El presidente municipal Christian Carrillo Baeza señaló que estos trabajos se realizan como parte de un compromiso con los ciudadanos que solicitaron estas obras. “Esta obra permitirá la circulación de cualquier clase de vehículos de transporte terrestre”, indicó.

Manifestó que se encuentra vigente la reparación y bacheo de diversas calles de la población que en breve proseguirán con demás pasos para realizar la carpeta asfáltica.

• Aprueban que Mérida ceda superficies a Progreso como solución a un conflicto territorial

Mérida, Yucatán (Fotos Antonio Sánchez).- La LXII Legislatura aprobó por mayoría, con 18 votos a favor y 6 en contra, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo de Yucatán, para el ejercicio fiscal 2021, que plantea un total de $262,342,027, el cual será enviado al Poder Ejecutivo estatal para su evaluación.

En la sesión ordinaria de este miércoles, también se aprobó por mayoría los convenios para la solución de conflictos territoriales intermunicipales entre Mérida y Progreso, Mérida y Abalá; así como el de Mérida y Tecoh.

La diputada del PRI, Karla Franco Blanco, señaló que el aval a estos convenios es un hecho histórico, porque desde hace años se venía aplazando la atención de las zonas de traslape y las delimitaciones territoriales de los municipios en comento.

“Con determinación, voluntad política, diálogo y consenso, finalmente el día de hoy seguramente otorgarán su aval a los tres dictámenes que se pondrán a discusión a fin de preservar la unidad geográfica, económica y social de los municipios de Mérida, Progreso, Tecoh y Abalá”.

En respuesta, la coordinadora de la fracción de Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié, declaró que el diputado anterior “nos está ofendiendo por el trabajo que hicimos en la comisión”, ya que es un dictamen minucioso que se analizó en varias sesiones, donde se nos dieron las cláusulas y los planos de los convenios.

En el mismo sentido, el coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, indicó que este tema se ha discutido en varios años y se ha hecho un trabajo profesional tanto en la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación como ahora en la votación en el pleno de la LXII Legislatura, porque la Ley para la Solución de Conflictos de Límites Territoriales Intermunicipales establece que la labor del Congreso del Estado, ante este tema, es respetar los acuerdos tomados por los ayuntamientos respectivos en el convenio.

“Un conflicto de límites territoriales no es un pleito por límites territoriales; es cuando hay discrepancias entre dónde son los límites de cada municipio, ese es un conflicto, que se puede solucionar amistosamente; ¿quiénes lo pueden resolver amistosamente?   Los ayuntamientos. Qué sucede si lo resuelven amistosamente, que nosotros únicamente debemos dar un visto bueno.  Eso es lo que estaremos haciendo en un momento más, si así lo dispone la mayoría, darle el visto a un trabajo que ya realizaron dos ayuntamientos de conformidad y que ahora a nosotros nos corresponde validar dichos acuerdos como lo ordena la ley”.

Por otro lado, las siete fuerzas políticas aprobaron por unanimidad el dictamen de reformas a diversos artículos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado.

La promovente de la iniciativa, María Moisés Escalante (PRI), mencionó que dichas reformas establecen la posibilidad de que las autoridades y dependencias de los tres poderes de gobierno, así como de los ayuntamientos, puedan realizar acuerdos de colaboración con instituciones, para efecto de auxiliar y atender solicitudes de rectificación, cancelación u oposición de datos personales.

“Cuando el solicitante hable alguna lengua indígena, cuestión que atiende al principio de no discriminación, y procura colocar a los particulares en igualdad de circunstancias en forma expresa en la norma”, agregó.

Proponen declarar Patrimonio Cultural Intangible del Estado, la fiesta patronal de San Pedro González Telmo “San Telmo” en Progreso

En la plenaria también se turnó a la comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa para reformar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y su Reglamento, suscrita por Movimiento Ciudadano; así como la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, así como de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, propuesta por Marcos Rodríguez Ruz (PRI).

Se envió a la comisión especial de Turismo, la iniciativa para modificar la Ley para el Fomento y Desarrollo del Turismo del estado, signada por Warnel May Escobar (PRI); al igual que se dieron a conocer los oficios de los Ayuntamientos de Cantamayec, Mayapán y Dzoncauich, por los cuales remiten su segundo informe de gobierno municipal 2018-2021.

Haciendo lo propio, la diputada de Morena, Fátima Perera Salazar, presentó una iniciativa para reformar y adicionar la Ley de Salud del Estado de Yucatán, en materia de parteras tradicionales; mientras que la diputada del PRI, Lila Frías Castillo, entregó una iniciativa para declarar como Patrimonio Cultural Intangible del Estado, la fiesta patronal dedicada a San Pedro González Telmo “San Telmo”, Patrono del municipio de Progreso y de los pescadores.

En temas similares, la diputada del PRI, Mirthea Arjona Martín, hizo uso de la máxima tribuna para hacer un atento recordatorio y recalcar que octubre es el mes en que celebramos dos fechas muy importantes, el día Internacional de la Mujer Rural y la sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

Inundaciones por Gamma y Delta llegan al Congreso

Por otro lado, la diputada de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea, manifestó que no se ha resuelto el problema de las inundaciones en el estado por el paso de la tormenta tropical Gamma y el huracán Delta, por lo que informó que presentaron a la comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura realizar un análisis de la situación, invitando a expertos en la materia.

--“No se está dimensionando y solo se habla del agua, no de la gente, existe una mala planificación de los asentamientos humanos porque no se consideraron los sistemas meteorológicos y la deforestación para construir las casas empeora esta circunstancia y causa más daños”, agregó.

Sobre el tema, el diputado Miguel Candila, mencionó que las inundaciones en Mérida no son casualidades porque son consecuencias de las decisiones de las constructoras, del gobierno estatal y del municipal.

Aunado a esto, la diputada del PAN, Kathia Bolio Pinelo, expresó que también el manto acuífero fue rebasado, a causa de las lluvias y el problema no fue originado meramente por la construcción.

En su intervención, el diputado de Morena, Luis Loeza Pacheco dijo que en lugar de calificar o descalificar a las autoridades municipales, estales y federales, deberían presentar iniciativas de propuestas de prevención y solución a los sucesos que por experiencia ya pasaron, como la pandemia y tempestades que cruzaron como Cristóbal, Gamma y Delta.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Felipe Cervera, enfatizó que lo que ahora necesitan los ciudadanos son soluciones, sin importar de que gobierno vengan; además, según estudios plasmados en el atlas de riesgos, las zonas inundadas en Mérida son susceptibles a estas consecuencias, por lo que hizo un llamado a las autoridades a revisar cómo se otorgan los permisos de construcción y desarrollo urbano de la capital yucateca.

• Movimiento Ciudadano propone convocar a especialistas y legisladores que atiendan el problema

Mérida, Yucatán Foto: Antonio Sánchez).– La diputada de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea, en cumplimiento a la petición realizada por vecinos afectados por las inundaciones al norte de Mérida, solicitó al Congreso del Estado dar seguimiento al problema.

Durante su intervención en el pleno, precisó que la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Vivienda, será la encargada de invitar a especialistas en la materia para que ofrezcan soluciones a las personas que habitan en las zonas.

También puso a consideración de la vista pública construir un plan inmediato, para que el Gobierno del Estado levante un censo para detectar a las familias que se encuentran en situación vulnerable. Agregó que hay que rescatarlas y no únicamente mandarlos a los albergues, pues todos ellos necesitan ayuda médica y alimentación.

Explicó que la atención pública se ha focalizado al desagüe de la zona, pero nadie está hablando de la ayuda humanitaria 

Propuso que el Poder Ejecutivo, con apoyo del sector hotelero, proporcionen habitaciones para la gente afectada; que la constructora Grupo Sadasi ponga en disposición las casas muestra que aún no se venden, y que el DIF otorgue despensas y medicamentos.

Subrayó que urge realizar pruebas de Covid-19 entre los vecinos y vecinas que fueron a protestar a las instalaciones de la empresa el pasado sábado y lunes, pues muchos de ellos se levantaron el cubrebocas y no se guardó la sana distancia.

Añadió que esta medida es necesaria para prevenir contagios, y en caso de haber resultados positivos, proceder a los protocolos de aislamiento.

APOYO A LA EMERGENCIA

Reiteró que se trata de una situación apremiante, pues hay gente que está viviendo en zonas inundadas con aguas putrefactas y con gusarapos, que han sufrido pérdidas de cosechas de traspatio, que no gozan del servicio de recolecta de basura, sin transporte público, enfermas, de la tercera edad, y que además han sufrido afectaciones en sus viviendas 

Recordó que hace siete años, el Gobierno de Yucatán, reconoció a través del Atlas de Peligros por Fenómenos Naturales, que las inundaciones que ocurren en la entidad se debe a la mala planificación de los asentamientos humanos; pues no consideraron los efectos de un fenómeno hidrometeorológico.

En el caso particular de Mérida, se encuentra ubicada en una zona plana, en donde solo ocurren inundaciones pluviales causadas por: el paso de ciclones, las fallas en el sistema del drenaje pluvial, la modificación de la micro relieve, el recubrimiento del suelo por una carpeta asfáltica impermeable, y la construcción de vías de comunicación que impiden el flujo de agua hacia zonas bajas.

• Fungirá como jueza de primera instancia por un período de cuatro años que comprende del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2024

Mérida, Yucatán.- Ante el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado esta mañana rindió compromiso constitucional Claudia Crisol Antonio Mayor,  quien fue nombrada jueza de control de primera instancia para un período de cuatro años.

La ceremonia fue presidida por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Ricardo de Jesús Ávila Heredia, quien señaló que el Pleno tiene la confianza de que la jueza Antonio Mayor realizará un trabajo profesional como lo ha realizado todos estos años que ha sido parte del Poder Judicial. 

El magistrado resaltó que la impartición de justicia es una responsabilidad mayor y una oportunidad para servir a los demás.

Esta rendición de compromiso se realizó en la sala del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y estuvieron presentes también las consejeras Sara Luisa Castro Almeida, Graciela Alejandra Torres Garma  y los Consejeros Luis Alfredo Solís Montero y Luis Jorge Parra Arceo.

Antonio Mayor fungirá como jueza de primera instancia por un período de cuatro años que comprende del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2024.

De igual forma se discutieron y aprobaron diversos proyectos suscritos por los Magistrados respecto de apelaciones del sistema acusatorio y oral que serán notificados por escrito derivado de los protocolos establecidos con motivo de la pandemia y  con base en los plazos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Cabe apuntar que la Sala continúa, de manera ininterrumpida, resolviendo los asuntos que llegan hasta dicha instancia y bajo los plazos establecidos por el mencionado Código.

• La Secretaría de Economía, con la asistencia de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), comprobó que diversos productos denominados como “queso” y “yogurt natural” no cumplen con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas, por lo que su comercialización se ha llevado a cabo en perjuicio y con información que puede inducir al engaño de los consumidores. En consecuencia, esta dependencia ordenó la prohibición inmediata de su comercialización.

Ciudad de México.- Para evitar el engaño a los consumidores mexicanos, y con el fin de proteger sus derechos, se prohíbe la comercialización de más de 20 productos denominados como “queso”, de 19 marcas, y 2 productos denominados como “yogurt natural”.

Se impondrán multas a los infractores de conformidad con lo establecido en la Ley de Infraestructura de la Calidad.

La Secretaría de Economía, con la asistencia de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), comprobó que diversos productos denominados como “queso” y “yogurt natural” no cumplen con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas, por lo que su comercialización se ha llevado a cabo en perjuicio y con información que puede inducir al engaño de los consumidores. En consecuencia, esta dependencia ordenó la prohibición inmediata de su comercialización.

En los productos denominados como “queso” los principales incumplimientos detectados son:

Utilizar la leyenda “100% leche”, sin serlo.

Adicionar grasa vegetal para sustituir la leche que deberían contener en su elaboración.

Proporcionar un menor gramaje que el declarado en la etiqueta como “Contenido Neto”.

No informar en la superficie principal de exhibición el porcentaje de uso de caseinatos para la elaboración de queso.

Las marcas de los productos cuya comercialización se ha prohibido son: FUD, NOCHEBUENA, PREMIER PLUS CUADRITOS, ZWAN, CAPERUCITA, BURR, PRECISSIMO, FRANKLY, SELECTO BRAND, GALBANI, LALA, EL PARRAL, PORTALES, WALTER, SARGENTO, CREMERÍA COVADONGA, AURRERA y PHILADELPHIA.

En los productos denominados como “yogurt natural” los incumplimientos detectados son:

Adicionar azúcares.

No cumplir con el contenido mínimo de leche.

Las marcas de “yogurt natural” que han quedado prohibidas para su comercialización son: DANONE BENE GASTRO y DANONE NATURAL.

Adicionalmente, a los infractores se les impondrán las multas y medidas previstas en la Ley de Infraestructura de la Calidad.

La Secretaría de Economía y la Profeco continuarán con las tareas de verificación y vigilancia del mercado para garantizar que los productos y servicios ofrecidos cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas en protección a los derechos de los consumidores.

• El recorrido cuenta con 45 atractivos turísticos entre cenotes, haciendas, pueblos mayas, zonas arqueológicas, reservas ecológicas, entre otros. 
• Inicia en la localidad de Dzoyaxché en la reserva Cuxtal y termina en la Zona arqueológica de Mayapán

Mérida, Yucatán.- Camino del Mayab es el primer sendero de gran recorrido en México, es decir una ruta continúa de caminos rústicos, que permite travesías de varios días para alcanzar al menos 100 kilómetros de recorrido a pie, en bicicleta o corriendo. El trayecto vincula 14 localidades mayas de la región conocida como “Haciendas y cenotes” ubicada al Sur de la Ciudad de Mérida, informó el director general Ulyses Huesca.

Señaló, a través de un comunicado, que además de los bellos escenarios de naturaleza de los caminos que son en su mayoría antiguas vías de trenes con más de 100 años de historia; Camino del Mayab cuenta con 45 atractivos turísticos entre cenotes, haciendas, pueblos mayas, zonas arqueológicas, reservas ecológicas, entre otros. Inicia en la localidad de Dzoyaxché en la reserva Cuxtal y termina en la Zona arqueológica de Mayapan. 

--Hoy inician su travesía de 4 días para alcanzar 100 kilómetros por el Camino del Mayab, los primeros senderistas, se han hecho varios recorridos desde que el proyecto inició su gestión en Agosto de 2019, pero han sido en bicicleta. 

Los pioneros en realizar este recorrido caminando son Ximena Chavez y el Biólogo Roberto Rojo quien también es espeleólogo y conductor de documentales televisivos, se ha especializado en la investigación de “bichos” (entomología) como las tarántulas por lo que muy seguramente estará compartiendo datos interesantes de sus hallazgos en el 1er Sendero de Gran Recorrido de México. El biólogo Roberto ha expresado beneplácito en la manera en la que él proyecto ha sido concebido y que se busque con su operación contribuir a la conservación y al desarrollo de las comunidades. 

Aún se trata de recorridos piloto o de prueba ya que la apertura oficial del sendero se efectuará hasta que hayan abierto cada uno de los 45 atractivos turísticos que se encuentran a lo largo del recorrido y hasta que se tengan todos los protocolos de seguridad sanitaria por y técnica instalados, que se estima será en el mes de noviembre de 2020. Los recorridos de prueba pueden ser agendados en la página web o de Facebook de Camino del Mayab y están disponibles solo con guías, en la modalidad "todo incluido" y conociendo que no todos los sitios a lo largo del recorrido se encuentran abiertos y aun algunos caminos están en mejora y/o rehabilitación.

La gestión del Camino del Mayab está a cargo de la empresa social EcoGuerreros y por sus contribuciones para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible ha contado con el apoyo del Fondo Climático de la Península de Yucatán y del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo gracias a quienes el proyecto está siendo realizado. Se espera que el Tren Maya refuerce las acciones iniciadas y se generen sinergias, así como con las Secretarías de Turismo, Desarrollo Sostenible del Gobierno del Estado de Yucatán. 

• Valiéndose de su puesto en el Departamento de Inspección de la Subdirección de Mercados instruyeron a inspectores para que ubicaran a vendedores ambulantes en la periferia de la ciudad que carecieran de permiso correspondiente y les exigían el pago de una cuota mensual

Mérida, Yucatán.- En audiencia presidida por la Jueza de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado, Blanca Beatriz Bonilla González, dos personas fueron imputadas por el delito de concusión*, en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Oral de Mérida.

El Código Penal para el Estado de Yucatán establece que comete el delito de concusión el servidor público que, con el carácter de tal y a título de impuesto, contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios, o cualquiera otra cosa que sepa no es debida o en mayor cantidad que la señalada en la ley.

De acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) el Ministerio Público comunicó al detenido que iniciaron una investigación (formulación de imputación), acorde con los siguientes hechos:

“Que durante el periodo comprendido entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019, los hoy imputados, valiéndose de su puesto de trabajo que tenían en el Departamento de Inspección de la Subdirección de Mercados del Ayuntamiento de Mérida, instruyeron a inspectores que tenían a su cargo para que ubicaran a vendedores ambulantes en la periferia de la ciudad que carecieran de permiso correspondiente y les exigían el pago de una cuota mensual, ello sabiendo que no es debido, ya que acorde con sus funciones establecidas en el Reglamento de Mercados del Municipio de Mérida, no era función de los inspectores realizar el cobro, sino de la Tesorería Municipal”.

Posterior a la imputación, en la misma audiencia la Fiscalía, conforme a lo previsto en el CNPP, solicitó a la Jueza de Control resolver la situación jurídica de los imputados (auto de vinculación a proceso). Sin embargo, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional, que es de 144 horas, ante lo cual la Jueza notificó a las partes que la audiencia de vinculación se realizará el lunes 19 de octubre del presente a las 09:00 horas, en este mismo Centro de Justicia Oral.

Por último y después del debate entre los fiscales y la defensa, la Juzgadora impuso a los imputados las medidas cautelares consistentes en acudir a firmar los primeros cinco días de cada mes ante el Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso; la prohibición de salir del estado sin autorización judicial y la presentación de una garantía económica.

* La concusión es un término legal que se refiere a un delito llamado exacción ilegal, es decir, cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución, o también al cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza. Este delito puede presentar agravantes si se emplea intimidación o si se invoca que son órdenes de un funcionario de mayor jerarquía, y esta exacción es en provecho propio

• El Centro Nacional de huracanes comienza a vigilar una baja presión frente a Nicaragua

Mérida, Yucatán.- Esta noche el Centro Nacional de Huracanes informó que comenzó a vigilar una amplia área de baja presión que podría desarrollarse la semana próxima sobre el suroeste del Mar Caribe.

Algún desarrollo gradual de este sistema es posible mientras se mueve lentamente hacia el oeste-noroeste. La probabilidad de formación hasta 5 días, es baja, del 20 por ciento.

Cabe destacar que las temperaturas superficiales del océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México en este momento están bastante cálidas, por encima de los 29° Celsius.

Los modelos americano y canadiense pronostican que es probable el desarrollo de un huracán categoría 4-5 que impactaría Cuba y seguiría su trayectoria a Estados Unidos.

Vientos fuertes en los niveles altos se esperan que inhiban desarrollo significativo mientras el sistema se mueva hacia el oeste noroeste por los próximos días. 

Independientemente del desarrollo, que hasta cinco días es del 10%, el sistema pudiera producir lluvia localmente fuerte a través del centro y norte de las Antillas Menores hoy, las Islas Vírgenes y Puerto Rico el jueves y la Española el viernes, y La Española el viernes en la noche al sábado.

Igualmente vigila una amplia área de baja presión no-tropical se espera que se forme 

durante el fin de semana a varios cientos de millas del sureste de Bermuda. Algún desarrollo es posible luego durante el fin de semana entrando la semana próxima mientras se mueve el sistema hacia el suroeste y oeste, pasando entre Bermudas y el norte de las Antillas Menores.  La probabilidad de formación hasta 5 días es baja, del 20 por ciento.

• Se debe erradicar el machismo, el abuso, la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, para garantizar su pleno desarrollo en todos los campos: Francisco Javier Acuña Llamas
• Se requiere del compromiso de la sociedad y de todas las autoridades para la construcción de un Estado democrático, incluyente y libre de violencia: Blanca Lilia Ibarra Cadena

Ciudad de México.  El acceso a la información es un requisito esencial para que las mujeres que se encuentran bajo el riesgo de sufrir actos inminentes de violencia puedan acceder a los mecanismos de protección contemplados en la legislación nacional, afirmó la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena.

Durante la inauguración del foro Violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual: Acciones para la prevención, atención y sanción, organizado por el INAI, Ibarra Cadena, señaló que, de acuerdo con CONAPO, en México más de 19.1 millones de mujeres han enfrentado distintas formas de violencia y aproximadamente 10 son asesinadas cada día, por lo que es una problemática que debe ser atendida en lo inmediato.

“La construcción de un Estado democrático, incluyente y participativo donde se respeten los derechos humanos y se elimine la violencia de género y la discriminación, requiere del compromiso de la sociedad y de todas las autoridades”, enfatizó durante el evento convocado por el Instituto.

La Comisionada destacó que, entre las acciones del INAI para contribuir a la erradicación de la violencia, se encuentra la implementación del Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual al interior del Instituto y el Pronunciamiento de Cero Tolerancia a esas conductas.

Al inaugurar el foro, el Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, sostuvo que la violencia contra la mujer es una causa urgente para el mundo democrático a la cual el Instituto no puede ser ajeno.

“El derecho de acceso a la información no puede ser ajeno a la necesidad que tienen todas las mujeres a estar debidamente informadas para poder reclamar sus derechos y hacerlos valer y, por otro lado, el derecho a la privacidad que tiene que ver mucho con el desarrollo de la vida íntima de todas las personas y de las mujeres que históricamente han sido sobajadas, maltratadas y expoliadas en su vida privada, para ser motivo de escarnio o chantaje o alguna otra forma de explotación”, apuntó.

Acuña Llamas subrayó que, a más de 2 mil 300 años de los tiempos en los que la idea del Estado no hacía referencia al papel de la mujer, todavía sigue estando pendiente otorgar a las mujeres todas las consideraciones en el mundo contemporáneo. “Es una causa que lleva este rezago, por esa razón, no debe haber ya desmayo ni debemos bajar las exigencias para ponernos al día en algo que debemos todos coincidir”.

Sostuvo que se debe erradicar el machismo, el abuso, la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, para que se pueda garantizar su pleno desarrollo y participación en todos los campos.

En su intervención, Marta Clara Ferreyra Beltrán, Directora General de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva del Instituto Nacional para las Mujeres (INMUJERES),  aseguró que la violencia que sufren las mujeres está ligada a la división sexual del trabajo y a la situación en condición de subordinación que viven desde tiempo atrás, por lo que la transparencia constituye una herramienta para poner en evidencia cuántas horas realizan de trabajo no remunerado y hablar de la desigualdad que viven en su entorno laboral, con la finalidad de construir políticas públicas más eficaces y certeras.

“Es un día para hacer visible la situación, las condiciones de desigualdad y de violencia que atraviesan las mujeres, no solamente las violencias que se ven más fuertes como las violencias extremas, como el feminicidio, sino también toda la cadena de violencias que sufren las mujeres y las niñas, incluso, desde antes de nacer”, expresó.

A su vez, María Elena Orantes López, Presidenta del Colectivo 50+1, reconoció la labor del INAI a favor de las mujeres y la implementación del Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual que, consideró, permitirá un panorama más amplio, justo y libre para que se puedan desarrollar con plenitud en su ámbito laboral.

“Necesitamos fomentar un cambio cultural, es lo único que va a sacar adelante este momento, en el que todos los días estamos viendo tristemente feminicidios a lo largo y ancho del país. La cifra negra de inseguridad, de muerte y crimen de odio de las mujeres no merma, crece, es decir, es una pandemia permanente que tampoco tiene vacuna y tratamiento”, alertó.

En el evento, organizado en el marco del Día Naranja contra la Violencia de Género, estuvieron presentes Oscar Guerra Ford, Comisionado del INAI; María del Sol Sánchez Rabanal, Asociada del Programa de Gobernanza Efectiva y Democracia, Punto Focal de Género y Punto Focal de Derechos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD); Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), y María Margarita Cortés Cid, Directora del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del INMUJERES.

• La Juez Segunda de Control estableció que la audiencia continúe este 15 de octubre.

Mérida, Yucatán.- Por su presunta falta de pago en la manutención de sus hijos, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar a A.A.Ch.C., denunciado tras incumplir el acuerdo al que habían llegado con la denunciante.

Tras la denuncia interpuesta, los especialistas de la Fiscalía iniciaron la indagatoria que arrojó que el imputado y la denunciante vivieron en unión libre, de la cual procrearon dos hijos actualmente menores de edad, pero desde el año 2016 se separaron y llegaron a un acuerdo donde el imputado aportaría mil pesos mensuales en concepto de pensión alimenticia de sus hijos, pero presuntamente solo pagó dos meses, por lo que se presentó la formal denuncia que derivó en la causa penal 150/2020.

Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales adscritos formularon la imputación del delito y a continuación aportaron los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, mismos que se usaron para solicitar la vinculación a proceso del imputado, quien se acogió a la ampliación del término legal para definir su situación, por lo que la Juez Segunda de Control estableció que la audiencia continúe este 15 de octubre.

Por último, los fiscales presentaron los argumentos para solicitar la imposición de medidas cautelares, por lo que la Juez de Control estableció que el imputado tiene prohibido salir del Estado sin autorización judicial y deberá someterse a la vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares, ambas se mantendrán vigentes por todo el tiempo que dure el proceso.

• Celebramos que después de 25 años de denunciar el fraude con los quesos y yogures las autoridades sancionen estas prácticas
• Con el TLCAN desaparecieron más de cien mil unidades de producción

 Ciudad de México.- “Productores de leche del sector social de 20 estados de la República aplaudimos que, después de 25 años de denunciar que una cantidad considerable de productos de leche y sus derivados en tiendas de autoservicio y convencionales, eran un fraude económico y un riesgo sanitario para los consumidores, instancias gubernamentales se animaron a confirmar y sancionar estas irregularidades”, señaló Álvaro González Muñoz.

El dirigente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, lamentó que la producción y comercialización de productos falsos o adulterados en un periodo de 25 años –a partir de la firma del Tratado Comercial con EU y Canadá en 1994—causó grandes pérdidas económicas para más de cien mil pequeñas unidades de producción lechera que desaparecieron por incosteables.

“Es decir, dijo Álvaro González, se abrió el comercio de leche y sus derivados vía las compras masivas de leche en polvo descremada, a precios relativamente bajos pero catastróficos para los productores nacionales de leche auténtica, natural mexicana”.

De ahora en adelante, añadió, “los pequeños y medianos productores de leche, alrededor de 150 mil, vemos un futuro menos escabroso para nuestra actividad, en virtud de que esperamos recuperar un ritmo de producción al alza y un mercado de leche y sus derivados que beneficie a una economía lechera que sufrió embates de alto riesgo de desaparecer”.

Como es del dominio público, la Secretaría de Economía y la Procuraduría del Consumidor –“faltaría que la Secretaría de Salud investigara y determinara el riesgo de que la leche adulterada es nociva para la salud de los consumidores”, advirtió González Muñoz—concluyeron que diversas marcas de leche, quesos y yogures no cumplen con las normas oficiales mexicanas y que, aparte de salir de inmediato del mercado, las empresas responsables serían fuertemente sancionadas por violar las leyes del mercado, de calidad y de sanidad. 

Hizo ver Álvaro González que, los productores pertenecientes a la organización que preside, han planteado e insistirán ante la empresa paraestatal SEGALMEX y en particular con LICONSA, para que mejore la comercialización de leche, se pague al precio de garantía establecido y se dé una mayor flexibilidad en las normas de recepción. “Esto, añadió, repercutirá en beneficio de la población mexicana que forma parte de los programas de distribución social que realiza el gobierno federal, en particular de zonas económicamente deprimidas”.

• Tras realizar actos lascivos contra una persona que caminaba sola el sujeto huyó del lugar a bordo de una bicicleta”.

Kanasín, Yucatán.- En audiencia celebrada el día de hoy en el Centro de Justicia Oral de Kanasín, la Jueza de Control, Mariza Virginia Polanco Sabido, calificó y ratificó de legal la detención de una persona por el delito de abuso sexual.

El artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece que, inmediatamente después de que una persona sea detenida en flagrancia o caso urgente, debe ser puesta a disposición de la autoridad judicial para que el Ministerio Público justifique las razones de la detención y el juez(a) proceda a calificarla, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en el mencionado Código.

En el presente caso, después de ratificada como legal la detención por parte de la Jueza de Control Polanco Sabido, los representantes de la Fiscalía Estatal comunicaron al detenido que iniciaron una investigación (formulación de imputación), acorde con base en los siguientes hechos: 

“Que el día 11 de octubre de 2020, aproximadamente a las 21:50 horas, el imputado ejecutó actos lascivos en contra de una persona, aprovechándose de que caminaba sola, posteriormente huyó del lugar a bordo de una bicicleta”.

Posterior a la imputación, en la misma audiencia la Fiscalía, conforme a lo previsto en el CNPP, solicitó a la Jueza de Control resolver la situación jurídica del detenido (auto de vinculación a proceso), pero la defensa y el imputado solicitaron la ampliación del término constitucional, es decir 144 horas, ante lo cual la Jueza notificó a las partes que la audiencia de vinculación se realizará el lunes 19 de octubre del presente a las 11:00 horas, en este mismo Centro de Justicia Oral.

Por último y después del debate entre los fiscales y la defensa, la Jueza de Control impuso al imputado las medidas cautelares consistentes en la presentación periódica a efecto de firmar; la exhibición de una garantía económica; la prohibición de acercarse a la víctima y su domicilio y la colocación de un localizador electrónico, estas medidas tendrán vigencia por todo el tiempo que dure el proceso penal.

• Se formaría cerca de Nicaragua, según el modelo americano que predijo los huracanes Gamma y Delta
• Alerta temprana para Honduras, México (la Peninsula de Yucatan) y Cuba (Occidente) y Estados Unidos (La Florida)

Mérida, Yucatán.- Los modelos americano y canadiense pronostican un probable desarrollo ciclónico en los próximos días en el Mar Caribe, llamando a Nicaragua, Honduras, México (la Peninsula de Yucatan) y Cuba (Occidente) y Estados Unidos (La Florida) para vigilar esta probable perturbación que sería un huracán de alta gama de la categoría 4 o 5. El pronóstico es válido hasta el 24 de octubre.

El pronóstico de este modelo, el mismo que predijo la intensidad de los huracanes Gamma y Delta, es que el disturbio surgiría cerca de Nicaragua, se movería al norte convirtiéndose en una amenaza potencial para Cuba y Jamaica. 

Antes, en su camino, pasaría cerca de la Península de Yucatán y después de entrar por el occidente de Cuba seguiría su trayectoria rumbo a La Florida para continuar al norte.

Los meteorólogos indican que las guías de pronósticos y proyecciones meteorológicas suelen tener un alto margen de error, pero en este caso el Modelo Americano (GFS) ha seguido la tendencia en sus pronósticos sobre un posible huracán intenso a formarse dentro del Caribe para los próximos días.

En ese sentido la última corrida en 252-276 horas, aproximadamente 13 días, GFS proyecta un huracán de categoría 5 impactando Jamaica y Cuba.

• El trastorno económico y social causado por la pandemia es devastador en todo el mundo, pero especialmente en los países en desarrollo o con crisis humanitarias. El coronavirus ha dejado millones de enfermos, decenas de millones de personas en riesgo de caer en la pobreza extrema y el desempleo, un aumento sin precedentes de la desnutrición, y ha irrumpido en los sistemas alimentarios, afectando desde agricultores hasta consumidores.

Nueva York.- Cuatro agencias de las Naciones Unidas pidieron este martes solidaridad mundial con los países más pobres afectados por la pandemia de COVID-19 a través de una declaración conjunta.

El coronavirus ha provocado una dramática pérdida de vidas humanas en todo el mundo y presenta un desafío sin precedentes para la salud pública, los sistemas alimentarios y el ámbito laboral, aseguraron la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización para la Alimentación y la Agricultura y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola.

Las agencias reiteraron que el trastorno económico y social causado por la pandemia es devastador: decenas de millones de personas corren el riesgo de caer en la pobreza extrema, mientras que el número de personas desnutridas, que actualmente se estima en casi 690 millones, podría aumentar hasta 132 millones para el final del año.

Asimismo, millones de empresas se enfrentan a una amenaza existencial. Casi la mitad de los 3300 millones de trabajadores del mundo corren el riesgo de perder sus medios de vida, y aquellos que se desempeñan en la economía informal son particularmente vulnerables porque la mayoría carece de protección social y atención de salud.

“Sin los medios para obtener ingresos durante los encierros, muchos no pueden alimentarse a sí mismos ni a sus familias. Para la mayoría, no tener ingresos significa no comer o, en el mejor de los casos, menos alimentos o comida menos nutritiva”, asegura la declaración.

El impacto en la agricultura

La pandemia ha afectado a todo el sistema alimentario y ha puesto al descubierto su fragilidad, afirmaron las agencias.

Los cierres de fronteras, las restricciones comerciales y las medidas de confinamiento han impedido que los agricultores accedan a los mercados, incluso para comprar insumos y vender sus productos, y que se interrumpan las cadenas de suministro de alimentos nacionales e internacionales reduciendo el acceso a dietas saludables, seguras y diversas.

“La pandemia ha diezmado puestos de trabajo y ha puesto en peligro la vida de millones de personas. A medida que las cabezas de familia pierden sus trabajos, enferman y mueren, la seguridad alimentaria y la nutrición de millones de mujeres y hombres se ven amenazadas. Los países de bajos ingresos, en particular las poblaciones más marginadas, que incluyen a los pequeños agricultores y los pueblos indígenas, son quienes reciben el golpe más duro”, expresa la declaración.

Además, millones de trabajadores agrícolas, asalariados y autónomos, aunque alimentan al mundo, e se enfrentan regularmente a altos niveles de pobreza laboral, desnutrición y mala salud, y sufren falta de seguridad y protección laboral, así como otros tipos de abusos.

“Con ingresos bajos e irregulares y falta de apoyo social, muchos de ellos se ven motivados a seguir trabajando, a menudo en condiciones inseguras, exponiéndose a sí mismos y a sus familias a riesgos adicionales. Además, cuando experimentan pérdidas de ingresos, pueden recurrir a estrategias de supervivencia negativas, como la venta de activos por situaciones de emergencia, los préstamos abusivos o el trabajo infantil”, advirtieron las agencias de la ONU.

El impacto sobre los más vulnerables

Las cuatro agencias de la ONU explicaron que los trabajadores agrícolas migrantes son particularmente vulnerables, porque enfrentan riesgos durante sus viajes, así como malas condiciones de trabajo y de vida sin poder acceder muchas veces a las medidas de apoyo implementadas por los gobiernos.

“Garantizar la seguridad y la salud de todos los trabajadores agroalimentarios, desde los productores iniciales hasta los que participan en el procesamiento, el transporte y la venta minorista de alimentos, incluidos los vendedores ambulantes de alimentos, así como mejores ingresos y protección, será fundamental para salvar vidas y proteger la salud pública, los medios de vida y seguridad alimentaria de las personas”, alertaron las agencias.

Añadieron que en la crisis del COVID-19 convergen la seguridad alimentaria, la salud pública y las cuestiones laborales , en particular la salud y seguridad de los trabajadores.

Las medidas que se deben tomar

Para las agencias de salud, trabajo y alimentación de las Naciones Unidas, la acción inmediata y decidida para salvar vidas y medios de subsistencia debe incluir la extensión de la protección social hacia la cobertura universal de salud y el apoyo a los ingresos para los más afectados.

“Las diferentes formas de apoyo son fundamentales, incluidas las transferencias de efectivo, las asignaciones por hijos y las comidas escolares saludables, las iniciativas de ayuda alimentaria y de refugio, el apoyo para la retención y recuperación del empleo y la ayuda financiera para las empresas, incluidas las micro, pequeñas y medianas. Al diseñar e implementar tales medidas, es esencial que los gobiernos trabajen en estrecha colaboración con los empleadores y los trabajadores”, afirmaron.

También se debe tener en cuenta que los países que se enfrentan a crisis humanitarias u otras emergencias están particularmente expuestos a los efectos del COVID-19. Según las agencias, es fundamental responder rápidamente a la pandemia y, al mismo tiempo, garantizar que la asistencia humanitaria y de recuperación llegue a los más necesitados.

“Ahora es el momento de la solidaridad y el apoyo mundial, especialmente con los más vulnerables de nuestras sociedades, particularmente en el mundo emergente y en desarrollo. Solo juntos podremos superar los efectos sanitarios, sociales y económicos entrelazados de la pandemia y evitar que se convierta en una catástrofe humanitaria y de seguridad alimentaria prolongada, con la posible pérdida de los logros de desarrollo ya logrados”, dijeron.

Para las agencias, es necesario desarrollar estrategias sostenibles a largo plazo para abordar los desafíos a los que se enfrentan los sectores sanitario y agroalimentario. Se debe dar prioridad a abordar los desafíos subyacentes de la seguridad alimentaria y la desnutrición, abordar la pobreza rural, en particular mediante más y mejores empleos, extender la protección social a todos, facilitar vías migratorias seguras y promover la formalización de la economía informal.

“Debemos repensar el futuro de nuestro medio ambiente y abordar el cambio climático y la degradación ambiental con ambición y urgencia. Solo así podremos proteger la salud, los medios de vida, la seguridad alimentaria y la nutrición de todas las personas y garantizar que nuestra "nueva normalidad" sea mejor”, concluye el comunicado.

Los miembros del Comité, compuesto por 18 expertos independientes, indicaron que se violó la Convención de los Derechos del Niño, en particular, en su “derecho a la identidad, el derecho a ser escuchado, y el derecho a la especial protección de los niños privados de su entorno familiar”.

Según los expertos, en los catorce casos analizados por el Comité, España no efectuó el procedimiento adecuado para determinar la edad de los jóvenes. En base a una publicación de la Agencia de la ONU para Los Refugiados (ACNUR), la radiografía que se usa en España para precisar la edad tiene un margen de error de cuatro años.

De acuerdo con las cifras que baraja ACNUR, durante los nueve primeros meses de 2019 llegaron a España unos 2500 niños, muchos de ellos no acompañados.

Por ello, el Comité destaca “la importancia fundamental de determinar la edad de todo individuo que afirma ser menor de edad, dado que el resultado de dicha determinación condicionará si tienen derecho a protección en su calidad de niños”.

El presidente del Comité, Luis Pedernera, destacó que mientras el proceso de verificación de la edad de los jóvenes esté pendiente de resolver “la persona debe presumirse como menor de edad y ser tratada como tal”, y que cuando dispongan de documentos de identidad “deben considerarse válidos salvo prueba en contra, según lo reconocido por el propio Tribunal Supremo de España”.

Los casos de dos jóvenes a modo de ejemplo

En junio de 2017, M.B., un joven guineano de 17 años llegó a la ciudad de Almería, en el sur de España, cuando la embarcación en que viajaba fue interceptada por la Cruz Roja.

Pese a que M.B. informó a la policía y a la Cruz Roja de que era menor de edad, las fuerzas de seguridad lo registraron como adulto de 21 años y no procedieron a precisar su edad.

A continuación, las autoridades españolas denegaron su solicitud de asilo y fue retenido en un centro de internamiento para adultos extranjeros en Madrid.

Posteriormente, la Fundación Raíces, una organización que vela por defender los derechos humanos de los niños, obtuvo una copia del certificado de nacimiento de nacimiento de M.B. confirmando su minoría de edad y lo presentó ante varias instancias.

Tras pasar 52 días en el centro de internamiento obtuvo la libertad, pero no se le reconoció su condición de menor, tampoco se le designó un tutor que cuidara de sus intereses, ni se le brindó la protección a la que tienen derecho los niños de conformidad con el derecho nacional e internacional.

 En otro caso, el de A.L., la policía lo arrestó en abril de 2017 cuando intentaba llegar a la costa de Almería vía marítima. A.L. informó a las fuerzas de seguridad de su condición de menor, la falta de documentación y que no viajaba acompañado.

 Seguidamente se le trasladó a un hospital y los resultados de la radiografía en su mano izquierda determinaron una edad ósea de más de 19 años.

 En base al resultado de la prueba radiológica, la Fiscalía determinó que A.L era adulto y lo trasladó a un centro de internamiento de extranjeros para adultos donde fue golpeado por los guardias del centro.

 La Fundación Raíces presentó el certificado de nacimiento de A.L. en un juzgado de Almería acreditando su condición de menor, pero nunca recibió una respuesta del tribunal por lo que llevó a su caso ante el Comité de los derechos del Niño.

El Comité de los Derechos del Niño supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por los Estados Partes y la aplicación de sus dos Protocolos Facultativos, relativos a la participación de los niños en conflictos armados (OPAC) y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (OPSC). La Convención tiene hasta la fecha 196 Estados partes. El Comité está compuesto por 18 expertos independientes en el ámbito de los derechos humanos que se desempeñan en su capacidad personal y no como representantes de los Estados partes. 

El Protocolo Facultativo a la Convención relativo al procedimiento de comunicaciones (OPIC), permite que el Comité reciba y examine denuncias presentadas por individuos o grupos de individuos que aleguen violaciones específicas de sus derechos por parte de los Estados que hayan ratificado el Protocolo Facultativo. Hasta la fecha, 46 Estados han ratificado o accedido al OPIC. Las decisiones del Comité son análisis independientes del cumplimiento de los Estados de sus obligaciones de derechos humanos bajo la Convención y sus dos Protocolos Facultativos sustantivos.

• Pese al gran aumento de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos durante el último medio siglo, que afectan de manera desproporcionada a las comunidades vulnerables, una gran cantidad de personas todavía no está debidamente cubierta por los sistemas de alerta temprana, advierte un estudio coordinado por la Organización Meteorológica Mundial.  El lanzamiento del informe sobre el estado de los servicios climáticos en 2020 coincide con la celebración del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Ginebra.- La publicación elaborada por 16 organizaciones internacionales recuerda que, durante los últimos 50 años, los peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua causaron más de 11.000 catástrofes que provocaron 2 millones de víctimas mortales y ocasionaron pérdidas económicas valoradas en 3,6 billones de dólares.

“Si bien la media de muertes notificadas a raíz de cada desastre se ha reducido en un tercio durante ese período, la cantidad de desastres registrados se ha quintuplicado y las pérdidas económicas se han multiplicado por siete”, destaca el informe.

En 2018, este fenómeno provocó que unos 108 millones de personas de todo el mundo necesitaran ayuda del sistema humanitario internacional tras tormentas, inundaciones, sequías e incendios forestales.

Además, el estudio estima que en los próximos diez años esa cifra podría aumentar en casi un 50 %, y que el costo asociado podría rondar los 20.000 millones de dólares anuales.

El informe señala dónde y cómo pueden los gobiernos invertir en sistemas eficaces de alerta temprana que refuercen la resistencia de los países a los múltiples peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua, y se ofrecen ejemplos de éxito.

Del mismo modo, subraya la necesidad de pasar a servicios de predicción meteorológica que tengan en cuenta los impactos climáticos más allá “del tiempo que hará” y evolucionando a “las consecuencias que éste tendrá”, permitiendo así a personas y empresas adoptar medidas tempranas en función de las alertas.

“Los sistemas de alerta temprana son una condición indispensable para la reducción efectiva de los riesgos de desastre y la adaptación al cambio climático. Estar preparados y ser capaces de reaccionar en el momento oportuno y en el lugar adecuado puede salvar muchas vidas y proteger los medios de subsistencia de las comunidades de todo el mundo", afirmó el Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el profesor Petteri Taalas.

Los países menos adelantados son los grandes perdedores

Los sistemas de alerta temprana figuran como máxima prioridad en las contribuciones determinadas a nivel nacional, los esfuerzos de cada país para reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los efectos del cambio climático, de casi el 90 % de los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. Sin embargo, muchos de ellos carecen de la capacidad requerida, y la inversión financiera no siempre llega a los ámbitos donde los recursos son más necesarios.

Desde 1970, los pequeños Estados insulares en desarrollo han sufrido pérdidas valoradas en 153.000 millones de dólares debido a fenómenos climáticos extremos, una cantidad significativa ya que el producto interno bruto medio de esos países es de 13.700 millones de dólares.

“Los datos facilitados por 138 Miembros de la Organización Meteorológica Mundial muestran que solo el 40 % cuentan con sistemas de alerta temprana ante múltiples riesgos. Esto significa que, en promedio, una de cada tres personas en todo el mundo todavía no está cubierta por sistemas de alerta temprana. En la actualidad, solo 75 Miembros de la OMM (39 % del total) prestan servicios de predicción que tienen en cuenta estos impactos”, asegura el informe.

Además, a nivel global no se dispone de la capacidad suficiente para convertir las alertas tempranas en acciones tempranas, especialmente en los países menos adelantados.

Por ejemplo, África posee el conocimiento y los métodos de predicción ante los riesgos, pero solo 44 personas de cada 100 están cubiertas por sistemas de alerta temprana y únicamente el 26 % de las estaciones meteorológicas cumplía los requisitos de la Organización en cuanto a notificación de datos.

Recomendaciones estratégicas

El informe destaca seis recomendaciones estratégicas para mejorar la implementación y la eficacia de los sistemas de alerta temprana en todo el mundo:

• Invertir para subsanar las deficiencias de capacidad en cuanto a sistemas de alerta temprana, en particular en los países menos adelantados y en los pequeños estados insulares en desarrollo de África.
• Centrar la inversión en actividades que permitan transformar la información de las alertas tempranas en acciones tempranas.
• Velar por la financiación sostenible del sistema mundial de observación en el que se sustentan las alertas tempranas.
• Someter los flujos financieros a seguimiento para comprender mejor el destino de esos recursos con respecto a las necesidades de implementación de los sistemas de alerta temprana y entender las repercusiones que conllevan esas asignaciones.
• Fomentar la coherencia de las prácticas de supervisión y evaluación para poder determinar mejor la eficacia de los sistemas de alerta temprana.
• Subsanar las deficiencias en materia de datos, en particular en los PEID.

• El precedente judicial establecido por la Corte Suprema aproxima más el marco legal mexicano a los estándares internacionales sobre jurisdicción militar, aseguró la Oficina de Michele Bachelet en México. 

Ciudad de México.- La Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos saludó el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoce que los casos de homicidio durante actividades militares donde ambas partes, el sujeto activo y el pasivo, pertenezcan al ejército, competen a la jurisdicción civil y no a la militar.

“La Suprema Corte ha sido precursora en definir los límites de la jurisdicción militar en México de acuerdo con lo establecido en las normas y estándares internacionales. Las decisiones judiciales que refuerzan el alcance limitado, excepcional y restrictivo de la jurisdicción militar son positivas porque fortalecen la vigencia del principio fundamental de un sistema democrático, que es la supervisión civil de las Fuerzas Armadas”, expresó en un comunicado Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de Michelle Bachelet.

La Oficina considera que este precedente judicial aproxima más el marco legal mexicano a los estándares internacionales sobre jurisdicción militar.

Procedimientos especiales de la ONU, entre los que se encuentran el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el Comité contra la Desaparición Forzada y el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han exhortado a México previamente a que la jurisdicción civil también sea la que aborde los casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra militares.

El argumento de la Corte

Entre los argumentos de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia para acotar la intervención militar en casos de homicidios donde presunto perpetrador y víctima son militares, se destacan:

El fuero militar sólo es competente para conocer de los delitos y faltas que atenten directamente contra la disciplina militar como principio organizativo de las Fuerzas Armadas;

El delito de homicidio no está relacionado con la disciplina militar, no afecta bienes jurídicos castrenses y no actualiza el fuero de guerra;

La extensión de la jurisdicción militar en estos casos vulnera el derecho de los familiares como víctimas indirectas del homicidio al juez natural y al debido proceso (con independencia e imparcialidad), así como sus derechos a la reparación del daño, a la verdad y a la justicia.

La ONU-DH reiteró su plena disposición para brindar la asistencia y cooperación técnica que necesite el Estado mexicano para el fortalecimiento de sus capacidades en materia de cumplimiento de recomendaciones internacionales sobre jurisdicción militar y otros importantes aspectos de derechos humanos.

• La contribución de los periodistas es crucial para combatir la desinformación sobre la migración”, dijo el Portavoz y Jefe de la División de Comunicaciones y Medios de la OIM, Leonard Doyle

Buenos Aires - El ganador del Premio Nobel, Gabriel García Márquez de Colombia -conocido afectuosamente como “Gabo”-, creó la Fundación Gabo como una institución internacional para promover un mejor periodismo y la estimulación de la creatividad. La fundación se ha comprometido, entre otras cosas, a promover los vínculos entre la migración y el desarrollo sostenible, así como combatir la xenofobia, el racismo y la discriminación contra personas migrantes.

García Márquez fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1982.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) comparte estos objetivos; es por eso que esta semana, la OIM y la Fundación Gabo firmaron un acuerdo que permitirá cooperar de manera estrecha, a nivel global, para llevar a cabo iniciativas dirigidas a periodistas.

“La contribución de los periodistas es crucial para combatir la desinformación sobre la migración”, dijo el Portavoz y Jefe de la División de Comunicaciones y Medios de la OIM, Leonard Doyle. “La cooperación con la Fundación Gabo contribuirá a los esfuerzos que la OIM viene realizando para mejorar el nivel de conocimiento sobre migración por parte de los medios de comunicación, lo que redundará en mejores prácticas en el cubrimiento periodístico. Esto a su vez ayudará a desarmar mitos, estereotipos y actitudes xenófobas.”

Los medios de comunicación, explica Doyle, pueden ser claves para comunicar un fenómeno tan complejo como el de las migraciones. Simultáneamente, lo que aparece en los medios moldea la percepción de la sociedad sobre los migrantes. Al tiempo que los medios pueden ayudar a reducir prejuicios, las redes sociales, en particular, se han convertido en un amplificador poderoso de estereotipos negativos. Lo que realmente importa es tener un periodismo de calidad basado en una pluralidad de fuentes que, a través de una narrativa atrayente, genere conciencia sobre los migrantes y su contribución a la sociedad.

Al mismo tiempo, los medios de comunicación hacen visible a la migración como un factor crucial en el desarrollo sostenible tanto de los migrantes como de las comunidades.

Este acuerdo global, que ha sido impulsado por la Oficina Regional de la OIM para América del Sur, contempla además la realización de distintos proyectos e iniciativas en relación con medios y migración, incluyendo talleres de capacitación para periodistas, conferencias, foros, y exhibiciones.

“El fenómeno de la migración ha estado presente en la historia de la humanidad”, enfatizó el Director General de la Fundación Gabo, Jaime Abello Banfi, quien agregó: “En años recientes nuestra región ha sido testigo de como la migración ha adquirido una importancia social y política acuciante y se ha convertido en un gran tema para el periodismo y los medios.  Iniciativas como las que implementaremos en asociación con OIM son necesarias para que permitan promover un periodismo de servicio público, con narrativas innovadoras e investigación rigurosa, que a su vez ayuden a entender los cambios sociales y estructurales, y que aporten a la construcción de ciudadanía”.

Esta cooperación entre ambas organizaciones articulará proyectos existentes o nuevos, a nivel global, regional y nacional, comenzando en América del Sur.

“En cooperación con la Fundación Gabo iniciaremos una serie de capacitaciones a periodistas sobre migración y desarrollo sostenible, así como webinarios dirigidos a reporteros y público en general que permitirán intercambiar opiniones sobre el importante rol que tienen en combatir los discursos de odio hacia las personas migrantes y demostrar con información factual su importante contribución al desarrollo”, explicó el Director Regional de la OIM para América del Sur, Marcelo Pisani.

Las actividades que se desarrollarán conjuntamente con la Fundación Gabo en América del Sur serán financiadas con fondos del Comité de Asignación de Recursos Migratorios (MIRAC por su sigla en inglés).

• La diputada por Guerrero, Abelina López Rodríguez, dijo que pagó a un ministerio público para que le permitieran tener un juicio abreviado. 

Ciudad de México.- La legisladora de Morena, Abelina López Rodríguez, reveló ante el pleno de la Cámara de Diputados que sobornó con 20 mil pesos a un ministerio público para que le permitieran tener un juicio abreviado.

--“¿Dónde está la verdadera corrupción del sistema?, yo litigo, tuve que dar la módica cantidad de 20 mil pesos para que la corrupción del sistema permitiera solicitar al juez el juicio abreviado, son ignorantes porque no saben del procedimiento”, expuso.

Agregó que los “verdaderos violadores de derecho” son los legisladores oposición, a quienes llamó cínicos.

López Rodríguez (Morena) se pronunció en pro de las reformas legales reglamentarias de las modificaciones al artículo 19 constitucional que ampliaron el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Lo anterior, al hablar a favor del dictamen que modifica el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se reforman diversas leyes en materia de prisión preventiva, que se discuten este martes en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.

La legisladora sostuvo que será un juez quien dicte prisión preventiva oficiosa cuando se amerite.

Añadió que con estas reformas se hará frente a la corrupción y se dará paso a la justicia y honestidad.

La legisladora por Guerrero dijo esto durante el debate sobre el dictamen que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva.

Luego de su intervención, la diputada fue cuestionada por legisladores de oposición, quienes incluso solicitaron que el hecho sea investigado por la Comisión de Ética, al tratarse de un acto de corrupción.

Tras recibir los ataques verbales de priistas y panistas, la diputada de Morena argumentó que pagó el soborno durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y aseguró tener copias certificadas que lo demuestran.