• Arribaron a los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y de Monterrey, Nuevo León, procedentes de Bélgica.
• Se trata de dos cargamentos con 42 mil 900 dosis
• Su aplicación se llevará a cabo el próximo 28 de diciembre en la Ciudad de México y en el estado de Coahuila

Ciudad de México.- Este sábado 26 de diciembre llegaron dos cargamentos más de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, con un total de 42 mil 900 dosis procesadas por la farmacéutica Pfizer-BioNTech, a los aeropuertos internacionales “Benito Juárez” de la Ciudad de México y “Mariano Escobedo” de Monterrey, Nuevo León.

A las 8:34 h aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” el avión con uno de los dos cargamentos, mientras que a las 9:20 h arribó al Aeropuerto Internacional “Mariano Escobedo” de Monterrey, Nuevo León, el vuelo W8 922 que transportó otro de los dos cargamentos de vacunas.

La aplicación de la vacuna se llevará a cabo el próximo 28 de diciembre en diferentes puntos de la Ciudad de México y del estado de Coahuila a personal que está en la primera línea de atención a pacientes COVID-19.

Durante la ceremonia de recepción en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México, la directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) de la Secretaría de Salud, Miriam Veras Godoy, informó que de las 42 mil 900 dosis que se reciben, 34 mil 125 están destinadas a la Ciudad de México y ocho mil 775 para el estado de Coahuila.

Con estos nuevos cargamentos, el día de hoy se da continuidad a un hito en la salud pública para proteger a la población mexicana, como lo es la vacunación que inició el pasado 24 de diciembre. “La aplicación de esta vacuna se llevará a cabo de forma escalonada y conforme lleguen más dosis a nuestro país se irá inmunizando a todas las personas”, añadió.

La directora general del Censia precisó que esta intervención, importante para la salud pública, debe acompañarse de las medidas sanitarias de prevención, como lavado frecuente de manos, uso correcto de cubrebocas y sana distancia.

En su oportunidad, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, señaló que tras el inicio de la vacunación contra COVID-19 y el arribo de estas dosis, el instituto tiene el propósito de identificar al personal de salud que será inmunizado, que es la población objetivo en la primera etapa.

“Es estratégico proteger a los que nos han protegido y nos siguen protegiendo durante todo este año. Por eso nos da tanto gusto que el personal de salud del Seguro Social esté junto con todas las otras instituciones en esta primera etapa, en la proporción que corresponde a lo que se ha atendido en los casi mil hospitales que atienden COVID”, dijo.

Zoé Robledo precisó que entre el personal que es seleccionado de los Equipos de Respuesta COVID, se tienen contempladas diversas categorías, entre ellas, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, inhaloterapeutas, técnicos de alimentos, laboratoristas, químicos, conductores de ambulancias, camilleros y asistentes médicas.

Al acompañar la llegada de las 42 mil 900 vacunas provenientes de la planta de Pfizer en Puurs, Bélgica, el titular del Seguro Social manifestó que todo el gobierno federal ha trabajado en conjunto para lograr la universalidad de la vacunación contra COVID-19, al vincular buenas acciones como la Operación Chapultepec.

Las secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Relaciones Exteriores (SRE), han dado cumplimiento a la instrucción presidencial de traer la vacuna a México de manera temprana y oportuna, expuso el director general de Comunicación Social de la SRE, Daniel Millán Valencia, en representación del canciller Marcelo Ebrard Casaubon.

La vacunación será universal y gratuita a todas las personas en forma progresiva, dependiendo de la producción y entrega por parte de las farmacéuticas, luego de que se cumpla la primera etapa en la que se aplicará a personal de salud.

Asistieron a la recepción de las vacunas en la Ciudad de México los directores de Prestaciones Médicas, Víctor Hugo Borja Aburto, y de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones, David Razú Aznar, ambos del IMSS.

• Las 4 cocinas siguen ofreciendo tres veces por semana alimentación a 640 personas sin descanso durante las fiestas
• El colectivo hace un nuevo llamado a la solidaridad de la sociedad yucateca para poder seguir apoyando las cocinas.

Mérida, Yucatán-. La Cocina Comunitaria “La bendición del Roble”, impulsada por Apoyo Mutuo Mérida ha logrado repartir juguetes y regalos para 230 familias con la solidaridad de la ciudadanía que una vez más ha confiado en este colectivo ciudadano.

El Roble Unión, según datos censales recogidos y sistematizados por el propio colectivo, es una zona que cuenta con 11 manzanas dividas en 268 lotes de los que se cuenta registro de que 230 se encuentran habitados y en uso corriente por aproximadamente 745 personas de las cuales, 276 son menores de 18 años y 36 son adultos mayores.

El reparto inició el veinte de diciembre manteniendo en todo momento los protocolos de seguridad sanitaria y se entregó ropa, juguetes e insumos de limpieza dispuestos en paquetes por cada lote .

De igual manera, Apoyo Mutuo Mérida ha recibido en el mes de diciembre los donativos de despensas de Mérida Nos Une del Ayuntamiento de Mérida, el donativo recurrente de plátanos de la Huerta del Cesar, despensas de colaboradores de la empresa Oxxo que han optado por apoyar a tres de las cocinas comunitarias en su campaña de voluntariado corporativo navideño y veinte pavos donados por un particular.

Apoyo Mutuo Mérida, que lleva 8 meses ayudando y trabajando de manera voluntaria con los más vulnerables, reafirmó su compromiso con la gente, en especial con las cuatro cocinas que ayudan a gestionar y con todas y todas las personas que reciben el apoyo de sus iniciativas. 

Apoyo Mutuo Mérida sigue recibiendo donativos de juguetes e insumos para las familias que participan en las otras tres cocinas hasta las fechas próximas al día de Reyes.

Más allá de la campaña de Navidad, Apoyo Mutuo Mérida necesita recaudar los donativos suficientes para hacer frente a los gastos de víveres durante siguientes meses de las cocinas comunitarias y así poder seguir ofreciendo comida tres veces a la semana a 640 personas.

Se reciben donativos en la página web www.apoyomutuomerida.ong.mx y en la cuenta bancaria del Santander con CLABE: 014910200135957111 a nombre de Andrea Lewin Guzmán.

“Se trata de un derecho humano y constituye un principio de protección y tutela de los derechos de toda persona; con esta iniciativa de ley se busca que la investigación emanada de una denuncia anónima esté sustentada en pruebas y en la presunción de inocencia del servidor público, inculpado por faltas administrativas graves”, expuso en un comunicado.

La secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación consideró que el combate a la corrupción es una tarea de toda la sociedad y en todos los ámbitos, porque involucra los actos de orden público en beneficio de quienes buscan torcer la ley y cometen delitos.

De ahí la importancia, dijo, de fortalecer el marco jurídico, recuperar la confianza en las instituciones y fomentar la participación ciudadana.

Argumentó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente contempla que la investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas puede iniciarse de oficio, a través de denuncia anónima o derivada de las auditorías practicadas por autoridades competentes o bien, por auditores externos, pero en ningún momento garantiza la presunción de inocencia.

Lo mismo ocurre con el Acuerdo que establece los Lineamientos para la Promoción y Operación del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, emitido el 6 de septiembre de 2019, por la Secretaría de la Función Pública, señaló.

“¿En dónde quedan los derechos humanos de quien puede ser acusado de manera anónima, cuando no está prevista la presunción de inocencia sobre persona física o servidor público en que recaiga el señalamiento de algún hecho constitutivo de presuntas faltas administrativas?” cuestionó.

• La iniciativa del diputado del PRI consiste en reformar el artículo 5º de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Ciudad de México.- El diputado Ismael Hernández Deras (PRI) propuso reducir en 50% el peaje para el autotransporte de alimentos de hasta cuatro toneladas, con el fin de apoyar la economía de los pequeños productores rurales.

A través de un comunicado, dijo que la medida busca proteger a los campesinos y asegurar que los productos perecederos sean transportados de manera eficiente y rápida; con ello, el Estado podrá asegurar el abasto de alimentos y productos estratégicos para la población, promueve el acceso a los grupos sociales menos favorecidos y da prioridad a la producción nacional.

El legislador de Durango recordó que con base en cifras de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, en 2017, el sector contribuyó con el 3.25% del Producto Interno Bruto, lo que representa alrededor de seis millones de familias que dependen directa o indirectamente de este tipo transporte de carga.

Explicó que su iniciativa consiste en reformar el artículo 5º de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el objetivo de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantice un beneficio a los productores del campo que transporten hasta 4 mil kilogramos, a efecto de que reciban 50% de descuento en las casetas federales.

Argumentó que este mecanismo de subvención apoyaría a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios e integrantes de colonias agrícolas, al tiempo de que contribuiría al transporte ágil y seguro de productos básicos que favorecen la soberanía alimentaria en nuestro país.

“Las familias de las comunidades que se dedican a trabajar el campo se enfrentan a problemas de inseguridad en el transporte de sus mercancías, con carreteras en mal estado, autopistas con servicios ineficientes por falta de asistencia vial o señalización y a ello, se suman las altas tarifas de las vías federales”, aseveró.

Por último, Hernández Deras dijo que contar con un transporte de carga eficiente y barato, fomentaría y facilitaría el crecimiento económico y aseguraría que toda la producción agrícola llegue a los centros de consumo; sin embargo, para garantizar su eficiente funcionamiento debe haber tarifas de peaje acordes a las necesidades del campo mexicano, o bien, con reducciones notorias para el sector.

• Como todos los años, el senador realizó su recorrido por el Centro Histórico de Mérida, pero éste año fue de manera virtual 
• Las calles de la capital yucateca están llenas de historias, una es la visita de Porfirio Díaz, señaló durante la actividad. 

Mérida, Yucatán.- De manera virtual para no perder la tradición que nació hace más de 20 años, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín realizó su acostumbrado recorrido por el  Centro Histórico de Mérida, oportunidad que permitió rememorar algunas de las historias que han destacado a lo largo del tiempo.

Adaptándose a los retos de la nueva normalidad, la caminata se realizó por medio de fotografías que remontaron a 1906, cuando el entonces presidente, Porfirio Díaz, visitó Yucatán por primera vez. 

Un paseo de imágenes por las condiciones y el ambiente que se vivían en Mérida hace más de un siglo: La penitenciaria Juárez, el hospital O`Horán y el zoológico el Centenario, entre algunas de las postales. 

La plática, a cargo del historiador José Luis Vargas Aguilar, brindó la oportunidad de revalorar o descubrir detalles que escapan a lo cotidiano o  a las labores rutinarias de sus habitantes. 

“Es una mirada en retrospectiva a lo mucho que Yucatán ha caminado en un siglo, que permite revalorizar y entender el presente”, detalló. 

Durante la charla, se mencionaron lugares que solo existen en el recuerdo, como el afamado “Club la Lonja”, donde se reunían los meridanos para realizar todo tipo de eventos sociales. De éste centro de entretenimiento, convertido en un estacionamiento, solo queda el vestigio de su nombre. 

“Éste es un encuentro pensado para nunca olvidar el pasado, recorrer los pasajes que crearon la historia y nos traen al presente.  Para juntar a los amigos, es un momento de compartir recuerdos, de afianzar lazos y, en este año en particular, de reinventarse para nunca dejar morir las tradiciones”, señaló Ramírez Marín. 

• “Francamente inmoral”, presumir ahorros mientras niñas, niños y adolescentes sufren violencias y carencia de lo más elemental, señala la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD

Ciudad de Mérxico.- Luego de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo tener en caja entre 400 y 500 mil millones de pesos, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, le exigió restituir los más de 80 mil millones de pesos escamoteados a programas para la niñez.

En un comunicado, la diputada consideró lamentable y francamente inmoral que el Ejecutivo Federal presuma sus guardaditos mientras millones de niñas, niños y adolescentes de todo el país padecen hambre, desnutrición, violencia, descobijo, falta de educación y carencia de muchos otros servicios básicos debido a la crisis económica -ahondada este año por la crisis sanitaria-, por lo que pasarán una Navidad aún más amarga que las pasadas.

Destacó que en las propias inmediaciones de Palacio Nacional, particularmente en el oriente y norte -desde la zona de La Merced hasta Tepito, La Lagunilla y Garibaldi- se ve a niñas, niños, jovencitas y jovencitos en situación de calle y con evidentes signos de desnutrición y violencia, mientras el Ejecutivo Federal presume “ahorros”.

Igual situación, dijo, se vive en calles de prácticamente todos los estados y municipios, pero esto es únicamente lo que se ve, porque al interior de las propias familias, los menores son víctimas incluso de situaciones peores.

Recordó que durante la discusión del Presupuesto de Egresos para el próximo año pugnó porque se respetaran los recursos asignados al llamado Anexo 18 -que prevé, entre otros, el gasto público para niñez, adolescencia y juventud-, de modo que no se disminuyeran nuevamente, como ha sucedido en los últimos años.

“Sin embargo, a pesar de que nos concedía la razón, la mayoría pro gobierno hizo caso omiso de nuestras peticiones y el resultado es que, para el Presupuesto de Egresos de la Federación del año fiscal 2021, la disminución en términos reales de los programas para la niñez supera los 82 mil millones de pesos, generando con ello un daño irreparable a las políticas públicas que garantizan los derechos de las y los niños”, denunció.

La diputada por Jalisco refirió que, al igual que legisladoras y legisladores de otros grupos parlamentarios, presentó iniciativas para fortalecer esas políticas públicas a fin de garantizar el desarrollo equitativo, plural, integral y una vida libre de violencia a ese sector.

Todos coincidimos en que el Estado debe garantizar los derechos humanos de niñas y niños, y en virtud de ello prácticamente todos los grupos, incluidos lo que conforman la mayoría pro gobierno, aprobaron diversas propuestas en tal sentido, dijo.

“El recorte presupuestal de más de 80 mil millones de pesos a los programas para la niñez y la adolescencia, mientras el titular del Ejecutivo Federal presume este jueves una disponibilidad de entre 400 y 500 mil millones de pesos, hacen ver a varios de esos grupos parlamentarios como unos verdaderos farsantes”, denunció, por lo que les demandó rectificar, lo mismo que al gobierno que representan.

• De las 182 ANP federales se estima que 100 tienen elevado potencial para actividades turísticas
• Conservar la riqueza natural, de los mayores retos ante la emergencia sanitaria y económica, señala iniciativa del PVEM

Ciudad de México.- Debido a que la conservación de la riqueza natural de México es de los mayores retos para reactivar el turismo que se ha visto afectado por la emergencia sanitaria y económica, el grupo parlamentario del PVEM impulsa reformas a las leyes de Cambio Climático, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a la de la Guardia Nacional.

Estimó de vital importancia ampliar el alcance e incrementar el número de áreas naturales protegidas, a través de la implementación de mecanismos financieros y acuerdos multilaterales para lograr que una mayor proporción de nuestro territorio sea destinado a garantizar la preservación biológica y ecológica, así como el turismo ecológico.

Los cambios a la Ley General de Cambio Climático, tienen el propósito de que los recursos para apoyar la implementación de acciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático, se destinen también a promover la conectividad de los ecosistemas a través de corredores biológicos y “su integración con las áreas naturales protegidas”. 

En las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se establece que entre las facultades de la Federación estará, además, el fomento, establecimiento y aplicación de instrumentos financieros y mecanismos innovadores de acceso al financiamiento que contribuyan al establecimiento, manejo, promoción y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia federal.

Asimismo, que la Federación y las entidades federativas también fomentarán la participación del sector privado en el financiamiento para el establecimiento, manejo, promoción y vigilancia de las áreas naturales protegidas a través de la implementación de incentivos y mecanismos de cooperación.

Se plantea que las autoridades competentes fomentarán la adopción de mecanismos financieros innovadores que contribuyan al establecimiento, manejo, promoción y vigilancia de las áreas naturales protegidas.

Sobre la Ley de la Guardia Nacional, propone cambios, a fin de incorporar, entre sus atribuciones y obligaciones, la de prevenir la comisión de delitos en las áreas naturales protegidas establecidas en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Las y los integrantes del grupo parlamentario del PVEM destacaron que es necesario posicionar al turismo de naturaleza como uno de los pilares de la reconstrucción de este sector, tomando en consideración la diversidad de ecosistemas que ofrecen desde actividades de alta montaña hasta inmersiones en mar abierto.

De las 182 áreas naturales protegidas federales se estima que 100 tienen un elevado potencial para albergar actividades de turismo y, al mismo tiempo, impulsar jornadas de educación ambiental y observación de especies vegetales y animales.

Además, se identifican 58 áreas protegidas cuya relevancia ecológica es alta y que reúnen características de biodiversidad, lo que las convierten en puntos específicos de atención.

Suscriben la iniciativa el diputado Arturo Escobar y Vega y las y los integrantes del PVEM, así como diputadas y diputados de Morena. Se turnó a las comisiones unidas de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, y a la de Seguridad Pública, para dictamen.

• El diputado Rosas Quintanilla (PAN) presentó una iniciativa para ese fin
• Fumadores contagiados de Covid tienen hasta cuatro veces más riesgo de fallecer

Ciudad de México.- El diputado José Salvador Rosas Quintanilla (PAN) presentó una iniciativa de reformas a la Ley General para el Control del Tabaco, a fin de que en los paquetes de productos del tabaco se incorpore en su mensaje sanitario que los efectos derivados de su consumo, “incluyen las probabilidades de desarrollar síntomas graves en caso de padecer Covid-19”.

Mencionó que el Instituto Mexicano del Seguro Social alertó que un paciente contagiado de Covid-19 que fuma aumenta de 3 a 4 veces más el riesgo de morir por complicaciones cardiopulmonares, en comparación con los no fumadores.

Detalló que el etiquetado de advertencia sobre los daños comprobados que causa el consumo de cigarro y las probabilidades de complicaciones si se padece Covid-19 debe ser un derecho del consumidor, puesto que le brinda la información suficiente que hasta el momento se ha comprobado acerca de los riesgos que puede causar.

Refirió que de acuerdo con el IMSS, dicho riesgo aumenta en los fumadores debido a que tienen mayor cantidad de enzimas convertidoras de angiotensina, entre otras sustancias químicas que disminuyen la capacidad pulmonar. En consecuencia, la superficie de los pulmones es más vulnerable, lo que favorece que se adhiera más fácilmente el virus SARS-Cov2.

El diputado señaló que con base en la Declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el Consumo de Tabaco y Covid-19, el tabaco mata en el mundo a más de ocho millones de personas cada año. Más de siete millones de esas muertes se deben al consumo directo y aproximadamente 1.2 millones al humo ajeno al que están expuestos los no fumadores.

Agregó que considerando los nuevos riesgos a los que nos enfrentamos, consecuencia de la actual pandemia, se comprueba que fumar tabaco es un factor de riesgo conocido en muchas infecciones respiratorias y que aumenta la gravedad de este tipo de enfermedades. 

Señaló que dicha situación obliga a repensar las estrategias para la reducción del tabaquismo, ya que de acuerdo con el coordinador del Comité Interinstitucional de la Lucha contra el Tabaco, “los fumadores son los principales transmisores del Covid-19 por prestar sus dispositivos, pipas y el propio cigarro a otras personas, lo que puede generar que este virus los ataque de manera más severa; además, los fumadores infectados pueden expeler microgotas transportadoras del virus al exhalar el humo”.

Estimó que es necesario modificar las estrategias de venta, de manera que dentro del etiquetado se muestren los riesgos que esto puede ocasionar en el marco de este contexto tan complicado, y de esta forma desincentivar el consumo.

La iniciativa que plantea reformar la fracción VI del artículo 18 de la Ley General para el Control del Tabaco, fue remitida a las comisiones unidas de Salud, y de Economía Comercio y Competitividad, para dictamen.

• La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (PRD) propone reformas a la Ley Federal de Defensoría Pública
• Es necesario el acceso a la justicia para estas personas que corren altos riesgos

Ciudad de México.. La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (PRD) promueve una iniciativa que adiciona una fracción VIII al artículo 15 de la Ley Federal de la Defensoría Pública, a fin de que los servicios de asesoría jurídica se presten preferentemente a los migrantes víctimas o testigos de delitos graves cometidos en territorio nacional.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia para análisis y dictamen, expone que el organismo Human Rights Watch citó que entre enero y septiembre de 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 599 quejas de abusos contra migrantes.

Además, de acuerdo con el informe 2019 de la Fiscalía General de la República (FGR), únicamente se logró judicializar el uno por ciento de los delitos contra migrantes; de 258 carpetas de investigación solamente tres llegaron hasta un juez a fin de iniciar un proceso penal.

La diputada menciona en su iniciativa que quienes atraviesan el territorio frecuentemente son víctimas de abusos y violaciones a sus derechos, en algunos casos con la anuencia de autoridades gubernamentales.

“El panorama se torna desalentador cuando se suma la imposibilidad de obtener representación legal y una audiencia justa, ya sea por temor a represalias, desconocimiento de nuestro sistema judicial o recursos económicos insuficientes”, asegura.

Por lo tanto, todo servidor público que trate con personas migrantes debe asegurarse que tengan acceso a la justicia, que estén debidamente informadas sobre sus derechos a la asistencia legal y consular, defensa pública, a un traductor o intérprete. 

Los migrantes que huyen de situaciones de crimen organizado, violencia y persecución en su país también pudieron haber sido víctimas o testigos de crimen antes de llegar a México y, por lo tanto, pueden ser especialmente vulnerables.

El acceso a la justicia es necesario para estas personas que corren altos riesgos de ser testigos o víctimas de delitos graves como secuestro, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, robo, asalto y extorsión. 

Factores como la ausencia de representación legal gratuita, falta de tiempo y recursos para llevar a cabo un litigio, no hablar español, desconocer sus derechos y desconfiar de las autoridades, son algunas razones por las que a menudo no denuncian, señala la iniciativa.

• La seguridad de vehículos motorizados en el país ha quedado rezagada: diputada Zaira Ochoa Valdivia (Morena)
• Necesario, incorporar innovaciones científicas y tecnológicas, señala en una iniciativa 

Ciudad de México.- La diputada Zaira Ochoa Valdivia (Morena) planteó reformas a las leyes General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y a la de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de dar mayor seguridad a los ocupantes de vehículos particulares y del trasporte público, reducir el índice de víctimas y prevenir accidentes.

Mediante una iniciativa, busca incorporar elementos de seguridad obligatorios y de innovaciones tecnológicas que deberán tener los vehículos que circulen en el país, y que las entidades federativas los incluyan en sus reglamentos de tránsito, porque actualmente en México algunas de esas medidas se consideran opcionales. 

Asimismo, lograr una efectiva movilidad que privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no motorizado, garantizando que el tránsito de vehículos motorizados se rija bajo los criterios de seguridad que establezca la ley, las normas oficiales mexicanas y las adecuaciones que, de acuerdo a los adelantos científicos y tecnológicos, se implementen.

En la iniciativa se destaca que México ocupa el séptimo lugar del mundo y el tercero en Latinoamérica en muertes por accidentes viales, y que al año 16 mil personas pierden la vida, 134 mil resultan lesionadas y 40 mil quedan con alguna discapacidad para el resto de sus vidas.

En los accidentes viales los más afectados son niños, adolescentes y adultos jóvenes. Tan sólo en los últimos años, se situó como la primera causa de muerte en menores de entre 5 y 9 años. En el caso de adolescentes y adultos jóvenes es el segundo motivo de fallecimientos, se agrega.

La diputada Ochoa Valdivia dijo que los protocolos de seguridad de la industria automotriz en la fabricación de automóviles, si bien ayudan a reducir los accidentes, no son suficientes. “La seguridad de los vehículos quedó rezagada; hay modelos que no tienen todos los elementos de seguridad de acuerdo al año de su fabricación”.

Refirió que la Secretaría de Economía tenía previsto este año discutir la Norma Oficial Mexicana de Seguridad Vehicular, la NOM-194, en la producción automotriz, así como la obligación de incorporar cada vez más medidas que preserven la vida de los ocupantes de automóviles y peatones.

Consideró indispensable atender las recomendaciones de la OMS del 2017 que se resumen en que la seguridad vehicular no sea un lujo para los consumidores, y que no deban pagar más por tener acceso a tecnología que lleva décadas salvando vidas en Europa.

Argumentó que si bien existe la legislación que establece requisitos para autorizar la circulación de vehículos motorizados, no hay criterios homogéneos sobre los elementos básicos de seguridad e incorporación de innovaciones tecnológicas.

En la exposición de motivos, la diputada de Morena estimó que México debe sumarse al esfuerzo que implica la revisión de elementos científicos y tecnológicos a favor de la seguridad de los conductores. Por ello, propuso actualizar la normatividad e incorporar elementos tales como

Bolsas de aire, frenos antibloqueo, control electrónico de estabilidad (que evita virajes), anclaje de asientos infantiles, cinturón de tres puntos, diseño con materiales que minimicen lesiones graves o riesgo de muerte y estándares de impacto frontal y lateral para que, en caso de una colisión, la estructura del vehículo disipe la energía y mantenga la integridad del habitáculo.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad y la de Comunicaciones y Transporte

• El Comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, destacó la importancia de transparentar los procesos de selección y designación, respetando y ponderando la información confidencial
• Revelar decisiones de carácter personal puede afectar la esfera privada de las personas, indicó

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados deberá proporcionar las calificaciones que obtuvieron en el examen las 2 mujeres y los 2 hombres que resultaron ganadores en el proceso de elección de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), así como las calificaciones que obtuvieron en el examen las 28 aspirantes mujeres y los 28 aspirantes hombres, que se publicaron en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resolvió el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El Comisionado Oscar Guerra Ford señaló que un particular requirió: primero, los resultados o el número de los aciertos de los exámenes de evaluación de los aspirantes que se presentaron a la etapa de examen del proceso de elección de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del INE; segundo, los resultados de las evaluaciones de los expedientes, de los aspirantes que accedieron a la etapa de revisión curricular del citado proceso de elección.

En una respuesta inicial, el Secretario de Enlace de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados negó el acceso a la información al considerar que ésta era confidencial.

Inconforme con la respuesta, el particular presentó un recurso de revisión ante el INAI en contra de la clasificación de la información, al señalar que el nombre para los efectos del proceso de selección fue público y no puede ser considerado como un dato personal, al igual que las calificaciones obtenidas.

En alegatos, la Cámara de Diputados en un alcance a la respuesta inicial, envío al particular la resolución de su Comité de Transparencia, en la que se confirmó que los resultados de los exámenes de evaluación de las y los aspirantes que se presentaron en la etapa de examen era información confidencial, de conformidad con la fracción I del artículo 113 de la Ley en la materia.

En el análisis del caso, a cargo de la ponencia del Comisionado Oscar Guerra Ford, se determinó que las calificaciones de los aspirantes que no resultaron ganadores      en el proceso de selección para consejeras y consejeros electorales del INE, en principio, sí son confidenciales, con fundamento en la citada fracción I, que hace referencia a la información confidencial de personas físicas, que es el caso, “porque revelar decisiones de carácter personal que no se tradujeran en beneficio alguno  y cuya difusión sí afectaría la esfera privada de dichas personas, en cuanto a la percepción que los demás tienen de ellos”, explicó.

El Comisionado Guerra Ford señaló que no se actualiza la confidencialidad para las calificaciones de quienes sí resultaron ganadores del proceso de selección, es decir, las calificaciones obtenidas por Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán, José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-Kib Espadas Ancona, quienes finalmente y es de dominio público, fueron designados como Consejeras y Consejeros electorales del INE.

Adicionalmente, el Comisionado indicó que, en cumplimiento a la sentencia dictada al 27 de mayo por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para diversos juicios que hubo para la protección de los derechos político-electorales de ciudadanos respecto de las 30 mujeres y 30 hombres, determinó publicar los puntajes que obtuvieron al haber sido los más altos y pasar la etapa de las entrevistas.

Guerra Ford precisó que la respuesta en alcance no fue la idónea para dejar sin materia el recurso, “aunque sí es procedente la confidencialidad de las calificaciones que no han sido publicadas y la determinación fue avalada por el Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados, no debió clasificar como confidenciales las calificaciones o puntajes de los 28 aspirantes mujeres y 28 aspirantes hombres”, apuntó.

En el estudio de fondo del caso, se concluyó que es parcialmente fundado el agravio del particular. El sujeto obligado debió proporcionar las calificaciones o puntajes de los 28 aspirantes hombres y 28 aspirantes mujeres que se publicaron en cumplimiento a la sentencia del TEPJF, así como proporcionar las calificaciones de las 2 mujeres y 2 hombres que resultaron ganadores.

En cuanto al segundo requerimiento, el Comisionado Guerra Ford mencionó que los porcentajes y la suma total que obtuvieron los distintos aspirantes, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo del Comité Técnico de Evaluación para el proceso de elección de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del INE, es la información que atendería este requerimiento, consistente en los resultados de las evaluaciones de los expedientes, de los aspirantes que accedieron a la etapa de revisión curricular, desglosados por rubro.

“Es importante en todos estos procesos de designación y elección a diversos cargos públicos, se tomen este tipo de criterios que no pueden tratar igual tanto a los concursantes en general, a los que llegan a una etapa final y, evidentemente los que son los ganadores. Creemos que este tipo de resoluciones, incluida la del TEPJF, permiten transparentar estos procesos de selección y designación, pero respetando y ponderando la información confidencial”, subrayó. 

El Pleno del INAI determinó modificar, por unanimidad, la respuesta de la Cámara de Diputados y le ordenó proporcionar las calificaciones que obtuvieron en el examen las 2 mujeres y los 2 hombres que resultaron ganadores en el proceso de elección de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del INE, así como las calificaciones que obtuvieron en el examen las 28 aspirantes mujeres y los 28 aspirantes hombres, que se publicaron en cumplimiento a las sentencias dictadas el 27 de mayo de 2020, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De igual forma, deberá proporcionar el resultado que obtuvieron de las ponderaciones para cada elemento de su expediente: currículum vitae y documentos soporte, exposición de motivos y ensayo, así como el porcentaje total que obtuvieron de la suma de dichos elementos, las 2 mujeres y 2 hombres que resultaron ganadores en el proceso de elección

• Comisión Nacional de Búsqueda de Personas debe informar sobre diagnóstico de los servicios médicos forenses y periciales del país
• En México sólo hay capacidad para identificar 20 por ciento de los cuerpos que se reciben en los Semefos, de acuerdo con cifras de la propia Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración

Ciudad de México. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob) debe dar a conocer la información recabada para la elaboración del diagnóstico sobre la situación en que se encuentran los Servicios Médicos Forenses (Semefo) y Servicios Periciales del país, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El sujeto obligado debe precisar los objetivos, la metodología utilizada, incluyendo los formatos de instrumentos, cuestionarios, listas de verificación y cualquier otro documento de medición y/o evaluación y los resultados completos de cada uno de los Servicios Médicos Forenses y Servicios Periciales del país que fueron analizados, evaluados y/o estudiados para la elaboración de este diagnóstico.

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas planteó que las sesiones del Pleno del INAI ofrecen la oportunidad de sortear las barreras con las que tropiezan las personas al ejercer su derecho a saber; además, es un espacio que permite a toda la población aprender más sobre la compleja realidad nacional.

Acuña Llamas destacó que en el diagnóstico que emprendió este gobierno “dijeron que la situación de los Semefos es prácticamente penosa, paupérrima, miserable, tremenda, en pocas palabras, y ¿por qué? Pues por muchos factores que no son solamente culpa del pasado, sino son culpa del tiempo y de la distancia y que ya este gobierno recibió así, pero también así siguen las cosas”.

El Comisionado del INAI expuso que, según cifras de la propia Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración, en México sólo hay capacidad para identificar 20 por ciento de los cuerpos que se reciben en los Semefos, de personas que murieron en la vía pública sin que nadie respondiera por ellos, “son cuerpos de personas que tuvieron y tienen nombre y apellido, muchas veces el Semefo no los identifica porque no traen consigo una identificación o algún otro elemento y no va ningún familiar a buscarlos”.

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas señaló que únicamente cuenta con la información presentada el 24 de junio de 2019, durante la sesión del Sistema Nacional de Búsqueda e indicó que el documento denominado “Acciones para Atender la Emergencia Forense”, contiene el Diagnóstico Nacional de Servicios Periciales y/o Forense; documento que fue remitido al particular.

Inconforme con la respuesta, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas le proporcionó información incompleta.

En alegatos, el sujeto obligado modificó parcialmente su respuesta inicial y amplió la búsqueda de la información a la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Segob, la cual reconoció que el personal de esta unidad administrativa, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), realizó entrevistas con las fiscalías estatales.

En el análisis del caso, la ponencia del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas advirtió que el Diagnóstico de las capacidades de los Servicios Médicos Forenses y Periciales del país, se elaboró a partir del trabajo de campo realizado por personal de la Dirección General de Estrategias para la Atención de los Derechos Humanos de la Segob, en coordinación con la FGR, y, en algunos casos, con la presencia de servidores públicos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

En este contexto, la ponencia apuntó que ante la participación de servidores públicos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas durante el levantamiento de la encuesta denominada “Análisis diagnóstico de las capacidades de los Servicios Médicos Forenses y Periciales del país”, se considera importante que a partir de una búsqueda que comprenda a todas las áreas competentes, se determine si en los archivos del sujeto obligado obra o no más información relacionada con la solicitud.

Por tanto, resulta necesario que el sujeto obligado efectué la búsqueda de la información conforme al procedimiento establecido en la Ley en la materia, turnando a todas las áreas que, por sus facultades, competencias, atribuciones o funciones, puedan conocer alguno de los puntos de la solicitud.

La ponencia subrayó que las unidades administrativas en las que es pertinente la búsqueda de la información son la Dirección General de Acciones de Búsqueda y Procesamiento de Información; la Dirección de Análisis de Contexto; así como la Dirección de Gestión y Procesamiento de Información de Personas Desaparecidas y No Localizadas

Cabe recordar que, durante la sustanciación del presente asunto, el sujeto obligado modificó parcialmente los términos de la respuesta inicial y amplió la búsqueda de la información; no obstante, el contenido solo ayuda a dar contexto a la información solicitada y su ubicación, esto en virtud de que efectuó la misma turnando a un sujeto obligado distinto a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Por lo anterior, el Pleno del INAI resolvió modificar la respuesta de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y le instruyó realizar una búsqueda de toda la información recabada para la elaboración del diagnóstico, es decir, los objetivos, la metodología utilizada, los formatos de instrumentos, cuestionarios, listas de verificación y cualquier otro documento de medición y/o evaluación y todos los resultados completos de cada uno de los Servicios Médicos Forenses y Servicios Periciales del país que fueron analizados, evaluados y/o estudiados, en todas las áreas que resulten competentes.

• Dice comunicado del PRI que porque no existe convenio de coalición o candidatura común de por medio.
• Dice que en Yucatán la alianza nacional con el PAN no va

Mérida Yucatán.- Con relación a las manifestaciones públicas de algunos militantes, de encabezar candidaturas de institutos políticos distintos al nuestro, precisamos que los estatutos y demás documentos básicos del Partido Revolucionario Institucional, establecen la pérdida de militancia al solidarizarse con la acción política de partidos o asociaciones antagónicas, con quienes no exista convenio de coalición o candidatura común de por medio.

Estatutos Políticos del PRI

Capítulo II

De las Obligaciones Partidarias

… “Artículo 65 Pierde su militancia quien:

Ingrese a otro partido político;

Acepte ser postulado como candidato por otro partido, salvo en el caso de las coaliciones o alianzas previstas en los presentes Estatutos;

Deje de formar parte del grupo parlamentario del Partido en el órgano legislativo o edilicio a que pertenezca; y

Apoye públicamente o realice labores de proselitismo a favor de un candidato de otro partido político o de un candidato independiente, salvo en el caso de coaliciones o alianzas previstas en los Estatutos”

Asimismo, es conveniente precisar que, con relación a la alianza nacional con distintas fuerzas políticas, en Yucatán no tendrá lugar alianza o convenio alguno con el Partido Acción Nacional.

Por el contrario, se ha observado una clara estrategia del Partido Acción Nacional y el Partido Movimiento Ciudadano en el estado, para ofrecer candidaturas a militantes del PRI, a fin de favorecer al primero en el presente proceso electoral, derivado de la alianza entre el PAN y la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco.

En el PRI nos mantendremos firmes en la búsqueda de un Yucatán más fuerte y con oportunidades para todos. Es por eso por lo que no nos distraemos y seguimos enfocados en conformar una oferta política seria, que reúna el sentir de los diferentes sectores sociales de Yucatán.

• El sujeto presuntamente cometió el ilícito en contra de una menor de edad en 2015, cuando ella tenía 13 años.

Mérida, Yucatán.- Por su presunta participación en el delito de violación, fue vinculado a proceso el ciudadano S.P.P, .denunciado tras los hechos ocurridos en la localidad Chikindzonot, Yucatán.

En la audiencia realizada en el Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito Judicial, la Fiscalía General del Estado (FGE) argumentó los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y solicitó resolver sobre la situación jurídica del indiciado, por lo que la autoridad judicial, tras evaluarlos, decretó el auto de vinculación a proceso.

Posteriormente, el Juez de Control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de 3 meses para el cierre de investigación complementaria, tiempo durante el cual se continuará con la indagatoria para obtener los datos necesarios.

En la carpeta de investigación de la causa penal 11/2019 se señala que los hechos ocurrieron en el mes de septiembre del año 2015, cuando el indiciado se introdujo al patio de una casa de dicha localidad y presuntamente cometió el ilícito en contra de una menor de edad, entonces de 13 años.

En este operativo de seguridad y vialidad especial implementado el 24 y la madrugada del 25 de diciembre, la corporación resguardó a 4 personas por diferentes infracciones al Reglamento de Policía y Buen Gobierno.

Entre los asegurados hubo una persona por sustraer de una tienda comercial en la calle 72 entre 59 y 57 una botella de shampoo y tres sobres de polvo para preparar bebidas, uno por infracción a la dignidad de las personas y dos restantes por disturbio. 

El equipo de paramédicos municipales brindaron atención a 7 personas, todos estos casos por causas menores que no ameritaron ser trasladados a alguna clínica.

Del mismo modo, se tomó conocimiento de cinco hechos de tránsito leves sin lesionados, en donde las partes involucradas llegaron a un acuerdo a través de sus aseguradoras en el lugar. 

El operativo incluyó la supervisión de las medidas de higiene como el uso adecuado del cubrebocas y el respeto de la sana distancia en las zonas comercial y bancaria así como en los parques, con la finalidad de evitar cadenas de contagios en estas fechas.

La Policía Municipal de Mérida agradece el comportamiento cívico de las personas que han acudido, en estos días al Centro Histórico lo cual nos ha permitido que el operativo decembrino se pueda desarrollar de manera adecuada, con la participación ciudadana.

• Los cuatro denunciados, desde el gerente de ventas, auxiliares administrativos y un chofer, causaron una afectación patrimonial a la empresa por un monto superior a los dos millones de pesos

Mérida, Yucatán.- Por su presunta responsabilidad en el delito de fraude específico, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a los ciudadanos C.H.H.H., J.C.P.I., D.A.S.L. y W.S.H.C., denunciados por malos manejos de recursos de la empresa para la que laboraban.

Conforme a la información reunida en la causa penal 288/2019, tras la renuncia de D.A.S.L. quien se desempeñaba como auxiliar administrativo de J.C.P.I., gerente de ventas regional de la empresa afectada, se realizó una auditoría y se supo que se hicieron malos manejos con el producto, causándole una afectación patrimonial a la empresa por un monto superior a los dos millones de pesos.

De acuerdo a la indagatoria, presuntamente también estuvieron involucrados C.H.H.H., quien se desempeñaba como chofer y W.S.H.C., como auxiliar administrativo.

En la audiencia realizada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales adscritos formularon la imputación del delito y a continuación aportaron los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación para solicitar la vinculación a proceso de los imputados, quienes pidieron la ampliación del término constitucional para definir su condición legal, por lo que el Juez Primero de Control estableció que la audiencia continúe el próximo 28 de diciembre.

Por último, los fiscales presentaron los argumentos para solicitar la imposición de medidas cautelares, por lo que el Juez de Control, después de valorarlos, estableció que los imputados acudan a firmar al Centro Estatal de Medidas Cautelares y tienen prohibido salir del Estado sin autorización judicial, ambas se mantendrán vigentes por todo el tiempo que dure el proceso

• Personal de salud que laboró de guardia brindó atención a usuarias del servicio de maternidad en Navidad.

Mérida, Yucatán.- Una niña con un peso de 3.050 kilogramos, hija de Isabel del Carmen Barbosa Ciau, fue el primer nacimiento registrado oficialmente en punto de las 00:15 de hoy viernes día de la Navidad, reportó la Secretaría de Salud (SSY).

En Tizimín, la directora del Hospital “San Carlos” reportó el primer nacimiento a las 00:15 horas; la doctora Margarita Díaz Basilio detalló que Barbosa Ciau dio luz a una niña, con un peso de 3.050 kilogramos, y tanto madre como hija se reportan en buenas condiciones.

Asimismo, en el Materno Infantil de Mérida “Dra. Consuelo Vadillo Gutiérrez”, Mariela Guadalupe Ceballos Cervera también tuvo una niña de 2.930 kilogramos, a las 03:47, informó el director del recinto, Miguel Ángel Laviada Mier y Terán; las pacientes, originarias de esta ciudad, están en óptimo estado.

Por su parte, la directora del General de Valladolid, Lorena Barradas Rodríguez, compartió que nacieron dos niñas: la primera, de Suemi Carolina Chuc Canul, con 2.920 kilogramos, en punto de las 02:29, y la segunda, de Michel Areli Pool Medina, con 2.200, a las 06:47; las cuatro presentan buena salud.

• De igual forma, tendrán validez las constancias de aptitud psicofísica expedidas por la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte

Ciudad de México.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se prorrogan hasta el 30 de junio de 2021 la vigencia y efectos jurídicos de las licencias federales de conductor.

Asimismo, fija para esa fecha los certificados de capacitación en materia de autotransporte federal.

El acuerdo firmado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Ing. Civil Jorge Arganis Díaz-Leal, incluye que, en materia de marina mercante, se prorroga hasta el 30 de junio de 2021 la vigencia y efectos jurídicos de los Certificados de Competencia, Certificados de Competencia Especial y Refrendos de Títulos expedidos u otorgados vigentes.

También establece hasta el 31 de marzo de 2021 la validez de los permisos de transporte o arrastre de remolques y semirremolques en los cruces fronterizos, que comprende la franja de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional con los Estados Unidos de América.

Destaca en materia de aviación civil, la vigencia y efectos jurídicos de los permisos, licencias o certificados de capacidad hasta el 30 de junio de 2021; así como las Licencias Federales Ferroviarias vigentes

• México, entre los primeros 10 países en el mundo y número uno en América Latina que la recibe
• Prioritario que representantes del sector salud sean los beneficiarios iniciales

Ciudad de México.- El Grupo Parlamentario del PT en la Cámara de Diputados celebró la llegada, el día de hoy, del primer lote de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, que empezará a aplicarse a partir del jueves 24 de diciembre a los trabajadores de la salud; no obstante, es importante ponderar que ésta será universal y gratuita para toda la población.

A través de un comunicado, las y los diputados de la bancada destacaron el “esfuerzo y determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador por darle prioridad a trabajadores de la salud, ya que al estar al frente de la batalla contra esta enfermedad, es fundamental que sean los primeros en ser protegidos y de esta manera mantener el combate a la pandemia que ha azotado a los mexicanos.

Asimismo, “reconocemos la labor conjunta entre las autoridades sanitarias y nuestro mandatario para que México sea el primer país de América Latina y de los primeros 10 en el mundo en contar con la vacuna, lo que demuestra el claro y firme compromiso a favor de la sociedad mexicana y coloca a nuestra patria a la altura de las naciones más avanzadas”.

“Somos conscientes de que aún falta mucho camino por recorrer; sin embargo, esta acción pertinente de nuestro gobierno abre la posibilidad de salir más pronto de las graves secuelas que ha dejado esta crisis de salud y ha perjudicado a millones de ciudadanos, por lo que respaldamos y apoyamos la previsión y reserva presupuestal hecha respecto a los costos para su distribución”.

Las y los parlamentario dijeron “que la pandemia todavía no termina y si bien este primer paso le da esperanza a la población, es prioritario no bajar la guardia y seguir las recomendaciones hechas a la ciudadanía. De la misma forma, tenemos plena confianza en el trabajo que el Ejecutivo Federal ha emprendido para que la subsecuente llegada de más dosis llegue de manera oportuna a las y los mexicanos”.

• Generar una serie de mecanismos que permitan a las personas tener educación remota, es un reto para el Estado, señala la diputada del PRI

Ciudad de México.- Ante las consecuencias por la contingencia del Covid-19, la educación de todo el mundo, y principalmente en México, se encuentra ante la disyuntiva de cómo continuar impartiendo los cursos, teniendo un gran reto, a fin de garantizar a todas las personas el acceso a las diferentes herramientas digitales, tales como videollamadas, plataformas electrónicas e internet.

Por lo anterior, la diputada Ximena Puente De La Mora (PRI) propuso una iniciativa para incluir dentro del Sistema Educativo Nacional a la educación vía remota, modalidad que permite a los alumnos integrarse al sistema educativo de forma global.

Sin embargo, dijo en un comunicado, los retos que se observan son mayores para garantizar derechos como acceder al internet y a una computadora, en comunidades rurales, incluso a la electricidad, lo que permitiría a las personas optar por esta nueva modalidad, y que se convierta en una alternativa de aprendizaje, a fin de que el Estado brinde las herramientas necesarias y garantice su uso.

Destacó que, de acuerdo con la última encuesta de la Asociación Mexicana de Internet, más del 70% de los internautas tienen interés de aprender en línea; la mayoría opta por programas educativos con esta modalidad.

De igual manera, señala que más de 25 millones de estudiantes tomarán clases en línea, debido a la pandemia mundial por Covid-19, lo que obliga a modificar los usos del internet y de las metodologías de enseñanza para que las clases a distancia sean efectivas.

La legisladora del estado de Colima precisó que generar una serie de mecanismos que permitan a las personas tener educación remota, es un reto para el Estado, al tener que elaborar una serie de políticas públicas que se adapten a las necesidades, tanto de los alumnos como de los maestros, garantizando su acceso al internet.

Por último, precisó que uno de los beneficios de la enseñanza remota es, por ejemplo, que en las comunidades rurales y más desfavorecidas podrían tener un mayor acceso a la educación, lo que facilitaría su aprendizaje, el ahorro de tiempo en traslados y el aprovechamiento académico de cada una de estas personas.