- Comisión especial da a conocer informe preliminar de las acciones emprendidas
México, DF.- El Pleno camaral recibió el informe preliminar
de las acciones desarrolladas, a menos de un mes, de la Comisión Especial de
Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los hechos ocurridos en
Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, a los alumnos de la
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.
La comisión especial argumenta, en el informe publicado en
la Gaceta Parlamentaria, que a pesar de tratarse de un reporte especial,
“comienza a formarse en el seno de la misma, más allá de la duda razonable, que
existen medios de prueba que nos sugieren irregularidades de las
investigaciones que múltiples actores han señalado a la opinión pública”.
Entre los resultados sustantivos preliminares que la
comisión puede ofrecer, se encuentra que de la lectura de los informes rendidos
por el gobierno de Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Fiscalía General de la
entidad, se desprenden múltiples contradicciones respecto a:
El número potencial y total de víctimas presentes en el
lugar de los hechos.
Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos
relacionados con la detención arbitraria o ilegal, uso ilegal de la fuerza y
posteriores ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada de los
estudiantes.
Los nombres de los estudiantes.
La manera o vía por
la cual las autoridades locales tuvieron conocimiento de los hechos, ya fuera
al momento de ocurrir o con posterioridad.
De igual modo, se
detectó que en todos los informes existen diversos momentos que no tienen una
conexión directa o lógica en la secuencia de los hechos.
Precisa que las autoridades estatales sí tuvieron
conocimiento de la actividad de los estudiantes, monitoreando por horas su
desplazamiento y la policía estatal no actúo frente a las irregularidades que la
policía municipal cometió en contra de los estudiantes.
De ser así, “incurriendo en una grave omisión de protección
de los estudiantes y de la demás población civil afectada por los ataques
cometidos por ciertos agentes estatales, al parecer de la policía municipal, y
particulares”, abunda el documento.
Detalla que el informe contiene datos para verificar si
existe una versión de los hechos confiables y, de ser posible, identificar las
omisiones y negligencias en las investigaciones materiales en general, así como
en la localización e investigación del paradero de los 43 estudiantes hasta
ahora desaparecidos forzadamente.
También, verificar cuáles han sido las acciones
institucionales desplegadas para proporcionar atención a las víctimas sobrevivientes,
así como a los familiares de todos los estudiantes que sufrieron estos
reprochables hechos.
En cuanto a las acciones realizadas para establecer contacto
con las víctimas directas o indirectas, aclara que se ha visto imposibilitada
para tener comunicación abierta con ellas.
Dentro de las acciones, se encuentran comunicaciones
electrónicas formales con las organizaciones de la sociedad civil como el
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, la Red Guerrerense de
Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez que están acreditados como sus representantes legales ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las cuales no se ha recibido
alguna respuesta escrita.
Se ha mantenido contacto directo con algunos de los
integrantes de dichas organizaciones, principalmente, el Centro de Derechos
Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez.
La comisión especial detalla que a pesar de que se han
llevado a cabo acciones para tener un acercamiento con las víctimas y sus
representantes legales, “nos encontramos frente a la falta de anuencia de las
propias víctimas y su desconfianza fundada frente al aparato del Estado en su
conjunto”.
Menciona que las reuniones planeadas con las autoridades de
la Escuela Normal Rural, los estudiantes sobrevivientes, los familiares de los
estudiantes y las organizaciones de la sociedad civil que les acompañen “no se
han desahogado”; sin embargo, afirma, “seguiremos llevando a cabo acciones para
establecer comunicación formal con las víctimas”.
En el documento, la comisión especial precisa que quedan
pendientes diligencias, en particular, la reunión con las víctimas de los
hechos; con el director y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa
“Raúl Isidro Burgos”; con representantes legales de las víctimas ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos; con los secretarios de la Defensa
Nacional y de Gobernación, así como con el Procurador General de la República y
el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y el
Comisionado Nacional de Seguridad Pública.
También, con el gobernador interino y el Fiscal General de
Justicia de Guerrero; con el presidente relator Ariel Dulitzky del grupo de
trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; realizar
una inspección ocular en el lugar de los hechos, acompañados de personal de
servicios periciales; reunión con el equipo argentino de Antropología Forense
que ha coadyuvado en las investigaciones, así como recibir la información
pendiente solicitada a las diferentes autoridades.
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