• Denuncian que desde las cuatro de la mañana estaban haciendo fila para entregar sus muestras al laboratorio; muchos de retiraron enojados tras esperar largas horas bajo el sol
• Señalan que el personal estaba “en paro de labores” al parecer porque no les están dando el equipo médico necesario ni las vacunas anticovid.

Mérida, Yucatán.- Derechohabientes del ISSSTE Lindavista mostraron su inconformidad este martes porque desde las cuatro de la mañana estaban realizando fila para entregar sus muestras al laboratorio pero pasada las ocho de la mañana no habían abierto y después se enteraron que había “paro” de labores porque el personal estaba protestando por falta de equipos para laboran en medio de la pandemia del #COVID19.

Según los testimonios los derechohabientes de todas las edades hicieron presencia para solicitar su ficha de atención en el consultorio asignado de Medicina Familiar o para entregar muestras para análisis clínicos.

--“Qué pasa al ISSSTE señor gobernador y presidente, no que no pasa nada? y con pandemia así nos tienen, señaló el derechohabiente Cruz Ravell Cen en su perfil de Facebook.

María Macrina Angulo Quijano publicó: “Buen día, compartan por favor en clínica Lindavista del ISSSTE no hay servicio ni personal dando atención la gente amontonadas”.

--“ 8:15 hrs y aún no abren... Aahhh pero no vayas a llegar tú rayando en punto de tu cita porque ya la cancelaron con el argumento de que debes llegar 15 mins antes...

Otra cosa, como carajos no vas a llegar con 37 o más de temperatura si ya estuviste una hora o más en el sol de Mérida... Que ya está que te quema....”, señaló Diany Manzanilla.

Otro derechohabiente, Carlos Hernán Ortegón González, posteó enojado: No puede ser que ya son las 8.15 de la mañana y no han abierto el ISSSTE. La gente desde 4 am están esperando”.

--“Pero hoy, cuando dieron las ocho, oh sorpresa!!!.., las puertas permanecieron cerradas y aun cuando los derechohabientes veían a través de los cristales de las puertas al personal médico, enfermeras e incluso al personal de intendencia y de vigilancia, nadie tuvo la "delicadeza o la atención" de informar por qué no iniciaba la atención”, expuso otro derechohabiente.

Manifestó que los que esperaban a las puertas golpearon los cristales, a gritos pedían la atención y todo se fue al bote de basura. Los de adentro los ignoraron, ni caso les hicieron. 

--“Algunos gritaron que si esta es la atención digna que tanto anuncian el gobernador y el presidente de la República y sus gritos se perdieron Poco a poco, con sus males a cuestas los derechohabientes se retiraron”, dijo el testigo. 

Cuando ya eran alrededor de las nueve de la mañana, y la mayoría empezaba a retirarse, circuló un rumor de que el personal estaba “en paro de labores” al parecer porque no les están dando el equipo médico necesario ni las vacunas anticovid.

Los frustrados pacientes que esperaban afuera, comentaron que no están en contra de que luchen por sus derechos, sino en la falta de cortesía, de empatía y de respeto hacia los derechohabientes quienes, con sus impuestos, pagan los sueldos de los trabajadores del Instituto.

• La relevancia subyace en que se privilegia la entrega de la información relativa a la denuncia presentada, al tratarse de hechos relacionados con posibles actos de corrupción: Josefina Román Vergara, Comisionada del INAI
• La entrega del Dictamen de Integridad Física implica que prevalece el interés público, ante la naturaleza de la información que, en principio es considerada como un dato personal sensible, expuso

Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) debe dar a conocer la denuncia presentada por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, contra diversas personas por delitos asociados al caso Odebrecht; asimismo se debe entregar el Dictamen de Integridad Física que se le realizó al exfuncionario al llegar al país, luego de ser extraditado de España, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI).

--“La relevancia de estos dos casos subyace en que se privilegia la entrega de la información relativa a la denuncia presentada, porque se actualiza la excepción de la reserva al tratarse de hechos relacionados con posibles actos de corrupción y la entrega del Dictamen de Integridad Física, que implica que prevalece el interés público, ante la naturaleza de la información que, en principio es considerada como un dato personal sensible”, expuso la Comisionada Josefina Román Vergara.

Ante el Pleno del INAI, la Comisionada enfatizó que estas resoluciones son un referente para que impere el derecho de acceso a la información pública, pues resulta relevante que la sociedad pueda conocer información trascendente para la vida democrática del país.

--“El asunto en cuestión representa una relevancia indiscutible para la sociedad mexicana, pues la corrupción es uno de los problemas que más aquejan a nuestro país. En cifras oficiales del INEGI, resultado de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 56.7% de la población de 18 años y más considera que la corrupción es uno de los problemas más importantes que enfrenta la entidad federativa donde reside, sólo por detrás de la inseguridad y la delincuencia”, señaló.

La Comisionada Josefina Román Vergara presentó ante el Pleno del INAI dos recursos de revisión estrechamente relacionados. En el RRA 12232/20, la particular se inconformó con la clasificación de la denuncia y anexos presentados por Emilio Lozoya el 11 de agosto de 2020, mientras que en el RRA 12252/20, el solicitante señaló que el archivo proporcionado se encontraba en un formato inaccesible.

En el análisis del recurso RRA 12232/20, la ponencia de la Comisionada Josefina Román Vergara advirtió que si bien la denuncia del 11 de agosto de 2020 actualiza en principio la reserva invocada con fundamento en el artículo 110, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que podrá clasificarse como información reservada aquella que se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; sin embargo, en este caso el documento requerido describe hechos o actos de corrupción atribuibles a ex servidores públicos, por lo que el interés público de que se difunda es mayor a la reserva, dado que trasciende a la rendición de cuentas y a la gestión pública.

Ante la colisión de derechos que plantea el presente recurso de revisión, el Instituto efectuó una prueba de interés público de acuerdo con los elementos establecidos en la Ley: idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

En cuanto a la idoneidad determinó que existe una trascendencia social del caso relacionado con la información requerida, pues los ex servidores públicos desempeñaron altos cargos y además se les atribuyen posibles actos de corrupción.

Sobre la necesidad indicó que el acceso a dicha información es una aportación a la rendición de cuentas, pues abona al conocimiento de la sociedad sobre la actuación de la FGR para el esclarecimiento de hechos, conductas u omisiones posiblemente sancionables de los servidores públicos, que impactan al Estado mexicano.

Respecto a la proporcionalidad señaló que divulgar la información requerida permite conocer si la FGR toma las medidas necesarias para vigilar que las conductas y desempeño de los servidores públicos en el ejercicio de sus encargos, sean acorde a la normatividad, por ende, se justifica debido a que se satisface el interés público de valorar el desempeño, la eficiencia y eficacia del sujeto obligado.

En este orden de ideas, la ponencia determinó que no se podrá clasificar como confidencial el nombre de los ex servidores públicos ni de personas físicas a quienes se les atribuyen los presuntos actos de corrupción, números de cuenta bancaria ni CLABE interbancaria y/o información financiera de entes públicos, cantidades monetarias que reflejen el flujo de recursos públicos o recursos de índole privado entregados a ex servidores públicos

Además, consideró que se vulneró el derecho de acceso a la información de la particular, al no informar que la denuncia no cuenta con anexos, por lo que el sujeto obligado deberá informar lo conducente a la recurrente, indicando los razonamientos por los cuales no cuenta con éstos.

En el análisis del recurso RRA 12252/20, la ponencia determinó que la clasificación del Dictamen de Integridad Física debe superarse por la importancia que tiene para la sociedad difundir información relacionada con un ex servidor público al que se le atribuyen presuntos hechos o actos de corrupción.

Por lo que el interés público de que se difunda es mayor a la reserva y la confidencialidad, dado que trasciende a la rendición de cuentas y a la gestión pública, considerando que por dichos resultados médicos se determinó su internamiento hospitalario privado y no un internamiento en hospitales públicos o en su defecto, su inmediata puesta a disposición de las autoridades.

Aunado a lo anterior, resulta procedente la apertura del dictamen de integridad física, practicado a Emilio Lozoya, el día 17 de julio de 2020, cuando ingresó al país extraditado de España, pues la solicitud es sobre un ex servidor público que se vincula a presuntos actos de corrupción relativos a la empresa de construcción Odebrecht.

El Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la FGR y le instruyó notificar al solicitante que la denuncia del 11 de agosto de 2020 no contiene anexos, indicando para tales efectos, los razonamientos por los cuales esa información no obra en sus archivos y proporcione la denuncia presentada por Emilio Lozoya.

Asimismo, revocó la respuesta de la FGR y le instruyó entregar en versión publica el Dictamen de Integridad Física, realizado a Emilio Lozoya al momento de ingresar al país, tras ser extraditado de España; no se podrá clasificar el nombre, el resultado de la valoración médica, así como el médico legista que certificó dicho documento.

• Mediante publicaciones engañosas, se busca obtener dinero y/o los datos personales de potenciales compradores de tanques de oxígeno y otros insumos
• El INAI recomienda no proporcionar información personal ni bancaria, a través de redes sociales

Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) alerta sobre engaños en redes sociales en la venta de tanques de oxígeno y otros insumos de alta demanda durante la emergencia sanitaria por COVID-19, con la finalidad de obtener dinero y/o los datos personales de potenciales compradores.

Entre las principales consecuencias de este tipo de engaños se encuentran las pérdidas financieras, el tratamiento indebido de cuentas y/o datos personales y la comisión de probables conductas delictivas como la usurpación de identidad.

Ante esta situación, el INAI recomienda llevar a cabo las siguientes acciones:

• Evitar ingresar a sitios web a través de enlaces que se reciben por correo electrónico, servicios de mensajería o publicaciones en redes sociales; se sugiere teclear la dirección directamente en el navegador.
• Comprobar que la página web de la empresa es una dirección segura, para ello, se debe observar que empiece con https:// y un pequeño candado cerrado en la barra de estado del navegador. 
• Evitar proporcionar información personal, en especial, financiera o bancaria, a través de las redes sociales.  
• Denunciar ante el INAI cualquier tratamiento indebido de los datos personales que se detecte, para impedir que otras personas sean víctimas de este tipo de engaños. TELINAI (800 835 4324). 
• Seguir estas recomendaciones disminuirá los riesgos de ser víctimas de ciberdelincuentes que comparten publicaciones engañosas, mediante sus perfiles de redes sociales.

Para más información sobre cómo proteger los datos personales, recomendamos visitar los micrositios creados por el INAI: Datos Personales Seguros. COVID-19 e Identidad Segura.

• Elementos de la SSP lo detuvieron apoyados por agentes del Estado de México y lo trajeron en avioneta a Yucatán para enfrentar a la justicia; no se ha determinado el móvil

Mérida, Yucatán.- Agentes de la policía yucateca detuvieron en el Estado de México a Ernesto A.E.P. quien presuntamente accionó el arma para cegar con siete balazos la vida a Jesús Damasco Contreras alias “El Chuy” en el fraccionamiento Las Américas el pasado 23 de febrero. Antes fue detenido Daniel A.P., también mexiquense, quien proporcionó el vehículo en el que huyeron de la escena del crimen.

No se ha determinado la causa del asesinato porque ambos sujetos se reservaron el derecho a declarar y después de la solicitud de los fiscales de vincularlos a proceso penal, se acogieron a la duplicidad del término constitucional que es de 144 horas para resolver su situación jurídica. 

Lo que sí informaron los titulares de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, y el Fiscal General del Estado, Juan Manuel León León, es que con la aprehensión de los dos probables imputados en el delito de homicidio calificado, cometido el pasado día 23 en el fraccionamiento Las Américas, el Gobierno del Estado de Yucatán ratifica su compromiso con la seguridad publica y la procuración de justicia.

Precisaron que el primer detenido, Daniel A.P, fue quien proporcionó a su cómplice la camioneta asegurada en Dzityá, que es una Hyundai Creta color blanco, con placas de circulación de Yucatán.

Por su parte, Ernesto A.E.P. fue quien ejecutó el asesinato disparándole a la víctima en varias ocasiones.

La policía señaló que Daniel A.P. ha estado indiciado y consignado por delitos patrimoniales, extorsión y uso de documentos falsos, así como violencia familiar. Igualmente se vio involucrado en el delito de sustracción de menores, todos cometidos en otras entidades.

Por su parte, Ernesto A.E.P. ha estado involucrado en actividades de extorsión y agresiones.

Luego que arribó el detenido en el aeropuerto internacional de la ciudad, fue trasladado de inmediato al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Mérida e imputado.

En la audiencia presidida por la Jueza de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Elsy del Carmen Villanueva Segura,  atendiendo lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público comunicó al detenido que iniciaron una investigación (formulación de imputación), acorde con los siguientes hechos: 

--“Que el día 23 de febrero, aproximadamente a las 7:45 horas, el hoy imputado, en común acuerdo con otra persona, con un arma de fuego privó de la vida a la hoy víctima.”

En la misma audiencia realizada el día de hoy, el ahora imputado se reservó su derecho a declarar y después de la solicitud de los fiscales de vincularlo a proceso penal, se acogió a la duplicidad del término constitucional que es de 144 horas para resolver su situación jurídica. 

Ante esta solicitud, la Jueza de control Villanueva Segura fijó el próximo viernes 5 de marzo para la continuación de la audiencia en la que determinará si continúa el proceso en su contra.

Por último, la jueza de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso penal.

iciaron la investigación, cuidando siempre el debido proceso, hasta obtener, con base en los datos de prueba, la orden de aprehensión emitida por el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.

• A pesar de que hay nuevos datos positivos sobre la eficacia de las vacunas para disminuir la infección y la transmisión, es necesario mantener el control sobre el virus a través de las medidas de control e higiene, aseguraron los expertos de la agencia de la ONU para la salud, recordando que las inmunizaciones por sí solas no acabaran con la pandemia.

​Ginebra. Acabar completamente con el COVID-19 en 2021 es poco realista, pero si es posible reducir las muertes y las hospitalizaciones si se utilizan las vacunas de manera inteligente e igualitaria, aseguró el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud este lunes.

Michael Ryan, detalló que a pesar de que hay nuevos datos positivos y “muy alentadores” sobre la eficacia de las vacunas para disminuir la infección y la transmisión, es necesario mantener el control sobre el virus.

--“Sería prematuro y poco realista pensar que deberíamos acabar con este virus antes de fin de año, pero lo que sí podemos, si lo hacemos, es acabar con las hospitalizaciones y las muertes, y la tragedia asociada a esta pandemia”, expresó.

Agregó que es necesario analizar más ampliamente los datos sobre cada una de las vacunas y cómo funcionan para para disminuir el riesgo de que las personas se infecten y puedan transmitir el virus.

--“Si las vacunas comienzan a tener un impacto no solo en las muertes y hospitalizaciones, sino que también tienen un impacto significativo en el riesgo de transmisión, entonces creo que nos acelerará hacia el control de esta pandemia”,

Ryan explicó que la OMS está centrada en mantener lo más bajo posible el número de contagios para evitar posibles mutaciones del virus y en proteger a la población de riesgo en todo el mundo compartiendo las vacunas disponibles. “Ahora mismo el virus está en control”, dijo.

Un progreso amenazado

No obstante, durante la semana pasada, el número de casos de COVID-19 a nivel mundial volvió aumentar por primera vez en mes y medio, informó el director de la Organización, Tedros Adhanom Gebreyesus.

Los casos notificados aumentaron en cuatro de las seis regiones: América, Europa, Asia sudoriental y el Mediterráneo oriental.

“Esto es decepcionante, pero no sorprendente. Estamos trabajando para comprender mejor estos aumentos en la transmisión. Parte de esto parece deberse a la relajación de las medidas de salud pública, la circulación continua de variantes y la gente que baja la guardia”, explicó el doctor Tedros, recordando que a pesar de que las vacunas ayudan a salvar las vidas no se puede depender solo de ellas.

--“Están cometiendo un error.  Las medidas básicas de salud pública siguen siendo la base de la respuesta”, dijo.

Para las autoridades de salud pública, eso significa pruebas, rastreo de contactos, aislamiento, cuarentena asistida y atención de calidad; y para las personas, significa evitar multitudes, distanciamiento físico, higiene de manos, mascarillas y estar en lugares con buena ventilación.

--“Se trata de una crisis mundial que requiere una respuesta mundial coherente y coordinada”, repitió el director.

La epidemióloga Maria Van Kerkhove por su parte se hizo eco de las palabras de Tedros, y dijo que, si los aumentos de la última semana demuestran algo, es que el virus puede recuperar y resurgir a los niveles de 2020.

--“Esto es una advertencia severa para todos nosotros de que este virus se recuperará si lo dejamos. Y no podemos permitirlo. La transmisión se ha reducido a números muy bajos y no podemos dejar que aumente, especialmente cuando tenemos vacunas en marcha. Limiten su contacto con los demás, sacrifiquen las reuniones sociales, usen mascarillas, eviten las multitudes”, reiteró la experta.

Despliegue de vacunas en Ghana y Côte d'Ivoire

La Organización Mundial de la Salud también informó este lunes que ya comenzaron las primeras campañas de vacunación en Ghana y Côte d'Ivoire con las inmunizaciones enviadas por el mecanismo COVAX, la iniciativa para la distribución equitativa de estas herramientas de salud.

Las vacunas para ambos países de bajos ingresos fueron financiadas por donantes; Ghana recibió 600.000 dosis; y Côte d'Ivoire, 504.000 de la vacuna de AstraZeneca.

--“Este importante hito permitirá a Ghana volver a abrirse y a reconstruir nuestra economía aún más fuerte que antes", declaró el presidente del país Nana Akufo-Addo.

Las entregas marcan el comienzo de lo que será el lanzamiento mundial de vacunas más grande, rápido y complejo de la historia. En total, COVAX tiene como objetivo entregar al menos 2000 millones de dosis de vacunas COVID-19 para fines de 2021, incluidos al menos 1,3 mil millones a las 92 economías elegibles para recibir donativos a través de esta iniciativa que pretende una distribución equitativa de las inmunizaciones.

--“Este es un día con el que muchos de nosotros hemos estado soñando y trabajando durante más de 12 meses. Es gratificante ver el fruto de esa labor. Pero el éxito aún está por llegar. Este es solo el comienzo de lo que COVAX se estableció para lograr. Nos queda mucho por hacer para hacer realidad nuestra visión de comenzar la vacunación en todos los países de los primeros 100 días del año. Solo quedan 40 días", dijo Tedros.

Este lunes, Colombia también recibió un cargamento de 117.000 dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, y se convirtió en el primer país en acceder a las vacunas de COVAX a través del mecanismo de autofinanciación en América Latina.

• Este lunes aterrizó en Bogotá un cargamento inicial con 117.000 dosis de la vacuna de Pfizer como parte de un programa piloto de la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para la distribución equitativa de inmunizaciones. Perú, El Salvador, y Bolivia siguen en la lista para recibir los próximos envíos. COVAX entregará unos 280 millones de dosis en la región en 2021.

Nueva York.- Colombia se convirtió este lunes en el primer país de América Latina, y en general de la región de las Américas, en recibir dosis de las vacunas COVID-19 a través del Mecanismo COVAX*, un paso histórico hacia el objetivo de garantizar una distribución equitativa de estas herramientas contra la enfermedad, informó la Organización Panamericana de la Salud.

La entrega forma parte de la iniciativa “Primera Ola”, un programa piloto global para recibir anticipadamente una cantidad limitada de dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech dentro del total de su cuota asignada. Se espera que más dosis de esta y de las vacunas de AstraZeneca/Oxford lleguen en las próximas semanas a los 36 países participantes del mecanismo en la región.

--“Colombia, con el apoyo de los socios de COVAX, ha trabajado increíblemente duro para estar en condiciones de recibir su primera oleada de vacunas de COVAX y rindo homenaje a todos los que se han preparado diligentemente para esta llegada”, expresó en un comunicado el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros aseguró que la entrega significa que más trabajadores de la salud y poblaciones de alto riesgo pueden comenzar a ser vacunados.

“La pandemia de COVID-19 sólo puede terminar si la vacunación se produce de forma equitativa y estoy realmente encantado de ver que las dosis de vacunas comienzan a distribuirse esta semana a través de COVAX en Sudamérica y otras regiones", dijo

Las 117.000 dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech que llegaron el lunes al Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá, la capital del país, marcan el inicio del despliegue de las vacunas obtenidas a través de COVAX en América Latina, pocos días después de cumplirse un año de la detección del primer caso en la región.

--“Hoy se marca un hito muy importante, hoy COVAX hace su primera entrega en el hemisferio occidental y el primer país en recibirla es Colombia. Agradecemos el trabajo conjunto, combinado y articulado (con la OPS, la OMS, la Alianza de Vacunas Gavi y los socios de COVAX)”, señaló el presidente del país, Iván Duque, durante un evento para celebrar la llegada de las vacunas.

Según Duque, Colombia ha apostado al multilateralismo, y afirmó que con la primera entrega en la región “queda corroborado que COVAX está activo y funciona”.

--“Llamo a todos a acelerar la distribución de las vacunas a través de COVAX en las Américas”, agregó el mandatario.

Un trabajo que ya había comenzado

Las nuevas vacunas se sumarán a la campaña de vacunación que el Gobierno de Colombia inició el 17 de febrero con dosis de las vacunas obtenidas a partir de acuerdos bilaterales con los productores. Colombia espera recibir 20 millones de dosis de vacunas a través del Mecanismo COVAX en 2021.

Según la Organización Panamericana de la Salud, con más de 50 millones de casos confirmados y más de 1,2 millones de muertes, los países de las Américas han vivido el peor impacto de la pandemia. La región requerirá inmunizar a aproximadamente 700 millones de personas para controlar la emergencia.

--“La llegada de estas primeras dosis a Colombia a través del Mecanismo COVAX es un paso esperanzador en el combate de este virus en las Américas. En un contexto donde la disponibilidad de dosis es todavía muy limitada, la OPS seguirá apoyando los grandes esfuerzos de los países de la región por obtener vacunas lo antes posible y tantas como sea posible”, afirmó su directora, Carissa F. Etienne.

Además de Colombia, se espera que Perú, El Salvador y Bolivia reciban próximamente vacunas de Pfizer/BioNTech como parte de la iniciativa “Primera Ola” de COVAX. Los países deben finalizar los requerimientos administrativos, legales y reglamentarios para avanzar en el proceso.

Igualmente, y tras la reciente inclusión en la lista de uso en emergencias de la Organización Mundial de la Salud de dos versiones de la vacuna de AstraZeneca/Oxford contra la COVID-19, se espera que todos los países de América Latina y el Caribe comiencen a recibir las primeras dosis de estas vacunas a través de COVAX a partir de marzo, si se cumplen todas las condiciones necesarias. Estas vacunas son producidas por AstraZeneca-SK Bioscience (República de Corea) y el Serum Institute de la India.

En la primera fase, todos los países recibirán dosis para vacunar a entre el 2,2 y el 2,6% de su población, según lo designado por el productor. Las únicas excepciones son los pequeños Estados insulares en desarrollo que por su tamaño recibirán una proporción de entre el 16 y el 20% de su población, debido al alto costo logístico de entregar pequeñas cantidades de vacunas.

El acceso a las vacunas a través de COVAX aumentará de manera constante mes a mes y se espera que lleguen alrededor de 280 millones de dosis a las Américas y el Caribe para fines de 2021.

Las medidas de salud deben continuar

Hasta que vacunación esté ampliamente extendida entre la población, las medidas básicas de salud pública siguen siendo la base de la respuesta a la pandemia, recordó la Organización haciéndose eco de las palabras de Tedros Adhanom Gebreyesus este lunes durante su conferencia bisemanal.

--“Para las autoridades de salud pública, esto significa continuar con la realización de pruebas de detección, seguimiento de contactos, aislamiento, cuarentena asistida y atención de calidad. Y para las personas, significa seguir practicando el distanciamiento físico, la higiene de las manos, el uso de mascarillas, la ventilación de los espacios y evitar las aglomeraciones”.

*COVAX es parte de un esfuerzo global sin precedentes para suministrar vacunas para al menos el 20% de la población de cada país participante durante 2021, con el fin de proteger a las personas en mayor riesgo de presentar formas graves de COVID-19 y salvar vidas. En las Américas, 36 países recibirán vacunas a través del Mecanismo COVAX, de los cuales 26 lo harán con financiamiento propio y diez lo harán sin costo.

El Fondo Rotatorio de la OPS es el mecanismo designado por COVAX para adquirir las vacunas en nombre de los países de la región.

COVAX está codirigido por Gavi, la Alianza para las Vacunas, OMS y la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante las Epidemias (CEPI), y trabaja en asociación con UNICEF, el Fondo Rotatorio de la OPS, así como con el Banco Mundial, organizaciones de la sociedad civil, fabricantes y otros.

• El llamado llega tras la falta de respuesta del Gobierno ruso, previo vencimiento de una cláusula de confidencialidad de 60 días, a una carta enviada por estas expertas a finales de diciembre a las autoridades rusas, donde se incluían las pesquisas de cuatro meses sobre el envenenamiento de Navalny en agosto pasado.

París, Francia.- Dos relatoras especiales de la ONU pidieron este lunes la apertura urgente de una investigación internacional tras el envenenamiento que sufrió el opositor ruso Alexei Navalny el pasado 20 de agosto, así como su liberación inmediata de prisión.

Las expertas sospechan que la agresión podría haberse efectuado para lanzar el mensaje de que cualquier crítico con el Gobierno sufriría similares consecuencias.

--"Creemos que el envenenamiento de Navalny con Novichok podría haberse llevado a cabo deliberadamente para enviar una clara y siniestra advertencia de que ese sería el destino de cualquiera que criticara y se opusiera al Gobierno. El Novichok se eligió precisamente para causar miedo", dijeron Agnès Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, e Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

 La petición de las expertas y su llamado a la investigación internacional llega tras la falta de respuesta del Gobierno ruso, previo vencimiento de una cláusula de confidencialidad de 60 días, a una carta enviada a finales de diciembre a las autoridades rusas donde se incluían las pesquisas de cuatro meses sobre el envenenamiento de Navalny en agosto de 2020.

 Las pruebas toxicológicas realizadas en Alemania, Francia, Suecia y por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) determinan que Navalny fue envenenado con una nueva variante del agente nervioso Novichok del  tipo que fue elaborado inicialmente por la Unión Soviética y luego por Rusia.

 En la misiva a las autoridades, las expertas detallan las pruebas que apuntan a la muy probable implicación de funcionarios del Gobierno en el envenenamiento, presumiblemente de alto nivel.

 Las expertas recuerdan en la carta que en el momento del intento de asesinato Navalny estaba sometido a una estrecha vigilancia por parte del Gobierno, una situación “que hace improbable que una tercera persona pudiera haber administrado una sustancia química tan prohibida sin el conocimiento de las autoridades rusas".Por ello señalan que el uso del agente nervioso vulnera los compromisos de Rusia en virtud de la Convención sobre Armas Químicas.

 --“Estaba destinado a matar a Navalny y, como tal, constituye una violación de la prohibición de los asesinatos arbitrarios. A causa del dolor físico y al sufrimiento infligido a la víctima, puede constituir una forma de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". 

Una tendencia que se repite durante las últimas décadas

Las relatoras consideran que el ataque que sufrió el opositor ruso se enmarca en una tendencia más extendida y observada a lo largo de varias décadas, de asesinatos arbitrarios e intentos de asesinato de ciudadanos rusos y de críticos con el Gobierno, tanto dentro de Rusia como en el extranjero.

--"Este patrón requiere una respuesta enfática y persistente por parte de la comunidad internacional para proteger los derechos fundamentales a la vida y a la libertad de expresión que están en la base de los derechos humanos internacionales", destacaron.

 A su vez, señalaron que negar la responsabilidad del acto en sí mismo, no librar al Gobierno ruso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos

 --“Incluso en el improbable caso de que un tercero pudiera haber cometido de algún modo este acto, Rusia habría incumplido su obligación de proteger la vida de Navalny frente a esos agentes no estatales".

Navalny, víctima de diversas agresiones

Las dos relatoras recordaron que durante los últimos años Navalny ha sido objeto de numerosos ataques físicos, incluyendo al menos otros dos intentos de envenenamiento.

--"Hasta ahora, el Gobierno no ha presentado ninguna prueba de que se haya realizado una evaluación adecuada de las amenazas a las que se enfrentaba Navalny y de que, como resultado de esta, las autoridades competentes le hayan proporcionado la protección necesaria para prevenir o minimizar los riesgos para su seguridad”, evidencian.

 Añadieron que "desde agosto de 2020, hemos pedido al Gobierno que garantice que se lleve a cabo con prontitud una investigación creíble y transparente, que respete las normas internacionales, y que haga públicas las conclusiones. Su respuesta hasta la fecha se queda corta. Algunos funcionarios del Gobierno incluso han desestimado públicamente lo ocurrido a Navalny como una actuación orquestada contra el país”.

 Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

• Expertos de la ONU en derechos humanos aseguran que la decisión pone en duda de forma innecesaria la legitimidad del proceso democrático en Europa y no concuerda con el conocimiento científico actual. Los expertos esperan que este fallo sea temporal y se  revoque posteriormente.

Nueva York.- El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el relator* especial encargado de este mismo asunto se unieron en calificar de “revés decepcionante” el reciente fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que permite prohibir el voto a las personas que carezcan del nivel requerido de habilidades mentales.

Tanto el Comité como el experto esperan que la decisión sea temporal y que la Gran Sala del Tribunal tenga la oportunidad de reconsiderar el caso, señalan en un comunicado conjunto emitido por el Consejo de Derechos Humanos.

Si es fuera, esperan que la Gran Sala pueda replantearse el cambio de paradigma que ha supuesto la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y lo fundamental que el derecho de voto es para la legitimidad del proceso democrático.

--"En la actualidad parece haber una considerable disparidad en la forma en que muchas partes del Consejo de Europa aborda la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad", dijo Gerard Quinn, relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Por ejemplo, “aproximadamente al mismo tiempo que la sentencia del Tribunal, el Comité Europeo de Derechos Sociales emitió una decisión importante que promueve significativamente la causa de la educación inclusiva para niños con discapacidades en toda Europa”.

Los expertos de la ONU dijeron que la corte había aceptado con demasiada facilidad las restricciones gubernamentales de que solo las personas con las "habilidades mentales" necesarias podían votar.

La decisión no concuerda con el saber científico

--"En pocas palabras, esto no concuerda con la comprensión científica moderna de la toma de decisiones humana, incluso durante las elecciones", dijeron.

Citando el informe pionero de 2015 del Banco Mundial, "Mente, sociedad y comportamiento", los expertos dijeron que la mayor parte de la toma de decisiones, incluida la votación, no depende de la capacidad racional.

Explicaron que las llamadas pruebas de equilibrio no son apropiadas cuando se trata del derecho al voto y aseguraron que limitar el derecho a votar a quienes tienen las habilidades mentales requeridas “ya no es un propósito legítimo”.

También dijeron que la privación del derecho al voto de una discreta minoría insular coloca innecesariamente un signo de interrogación sobre la legitimidad del proceso democrático.

Finalmente, señalaron que la jurisprudencia compensatoria del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU merece un tratamiento más completo ante la Gran Sala.

Gerard Quinn, relator especial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, forma parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

• Fuera de lugar, descalificaciones del Presidente de la República respecto de la información ofrecida por ASF
• “Evitemos la polarización y la descalificación en estos momentos donde las instituciones autónomas y fuertes, son necesarias para el progreso de nuestro país”: Ruth Salinas

Ciudad de México- La Auditoría Superior de la Federación es un órgano fundamental de la democracia mexicana y un contrapeso en la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos, afirmó el Grupo Parlamentario de MC. 

Las descalificaciones del Presidente de la República respecto de la información ofrecida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) están fuera de lugar en un país de instituciones y sólo politizan y entorpecen el proceso de fiscalización, sostuvo la bancada en un comunicado. 

El proceso de fiscalización superior sigue plazos y etapas claramente establecidas en la ley. La Auditoría no puede “retractarse”, como se ha interpretado a partir de un comunicado emitido por ésta.

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación contempla procedimientos, etapas y plazos para realizar aclaraciones a las auditorías y observaciones que emite la ASF y para solventar las mismas, señaló la diputada Ruth Salinas Reyes (MC), secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. 

“En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que la Auditoría Superior de la Federación es un órgano fundamental de la democracia mexicana y un contrapeso en la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos en todos los órdenes de gobierno; su trabajo ha contribuido a la profesionalización y al mejoramiento de prácticas en todos los sectores de gobierno”, dijo la diputada durante la reunión de la citada comisión con funcionarios de la ASF.

Según documentos entregados a la Cámara de Diputados el pasado 20 de febrero, la Auditoría determinó que el costo total de la cancelación del proyecto de inversión del nuevo aeropuerto de Texcoco, sería de al menos 331 mil 996 millones 517 mil 600 miles de pesos, lo que provocó que distintas voces del Gobierno Federal, incluida la del presidente de la República, denostaran la labor fiscalizadora de la Auditoría alegando “otros datos”. 

Salinas Reyes cuestionó a los auditores sobre las supuestas discrepancias entre la información que entregó la Auditoría el pasado 20 de febrero y el comunicado del 22 del mismo mes por parte del Auditor Especial.

De tratarse de un error por parte de la Auditoría, es sumamente grave que se haya presentado en revisiones anteriores y que los resultados de las Cuentas Públicas anteriores sean inexactos. Por ello, conviene aclarar si éste únicamente se presentó en la revisión de la Cuenta Pública de 2019 y por qué razón varió la metodología utilizada con respecto de las Cuentas anteriores.

La diputada cuestionó también en qué otras estimaciones, dentro de la revisión de la Cuenta Pública 2019, fue utilizada la metodología fallida.

“Hoy más que nunca necesitamos respetar como institución a la Unidad que forma parte de la Cámara de Diputados, y conmino a esta Unidad a que, a partir de esta reunión nos siga nutriendo con la información que requerimos para continuar los trabajos de revisión presentados. Evitemos la polarización y la descalificación en estos momentos donde las instituciones autónomas y fuertes, son necesarias para el progreso de nuestro país”.

• El diputado del PAN advierte que alumnos no pueden migrar al sector educativo público porque no hay lugares
• Demanda al presidente Andrés Manuel López Obrador dar instrucciones para que SEP o SHCP faciliten apoyos a estos centros educativos

Ciudad de México.- El diputado Rigoberto Mares Aguilar (PAN) lamentó que miles de estudiantes de escuelas privadas vayan a perder su ciclo escolar y niveles de aprendizaje, por cierres ante falta de apoyos.

“Y no pueden migrar al sector educativo público porque no hay lugares, no sirven las plataformas en línea y mucho menos existe garantía de calidad educativa”, aseveró en un comunicado.

“Para Acción Nacional resulta muy doloroso ver cómo empresas, negocios y ahora escuelas particulares van a cerrar para siempre por la pandemia, pero también debido a la subestimación de ayudar y facilitarles apoyos o incentivos económicos que les permita salir adelante”, comentó.

La Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) reportó en enero que alrededor de 20 mil escuelas privadas agremiadas quebraron y será difícil que vuelvan a abrir, arrastrando con ello empleos, sus matrículas y aprovechamiento escolar.

Éste último es un aspecto importante debido a las malas calificaciones que México ha tenido en evaluaciones internacionales como Pisa, que ha posicionado al país en los últimos en asignaturas como matemáticas.

“Demandamos al presidente Andrés Manuel López Obrador entrar al quite y dar instrucciones para que la SEP o la Secretaría de Hacienda puedan facilitar apoyos para estos centros educativos”.

Otra manera, propuso Mares Aguilar, es firmar un convenio con la ANEP para generar estímulos que les permitan abrir, retener nómina y recuperar alumnado.

Además, ante la disyuntiva de abrir o no, el Estado tiene la obligación de no dejar perder núcleos generadores de empleo como son las escuelas privadas que hacen una gran y loable labor por formar buenos mexicanos.

“El Gobierno debe impulsar también apoyos para los padres de familia, porque no pueden pagar los estudios privados de sus hijos y quieren que regresen a estudiar”, concluyó el diputado.

En un comunicado, informó que a través de una iniciativa propone reformar el artículo 19 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y puedan destinarse 10 mil millones de pesos para los polos turísticos y Pueblos Mágicos en México.

Subrayó que esta modificación es en materia de infraestructura y equipamiento de zonas turísticas de promoción a nivel nacional e internacional y de Pueblos Mágicos.

La legisladora por Quintana Roo refirió la importancia que el sector turístico guarda con el crecimiento del país, por lo que propone asignar alrededor de 10 mil millones de pesos del ramo 21, del Presupuesto de Egresos de la Federación con el firme objetivo de impulsar las zonas turísticas.

Detalló que la iniciativa pondera la importancia del sector turístico, siendo ésta una de las actividades fundamentales para el desarrollo económico y social del país, ya que es un medio para generar empleos directos e indirectos.

“El turismo guarda estrecha relación con otros sectores como la agricultura, la construcción, el transporte y los negocios locales, así como el procesamiento de alimentos”, externó Palma Olvera.

Informó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la población ocupada en el sector turístico de México ascendió a 4 millones 488 mil empleos directos en el periodo de enero a marzo de 2020, cifra que representa el 8.9% del empleo nacional.

Señaló que los empleos que genera esta actividad permiten mejorar y elevar la calidad de vida de los habitantes de las zonas turísticas y el desarrollo de la sociedad en general del país, permitiendo que el crecimiento y desarrollo se reflejen en los indicadores de la economía nacional.

La diputada de Morena agregó que con esta medida el estado que representa, Quintana Roo, se verá beneficiado, pero también otros polos turísticos del país.

• Es importante que en la reunión de trabajo de los integrantes de este órgano con los legisladores se escuche y cuestione la forma en que realizaron la recopilación de datos y la presentación del informe, señala el coordinador de la bancada de Morena
• Se debe esclarecer si hubo o no intencionalidad política en el informe para afectar la imagen del Gobierno Federal, sostiene

Ciudad de México.- El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que en la reunión de trabajo que tendrán este lunes los integrantes de la Auditoría Superior de la Federación con la Comisión respectiva de Diputados se debe escuchar y sobre todo cuestionar la forma en que se realizó la recopilación de los datos, y en caso de haber omisiones se sancione a los responsables.

Comentó que ante los hechos que derivaron en esta reunión de trabajo es importante despejar dudas en torno a si hubo o no dolo o intencionalidad política para afectar la imagen del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Debemos ser muy responsables, actuar con base en las atribuciones que tenemos como Cámara de Diputados sobre la Auditoría Superior de la Federación y buscar que este error se subsane, que haya responsabilidad sobre quienes cometieron el error y que esto no manche la imagen de un órgano tan importante como éste”, señaló en un comunicado.

Mier Velazco confió en que la Comisión de Vigilancia de la ASF se tomará el tiempo necesario para entrevistar a los que participaron en este asunto y sacar una conclusión.

Agregó que este asunto merece una atención especial, no solamente resolverlo con la remoción de un funcionario o cambiarlo dentro de la misma institución, sino buscar que este tipo de errores no se vuelvan a repetir ni se afecte la imagen tanto de la ASF como de los gobiernos en turno.

“En las manos de las y los legisladores está el buscar mecanismos que permitan fortalecer el papel de órganos como la Auditoría Superior. Por ello, en la Cámara de Diputados estamos en la mejor disposición de caminar hacia ese objetivo para evitar que haya un debilitamiento que afecte la transparencia y la rendición de cuentas, sobre todo en el manejo de recursos públicos otorgados a través del Presupuesto Federal”, dijo.

Comentó que una vez concluida la reunión de trabajo de los funcionarios de la ASF, al interior de la bancada también harán un análisis sobre el informe entregado y las consideraciones que hubo para integrar la Cuenta Pública 2019, para de esta forma tomar una determinación al respecto.

“El pueblo de México requiere información veraz sobre el uso de los recursos en cada una de las dependencias del Gobierno año con año, tener certeza de que cada peso se gasta bien y en lo necesario para el país; no informes que por alguna situación lleguen a carecer de legitimidad o puedan ser una herramienta utilizada de manera tendenciosa o politiquera”, finalizó.

• Mónica Almeida impulsa iniciativa de ley para que recomendaciones del Coneval ayuden a planificar, mejorar, corregir o suspender políticas públicas

Ciudad de México.- La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD) demandó al Gobierno Federal aclarar todas las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su tercera entrega de la Cuenta Pública 2019, ante el presunto desvío de dinero público en su primer año.

Mediante un comunicado, señaló que los presuntos desvíos suman mucho más que la llamada “Estafa Maestra” del anterior sexenio.

La diputada por Zacatecas recordó que en las denuncias presentadas contra Rosario Robles Berlanga, presunta operadora de la llamada “Estafa Maestra”, por la malversación de recursos a su paso por las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la gestión de Enrique Peña Nieto, los desvíos superan los seis mil millones de pesos.

A su vez, la ASF reportó el ejercicio anómalo de más de 67 mil millones de pesos en 2019, lo que "significa más de 10 veces lo achacado a Robles Berlanga en irregularidades en los años que estuvo al frente de aquellas dependencias".

Esparza Márquez mencionó que las irregularidades detectadas tienen que ver con la operación de programas emblemáticos del gobierno en turno, como “Jóvenes Construyendo el Futuro”, apoyos para adultos mayores y Becas para el Bienestar “Benito Juárez”.

La construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México y el Tren Maya en la Península de Yucatán, entre otras obras. Éstas, adicionales a las registradas en la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

De acuerdo con la ASF, se entregaron apoyos a personas fallecidas de ambos programas, "supuestamente se pagaron servicios sin prueba alguna de que realmente se hicieron, hubo otros que aun así se pagaron hasta dos veces y hubo los que claramente no se hicieron, pese a lo cual se pagaron".

Consideró que, al igual que en otros casos en los que presuntamente se privilegia la recuperación de los recursos públicos desviados o sustraídos indebidamente, como la “Estafa Maestra”, se proceda de la misma manera en los programas del actual gobierno.

“Las irregularidades cometidas en el Gobierno Federal, según lo ha informado el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, deben ser investigadas y, en su caso, sancionadas hasta sus últimas consecuencias, pero sobre todo también deben recuperarse los miles de millones de pesos que se hayan malversado en los programas y proyectos mencionados, así como en cualquier otro”, expresó.

Como corolario de lo anterior, las aclaraciones deben servir también para determinar si programas electoreros, como el de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, y obras faraónicas como el Tren Maya o contaminantes como el de la refinería de Dos Bocas, deben continuar o suspenderse, como lo han reclamado expertos y medioambientalistas.

Por su parte, la diputada Mónica Almeida López (PRD) informó que impulsa una iniciativa de ley para establecer que las recomendaciones emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), planifiquen, mejoren, corrijan o suspendan las políticas públicas en la materia.

En un comunicado dijo que propone reformar la Ley General de Desarrollo Social para lograr que las funciones del organismo constitucional autónomo, trasciendan más allá de metodologías y evaluaciones, y aumenten la eficacia en el combate a la pobreza.

Explicó que lo anterior es para evitar el derroche de dinero y los esfuerzos sin generar un cambio real en la vida de las personas.

“Hoy en día la pobreza se combate a través de discursos y acciones sociales sin sustento, ni evidencia sistematizada, convirtiéndose en un pretexto para generar un asistencialismo clientelar con tintes electorales".

Almeida López enfatizó en la necesidad de incorporar al Coneval como el brazo técnico de la implementación de las políticas públicas en materia de desarrollo social.

Esto permitirá que quienes estén en el poder realicen sus funciones con evidencia, datos oportunos, transparencia y sobre todo efectividad, evitando crear más rezago social e impulsar al máximo el bienestar de la sociedad.

La perredista aseguró que estos mecanismos evitarán que, ante la evidencia, al cambio de administraciones se eliminen programas que han sido benéficos para el país, pero que "por representar el sello de un proyecto político sean borrados de manera definitiva afectando el bienestar de los mexicanos".

“Con esta reforma que esperamos no entre en el congelador legislativo, se pretende impulsar de fondo la calidad de vida de todos en el país, y que no sea una ideología, creencia o intuición, la que guíe las políticas públicas de desarrollo social, sino la evidencia para lograr este progreso”.

El Coneval, consideró Almeida López, representa uno de los eslabones más importantes de la rendición de cuentas, transparencia y progreso, en el desarrollo social, ya que "permite conocer el impacto real de las acciones gubernamentales a través de la evaluación de las políticas públicas".

• La diputada señala que las y los legisladoras del PAN no formarán parte de ese intento de buscar cambios en la Auditoría Superior

Ciudad de México.- La diputada Josefina Salazar Báez (PAN) emplazó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que respete el derecho a la información pública aun cuando ésta no le sea favorable, pero además le exigió que, a la brevedad, presente las solventaciones ante el mal uso de los recursos presupuestales detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En un comunicado, recordó que durante la entrega de los resultados de la Cuenta Pública 2019, hace unos días, “nosotros declaramos públicamente que estamos viviendo una época en la que la estabilidad de las instituciones que garantizan la rendición de cuentas se encuentra amenazada. 

“No nos equivocamos, la denostación a la que han sido sujetan diversas instituciones nos dan la razón. Por eso también señalamos que los principios de transparencia y rendición de cuentas deben entenderse y expresarse en los hechos como una responsabilidad compartida entre quienes trabajan en el proceso de auditorías y quienes conforman la administración y los poderes públicos; sin embargo, no se puede garantizar el éxito de ese trabajo cuando una Secretaría tan importante como la Función Pública bloquea la labor fiscalizadora”, apuntó. 

Durante la reunión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación con funcionarios de la ASF, la legisladora panista hizo un llamado al Presidente para que respete la autonomía de las instituciones y el derecho a la información pública, “aún y cuando ésta no le es favorable a sus intereses”. 

Salazar Báez dijo que las y los legisladoras del PAN no formarán parte de ese intento de buscar cambios en la Auditoría Superior, porque sus datos no coinciden con sus otros datos.

Externó la preocupación de su bancada por los hechos sucedidos la semana pasada, “ya sea por errores metodológicos o por intentos de presión del Presidente de la República.

“Exigimos que se aclarare el tema del aeropuerto de Texcoco, porque independientemente del método de cálculo, el daño por el sobrecosto de cancelación del proyecto es tres veces mayor a los 100 millones de pesos que se tenían programados de inicio o, por lo menos, al 63% mayor como lo reconoce el propio secretario de Hacienda”.

 También pidió aclarar los posibles desvíos de recursos de aquellos proyectos emblemáticos de esta administración, como son la Refinería de Dos Bocas, los programas “Jóvenes Construyendo el Futuro” y “Sembrando Vida”, así como lo que sucede en Pemex y la CFE que, “como se aprecia en los resultados de la Cuenta Pública, registraron desfalcos y pérdidas millonarias a la Hacienda Pública.

“Insistimos, en que bien sea por omisión o por error o bien por presiones desde el Palacio Nacional, los hechos no deben abrir la puerta a que este gobierno continúe ejerciendo con total impunidad y falta de transparencia cualquier otro acto que daña al país”, concluyó.

En un comunicado, indicó que "el mandatario sale en defensa de servidores públicos de su partido, pero demuestra ceguera ante quienes hoy padecen con más fuerza la falta de voluntad del gobierno para atender sus demandas". 

La legisladora por Tlaxcala añadió que el Presidente no ha hecho una sola declaración a favor de las víctimas de violencia sexual y feminicida, "ha desestimado la lucha de quienes no tienen medicinas ni quimioterapias, de las mujeres que perdieron los apoyos de las estancias infantiles y también con quienes buscan a sus seres queridos.

 --"Quien espere que el Presidente sea sensible ante los problemas que vivimos como país, pierde su tiempo, porque López Obrador desayuna, come, cena y duerme sólo con una idea: ganar las elecciones a costa de lo que sea, incluso de la vida de las y los mexicanos", señaló.

Asimismo, Dávila Fernández aseguró que tampoco hay que esperar nada de alguna o algún integrante del gabinete presidencial, porque el miedo a “su patriarca” los tiene completamente paralizados.

--“Somos las mujeres de este país quienes podemos dar la lucha y combatir los abusos y omisiones del presidente López Obrador y el gobierno de Morena. Somos las mujeres las más afectadas por su falta de compromiso con México”, destacó.

• La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, presidida por el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), se reunió con funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para revisar de manera específica la Cuenta Pública 2019.
• Se necesitan mayores elementos metodológicos

Ciudad de México.- El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), señaló que estas mesas de trabajo tienen la finalidad de ampliar información acerca de cada uno de los informes entregados el pasado 20 de febrero, a la Cámara de Diputados.

Precisó que a la reunión asiste Tizoc Villalobos Ruiz, director general de Auditoría de Desempeño, toda vez que existe un trámite de separación temporal del Auditor Especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, como parte de las investigaciones que se encuentran en curso derivadas de lo que empezó a revisar la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia.

No obstante, solicitó al auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, poder invitar a Agustín Caso Raphael para la siguiente mesa, para que pudiera ampliar la metodología, ya que se trata de garantizar el derecho de voz y audiencia de quien en este momento está separado. 

--“Yo lo consultaré con la Unidad de Evaluación y Control si el procedimiento da a lugar y, en ese sentido, sería la petición, porque necesitamos tener elementos metodológicos que es en todo caso la discusión en la que estamos llevando a esta circunstancia; me gustaría profundizar más y especificar solamente una mesa bajo esos criterios metodológicos y nos dedicáramos específicamente al tema”, añadió.  

2 mil 295 acciones por auditorías del gasto federalizado

El Auditor Especial de Gasto Federalizado de la ASF, Emilio Barriga Delgado, precisó que en este tipo de gasto se realizaron 982 auditorías de las mil 358 que se entregaron. Lo que dio lugar a dos mil 295 acciones; 819 pliegos de observaciones en donde hubo presunción de daño al erario público; 849 PRAS (promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria); 164 solicitudes de aclaración; 77 vistas a las autoridades correspondientes, y 386 recomendaciones.

Indicó que de las 982 auditorías, el 78 por ciento, es decir, 761 auditorías fueron al gasto federalizado programable, recursos que están etiquetados para un fin específico; el 13 por ciento, 132 auditorías fueron a las participaciones federales que son los recursos de libre disposición que tienen los gobiernos subnacionales, y 89 auditorías se hicieron para verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios.

De las 982 auditorías, precisó, 731 fueron a gobiernos de las entidades federativas; 119 a gobiernos municipales; 41 a las dependencias del gobierno federal coordinadoras de los fondos; 35 a universidades públicas estatales; se auditaron a los 32 congresos estatales; 13 entidades de fiscalización superior local; 11 poderes judiciales de los estados.

Barriga Delgado resaltó que por entidades federativas se observaron 55 mil 38.3 millones de pesos; gasto federalizado programable, 36 mil 748.9 millones de pesos; participaciones federales, 11 mil 179.5 millones de pesos; sobre el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera, se observó 6 mil 54 millones de pesos; gobiernos estatales, 3 mil 392; organismos públicos descentralizados estatales, mil 562 millones; poderes judiciales de los estados, 806 millones; congresos estatales, 242 millones, y entidades de fiscalización superior locales, 49.6 millones de pesos.  

Se realizaron 261 auditorías de cumplimiento financiero

El Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano Dubernard, señaló que en la Cuenta Pública 2019 esta Auditoría Especial hizo 261 auditorías, de las cuales 75 se entregaron en octubre y 186 recientemente. Precisó que, de las 186, 115 son de cumplimiento financiero; 58 de inversiones físicas; 9 forenses y cuatro de tecnologías de la información. Detalló que se hizo una clasificación en función de la importancia de los pliegos y se tienen básicamente entidades fiscalizadas con pliegos mayores a 200 millones de pesos en su conjunto, se habla en este caso de 15 entidades fiscalizadas que tienen 15 auditorías, 216 pliegos por 10 mil 306 millones de pesos y se tienen solicitudes de aclaración por 23 mil 253 millones de pesos. 

--“Tenemos entidades fiscalizadas con pliegos de observaciones por menos de 200 millones de pesos, pero mayores a 50 millones de pesos que son básicamente 15 entidades con 15 auditorías, con un número de 141 pliegos de observaciones por mil 607 millones de pesos; dos solicitudes de aclaración por 25 millones de pesos”, dijo.  

Agregó que también se tienen 34 entidades fiscalizadas, con pliegos mayores a 50 millones de pesos, son 75 pliegos, en el caso de estas empresas, para un total de 362 millones de pesos y tenemos 3 mil 620 millones por aclarar. Y también 18 entidades que el proceso de fiscalización no se detectó ningún tipo de acción. 

Destacó que en la clasificación de las importantes de las 15 entidades y dependencias, está el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, al cual se le ha venido auditando prácticamente desde su inicio y se han hecho de 2014 a 2019, 96 auditorías de cumplimiento financiero, que son 27 cumplimiento financieros que básicamente están enfocados a estos fideicomisos que están financiando la obra y de cumplimiento de inversiones físicas se tienen 69 auditorías, lo que da un total de 96 auditorías. 

Respecto del Grupo Aeroportuario, dijo que se llevaron a cabo 13 auditorías, se identificaron 62 pliegos por 3 mil 231 millones de pesos. Detalló que se ve el proyecto ejecutivo de pistas, rodajes y plataformas, ayuda a la navegación, se audita la gerencia del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, “auditamos los ingresos y gastos de los fideicomisos no paraestatales relacionados con el nuevo aeropuerto”; el proyecto ejecutivo del edificio terminal de pasajeros, vialidades de acceso, estacionamientos, torres de control y centros de control, entre otros. 

Resaltó que se entregaron 13 auditorías en esta tercera etapa, de febrero 2021, lo que “da un panorama amplio de lo que se ha ejercido en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. 

Comentó que se llevan a cabo reuniones de trabajo “porque si bien es cierto que la fiscalización nunca se hace al cien por ciento, sino se basa en pruebas selectivas y se fiscalizan los contratos, nosotros tenemos un alcance en los contratos de fiscalización de aproximadamente el 86 por ciento en cuanto a importe y eso nos da una certeza de los montos”. 

Agregó que “dada la situación que derivó precisamente de la determinación de un costo de cancelación de aproximadamente 330 mil millones, creemos que con toda la responsabilidad tenemos que revisar las cifras de inicio, estamos revisando todas las cifras para estar en posibilidades de dar una cantidad a la luz de cumplimiento financiero, y me refiero a los flujos de efectivo a pesos corrientes”. 

Casi dos mil 300 acciones para la mejora en gestión y uso de los recursos públicos

El director general de Auditoria de Desempeño de la ASF, Tizoc Villalobos Ruiz, indicó que la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 dada la naturaleza preventiva de las auditorías de desempeño y considerando la situación en la que se ha venido dando el país, las recomendaciones fueron dirigidas primordialmente al fortalecimiento de los procesos de planeación y programación, presupuestación, así como la necesidad de adecuar el marco reglamentario de actuación de las entidades fiscalizadas a las modificaciones que en su caso se hayan hecho en la legislación ordinaria que les aplique. 

De igual forma, agregó, se recomendó a las entidades fiscalizadas la necesidad de mejorar la definición y focalización de las poblaciones potencial y objetivo de los programas; mejorar, definir, y rediseñar sus motrices de indicadores para resultados y establecer indicadores que permitan conocer tanto la gestión como los resultados  

Precisó que la supervisión de la Cuenta Pública 2019 en la parte de la auditoría especial de desempeño, se integró por un total de 114 informes correspondientes a 96 entes fiscalizados, de los cuales 104 auditorías de desempeño, 8 son evaluaciones de política pública y dos estudios. De las 114 auditorías, 41 correspondieron a la finalidad de desarrollo económico, 43 a la de desarrollo social, 30 a la de gobierno y se emitieron 29 recomendaciones, 783 recomendaciones al desempeño y 10 sugerencias a la Cámara, para un total de 822 acciones. 

Añadió que para la tercera etapa, febrero 2021, se emitieron 173 recomendaciones, mil 243 recomendaciones al desempeño y 29 sugerencias, con un total mil 445 acciones de mejora. “Estas casi dos mil 300 acciones de mejora están con la finalidad de la mejoría en la gestión y el uso de los recursos públicos”.

Comisión de Vigilancia se reunirá con el Auditor Especial de Desempeño de la ASF para confrontar metodologías

Ciudad de México.- Las y los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que preside el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), externaron sus comentarios respecto de la tercera entrega de resultados de la Cuenta Pública 2019 que presentó el pasado 20 de febrero el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo.

Durante la reunión de trabajo, la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (Morena) indicó que este ejercicio ofrece la oportunidad de escuchar y conocer a detalle los datos sobre el desarrollo de los trabajos técnicos que realizaron las personas responsables del informe de la Cuenta Pública 2019, así como las causas y motivos que condujeron a los resultados obtenidos.

Afirmó que el equipo de la ASF tiene capacidad y experiencia para realizar sus trabajos y dar resultados óptimos. Consideró que es normal que surjan diferencias entre los órganos de fiscalización y las entidades, pero hay procedimientos y mecanismos para subsanar las observaciones. Lo correcto, estimó, es aclarar y explicar cualquier posible falta o malentendido, por lo que pidió no emitir posicionamientos políticos en un debate de carácter técnico.

Las conclusiones de la ASF deben ser exactas y numéricas

También por Morena, la diputada Lidia García Anaya señaló que el informe presentado por la ASF contiene errores graves que derivaron en falsedad, lo cual es grave, al tratarse del ente fiscalizador que no debe dar lugar a incertidumbre; las conclusiones que emita deben ser exactas y numéricas.

Ante ello, indicó que se debe realizar una investigación a fondo a la ASF, la cual será llevada a cabo por la Comisión de Vigilancia y su órgano técnico, que es la Unidad de Evaluación y Control (UEC); se tendrá que trabajar con estricto apego a la ley.

El PAN no formará parte del intento de buscar cambios en la ASF

La diputada Josefina Salazar Báez (PAN) dijo que su fracción parlamentaria no formará parte del intento de buscar cambios en la ASF. “El prestigio de la ASF se ha construido con base en mucho esfuerzo por más de 20 años y lo que esperamos de su titular es una actuación honesta, blindada, competente, profesional, acreditada y con independencia de juicio y carácter. Su papel en la rendición de cuentas no puede estar en duda por capricho de una persona”.

Exigió que se aclare el tema del Aeropuerto de Texcoco, porque el daño por el sobrecosto de cancelación es tres veces mayor a los 100 mil millones de pesos, o por lo menos 63 por ciento mayor, como lo reconoce el secretario de Hacienda. Es imperativo, agregó, aclarar los posibles desvíos de recursos de los proyectos de la refinería Dos Bocas, Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, y de Pemex y CFE que, como se aprecia en los resultados de la Cuenta Pública, registraron desfalcos y pérdidas millonarias a la hacienda pública.

El trabajo de la ASF es esencial para combatir la corrupción

La diputada Marcela Guillermina Velasco González (PRI) expresó su reconocimiento a la ASF, institución cuyo trabajo es necesario y esencial para el desarrollo del Estado democrático y el combate a la corrupción. Refirió que un gobierno debidamente fiscalizado hará un mejor uso de los recursos; en contraparte, un gobierno que no otorga la fiscalización es proclive al dispendio en perjuicio de la ciudadanía.

Agregó que la Comisión de Vigilancia hará su trabajo de revisión de los informes con el apoyo de la UEC y presentará a la ASF, en los tiempos establecidos, las observaciones y recomendaciones que determine. “Es importante señalar la entrega de los informes individuales y los resultados definitivos, que inician con un proceso de notificación a los entes fiscalizados, quienes aportan elementos para solventar y aclarar los resultados y observaciones”.

Esperar información final para emitir juicios de valor

El diputado Alfredo Porras Domínguez (PT) señaló que existe una intencionalidad política para enfrentar a la ASF, y “obtener raja política”. Consideró necesario tener la mesura para emitir juicios de valor y se pronunció por esperar la información final y realizar una mesa del trabajo para elevar el diálogo.  

Destacó que fueron muchas observaciones a las más de mil 400 auditorías de diversa índole y que cuando un dato es erróneo el titular del Ejecutivo Federal tiene todo el derecho de inconformarse; “por eso, la misiva que envió a la Cámara de Diputados, para clarificar juntos, ya que somos los únicos responsables del presupuesto”.

Las y los mexicanos merecemos saber que la ASF realiza su trabajo sin presiones políticas

La diputada Ruth Salinas Reyes (MC) consideró que las declaraciones que el Presidente de la República realizó descalificando la información de la ASF respecto de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, están fuera de lugar en un país de instituciones, porque sólo politizan y entorpecen el proceso de fiscalización. “Las y los mexicanos merecemos saber y estar convencidos de que la ASF realiza su trabajo sin presiones políticas”.

Subrayó que Movimiento Ciudadano reconoce el trabajo de la Auditoría; por ello, este ejercicio de rendición de cuentas cobra mayor importancia. Pidió saber si las discrepancias entre lo que entregó la ASF el 20 de febrero y lo comunicado el 22 de febrero por parte del Auditor Especial, responde a un error en la metodología o fue causa de una presión política por parte del Gobierno.

20 años de trabajo de la ASF no pueden echarse por la borda por presiones de ninguna índole

Del PRD, el diputado Jorge Casarrubias Vázquez dijo que 20 años de la ASF, como máxima autoridad de fiscalización para investigar el uso de los recursos públicos federales de manera autónoma y lejos de toda injerencia política, no pueden echarse por la borda por presiones de ninguna índole. 

Indicó que en los informes de la Cuenta pública 2019 se evidenció un daño patrimonial a la nación, por lo que se debe proceder. Añadió que es necesario tener certeza de que las inconsistencias no sean un común denominador en las auditorías al Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y programas Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y Becas Benito Juárez.

Comisión de Vigilancia se reunirá con el Auditor Especial de Desempeño de la ASF para confrontar metodologías

En el marco del análisis de los informes entregados el pasado 20 de febrero a la Cámara de Diputados relativos a la Cuenta Pública 2019, las y los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) externaron sus inquietudes al auditor David Rogelio Colmenares Páramo.

El presidente de la instancia legislativa, diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), precisó que la próxima reunión será con el Auditor Especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, quien hoy está separado de manera temporal de su cargo por la investigación, dado “que eso no lo excusa de poder estar en esta mesa de trabajo; queremos confrontar la metodología con la que se realizó”.

Resaltó que la próxima encomienda estará exclusivamente en ese trabajo y, posteriormente, se agendará como siempre -después de cada presentación de informes particulares y ejecutivos de la Cuenta Pública- la revisión en particular de los informes generales.

Preguntas de las y los integrantes de la Comisión

El diputado Marco Antonio Andrade Zavala (Morena) indicó que ante las posibles transgresiones del ente fiscalizador, en cualquier parte del mundo el titular de una dependencia estaría presentando su renuncia “por ética y honorabilidad”, por lo que propuso que a partir de las conclusiones de la Comisión de Vigilancia y la Unidad de Evaluación y Control (UEC) y “si estas llegarán a resultar de gravedad, se inicie el procedimiento de remoción, tal como lo marca la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación”.

La también diputada de Morena, Sandra Paola González Castañeda, mencionó que esta reunión es a causa de procedimientos no claros y cuestionables; por ello, preguntó al Auditor Superior si la ASF ha incurrido en alguna responsabilidad administrativa de omisión deliberada o dolo, para la elaboración del diagnóstico metodológico que influyó en los resultados del informe general que cuestiona la transparencia y rendición de cuentas de la Administración pública federal y cómo podría comprobarlo.

El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (Morena) respecto del desempeño, solicitó saber cuáles fueron las inconsistencias señaladas por la ASF y cuál fue la causa, qué funcionarios participaron y, sobre todo, cuál fue la revisión del cálculo en torno a la auditoría del desempeño. Manifestó tener dudas en cuanto a “por qué una auditoría al desempeño y no auditoría contable, para revisar los activos, pasivos e ingresos”.

De la misma bancada, la diputada Laura Imelda Pérez Segura comentó que “está clarísimo que esto ha resultado un botín político”. Sostuvo que se tienen que analizar los resultados de la revisión que se haga y estaremos muy atentos del actuar de la Unidad de Evaluación y Control”.  

ASF no ha sido dictaminada por la UEC

En respuesta a los comentarios de las y los diputados, el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, expresó que cuando se habla de que puede haber errores en otras auditorías, “no hemos sido dictaminados por la Unidad de Evaluación y Control en las anteriores presentaciones de los informes de resultados; lo seremos en esta ocasión”.

Dijo que los integrantes de la ASF, “somos gente de Estado y defensores de la institucionalidad; entonces, cuando se habla de denuncias sobre estas cosas, pues realmente estamos en la disposición de que si encontráramos alguna intencionalidad política o algún desvío económico, seremos los primeros en señalarlo y denunciarlo”.

Recalcó que no se tiene ninguna intencionalidad política, “no es de nuestro interés, el perjudicar o no a algún orden de gobierno, tampoco habría que discutir sobre el impacto de las finanzas nacionales, cuando es una proyección a 40-50 años. Estamos en la mejor disposición de colaborar en lo que nos solicite la UEC para aclarar este punto”.

David Rogelio Colmenares mencionó que “en lo personal no me interesa entrar a una arena política; entiendo el tiempo que estamos viviendo; estamos conscientes de las posiciones de lo que se ha expresado, pero en este caso, respetar la institucionalidad y la ley en todos los sentidos, para que se revise profundamente nuestro trabajo”.

--“Se habla de los errores y se señala la discrepancia metodológica en la estimación de la auditoría del aeropuerto, entre mil 400 auditorías”, subrayó.

La propia normativa de la ASF indica que hay un proceso de aclaración de resultados. Siempre el ente auditado va a señalar que no comparte las cifras, en algunos casos porque no nos entregó la información, y ahora el argumento central fue la pandemia.

Resaltó que incluso hubo resistencia para entregar la información por parte de los entes auditados, de todo tipo y de los diferentes órdenes de gobierno, de muchos estados y de organismos autónomos; sin embargo, “hicimos un trabajo muy proactivo, insistiéndoles en la necesidad de que nos entregaran la información”.

El Auditor Superior de la Federación dijo que la elaboración de las auditorías está a disposición de la UEC, pues se está en el plazo legal de la notificación; se tienen todavía 30 días para que presenten sus aclaraciones.

--“Efectivamente hay una discrepancia metodológica, pero aclaro que no solamente fue una, cuando fueron 14 auditorías en cumplimiento financiero y una de desempeño, referente al tema del aeropuerto”, añadió.

Expuso que generalmente en las auditorías que se han hecho, se observa un monto y se hacen solicitudes de aclaración, “no se está afirmando que haya un desvío o un desajuste; generalmente, mediáticamente lo toman como que en el gobierno tal, en el central o en los estatales o municipales se desvió, cuando nosotros no utilizamos esa palabra y fundamentalmente son cuestiones para la aclaración”.

La ASF, resaltó, es una institución fuerte, está en un proceso no fácil de consolidar la fiscalización superior, está en la vanguardia tecnológica y en la mejor disposición de aclarar y dejar en claro su papel de honestidad, institucionalidad y patriotismo del trabajo para que fueron electos por la Cámara de Diputados anterior y por todas las fuerzas políticas.

--“En este tema, simplemente queda una cuestión de decencia y respeto. Si el Presidente plantea este punto, pues nosotros teníamos que aclararlo y la responsabilidad de cada uno de los auditores especiales también señalada; son mil 400 revisiones y por lo que ven hay funcionarios que están ya acudiendo con nosotros para solventar el tema”, concluyó.