• El impacto de las sanciones afecta especialmente, pero no solo, a las personas en extrema pobreza, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidades o enfermedades crónicas y las poblaciones indígenas, aseguró la experta en derechos humanos al concluir una visita al país sudamericano.

Nueva York.- La relatora* especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, ha instado este viernes a Estados Unidos, la Unión Europea y otros Estados a retirar las sanciones unilaterales impuestas contra Venezuela.

Al final de una visita de dos semanas al país, Douhan señala en sus conclusiones preliminares que “las sanciones han exacerbado las calamidades preexistentes”.

Además, han tenido como resultado una crisis económica, humanitaria y de desarrollo, con un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente pero no solo en las personas que viven en la extrema pobreza, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidades o enfermedades crónicas y las poblaciones indígenas.

--“El efecto devastador de las sanciones impuestas se multiplica por la extraterritorialidad y el sobrecumplimiento que afectan negativamente a los sectores público y privado, a los ciudadanos venezolanos, a las organizaciones no gubernamentales y a las empresas de terceros países”, dijo Douhan, agregando que “las exenciones humanitarias son largas, costosas, ineficientes e ineficaces”, señala la experta.

“La falta de maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gasolina, alimentos y medicinas, la creciente insuficiencia de trabajadores calificados, muchos de los cuales han abandonado el país en busca de mejores oportunidades económicas, en particular personal médico, ingenieros, maestros, profesores, jueces y policías, todo ello tiene un impacto enorme en todas las categorías de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a la alimentación, a la salud y al desarrollo”, explica la relatora.

--“Debido a la complejidad de la situación, busqué encontrarme con la más amplia variedad de personas para escuchar su experiencia y sus conocimientos. Me reuní con funcionarios gubernamentales, diplomáticos, agencias internacionales, líderes de la oposición, organizaciones no gubernamentales, abogados, médicos, maestros, académicos, víctimas de violaciones de derechos humanos, representantes de empresas privadas y de la iglesia, así como gente común”, informó Douhan.

Las sanciones más severas de Estados Unidos

Las sanciones se impusieron por primera vez contra Venezuela en 2005 y se han reforzado severamente desde 2015, siendo las más severas las impuestas por Estados Unidos.

Una ley estadounidense de 2014 dio lugar a sanciones contra funcionarios venezolanos acusados, entre otras cosas, de reprimir violentamente las protestas, perseguir a los opositores políticos, restringir la libertad de prensa y la corrupción. En 2015, Estados Unidos declaró la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la política exterior.

En 2017, ese mismo país impuso sanciones contra el Gobierno y sus entidades, incluida Petróleos de Venezuela (PDVSA), bloqueando sus transacciones y acceso a los mercados financieros estadounidenses. En 2018, después de las elecciones presidenciales venezolanas, endureció sus sanciones, citando mala gestión económica, corrupción, represión de opositores políticos y esfuerzos por socavar la democracia.

La relatora hizo un llamado a los países para que observen los principios y normas del derecho internacional y les recordó que las preocupaciones humanitarias siempre deben tenerse en cuenta con la debida observancia al respeto mutuo, la solidaridad, la cooperación y el multilateralismo.

La relatora especial ha tomado nota de la decisión del Gobierno de los Estados Unidos del 21 de enero de 2020 de revisar las sanciones para minimizar el impacto humanitario de la pandemia, y de otra decisión tomada por el nuevo Ejecutivo del 2 de febrero de 2021 para aliviar las sanciones que afectan el funcionamiento de las operaciones ordinarias en los puertos y aeropuertos venezolanos.

No obstante, Douhan recordó que “las medidas unilaterales solo son legales si están autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, o se utilizan como contramedidas, o no violan ninguna obligación de los Estados, y no violan los derechos humanos fundamentales”.

Por su parte, la Unión Europea impuso sanciones contra Venezuela en 2017, que incluían un embargo de armas, una prohibición a las exportaciones de bienes que podrían usarse para la represión interna, una prohibición a las exportaciones de tecnología y material fabricado para el monitoreo o interceptación de telecomunicaciones, y prohibiciones de viaje y el bloqueo de los activos de personas cuyas acciones sean consideradas por este bloque como encaminadas para socavar la democracia, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos.

Otros países, como Canadá, México, Suiza, Panamá y los 14 integrantes del llamado Grupo de Lima han impuesto algún tipo de sanción o restricciones a Venezuela.

Impacto sobre el disfrute de los derechos humanos

La relatora observa con preocupación que las sanciones sectoriales a las industrias del petróleo, el oro y la minería, el bloqueo económico de Venezuela y el congelamiento de los activos del Banco Central han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias preexistentes al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura para los programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en toda la población de Venezuela.

La experta observa con preocupación que la ausencia de recursos y la renuencia de los socios extranjeros, los bancos y las empresas de mensajería para tratar con socios venezolanos resulta en la imposibilidad de comprar los equipos médicos y tecnológicos necesarios, reactivos y repuestos para la reparación y mantenimiento de la electricidad, el gas, el agua, el transporte público, la telefonía y los sistemas de comunicación, las escuelas, los hospitales, las casas y otras instituciones públicas, socavando así el disfrute de muchos derechos humanos, incluido el derecho a una vida digna.

A pesar de la revisión periódica y el aumento de los salarios en Venezuela, el salario promedio del sector público se estima en dos o tres dólares por mes, lo que cubre menos del 1% de la canasta básica de alimentos, colocando alrededor del 90% de la población en el nivel de pobreza extrema y haciendo que las personas dependan cada vez más del apoyo social del Gobierno, así como ayuda humanitaria exterior.

Douhan observa que esto aumenta el nivel de migración, facilita la participación de las personas en la economía sumergida, afectando de primera mano a especialistas de alto nivel del sector público, incluidos médicos, enfermeras, profesores, profesores universitarios, ingenieros, policías, jueces, técnicos y muchos otros, violando sus derechos económicos, incluidos los derechos al trabajo, al trabajo decente, a la seguridad social, incluido el seguro social, y a un nivel de vida adecuado.

La migración masiva en ausencia de un transporte asequible pone en peligro la vida de los migrantes e impone cargas adicionales a los países receptores.

A la relatora, también le preocupa, entre otros aspectos sanitarios, que la falta de médicos y enfermeras y de suficientes medicamentos, equipo médico, repuestos, actualizaciones de software relevantes, vacunas, pruebas, reactivos y anticonceptivos inicialmente cubiertos en su mayoría por el Gobierno, resulte en la violación del derecho a la salud.

Otro motivo de preocupación es la falta de gasolina, con el consiguiente aumento de los precios del transporte, ya que viola la libertad de circulación, impide el acceso a hospitales, escuelas y otros servicios públicos, agrava los desafíos en la entrega y distribución de alimentos y suministros médicos, especialmente en zonas remotas del país, afectando, entre otras cosas, a la población indígena, y provoca retrasos en los servicios públicos, incluida la justicia penal y civil.

Además, subraya que los bajos salarios, la ausencia o insuficiencia de útiles escolares, uniformes escolares y alimentación en la escuela, que solía ser proporcionada por el Gobierno, los problemas de transporte, la falta de electricidad y la reducción de la cobertura de Internet y telefonía móvil ponen en peligro el ejercicio del derecho a la educación.

Las razones anteriores, así como la imposibilidad reportada de utilizar recursos en línea con direcciones IP venezolanas, afectan el acceso a la información y la libertad de expresión.

Recomendaciones

Entre sus recomendaciones, la experta en derechos humanos destaca que las preocupaciones humanitarias siempre deben prevalecer sobre las políticas y que las medidas unilaterales solo pueden tomarse teniendo debidamente en cuenta el estado de derecho, las normas de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario.

Además, deben cumplir con las obligaciones legales internacionales de los Estados; y sólo puede aplicarse en el curso de contramedidas internacionalmente legales.

La relatora recuerda que se realizarán evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario en el curso de cualquier actividad unilateral, ya que ninguna buena intención justifica la violación de los derechos humanos fundamentales como “daño colateral”.

Douhan subraya la inadmisibilidad de aplicar sanciones extraterritorialmente e insta al Gobierno de los Estados Unidos a poner fin a la emergencia nacional sobre Venezuela, revisar y levantar las sanciones sectoriales contra el sector público venezolano, revisar y levantar las sanciones secundarias contra terceros Estados y abstenerse de imponer sanciones a suministros de diésel que provocarían una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes.

También insta a todos los Estados a revisar y levantar las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, el estado de derecho, los derechos humanos y el derecho de los refugiados, para garantizar la posibilidad de que los funcionarios estatales de Venezuela representen al Estado sobre la base de la principio de igualdad soberana de los estados, y garantizar los derechos de las personas afectadas a la presunción de inocencia, garantías procesales, acceso a la justicia y otros derechos fundamentales.

En concreto, pide a los Gobiernos del Reino Unido, Portugal y Estados Unidos y los bancos correspondientes a descongelar activos del Banco Central de Venezuela para la compra de medicamentos, vacunas, alimentos, equipos médicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias. del pueblo de Venezuela y la restauración de los servicios públicos a través y bajo el control del PNUD y otras agencias de la ONU.

Recomendaciones van dirigidas al Gobierno de Venezuela

Si bien reconoce el efecto devastador de las sanciones unilaterales sobre el amplio alcance de los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo, la relatora llama al Gobierno de Venezuela y a la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos para implementar plenamente el acuerdo de cooperación firmado entre ellos, fortalecer la presencia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en el terreno y organizar visitas de los procedimientos especiales pertinentes al país.

También insta al Gobierno de Venezuela, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a otras agencias de la ONU y a la Oficina de Derechos Humanos  en Venezuela a negociar un acuerdo para garantizar la distribución transparente, justa y no discriminatoria de bienes esenciales y la ayuda humanitaria bajo el control de instituciones internacionales para que se haga con independencia de la raza, género, nacionalidad, edad, creencias religiosas u opiniones políticas, teniendo debidamente en cuenta los grupos con necesidades especiales.

Finalmente pide al Gobierno de Venezuela, en colaboración con las agencias de la ONU en Venezuela, a terminar de redactar una legislación clara y no discriminatoria que habilite y facilite el trabajo humanitario de las ONG internacionales y nacionales en Venezuela, y garantice la seguridad e integridad de su personal.

Al mismo tiempo, recuerda la obligación de las ONG humanitarias de cumplir con estándares de actividad puramente humanitaria.

La relatora tiene previsto publicar un informe completo sobre su misión en septiembre de 2021.

*Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

--“En nuestro barrio hay un poco de agujeros en el suelo y también está un poco sucio, pero ahora está un poco más limpio porque cada vez hay más papeleras. Y lo que más nos gusta es que hay muchas personas, pero nuestras familias viven muy cerca”.

Jesús, de diez años y estudiante de quinto de primaria, es uno de los alumnos que dirige Radio Abierta, la radio comunitaria del Colegio Andalucía, situado en el Polígono Sur de la ciudad de Sevilla. El barrio también se conoce como el de las Tres Mil Viviendas y es uno de los más depauperados de España que cuenta con la renta per cápita más baja de todo el país.

--“Es una zona que durante muchos años estuvo sin la atención de las administraciones públicas, y dio lugar a un espacio de impunidad donde fueron aterrizando diferentes grupos sociales que no tenían cabida en otras zonas de la ciudad. Actualmente, aunque es un barrio heterogéneo y lleno de familias trabajadoras, también se dan muchas situaciones de insalubridad, desempleo, absentismo escolar, inseguridad, tráfico de drogas y problemas de convivencia vecinal”, cuenta Pepe Serrano, de la Asociación Entre Amigos, una de las ONG que, junto con Educo, apoya el proyecto de Radio Abierta*. 

En el barrio viven 30.000 personas a las que el año pasado visitó el entonces relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, dentro de una gira por España para evaluar la situación del país en este aspecto. El informe final del experto coincide con la afirmación de Serrano sobre la dejación de las administraciones públicas cuando señala que “los poderes públicos en España han fallado a las personas que viven en la pobreza”.

En concreto, sobre el Polígono Sur, Alston comentó: “me sorprendió la medida en que los gobiernos pertinentes parecen haberse olvidado de las personas que viven allí”.

Pero para Jesús y para Juan, dos alumnos del Colegio Andalucía de diez y once años, que están en quinto y sexto curso, su barrio es su barrio y va mucho más allá de las observaciones objetivas y las decisiones oficiales.

Las familias están próximas

--“Lo que más me gusta es la Plazoleta para jugar al fútbol”, dice Juan. Jesús, por su parte, apunta que la Plazoleta es “un poco grande y tiene espacio para jugar a juegos”, como el pillapilla, el escondite o el pañuelito.

“Radio Abierta nació cuando el Colegio Andalucía comenzó a desarrollar una metodología de apertura al barrio, para aumentar la participación familiar y del barrio en la comunidad educativa, con el objetivo de acercar la escuela al barrio, y reducir así los índices de absentismo escolar y violencia”, recuerda Serrano.

La metodología, que se denomina ‘comunidad de aprendizaje’, es todo un éxito e incluye, entre otras medidas, la atención a familias a través de la Asociación Entre Amigos o la apertura del taller de radio a la comunidad. En esta conversión de radio escolar a radio comunitaria es donde nace Radio Abierta, cuya gestión técnica y comunitaria realiza también Entre Amigos.

La radio se convierte así en un recurso que facilita la participación y comunicación no solo a la comunidad educativa del Colegio Andalucía, sino también a otros grupos vecinales y escolares del barrio, aunque no tengan  niños matriculados en este colegio.

--“Así, aunque el estudio de grabación principal está en un colegio público, muchos grupos externos participan en la grabación de programas que son emitidos en la 106.0 FM para todo el barrio, y en internet para todo el mundo”, añade Serrano. 

Hay programas realizados por amas de casa, grupos de estudiantes universitarios, asociaciones sin ánimo de lucro del ámbito social y sanitario, o algunos espacios en los que la propia Administración Pública participa para difundir informaciones y eventos.

Mejorar la imagen del barrio

--“De esta manera, en un barrio sobre el que recaen muchos prejuicios, Radio Abierta permite una mejora de la imagen pública de la zona, exponiendo la realidad del Polígono Sur (con sus problemas y buenas prácticas)”, agrega Serrano.

La radio es así la  plataforma perfecta para que, por ejemplo, unas vecinas del barrio pregunten a un responsable de urbanismo del Ayuntamiento sobre la construcción del carril bici, y para que él también pueda explicar de primera mano el funcionamiento de los presupuestos municipales. 

Por su parte, los niños y niñas utilizan la radio para difundir sus experiencias en la escuela, enviar mensajes al barrio o sus familias, o decir lo que les gusta y lo que no les gusta.

La radio “es algo que nos gusta, nos divertimos, aprendemos cosas nuevas (…) hacemos adivinanzas, también trabalenguas y bromas algunas veces. En Radio Abierta nos divertimos también porque aprendemos a leer y a escribir”, dice Jesús, mientras Juan cuenta que también hablan “sobre lo que se hace en las clases” y los programas que tienen “como Churumbel o Cómete el coco”.

La escuela y la Asociación Entre Amigos integran la radio dentro de sus actividades habituales, ya que motiva  a los niños a buscar información en internet, escribir guiones, leer textos en voz alta, respetar el turno de palabra, aprender a permanecer en silencio cuando se enciende la luz en el estudio de grabación, o a estar quietos para que no se escuchen ruidos en los programas. También contribuye a mejorar la expresión oral. 

Apoyo para animarse en los estudios

Y, además, sirve de gran apoyo entre compañeros: “En la radio felicitamos a la gente que lo hace bien y a la que no le sale bien pues… también la felicitamos para animarla”, cuenta Jesús.

Para él, “tener una radio es muy divertido” y observa que “muchos colegios y muchos barrios no tienen la suerte de tener una radio”, mientras Juan señala que debido a la pandemia ahora hay menos programas por medidas de higiene y seguridad.

Por ese motivo, aprovechando el Día Mundial de la Radio, piden que “haya más programas de radio”, aunque apostillan “pero con protección y con mascarilla”.

Proclamado en 2011 por los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Día Mundial de la Radio se celebra el 13 de febrero, en conmoración del día en que nació la Radio de las Naciones Unidas en 1946.

Para esta agencia de la ONU, la radio es un medio poderoso que permite celebrar la humanidad en toda su diversidad y constituye una plataforma para el discurso democrático.

La radio sigue siendo el medio más consumido en todo el mundo. Esta capacidad única de llegar a una audiencia muy amplia permite mostrar la diversidad de una sociedad,  erigirse como un escenario para que todas las voces se expresen, estén representadas y sean escuchadas, como en el caso de Radio Abierta.

Las emisoras de radio deben servir a comunidades diversas, ofreciendo una amplia variedad de programas, puntos de vista y contenidos, y reflejar la diversidad de audiencias en sus organizaciones y operaciones, dice la UNESCO

La entrevista de Juan y Jesús se hizo en un intercambio en el que ellos después entrevistaron al autor de este reportaje Antonio Lafuente, periodista de Noticias ONU.  

*Es un proyecto de comunicación comunitaria del Colegio Andalucía y la Asociación Entre Amigos. Educo desarrolla con Entre Amigos el Programa de Infancia de Educo en España, y una de las actividades cuenta con el recurso de Radio Abierta para trabajar contenidos sobre los derechos de la infancia. Educo financia, apoya y coordina un programa de atención a la infancia en diferentes zonas de España, con el fin de mejorar las comunidades educativas y reducir la violencia hacia la infancia. Y entre estas entidades participantes está Entre Amigos en el Polígono Sur de Sevilla, que a su vez se sirve de Radio Abierta para ejecutar algunas de las actividades. 

• Con un enfoque basado en las necesidades específicas de cada comunidad y por medio de una aplicación que funciona con o sin internet, un grupo de jóvenes colombianos tiene el firme propósito de ayudar a cerrar la brecha educativa agudizada por la pandemia de COVID-19. La fundadora de este proyecto -una chica con raíces afro e indígenas consciente de la falta de oportunidades de los niños de su comunidad en La Guajira- participa en la reunión sobre desarrollo social de la ONU. 

Nueva York.- Los integrantes de El Origen están convencidos de que la educación digital incluyente es la solución para reducir las brechas económicas, sociales y educativas del mundo.

De eso hablará Tania Rosas, la directora general y cofundadora de esa iniciativa cuando participe en la 59ª sesión de la Comisión para el Desarrollo Social del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo del 8 al 17 de febrero, en esta ocasión con un formato virtual.

En una entrevista con Noticias ONU, Tania Rosas destacó la importancia de que la tecnología digital esté al alcance de todos, pero con las herramientas adecuadas para cada persona y comunidad.

--“No basta con darle internet a todo el mundo, hay que crear herramientas específicas según los contextos y que sean personalizables y medibles. Debemos pensar más comunitariamente para crear tecnologías y herramientas globales y no pensar globalmente e intentar impactar a nivel comunitario. Nuestro mensaje es que hay que crear herramientas incluyentes que estén testeadas y basadas en la comunidad para lograr reducir las brechas de forma eficaz”, dice.

Marginación de las comunidades indígenas

Tania nació en La Guajira en 1991, el año en que una nueva Constitución Política por fin reconoció como ciudadanos a los indígenas que habitaban en territorios limítrofes, como los wayúu, que viven la península que comparten Venezuela y Colombia.

--“Soy de La Guajira, que es la región con mayor población indígena de Colombia y también la de mayor índice de deserción escolar y analfabetismo”, señala.

Según palabras de esta joven graduada en Ciencias Políticas, su interés por buscar “soluciones personalizables a la crisis educativa, hoy más evidente que nunca, es resultado de toda una vida de experiencia en falencias” en esa materia.

--“El proyecto es resultado de toda mi vida y experiencia. Mi familia es de educadores. Mi abuela tenía una escuela en su casa para ayudar a los niños que no encajaban en el sistema educativo normal, en las escuelas públicas. Mi abuela era afrodescendiente y también trabajaba con niños indígenas y no indígenas que tenían problemas para adaptarse al sistema educativo. Desde pequeña estuve muy interesada en generar soluciones educativas, no precisamente siendo profesora. Me interesó mucho la investigación educativa y crear soluciones basadas en los profesores, en las escuelas”, explica.

Las falencias a las que hace referencia Tania incluyen las limitaciones y marginación que sufren en particular los niños y jóvenes de las comunidades más vulnerables.

“Mi familia es afrodescendiente, por tanto, tuve más oportunidades que los indígenas. Nací en 1991, el año en que se proclamó la última Constitución Política de Colombia. En ella se dio por primera vez carácter de ciudadanos a los indígenas. Antes de eso, sólo podían acceder a escuelas católicas, no a las públicas porque no eran ciudadanos. Yo fui afortunada porque mi abuela era afrodescendiente, entonces pude acceder a oportunidades que otros niños indígenas no tenían.”

--“Durante mi proceso en el colegio, recuerdo la problemática, todo el mundo estaba revolucionado por la nueva Constitución. Los indígenas querían una nueva educación porque aun siendo ciudadanos la educación no era incluyente para ellos. Cuando yo estaba en quinto grado apenas estaban ingresando un montón de niños de diferentes comunidades. Tenían la misma edad que yo pero estaban empezando los primeros años de escuela, entonces no se adaptaban al sistema y usualmente desertaban, y hoy en día siguen desertando, por eso tienen el índice más alto de deserción escolar”, afirma.

Tania también tiene una línea familiar indígena y conoce bien la falta de acceso de esas comunidades a la educación. Recuerda, entre otras cosas, que antes de que se promulgara la nueva Constitución, los indígenas que iban a la escuela eran forzados a renunciar a su cultura.

--“Sólo había escuelas católicas en esa región. Escuelas extremistas que no les permitían hablar su lengua. Por ejemplo, mi abuela paterna no habla la lengua indígena porque en el colegio le decían que era una lengua del diablo. La cultura era muy reprimida”, lamenta.

La Guajira y El Origen

Con este bagaje en mente, cuando terminó la universidad quiso regresar a La Guajira y tratar de dar oportunidad a muchos jóvenes que no la tuvieron. Así nació el proyecto El Origen.

--“Nuestra misión es que cualquier niño o joven en comunidades vulnerables pueda acceder a una educación digital sin ninguna barrera”, apunta.

Los desarrolladores de El Origen crearon O-lab, una aplicación que permite a los niños y jóvenes de comunidades rurales o marginalizadas tener acceso a una gama de materiales educativos acordes a su edad y validados por las escuelas locales o instituciones educativas cercanas a ellos.

Entre las ventajas de esta aplicación, destaca que funciona con o sin internet y que atiende las necesidades particulares de cada estudiante.

--“Es una aplicación personalizable para cada niño. Cada uno tiene un acceso propio que le permite entrar a los cursos que su profesor de aula le permitió. Los profesores tienen acceso a una plataforma de gestión de contenidos y habilitan el acceso a sus estudiantes. Para aprender a usar la aplicación hay un tutorial en español y otro en lengua wayuunaiki, la lengua indígena más hablada en Colombia, pero quieren traducirla a otras lenguas indígenas. Hay cursos en inglés también”, indica Tania Rosas.

En cuanto a la necesidad de contar con un dispositivo electrónico, afirma que sabían que las autoridades educativas de Colombia tendrían que distribuir equipos “porque la brecha se está acrecentando cada vez más”.

--“Incluso sin que existiese el COVID ya era evidente que muchos niños en las zonas urbanas estaban accediendo a diferentes recursos educativos mientras que otros se estaban quedando atrás. En algún punto iba a ser necesaria la distribución de equipos y aún lo es.”

Asociaciones y fondos

El Origen trabaja con la Secretaría de Educación y con organizaciones internacionales para conseguir la donación de tabletas a las escuelas comunitarias que éstas, a su vez, distribuyen a sus estudiantes. Además de estas aportaciones, la fundación realiza campañas de recaudación de fondos entra la población en general.

--“También hemos visto que muchos estudiantes, sobre todo de bachillerato, ya tienen celulares. La idea es que puedan ver ese dispositivo no sólo como una herramienta para FaceBook sino también para acceder a la educación y a mejores oportunidades más allá de la escuela. La aplicación funciona en dispositivos muy baratos”, recalca.

En sus cinco años de existencia, El Origen ha beneficiado a unos 2500 niños y el número aumenta día tras día. Y aunque por ahora se ha centrado principalmente en trabajar con niños y jóvenes indígenas entre 6 y 18 años, el sistema ha demostrado ser útil para otros colectivos vulnerables, los migrantes, por ejemplo.

--“La aplicación se puede usar en otras comunidades con niños vulnerables, como los migrantes. Para los [estudiantes migrantes] venezolanos [los docentes] crearon un curso de refuerzo escolar para que pudieran adaptarse y acelerar su proceso académico.”

Aliado para el desarrollo sostenible

Además del material estrictamente académico, O-lab brinda acceso a una amplia gama de conocimientos de aplicación práctica como la fabricación de pequeños paneles solares o de filtros de agua potable.

--“La idea es que puedan acceder al conocimiento, pero no al enorme mundo de blogs e información que hay en internet sino a un conocimiento diseñado y conveniente para ellos. Que se adecúe al contexto en que están para que no entren en la confusión, sino que puedan ver la digitalización y la tecnología como un aliado para el desarrollo sostenible de sus comunidades”, puntualiza Tania Rosas.

Este año, la Comisión para el Desarrollo Social debate sobre la transición justa al desarrollo sostenible con énfasis en el papel de las tecnologías digitales en el desarrollo social y el bienestar de todos.

• El país cuenta con cuatro posibles vacunas en desarrollo, la más avanzada de las cuales es Soberana II que debe comenzar los ensayos de fase III en marzo con 150 000 voluntarios. Que la isla caribeña esté por delante de muchos países más desarrollados en la carrera por encontrar una vacuna eficaz puede parecer sorprendente. Sin embargo, décadas de experiencia e inversión en los sectores biotecnológico y farmacéutico de Cuba.

Este artículo ha sido escrito por Jenny Larsen

Nueva York.- El gobierno cubano ha anunciado recientemente que su vacuna Soberana II contra el COVID-19 entrará pronto en la fase III de los ensayos, con lo que el país está un paso más cerca de producir la primera vacuna de América Latina contra el virus.

Lejos de ser un éxito de la noche a la mañana, la capacidad de Cuba para desarrollar una vacuna es el resultado de décadas de inversión en su industria biofarmacéutica, que en sus primeras etapas de desarrollo contó con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

Cuba espera inocular a toda su población contra el COVID-19 con una vacuna de producción propia este año. El país cuenta con cuatro posibles vacunas en desarrollo, la más avanzada de las cuales es Soberana II que debe comenzar los ensayos de fase III en marzo con 150 000 voluntarios. Si supera este último obstáculo clínico, la vacuna cubana será la primera que se desarrolle en América Latina.

Según el Instituto de Vacunas Finlay (IFV), con sede en La Habana, en 2021 podrían suministrarse 100 millones de dosis tanto para uso nacional como para la exportación. Cuba ha firmado un acuerdo para realizar ensayos clínicos en Irán en colaboración con el Instituto Pasteur del país, mientras que Jamaica, Vietnam y Venezuela, entre otros, han expresado su interés en obtener la vacuna una vez que supere las pruebas de seguridad y eficacia necesarias.

A medida que aumentan las disputas internacionales sobre la distribución equitativa, en medio de acusaciones de que los países ricos están acaparando los suministros, una distribución exitosa de Soberana II podría proporcionar un potencial salvavidas a los países en desarrollo que buscan inmunizar a sus poblaciones contra el COVID-19.

Que la pequeña isla caribeña esté por delante de muchos países más desarrollados en la carrera por encontrar una vacuna eficaz puede parecer sorprendente. Sin embargo, décadas de experiencia e inversión en los sectores biotecnológico y farmacéutico de Cuba, que en sus primeras etapas contó con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y otras organizaciones internacionales, han permitido a la industria dirigir los recursos de forma rápida y eficaz hacia el desarrollo de vacunas de emergencia.

Prioridad a la sanidad

En los años que siguieron a la Revolución de 1959, Cuba dio prioridad al establecimiento de un sistema sanitario de alto nivel centrado en la prevención. El enfoque sanitario del país era tanto una cuestión de principios socialistas como una respuesta al embargo comercial estadounidense, que a partir de 1962 bloqueó casi todas las importaciones procedentes de Estados Unidos, incluidos los medicamentos y otros productos esenciales.

Por ello, Cuba se propuso invertir en la formación de más médicos y creó institutos de investigación científica para apoyar el desarrollo de una industria biofarmacéutica nacional que satisficiera las necesidades de su sistema sanitario. Por ejemplo, desde mediados de la década de 1960, el gobierno invirtió cada vez más en infraestructura científica, incluyendo la creación en 1965 del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC), que ayudó a formar a muchos científicos e ingenieros a lo largo de las décadas de 1960 y 1970.

En el marco de la producción de sus propios medicamentos, a finales de la década de 1970 el gobierno cubano solicitó la ayuda de la ONUDI para construir una planta de producción de productos farmacéuticos. El proyecto de la ONUDI contó con la experiencia de una empresa india, Sarabhai Chemicals, para establecer la primera planta de síntesis química de Cuba para la producción de productos farmacéuticos genéricos.

La planta, Empresa Farmacéutica 8 de Marzo, fue diseñada por expertos de la ONUDI, equipada con tecnología india, y financiada con aportaciones de la India y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que constituyó un ejemplo temprano de cooperación Sur-Sur y triangular.

Exportación a más de 50 países

La introducción de tecnología piloto avanzada para la producción de compuestos farmacéuticos y la formación impartida a numerosos expertos cubanos crearon las condiciones para la ampliación de la producción de medicamentos genéricos en los años siguientes, contribuyendo a crear nuevos puestos de trabajo que fueron desempeñados por químicos e ingenieros cubanos cada vez más cualificados, incluyendo muchas mujeres.

En la actualidad, la Empresa Farmacéutica 8 de Marzo está afiliada al Grupo Empresarial de Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas, de propiedad estatal, conocido como BioCubaFarma. El Grupo alberga más de 30 empresas e institutos de fabricación que, en conjunto, producen más de la mitad de los medicamentos esenciales del país, además de exportar medicamentos a más de 50 países.

El interés temprano de Cuba por la salud, la investigación médica y la ciencia también la situó en una buena posición para aprovechar los avances de la ingeniería genética que condujeron al rápido crecimiento de la biotecnología en la década de 1980.

El gobierno se volcó de lleno en el sector, espoleado por la necesidad de hacer frente a los recurrentes brotes de enfermedades, incluida la presencia generalizada de la meningitis B. En 1986 abrió el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), que en las últimas décadas ha sido responsable del desarrollo de una serie de medicamentos y vacunas, sobre todo en el tratamiento de cáncer, enfermedades cardiovasculares, meningitis y hepatitis.

Producción de la vacuna contra la hepatitis B

La ONUDI se involucró de nuevo a mediados de la década de 1980 a petición del gobierno cubano para ayudar a crear la versión propia del país de una vacuna genérica contra la hepatitis B. Cuba empleó a expertos nacionales altamente capacitados para llevar a cabo este proyecto técnicamente exigente, con la ayuda de especialistas de la ONUDI que ayudaron a capacitar al personal en llevar la vacuna desde la fase de laboratorio hasta la producción a escala industrial, además de brindar asesoramiento en aspectos de control de calidad y normas internacionales. Tras una considerable inversión del gobierno cubano, la producción se puso en marcha y la vacuna comenzó a utilizarse a principios de los años 1990. Posteriormente se incluyó en el registro de vacunas aprobadas de la Organización Mundial de la Salud.

Tras el éxito de este proyecto, Cuba recurrió a la ONUDI a mediados de los años 1990 para que ayudara a ampliar la producción del medicamento anticancerígeno CIMAher (nimotuzumab), un "anticuerpo monoclonal" humanizado diseñado en el Centro de Inmunología Molecular (CIM) para tratar los tumores de cabeza y cuello, así como otros tipos avanzados de cáncer.

Este proyecto era técnicamente más complejo en términos de producción que el anterior, pero se pudo utilizar personal que ya había recibido formación sobre métodos de producción durante el proyecto de la vacuna contra la hepatitis B. El nuevo tratamiento contra el cáncer tuvo éxito y se produjo a escala industrial en el CIM, algo que fue posible gracias a la fuerte inversión en el sector de la biotecnología en la década de 1990, a pesar de los severos recortes en otros ámbitos de la difícil economía cubana. Este sigue siendo uno de los tratamientos contra el cáncer producidos en el país que todavía se utilizan.

El alto nivel de integración del sector y la trayectoria previa en el desarrollo de vacunas significó que la capacidad técnica estaba presente para permitir a Cuba avanzar rápidamente en una solución para el COVID-19. Por ejemplo, la decisión de buscar un tipo de vacuna de subunidad proteica, que crea una proteína biosintética para desencadenar una respuesta inmunitaria, resultó más sencilla por los conocimientos adquiridos al utilizar el mismo tipo de plataforma tecnológica para desarrollar la vacuna cubana contra la meningitis B y una vacuna recombinante contra la hepatitis B.

El apoyo de la agencia de la ONU a otros países

Ahora, más de 40 años después de la puesta en marcha de su primer proyecto en el sector farmacéutico cubano, la ONUDI sigue ofreciendo apoyo al sector. En 2020, la organización se asoció con el Gobierno esloveno en una iniciativa eslovena-cubana para desarrollar un modelo de negocio que vincule la innovación en los sectores de la biofarmacia, la medicina y las nanotecnologías en un esfuerzo por avanzar en las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial.

El proyecto, que se lleva a cabo en cooperación con el Fondo Empresarial de Eslovenia y pretende servir de modelo para una mayor cooperación interregional, utiliza el intercambio de conocimientos y la transferencia de competencias técnicas para apoyar la innovación y mejorar el marco normativo de la biofarmacia para impulsar la competitividad.

El éxito de Cuba en la creación de una industria farmacéutica nacional viable demuestra los beneficios que pueden obtenerse mediante inversiones específicas y con la necesaria voluntad política. Organizaciones como ONUDI llevan mucho tiempo abogando por un mayor desarrollo de capacidades industriales en los países en desarrollo. Ahora más que nunca, la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 demuestra el por qué es vital invertir en el desarrollo de capacidades de investigación y desarrollo y para la producción local.

La incapacidad para desarrollar y fabricar vacunas y otros tratamientos médicos, localmente, acentúa el riesgo para los países más pobres de quedarse al final de la fila mientras los países ricos se disputan la mejor parte. De acuerdo con un informe reciente de la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU), los países de ingresos medios no podrán vacunar al grueso de su población sino hasta finales de 2022 o principios de 2023. De hecho, para los países más pobres la inmunización masiva podría tardar hasta 2024, si es que ocurre.

El impulso de Cuba para construir una industria biofarmacéutica integrada y respaldada por el Estado surgió en parte de emergencias pasadas. ¿Será que hay algunas lecciones valiosas que aprender de la experiencia del país para muchas naciones en desarrollo que luchan por obtener acceso a las vacunas durante la actual crisis de COVID-19?

• En una sesión urgente del Consejo de Derechos Humanos, la alta comisionada adjunta de la ONU atribuye a la impunidad la crisis que vive Myanmar, destacando la falta de control civil sobre las fuerzas armadas y la influencia de éstas en las instituciones estatales. El relator especial para ese país afirma que lo ocurrido fue “un golpe de Estado” y pide que se apliquen sanciones selectivas a los líderes.

Nueva York.- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró este viernes una sesión urgente para discutir la situación en Myanmar, luego de que los militares se hicieran con el poder el pasado 1 de febrero mediante un “golpe de Estado”, según palabras de la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos y el relator especial para ese país*.

Nada al-Nashif y Tom Andrews coincidieron también al señalar las denuncias del uso de munición real por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes que salen a protestar por lo ocurrido y llamaron a que se apliquen sanciones contra los responsables, pero que no dañen a la población; así como a garantizar que se mantenga la asistencia contra la pandemia del coronavirus y el apoyo humanitario.

Imágenes brutales

En su turno al micrófono, Andrews detalló los acontecimientos en Myanmar desde el derrocamiento del gobierno civil la semana pasada, las subsecuentes movilizaciones de protesta y los “actos represivos de la junta militar”.

El experto calificó la toma del poder por los militares como una “acción escandalosa e ilegal: un golpe de Estado a un gobierno y sus líderes debidamente electos”.

--“Día tras día, la gente de ese país y de todo el mundo ha visto con horror las fotos y videos brutales que emergen de las calles de Myanmar de grandes columnas de fuerzas de seguridad con equipo antimotines que rodean a manifestantes pacíficos y disparan con cañones de agua contra multitudes cada vez más grandes. El mundo ha visto cómo se dispara a los manifestantes, incluida una joven que recibió un tiro en la cabeza mientras estaba de pie, desarmada y sin representar una amenaza junto a otros manifestantes pacíficos en la capital del país, Nay Pyi Taw”, dijo.

Subrayó los numerosos reportes de uso de munición real y fuerza letal contra los manifestantes, el aumento de las detenciones arbitrarias, la intimidación, las amenazas a los medios de comunicación y la imposición de regulaciones que despojan sistemáticamente a la población de sus derechos, del acceso a la información y de la privacidad.

Andrews señaló que han sido detenidos unos 220 funcionarios gubernamentales y miembros de la sociedad civil, incluida la consejera de Estado Aung San Suu Kyi, el presidente Win Myint e integrantes de la Comisión Electoral de la Unión, agregando que a muchos de ellos los detuvieron policías vestidos de civiles durante “la oscuridad de la noche”.

Llamado a considerar “todas las opciones”

El relator especial solicitó al Consejo de Derechos Humanos que inste al Consejo de Seguridad de la ONU a “considerar todas las opciones que ha utilizado antes para hacer frente a las violaciones graves de las garantías fundamentales”, incluidas las sanciones, embargos de armas y prohibiciones de viaje. También pidió una acción judicial en la Corte Penal o tribunales adecuados para el caso.

--“Todas estas opciones deberían evaluarse”, recalcó.

Añadió que, además del Consejo de Seguridad, la Asamblea General podría convocar una sesión especial de emergencia y recordó que en el pasado este órgano ha recomendado acciones que van desde el alto el fuego hasta embargos de armas y sanciones.

Producto de la impunidad

La alta comisionada adjunta, por su parte, aseveró que la actual coyuntura en Myanmar “nació de la impunidad” y explicó que a ésta se sumaron la falta de control civil sobre las fuerzas armadas desde hace mucho tiempo y la influencia desproporcionada de los militares en las instituciones políticas y económicas del Estado.

Al-Nashif enfatizó que durante más de 20 años, los distintos Altos Comisionados para los Derechos Humanos y numerosos expertos han alertado sobre las violaciones cometidas por los militares birmanos, “que incluyen algunos de los delitos más graves según el derecho internacional”.

Sostuvo que la falta de acción oportuna “ha envalentonado a los líderes militares, sembrando el terreno para esta crisis”.

Control civil sobre el poder militar

La funcionaria citó la advertencia que hizo en 2018 la Misión de Investigación especial del Consejo de Derechos Humanos, que definía al ejército birmano o Tatmadaw como el mayor obstáculo para que Myanmar se erigiera como una nación democrática moderna.

--“El comandante en jefe del Tatmadaw, Min Aung Hlaing, y todos los líderes actuales deben ser reemplazados, y debe iniciarse una reestructuración que coloque a las fuerzas armadas bajo el control civil. La transición democrática de Myanmar depende de ello”, puntualizó.

Al-Nashif conminó al Consejo de Derechos Humanos a “llamar enérgicamente a que las autoridades militares respeten el resultado de las elecciones, devuelvan el poder al control civil y liberen de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente”.

La acción militar era necesaria, señala el embajador birmano

El embajador de Myanmar ante la ONU, Myint Thu, defendió la intervención militar y la definió como “necesaria”, para luego resaltar el compromiso de su país con los valores democráticos.

--“A la luz de las irregularidades postelectorales y la compleja situación que siguió, el Tatmadaw se vio obligado a asumir las responsabilidades del Estado de conformidad con la Constitución”, dijo.

También informó que el 1 de febrero se declaró el estado de emergencia por un año y que el presidente en funciones transfirió los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado al comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa.

Thu apuntó que posteriormente, el 2 de febrero, se formó un Consejo Administrativo Estatal, con 16 miembros, incluidos ocho altos oficiales militares y ocho civiles.

*Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

• Un informe conjunto de varios organismos de la ONU alerta de que 2,3 millones de menores y más de un millón de mujeres embarazadas o lactantes sufrirán graves deficiencias nutricionales. El conflicto de larga duración en el país árabe junto al declive económico, la pandemia de COVID-19 y la falta de financiación para la respuesta humanitaria colocan a las comunidades al borde del abismo.

Nueva York.- Cuatro organismos de las Naciones Unidas advirtieron este viernes que más de dos millones de niños menores de cinco años serán víctimas de desnutrición aguda durante este año. Entre ellos, unos 400.000 sufrirán desnutrición aguda grave y pueden llegar a morir en caso de que no reciban tratamiento urgente.

Las cifras provienen de un informe sobre desnutrición elaborado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, UNICEF (el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud y sus socios.

El estudio concluye que desde 2020 ambas formas de desnutrición entre los menores de cinco años aumentaron un 16% y un 22% respectivamente, los niveles más altos registrados desde que se produjo una escalada en el conflicto del país árabe.

La situación de las mujeres embarazadas y lactantes no es mucho mejor

Entre las principales consecuencias para la salud de los menores, la desnutrición provoca daños en su desarrollo físico y cognitivo, principalmente durante los dos primeros años de vida. Es en gran medida irreversible y perpetúa la enfermedad, la pobreza y la desigualdad.

La mejor manera de prevenirla es mediante una buena salud materna, una situación que está lejos de producirse en Yemen donde 1,2 millones de mujeres embarazadas o lactantes padecerán desnutrición aguda durante este año.

La conjunción de factores negativos en el país árabe con un conflicto de larga duración, el declive económico del país, la pandemia de COVID-19 y la falta de financiación para la respuesta humanitaria coloca a las comunidades al borde del abismo y no hace más que aumentar los niveles de inseguridad alimentaria.

Muchas familias se ven obligadas a reducir la cantidad o la calidad de los alimentos que consumen y, en algunos casos, ambas cosas a la vez.

El aumento de la desnutrición aguda ha ido creciendo con cada año de conflicto y durante 2020 se produjo un deterioro significativo debido a las elevadas cifras de enfermos con diarrea, infecciones de las vías respiratorias, cólera y el aumento de las tasas de inseguridad alimentaria.

Las provincias más afectadas son Adén, Al Dhale, Hajjah, Hodeida, Lahj, Taiz y la ciudad de Sana'a, a las que corresponde más de la mitad de los casos de desnutrición aguda previstos para 2021.

La respuesta humanitaria internacional no cubre todas las necesidades

Yemen tiene actualmente altos índices de enfermedades transmisibles, acceso limitado a la inmunización sistemática y a los servicios de salud para niños y familias, malas prácticas para bebés y niños y servicios insuficientes de saneamiento e higiene.

La grave situación a la que se enfrentan tanto los niños más pequeños como las madres de Yemen implica que cualquier interrupción de la asistencia humanitaria -en salud o agua, en saneamiento e higiene, pasando por la nutrición, la asistencia alimentaria y el apoyo a los medios de subsistencia- puede provocar un deterioro en su condición nutricional.

A esta sombría situación hay que añadirle la falta de financiación para ayuda humanitaria. En 2020, el plan de respuesta humanitaria solo recibió 1900 millones de los 3400 millones solicitados.

• En 2020 se registraron 42 mil 707 solicitudes en sector público: Guerra Ford
• “Una de las misiones del INAI es que los datos que se recogen de las personas cumplan con principios y deberes”: Oscar Guerra Ford, Comisionado del INAI
• Relevante la función de organismos garantes de la protección de datos durante emergencia sanitaria

Ciudad de México.- Ante la emergencia sanitaria por COVID-19, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) y los órganos garantes locales realizan funciones relevantes de prevención y medios de defensa de la privacidad y los datos personales de la población, aseguró el Comisionado Oscar Guerra Ford.

--“Las funciones que hace el INAI y que hacen todos los órganos garantes, hoy se vuelven más relevantes ante un tema de pandemia donde hay que proteger los derechos, entre ellos, el derecho humano de la privacidad y la protección de datos personales”, aseveró, al participar en el Foro Internacional de Protección de Datos Personales 2021 Pandemia y Ciberseguridad.

Guerra Ford subrayó que, durante la pandemia, las personas han mantenido vigente el ejercicio de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) al registrarse durante 2020, en la federación, 42 mil 707 solicitudes en el sector público. Al respecto, destacó que una de las misiones del INAI es que los datos que se recogen de las personas cumplan con principios y deberes, de tal manera que “la gente se pueda ir a dormir tranquila sabiendo que sus datos personales no serán expuestos, haga o no solicitudes ARCO”.

En su intervención en el panel Portabilidad de Datos Personales en tiempos de pandemia, el Comisionado manifestó que “en México, la portabilidad se utiliza principalmente en el sector privado, por ejemplo, en la portabilidad de los teléfonos celulares, de las pensiones, de los seguros, entre otros, esto, para equilibrar los precios en el mercado o, a través de la competencia, y no ponerle trabas a las salidas y entradas y en los mercados”.

Carlos Chalico, experto en Ciberseguridad, de Canadá, planteó que las organizaciones necesitan desarrollar un modelo efectivo de tratamiento de datos personales. Al respecto, señaló que “es importante que las organizaciones conozcan los datos personales que están procesando, tengan la capacidad de encontrarlos cuando se soliciten, puedan responderle al titular en tiempo y los protejan en el mecanismo de transmisión que van a estar utilizando cualquiera que sea".

Vanessa Díaz, Investigadora del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC), compartió que el derecho a la portabilidad puede interpretarse como la posibilidad que tienen las personas o los titulares de los datos de obtener y reutilizar sus datos personales; los ejemplos más comunes son el expediente clínico electrónico, el historial académico y también hay casos como la nómina y el número de celular. “El derecho de portabilidad es más un derecho de control de los datos”, acotó.

Al participar como moderadora, María del Carmen Nava Polina, Comisionada del INFO CDMX, señaló que el panel permitió reflexionar sobre la importancia de conocer el alcance del derecho a la portabilidad de los datos personales para fomentar su derecho informado. “La portabilidad de datos personales permite solicitar a un responsable transmitir sus datos a otros organismos en un formato estructurado”, explicó.

El foro internacional fue organizado por el INFO CDMX.

La joven, quien salió de su casa en Abalá desde el domingo pasado dijo que huyó por problemas familiares.

Dijo que llegó a Mérida en un transporte de plataforma y que permaneció este tiempo con una amiga de 23 años, oriunda de Veracruz, en un cuarto rentado en el Centro de esta ciudad.

Los elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) trasladaron a la muchacha a la Unidad Especializada para la Prevención de la Violencia Familiar y de Género (UNIPREV) de la SSP y luego al Ministerio Público para las diligencias de ley.+

A la vista, la menor se encuentra físicamente bien y manifiesta no hacer sido víctima de delito alguno.

--“Hay que convocar, exigir y dar la oportunidad a la ciudadanía para que nos apoyen y hagamos un trabajo en conjunto, solos no será posible. Tenemos que trabajar en equipo. La organización de las abejas es un ejemplo para todos los seres humanos, si trabajamos en equipo, organizados, vamos a lograr todos los objetivos que nos propongamos”, manifestó.

Ortiz Vázquez es ingeniera agrónoma de profesión y apasionada de las abejas y del medio ambiente. Es fundadora de Abeja Planet, un parque interactivo donde se demuestra la necesidad de esa especie animal y sus beneficios para el ser humano. A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado diversas acciones a favor de los apicultores campesinos.

En rueda de prensa, el presidente de Nueva Alianza Yucatán, José Crescencio Gutiérrez González, destacó la trayectoria de Nelly Ortiz, por ser una mujer de gran capacidad y sentido humano, además de ser un referente en el cuidado y protección del medio ambiente.

--“Vale la pena que la gente la conozca, Nelly es una persona de campo, su cercanía con la población y el trato directo la ha hecho conocer de cerca cuáles son las necesidades de cada sector. Es una mujer producto del esfuerzo, de su trabajo, una mujer comprometida con Yucatán y la ciudadanía de Mérida”, sostuvo.

Durante el evento también se anunció la integración de la comunicadora Addy Pérez Echeverría, quien será la abanderada de Nueva Alianza Yucatán en el distrito II local con sede en la capital Yucatán.

--“Somos dos mujeres que hemos logrado nuestras metas a base de esfuerzo, somos ciudadanas que vivimos el día a día y que hemos pasado de todo para salir adelante, pero lo hemos logrado todo a base de esfuerzo”, destacó la virtual candidata a diputada local.

• Se busca fortalecer la economía regional de la frontera sur de México
• Se generarían empleos para retener a la población en edad productiva en sus localidades de origen. 

Ciudad de México.- Para crecer en la internacionalización de las empresas mexicanas, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) impulsará acciones de vinculación directa con Guatemala, para aprovechar el Tratado de Libre Comercio que se tiene con ese país de Centroamérica desde 2013, a fin de ampliar el intercambio comercial y fortalecer la economía regional.  

Con el objetivo de que los empresarios conozcan las oportunidades de negocios e inversión en ambas naciones para alcanzar acuerdos comerciales, Concanaco Servytur realizó a través de la Vicepresidencia de Internacionalización de Empresas Mexicanas, el foro “Oportunidades de negocios en Guatemala”. 

El presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, resaltó que México es un país líder en producción industrial, agroalimentaria y en la captación de turismo, que son tres sectores que pueden apuntalar la reactivación económica del país, fortaleciendo lazos comerciales con diferentes naciones de América Latina, como es el caso de Guatemala, país con el que compartimos frontera.  

--“Centroamérica tiene un gran potencial para iniciar negocios, que representarían una oportunidad para los habitantes de esta región del continente americano, sobre todo después de un año complicado por la pandemia del Coronavirus, donde es prioritario reactivar los negocios y crear nuevos, conjuntando esfuerzos y estrategias que ayuden a crear sinergias entre países vecinos”, subrayó. 

Además, la actividad económica generaría empleos que retendrían a la población en edad productiva en sus localidades de origen, con ingresos que se reflejarían en mejores condiciones de bienestar. 

En la reunión virtual que contó con la participación por parte de Guatemala de los directores de la Junta Directiva de la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios (CECOMS), María José Nichols y Douglas Ovalle; así como del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Gabriela Ríos; José Manuel López Campos, resaltó que la Concanaco aseveró que siempre están en la búsqueda de nuevos mercados y oportunidades de negocios para sus afiliados. 

Durante muchos años, resaltó, Guatemala ha sido para México un socio comercial y de inversión, que ha servido como base para mantener una sana relación bilateral y la clave para incrementar las oportunidades de crecimiento y desarrollo de nuestra frontera común. 

--“Si bien para nuestro país el porcentaje de la relación comercial de Guatemala no es mayor al 0.5 por ciento de sus exportaciones, somos buenos proveedores para ese país, pues en promedio ellos adquirieron 3 de cada 10 dólares de las exportaciones que realizamos a los seis países que conforman el Mercado Común Centroamericano”, apuntó. 

José Manuel López Campos subrayó que con este tipo de eventos se abren  oportunidades para hacer más ágil la reactivación de miles de empresas, tanto mexicanas como guatemaltecas, que han sido severamente afectadas por la pandemia del Covid-19. 

Por ello, dijo, empresas mexicanas, en especial afiliadas a Concanaco Servytur, pueden ser proveedores de productos y servicios que permitan aumentar el intercambio regional, complementando la actividad comercial bilateral que se tienen actualmente.  

Con la vinculación empresarial entre las dos naciones, sostuvo, se seguirá apuntalando la política comercial y de inversión como uno de los puntos en común en la agenda de desarrollo de México con Guatemala, puerta de entrada para los otros países centroamericanos.  

Al respecto, el director de la Junta Directiva de la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios (CECOMS), Douglas Ovalle subrayó que ambas naciones tienen una herramienta que no se ha utilizado adecuadamente, el Tratado de Libre Comercio entre México y Guatemala, que no se ha explotado y que puede servir como base para incrementar los lazos e intercambios comerciales. 

Explicó que hay un catálogo de productos donde la mayoría están amparados en ese tratado en aranceles cero, además de que se paga el IVA igual que en México, el cual se recupera con la facturación. 

Anotó que Guatemala al ser la puerta de entrada para Centroamérica y el Caribe, y la economía más grande de la zona, puede ser un Hub de llegada de cualquier industria mexicana y paso para instalarse en alguna de las naciones que conforman la región caribeña y centroamericana, que puede abarcar hasta Costa Rica y República Dominicana.

• Es acusada del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión con fines de comercio en su connotación de venta del narcótico denominado cannabis

Umán, Yucatán.- El Juez de Control del cuarto distrito judicial del sistema penal, José Enrique Sáenz Dzul, vinculó a proceso penal a una persona por la probabilidad de que participó en un hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión con fines de comercio, en su connotación de venta del narcótico denominado cannabis.

El auto de vinculación permite, de acuerdo con la ley, continuar el proceso y la investigación del caso por parte de la Fiscalía, con base en los siguientes hechos establecidos por los fiscales en la audiencia:

--“Que el día 7 de febrero de 2021, aproximadamente a las 14:35 horas, la hoy imputada se encontraba en una calle del fraccionamiento Piedra de Agua, cuando se le acercó un sujeto a bordo de una motocicleta y le entregó un billete, a cambio del cual la mujer le entregó unas bolsitas de plástico. Evento que vieron los policías, quienes procedieron a detener a la persona ocupándole un billete de 50 pesos y bolsitas que en su interior, después de ser analizadas químicamente, dieron positivo a cannabis”.

En la audiencia y derivado de este auto de vinculación, el Juez de Control Sáenz Dzul accedió otorgar a los fiscales el plazo de tres meses para continuar con la investigación complementaria del caso.

Cabe mencionar que la imputada mantiene la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso penal.

En la pasada audiencia la Fiscalía le formuló imputación por los hechos registrados el día 4 de febrero del presente año, en el que dos ganados vacunos fueron sustraídos de un rancho ubicado en la comisaría de Tixbaca, del municipio de Cenotillo.

De acuerdo con el expediente E.F.Ch.Ch. llegó al lugar a bordo de una camioneta y, sin consentimiento alguno, se apoderó de las reses.

Al definirse su situación jurídica, la autoridad judicial lo sujetó a utilizar un localizador electrónico, firmar cada 15 días ante el Ministerio Público de Izamal, depositar la garantía económica de seis mil pesos, la prohibición de salir del Estado y de acercarse a la víctima, así como permanecer bajo la vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares.

La Fiscalía tiene tres meses de plazo para realizar la investigación complementaria, la cual que fenece el 11 de mayo del presente año. 

Sostuvo que la escuela cuenta con las categorías de cuarta división, sub-17, sub-20 y femenil, para comenzar, esto durante la presentación realizada en las canchas techadas del gimnasio Polifuncional y ante el titular del Instituto del Deporte (IDEY), Carlos Sáenz Castillo.

Acompañado de Jesús Aguilar y Aguilar, director de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mérida, y Estefanía Suárez Bolio, presidenta de la Academia, aseguró que durante este periodo de contingencia sanitaria se cuidarán al máximo las medidas y protocolos establecidos por la Secretaría de Salud (SSY).

En su intervención, Saénz Castillo agradeció el interés en Yucatán y recordó que el esquema de captación es aplicado en Yucatán, con buenos resultados, en los 105 municipios del interior del estado, con los Centros de Iniciación y Formación Deportiva que promueve el Gobernador, sumando casi cinco mil niñas y niños que aprenden de balompié y béisbol.

Asimismo, comentó que trabajando de manera conjunta se brindará más oportunidades a los jóvenes talentos, quienes podrán ser canalizados para destacar en instituciones como la filial del Santos, la cual tiene toda la infraestructura de capacitación y proyección.

A la presentación también asistieron Manuel Martin Medina, presidente de la Asociación de Fútbol de la entidad (Afeyac) y Tomás Estrella Gutiérrez, coordinador técnico del Club, entre otros invitados especiales.

• El llamado de los empresarios de COPARMEX Ciudad de México es a no bajar la guardia; la reducción en las hospitalizaciones representa para miles de empresas la posibilidad de operar nuevamente, mantener los empleos y aportar en la reactivación económica

Ciudad de México.- COPARMEX Ciudad de México celebra la baja de contagios y hospitalizaciones en la Capital del país que dará por consecuencia la activación del Semáforo Naranja, pues representa la oportunidad de miles de empresas de reabrir sus negocios, salvaguardar los empleos y reanudar el proceso de recuperación económica,. indicó el organismo en un comunicado.

añadió que tras el anuncio hecho por la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, el llamado de los empresarios de COPARMEX Ciudad de México sigue siendo el de encontrar el equilibrio entre preservar la salud y la vida de las personas, así como salvaguardar las fuentes de empleo y avanzar en la reactivación económica.

--Ante este hecho, celebramos la decisión del Gobierno de la Ciudad por dar paso a la apertura de negocios con actividades no esenciales y desde el sector empresarial nos comprometemos a mantener, como hasta ahora, los más altos estándares de protección en cuanto protocolos de sanitización y ocupación de espacios de venta, señaló.

Al mismo tiempo, solicitamos al Gobierno de la Ciudad de México comprometerse a hacer lo propio con dichos protocolos de sanidad en las actividades del comercio informal, en el transporte y en el espacio público, pues no debemos permitir que la Ciudad de México se encuentre de nueva cuenta en emergencia sanitaria con gran número de contagios, altos niveles de ocupación hospitalaria y, lamentablemente, el alto índice de fallecimientos que signifique un nuevo cierre de la actividad económica.

Si bien es cierto que, de acuerdo a los datos presentados el Gobierno de la Ciudad, hay un avance en el combate a la pandemia, COPARMEX CDMX exhorta a la ciudadanía a no relajar las medidas de protección para evitar contagios, pues de ello dependerá que las actividades económicas que hasta ahora se han autorizado para reabrir se mantengan activas y al mismo tiempo permitirá trazar una ruta para abrir las que aún siguen sin la posibilidad de operar, concluye el documento.

• Entre los candados está que los candidatos de las comunidades indígenas tengan apellido maya y hablar su lengua materna
• Pide que no sigan imponiendo a los mayas de Miami, ni a los mayates, que los candidatos no salgan nada más de dónde ‘ya sabemos’, tampoco los menonitas, que ya saben hablar maya, pero no son indígenas mayas

Ticul, Yucatán.- El Foro Indígena Maya Peninsular Autónomo y Permanente avanza en su lucha para hacer valer la cuota indígena en las próximas elecciones y obtener las candidaturas para diputados federales, locales, alcaldes y regidores, afirmó su dirigente Filiberto Ku Chan.

Grupos de Ticul, en Yucatán y Pomuch, en Campeche; externaron su apoyo hacia este movimiento que encabeza Ku Chan, con quien se reunieron este día para refrendar su deseo de que sus municipios sean gobernados por gente nativa.

--“Que en las comunidades indígenas no sigan imponiendo a los mayas de Miami, ni a los mayates, que los candidatos no salgan nada más de dónde ‘ya sabemos’, tampoco los menonitas, que ya saben hablar maya, pero no son indígenas mayas”, explicó, Filiberto Ku Chan.

Agregó que precisamente por eso se pusieron candados a los candidatos de las comunidades indígenas, como tener apellido maya y hablar su lengua materna, “pero esto no es nada más en la Península, es a nivel nacional con los tarahumaras, los rarámuris, los huicholes, por mencionar algunos, esto es un gran logro para la nueva historia de nuestro país, queremos respeto a nuestros derechos”, remarcó.

El también primer Gobernador indígena avalado por el Instituto Nacional Electoral (INE), recordó que lleva 25 años en su lucha por sus derechos políticos y que esta vez no se quedarán tranquilos e insistirán hasta que los tomen en cuenta y sean gobernados por su gente, la que tiene el verdadero poder, que es el conocimiento ancestral.

Enfatizó, que el INE le ha puesto muchas trabas para registrar a su Partido Indígena Nacional de los Pueblos Originarios, sin embargo, se ampararon ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), órgano que les da la razón, aunque ya se perdieron varios meses en ese trámite.

Finalmente, aclaró que esto no es un capricho de Filiberto Ku y de los líderes de todo el país, “si no lo hacemos ahora, las próximas generaciones serán gobernadas, en su propio territorio, por extranjeros, lo que logremos ahora es un legado que les estamos dejando, sino lo hacemos y defendemos nuestro territorio vamos a ser tratados como extranjeros en nuestra propia tierra”.

• Visita oficial del gobernador a la Fototeca Pedro Guerra

Mérida, Yucatán.- El gobernador Mauricio Vila Dosal visitó las instalaciones de la Fototeca Pedro Guerra de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), con el objetivo de conocer el acervo fotográfico y analizar futuras colaboraciones para la divulgación cultural, explicó el rector José de Jesús Williams.   

Durante la visita, que fue guiada por la directora de la Facultad de Ciencias Antropológicas, Roció Cortes Campos; la Coordinadora de la Fototeca, Cinthya Cruz Castro y el encargado de Investigación, Difusión y Montaje, Ricardo Pat Chan, Vila Dosal recorrió cada uno de los espacios del recinto, donde se preserva y difunde el patrimonio fotográfico y cultural de Yucatán.   

También se le explicó cada uno de los servicios y los procedimientos de almacenaje de las más de 500 mil imágenes que se encuentran a resguardo, así como de las 67 mil del catálogo en línea, en las que se pueden encontrar temas políticos, sociales, retratos, carnaval, teatro y diversas tecnologías, por mencionar algunos.  

José Williams subrayó que la UADY se encuentra en continua vinculación con los diferentes sectores de la sociedad, lo que permite abrir oportunidades a la comunidad universitaria para colaborar y crear diversos proyectos en conjunto.   

--“Esta visita habla del interés del gobernador de que la sociedad yucateca conozca su historia, y ésta puede ser contada de una manera más entendible por medio de fotografías”, añadió.   

El fondo Guerra, de la Fototeca Pedro Guerra UADY, fue reconocido como Memoria del Mundo México-UNESCO, distinción que reafirma la importancia del acervo en el que se narran más de 100 años de la historia del sureste mexicano.  

Los interesados en conocer el trabajo y el archivo histórico pueden consultarlo por medio de la página www.fototeca.antropologia.uady.mx 

• Oferta más de 20 talleres especializados  

Mérida, Yucatán.- La Universidad de los Mayores (UM) de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), durante el periodo marzo-junio 2021, ofrecerá más de 20 talleres enfocados en herramientas digitales, nutrición, ejercicio físico, música y arte, por lo que las inscripciones virtuales permanecerán abiertas hasta el próximo 5 de marzo.  

La coordinadora de la UM, Julieta Guerrero Walker, declaró que, a pesar de las condiciones actuales en el mundo, la UADY, además de continuar las clases a distancia en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado, también brinda la oportunidad a los adultos mayores de seguir con los talleres especializados que ofrece desde hace más de dos años.  

Recalcó que la modalidad de talleres virtuales abre una ventana amplia al conocimiento, al tiempo que les permite comprender mejor las tecnologías de la información desde casa y para fines académicos.   

En cuanto a la oferta académica para el periodo marzo-junio 2021, informó que para los interesados en participar, las inscripciones se realizarán a través de la página www.umayores.uady.mx.  

Los talleres darán inició el 8 de marzo y finalizarán el 11 de junio, además, tendrán una duración de 20 a 30 horas y las sesiones se llevarán a cabo una vez a la semana.  

Recordó que algunos de los requisitos para participar son tener al menos 55 años, llenar el formulario de inscripción en línea, contar con un dispositivo electrónico para cursar el taller y las actividades virtuales, así como realizar el pago de la cuota de recuperación.  

Entre los talleres que se ofrecerán se encuentran los de computación básica, fotografía digital inicial, sentido de vida y desarrollo humano, elaboración de conservas, arte y manualidades para todos, guitarra popular, postres saludables, yoga para tu bienestar y mente, y cuerpo sano en el adulto mayor, por mencionar algunos.  

“Con esto, lo que estamos buscando es que en cada periodo se aborde la formación integral de los adultos en el programa y que, en conjunto, se llegue a una meta en común que es favorecer y fortalecer la calidad de vida de los adultos mayores”, apuntó Guerrero Walker.  

Para finalizar, subrayó que uno de los objetivos de esta Universidad, es contribuir a la reflexión y la valoración de las capacidades propias del adulto mayor, atendiendo sus necesidades y coadyuvar a la mejora de su calidad de vida.   

Para más información sobre la convocatoria, consultar la página de Facebook Universidad de los Mayores o comunicarse al teléfono 9999-302120.  

• Agradeció las diversas invitaciones recibidas de partidos “y las muestras de cariño de muchísimas personas”

Progreso, Yucatán.- Al agradecer “las diversas invitaciones recibidas de partidos y las muestras de cariño de muchísimas personas”, el ex alcalde de Progreso, Daniel Zacarías Martínez, precisó que n o participará en el próximo proceso electoral “en algún cargo de elección”.

--“Muchos amigos se estuvieron comunicando conmigo para preguntarme si participaría en el próximo proceso electoral a todos les comenté que la única información oficial sería la de mis medios y hoy quiero comunicarles que he tomado, en sintonía con mi familia que siempre me ha respaldado y apoyado en todo, la decisión de no participar en este proceso en algún cargo de elección”, indicó en comunicado en redes sociales.

El presidente de la Asociación de Ajedrecistas del Estado de Yucatán Periodo 2017-2021, quien informó en días recientes que superó el COVID-19 también agradeció “y valoro profundamente las diversas invitaciones recibidas de partidos y las muestras de cariño de muchísimas personas”.

--“Siempre será para mí una ilusión y un honor servir a mi Estado, pero así como había muchas razones para querer participar, también unos nuevos proyectos laborales y las condiciones actuales de contingencia de salud, sociales y económicas son un factor importante a valorar”, añadió el ex diputado Local por el IX Distrito del Estado de Yucatán periodo 2010-2012

Tengo claro que Dios me ha otorgado el lugar en las responsabilidades que me han correspondido en todos los ámbitos y al final no se sabe, uno pone y El dispone y sus planes son mejores, añadió el gerente De Producción en Congeladora Pescados Mexicanos S.A. de C.V. sección Sisal, Yucatán.

No, obstante sí nos tenemos que involucrar en el acontecer político de nuestra comunidad, el no hacerlo nos convertiría en cómplices de lo que en lo últimos años está mal, expone el también vicepresidente del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Ajedrez de México A.C. 2020-2024.

• Todos los proyectos reconocidos tienen el potencial de convertirse en buenas prácticas para mejorar la prestación de trámites y servicios, abrir canales de participación, fortalecer la atención ciudadana o atender problemas públicos: Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada Presidenta del INAI
• Definitivamente la innovación en materia de transparencia permite que las personas podamos mejorar nuestras vidas: Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del INAI

Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) reconocieron a los ganadores del Premio a la Innovación en Transparencia 2020.

En la ceremonia de premiación virtual, la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, aseveró que el Premio es convocado por el Instituto, con el objetivo de promover, identificar y dar a conocer aquellos desarrollos, aplicaciones o sistemas tecnológicos que constituyen mejoras sustantivas en favor de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas en México.

Expuso que, desde la instauración del certamen, en 2011, a la fecha, se han registrado alrededor de 800 proyectos, de los cuales han resultado ganadores más de 100.

--“Todos y cada uno de los proyectos reconocidos tienen el potencial de convertirse en buenas prácticas que pueden incidir para que los actores e instituciones del Estado, así como la sociedad civil utilicen la información pública como un recurso estratégico para mejorar la prestación de trámites y servicios, abrir canales de participación en los procesos de toma de decisiones, fortalecer la atención ciudadana o atender problemas públicos específicos”, subrayó Ibarra Cadena.

A su vez, la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, Coordinadora de la Comisión de Permanente de Vinculación y Promoción del Derecho del INAI, señaló que este tipo de concursos y convocatorias, además de motivar a los jóvenes, a los gobiernos, a las instituciones y a la sociedad civil, ayudan a difundir el derecho de acceso a la información y a que se conozcan las instituciones encargadas de garantizar su ejercicio.

Indicó que estas iniciativas contribuyen a mejorar el porcentaje de conocimiento que tiene la población sobre la existencia de los órganos de transparencia que, de acuerdo con cifras dadas a conocer por el INEGI, en 2020, se ubicó en 54.8 por ciento.

--“El INAI seguirá innovando y rompiendo esquemas y paradigmas para reinventarse. Definitivamente la innovación en materia de transparencia permite que las personas podamos mejorar nuestras vidas”, apuntó Del Río Venegas al felicitar a los ganadores del certamen.

En su intervención, la Diputada María Marivel Solís Barrera, Presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, comentó que el Premio demuestra que hay organizaciones no gubernamentales, personas e instituciones que están comprometidas con la transparencia, innovando para hacer más eficaz la tarea del Estado para garantizar el derecho a la información. “Reconozco el compromiso del INAI y de todas las instituciones convocantes por reconocer las mejores prácticas e innovación para la transparencia”, apuntó.

En esta edición del certamen, el Jurado calificador definió 12 proyectos ganadores y 4 acreedores a mención honorífica de un total de 70 trabajos registrados por instituciones gubernamentales de los tres poderes y órdenes de gobierno, organismos autónomos, organizaciones de la sociedad civil y personas físicas. 

En la categoría federal, el primer lugar fue para el proyecto “DataMun: Datos del avance municipal”, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); el segundo, para la “Plataforma Inteligente de Apoyos del Gobierno Federal”, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y el tercero, para “Juicio en Línea”, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Se otorgó mención honorífica a la “Plataforma de Comunicación Social”, de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Al recibir el reconocimiento, el Magistrado Presidente del TEPJF, José Luis Vargas Valdez, aseguró que el proyecto “Juicio en línea” permite a la población presentar demandas, promociones y pruebas vía digital las 24 horas, los 365 días del año, desde cualquier parte del país, con lo cual se garantizan los derechos políticos-electorales de los ciudadanos. “Refrendo las puertas abiertas del Tribunal Electoral y, sobre todo, el compromiso de nuestra institución para participar con la transparencia y la rendición de cuentas, que encabeza el INAI”, apuntó.

En su momento, José Nabor Cruz Marcelo, Secretario Ejecutivo del CONEVAL, expuso que el objetivo de DataMun es poner a disposición de los tomadores de decisiones y la ciudadanía información sobre el seguimiento al desempeño de los gobiernos municipales. “Contar con esta información es un elemento fundamental en la creación de las políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de la población”, acotó.

En la categoría estatal, el primer lugar lo obtuvo el “Observatorio Veracruzano de Políticas Públicas y Sistema de Administración de la Plataforma de Indicadores”, de la Oficina de Programa de Gobierno y Dirección General de Innovación Tecnológica del Estado de Veracruz; el segundo, la “Plataforma de Datos de Feminicidios en el Estado de Morelos” que presentaron en colaboración el Instituto de la Mujer y la Fiscalía General de la entidad; y el tercero, el “Portal de Trámites y Servicios” de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua.

Recibieron mención honorífica la plataforma “VeraDatos”, del Consejo Estatal de Población del Estado de Veracruz, y el “Portal de Publicación de Sentencias del TRIJAEM”, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

Al recibir el reconocimiento, el Gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que el Observatorio Veracruzano permitió abatir el dispendio de recursos que se daba en otras administraciones “pagando contratos millonarios” por programas de software que funcionaban a medias o de plano no funcionaban. “La unificación de sistemas electrónicos trae consigo la eficiencia en el quehacer gubernamental, facilitando todas las tareas de los servidores públicos, con un impacto directo en la ciudadanía que hace uso de los servicios”, manifestó.

A su vez, el Gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, afirmó que está plenamente convencido que el Premio ayuda y fortalece la práctica del acceso a la información pública y promueve la transparencia y la rendición de cuentas, que constituyen pilares fundamentales en el combate a la corrupción y a la impunidad. “Estamos orgullosos en Chihuahua porque desde el inicio de nuestra administración asumimos un compromiso fundamental con estos valores, para fortalecer y promover la participación ciudadana”, sostuvo.

En la categoría municipal, el primer lugar fue para “Chatbot de Atención Ciudadana: Sam Petrino”, del Municipio San Pedro Garza García, Nuevo León; el segundo, para el “Portal de Gobierno Abierto del Municipio de Oaxaca de Juárez”, del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y, el tercero, para el proyecto “AGO Tijuana - Gobierno Exponencial”, del municipio de Tijuana, Baja California.

Al recibir el reconocimiento, el Alcalde del Municipio de San Pedro Garza García, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, explicó que el Chatbot opera desde febrero de 2020 y es una herramienta para que los ciudadanos pueden hacer reportes sobre servicios como luminarias, pavimentación, vigilancia, limpieza, entre otros. “Cuando un ciudadano hace un reporte, por ejemplo, de luminarias, recibe un número de serie y en 72 horas el tema debe estar resuelto, entonces, nos obliga como autoridades a ser más eficientes en el desempeño de nuestras funciones”, detalló.

En su intervención, el Comisionado Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, Bernardo Sierra Gómez, reconoció el esfuerzo del INAI y de las instituciones convocantes que impulsaron el concurso. “Mi reconocimiento y felicitación a todas y todos los ganadores; sin duda, su trabajo, dedicación y el gran interés que han mostrado para incentivar el acceso a la información y la rendición de cuentas en México, motiva la realización de este tipo de concursos”, externó.

Finalmente, en la categoría de personas físicas y organizaciones de la sociedad civil, el primer lugar lo obtuvo la plataforma “Pescando Datos”, de Causa Natura A.C.; el segundo, el “Portal no oficial Ramo General 33”, de Juan Carlos Martínez Andrade, y el tercero, el “Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias (ONDA)”. Recibió mención honorífica el “Observatorio de Prisiones”, de la organización Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social A.C.

Al recibir el reconocimiento, el Director Ejecutivo de Causa Natura, José Eduardo Rolón Sánchez, sostuvo que a través del proyecto “Pescando Datos”, han experimentado el valor del derecho a saber y la importancia de una instancia como el INAI para solucionar controversias entre ciudadanos y entes de gobierno, privilegiando el acceso a la información. “Creemos firmemente que tener leyes que garanticen el derecho a saber e instituciones que lo protejan es fundamental para nuestro trabajo y el de otras organizaciones civiles, académicas y grupos interesados en los asuntos públicos del país”, aseveró.

En la ceremonia estuvieron presentes representantes de las instituciones convocantes: Roberto Martínez Yllescas, Director del Centro de la OCDE en México para América Latina y el Caribe; Luis Miguel Martínez Anzures, Presidente del INAP; Areli Cano Guadiana, Directora General de Transparencia de la ASF; Dálida Acosta Pimentel, Titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) de la SFP; Moisés Rodríguez, Coordinador del Proyecto Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y Prevención de la Corrupción para el Desarrollo Sostenible del PNUD en México, y Carlos Altamirano Allende, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Estuvieron presentes también los Comisionados del INAI, Adrián Alcalá Méndez, Oscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov; Comisionadas y Comisionados de los órganos garantes del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), así como representantes de las instituciones públicas federales, estatales y municipales, órganos autónomos y organizaciones de la sociedad civil, cuyos proyectos resultaron ganadores.

• Hoy viernes la defensa presentará sus pruebas y alegatos, que incluso se ha advertido podrían ser cortos, para que el juicio se resuelva hasta el próximo domingo.

Washington.-  Los fiscales de la Cámara de Representantes, han concluido que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, es culpable del acto de insurrección que se vivió en Washington y que provocó un asalto al Capitolio, por lo que han solicitado al Senado lo condene por promover los actos vandálicos.

Los fiscales de juicio político concluyeron el jueves una presentación de dos días del caso contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021), y pidieron al Senado que lo condene por el ataque al Capitolio, sede del Congreso, y lo descalifique de cualquier cargo público futuro.

--"Pedimos con humildad que condenen al presidente Trump por el crimen, del cual es abrumadoramente culpable, porque si no lo hacemos, si pretendemos hacer de cuenta que esto no sucedió o, peor aún, si lo dejamos sin respuesta, ¿quién puede decir que no volverá a suceder?", dijo el congresista Joe Neguse, uno de los fiscales de juicio político, en sus comentarios finales.

Nueve gerentes que presentaron la acusación han argumentado que Trump, traicionó su juramento al incitar a sus seguidores a asaltar el Capitolio, además destacaron que el exmandatario se valió de tuits, discursos y comentarios para avivar la irá que se generó tras perder las elecciones el pasado 3 de noviembre de 2020.

El gerente principal del juicio Jamie Raskin, pidió a los senadores ejerce el sentido común y no dejarse llevar por teorías extravagantes que presente la defensa.

Sin embargo, será hasta hoy viernes que la defensa de Donald Trump, presente sus pruebas y alegatos, que incluso se ha advertido podrían ser cortos, para que el juicio se resuelva hasta el próximo domingo.

Los miembros de la Cámara de Representantes, que actúan como fiscales en el juicio del Senado, pasaron la palabra a los abogados de Trump, que subirán al estrado el 12 de febrero y tendrán un plazo de 16 horas para los argumentos de apertura.

Neguse dijo a los senadores que la evidencia es "clara", incluidas declaraciones, videos y declaraciones juradas que prueban que Trump incitó a una insurrección que solo él tenía el poder de detener.