- México gasta cada año mil millones de pesos para repatriarlos
México,
DF.- La diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña (PAN), secretaria de la
Comisión de Defensa Nacional, aseguró que del 2010 al primer trimestre de 2013
México repatrió 239 mil 252 migrantes, de los cuales el 92 por ciento son
centroamericano; además, informó que cada año se erogan mil millones de pesos
para regresarlos a su país de origen.
A través de
un punto de acuerdo, que analiza la Comisión de Asuntos Migratorios, indicó que
esa cantidad es equivalente a la recaudación por el ingreso de extranjeros
(turistas, trabajadores, estudiantes, entre otros) durante enero-marzo del
presente año, es decir, una cuarta parte de los 4 mil 585 millones captados por
la Federación en 2012, por ese concepto.
La también
integrante de la Comisión de Turismo detalló que México tiene 65 vías de
ingreso en aeropuertos, 67 en puertos y 59 cruces terrestres, contra un número
indeterminado de pasos irregulares en la frontera sur.
Datos del
Instituto Nacional de Migración (INM) refieren que el volumen de tránsito
irregular por México es de alrededor de 300 mil personas al año principalmente
centroamericanos, cuyo objetivo es internarse a Estados Unidos.
Ricalde
Magaña recordó que ante esta problemática, el gobierno mexicano, en
coordinación con los Estados Unidos, a través de la Iniciativa Mérida, anunció
en el mes de junio la implementación de un registro biométrico de migrantes
centroamericanos que ingresen a México, incluidos los indocumentados.
Por tal
motivo, la legisladora propuso exhortar al INM para que informe los costos,
alcances e implicaciones del Programa de Captación de Datos Biométricos para
Migrantes Centroamericanos.
De acuerdo
con el INM, dijo, el programa contará con recursos de la Iniciativa Mérida y
permitirá identificar a través del iris, huellas dactilares y fotografías, a
toda persona que cruce hacia territorio nacional.
Su objetivo
será contar con una base de datos biométricos centralizados, con la cual el INM
tendrá capacidad de intercambiar información de este tipo con otras
dependencias gubernamentales nacionales y extranjeras, apuntó.
La
legisladora Ricalde Magaña resaltó que si bien estos proyectos buscan resolver
el flujo migratorio centroamericano que deriva en problemas de seguridad
pública, empleo, salud y violación de sus derechos humanos, también es
necesario aclarar los costos, alcances e implicaciones de la aplicación de
dicho Programa.
“Aunque los
recursos económicos no provienen del presupuesto nacional, sí es importante que
el Poder Legislativo tenga un mayor conocimiento sobre el mismo”, concluyó.