humanos y satisfacer sus necesidades de educación, salud, trabajo, esparcimiento, cultura, autodeterminación, igualdad de género, derecho a la justicia, a la sexualidad y a la identidad.

Destacó la importancia de esta conmemoración para lograr el reconocimiento y el pleno ejercicio de los derechos de esta población, posibilitar la generación de políticas públicas. Además, aumentar la incidencia de organizaciones en la materia.

En el evento se presentaron actos culturales como obras de teatro y la interpretación del Himno Nacional, todos a través del lenguaje de señas.

 Ciudad de México.- El Pleno cameral aprobó, con 271 a favor, 46 en contra y cuatro abstenciones, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que modifica la conformación de la Sección Instructora, la cual presidirá el diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena). Como secretarias fungirán las legisladoras Martha Patricia Ramírez Lucero (Morena) e Ivonne Liliana Álvarez García (PRI), así como Ana Ruth García Grande (PT), integrante.

El acuerdo establece que es para efecto de que conozca del procedimiento de juicio político contenido en la resolución emitida hoy por las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y la de Justicia, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El documento, remitido para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, menciona que el 23 de octubre de 2018, al requerirse la Sección Instructora de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política la conformó con los siguientes legisladores: Martha Patricia Ramírez Lucero (Morena), presidenta; Raúl Gracia Guzmán (PAN), secretario; Juan Carlos Villarreal Salazar (MC), secretario, y Alejandro Carvajal Hidalgo, integrante.

La secretaria de la Mesa Directiva, diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, informó que el acuerdo aprobado hoy lo firman todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, a excepción del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Juan Carlos Romero Hicks.

El diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del grupo parlamentario del PAN, desde su curul, resaltó que este acuerdo “se redactó sin darnos una sola consulta a nosotros. Esto no puede ocurrir en un Parlamento”. Sostuvo que “es un atropello al diseño de las instituciones. Acción Nacional es la segunda fuerza política en esta Cámara y tiene que estar presente en una Sección Instructora”.

Al referirse al tema, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) señaló que el inicio de procedimiento de juicio político es fundamental porque esta soberanía manda el mensaje al pueblo de México de que “no habrá impunidad, de que no hay ningún pacto de complicidad, de que no hay nada que no sea la aplicación estricta de la ley y que exfuncionarios que sirvieron a gobiernos anteriores que saquearon al país, que robaron, que malbarataron el patrimonio, tienen que hacer frente a su responsabilidad”.

En tanto, el diputado Raúl Gracia Guzmán (PAN) indicó que la Sección Instructora ya existía y al inicio de esta legislatura ya se había establecido con determinados integrantes. Refirió que es un principio de derecho y de debido proceso que para sancionar a alguien la pena tiene que estar preestablecida como ilícita y el órgano que la va a juzgar o analizar tienen que estar preestablecido. “Hoy vemos cómo se viola el debido proceso y cómo se aplasta a la oposición”.

Cabe recordar que las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y la de Justicia, aprobaron hoy la resolución de la Subcomisión de Examen Previo, por la que se consideran procedentes las denuncias de Juicio Político en contra de María del Rosario Robles Berlanga.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el martes 3 de diciembre, a las 11:00 horas.

Ciudad de México.- Con 389 votos, la Cámara de Diputados aprobó reformar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, con el propósito de apoyar a este sector productivo.

El dictamen establece que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) deberá formular el Programa Nacional de Agroindustria de la Caña de Azúcar en los seis meses posteriores a la publicación del Plan Nacional de Desarrollo en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, la Junta Directiva del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar tendrá que publicitar y transparentar la toma de decisiones que generen efectos positivos o negativos sobre los objetos, actividades, procesos, producción, industrialización y comercialización de esta especie de planta.

Además, enviará de forma anual a las cámaras del Congreso, el informe sobre el avance y grado de cumplimiento de las acciones, objetivos y prioridades determinados por el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.

Por su parte, los comités de Producción y Calidad Cañera de cada ingenio deberán fomentar y propiciar la participación y consulta de los abastecedores de caña, vigilando que sus opiniones, inquietudes y derechos sean incluidos en la toma de decisiones.

De igual manera, los comités firmarán convenios con el Centro Nacional de Metrología para que valide y certifique la calibración de las básculas de los ingenios y realice una inspección periódica, por lo menos dos veces al año.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Juan Enrique Farrera Esponda (Morena), secretario de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, estimó que el plazo para la elaboración del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar evitará su redacción discrecional y tardía por parte de las autoridades responsables.

Afirmó que las reformas tienen el objetivo de empoderar a los abastecedores de caña, que son los destinatarios de las normas más vulnerables, brindando más potestad a la expresión de sus opiniones, inquietudes y en la defensa de sus derechos.  

El diputado Irineo Molina Espinoza (Morena), promovente de la reforma, apuntó que las propuestas buscan mejorar la confianza de los productores con sus dirigentes e industriales y afirmó que se está dando hoy un gran paso para hacia el fortalecimiento de dicho sector.

El dictamen se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó que la violencia política en razón de género sea delito electoral, para imponer multas de 100 a 400 días y prisión de uno a tres años, a quien menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de una o varias mujeres.

El dictamen fue avalado por 417 votos a favor, en lo general y en lo particular, para adicionar el artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Se establece prisión de seis meses a tres años a quien emita propaganda política o electoral con elementos denigrantes en contra de una precandidata, candidata o de una mujer que ocupe un cargo público, o de algún tercero con quien guarde relación familiar, vida en común o lazos afectivos.

Asimismo, de cuatro a siete años de prisión si en la comisión de las conductas prohibidas se empleare violencia física, sexual o amenazas. Además, en caso de que se trate de funcionarios partidistas, candidatos o precandidatos, la pena se incrementará hasta en un tercio de la que se imponga.

La sanción se incrementará hasta en una mitad, se destituirá e inhabilitará para el desempeño de cualquier cargo o empleo, si se trata de un servidor público quien intervenga en estas conductas.

Al argumentar el dictamen, la diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia, destacó la importancia de que sea un delito electoral, la violencia política contra las mujeres, para erradicar jerarquías eminentemente masculinas, una especie de minusvalía femenina y la marginación en este ámbito.

Refirió que en la elección de 2018 se perpetraron al menos 237 agresiones a quienes ejercían actividad política o contendían por cargos de elección popular, 27 culminaron en feminicidios. Las medidas para paliar este tipo de violencia no han sido suficientes, es necesario que el Estado garantice el libre acceso a la política sin contrapisas ni violencia.

  

La diputada Zulma Espinoza Mata (PVEM) mencionó que es necesario que la legislación establezca como delito la violencia política de género y que esta pueda ser perseguida y sancionada por las autoridades especializadas en materia penal. Es fundamental trabajar en políticas públicas que vayan en contra de la “normalización” de esta práctica, ya que esto minimiza sus consecuencias.

La legisladora priista María Lucero Saldaña Pérez resaltó que con esta reforma se cumple con la lucha del sector femenino y se favorece a la democracia. “Hoy México se encuentra entre los 20 países que más violenta a las mujeres, el Estado debe garantizar una vida libre de vulneraciones que permita desarrollarse profesionalmente a quienes aspiramos a ser candidatas o servidoras públicas”.