Mérida, Yucatán.- El organismo internacional Open Society
Justice Initiative estudiará la operatividad del nuevo Sistema de Justicia
Penal en Yucatán, con duración de seis meses, del que se desprenderán diversos
indicadores que servirán para ser aplicados en todo el país y naciones de
América Latina.
El secretario Técnico de la Comisión para la Implementación
de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia del Estado de Yucatán, Gabriel
Zapata Bello, dijo que también se medirá el principio de prisión preventiva y
sobre qué delitos en específico se decreta.
Mencionó que otros temas que serán medibles son los estratos
sociales que más han sido sancionados con la prisión preventiva, además de
proponer la creación de indicadores para ver si las medidas cautelares
utilizadas en lugar de la prisión preventiva son eficaces.
El estudio iniciado por los integrantes del organismo
internacional dio sus primeros pasos el mes de septiembre, razón por la que ya
se tienen los primeros hallazgos, mismos que continuarán hasta culminar, en el
periodo trazado.
El director de programas de Open Society, Rob Varenik
reiteró la importancia de medir la operatividad del nuevo Sistema de Justicia
Penal, pues servirá para crear indicadores basados en la experiencia a fin de
identificar prácticas ejemplares y problemáticas.
Dijo que ello facultará a los tomadores de decisiones y a
los administradores del sistema de justicia a promover mejores acciones para
lograr un equilibrio entre varios factores que asegurarán que el sistema
funcione de manera óptima.
Durante la mesa panel, Zapata Bello abordó el tema el “Valor
que agrega el proyecto de medición del impacto de la Reforma en el uso de la
prisión preventiva desarrollado de forma conjunta con Open Society Justice
Initiative”.
En su turno, el fiscal General Ariel Aldecua Kuk habló sobre
los “Incentivos para realizar mediciones relativas al uso de medidas cautelares
y prisión preventiva al interior de la Fiscalía General” y “los retos de la
Fiscalía para la implementación de un modelo cautelar”.
El director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública,
Alejandro Ríos Covián, abordó los temas “Incentivos para realizar mediciones
relativas a las detenciones y su impacto en el proceso penal al interior de la
SSP”; “Retos para la consolidación de la Reforma Procesal Penal” y “Beneficios
paralelos de la medición del impacto de la reforma procesal penal en la
presunción de inocencia”.
Los presentes coincidieron en que la experiencia de Yucatán
en la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal puede servir mucho al
país, en donde a partir del próximo 18 de junio de 2016 todas las entidades
federativas ya deberán operar en su totalidad bajo dichas reformas.
En el evento también participó Todd Foglesong, de la
Universidad de Toronto.
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